La escena se repite: anuncio solemne, promesa de transformación, fotografía institucional y, meses después, renuncia. El Ayuntamiento de Huesca, gobernado desde 2023 por el PP, ha desistido de los 2,6 millones de euros de fondos europeos concedidos para la rehabilitación estructural del Casino y la creación de un Museo de Historia Contemporánea en su semisótano, a los que se suman casi 400.000 más para la adecuación de entornos escolares. Tres millones de euros en total. La subvención, financiada al 100% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), no exigía aportación municipal; solo gestión y ejecución en plazo.

El gobierno local del PP, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha justificado la renuncia por la “falta de tiempo” para ejecutar y justificar las obras antes del 31 de marzo. Argumenta que Huesca dispuso de “un año menos” que otros beneficiarios porque la concesión definitiva no llegó hasta noviembre de 2024, tras una primera denegación por falta de presupuesto. Se pidió una ampliación en julio del pasado año y el ministerio la rechazó alegando que requeriría una modificación normativa.

La oposición socialista sostiene otra tesis: la pérdida era evitable y responde a una deficiente planificación. “Este fondo venía concedido al cien por cien. El ayuntamiento no tenía que poner ni un céntimo”, recuerda el concejal Fernando García. La portavoz del grupo, Silvia Salazar, va más allá y habla de “construcción del relato” para desplazar la responsabilidad. Según el PSOE, el ministerio propuso parcelar actuaciones para salvar parte del proyecto y no hubo respuesta.

El PP replica que cuando accedió al gobierno no existían los proyectos técnicos necesarios, solo una memoria inicial presentada en campaña por el anterior ejecutivo socialista. El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, defiende que el actual equipo “ha trabajado duro” para redactar el proyecto museístico y el de eficiencia energética, ya entregados. Forzar la ejecución, sostiene, podría acarrear reintegros y penalizaciones.

Pero el resultado es incontestable. El Casino pierde 2,6 millones europeos y el Ayuntamiento de Huesca deberá devolver 1,3 millones ya ingresados, más intereses. En los presupuestos de 2026 no figura partida para ejecutar la obra. El PP asegura que seguirá adelante con fondos propios o con el 2% cultural solicitado al Ministerio de Vivienda. Sin consignación concreta ni calendario, la promesa queda en el aire.

La polémica no es solo contable. El Casino, inaugurado en 1904, es uno de los símbolos patrimoniales de Huesca. El proyecto aspiraba a convertirlo en un polo cultural y turístico. “¿Cuál es la estrategia turística? ¿Conformarse con una fachada?”, pregunta el PSOE. La alcaldesa afirma que el proyecto “se hará con fondos europeos o sin ellos”, pero admite que los plazos eran inviables. La gestión ha oscilado entre la épica de la “primera piedra” y la prudencia presupuestaria.

Entornos escolares: 387.000 euros menos y un SUV eléctrico

La renuncia del Casino no es un caso aislado. Hace unas semanas se confirmó la devolución de 387.000 euros destinados a pacificar entornos escolares dentro del proyecto de Zona de Bajas Emisiones. El objetivo era implantar zonas ‘kiss and go’ y mejorar la seguridad en itinerarios escolares antes del 31 de diciembre del pasado año. El Ayuntamiento de Huesca alegó “cuestiones técnicas sobrevenidas” y falta de necesidad inmediata.

Orduna restó importancia asegurando que “eso no es perderlos, simplemente se han desechado”. Pero la oposición lo interpreta de otro modo, como dinero recibido que habrá que devolver. El edil socialista, Fernando García habla de “incapacidad de gestión”. Salazar contrapone el ahorro en seguridad escolar con el gasto de 50.000 euros en un SUV eléctrico para la alcaldesa. El mensaje político es claro: prioridades invertidas.

La Zona de Bajas Emisiones ha sido otro frente, ya que el PP modificó el planteamiento socialista, descartó ampliar restricciones al 60% del casco urbano y eliminó el control por etiquetas ambientales. “Esto no es Madrid”, ha repetido la alcaldesa.

Perpetuo Socorro: 890.000 euros en disputa

En el barrio del Perpetuo Socorro, la batalla se libra en 890.000 euros recuperados de fondos europeos para la reurbanización del paseo Ramón y Cajal. El PSOE propuso destinarlos a la fase IV para licitar cuanto antes las obras. Solo Vox apoyó la moción. El concejal no adscrito Antonio Laborda votó en contra y el PP rechazó que la oposición “mande” en el destino de los fondos.

La Coordinadora de Asociaciones del barrio expresó su malestar: la entrada y salida a la ciudad, dicen, es “una boca de lobo” por la falta de iluminación desde el puente del Isuela. Reclaman que se piense en las personas y no en equilibrios políticos. El gobierno municipal asegura que la fase IV está en licitación de proyecto y que se ejecutará “cuando llegue el momento oportuno” con recursos disponibles.

El concurso para redactar el proyecto básico de las fases IV, V y VI, 35.695 euros y cinco meses de plazo, está paralizado por un recurso de reposición. El calendario se dilata mientras el debate político se enquista. La concejala de fondos europeos, María José Cuello, reivindica la recuperación del dinero y rechaza la moción socialista. Rosa Gerbás (PSOE) acusa al PP de apoyarse en el tránsfuga para evitar que la alcaldesa use su voto de calidad.

El 91% ejecutado… ¿y el 9% perdido?

Orduna presume de haber ejecutado el 91% de los 16,8 millones heredados: 30 kilómetros de vías ciclables (1,5 millones), dos aparcamientos disuasorios junto a la Ciudad Deportiva y los Juzgados (1,3 millones) y la reforma de la Oficina de Turismo (124.000 euros). La cifra, presentada como aval de “gestión eficaz”, convive con casi tres millones en riesgo o ya perdidos entre Casino y entornos escolares.

El PSOE sostiene que el PP “no ha captado ni un solo euro nuevo” en su mandato. La alcaldesa replica que recibió una “marabunta” sin anteproyectos y que ha tenido que rediseñarlo todo. El patrón se repite en el frustrado Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana, que debía albergar nuevas sedes de Bomberos y Policía Local. A 48 horas de unas elecciones autonómicas, el PP anunció que desechaba el proyecto por “inejecutable” tras una auditoría externa. Meses antes, la alcaldesa había colocado una primera piedra simbólica junto al presidente aragonés Jorge Azcón y el presidente provincial Isaac Claver.

El proyecto había sido aprobado por unanimidad en pleno, incluidos concejales del PP hoy responsables de Urbanismo y Seguridad. El PSOE denuncia que cada vez que un proyecto se trunca, el gobierno local culpa al anterior ejecutivo pese a llevar casi tres años al frente. En el presupuesto actual solo hay 1.000 euros consignados. La pregunta es directa: ¿se hará o no?

La gestión de los fondos europeos en Huesca se ha convertido en un campo de batalla político permanente. El PP invoca prudencia financiera y responsabilidad institucional para evitar reintegros; el PSOE habla de oportunidades perdidas, falta de planificación y prioridades discutibles. Entre ambos discursos quedan edificios modernistas sin rehabilitar, entornos escolares sin pacificar y barrios que esperan luz y asfalto.

El gobierno municipal insiste en que los proyectos “se harán”. Pero los presupuestos de 2026 no los respaldan con partidas específicas. El PP defiende que ha ejecutado la mayor parte del paquete heredado y que no arriesgará sanciones por precipitación.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a “hacer todo lo posible para ayudar” a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a “más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola”, según estimaciones de la Junta de Andalucía.

Así lo han manifestado el comisario europeo y el presidente de la Junta de Andalucía en una atención a medios conjunta tras realizar una visita a las zonas agrícolas de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera afectadas por esta serie de temporales en donde no se ha dado tiempo a las preguntas de los medios de comunicación.

Juanma Moreno ha alertado de que como consecuencia de estos temporales se han visto afectadas unas “200.000 hectáreas que suponen prácticamente pérdidas posibles entre el 15 o el 20% de nuestra capacidad de producción” andaluza. “Estamos hablando en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante”, ha explicado el presidente de la Junta.

“Más fuertes”

Por su parte, Hansen ha señalado que, “desde la Comisión Europea, vamos a hacer todo lo posible para ayudar”, y está confiado en que “vamos a seguir trabajando muy juntos” a nivel “regional, nacional, pero también europeo”, de forma que es “optimista” con la idea de que “vamos a salir de esta crisis más fuertes”.

El comisario de Agricultura visita Andalucía una semana después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea “movilizar la llamada reserva de crisis agrícola”, que es “uno de los instrumentos” de los que se dispone en situaciones.

Hansen se ha pronunciado sobre esta solicitud, y ha indicado que “no es mucho” lo que contiene dicha reserva, unos “450 millones” de euros “para toda Europa”, por lo que “es poco”, pero en todo caso ha defendido que “con estas crisis podemos ayudar” con ello, y el Estado correspondiente “también puede poner más dinero para después”. Además, ha aludido también al Fondo Europeo de Solidaridad, al que se puede también recurrir para ayudar a reparar infraestructuras dañadas, ha venido a indicar.

Además, Hansen se ha referido al “tema de los seguros para los agricultores”, y al respecto ha explicado que está “trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema que es más accesible, porque muchas veces los agricultores tienen que pagar precios muy altos, y muchos no lo hacen porque no pueden”. El comisario ha defendido que “el cambio climático es una realidad”, y ha augurado en esa línea que habrá más “eventos extremos” como esta sucesión de temporales.

“Esfuerzo colectivo”

Por su parte, Moreno ha calificado de “dramática” la situación que afrontan los agricultores andaluces, que “van a necesitar ayudas muy especiales, muy singulares por parte de absolutamente todos”, y al hilo ha citado la reserva de crisis agrícola, así como el Fondo de Solidaridad Europeo que la Junta ya ha pedido al Gobierno de España que lo solicite a la Comisión, según ha recordado.

Moreno ha añadido que “desde el ámbito de Andalucía”, por parte de la Junta van a “cumplir” con su parte, y al respecto ha reivindicado el “primer paquete” de medidas que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana, que asciende a unos “1.800 millones de euros de ayudas”.

