La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 35 años sobre la que pesaba una prohibición de entrada y permanencia en el espacio Schengen, al figurar como persona no admisible en el territorio de los países que integran dicho espacio.

La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes de inspección, control y prevención que la Guardia Civil mantiene desplegados en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. Estas labores se desarrollan en estrecha coordinación con hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, alojamientos turísticos y campings, mediante la fiscalización del Registro de Viajeros.

Este sistema de trazabilidad y control documental constituye una herramienta estratégica para la seguridad ciudadana, ya que permite cruzar en tiempo real los datos de filiación de los huéspedes con las bases de datos policiales nacionales e internacionales. De este modo, se facilita la detección temprana de personas reclamadas por la justicia, la prevención de la delincuencia itinerante y el cumplimiento de la normativa en materia de extranjería e identificación.

Los hechos se desencadenaron cuando se activaron las alarmas tras registrarse la mujer en un albergue de la localidad de Navarrete. La transmisión inmediata de sus datos de filiación activó los protocolos de verificación de la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil.

De manera inmediata, varias unidades de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar. Tras identificar formalmente a la mujer y realizar las comprobaciones oportunas en las bases de datos de cooperación policial europea, los agentes confirmaron que se encontraba vigente la prohibición de entrada y permanencia en el espacio Schengen, por lo que procedieron a su detención.

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El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado que su país mantendrá de momento la suspensión del acuerdo comunitario de libre circulación entre Italia y España. Según ha detallado en una entrevista al diario Corriere della Sera, se replantearán la situación cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en territorio nacional español este sábado. Inicialmente, habían planteado estos controles hasta este sábado día 15 de agosto.

Tajani ha explicado en la entrevista que “veremos si las alarmas están bien fundadas y luego decidiremos”, en aparente alusión a la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta este fin de semana.

El ministro de Exteriores ha dicho que considera que, en relación a la crisis migratoria de Ceuta, España debería preocuparse por Marruecos y no por Italia puesto que es el aquel país “donde se originan los problemas”. “En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven al propósito de todos de impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa”, ha afirmado Tajani.

Las relaciones entre Italia y España viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria de Ceuta ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico por una “cuestión de seguridad” ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.

España, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estos controles, respondió con la misma medida suspendiendo el Schengen con Italia y restableciendo controles en los viajes procedentes de territorio italiano.

“Pero sin dramatizar la situación”, dice el jefe de la diplomacia italiana que recuerda que Italia mantiene suspendido el Schengen con Eslovenia desde hace dos años “porque es otra puerta de entrada a Italia y a Europa que está en riesgo”.

Respecto al anuncio de que Alemania devolverá a Italia a los inmigrantes ilegales que entraron por las fronteras de este país, Tajani indica que se está debatiendo este tema a la espera de que Europa decida la aplicación del tratado migratorio pero negó que haya tensiones entre Roma y Berlín por este tema.

“No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de (Pedro) Sánchez (presidente del Gobierno español) sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones”, ha agregado Tajani.

Los controles fronterizos impuestos por el Gobierno español a los viajeros con destino o procedencia en Italia no se están aplicando de momento en los puertos y aeropuertos canarios. Así lo ha asegurado una fuente oficial de la Policía Nacional a preguntas formuladas por este periódico sobre los refuerzos y los protocolos adoptados para hacer frente a esa medida en respuesta a la decisión del Gobierno italiano de imponer controles a las personas procedentes de España al acceder a su territorio.

La medida comenzó a aplicarse de inmediato en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona y a ella se han ido sumando otros recintos. Se esperaba que los puertos y aeropuertos canarios se empezaran a ver afectados desde este lunes, lo que según las fuentes consultadas no va a ocurrir de momento.

Canarias es una de las regiones con mayor presencia proporcional de residentes italianos, unos 60.000, mientras que de ese país acceden a las islas como turistas unas 800.000 personas al año, según el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Sorprendidos, moderadamente inquietos y, en algunos casos, algo indignados, aunque también risueños ante la perspectiva de pasar unos días de vacaciones en España, algo en lo que ayudó que fuera 8 de agosto. Así han llegado este sábado al aeropuerto de Barajas los viajeros procedentes de Italia. El motivo de su zozobra han sido los controles que el Gobierno español ha impuesto como respuesta a la suspensión del espacio Schengen decretada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esta se traduce en controles adicionales en un intento por parte de Meloni de tratar de impedir una supuesta llegada descontrolada de algunas de las personas migrantes llegadas a España en la última crisis con Marruecos, que se saldó con al menos 141 jóvenes fallecidos en las playas de Ceuta. El Ejecutivo español ha negado rotundamente que esto pueda suceder, ha acusado a sus homólogos italianos de hacer populismo con algo tan sensible como la migración y ha aplicado la ley del talión versión aeropuerto: control de frontera por control de frontera. En total, y según ha informado el Ministerio del Interior, desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas de este sábado se han practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.

