El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, doce directivos y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 recoge los escritos de calificación de las 14 acusaciones, entre las que se encuentra la Fiscalía Anticorrupción, y que pide 6 años, 7 meses y un día de cárcel para Ron, para el ex consejero delegado Francisco Gómez, el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados varios exdirectivos de la entidad y los auditores de PwC José María Sanz y Pedro Barrio, así como la firma PwC. A estos tres últimos se les considera cooperadores necesarios para la ejecución de los delitos.

El juez impone unas fianzas totales de 2.277.658.321,17 euros, una cantidad que han solicitado las acusaciones y que el instructor explica que es provisional puesto que algunas ellas no han concretado su solicitud. Explica que la fijación de una fianza tiene por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte.

En este sentido, el magistrado rechaza las medidas cautelares reales planteadas por las acusaciones al tener en cuenta la solvencia económica y financiera del Banco Santander -la entidad que adquirió el Popular--, de PwC y de las aseguradoras.

Banco Santander

Respecto del Santander, el juez rechaza la apertura de juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo e indica que debe mantenerse su posición como responsable civil subsidiario al ser el sucesor universal del Banco Popular y, por tanto, debe ser la responsabilidad civil subsidiaria el ámbito en el que las partes acusadoras planteen sus legítimas peticiones.

En el caso de PwC, a la que la Fiscalía finalmente no ha acusado, pero sí el resto de las acusaciones --excepto la Organización de Consumidores y Usuarios-- el juez indica que, sin perjuicio de su responsabilidad directa como acusado, ha de responder de forma subsidiaria en relación con los hechos por los que vienen acusados los dos auditores.

En su resolución, el magistrado rechaza las cuestiones de previo pronunciamiento que planteó la auditora tras conocer el contenido de los escritos de las distintas acusaciones. PwC, en concreto, planteaba la falta de legitimación activa de algunos de los perjudicados que figuran en la causa.

Calama explica que el trámite pretendido no tiene cabida en el presente procedimiento y que la parte acusada, PwC, “bajo el paraguas del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede traer a su antojo al proceso penal trámites establecidos genuinamente para el procedimiento civil, por cuanto los trámites del procedimiento abreviado se encuentran perfectamente definidos en los artículos 780 y siguientes de la LeCRim”.

Además, recuerda que los perjudicados a los que se refiere PwC han figurado como personados a lo largo de la dilatada instrucción -de más de seis años--, sin que la auditora haya formulado recurso alguno o haya plantado ninguna cuestión sobre su falta de legitimación, por lo que considera que la solicitud es “extravagante e intempestiva”.

El magistrado añade que el silencio de PwC durante la instrucción, en relación con esta cuestión, es “mera responsabilidad de sus letrados”.

El auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, acuerda dar un periodo de 20 días a las defensas para presentar sus respectivos escritos.

Ampliación de capital

Fue el pasado mes de marzo cuando el juez procesó a los investigados al considerar acreditado que el 25 de mayo de 2016 el Consejo de Administración de Banco Popular, presidido por Ángel Ron, decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas de 11 de abril. Previamente a esa reunión, explicaba, tuvo lugar ese mismo día una convocatoria de la Comisión de Auditoría del Consejo en cuyo orden del día figuraba como punto segundo “la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital.”

La resolución señalaba que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate. En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos PwC, que no advirtieron a los miembros de dicha comisión de ningún problema en las cuentas del Popular (anuales-2015- y trimestrales-2016-) de cara a la ampliación de capital.

Respecto al folleto de la ampliación de capital, explicaba el juez, “se ofrece una información financiera conscientemente alterada --que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones-- entresacada de las cuentas anuales del año 2015 auditadas por PwC y de los estados financieros a 31.03.2016 con informe limitado de dicha auditora.

2.500 millones de pérdidas

Calama aseguraba que de haberse reflejado en los balances del Banco Popular --a 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016-- las provisiones no reflejadas en los mismos “el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados” por la entidad, aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero.

