En marcha en Badalona el mayor desalojo de España: los Mossos echan a 400 migrantes que vivían en un instituto

En marcha desde primera hora de la mañana de este miércoles el desalojo de alrededor de 400 migrantes que malvivían en un instituto abandonado de Badalona (Barcelona). Ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, los Mossos d'Esquadra han iniciado el dispositivo para desalojar del B9 instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP).

Decenas de personas, vecinos y activistas del Sindicat d'Habitatge de Badalona se concentran para protestar contra el desalojo, que se produce en pleno diciembre y menos de 12 horas después de un episodio de lluvias intensas.

Al no querer enfrentarse a un desalojo por la fuerza, los primeros migrantes han salido, maletas y bolsas en mano, hacia una plaza frente al instituto. “A todo el mundo se la sudamos”, dice uno de los desalojados, que prefiere no dar su nombre por miedo.

El asentamiento está instalado en el antiguo instituto municipal B9 de Badalona, entre los barrios del Remei y Sant Roc, y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. También había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020 en el que murieron tres migrantes.

La mayoría de los ahora desalojados está en situación irregular en España y sus ingresos, si es que tienen, dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales. El Ayuntamiento de Badalona ya ha anunciado que ni tiene capacidad ni piensa ofrecerles una vivienda de emergencia pese a su situación de pobreza extrema.

Los ocupantes habían pedido en octubre al Govern una mediación ante la voluntad del Ayuntamiento de Badalona, expresada tanto por Albiol como por los escritos del consistorio aportados al juzgado, de que pensaba desalojarles sin ofrecerles una alternativa de vivienda. Pese a los intentos de las entidades sociales que apoyan a los migrantes, no ha habido mediación.

A principios de diciembre, la jueza autorizó el desalojo solicitado por el consistorio que encabeza Albiol aunque obligó al Ayuntamiento a “prestar atención social” a los ocupantes.

Según argumentó la magistrada, la ocupación del instituto abandonado “presenta una situación de efectivo riesgo para la seguridad colectiva y la salud pública” de los que lo ocupan. La magistrada hizo hincapié en que en septiembre se detectaron casos de tuberculosis, si bien la conselleria de Salud descartó que supusieran un problema de salud pública.

Albiol aprovechó los casos de tuberculosis y la muerte de un joven que vivía en el edificio tras ser apuñalado para arremeter contra la Generalitat y el Gobierno y redoblar su objetivo de desalojar a los migrantes del instituto.

Por su lado, los migrantes replicaron, en un reportaje publicado por elDiario.es, que no tenían alternativa porque no tienen trabajo o bien no les aporta suficientes ingresos para pagar un alquiler. “Necesitamos vivienda, no racismo”, recordó Younnouss Dramé, uno de los ocupantes. Ahora se quedan en la calle.