Moreno ha destacado que “algo más de 1.000 millones” de dicho plan, “el 60%” aproximadamente de su cuantía total, “va a ir a la agricultura, porque es el sector más dañado”, con “700 millones de euros directos para indemnizaciones destinadas a explotaciones agrarias afectadas”, y con otras partidas como las de “170 millones para infraestructuras rurales” como caminos y vías pecuarias; “31 millones para el sector de la pesca y la agricultura”, y “136 millones para daños en infraestructuras hídricas” que “tenemos que reponer lo antes posible”.

El presidente ha indicado que desde la Junta tienen “cuantificadas en torno a 33.000 explotaciones” agrarias “con daños” por estos temporales, y ha trasladado su deseo de que, “cuanto antes podamos sumar a estos recursos los del Estado, que me consta que también está trabajando en ello”, así como los de otras administraciones como diputaciones provinciales y ayuntamientos, además de, “por supuesto, la Unión Europea”.

Finalmente, el presidente andaluz ha apelado también al comisario europeo para “intentar simplificar al máximo” las ayudas que puedan venir de la UE, al igual que debe ocurrir con el dinero que aporten otras administraciones, porque “si al final el dinero tarda un año en llegar, o un año y medio, pierde en gran medida la efectividad que pueden tener esos recursos”.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha exigido este miércoles una financiación “adecuada” de las políticas agrarias de la Política Agraria Común (PAC) para Castilla-La Mancha, con el fin de garantizar la rentabilidad y la continuidad de los agricultores y ganaderos de a región.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, Lizán ha considerado que un presupuesto adecuado en este sentido “no es un deseo sino que es una necesidad”, también para las personas que trabajan en el medio rural para seguir manteniendo vivos los pueblos de la comunidad autónoma

Reclama un compromiso “patente” de la Comisión Europea

Es por ello por lo ha afirmado que el compromiso de la Comisión Europea “tiene que ser patente” a la hora de establecer un mecanismo económico que garantice, dentro del marco financiero plurianual, la posibilidad del desarrollo de políticas vinculadas al desarrollo rural, con el fin de ofrecer “una cohesión real y verdadera” en Castilla-La Mancha.

“Si no entendemos que es necesario mantener esa pérdida que hoy nos establecen del 20 por ciento del presupuesto que tuvimos en el periodo anterior de programación --que a precio real de hoy sería prácticamente a un 30 por ciento-- estaríamos retrocediendo de forma importantísima en los objetivos que la Comisión estableció”, ha manifestado.

Martínez Lizán ha considerado que toda la estructura del desarrollo rural ha supuesto una aportación económica “importante” para la región, no solo en materia de subvenciones sino también en la inversión de los emprendedores de Castilla-La Mancha.

Como ejemplo ha puesto que los programas Leader de los grupos de desarrollo rural, que han contado con 270 millones de euros en los dos periodos de programación, desde el 2014 al 2027, por lo que “la apuesta de inversión está por encima de los 800 millones de euros”.

La necesidad de que la PAC apoye a los jóvenes

De otra parte, ha señalado que las políticas orientadas de la PAC, más allá del 2027, tienen que estar centradas también en que apoyar a los jóvenes, “con el fin de ofrecerles posibilidades de desarrollo para que tengan esa equidad de derechos que también pueden tener las personas del medio rural”.

“Si no entendemos esto nuestros pueblos corren un grave riesgo de desaparecer y por lo tanto el compromiso del Gobierno regional de Castilla-Mancha va a ser el de seguir luchando por el desarrollo de estas políticas que han traído mucho y bueno a nuestra región, al contexto nacional y al contexto europeo”, ha dicho.

Es por todo ello por lo que ha reiterado que desde Castilla-La Mancha se exigirá el cumplimiento de lo que cree que es una “obligación” por parte de los políticos europeos, “para el futuro y el desarrollo lo mejor posible de nuestro territorio”.

La Estrategia Regional Frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha ha logrado, desde su puesta en marcha allá por 2021, un incremento poblacional en las 26 zonas en las que se aplica de 4.672 personas, a fecha 1 de enero de 2025. En este periodo, el saldo migratorio en estas localidades ha sido de hasta 15.423 personas.

Esta estrategia, asociada a una Ley regional de Despoblación pionera en España, tiene vigencia hasta 2031. Hay avances, pero no son suficientes.

Quien lo explica es María Jesús Merino, presidenta de ADEL Sierra Norte, la asociación para el desarrollo local de esta zona de la provincia de Guadalajara que se encuentra entre las más despobladas de España. Agrupa a más de 80 municipios. “Se hace muy difícil el día a día a la hora de gestionar”, lamenta, y pone un ejemplo: “Hay pueblos que solo disponen de secretario o interventor una vez a la semana. Hacen lo que pueden. Hay alcaldes y concejales que se decidan voluntariamente a esta labor y damos gracias porque ponen su tiempo y a veces su dinero”.

La actual normativa es “garantista”, reconoce, pero no les sirve a los pueblos con menos habitantes, ni siquiera con la ayuda de las diputaciones provinciales, porque el exceso de carga burocrática “ya se les hace bola”, afirma.

“No podemos avanzar”, insiste, así que la reivindicación es clara: “Necesitamos normativa que nos permita trabajar, que nos simplifique los procedimientos, que ayude a que los pueblos podamos pedir ayudas y después justificarlas, porque a veces se nos hace dificilísimo. Nos ha pasado con las ayudas europeas. No llegamos porque no tenemos personal”.

Sobre la mesa está el llamado Estatuto del Pequeño Municipio, pero es tan solo una idea “incipiente”, reconoce María Jesús Merino. Ella gobierna en un pueblo que no llega a los 5.000 habitantes. Sigüenza es la cabeza de comarca en una de las zonas de la España vaciada. “Aquí también nos defendemos mal”.

La reivindicación que “debe llegar a las Cortes Generales”

Por eso cree importante avanzar en la normativa. “Es importante para las zonas despobladas porque vemos cada día más necesaria una normativa que nos permita trabajar: hoy siguen los mismos procedimientos tanto una capital de provincia como un pueblo de 30 habitantes”

La idea pasa por implicar a todos los grupos de acción local. “En Castilla-La Mancha estamos por la labor, y hemos contactado con grupos de Castilla y León, pero lo cierto es que esto tiene que escalar y producirse a nivel nacional. Debe llegar a las Cortes Generales”, reclama.

Tiene claro que no será fácil. “Nos pasó aquí con la ley regional de despoblación: ¿dónde poner el corte?, ¿qué es y qué no pequeño municipio? Sabemos que las realidades rurales son muy distintas, incluso en nuestra propia comunidad autónoma, pero esperamos que se sumen a la reivindicación”.

En los pueblos más pequeños de Guadalajara piden ser “escuchados” porque, asegura la alcaldesa, “esta es una reivindicación seria y justa”.

La vivienda en el medio rural: “No podemos obviarlo”

Uno de los caballos de batalla en toda esta reivindicación es el problema de la vivienda en el medio rural. “Se habla de zonas tensionadas, aquí en Castilla-La Mancha lo están en el Corredor del Henares o en el Corredor de la Sagra”, explica la edil, pero pone el foco en los pueblos. “No podemos obviarlo. Aquí también hace falta”.

Y es que, afirma, “gracias a la ley de despoblación estamos consiguiendo que venga gente o que se quede. En la Sierra Norte de Guadalajara se ha conseguido un crecimiento del 5%, pero es que en Sigüenza llega al 13%”. Es, dice, es una buena noticia pero requiere “medidas específicas”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha iniciado una ronda de contactos con cada una las organizaciones profesionales agrarias para conocer sus posicionamientos y propuestas en los aspectos “más preocupantes de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2028-2034.

La primera de estas jornadas de trabajo, que complementan el trabajo que se realiza desde la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), ha sido con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha y ha contado con la participación de la viceconsejera de la PAC, Gracia Canales Duque, y el secretario general de UPA, Julián Morcillo.

Ambos han reiterado su preocupación por el reglamento de fondos cuya propuesta económica es insuficiente ya que, no solo no crece el presupuesto respecto al actual período, sino que lo reduce más del 20 por ciento, “es decir, son fondos insuficientes y por tanto este marco financiero supone un recorte enorme para la Comunidad”, en palabras de la viceconsejera.

En cuanto a la gobernanza, hay que señalar que un cambio en el sistema puede suponer un “daño irreparable” pues la propuesta de Reglamento pretende derivar en los Estados y en las regiones la financiación que le es propia a la Comisión Europea por motivo de equilibrio y vertebración territorial.

Otra cuestión de gran importancia para Castilla-La Mancha, según el Ejecutivo castellanomanchego, es el tratamiento de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el borrador de la nueva PAC. Ambos han mostrado su preocupación al respecto ya que en el reglamento que regula las organizaciones comunes de mercado (OCM) no aparece la obligatoriedad de los Estados de desarrollar la ISV, sino que tiene carácter voluntario, lo que se puede traducir en una reducción del volumen de fondos.

Otros puntos abordados son el reglamento que desarrolla la PAC que plantea cuestiones como la degresividad de las ayudas, es decir, la reducción gradual de las aportaciones directas a los agricultores en función del tamaño de la explotación agrícola; y también el régimen de pequeños productores, “que para nuestra región es muy atractivo y puede ser una oportunidad si ese Reglamento lo define bien y con acierto”.

Por último, la viceconsejera ha reiterado la voluntad de la Consejería de seguir trabajando de la mano de las organizaciones “para conseguir entre todos que se revierta el recorte presupuestario del Marco Financiero Plurianual”.

La Fiscalía europea acaba de abrir una investigación al Gobierno del PP en Zaragoza por unas subvenciones de los Fondos Next Generation para rehabilitar viviendas en el complejo Aloy Sala de la capital aragonesa, cerca del parque Bruil. Los hechos incluidos en la instrucción, que nace de la denuncia de un particular el pasado mes de marzo, podrían suponer la comisión de dos delitos: fraude de subvenciones de la Unión Europea y malversación. La gestión de estas ayudas arrancó con el actual presidente autonómico, Jorge Azcón, como alcalde y ha continuado con su sucesora, Natalia Chueca.

