Bartomeu defiende ante el juez que el Barça pagara 1,7 millones a su abogado personal por el caso Neymar

El expresidente del F.C. Barcelona Josep Maria Bartomeu ha justificado en un acuerdo verbal (con apretón de manos incluido) los pagos de 1,7 millones que el Barça hizo a su abogado personal, José Ángel González Franco, para que negociara con la Fiscalía una condena para el club en la causa por el fichaje de Neymar.

El resultado del caso Neymar I fue la primera condena penal de la historia para el Barça como persona jurídica. El club pagó una multa de 5,5 millones y admitió dos delitos fiscales en el fichaje del astro brasileño, pero Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell, que hasta el pacto con la Fiscalía estaban acusados, fueron exonerados.

La Fiscalía incluye los pagos del Barça a González Franco en su denuncia por administración desleal contra Bartomeu y la anterior Junta Directiva del club. La causa incluye otras dos operaciones bajo sospecha: las comisiones a una agencia por el fichaje del jugador Malcom y los pagos al club deportivo Laietà. Se trata de una causa iniciada a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo directivo del club, encabezado por Joan Laporta (y enfrentado a su antecesor).

Según han informado fuentes jurídicas, Bartomeu, a preguntas de las fiscales Sabela Fondo y Raquel Amado, ha defendido la legalidad de esos pagos y ha aducido que el club tenía un “acuerdo verbal” con González Franco para remunerarle por el pacto alcanzado en el caso Neymar, pese a que no se formalizó en un contrato hasta marzo de 2016, cuando la conformidad estaba ya casi ultimada.

El exdirigente del Barça ha mantenido que cuando cierra un pacto con un apretón de manos, como fue el caso con su abogado personal, es como si diera su palabra, y ha dicho desconocer más detalles sobre la operación, aunque ha defendido que el acuerdo ahorró dinero al club.

Las fiscales han insistido en sus preguntas en el conflicto de interés que supuso que el Barça pagara al abogado personal de Bartomeu para alcanzar un acuerdo que fue negociado y refrendado por el abogado del club en el procedimiento de Neymar, Cristóbal Martell. La aseguradora del Barça ya había pagado a González Franco 200.000 euros, pero terminó cobrando un total de 1,7 millones.

Según el escrito de la Fiscalía, los pagos a González Franco “se realizaron sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad plasmada en el escrito de fecha 11 de julio de 2016, por cuanto en dicho escrito consta, como único letrado interviniente al ostentar la defensa letrada del Barcelona”, el abogado Martell.

La denuncia también ahonda en los pagos que Bartomeu autorizó presuntamente sin el conocimiento de su junta directiva en la comisión del fichaje del brasileño Malcom y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.

En el fichaje del delantero brasileño, por el que el club azulgrana abonó al Girondins de Burdeos 41 millones de euros en julio de 2018, la Fiscalía sostiene que el presidente, “en connivencia, al menos” con el director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti, el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y el director general, Òscar Grau, “acordaron el abono a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador”.

En concreto, según la Fiscalía, el Barça firmó el 1 de julio de 2018 un contrato con Business Fútbol España para que intermediara en el fichaje de Malcom, que se concretó el 24 de julio de ese año, tras lo cual esta sociedad facturó 8,4 millones de euros al club azulgrana. Pero el mismo día del fichaje, el jugador firmó un acuerdo con otra sociedad intermediaria, Elenko Sports, a la que el Barça pagó 855.600 euros.

La Fiscalía apunta además que el Barça presentó una declaración complementaria por valor de 2,9 millones de euros de los ejercicios 2018-21, ante la posibilidad de que hubiese realizado abonos por terceros para cubrir los pagos comprometidos por Businnes por servicios no pactados con el club y se hubiese alterado el régimen legal de retenciones, porque no firmó ningún acuerdo con Elenko.

La tercera operación investigada está relacionada con la puesta en marcha del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores. En julio de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para que el proyecto de remodelación pudiera ejecutarse.

El ámbito de ejecución del MPGM no afectaba a los terrenos e instalaciones del Club Esportiu Laietà, una organización deportiva privada, sin ánimo de lucro, ubicada en el barrio de Les Corts, cerca de las instalaciones del estadio del Barcelona. La Junta de Bartomeu acabó pagando cerca de 1,5 millones de euros por las “futuras molestias” que las obras podrían ocasionar al Laietà y “por la utilización de las instalaciones por parte de los empleados” del Barcelona.

En relación con este caso, la Fiscalía señala que Bartomeu “habría ocultado” aspectos de dicha operación a sus compañeros de la junta directiva “en connivencia, al menos,” con otros cuatro ejecutivos y que el exmandatario “infringió conscientemente las obligaciones inherentes a su posición, proporcionando un injustificado trato de favor” al Club Esportiu Laietà “al acordar el pago de cantidades por importe de 1.499.732 euros por supuestos perjuicios no justificados.

Bartomeu permanece investigado en otras dos causas: el caso Negreira, donde se investigan los pagos que el Barça hizo al excolegiado a cambio de supuestos informes que no existen; y el 'Barçagate', el caso que indaga en la campaña de desprestigio hacia rivales pagada con dinero del club que promovió su Junta.