Aunque es verdad que los controles españoles, según han relatado durante la jornada los propios viajeros, han sido laxos y muy aleatorios, lo que se traduce en que no se han llevado a cabo en todos los aviones aterrizados desde Italia y en que, en muchos casos, ha bastado, como mucho, con mostrar rápidamente que se estaba en posesión del pasaporte para poder pasar. Ni los portavoces del aeropuerto ni la Policía Nacional, cuerpo encargado de estas revisiones, han referido incidencias, ni siquiera en forma de colas de espera. Los agentes policiales, además, subrayan que ellos se han limitado a seguir las órdenes del Ministerio de Interior, que ha dado instrucciones de que el operativo se prolongue hasta el 7 de septiembre “salvo un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”. Es decir, hasta que quiera Meloni.

Decir que los italianos se encuentran en España un poco en casa y viceversa es algo más que un tópico. En 2025, 5,7 millones de viajeros italianos llegaron a España, según el INE. La cifra representa un crecimiento del 3,7% en el último año. Y 2026 va también camino de cifras récord, con 2,8 millones de viajeros italianos acumulados hasta junio, un 8,7% más que el año pasado a estas alturas.

En cuanto a los viajeros que llegan a Italia procedentes de España, una estadística experimental del INE que se basa en la posición de los teléfonos móviles arroja unos tres millones de turistas durante 2024 y 3,4 millones en 2025, un aumento del 13%. En lo que va de 2026 hasta junio, se han desplazado 1,6 millones desde España a Italia, un aumento del 26% con respecto a los 1,3 millones de 2025 a estas alturas. En total, entre los que van y los que vienen, 9,1 millones de viajeros andan pendientes de las tiranteces entre España e Italia. Y subiendo, porque hay uniones que no entienden de tácticas ni de diplomacia.

Forma parte de esta creciente comunidad de viajeros Elisa Fabbri, una formadora corporativa de 41 años que en la mañana del sábado salía del aeropuerto madrileño con una sola palabra en la boca: “Ridículo. Es ridículo que estemos en esta situación. Es un problema esencialmente político, porque entre la gente no hay ningún problema”. Ella ha llegado a la T4 desde Bolonia en uno de los pocos vuelos que han tenido que pasar el control de pasaporte adicional una vez aterrizaron. Lo primero, relata, fue un aviso: “La tripulación dijo que tendríamos que mostrar los pasaportes al salir y que, sin ellos, no podríamos pisar suelo español. Ahí, me preocupé un poco”. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la revisión no iba a ser precisamente exhaustiva: “Solo revisaban que teníamos los pasaportes. Y ya”.

En ese mismo vuelo iba Luca Sciroli, que piensa que, más que un control adicional al uso, se trataba más de una escenificación, un control solo para dejar claro que existen controles. Sciroli tiene 40 años, trabaja en el aeropuerto de Bolonia y, por tanto, tiene también la versión del otro lado: “A nosotros tampoco nos avisaron con mucho tiempo de que iban a poner controles a los españoles”. En la noche del viernes, cuenta, Iberia le advirtió vía email de que era posible que hubiera controles adicionales una vez llegaran a España. Tiene una opinión clara: “No creo que el Gobierno italiano esté en una buena posición para hablar de migración. Han intentado sacar una ventaja política”.

“He venido solo tres días y he venido sin ningún problema”, ha comentado casi a la carrera Giuseppe Simpatia, de 52 años. Daniele Mele, un ingeniero de Software de 21, ha llegado en un vuelo de Nápoles y solo ha tenido que presentar la documentación antes de abordar, como es preceptivo. “Todo esto son cosas de los políticos. Yo digo que hay que tener paz y amor”, ha comentado mostrando los dedos índice y el corazón y esbozando una sonrisa. Marco Brumat, de 59 años, se ha deslizado algo más: “No me gusta meterme en política. Sí diré que creo que estas cuestiones de las fronteras no son un problema”.

Enrico Sabini, de 55, se ha mostrado más extrañado: “No entiendo muy bien estos controles extra entre países tan cercanos. Leí algo antes de venir y creo que para nosotros no habrá mucho problema. Puede que tengan más problemas los que vengan de terceros países”.

“Hemos entrado en una espiral absurda”

A uno de esos terceros países pertenecen Leonardo Sarra, fiscal argentino de 60 años, y sus hijos, Felipe, un técnico de selección de recursos humanos de 35, y Santiago, de 13. “Aquí no tengo jurisdicción”, ha empezado bromeando el fiscal, antes de comentar que sí que les llegó el viernes un email avisando de que podían encontrarse controles extra. No fue el caso: una vez llegaron, ha relatado la familia, se toparon las preguntas de rigor en aduanas. “Si había controles adicionales, fueron flojos”, ha ahondado Sarra.

Los controles adicionales a Italia han sorprendido incluso a viajeros que no tenían nada que ver con el país. Guillermo Mazorra, un técnico de 52 años, esperaba a que su hija se fuera de viaje cuando ha comentado: “Creo que hemos entrado en una espiral absurda. Al final, si nos vamos poniendo controles unos a otros, perdemos todos”. Israel Pérez, un cubano nacionalizado español de 59 años que es encargado de mecánicos y esperaba a que su madre llegara de EEUU, se ha sumado también a la conversación estrella de la T4 este sábado: “Esto no debería ocurrir entre dos países europeos”.