El magistrado dejaba claro en su resolución que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron debe ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable supuestamente cometidos en la ampliación de capital del 2016, previa a la resolución de la entidad.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso que presentó Ron contra la decisión del juez José Luis Calama de proponer sentarle en el banquillo de los acusados. Fue el pasado mes de marzo cuando el instructor dictó ese auto, en el que aseguraba que los inversores acudieron “engañados” a la ampliación.

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando el magistrado acordó procesar a trece directivos --entre los que se cuentan Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera-- y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

La defensa de Ron recurrió asegurando que la investigación puso de manifiesto “la ausencia de todo indicio de actuación delictiva” en su gestión. “La tesis incriminatoria asentada por Juzgado es el resultado de prescindir de la abundante prueba de descargo, señaladamente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, elaborada por funcionarios del Banco de España”, criticó.

Además, en su recurso lamentaba que el magistrado acogiera “exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento, que ha obviado los indicios y evidencias de descargo y legalidad que avalaban toda la gestión de la entidad”.

La Sala de lo Penal, sin embargo, deja claro que comparte los criterios y los fundamentos esgrimidos por el juez Calama en la resolución recurrida para atribuir, al menos de manera provisional, responsabilidad penal a Ángel Ron.

Los jueces explican que el objeto del procedimiento son unos hechos que derivan de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital acordada por el Banco en 2016, una tarea de la que “no puede dejarse de lado ni apartarse la figura del presidente de la entidad bancaria, pues se trataba de una operación especialmente importante para la operatividad”. “Y, casi diríamos, que para la subsistencia del propio Banco Popular”, añaden.

Los magistrados consideran que “sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, pues se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del banco”.

A su juicio, debe “tenerse en cuenta que en aquella época el Banco Popular era una de las grandes entidades bancarias” de España “y con el lógico peso e influencia en la economía nacional, y una decisión de ese calibre habría de involucrar necesariamente al presidente de la entidad bancaria en cuestión”.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa por importe de un millón de euros a Banco Popular por acometer una infracción grave al omitir datos y presentar otros engañosos en los informes anuales sobre remuneraciones de sus consejeros entre los ejercicios 2013 y 2015.

Esta sanción fue impuesta en mayo de 2019 mediante resolución y ha sido publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al declararse firme en vía administrativa.

La entidad resuelta y absorbida por Banco Santander --heredero universal-- en junio de 2017 habría engañado en relación a los sistemas de ahorro a largo plazo y sobre los pagos por resolución de contrato de sus consejeros ejecutivos.

En relación a este hecho, la CNMV ha multado con 25.000 euros al expresidente de Banco Popular Ángel Ron, junto a los consejeros ejecutivos en las fechas en las que se acometió la infracción sobre los sueldos Francisco Gómez Martín y Francisco Aparicio Valls.

De igual modo, el supervisor de los mercados ha sancionado con 18.000 euros a Luis Herrando Prat de la Riba y a Ana María Molins, en su condición de consejeros miembros de la comisión de retribuciones de Banco Popular en las fechas en las que constan los engaños.

También ha sido multado con 16.000 euros Jorge Oroviogoicoechea Ortega, quien fuera consejero miembro de la comisión de retribuciones en 2013 y 2014, así como la Unión Europea de Inversiones con 14.000 euros por ser miembro del mismo departamento en la fecha de aprobación del informe de remuneraciones de 2013.

El que fuera presidente de Banco Popular hasta 2017, Ángel Ron, ha defendido esta mañana en el Congreso de los Diputados la gestión realizada por la entidad y el cumplimiento de las normativas de solvencia. Ha culpado a su sucesor, Emilio Saracho, y a los inversores mexicanos de desestabilizar la entidad hasta abocarla a la resolución.