Por el momento, los pasos dados por la Fiscalía europea, tal y como consta en un decreto emitido el pasado 1 de octubre, incluyen la declaración del denunciante –que tuvo lugar el 12 de mayo– la recepción de una “ingente documentación” proveniente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y hay pendientes otra diligencia: la elaboración de un informe por parte del grupo asignado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El denunciante, que pertenece a la Asociación de Vecinos Colectivo Vecinal Parque Bruil, hizo referencia en su escrito –fechado el 12 de marzo de este año– a una iniciativa impulsada por el entonces Gobierno municipal de Jorge Azcón para rehabilitar cinco conjuntos urbanos de interés (CUI) de la ciudad, para lo que aspiraba a recibir casi 100 millones de euros. En concreto, la actuación debía consistir en el aislamiento térmico de los edificios, obras de accesibilidad y la instalación de aerotermia. Uno de los destinos elegidos iba a ser el complejo Aloy Sala, integrado por 722 viviendas de 15 edificaciones.

Para ser incluidos en este proyecto y poder beneficiarse de los fondos europeos, tal y como consta en la denuncia, se indicó a los vecinos que debían cumplir las condiciones fijadas en la convocatoria de los fondos: abrir un libro de edificio, aprobar la participación en una asamblea vecinal y encargar a un arquitecto una memoria. “Todo ello se cumplió”, indica. En verano de 2023, sin embargo, se cerró la oficina del barrio “sin aviso ni explicación”, y en mayo del año pasado se trasladó a los vecinos que “no había fondos para el proyecto”, salvo ocho millones de euros “para un 25% de las viviendas del complejo”. “Nunca se nos dijo que había pasado con el dinero concedido, ni en las reuniones, ni en la peticiones escritas y registradas que se han hecho”, insiste el denunciante.

En esta situación, advierte de un posible “desvío de fondos a otros proyectos”, por lo que pide a la Fiscalía europea que investigue sin han sido “utilizados para conseguir fondos Next Generation” sin beneficiarse de ellos.

Según ha publicado tanto el Gobierno de Aragón –que intermedia con estas subvenciones a través de Suelo y Vivienda de Aragón– como el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consistorio recibió fondos para rehabilitar 44 viviendas de Aloy Sala en una primera fase (el presupuesto conjunto para un total de 86 pisos alcanzaba los 3,8 millones de euros) y para otras 144 en una segunda fase, esta dotada con 4 millones de euros, mientras que los propietarios aportan casi 2,6 millones.

Ahora, tras examinar la documentación y a falta de practicar las diligencias pendientes, la Fiscalía europea califica provisionalmente los hechos como posibles delitos de fraude de subvenciones de la Unión Europea o de malversación, ambos competencia de este órgano jurídico. A su vez, incoa el correspondiente procedimiento de investigación y pone en conocimiento esta circunstancia a la Fiscalía General del Estado.

Se envió “todo lo solicitado”

Consultado por este periódico, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza niegan tener conocimiento de la apertura de esta investigación, más allá del hecho de que la Fiscalía europea requirió documentación a Zaragoza Vivienda y la sociedad municipal envió “todo lo solicitado”. Las mismas fuentes aseguran desconocer “contra quién se dirige” esta investigación e indican que se puede dar la circunstancia de que el propio Consistorio “se persone como perjudicado”. A su vez, recuerdan que cada iniciativa impulsada desde Zaragoza Vivienda sobre rehabilitaciones en el Aloy Sala ha sido aprobada en los consejos de administración “por unanimidad”.

Con anterioridad, la propia Asociación de Vecinos Colectivo Vecinal Parque Bruil ya trasladó escritos a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que expone lo vivido. A la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, le traslada “la compleja y crítica situación” del barrio y pide “la intervención del Gobierno de España en la revisión y reactivación de los fondos europeos Next Generation”.

“La exclusión de estas ayudas ha desencadenado graves consecuencias en nuestro barrio”, expone. Por un lado, al frustrarse “las expectativas de mejorar la accesibilidad en las viviendas, esencial para la permanencia de personas mayores en sus hogares”. Eso, en un contexto de “deterioro urbano”, con calles en “mal estado de asfaltado y limpieza”, con “una urbanización desatendida” y con “problemas de ocupación ilegal, incivismo y de inseguridad”.

Por su parte, el Secretario General del Parlamento Europeo acaba de acuse de recibo e indica que ha transmitido la petición a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, ha publicado esta semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas 2025 destinadas al fomento de agrupaciones de propietarios forestales privados (APF) para la gestión conjunta de montes, con una dotación económica de 200.000 euros y financiación íntegra con fondos Next Generation EU – Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Como ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el objeto es “impulsar la gestión forestal conjunta y sostenible en la región, superar la fragmentación y minifundismo mediante la creación de agrupaciones de propietarios y promover el uso múltiple de los montes, favorecer la bioeconomía, generar actividad económica y empleo verde, así como contribuir a la fijación de población en zonas rurales”.

Los beneficiarios son personas físicas y jurídicas, titulares privados de montes en Castilla-La Mancha. Se permite la agrupación en distintas formas jurídicas: asociaciones sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles o estructuras equivalentes; y no podrán ser beneficiarias las administraciones públicas ni entidades vinculadas a ellas.

Los requisitos principales son que las agrupaciones estén formadas por, al menos, dos propietarios; una superficie mínima de gestión conjunta de 500 hectáreas; y los montes de más de 100 hectáreas deberán contar con un instrumento de gestión forestal sostenible vigente o presentado.

Las actuaciones subvencionables serán el asesoramiento técnico forestal para la creación de estructuras de gestión conjunta, la elaboración de Plan de Actuaciones (según modelo oficial) que defina la estrategia de gestión conjunta y aprovechamientos, acciones informativas y preparatorias para la constitución de la agrupación y gastos asociados a la creación de estatutos, registro, reuniones técnicas, etcétera.

La financiación y cuantía de la ayuda es del 100 por cien del gasto subvencionable, con un máximo por solicitud de 20.000 euros, en régimen de concurrencia competitiva. Se podrán realizar actuaciones hasta el 30 de abril de 2026.

El plazo de solicitud es de dos meses desde la publicación en el DOCM, hasta el 3 de noviembre, y la presentación será exclusivamente electrónica en la sede de la Junta de Comunidades (https://www.jccm.es). La orden se puede consultar aquí: Orden 125/2025 en el DOCM.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que incorpora a la normativa española las flexibilidades de los reglamentos de la Unión Europea para facilitar el acceso a ayudas a los productores de frutas, hortalizas y vino afectados por la Dana.

En concreto, estas medidas responden a la solicitud realizada por España a la Comisión Europea para introducir flexibilidades y excepciones temporales que permitan a los sectores afectados mantener las ayudas de sus programas operativos y de la Intervención Sectorial Vitivinícola, pese a las dificultades para cumplir ciertos requisitos.

De esta forma, esta norma aprobada hoy también introduce una serie de ajustes técnicos en la normativa estatal para mejorar su aplicación y simplificar procedimientos.

Las flexibilizaciones afectan a la normativa de programas operativos de las organizaciones de productores, con el incremento de la cofinanciación de la Unión Europea del 50% al 70%, se permite computar la producción comercializada en caso de pérdidas superiores al 35% y se elimina el límite de gasto en medidas de prevención y gestión de crisis.

También se amplía hasta el 15 de agosto el plazo para ejecutar los gastos programados, se eliminan temporalmente ciertos porcentajes máximos de gasto en actuaciones y se facilitan las modificaciones de los programas operativos.

Mientras que entre los ajustes técnicos, se clarifican los requisitos para el reconocimiento de organizaciones de productores, se precisan aspectos sobre compatibilidad de los programas operativos con los ecorregímenes, los plazos de mantenimiento de inversiones y las condiciones de subvencionabilidad de determinadas acciones.

Renovación de viñedos dañados

Respecto al sector del vino, las flexibilizaciones permitirán renovar viñedos dañados para restablecer el potencial productivo de los viticultores afectados, aumentar la cofinanciación hasta el 80% de los costes de renovación y se podrá aplicar compensaciones de hasta el 100% de la pérdida de ingresos.

También se permitirá realizar inversiones de mera sustitución en las explotaciones afectadas. Asimismo, se introducen ajustes técnicos para armonizar la normativa en materia de uso ilegal del agua con otras disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) y para simplificar determinados procedimientos administrativos.

Además, se adelanta al 1 de enero la fecha en la que las comunidades autónomas deben comunicar al Ministerio de Agricultura las actualizaciones de la clasificación de variedades de uva de vinificación, y se actualiza el listado de variedades autorizadas.

Por último, se clarifica el plazo de envío de datos de proveedores y justificantes de compraventa en el sector vitivinícola para mejorar el control y la transparencia en las declaraciones obligatorias.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán espera que Castilla-La Mancha no reduzca “ni un solo euro” en la partida presupuestaria para el próximo periodo de la Política Agraria Común (PAC) con el fin “seguir haciendo fuerte al sector agroalimentario” y “como garante de mantenimiento de nuestros pueblos y de la población que en ellos quieren vivir”.

Momentos antes de la clausura de la jornada ‘Nutrición, salud y sector agroalimentario’, con la que se presentaba en Toledo la Cátedra Interuniversitaria del mismo nombre como un proyecto innovador impulsado por la Fundación Asaja, Fundación Ortega-Marañón y el Foro Interalimentario, el consejero ha recordado que “en estas próximas semanas conoceremos el resultado final de lo más importante que es la partida económica de la PAC, que se destina a la aplicación de diferentes medidas que apoyen al sector, medidas que son necesarias, que no podemos prescindir de ellas, que no podemos permitirnos reducir ni un solo euro en el desarrollo del próximo periodo”.

 En este sentido, ha recordado la reunión que hace un par de semana el Ejecutivo de Castilla-La Mancha mantuvo con el comisario de Agricultura Christophe Hansen y en la que se abordaron cuestiones sobre el próximo periodo de la PAC. Así ha señalado que manifestó que “debe de haber cambios en el desarrollo de la PAC tanto presupuestariamente pero también en la concepción de la aplicación de las diferentes medidas que se plantean”, aunque también ha señalado que “el comisario tiene muy claro, así nos lo transmitió, que quiere una PAC fuerte económicamente hablando y que el modelo está de alguna manera garantizado”.

“No sabemos si habrá modificación de concepto en el primer y segundo pilar pero sí que tiene que estar clara la medida,  que la PAC tiene que seguir desarrollándose de la misma manera, con los mismos conceptos, tal vez con correcciones que haya que hacer en la dinámica de aplicación de las políticas pero que en este sentido el comisario iba a dar la batalla como abogado defensor así lo dijo de los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea”, ha señalado.