Lejos ya de la algarabía del aeropuerto, Claudio y Daniela, que prefieren no dar sus apellidos, toman juntos el cercanías. En el camino, van comentando en voz alta el nombre de las estaciones mientras hablan de lo que van a hacer. Son dos auténticos expertos: es su décima vez en España. Por eso, recién llegados de Milán, lejos de caer en las trampas turísticas habituales, su plan es bajarse en Chamartín para alojarse en Getafe. Van a pasar una semana viajando por el centro peninsular.

Claudio, que tiene 41 años, es autónomo y está especializado en el mercado español, tiene también una opinión nítida que expresa una vez ha llegado su tren a Chamartín y se ha bajado para tomar la conexión: “No tiene sentido lo que ha hecho el Gobierno italiano. Es una estupidez, en mi opinión. En Italia no entendemos muy bien cómo podría ser ese proceso en el que los migrantes de Ceuta llegan al país por el aeropuerto, aunque tampoco estamos en general muy puestos en el problema, solo los que viajamos. Creo que se puede entender la respuesta de España”. Con sus maletas a cuestas, los dos se pierden por la estación dispuestos a conocer España una vez más, diga lo que diga la política internacional.

En la crisis de Ceuta solo ha actuado de manera impecable el pueblo ceutí. El Gobierno español solventó este nuevo episodio de un viejo problema con Marruecos sin hacer uso de la fuerza y priorizando la solución humanitaria pero evitando señalar al gobierno de Rabat para no agravar una situación que ha dejado más de cien muertos a uno y otro lado de la frontera. No es una solución definitiva, sino un aplazamiento diplomático que debilita su posición con el país vecino. La oposición, como es habitual en política exterior desde que gobierna Pedro Sánchez, eligió el bando contrario a los intereses de España con tal de desgastar al Ejecutivo y la UE no aprobó el test de resistencia, unidad y solidaridad entre aliados. Y después está el teatro ofrecido por Giorgia Meloni.

Cuando fue elegida, Meloni se arrogó la defensa de las fronteras ribereñas del Mediterráneo “desde Baleares hasta los estrechos turcos” pero ha sido incapaz de contener la inmigración ilegal que llega a sus costas procedentes de África y Oriente Medio. Los inmigrantes que llegan a la UE por mar lo hacen a través de Grecia (desde Siria), desembarcando en Lampedusa, Italia (desde Egipto, Libia, Túnez, Argelia) y llegando a Ceuta, Melilla y las islas Canarias. De estas tres vías, según Frontex, es Italia la que a día de hoy recibe más llegadas ilegales por vía marítima. A pesar de esta realidad, era previsible que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha hecho bandera de su rechazo a la inmigración, y el Gobierno español de la regularización extraordinaria e integradora chocaran en su estrategia y gestión de la política migratoria, pero no lo era tanto el espectáculo hipócrita de la italiana ante la crisis de Ceuta.

La sobreactuación de la primera ministra italiana se explica no solo por su ideología populista, también por su actual debilidad interna. La derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia y el ascenso y creciente popularidad (entre sus propios votantes) del general Vannacci, que se sitúa aún más a su derecha, han influido en su decisión de escenificar un numerito innecesario y absurdo contra España, país hermano y aliado. Meloni activó la excepción a Schengen, estableciendo controles en su frontera a los españoles y viajeros procedentes de España, cuando la mayoría de los inmigrantes llegados a Ceuta habían regresado a Marruecos, y sin que hubiera constancia de que ninguno hubiera llegado hasta la península, mucho menos a territorio Schengen ni a Italia. Ceuta, por si hay que recordarlo, no es parte del espacio Schengen y es poco menos que delirante pensar que desde la ciudad autónoma van a llegar en vuelo regular o atravesando Francia hasta Italia. Mientras la UE recogía cable de su reacción insolidaria y desmedida con España, Meloni se ha negado a levantar los controles a los viajeros procedentes de España, creando una situación a la que el Gobierno español estaba obligado a responder. Desde este sábado, la Policía Nacional se encarga de los controles fronterizos establecidos para los viajeros procedentes de Italia. La medida entró en vigor a las 00.00 de este sábado y se mantendrá, inicialmente, hasta la misma hora del próximo 7 de septiembre, a la espera de que la UE medie entre los dos países o Meloni decida que su sobreactuación ya ha cumplido sus objetivos internos. Como era de esperar, el PP se ha vuelto a situar al lado de Meloni y contra los intereses de España y de la UE, que necesita unión y solidaridad más que nunca en su historia.