“Mi sucesor aseguró ante varios directivos que no conocía la banca comercial y que no iba a gestionarla sino a dejarla funcionar y a generar valor”, ha defendido durante su comparecencia en la comisión de investigación de la crisis financiera. El exdirectivo, imputado en el caso de la Audiencia Nacional que investiga la gestión de la entidad, ha argumentado que el objetivo de Saracho era “rebajar el precio de la acción y culpar a los anteriores administradores”.

El directivo, de este modo, se ha descargado de cualquier tipo de responsabilidad durante los años previos a la resolución del banco y ha argumentado que “era una entidad transparente y así lo atestiguaban los supervisores”. “Se cumplía ampliamente con las obligaciones de solvencia”, ha remarcado. 

Ron ha defendido incluso la gestión del ladrillo. Ha reconocido la alta exposición al mercado inmobiliario pero ha señalado que en aquel momento si en España no se financiaba al sector “se quedaba fuera”. “Se hizo en aquel momento lo necesario para mantener la independencia del banco”, ha apuntado.

Por tanto, se ha remitido a intereses externos, como los accionistas mexicanos de la familia Del Valle, a quienes ha acusado de querer hacer se con el banco “a un precio muy bajo”. También al ya citado Saracho, a quien ha señalado por “hacer declaraciones que afectaron al banco”. El exdirectivo ha apuntado que la gestión de comunicación de la entidad tras su salida, señalando riesgos sobre el negocio, provocó que desde abril comenzara la salida de depósitos, que acabó provocando la crisis de liquidez.

Además, el antiguo presidente de Popular ha señalado que Santander “ha hecho un negocio excelente” con la resolución de la entidad. “No había visto nunca que 300.000 personas perdieran de la noche a la mañana sus ahorros”, ha apuntado. “Necesitan una compensación y debe haber una reparación”. El exdirectivo ha criticado el proceso de resolución realizado por la Junta Única de Resolución. “Es penoso que los accionistas hayan perdido todo”. En este sentido, ha defendido que “yo soy un afectado, he perdido más de un millón de euros. Soy un perjudicado económico y perjudicial”.

“Asumí la dirección con una pereza infinita”

“Lo que yo hice evitó un problema mayor”. Con esta frase ha resumido Emilio Saracho su valoración de su paso por la presidencia del grupo. “Yo estuve 108 días, el señor Ron estuvo más de una década”, ha subrayado descargándose de responsabilidades. “Me contactaron en 2016 para sustituirle y ya entonces me negué porque era el mayor problema que tenía el sistema financiero europeo”, ha corregido las palabras de su predecesor que defendía su gestión del grupo. “Asumí el cargo después de que se anunciara en un hecho relevante y subieran las acciones pero me producía una pereza infinita”.

Saracho ha señalado en una larga descripción de su paso por el Popular que cuando aterrizó el equipo directivo desconocía cuáles eran las necesidades de capital y provisiones. Además, ha añadido, recibió el aviso del secretario general técnico de la posibilidad de no cumplir con los ratios de solvencia a partir de junio del año pasado.

El exdirectivo, imputado junto a Ron en la causa de la Audiencia Nacional, ha culpado a la anterior dirección de los excesos durante la crisis. “La entidad mutó a algo que no era y aceleró cuando el resto de entidades comenzaron a frenar con la crisis”, ha apuntado. Además, ha acusado a su predecesor de “ocultación” de datos que llevaron a una reexpresión de las cuentas del año 2016.

También ha acusado al modelo de regulación financiera que entró en vigor en el año 2014, cuando la responsabilidad de supervisión pasó del Banco de España al Mecanismo Único de Supervisión europeo. “Creo que con la regulación anterior el banco podría haber seguido funcionado” ha defendido, criticando las restricciones de acceso a liquidez de la entidad días antes de su definitiva resolución.

En este sentido, ha argumentado que con el actual entorno regulatorio “el banco estaba condenado” y defender lo contrario “no era realista”. La entidad, según el directivo, perdió su viabilidad e independencia “mucho antes de lo que podían presumir Ron o los accionistas o quienes acudieron a la ampliación de capital”.