Jornada en Toledo

Sobre la jornada que se ha celebrado en Toledo, el consejero ha destacado la importancia del encuentro en los que se pone de manifiesto la labor que realizan los agricultores y ganaderos. “Son los elementos que ayuda a la nutrición de las personas pero con dos matices claros y contundentes: que se producen en cantidad suficiente para alimentar a toda la sociedad y sobre todo con la calidad y la seguridad alimentaria que en este caso creo que nuestros agricultores y ganaderos pueden ofrecer”, ha señalado.

Martínez Lizán ha recordado las bondades de la dieta mediterránea y ha mencionado que “la ingesta adecuada, proporcionada, de determinados alimentos como puede ser el ajo, como puede ser la cebolla, las nueces, las berenjenas, incluso me atrevo a decir que el vino tomado por personas sanas y con moderación, pueden ser alimentos que estando dentro de esa dieta mediterránea pueden incluso beneficiar a la salud de las personas”.

Para acabar, ha señalado el “compromiso de seguir trabajando con criterios de productividad, de producción de kilos por hectárea, pero sobre todo vinculados a la sostenibilidad, a la seguridad alimentaria y a la calidad, que en el caso de Castilla-La Mancha es manifiestamente importante con 41 denominaciones de origen y todas ellas agrupadas en nuestra imagen de calidad Campo y Alma”.

Por su parte, Fernando Bandrés, director del centro de estudio Gregorio Marañón que, junto al Foro Interalimentario y a la fundación ASAJA son los creadores de la cátedra sobre nutrición salud y sector agroalimentario, ha desgranado algunas de las conclusiones de la jornada: “Queda claro que para afrontar los retos del siglo XXI en salud, nutrición y sector agroalimentario tenemos que trabajar de manera conjunta, multidisciplinar” y ha añadido la necesidad de “incorporaraa la sociedad civil”.

Además, ha reseñado también el “reto de publicar todo lo que hacemos para que la sociedad pueda entender hacia donde queremos caminar. La salud no es solo un estado perfecto de bienestar si no es una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa y la alimentación es clave para ello”.

Barato pide estándares exigentes para todos

La jornada ha sido presentada por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que ha denunciado que, mientras los productores españoles cumplen con unos estándares exigentes para garantizar esa seguridad alimentaria, otros países no lo hacen. Barato ha defendido la importancia de conservar nuestra capacidad de producir alimentos sanos y de calidad, asegurando así nuestra soberanía alimentaria.

También el secretario de Asaja Nacional, Juan José Álvarez, ha destacado la importancia de “dar a conocer a la población qué es lo que producimos”, y ha afirmado que los agricultores y ganaderos son “los valedores de la seguridad alimentaria” y pueden garantizar salud y calidad en sus producciones.

El acto de hoy se ha dividido en dos partes: una ponencia magistral a cargo del director de la cátedra, Antonio Escribano, especialista en nutrición y endocrinología. Y, en segundo lugar, una mesa redonda moderada por Rafael Navas, director adjunto de la cátedra y secretario general de Asaja Córdoba, en la que han participado Antonio Escribano junto a Manuel Cuesta, nutricionista especialista en nutrición de precisión, y la ganadera y responsable de marketing de Casa Gutier, Carolina Fernández, y en la que se ha abogado por una alimentación variada y saludable como base del buen funcionamiento del cerebro y del cuerpo. 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto con las medidas que anunció la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya han provocado un seísmo en los mercados de todo el mundo y que amenaza a sectores muy concretos de la economía española. Según cifras del Ejecutivo, el plan alcanza la cifra de los 14.100 millones de euros en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes.

“Queremos mandar un mensaje de confianza, de unidad y de cabeza fría a la hora de actuar. La relación con Estados Unidos es una relación a proteger, a mejorar si cabe. Y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño, tendiendo la mano a la administración americana para buscar una salida pactada”, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Carlos Cuerpo ha avisado, no obstante, que el Gobierno “no puede ser naif” y que cuenta “con los instrumentos necesarios para proteger los intereses de los ciudadanos españoles y de la Unión Europea (UE)”. El ministro ha definido como “injustificadas y arbitrarias” las políticas arancelarias de Trump que, en su opinión, han provocado “el mayor shock comercial de la historia, o al menos de los últimos cien años”.

Según ha explicado el ministro de Economía, los desplomes en las bolsas de los últimos días son la primera prueba del error que supone el proteccionismo. “Por eso, lanzamos un mensaje de reacción. Siendo el primer país que ha puesto una red de protección para sectores, empresas y trabajadores afectados” por la guerra comercial. Aunque también ha admitido que todavía es complicado estimar el impacto en el PIB (en la actividad), porque existen muchas incertidumbres sobre la duración de los aranceles, la respuesta conjunta de la UE...

Eso sí, Carlos Cuerpo ha advertido de que los aranceles anunciados afectan al 80% de las exportaciones de España a Estados Unidos, que es el impacto directo, al que hay que añadir el impacto indirecto por el daño que sufran otros socios y los cambios que se produzcan en las cadenas de valor globales.

Oficialmente, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial busca “ofrecer una red de seguridad e impulsar la transformación industrial y la internacionalización de nuestras empresas”. Este escudo tiene tres ejes.

El primer eje es “una red de protección”. Con una línea ICO de avales, de 5.000 millones, que se activa “para que fluya el crédito a través de las entidades financieras” a los sectores afectados por la guerra comercial. Esta primera parte suma una línea ICO de financiación, por 1.000 millones, la renovación del Plan MOVES III por 400 millones, la creación del fondo de inversión industrial productiva por 200 millones y el mecanismo RED.

El segundo eje activa “instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización por 720 millones”. Además, diseña coberturas de 2.000 millones a través de las instituciones CESCE y CARI. Por último, despliega el plan ICEX de internacionalización con fondos del Plan Recuperación (5.000 millones).

El tercer eje es “la dimensión UE”, con la respuesta arancelaria, de la que este lunes se conocieron algunos detalles. El impulso de un nuevo fondo europeo, financiado con los propios aranceles. Y, por otro lado, el ministro de Economía ha incidido en el apoyo a negociaciones comerciales para reforzar nuevos mercados, “con prioridad en Mercosur, China o Indial, y, al mismo tiempo, para impulsar el mercado interno.

El presidente del Gobierno visita esta semana China y Vietnam para ampliar los mercados de nuestras exportaciones, y salvar los aranceles de Estados Unidos. Es la tercera visita en tres años de Pedro Sánchez a la segunda potencial mundial y el primer viaje oficial de España al país del sudeste asiático.

Con ambos, España tiene un importante déficit comercial (les compramos mucho más de lo que les vendemos) y el Gobierno busca equilibrar esta situación en un contexto de guerra comercial total en el que el tablero mundial se está reajustando a marchas forzadas. Las visitas de Sánchez son bilaterales pero coordinadas con la Comisión Europea. 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la convocatoria para el año 2025 de las ayudas a la cooperación, que se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC para el período 2023-2027 y serán por valor de 3,8 millones de euros, para apoyar a las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha a ejecutar un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta. Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC para el período 2023-2027.

En este sentido, la finalidad de esta línea es mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor mediante el apoyo a las Agrupaciones de Productores, con el fin de que el sector productor gane en dimensión económica, facilitando el poder de negociación con el resto de los eslabones de la cadena de comercialización. Por otro lado, pretende impulsar una mayor participación de las personas que trabajan en la agricultura en la generación de valor de sus propias producciones.

Tal como establece la convocatoria, se concederán ayudas a las agrupaciones de productores o APPas reconocidas que ejecuten un plan de comercialización conjunta de un máximo de cuatro años, el importe de la ayuda podrá alcanzar los 340.000 euros por agrupación.

Esta línea de ayuda está cofinanciada en un 73 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); en un 18,90 por ciento con fondos propios de Castilla-La Mancha y en un 8,10 por ciento por fondos de la Administración General de Estado.

Línea estructurada en dos partes

Está línea de ayudas se ha estructurado en dos partes, la primera relativa al reconocimiento de agrupaciones de productores de productos agroalimentarios y su inscripción en el Registro de Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha.

En ese sentido, puede reconocerse una agrupación constituida por al menos dos industrias agroalimentarias que produzcan un mismo producto en Castilla-La Mancha, con el fin de comercializarlo en conjunto aplicando un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta. Este Plan se ordenará en un calendario de cuatro años máximo con actuaciones de naturaleza comercial, análisis de mercado, recursos humanos, inversiones para comercialización y promoción, marketing y publicidad.

La segunda parte son las ayudas a agrupaciones reconocidas para ejecutar un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta de sus productos a las que podrán acogerse las Agrupaciones de Productores de nueva creación y también las Agrupaciones de Productores ya existentes, que lleven a cabo una nueva forma de cooperación o una nueva actividad de cooperación.

Esta ayuda también se contemplada en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2022 en el que, gracias a la misma, se crearon 15 APPaas a las que se les concedió una ayuda total de 5,2 millones de euros.

El Ayuntamiento de Granada ha dejado escapar otro millón de euros en fondos europeos Next Generation (NG) por no cumplir con los plazos marcados por la Unión Europea para llevar a cabo un proyecto de renovación de la maquinaria que expende los abonos de transporte. En concreto, el Consistorio, actualmente en manos del PP, no ha logrado ejecutar el proyecto que se suscribió durante la etapa del PSOE porque la empresa adjudicataria no ha cumplido su parte ni el equipo de Gobierno ha rescindido el contrato a tiempo. El Ayuntamiento se defiende alegando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y la oposición le afea que no haya actuado a tiempo.

Por este hecho Granada renuncia a los 987.820 euros que la Unión Europea había puesto a su disposición para renovar el sistema de billetes que se utilizan para el transporte urbano. Un sistema que está anticuado y que podía modernizarse gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado con los fondos NG de Europa y que promueve políticas para tener un transporte público sostenible e inteligente.

No es la primera vez que el Consistorio que dirige la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) pierde financiación europea. Durante 2024 también dejó escapar 1,27 millones de euros para políticas de empleo porque la propuesta que se presentó a la convocatoria quedó la última de todas las que optaron. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Granada pierde casi un millón de euros porque la empresa que debía llevar a cabo la modernización del sistema de abonos de transporte no lo hizo, dilatando en el tiempo su actuación con excusas que desde el equipo de Gobierno no frenaron a tiempo para resolver el contrato y buscar una alternativa para no perder los fondos europeos.