En España viven más de 300.000 italianos, aunque una parte de ellos son argentinos y otros latinoamericanos con pasaporte italiano. En Italia hay 30.000 españoles. La metafórica puñalada trapera de Meloni no solo es contra el Gobierno de Sánchez, también contra los ciudadanos de ambos países que mantienen una relación excepcional de amistad y cooperación. El Gobierno español se ha visto obligado a responder con una medida más cosmética que agresiva. Sin embargo, la situación dista mucho de ser la ideal entre dos países miembros de la UE que comparten necesidades y lugar en el mundo. La incapacidad de Europa de actuar con una sola voz y al margen de populismos y estrategias internas como la de Meloni es una mala noticia para el futuro común. Y un aviso para navegantes: se equivocan, y mucho, los que creen que todo esto (los ataques híbridos de Marruecos, la desunión y debilidad europeas, las estrategias populistas de chivos expiatorios) se solucionará mágicamente para España cuando Pedro Sánchez no gobierne. El teatro de falsedades y oportunismos como el que ha protagonizado Giorgia Meloni continuarán y nunca se señalará a los que están obteniendo rédito de la desunión europea. Lo más triste de todo: el olvido de las personas que se han dejado la vida en este juego de intereses perversos.

La decisión del Gobierno español de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia no responde tan sólo a un principio de reciprocidad diplomática. Es, sobre todo, un intento de evitar que se normalice un precedente peligroso: que un Estado miembro pueda restringir unilateralmente la libre circulación con otro socio europeo por razones políticas y electorales.

Eso es lo que está en juego tras la decisión de Giorgia Meloni de restablecer controles con España utilizando como argumento la llegada masiva y descontrolada de migrantes a Ceuta. Una medida que transforma una crisis localizada en la frontera sur de la Unión Europea en un conflicto bilateral que nunca debió existir. A no ser que responda a razones más aviesas.

La inmigración constituye desde hace años el principal recurso de movilización electoral de la derecha radical europea. Cuando las políticas públicas no consiguen ofrecer los resultados prometidos, elevar el tono y recrudecer el discurso se convierte en una tentación difícil de evitar. La comunicación, más maleable, sustituye a la gestión, siempre más huraña.

La paradoja es evidente. Como recordó Pedro Sánchez utilizando datos de Frontex, Italia ha registrado alrededor de 478.600 entradas irregulares entre 2021 y 2026, prácticamente el doble que España, con 234.760. Es decir, el Gobierno que pretende presentar a España como el principal vórtice del problema migratorio es, precisamente, el que ha soportado una mayor presión sobre sus propias fronteras.

Tampoco puede exhibir Meloni grandes éxitos de gestión. Su proyecto estrella, los centros para solicitantes de asilo en Albania, ha quedado bloqueado por los tribunales italianos y se ha convertido en el símbolo de una política más eficaz para producir titulares que resultados. Y aunque el ejecutivo italiano ha comprometido alrededor de 800 millones de euros para este proyecto de externalización del problema, las instalaciones apenas han podido funcionar. La paradoja más llamativa, sin embargo, es que Italia ha seguido regularizando contingentes de trabajadores extranjeros porque su economía continúa necesitando mano de obra. Entre 2023 y 2025, el país alpino ha concedido 452.000 permisos de trabajo mediante el Decreto Flussi. El contraste entre el discurso maximalista y la prosaica realidad resulta difícil de ocultar. Especialmente, si se quiere culpar de esta crisis al proceso de regularización puesto en marcha por el gobierno español.

Fabricar un conflicto artificial con España cumple una función política evidente. Meloni ya no practica únicamente ese nacionalismo “banal” del que hablaba Michael Billig, presente en las banderas, las camisetas de la selección, los símbolos y las rutinas cotidianas. Ha dado un paso más hacia un nacionalismo performativo, construido para escenificar fortaleza, identificar enemigos externos y movilizar electoralmente a una parte de la sociedad. Del nacionalismo banal, hemos pasado al nacionalismo ruin, torticero y, sobre todo, oportunista. No es casualidad que esta escalada se produzca cuando falta poco más de un año para las elecciones italianas y cuando Fratelli d’Italia se ve amenazado a su derecha por el almirante Vanacci, que expide un discurso identitario y antiinmigración todavía más hiperventilado que el de Meloni. Que ya es decir. Endurecer el lenguaje y escenificar conflictos con otros gobiernos europeos constituye una estrategia de diferenciación política mucho más rentable que reconocer los límites de la propia acción gubernamental.

La respuesta española debe entenderse desde esa lógica. Si el Gobierno de Sánchez hubiera permanecido pasivo, habría asumido implícitamente que cualquier país puede restringir Schengen con España apelando a una supuesta amenaza para su seguridad nacional aunque los hechos no la avalen. La reciprocidad no persigue escalar el conflicto, sino proteger la igualdad entre Estados miembros y preservar la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de la integración europea: la libre circulación.

Pero esta crisis deja al descubierto una diferencia fundamental entre Italia y España.

Meloni busca poner en práctica el efecto conocido como rally around the flag: aprovechar un conflicto exterior para reforzar la cohesión nacional en torno al Gobierno. Es una estrategia frecuente cuando los ejecutivos atraviesan dificultades internas. A finales de los 90 una película, oportunamente titulada 'La cortina de humo', desarrollaba la idea, con un presidente de los Estados Unidos sumido en una crisis por un escándalo sexual. La confrontación con un actor externo desplaza el debate y convierte cualquier crítica doméstica en una supuesta falta de patriotismo.