El banco tenía problemas “muy importantes”, según Saracho, pero ha criticado el modelo de resolución y venta de la entidad al Banco Santander. “Los accionistas no tenían mucho valor en el banco, pero desde luego no era de cero euros”, ha remarcado. 

Previamente a la resolución, ha reconocido que se abrió un proceso de venta de la entidad en el que participaron Bankia, Santander, Sabadell y BBVA, aunque finalmente no se produjo. “Necesitábamos al menos 5.500 millones de capital para poder mantener el banco”, ha estimado el directivo.

El directivo ha apuntado que estaba previsto para el 12 de junio de 2017 el anuncio de una ampliación de capital, junto con la venta de una filial en Miami y de la participación en Wizink, así como el traspaso de activos tóxicos a “fondos buitre”. Con ello, según Saracho, se quería dar una muestra de confianza. “Yo habría invertido dos millones de euros en la ampliación”, ha señalado. Sin embargo, la ausencia de liquidez terminó por precipitar la resolución. “Este banco no tenía ninguna otra solución”.

Los dos últimos presidentes del liquidado Banco Popular parecen condenados a quedarse sin indemnización, uno de forma voluntaria y otro por orden judicial.

En el caso de Emilio Saracho, que pilotaba la entidad cuando fue vendida a Banco Santander por un euro, ha renunciado a los más de cuatro millones de indemnización previstos en su contrato para no engordar el escándalo, publica este viernes El Mundo. 

“El primer engañado sobre el Banco Popular soy yo”, defiende Saracho estos días, según fuentes de su entorno. Aunque admite errores, recalca que no fue informado de la auténtica realidad del banco cuando fue nombrado hace cuatro meses. en particular, admite que pudo haberse expresado mejor en la junta de accionistas del pasado abril a la que siguió una caída de la cotización de las acciones de la entidad. En ella, Saracho reconoció que la entidad tenía que ampliar capital o ser vendida. 

“Preferí decir siempre la verdad”, explica ahora. 

En lo que se refiere a su predecesor, Ángel Ron, ha sido el juez el que ha desestimado la pretensión de una indemnización por despido improcedente que fuentes judiciales sitúan en 4,3 millones, mientras que la defensa la rebaja 350.000 euros, publica este viernes El País. 

La sentencia indica que Ron que no tenía contrato laboral cuando dimitió, sino que era mercantil, y apunta que existen “sospechas de una posible autocontratación fraudulenta”.

Los abogados de Ron estudian recurrir la sentencia que califican de “incoherente”. El Popular otorgó 24 millones a en una póliza de seguro a Ron para que recibiera 1,1 millones anuales mientras viva.

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, carga en una entrevista en El Independiente contra su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, al que traslada toda la responsabilidad de lo ocurrido con la entidad. “Estoy desolado y perplejo de que se hayan hecho las cosas tan mal. Lo que ha ocurrido era impensable. El banco era solvente hasta mi último día al frente”, dice. 

Ron asegura que las declaraciones que durante las semanas anteriores hacía Saracho hacían bajar el precio de la acción del banco. “Cuando Saracho entró en el banco nos comentó a los directivos y a mí que él era banquero de inversión y que desconocía, por tanto, la gestión de un banco comercial. De hecho, repetía que no estaba entre sus objetivos gestionar la entidad”, recuerda. El exdirectivo insiste en que Saracho se inclinaba por bajar el precio de la acción y por “meter presión” al poder político y los supervisores para que le facilitaran una operación corporativa.

Sobre la compra de Banco Popular por Banco Santander a un euro, Ángel Ron cuenta que el pasado noviembre BBVA ofreció 5.500 millones de euros por hacerse con el banco cuando éste estaba valorado en unos 6.500 millones.

Preguntado por las acciones legales que algunos inversores preparan contra él, asegura que va a defenderse porque el banco pasó “todas las pruebas y auditorías del mundo”. “La posición de liquidez a 31 de diciembre es pública. Si alguien pretende imputar a los directivos que estábamos ahí algún tipo de responsabilidad, nos vamos a defender. Las cuentas están auditadas con fecha de 31 de diciembre y en marzo para hacer la ampliación de capital. Posteriormente, en verano, pasamos el test de estrés”, explica.