Así viene recogido en un informe interno del propio Ayuntamiento de Granada, al que ha tenido acceso este medio, y así lo denuncia el PSOE, principal partido de la oposición y el mismo que suscribió el convenio durante su último mandato al frente del Consistorio en el año 2023.

Un año de retrasos y falta de reacción

El contrato, adjudicado el 8 de febrero de 2023 a la empresa VNE España SCM S.L., tenía como objetivo la sustitución de las máquinas expendedoras y validadoras del transporte urbano. Un sistema más moderno, con tecnología contactless, datáfonos y reciclaje de monedas para facilitar el pago. Un proyecto de modernización que tenía que estar acabado antes del 31 de diciembre de 2024 para poder acceder a los fondos europeos.

Sin embargo, pese a que el contrato se adjudica en febrero de 2023, no es hasta enero de 2024 cuando se produce el primer encuentro entre el actual equipo de Gobierno y la empresa. Ya desde ese momento, el Ayuntamiento fue acumulando pruebas de que la empresa adjudicataria no cumpliría los plazos. En la primera reunión con la compañía, según se recoge en el informe, ya hubo dudas sobre el diseño de las máquinas. En marzo, el Consistorio envió correos urgentes pidiendo información sobre los avances del proyecto. En mayo y julio, las reuniones confirmaron que no había ni una sola máquina lista. A pesar de ello, el contrato no se rescindió.

Cuando en septiembre la empresa aseguró que la instalación empezaría “en breve”, el Ayuntamiento confió en esa promesa, aunque el informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía confirma que en octubre ni siquiera existían los dispositivos y que la fabricación se había retrasado indefinidamente. En noviembre, la empresa solicitó una prórroga de 90 días, pero la normativa europea no permite extender los plazos en estos casos. Para entonces, ya era demasiado tarde y el Ayuntamiento de Granada se había quedado sin margen de maniobra.

El documento interno del Ayuntamiento señala que, a pesar de las repetidas peticiones, la empresa adjudicataria nunca llegó a presentar un modelo funcional de las máquinas expendedoras y validadoras. En varias reuniones, el Consistorio pidió a la compañía agilizar la producción y envío de los dispositivos, especialmente después de que en marzo se confirmara que ni siquiera se había comenzado la fabricación. A pesar de ello, el equipo de Gobierno no tomó ninguna medida para rescindir el contrato y buscar otro proveedor, confiando en promesas que nunca se cumplieron.

Además, el informe advierte de que la falta de ejecución del contrato no solo implicaba la pérdida de los fondos europeos, sino que podría suponer penalizaciones adicionales al Ayuntamiento por no cumplir con sus compromisos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La normativa de estos fondos no permite prórrogas y el Ministerio de Transportes obliga a que se devuelvan los fondos ya que se ha justificado su uso.

Una gestión “desastrosa”

Así, la suspensión del contrato ha supuesto la pérdida del 90% de la subvención de los fondos Next Generation, además de otros 814.000 euros de una subvención vinculada al Consorcio de Transporte de Granada para la implementación de la nueva tarjeta DESFire EV2, que permite el pago contacless. En total, más de 1,8 millones de euros que se tenían que haber invertido en la modernización del transporte público y que ahora, si el plan se llevara a cabo, tendrían que correr a cargo de las cuentas municipales, según se señala en el informe consistorial.

Desde el PSOE, la concejala Raquel Ruz ha calificado la gestión del PP como “desastrosa”, acusando al equipo de gobierno de “robar a los granadinos la posibilidad de tener un sistema de billetes acorde a las necesidades del siglo XXI”. Ruz defiende que el contrato se dejó listo para su ejecución, pero que “en 24 meses no han sido capaces de materializarlo a pesar de contar con una prórroga incluida”.

El equipo de gobierno, por su parte, se defiende asegurando que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, lo que impidió que se llevase a cabo el proyecto y que el contrato, en todo caso, fue firmado bajo el mandato del PSOE. Sin embargo, el informe del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este medio confirma que el equipo de Gobierno no tomó medidas a tiempo para rescindir el contrato y buscar una solución alternativa, a pesar de que entre mayo y julio del año pasado ya era evidente que la empresa no cumpliría con su parte.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la resolución conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2025-2026 en Extremadura por un importe global de 656.975.000 euros.

Las cuatro líneas de subvención convocadas comprenden las directas a la agricultura y ganadería; los pagos correspondientes a las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 relacionados con compromisos medioambientales, climáticos y de gestión; las de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y las subvenciones al mantenimiento de sistemas agroforestales.

El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará el 1 de febrero de 2025 y finalizará el día 30 de abril de 2025, ambos inclusive.

La Junta explica que la solicitud única se realizará, cumplimentará y registrará a través de la aplicación del Sistema de Gestión de Ayudas (SGA).

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un decreto por el que se regulan las especialidades de la solicitud única de ayudas en Extremadura y los procedimientos derivados de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, otros pagos directos a la agricultura, la aplicación del Programa de Desarrollo Rural, la actualización de los Registros de Explotaciones Agrarias y de Operadores-Productores Integrados, entre otros.

La reseña del Consejo de Gobierno destaca que la novedad más importante de la nueva PAC (2023 a 2027) es su cambio de enfoque, pasando de ser una política de cumplimiento de normas, sobre todo basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias finales de las ayudas, a una política centrada en el rendimiento y obtención de resultados, mediante la consecución de unos objetivos generales y específicos.

Detalla que a lo largo del segundo año de aplicación de los planes estratégicos de la PAC (PEPAC), la Unión Europea ha adoptado distintas disposiciones normativas que afectan a varios reglamentos del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, regímenes en favor del clima, el medio ambiente o el bienestar animal.

También las modificaciones de los planes estratégicos de la PAC, la revisión de los planes estratégicos de la PAC y las exenciones de controles y sanciones.

Por ello, España presentó a la Comisión Europea una solicitud de modificación de su plan estratégico nacional que ha sido aprobada por la Comisión Europea el 30 de agosto de 2024.

Para posibilitar la aplicación en España de las modificaciones que se establecen en la normativa de la Unión Europea, se ha aprobado un Real Decreto, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común y que introduce modificaciones dentro del marco regulador sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común, entre otros aspectos.

Ante estos cambios normativos, la comunidades autónomas tienen la necesidad de establecer unas nuevas bases reguladoras de las especialidades de la solicitud única de ayudas y los procedimientos derivados de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.

“Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez”. El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, quizás el barón popular que menos tiene que perder en estos momentos por su delicada situación política tras la DANA, dio el pistoletazo de salida así este jueves en la sesión de control de las Corts a lo que parece un giro radical en el discurso del principal partido de la oposición en su ofensiva para tratar de arrastrar al Gobierno de Pedro Sánchez en la responsabilidad de la gestión de la riada que ha dejado 224 fallecidos en la provincia de Valencia.

Minutos después de estas palabras, la cuenta de X de Nuevas Generaciones compartió una información de un diario digital que informaba de una aportación de ayudas del Gobierno de 24 millones de euros a Gaza con el siguiente comentario: “Gaza, municipio de la provincia de Valencia”. A las 18.43 horas, la cuenta oficial del PP de la misma red social compartía un tuit en el que contraponía la supuesta ausencia de petición de ayudas del ejecutivo de Pedro Sánchez a la Unión Europea con el paquete de ayudas previsto para la ciudad palestina con el siguiente enunciado: “Si pides la ayuda en árabe llega antes”.

Este mismo viernes, lejos de retractarse, el portavoz del Ayuntamiento de Valéncia, Juan Carlos Caballero, también del PP, ha insistido en que las ayudas para Gaza “vendrían muy bien a los afectados por la DANA”.

Para entender este giro radical iniciado por Mazón, pero secundado por Génova, al menos desde sus redes sociales, hay tener en cuenta, entre otros, dos aspectos: un discurso de Vox muy similar pronunciado en el Ayuntamiento de Madrid y las encuestas que afloran una caída de los populares frente a la extrema derecha.

El pasado 9 diciembre, Vox criticó que se otorgara una subvención directa de ayuda a Chad de 111.300 euros y otra de 83.553 euros a cinco municipios valencianos y ya empezó a alimentar el discurso de que se aprueban más ayudas para el exterior, en este caso para África, que para Valencia. En plena polémica por las palabras de Mazón y por los tuits del PP, el grupo de Vox en Madrid recordó este hecho en sus redes anoche a las 23.54 horas.

Al mismo tiempo, una encuesta encargada a principios del presente mes por La SER y El País confirmó que el PP acumulaba dos meses consecutivos de caída en estimación de voto, situándose, por primera vez en el mismo porcentaje que obtuvo en las elecciones del 23 de julio de 2023, esto es, un 33% (en noviembre el sondeo le daba dos puntos porcentuales más), mientras Vox encadenaba tres meses consecutivos de subida.

Frente a esto, parece que se ha impuesto en el PP la política del populismo más radical. Y es que, más allá que la comparativa entre Gaza y Valencia no se sostiene por la naturaleza de ambas situaciones (un conflicto armado en el que han muerto 40.000 personas frente a una catástrofe climática), con los datos oficiales en la mano el bulo es aún de mayores dimensiones.

Los datos: 1.468 millones ya abonados

Según los últimos datos del Gobierno publicados este viernes, del paquete de ayudas de 16.648 millones de euros aprobados por el Gobierno central para los afectados por la riada, se han abonado hasta ahora 1.468 millones de euros.

Con todo, algún dirigente del PP ya ha comenzado a desmarcarse de forma discreta de este discurso agitado por Mazón y por las redes sociales del partido, el cual ha sido criticado con dureza desde los partidos de Izquierdas al asegurar que fomenta el odio.

En concreto, el vicesecretario de cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha pasado de puntillas sobre la cuestión al asegurar en 'La Mirada Crítica' de Telecinco sobre estos mensajes que “no es necesario entrar en comparaciones, desde luego, con ningún otro lugar, ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo” y que para él Twitter “es un escenario absolutamente tóxico” en el que el lenguaje se aleja de lo que el considera que “debe ser” la política.