En España ocurre lo contrario. La polarización ha alcanzado tal intensidad que ni siquiera una disputa diplomática con otro Estado miembro genera un cierre de filas alrededor del Ejecutivo. Las declaraciones de Vox respaldando el relato del Gobierno italiano frente al español ilustran hasta qué punto la competición partidista pesa hoy más que cualquier lógica de unidad nacional. El conflicto exterior no reduce la polarización; la alimenta.

Quizá esa sea la principal enseñanza de esta crisis. No asistimos solo a un choque diplomático entre dos gobiernos. Lo que está en juego es la posibilidad de que Schengen deje de ser una política común para convertirse en un instrumento al servicio de las necesidades electorales, puntuales y episódicas, de los Estados miembros. Un precedente que sería muy preocupante en un contexto como el actual, en el que Europa se ve amenazada por fuerzas que intentan redefinir los ejes que han vertebrado la construcción europea. O, mejor dicho, sustituirlos por otros, radicalmente contrarios. Sustituir la tolerancia a las minorías por el ostracismo o la expulsión. Sustituir la cesión de soberanía por el repliegue identitario. O, como en este caso, sustituir la cooperación honesta entre Estados por la suspicacia interesada entre gobiernos.

Italia ha rechazado este viernes el ultimátum del Gobierno de España para que Roma levantara los controles a viajeros procedentes de España impuestos tras la crisis en Ceuta, y ha anunciado que estos se mantendrán hasta el 15 de agosto. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”, ha señalado el gobierno italiano en un comunicado hecho público a mediodía.

El gobierno de Giorgia Meloni ha defendido que mantendrán las restricciones “hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia” y ha recordado que “tal y como han anunciado las propias autoridades españolas, se espera una nueva oleada de migrantes en Ceuta en esa fecha”.

De hecho, Roma ha insistido en que “solo cuando estemos seguros de que no habrá una nueva oleada” y de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, revisarán eliminar los controles de viajeros desde España.

Eso sí, si “todas estas condiciones dejan de existir”, Italia ha asegurado que está dispuesta a “continuar un diálogo constructivo” con Madrid. “Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”, ha continuado el gobierno de Meloni en su comunicado.

Pese a todo, Italia ha recalcado que esto “no menoscaba la relación con un país amigo como España”, señalando que el Gobierno ha tomado en otras ocasiones decisiones similares, por ejemplo con Eslovenia, sin que haya se hayan modificado los vínculos con esos países. También han recordado que, anteriormente, el gobierno español y otros ejecutivos europeos hicieron lo mismo con la propia Italia.

España había dado de plazo hasta el domingo a Roma para dar marcha atrás en una medida que consideran “injusta” o, de lo contrario “se verían obligados” a responder “para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, indicaba el Gobierno en un comunicado oficial.

Además, el Gobierno señalaba que “Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar” las de nuestro país. Pese a eso, “España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente”.

Hace justo una semana el gobierno de Meloni decretó la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas Schengen con España por una cuestión de “seguridad nacional” ante la crisis migratoria de Ceuta y está aplicando controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico.

Por su parte, a su llegada a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a insistir en que Italia debe retirar los controles impuestos a los viajeros procedentes de España al considerar que se trata de una medida “injustificada” que atenta contra “la dignidad de los españoles” y para la que, a su juicio, “no hay ningún motivo” debido a que la situación en Ceuta ya está “canalizada”.

Albares ha defendido que la decisión adoptada por Italia tras la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma no solo perjudica a los ciudadanos españoles, sino que también debilita la “unidad” de la Unión Europea (UE) en un momento en el que, según ha dicho, “exige” actuar de forma coordinada para hacer frente tanto al fenómeno migratorio como a la guerra en Ucrania.

“Esta medida va, en primer lugar, dirigida contra la dignidad de los españoles, pero, en segundo lugar, es un torpedo en la línea de flotación de la unidad europea”, ha afirmado el ministro, antes de reiterar su llamamiento al Ejecutivo italiano para que rectifique y retire unos controles que, a su juicio, carecen de “justificación”.

El Gobierno de España pasa a la ofensiva tras las hostilidades abiertas por Italia a consecuencia de la crisis de Ceuta. Después de que la ultra Giorgia Meloni decidiera de manera unilateral establecer controles fronterizos en suelo italiano a viajeros españoles, el Ejecutivo da ahora un ultimátum: o levanta esas restricciones a la libertad de movimientos antes del domingo o responderá de manera “proporcional”.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, reza un comunicado oficial del Gobierno.

En ese mismo escrito, el Ejecutivo analiza la respuesta de Italia a la crisis fronteriza vivida en Ceuta el pasado 31 de julio. “El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Italia reintrodujo los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”, apunta el comunicado, en el que España arremete contra la situación migratoria de Italia y su doble vara de medir.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”.

Por último, España recuerda que “ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo” así como que “que la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos”.

Italia “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero”

El Gobierno de Giorgia Meloni ha respondido en un comunicado público al mensaje del Ejecutivo español y ha asegurado que “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

“En ningún caso tenemos intención de reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto y, en cualquier caso, hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia”, ha detallado en el escrito.