Esa ampliación de capital de la entidad ha sido cuestionada porque los riesgos que detallaba el folleto no contemplaban el desenlace que finalmente se ha producido. Sin embargo, Ron dice que los motivos para hacer esa ampliación fueron transparentes: “Si no se cumple lo que refleja el folleto, es porque se ha abandonado el plan de actuación”. Ataca también a los inversores especuladores como responsables en los sucedido en Banco Popular. “Tengo la sospecha, bien fundamentada, de que accionistas significativos se lucraron poniéndose cortos y recuperaron, de este modo, buena parte de las pérdidas registradas”, asegura.

El futuro de Banco Popular sigue siendo incierto. Tras el relevo en la cúpula del banco, han salido a la luz correcciones en las cuentas de 2016 por alrededor de unos 600 millones de euros, según aprecia su auditor PWC. Pese a estos cambios, la entidad no tendrá que rehacer sus cuentas y podrá modificar los resultados del primer semestre de este año.

Los analistas consideran que el banco necesita un refuerzo de capital pero sobre la mesa siguen abiertas las posibilidad de venta o ampliación.

¿Qué han encontrado en los cajones?

Con la llegada del nuevo presidente, Emilio Saracho, se puso en marcha una auditoría interna para airear la administración de la etapa de Ángel Ron. Los ajustes en las cuentas ascienden a 428 millones de euros por una “insuficiencia” de provisiones de riesgo, de créditos dudosos y de garantías de operaciones. A esto hay que sumar otros 205 millones de euros que se habrían prestado a accionistas del banco para acudir a la ampliación de la entidad, algo que supondría un impacto de 426 millones de euros.

La entidad cayó un 5% en bolsa después de conocerse esta noticia. Las pérdidas se acrecentaron al conocerse por la tarde la dimisión del que era hasta ese momento consejero delegado, Pedro Larena. El nombramiento de Miguel Escrig como adjunto a Saracho habría forzado la salida del antiguo hombre de Ron. Las acciones se desplomaron por la tarde hasta cerrar la sesión con una caída del 10,4%.

Este desplome se come todo lo ganado en el año por la acción que estaba aguantando en el entorno de los 0,91 euros (precio al que cerró el año pasado), sobre todo aupada por los repuntes vividos tras los últimos rumores de compra. 

¿Compra o ampliación?

Los problemas de la entidad  se centran en la debilidad de su capital, que se sitúa solo unas décimas por encima del requerido por la regulación financiera. Tras los últimos ajustes, el capital del banco se sitúa en una horquilla de entre el 11,7% y el 11,85% frente al objetivo del 11,35%. Para mejorar esto, los analistas se debaten entre una nueva ampliación –sería la cuarta desde 2012– o la compra, algo a lo que se resistía el anterior presidente. 

En la rueda de prensa de las cuentas de 2016 que supuso la escenificación de la despedida de Ángel Ron, tras 32 años en el banco, el expresidente de la entidad aseguró que él había asumido el “mandato” de su predecesor de mantener la “independencia” del banco. Las palabras se producían después de que el año pasado se hubiera dado por casado a Popular con Sabadell.

Finalmente, la entidad salió al paso de sus problemas de capital con una ampliación de 2.500 millones de euros. Sin embargo, ahora los rumores de compra se acrecientan. El último posible comprador, según publicó El Confidencial, sería el magnate griego George Logothetis del grupo Libra. Un empresario conocido como el nuevo Onassis del siglo XXI.

Sin embargo, también se barajan nombres de entidades españolas. El banco de inversión UBS analizó en su último informe de marzo de este año el beneficio que supondría la compra de Popular por parte de cuatro entidades españolas: Caixabank, BBVA, Santander y Bankia. Las conclusiones señalaban que Bankia sería la entidad más beneficiaria con un incremento del 47% del beneficio por acción frente al 13% si la operación se realizara con Caixabank, el 5% en el caso de BBVA y  el 4% si lo comprara Santander.