Este mismo viernes, Mazón se ha reafirmado en sus palabras y ha afirmado desconocer “la opinión personal” de Sémper. “Yo lo que he visto --ha apostillado-- es que la opinión del Partido Popular ayer era exactamente esta, que es la que reflejó en todas sus redes el PP. Lo que haya dicho a nivel personal Borja Sémper yo lo desconozco, no lo sé”. Sobre las ayudas del Gobierno a Gaza ha insistido en que no tienen “dinero del Gobierno a fondo perdido para todas nuestras infraestructuras sociales, educativas y sanitarias y en plena emergencia, el Gobierno ha decidido darle un dinero a fondo perdido muy importante a Gaza. Las dos cosas son verdad y, por tanto, me mantengo en lo que he dicho”.

El bulo de las ayudas europeas: se comenzaron a tramitar el 4 de noviembre

Este no ha sido el único capítulo dentro de la estrategia de los conservadores para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez por medio de la gestión de las ayudas. Recientemente, fue la alcaldesa de València, María José Catalá, la que, en un viaje a Bruselas, trató de trasladar la idea de un supuesto retraso del Gobierno en la petición de ayudas del Fondo de Solidaridad Europeo, puesto que el plazo para solicitarlas finaliza el próximo 21 de enero y aún no se ha presentado la documentación: “La primera sorpresa y la hemos recibido con muchísima preocupación es que el Gobierno de España aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad, más de dos meses después de la DANA. Exigimos que lo soliciten cuanto antes porque el plazo termina el 21 de enero y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios” dijo.

El Ministerio de Hacienda, tal y como avanzó elDiario.es, mostró la carta oficial por medio de la que el Gobierno comunicó a la Comisión Europea el pasado 4 de noviembre todas las ayudas a las que iba a optar, entre ellas las del Fondo de Solidaridad. A partir de esa comunicación formal, tal y como explicaron desde Hacienda, se iniciaba el plazo para recabar toda la documentación para justificar el montante de los fondos solicitados, algo que siempre se hace apurando el plazo y que como ya se dijo, se hará en tiempo y forma entre el lunes y martes de la semana que viene

Gan Pampols, el vicepresidente de Mazón que tumba sus bulos

En medio de esta polémica irrumpió el vicepresidente del Gobierno valenciano fichado por Mazón, Francisco José Gan Pampols, que haciendo un ejercicio de responsabilidad, se desmarcó de las críticas del PP y avaló las explicaciones del Ministerio de Hacienda:  “Todos los países suelen agotar los plazos porque a medida que se agota el plazo el nivel de detalle al que se llega respecto a la valoración del daño es mejor”, dijo.

Esta actitud, la de alejarse de los bulos, le valió el reproche de Vox este jueves en la sesión de control de las Corts. El portavoz del partido de extrema derecha, José María Llanos, puso el punto de mira en el teniente general jubilado, de quien se preguntó si no “estaría mejor callado”. Llanos le acusó también de “hacerle el juego” al Gobierno.

No es la primera vez que Gan Pampols se desmarca del PP. En una de sus primeras declaraciones como vicepresidente aseguró sobre la respuesta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, día de la tragedia, que el sistema de emergencias y alertas falló: “Se podían haber salvado vidas”, aseguró.

Además, mientras que el PP acusaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de opacidad por el silencio de su presidente, Miguel Polo, desde el día de la DANA, Gan Pampols se reunió con el propio Polo en un encuentro que fue calificado como “cordial”. Difícilmente se puede acusar a un organismo de esconder algo tras reunirse con un vicepresidente del Gobierno valenciano: un nuevo globo pinchado por el teniente general jubilado.

Tampoco dudó Gan Pampols en alegar contra uno de los decretos estrella aprobados por el Gobierno de Mazón para agilizar la reconstrucción flexibilizando la legislación urbanística en las zonas afectadas. Gan Pampols, fichado expresamente para dirigir precisamente la reconstrucción, alegó para que sus informes fueran preceptivos, aunque no vinculantes, antes de aprobar cualquier tramitación urbanística, una alegación que fue aceptada.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores y ganaderos como profesionales del campo, que incluye una línea de mejoras en sus explotaciones, por un importe total de 57 millones de euros hasta 2026.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras y las normas de aplicación del régimen de ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores, así como las subvenciones a las inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias realizadas por estos con ocasión de su primera instalación en Extremadura.

El decreto contempla además las convocatorias de ambas ayudas con un presupuesto total de 57 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Extremadura. Este decreto contempla dos novedades. La primera es que la convocatoria permanecerá abierta durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026, para que tengan tiempo de diseñar su explotación. La segunda es que podrán solicitar las dos ayudas a la vez: la de establecimiento como agricultor y la de mejora de la explotación.En el caso de las ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores, la cuantía es de 35.000.000 euros.

La norma recoge que podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas o jurídicas y explotaciones de titularidad compartida que, reuniendo las condiciones para ser joven agricultor, se establezcan en una explotación prioritaria por primera vez.

La ayuda consiste en una prima básica, que se establece en 20.000 euros, cantidad a la que se le podrán sumar hasta 50.000 euros en incrementos, resultando un máximo de 70.000 euros de ayuda, en función de que el plan empresarial recoja la puesta en marcha de la explotación, la generación de empleo adicional o alguna otra de las circunstancias que se detallan en el decreto.

Esta norma contempla también subvenciones destinadas a incentivar la modernización y/o mejora de las explotaciones agrarias llevadas a cabo por jóvenes agricultores, que cuentan con una dotación de 22 millones.

Las inversiones subvencionables incluyen, entre otras, la construcción o mejora de naves agrícolas o ganaderas, la instalación de energías renovables para consumo de la explotación, la transformación y comercialización de los productos agrarios, nuevas plantaciones o renovación de cultivos o la adquisición de maquinaria agrícola nueva y equipamiento, incluyendo programas informáticos.

La cuantía de la ayuda se establece en un porcentaje básico del 45% de la inversión financiable, que podrá incrementarse hasta un máximo del 60% de ésta, con un volumen máximo objeto de ayuda acogida al PEPAC de 75.000 euros por unidad de trabajo agrario (UTA) prevista, sin superar 150.000 euros por explotación. 

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado hoy partidario de pedir responsabilidades políticas sobre la gestión de la DANA. “Por supuesto que habrá que pedir explicaciones y habrá que pedir las responsabilidades públicas a quienes tenían la obligación competencial y legal de gestionar la emergencia”, ha dicho, a preguntas de los medios sobre la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, según recoge Europa Press.

A reglón seguido, matizaba que esa petición de responsabilidades políticas deberá hacerse en “cada punto” del territorio español donde se produjo una emergencia, en este caso en la Comunitat Valenciana, en Castilla-La Mancha o en Andalucía, .

Paco Núñez cree que eso deberá hacerse “cuando toque” porque “ahora no me van a encontrar en ningún tipo de conflicto con nadie porque lo que me preocupan son las personas que lo han perdido todo”, ha zanjado.

Lo decía durante una rueda de prensa en Toledo donde ha pedido al Gobierno de Emiliano García-Page que “aproveche los recursos disponibles de la Unión Europea para ofrecer ayudas inmediatas” tanto a las familias como a las empresas de las localidades afectadas por la DANA.

Page, “sin acciones concretas ni dotación presupuestaria”

Se ha referido al anuncio del presidente castellanomanchego la pasada semana cuando fijaba un plazo de quince días para conocer el borrador de los primeros documentos de los llamados “planes de recuperación y mejora” para Mira (Cuenca) y Letur (Albacete). Paco Núñez ha comentado que el PP esperaba conocer “antes” los detalles de la acción de gobierno para los municipios afectados y ha puesto el foco en que se trata de “algunos anuncios sin acciones concretas ni dotación presupuestaria”.

Elevar una petición ante el Comité de las Regiones con un aumento de las ayudas europeas destinadas a catástrofes naturales no sirve de nada, ya que este comité es un órgano no ejecutivo, que no toma decisiones

Ha dicho que planteará una “actitud constructiva y de aportar soluciones” y que ha mantenido conversaciones permanentes con la secretaria de Asuntos Europeos del PP regional, Eva Poptcheva, “para analizar posibles acciones para que la Unión Europea pueda ayudarnos”. En su opinión, la propuesta de Emiliano García-Page de pedir ante el Comité de las Regiones un aumento de las ayudas europeas destinadas a catástrofes naturales “no sirve de nada”, ya que “este comité es un órgano no ejecutivo, que no toma decisiones”.

Será un buen lugar, en su opinión, “simplemente, para poner el foco en Castilla-La Mancha y en España”, pero cree que los castellanomanchegos necesitan “acciones concretas, medidas y soluciones” y que el Comité de las Regiones “no es el lugar”.

En su lugar propone tres alternativas que pasan por la elaboración de un informe de evaluación de necesidades para la reconstrucción y acceder así al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea; un cambio en los fondos de cohesión para utilizarlos en las localidades golpeadas por la DANA; y un plan modificado de fondos Next Generation para la reconstrucción.

Paco Núñez ha recordado el anuncio de Pedro Sánchez para pedir a la Comisión Europea el dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las labores de reconstrucción y, abunda, eso implica y obliga una memoria que evalúe las necesidades, por lo que ha preguntado al Gobierno de Page si ha preparado ya esa memoria con las necesidades para la reconstrucción de los lugares afectados por la DANA para optar a ese fondo de solidaridad. En este sentido ha pedido que la haga pública “para conocerla y mejorarla”.

Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se utilicen los fondos de cohesión europeos para paliar los efectos de la DANA. Una propuesta que ya ha avanzado el Gobierno regional y que también planteará ante el Comité Europeo de las Regiones.

 También sugiere plantear un plan modificado a la Comisión Europea para que los fondos Next Generation “no vayan a su destino inicial, sino a paliar los efectos de la DANA en los municipios de la región”.

Insiste en habilitar el Fondo de Contingencia

De igual forma, el líder de los 'populares' en la región ha recordado cómo, la pasada semana, pidió la puesta a disposición de las familias y empresas afectadas por la DANA de los 14,5 millones de euros que están disponibles en el Fondo de Contingencia que “se activan con una decisión política del presidente y el consejero del ramo”, y ha explicado que “nos gustaría saber por qué, en lugar de destinar recursos a tensionar el debate con sus portavoces del PSOE, no han contestado a si usarán el fondo de contingencia” para ayudar a los afectados de la pasada semana. 