El propio Gobierno italiano ha tratado de justificar que no levantará las medidas porque “se espera una nueva oleada de migrantes en Ceuta en esa fecha”. “Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido”, ha replicado.

Italia sigue consideran “un país amigo” a España y defiende que esto “no menoscaba la relación, al igual que decisiones similares adoptadas en el pasado por el gobierno italiano, por ejemplo, hacia Eslovenia, y por gobiernos europeos hacia Italia y la propia España”.

“Las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”, ha reiterado.

He viajado infinidad de veces a Italia al compás de las traducciones de mis libros. Recuerdo incluso haber cruzado el mapa en plena pandemia, con la prueba negativa de COVID como único salvoconducto en el bolsillo. Jamás me detuvo nadie: era la Europa de los ciudadanos libres. Sin embargo, hace dos días, en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, un agente me plantó la mano en el pecho y me exigió la documentación por primera vez en años. Me quedé de piedra. Me pedían el pasaporte por el origen de mi vuelo: Madrid. En ese instante comprendí que nosotros, los ciudadanos —la viga maestra sobre la que se asienta Europa—, ya no importamos. Se supone que la cultura y las personas circulamos libremente por un territorio común. Europa no necesita enemigos externos para desmoronarse: se autodestruye sola. Los ciudadanos deberíamos estar blindados frente a las veleidades coyunturales de nuestros gobiernos, ya sean las de Sánchez o las de Meloni. Somos sagrados; sin nosotros no existe la Unión Europea, y por tanto los miles de funcionarios que la adornan y que pagamos todos. E Iberia, como si se tratase de algo normal, sin contenido político a los ojos de los directivos de dicha compañía, me escribe este correo con extraordinario contenido político: “Del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2026, Italia establecerá controles fronterizos temporales para los pasajeros procedentes de España. Te recomendamos comprobar la documentación necesaria para tu viaje, llevar tu DNI o pasaporte físico en vigor y prever posibles demoras a tu llegada”. Caminar por una terminal y verse obligado a desempolvar el pasaporte no representa un mero contratiempo logístico, sino la prueba palmaria de una regresión.

La decisión de la primera ministra italiana de suspender temporalmente el acuerdo Schengen e imponer controles a los vuelos procedentes de España evidencia hasta qué punto el cálculo político y la desconfianza dinamitan el proyecto común. Se trata de una arbitrariedad inaceptable: Meloni sabe de sobra que ningún migrante del asalto a Ceuta va a volar a Italia. Y nadie le ha dicho a Meloni que esa actuación es ilegal, absolutamente ilegal y demagógica. Meloni sabe que la crisis de Ceuta está superada, aún así rompe el espacio Schengen: inaceptable. El Gobierno de Sánchez se ha quedado solo en Europa. La debilidad es manifiesta cuando a Meloni en vez de censurarla conforme a la ley comunitaria la han apoyado muchos países. Puede que Sánchez sea un presidente con enorme sensibilidad humanitaria, pero no ha sabido comunicarla a sus socios. Ha sido un incompetente a la hora de trasladar su punto de vista. No goza de ninguna fuerza en Europa, es evidente. Por eso, por esa debilidad, me están pidiendo a mí el pasaporte. Pero yo no soy el culpable de esa debilidad. Y si hay un culpable en todo esto es el reino de Marruecos que utiliza a sus propios ciudadanos como arma de guerra. ¿Quién ha matado a esos cien seres humanos que encontraron la muerte por ahogamiento, una de las muertes más terribles que existen, una muerte de suplicio inenarrable, en donde los dos últimos minutos antes de perder la conciencia son de un sufrimiento atroz y descomunal? ¿El mar? De verdad creemos que ha sido el mar. No, ha sido Marruecos, el reino de Marruecos. Cien muertos, cien vidas destrozadas, eso es lo más importante de todo esto. Si no sabemos verlo, estamos acabados como seres humanos. ¿Lo estamos? A Marruecos la muerte de esos cien súbditos le da igual. Si hubieran sido cien ciudadanos de cualquier país del primer mundo estaríamos ante una catástrofe con dimensiones penales y políticas huracanadas. Son cien muertos sin nombre.

Comprendo que Sánchez y Meloni mantengan una contienda ideológica —eso entra dentro del juego democrático—, pero no acepto que en esa batalla valga todo, y mucho menos maltratar al ciudadano. Un español o española no tiene la culpa del gobierno de Sánchez, ni un italiano o italiana del gobierno de Meloni. En la Unión Europea los ciudadanos somos el bien supremo, porque lo verdaderamente alarmante no son las esperas ni las inspecciones, sino la sutil percepción de que Europa ya no existe. Cuando la respuesta a las tensiones del sur consiste en blindar los límites internos, la idea misma de fortaleza europea salta en mil pedazos. Europa es otra vez regresión a sus identidades nacionales, es decir, volvemos al siglo XIX. Al final, cuando los propios gobiernos reinstauran barreras y degradan la libre circulación a un privilegio revocable, solo nos queda una certeza amarga: presenciar cómo un ideal de convivencia claudica, mientras volvemos a sentirnos trágicamente extranjeros en nuestra propia casa. En lo personal, me sentí inmensamente triste en el aeropuerto Marco Polo de Venecia. Y sé que millones de italianos sienten lo mismo. Porque conozco Italia y sé que los italianos aman España, como nosotros amamos Italia.