Entre desplomes de la acción y ajustes de cuentas, Ángel Ron negocia una indemnización con el banco, según Cinco Días. El expresidente ya había recibido una pensión de 24 millones de euros.

El lastre del ladrillo

“El problema que existe en el banco no es de gestión sino de activos”, apunta  Gonzalo Sánchez, analista de renta variable de Gestconsult, que recuerda que la “mochila” de activos improductivos del banco es de 37.000 millones de euros, una cifra “impresionante” que supone un tercio de los de la banca española.

El anterior presidente había apostado por la creación de una especie de banco malo donde colocar sus activos, el conocido como Proyecto Sunrise, que por ahora está en suspendido hasta que la nueva dirección decida qué hacer con él. Según varias informaciones, el 31 de marzo era la fecha límite para que el banco mandara al BCE su hoja de ruta. Fuentes de la entidad ni confirman ni desmienten que hayan enviado un plan de desinversión al regulador.

Otra de las opciones para mejorar el estado de su capital es la venta de otros activos. En este plan estaría la venta de la filial estadounidense Total Bank o su firma especializada en tarjetas WiZink, donde controla el 49% del capital mientras que Värde Partners tiene el 51%.

El relevo en la cúpula de Banco Popular se hace efectivo este lunes 20 de febrero tras la decisión anunciada a comienzos de diciembre. Emilio Saracho toma posesión de su cargo en sustitución de Ángel Ron, que se despidió del banco con unas pérdidas de 3.485 millones de euros en el pasado ejercicio.

El nuevo presidente tendrá que lidiar con los problemas heredados de su antecesor centrados en el ladrillo y con el dilema de qué hacer con el Proyecto Sunrise, nombre con el que se ha bautizado al que sería el banco malo donde aparcar los activos inmobiliarios tóxicos para sanear balance.

En medio de estas incertidumbres, el mercado sigue castigando a Popular. La acción acumula una caída del 10% desde que el 1 de diciembre se anunciara el relevo en la cúpula del banco. Los títulos de Popular tocaron mínimos en noviembre del año pasado al cotizar a 0,71 euros, aunque vivieron un repunte tras el anuncio del relevo en la cúpula, que fue interpretado por el mercado como un balón de oxígeno para el banco en medio de una tormenta de informaciones relativas a las tensiones dentro del Consejo. Este viernes las acciones de Popular cerraron en 0,84 euros.

En este contexto, el acoso de los bajistas (los inversores que apuestan a que la acción del banco baje) se mantiene alrededor del banco con las posiciones cortas en un 9,8%, según los datos de la CNMV mientras los CDS (los seguros de impago) registran récords marcando un 15% de probabilidad de impago. En conclusión: el mercado cree que pinta mal para el Banco Popular.

La posible compra

El castigo en el mercado se vive en medio de los rumores de que la entidad puede ser comprada, un runrún que lleva meses sonando en los mercados, donde ya se ha casado a Popular con Sabadell, Santander y BBVA dependiendo de a quién se le consulte. Los dos últimos son los dos grandes que tendrían más capacidad para afrontar una fusión así, pero no dejan de ser suposiciones de las casas de análisis que en los dos últimas tienen al banco cántabro como favorito.

En su despedida, Ron sacó pecho de haber defendido la “independencia” del banco, tal y como le había recomendado su predecesor en el cargo. Algo que ya se vio el año pasado cuando en medio de los rumores sobre una posible fusión asediaban al banco, Ron finalmente se salió por la tangente y anunció una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. La duda está ahora en qué camino tomará su sucesor.

“El mercado especula con que habrá una ampliación de capital y esto penaliza la acción”, señala Marc Ribé, de Blackbird. “Nosotros desde Blackbird pensamos que no habrá ampliación y sí compra”, añade y apunta que tradicionalmente ha sido un banco rentable aunque el problema reside en “la mochila inmobiliaria”.