Además, ha recordado que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula el fondo de contingencia, una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Sin duda, y según Núñez, “esto es una emergencia y esos 14,5 millones debería destinarse a la reconstrucción de los pueblos como Letur y Mira, que han perdido infraestructuras, que sus vecinos han perdido viviendas, negocios, o vehículos”.

Núñez ha concluido asegurando que “vamos a seguir en aportar soluciones” para devolver la normalidad, y ha señalado como un “error” y “poco procedente e inadecuada” la actitud del gobierno de Castilla-La Mancha que quiere pasar página y estar a otra cosa, cuando han fallecido siete personas y la DANA se ha llevado por delante dos pueblos.

El PSOE le acusa de hacer “política carroñera”

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de “populismo” y hacer “una política carroñera” ante catástrofes como la DANA.

En el transcurso de una rueda de prensa, Abengózar ha tachado de “ocurrencias” y “mentiras” las declaraciones del dirigente 'popular' al respecto. “Después de 15 días los castellanomanchegos tienen claro lo que han hecho unos y lo que han hecho otros en la gestión de esta triste DANA”, ha manifestado.

Ha defendido que en Castilla-La Mancha la “prioridad absoluta” ha sido encontrar a los desaparecidos y que, una vez se ha producido este hecho, se ha puesto a disposición de las zonas afectadas “todos los recursos que sean necesarios” para recuperarlas económica y socialmente.

“Esto lo tiene claro todo el mundo y lo que ha hecho Paco Núñez es sacar ese manual ante las catástrofes de mentir y hacer política carroñera”, ha indicado, para pedirle al responsable regional del PP que sea “buen político y buena persona”. “No está reñido lo uno con lo otro”, ha zanjado.

Preguntada por la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Abengózar ha lamentado que el PP sea “una incoherencia detrás de otra”. “Habrá que valorar, y ante una catástrofe lo que hay que hacer es ponerse a trabajar todos codo con codo. Y el Gobierno regional y el de España lo han hecho”, ha concluido.

“Europa está lista para ayudar”. Esas fueron las palabras de Ursula von der Leyen al día siguiente de que la DANA destrozara municipios en el este de España y se cobrara la vida de más de al menos 211 personas. Una semana después, la Comisión Europea seguía insistiendo en que está “lista” para “prestar asistencia” a las autoridades españolas. Pero, ¿qué es lo que puede hacer la UE? Por un lado, pone a disposición de los estados miembros el Mecanismo de Protección Civil para enviar recursos operativos que puedan servir en el momento de la emergencia y que se han solicitado este viernes. Por otro lado, a medio plazo se dispone del Fondo de Solidaridad para canalizar ayuda financiera para hacer frente a los daños que dejan las catástrofes naturales. Y un balón de oxígeno: la flexibilización de la disciplina fiscal.

Pedro Sánchez ya ha anuncido la solicitud de ayuda financiera para hacer frente a la reconstrucción a través del Fondo de Solidaridad de la UE, que en Bruselas ya han anticipado que desembolsarán una parte para los siniestros en la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Para hacer la reclamación, España tiene doce semanas desde que se produjeron los primeros daños y tiene que presentar un balance que, posteriormente, la Comisión Europea analiza y decide qué montante entrega al país afectado, en función de los destrozos y del presupuesto restante en el fondo, que alcanza anualmente los 1.400 millones.

Por el momento, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno central 31.400 millones para enfrentar la catástrofe. Sánchez, por su lado, ha anunciado medidas por un valor de 10.600 millones. A falta de hacer un balance definitivo, los daños causado por la DANA superan, por tanto, con creces el presupuesto anual de la UE para este tipo de catástrofes naturales. Según los datos disponibles de la Comisión Europea –actualizados en enero de este año–, se han aportado 7.689 millones desde el año 2002.

El dinero se puede emplear para restablecer el funcionamiento de las infraestructuras en los ámbitos de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, el transporte, la sanidad y la educación; proporcionar alojamiento temporal y financiar servicios de rescate para satisfacer las necesidades de la población afectada; asegurar las infraestructuras preventivas y las medidas de protección del patrimonio cultural; o limpieza de las zonas afectadas por la catástrofe, incluidas las zonas naturales.

El mayor desembolso a través del Fondo de Solidaridad de la UE se produjo para hacer frente a los terremotos que sufrió Italia entre agosto de 2016 y enero de 2017: 1.196 millones para unos daños estimados de 21.879 millones, es decir, poco más de un 5% del total. Italia es el país que encabeza con mucha distancia el ranking de dinero percibido de ese fondo: 3.025 millones para doce catástrofes (desde terremotos hasta inundaciones). Grecia es el país que más veces lo ha recibido: un total de trece (terremotos, inundaciones, incendios y un ciclón), aunque la cuantía se limita a 151 millones.

100 millones para seis catástrofes en España

La mayor catástrofe en términos de daños económicos se registró en las inundaciones de Alemania de julio de 2021 y alcanzaron los 29.213 millones de euros. En aquella ocasión, se desembolsaron 612 millones de euros del fondo de solidaridad de la UE (apenas un 2% del total).

En el caso de España, ha recibido 100 millones de euros para encarar seis catástrofes en las últimas dos décadas. El último siniestro fue la erupción del volcán de La Palma, que dejó unos daños de 1.000 millones de euros y la UE aportó, a través del Fondo de Solidaridad, 9,45 millones. En la DANA de 2019, que dejó unos destrozos de 2.269 millones, se recibieron 56,7 millones. En el caso del terremoto de Lorca, la UE aportó 21,1 millones para ayudar a la reconstrucción valorada en 843.

Con motivo de las inundaciones en Polonia el pasado mes de septiembre, Ursula von der Leyen planteó la flexibilización de los fondos de la política de cohesión o de la Política Agrícola Común (PAC). “Los cambios propuestos ofrecerán a los Estados miembros más flexibilidad para utilizar parte de los Fondos de la Política de Cohesión para reparar infraestructuras y equipos dañados por catástrofes relacionadas con el clima, proporcionar alimentos y asistencia material básica, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria para todos y apoyar temporalmente la financiación de regímenes de trabajo a jornada reducida de una manera más flexible. La propuesta aumentaría el porcentaje de prefinanciación para que las autoridades de gestión puedan acceder más rápidamente a la liquidación, y el presupuesto de la UE podría financiar hasta el 100% de los costes”, señalan fuentes de la Comisión Europea.

Entre las partidas a las que se ha referido Sánchez, están Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que para el periodo 2021-2027 tiene asignado un monto total de 226.000 millones de euros, y al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el principal instrumento destinado a invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y dotado con un presupuesto de 142.700 millones de euros, informa Europa Press.

Además de reasignar fondos de cohesión o del plan de recuperación a la reconstrucción de las zonas más afectadas por los destrozos de la DANA, la Comisión Europea se ha abierto a flexibilizar las reglas fiscales. “La Comisión Europea continuará proporcionando todo el apoyo necesario a España en esta difícil situación. Esto también concierne a las reglas fiscales”, explicó el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. El nuevo corsé fiscal que acordó la UE a principios de este año, tras cuatro suspendido para permitir el gasto expansivo para superar la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, prevé “disposiciones sobre acontecimientos importantes que escapan al control del Gobierno”. Esas cláusulas da un cierto margen, por tanto, para que los gastos extraordinarios no computen como déficit.

Petición de recursos una semana después

Este viernes las autoridades han reclamado la ayuda extra del mecanismo europeo de protección civil. La queja de muchos de los vecinos afectados por el siniestro de que no hay maquinaria suficiente para proceder con las tareas de limpieza necesarias ha obligado a la Generalitat valenciana a solicitarlo a través del Gobierno de España.

El Ministerio del Interior ha solicitado cien equipos de bombeo de alta capacidad y 50 expertos de Asistencia Técnica y Apoyo (TAST) para intervenir en las comarcas valencianas afectadas por la DANA.

Esa herramienta se ha activado 700 veces desde su implementación en 2001. Una de las últimas fue en septiembre a petición de Polonia y República Checa, que reclamaron solicitaron deshumidificadores y mecanismos para el tratamiento del agua que le enviaron otros países, como Alemania o Suecia.

Fuentes comunitarias explican que España ya había ha solicitado en el pasado este mecanismo para atajar incendios. Entre los medios que ofrecen los socios de la UE hay suministros como kits de primeros auxilios, equipamiento de refugio y de extinción de incendios, bombas de agua, generadores de electricidad y combustible.

El Gobierno de España tiene en marcha actualmente una inversión de 72 millones de euros para modernización y transformación de regadíos en Castilla-La Mancha entre 2021 y 2027, y dentro de esta partida, en las próximas semanas se adjudicará en el Consejo de Ministros una obra para regadíos en Toledo por más de 14 millones.

Un dato que ha ofrecido la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la inauguración de la Primera Jornada Técnica sobre el Regadío en la Cuenca del Tajo y proyecto de futuro celebrada este jueves en Guadalajara, encuentro en el que también han estado el presidente de Fertajo, Primitivo Gómez y el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares, Angel Estremera.

García Bernal ha puesto de manifiesto el compromiso del Ministerio de Agricultura con el sector de regadío tras aludir también a otras cinco obras “importantes” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por 37 millones más en Castilla-La Mancha, de las cuales, dos están finalizadas ya, otra está a punto de concluir en diciembre, otra en ejecución y una última pendiente de adjudicarse.

Esta inversión de 72 millones está conformada por fondos del Ministerio de Agricultura, fondos europeos y los del Plan de Recuperación.

A nivel nacional, desde este Ministerio hay contemplada una inversión de 1.330 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en colaboración público-privada en este mismo periodo con 96 actuaciones, de las que el 85% están en ejecución o en licitación, es decir, unas 78 obras.

Apuesta por la modernización de regadíos

Tras destacar su apoyo al sector agrario, ha aludido también a una inversión público-privada sin precedentes, que asciende a 2.400 millones de euros hasta el 2027 para esa modernización y digitalización de los sistemas de riego.