El Ministerio del Interior de Italia ha anunciado la suspensión temporal del tratado Schengen de libre circulación en la Unión Europea (UE) tras la crisis de migrantes en Ceuta y que reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

Sobre esta última medida, Roma ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. El Ejecutivo ha tenido que salir al paso para aclarar una información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”.

La medida entrará en vigor a partir de mañana, sábado 1 de agosto, en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que “para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada”.

En esa misma línea se ha pronunciado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha asegurado que la suspensión es una medida “extraordinaria” y que estará en vigor “solo durante el tiempo necesario”. En este sentido, la política de extrema derecha ha señalado que se pondrá “especial atención” en que no afecte a los flujos turísticos de verano entre Italia y España.

Para Meloni, la medida es necesaria para “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones” que pueda tener en Italia la entrada de migrantes de Ceuta. Además, la primera ministra italiana ha informado de que su país está listo para “apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas” para ayudar a “restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso”.

Otro de los políticos del Ejecutivo de Meloni que se ha pronunciado sobre el anuncio ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que ha apoyado la decisión por ser “una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”. El político italiano ha escrito en un post en X que la suspensión es “una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible”. “La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros”, ha continuado el ministro.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países. La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

El anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras. En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

De llevarse a cabo este anuncio, confirmaría las amenazas que puso sobre la mesa este jueves la primera ministra italiana. Un movimiento que provocó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, convocara al embajador de Italia en España.

Albares, de hecho, tuvo un rifirrafe en redes sociales con su homólogo italiano este pasado jueves después de que este achacara a la regularización migrantes impulsada por el gobierno español la crisis de Ceuta. “Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, escribió Albares

Además de Meloni, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidieron a la UE que estudiara todas las opciones tras la llegada de migrantes a Ceuta. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Las posiciones contra la inmigración están desdibujando el sueño europeo. La Comisión Europea ha tenido que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

La petición de la Comisión Europea coincide con el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes sin papeles que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha en España y en la UE han tratado de crear una polémica política por la legalización de este colectivo de personas, que Vox llegó a calificar como “invasión”. El Partido Popular llevó a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea.

No hay dudas de que los controles de fronteras entre países de la UE responden a una posición más dura frente a la inmigración. De hecho, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos internos y Migración, pide el levantamiento de los controles con el argumento del nuevo Pacto de Emigración y Asilo.

“La Unión Europea está llevando a cabo la mayor reforma de nuestro sistema de gestión migratoria. Nuestro nuevo enfoque ya ha dado resultados: los cruces ilegales de fronteras han disminuido otro 40 % en 2026. Estamos desplegando los sistemas de gestión fronteriza más modernos del mundo. Con estas condiciones, los Estados miembros están en posición de avanzar hacia la eliminación progresiva de los controles en las fronteras interiores”, ha explicado Brunner.

La UE aprobó este lunes el Pacto de Emigración y Asilo que endurece la política migratoria y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE.

Controles que se alargán más de 12 meses

Aunque Bruselas admite que “los Estados miembros tienen derecho a reintroducir excepcional y temporalmente controles fronterizos cuando se enfrentan a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, el Derecho de la UE exige que la Comisión emita un dictamen “cuando dichos controles se prolongan durante más de 12 meses”.

La Comisión Europea recuerda que “la reintroducción de controles en las fronteras interiores tiene inevitablemente consecuencias para los Estados vecinos” con un “impacto negativo en los trabajadores transfronterizos y las comunidades locales”.

La institución europea aboga por “alternativas más eficientes y eficaces a los controles en las fronteras interiores: controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, apunta que “Schengen es uno de los mayores logros de Europa. Simboliza la libertad de circulación para más de 450 millones de personas. Nuestros dictámenes envían un mensaje claro: cuando se reintroducen controles, estos deben seguir siendo temporales y excepcionales. Al reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, podemos proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen tanto seguro como realmente sin fronteras”.

Hassan (nombre ficticio para proteger su situación administrativa) lleva más de 14 meses encerrado en Busmantsi, un centro de detención para personas migrantes a las afueras de Sofía, la capital búlgara. Este joven de origen sirio, de 22 años, se encontraba en su casa en Sofía cuando, en agosto de 2024, la policía se presentó allí y se lo llevó. Desde entonces, lo mantienen encerrado, ignorando su estatus de refugiado —reconocido en junio de 2023, cuando llegó al país—, con el argumento de que supone “un peligro para la seguridad nacional”.

Bulgaria es puerta de entrada terrestre a la Europa continental y la primera etapa de lo que se conoce como la Ruta de los Balcanes. Según estipulan la Convención de Ginebra y los Acuerdos de Dublín, toda persona que llegue a este país tiene el derecho a pedir asilo, y esta solicitud debe tramitarse. Una condición que vino acompañada de 69,6 millones de euros fondos de la UE para su ejecución, que se unieron a los 141 millones que la Comisión Europea le concedió en 2023 para sistemas de vigilancia electrónica en su frontera.