Entre los retos que tiene que resolver Saracho se encuentra qué hacer con el ladrillo. Parte de los problemas de la entidad con este tema se derivan de la compra de Banco Pastor, que se hizo ya entrada la crisis en 2011 y sin ayudas del Estado como en otras operaciones posteriores.

Saracho tendrá que ver qué decide hacer con el Proyecto Sunrise, por el que había apostado su predecesor. Esta especie de banco malo donde la entidad aparcaría sus activos inmobiliarios está inmersa en un lío regulatorio, y a falta de la aprobación de los supervisores falta también por ver si el nuevo presidente decide seguir adelante con él.

“El ladrillo es el gran problema”, señala Alejandro Nuñez, analista de XTB. Nuñez  apunta que hasta que no se resuelva este tema “ninguna otra entidad” va a hacer una oferta sobre el banco.

El peso de los activos tóxicos ligados al ladrillo dentro del Popular es muy importante. La muestra es que de los casi 5.700 millones de euros de provisiones que registró el banco en los resultados de 2016, 4.200 millones estaban relacionados con el ladrillo tanto para crédito como para inmuebles.

Fuentes del mercado señalan además que la morosidad del ladrillo se detectó tarde en esta entidad frente a lo ocurrido en otras entidades, lo que ha llevado a que sus problemas se hayan prolongado tanto tras el comienzo de la crisis.

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, se ha mostrado optimista ante la ampliación de capital de 2.500 millones anunciada por la entidad a finales de mayo. Respecto al runrún del mercado que hablaba del interés de otras entidades como Sabadell o Santander por la entidad, Ron ha asegurado que es un interés que “viene de muy antiguo”. “No estamos haciendo la ampliación para una fusión”, ha dicho en Santander durante el curso: “¿Qué hemos aprendido de la crisis?”, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo.

Popular se enfrenta a varios retos, tanto del sector en general, entre los que destaca la creciente digitalización y los bajos tipos de interés que perjudican la rentabilidad, como algunos que afectan sobre todo a la entidad, como es el cambio de las provisiones de créditos dudosos que entrará en vigor a finales de año. “Creo que nos hemos adelantado y lo hemos hecho para fortalecer el banco”, ha apuntado Ron, que ha dicho que busca “poner en valor el motor del banco que es ese negocio de pymes y autónomos”.

El modelo de negocio del banco, centrado en España y en las pequeñas empresas, también ha sido determinante a la hora de hacer esta ampliación de capital. “Tenemos un modelo de negocio diferente que se ha visto afectado por tener que hacer provisiones por algunos activos”, ha dicho Ron.

Aunque no ha dado detalles concretos de la ampliación, en los primeros días tras el anuncio fuentes del mercado aseguraron que la demanda había multiplicado por cuatro la oferta. En los últimos días varios accionistas de referencia como Allianz o Credit Mutuel han anunciado que acudían a esta operación.

Retos de la economía y del sector

Ron ha señalado que aunque la economía española mantiene su fase expansiva, “la incertidumbre política hace difícil que crezca al ritmo económico deseable”. En esta situación, la demanda interna y la inversión empresarial seguirán siendo el “motor” de la economía, gracias en parte a unas condiciones de financiación muy laxas que “si se mantienen más tiempo del debido pueden generar efectos contraproducentes, si no los han generado ya”.

En este sentido, Ron ha asegurado que España ha salido adelante por una devaluación interna basada en los bajos salarios. Ron ha dicho que “no se puede permanecer en un modelo de bajos salarios para siempre”. El directivo ha apostado por la productividad, que ha señalado que en nuestro país es anticíclica, lo que viene a decir que España es más productiva durante épocas de crisis porque se cobra menos.

Respecto al sector, Ron ha señalado que existen varios desafíos que deben afrontarse. Entre ellos se encuentra el entorno de baja rentabilidad que perjudica a la banca así como las dudas sobre el crecimiento mundial.