“Hay una apuesta firme por la modernización de regadíos, la digitalización y la innovación, porque todo eso redundará en el relevo generacional del sector agroalimentario”, ha precisado la número 2 del Ministerio de Agricultura, convencida de que el presente y futuro de las comunidades de regantes pasa precisamente por esa modernización.

En opinión de García Bernal, las “comunidades de regantes tienen muy claro que su presente y su futuro pasa por la modernización” y eso pasa por una mejor utilización del agua y de la eficiencia energética.

Según la número dos del Ministerio de Agricultura, los agricultores están “absolutamente concienciados” de ello porque “ese es el futuro del sector agroalimentario”, asegurando que el Gobierno de Castilla-La Mancha está invirtiendo también mucho a través de subvenciones de los Fondos Europeos, tal y como hizo Extremadura, y que van directamente a las comunidades de regantes para proyectos más pequeños de modernización.

Castilla-La Mancha, eficiente en el riego

En cualquier caso, según García Bernal, Castilla-La Mancha “es eficiente en el riego”, y tiene pendiente obras muy importantes en Ciudad Real por 21 millones o la que se va a adjudicar en las próximas semanas en el Consejo de Ministros de 14 millones en Toledo.

“Castilla-La Mancha va a seguir haciendo sus deberes”, ha subrayado.

La secretaria de Estado ha evidenciado el compromiso del Ministerio de Agricultura con la Comunidad de Regantes del Canal de Henares para financiar con el convenio clásico el 50% de la obra una vez que hagan el proyecto de ejecución.

Para el presidente de Fertajo, Primitivo Gómez, las jornadas que este jueves se celebran en Guadalajara marcan un camino nuevo para compartir soluciones y problemáticas con el fin de conseguir una mayor eficiencia, respeto al medio ambiente y ahorro económico en los regadíos.

Para Gómez, la ayuda de las administraciones es “imprescindible” porque llevar a cabo la modernización de los regadíos es algo muy costoso, y para ello considera vital eliminar las pérdidas de agua de los canales que aún están “obsoletos”, incrementar el riego por goteo frente al riego por inundación y tener garantizado que los nutrientes de los cultivos van a las plantas y no se pierden en los cauces de los ríos.

Según Gómez, tienen ahora en marcha muchos proyectos, reconociendo que según los datos que tienen, el 60% del regadío que hay en España está ya modernizado y creen que es imprescindible recuperar la tarifa eléctrica de riego porque los costes eléctricos son muy altos.

En el caso de Guadalajara, según el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, presente en estas jornadas, esta provincia cuenta aproximadamente con un 8% de regadío de tierra cultivable, lo que se traduce en unas 10.000 hectáreas a las que se sumarán próximamente otras 1.600 en el entorno del río Badiel, en Puebla de Valles y en la zona de Río Gallo.

Escudero ha cuantificado este compromiso con las comunidades de regantes de esta provincia en más de ocho millones de inversión, destacando también la próxima puesta en marcha de un nuevo regadío en Cogolludo, con una inversión de más de 6 millones, o los que se van a poner en marcha en el entorno de Almoguera o los de Illana-Leganiel.

Precisamente, sobre este último ha señalado que están a punto de concluir las obras, esperando que en el primer semestre de 2025 se pueda poner en funcionamiento.

Por último, el delegado ha vuelto a destacar la importancia de la interconexión entre Alcorlo y Beleña, una obra que cree muy importante para la provincia que sería vital que se incorporarse al siguiente Plan Hidrológico del Tajo para hacer realidad esta infraestructura tan importante para la provincia en términos agrícolas.

Un total de 194 municipios de Castilla-La Mancha, así como las cinco diputaciones provinciales, recibirán casi 38 millones de euros para sufragar la reparación de los desperfectos provocados por la DANA que afectó a la región entre los meses de agosto y septiembre del pasado año y que provocó además la muerte de cuatro personas en la comunidad autónoma.

Así lo ha desgranado la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha explicado que este dinero será entregado a las diputaciones, que serán las que a su vez lo destinarán a los ayuntamientos.

En concreto, en la provincia de Albacete 16 municipios recibirán 7.440.373,93 euros; en Ciudad Real, 24 localidades recibirán 823.681,48 euros; en Cuenca 89 ayuntamientos recibirán 12.133.266,70 euros; en Guadalajara 9 municipios recibirán 893.874,08 euros y en la provincia de Toledo 56 ayuntamientos recibirán 15.961.487,28 euros.

Como ejemplo de algunos de los ayuntamientos que recibirán una mayor cuantía del Gobierno central, la delegada ha detallado que Toledo recibirá 1.113.326,64 euros para sufragar un total de nueve proyectos, Talavera de la Reina costeará 16 proyectos con 1.952.482,21 euros, Numancia de la Sagra recibirá 935.619,78 euros para dos proyectos o Cuenca afrontará nueve proyectos con 790.000 euros.

Milagros Tolón ha especificado que estas ayudas servirán para sufragar la reparación de infraestructuras e instalaciones, así como servicios de titularidad municipal y, en el caso de las diputaciones, redes viarias.

“En cuestión de semanas”

El dinero, ha comentado, llegará a los ayuntamientos “en cuestión de semanas”, ya que las ayudas saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “en los próximos días” y en las próximas semanas se activará “para que lo reciban cuanto antes”.

Tolón ha querido ensalzar el trabajo realizado por las cinco subdelegaciones del Gobierno en la tramitación de los expedientes porque los revisó y envió al Ministerio “con la mayor premura”, una labor culminada ahora con la entrega de las cuantías a los ayuntamientos afectados. También ha querido reconocer la labor de las diputaciones provinciales, que serán quienes gestionen las ayudas y las hagan llegar a cada una de las 194 localidades castellanomanchegas que las recibirán.

Asimismo, ha defendido que desde el inicio de la emergencia, el Gobierno central “ha actuado con celeridad y reducido mucho los tiempos de respuesta” a unos acontecimientos “tan desagradables”. “Hemos reafirmado nuestro compromiso con Castilla-La Mancha y con acelerar la tramitación de las ayudas y acompañar a las diputaciones y ayuntamientos”, ha aseverado.

Es por ello por lo que ha insistido en que “a pesar del intento de algunos partidos de ocultarlo, de desviar la atención y embarrarlo todo”, el Gobierno “responde a las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de sus empresas y de sus municipios”.

“Hoy muchos alcaldes, alcaldesas y vecinos estarán contentos con esta aportación tan importante del Gobierno”, ha apostillado.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural 'Serranía Celtibérica' ha aprobado un manifiesto en el que solicita a la Unión Europea que declare los Montes Universales en situación de 'catástrofe demográfica'.

Explican que los Montes Universales constituyen un área denominada 'NUTS no administrativa', con un censo de 7.628 habitantes en una extensión de 5.379 kilómetros cuadrados, 1,41 habitantes por kilómetro cuadrado, comprendiendo 76 entidades locales de las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara.

Con la declaración de 'Catástrofe demográfica', Serranía Celtibérica pretende que los Montes Universales tengan el mismo trato que se dispensa a Laponia en los fondos de carácter estructural por tener una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

“Para atraer empresas que generen puestos de trabajo se debe contar con los mismos beneficios fiscales que disfrutan los 2.172.994 habitantes de Canarias, en razón de su insularidad ultraperiférica”, han continuado.

Han propuesto que se concedan unas ayudas estatales de finalidad regional del 60% a las grandes empresas de nueva creación, del 70% para las medianas y 80% para las pequeñas, “y no las del 20% ya otorgadas a Teruel y Soria”.

Además, un impuesto de sociedades del 4% y una reducción hasta del 90% de los beneficios netos no distribuidos, entre otros; un Impuesto General Indirecto o IVA similar al canario, general del 7%, del 3% para industrias como la maderera y transportes, del 0% en productos sanitarios, viviendas de protección oficial y en la potencia y energía de la factura de la luz. Una Política Agraria Comunitaria (PAC) similar al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEICAN) y que suponga, en cifras actualizadas, un pago por oveja de 21,06 euros, y no los 11,83 que recibieron los ganaderos de los Montes Universales en la etapa 2014-2020.

Otras propuestas son las ayudas a las personas residentes para sus desplazamientos a los centros de servicios y ocio existentes en la cabeceras de comarca y capitales de provincia y establecer complementos salariales y beneficios fiscales a médicos y funcionarios que residan más de la mitad del año en los Montes Universales.

“Además, los Montes Universales cuentan entre sus riquezas dos que deben ser compensadas. Una es el agua, pues con los ríos que nacen en su territorio se alimenta el trasvase Tajo-Segura, sin que la Cuenca Hidrográfica del Tajo revierta parte de los beneficios que genera”.

“Otra son las toneladas de CO2 que absorbe su extensa masa forestal, una de las mayores concentraciones europeas, cuya cuantificación se está realizando desde el Instituto Serranía Celtibérica”.

El objetivo de conseguir esta declaración por parte de la UE es “impulsar una política de repoblación, un desarrollo socioeconómico no especulativo y sostenible, basado en los recursos endógenos, promoviendo la colaboración para generar un empleo digno y duradero, para evitar la total desertización del territorio, y con ello la desaparición de la población que sustenta su sector agroalimentario y la memoria milenaria de la mayor parte de sus municipios, lo que supondría la desaparición de la cadena de custodia y de identidad del territorio, de su cultura popular y de su rico e irreemplazable patrimonio inmaterial, natural y cultural”.

Un congreso en Checa (Guadalajara)

Así lo han expuesto en el IV Congreso de la Red de Universidades 'Serranía Celtibérica' a la directora de la Red Española de Centros de Innovación Territorial, María Martos, los pasados días 27 y 28 de septiembre, en Checa (Guadalajara).

La experta Pilar Burillo Cuadrado ha explicado que los Montes Universales son una 'NUTS no administrativa' “por sus circunstancias económicas, sociales, históricas, culturales, geográficas y medioambientales'.

Burillo ha aseverado que este área es “la Zona 0 de la despoblación europea', ya que la Laponia finlandesa tiene 2,00 habitantes por kilómetro cuadrado y la situación de los Montes Universales ”es extrema, fruto de una continuada acción de discriminación sistémica o demotanasia“, con características como la fuerte desestructuración de su sistema de poblamiento, la pérdida de servicios, una tasa de envejecimiento del 580,28%, cuando la media española es del 122,88%, y una falta de relevo generacional, ya que solo el 5,08% son menores de 15 años.