La jueza avala en Badalona el mayor desalojo de España pero obliga a Albiol a dar “atención social” a 400 migrantes

Aval judicial al mayor desalojo de migrantes en España. Una jueza ha autorizado al Ayuntamiento de Badalona a echar, en los próximos 15 días, a los 400 migrantes que malviven en el instituto B9, aunque ha obligado al consistorio que lidera Xavier García Albiol (PP) a “prestar atención social” a los ocupantes.

El asentamiento está instalado en el antiguo instituto municipal B-9 de Badalona, entre los barrios del Remei y Sant Roc, y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

Los ocupantes habían pedido al Govern una mediación ante la voluntad del Ayuntamiento de Badalona, expresada tanto por Albiol como por los escritos del consistorio aportados al juzgado, de que pensaba desalojarles sin ofrecerles una alternativa de vivienda.

La Fiscalía se había mostrado partidaria del desalojo, pero había reclamado que la jueza obligara a los servicios sociales de Badalona a “ofrecer a las personas que lo precisen un recurso habitacional si no cuentan con recursos económicos propios”.

Es más, la Fiscalía destaca en su informe que el Ayuntamiento, desde que aprobó el desalojo del B9 en mayo 2024, “no ha realizado ninguna actuación dirigida a procurar una asistencia efectiva a las personas que se encuentran en el inmueble para el momento de su desalojo”.

La magistrada rebaja esa petición fiscal y no obliga al consistorio a dar un techo de emergencia a los ocupantes, sino que se limita a indicar que el desalojo se lleve a cabo “siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo” con el objetivo de “prestar la atención del programa de atención social” a los migrantes.

La resolución judicial autoriza además a los Mossos d'Esquadra a que desalojen a los migrantes y entren en el instituto B-9 “si resulta necesario”. También insta al consistorio a remitir un informe una vez finalizado el desalojo.

Según argumenta la magistrada, el desalojo “resulta necesario y proporcionado”, ya que la ocupación del instituto abandonado “presenta una situación de efectivo riesgo para la seguridad colectiva y la salud pública” de los que lo ocupan. La magistrada hace hincapié en que se detectaron casos de tuberculosis, si bien la conselleria de Salud descartó que supusieran un problema de salud pública.

Albiol aprovechó los casos de tuberculosis y la muerte de un joven que vivía en el edificio murió tras ser apuñalado para arremeter contra la Generalitat y el Gobierno y redoblar su objetivo de desalojar a los migrantes del instituto.

El alcalde ha insistido en varias ocasiones en desacreditar a los ocupantes del B-9: “Muchas de estas personas están vinculadas a situaciones conflictivas relacionadas con el tráfico y el consumo de drogas, la prostitución y la delincuencia, hecho que hace imposible la convivencia”.

Por su lado, los migrantes replicaron, en un reportaje publicado por elDiario.es, que no tenían alternativa porque no tienen trabajo o bien no les aporta suficientes ingresos para pagar un alquiler. “Necesitamos vivienda, no racismo”, recordó Younnouss Dramé, uno de los ocupantes.

Un informe de la fundación CEPAIM constató que los habitantes del B-9 son mayoritariamente hombres, en situación administrativa irregular y sin permisos de residencia ni trabajo en más del 70% de los casos. El vicepresidente de la fundación, Raúl Martínez Ibars, explicó a este diario que Barcelona y su área metropolitana son y han sido un referente migratorio para las comunidades senegalesas y gambianas desde inicios de siglo. Situaciones como la del B-9, avisó, continuarán siendo “recurrentes” si las administraciones públicas no llevan a cabo una intervención social “decidida y con recursos”.