La lluvia de dinero comunitario ha dado a la UE los frutos que esperaba: en 2023 se evitaron más de 169.600 intentos de entrada irregular desde Turquía (lo que representó más del 99% del total nacional de entradas irregulares), y en 2024 fueron 52.534 las “entradas prevenidas”, según un informe de la Asylum Information Database (AIDA), dependiente de la UE. Desde 2025, Bulgaria también forma parte plenamente del espacio Schengen, lo que ha supuesto la eliminación de pasos fronterizos con Grecia y Rumanía, los dos países de la UE con los que linda, y el refuerzo del resto de fronteras.

La “prevención”, uno de los eufemismos favoritos de la Unión para justificar la violencia fronteriza, tiene efectos letales. Solo en el segundo semestre de 2024, un teléfono de ayuda habilitada por varias organizaciones humanitarias presentes en el país recibió más de 96 llamadas de emergencia como resultado de las prácticas de la policía de frontera. Resultaron afectadas 589 personas, de las cuales nueve acabaron muriendo (incluidos cinco menores).

Según el Comité Helsinki de Bulgaria, una ONG de defensa de los derechos humanos, tan solo en 2023 se registraron un total de 9.897 devoluciones en caliente —también conocidas como push-backs— que afectaron a 174.588 personas, como consecuencia directa de estos acuerdos. Otras ONG y activistas denuncian todo tipo de abusos sistemáticos: robo de pertenencias, uso de perros, amenazas con armas de fuego o desnudez forzada, entre otras prácticas.

El método búlgaro: ni entrar ni salir

Además de las devoluciones en caliente, Bulgaria aplica lo que serían retenciones en caliente o pull-backs. Consisten en impedir que las personas abandonen el país de tránsito; cuando una persona consigue llegar a la frontera rumana, serbia o macedonia, es devuelta al territorio búlgaro con el fin de alejarla lo máximo posible de los territorios húngaro y croata. Un ejercicio que viola la libertad de circulación consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Esta práctica comenzó a registrarse tras la firma de un memorando entre Austria, Serbia y Hungría mediante el cual se acordaba “alejar” a las personas de la frontera serbo-húngara, y se ha hecho mucho más común desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en Schengen. El más férreo control de sus fronteras, el incremento de la violencia y el uso de nuevas prácticas han venido acompañados de detenciones arbitrarias a personas ya dentro de Bulgaria.

Así le pasó a Hassan, quien llevaba ya más de un año residiendo en Sofía. La legislación búlgara (LARB) y la Ley de Asilo y Refugiados (LAR) diferencian entre la detención de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo, y prescriben plazos para garantizar su alojamiento por separado. La LAR estipula que, cuando se presenta una solicitud de asilo, el extranjero detenido debe ser trasladado a un centro de acogida abierto en un plazo de seis días, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en el país se están dando tres situaciones: detenciones arbitrarias de personas ya residentes en el país, como fue el caso de Hassan; solicitantes de asilo que consiguen cruzar la frontera y a los que se les suele dictar una orden de expulsión y se les pone en detención mientras esperan la deportación —este es el caso de Abdulrahman, un activista saudí que lleva detenido en Busmantsi más de cuatro años—; y la deportación a Bulgaria desde otros países de la UE por el procedimiento conocido como “de Dublín” (por la ciudad donde se rubricaron los Acuerdos): cuando la solicitud de asilo de una persona es negada, esta es devuelta al país por donde entró. Fue el caso de Ahmed, un afgano deportado desde Alemania en junio quien sigue detenido en Busmantsi.

En Bulgaria hay un total de seis centros para migrantes, de los cuales cuatro son de recepción o tránsito y dos son detención: Busmantsi y Lyubimets.

Busmantsi, según cuentan los que allí se encuentran y confirman informes de instituciones oficiales y ONG, es la representación de un infierno que sería imposible creer que está en suelo europeo si no fuese porque es así. Human Rights Watch denunciaba ya en 2014 que las 486 personas allí detenidas entonces estaban hacinadas en dormitorios de hasta 30 personas. Se destacaba la falta de calefacción —en Bulgaria en invierno se pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero—, camas en mal estado, ventanas rotas, escaso espacio para sentarse, poca comida y violencia policial: palizas, puntapiés y aislamiento en celdas de castigo. 

Retorno voluntario o detención

Existen algunos canales de comunicación entre los activistas y los internos. Las visitas solo están disponibles dos veces por semana y bajo un estricto control policial. Sin embargo, algunas personas allí retenidas pueden acceder, a veces, a teléfonos —sin cámara—. Abdulrahman tiene acceso a uno de estos y es quien se encarga de dar a conocer la mayoría de los casos que llegan: “Tenemos a una joven detenida en Busmantsi (recientemente trasladada a Lyubimets), su estado psicológico es muy malo, fue devuelta desde Alemania en virtud del Reglamento de Dublín, su madre, su hermana y su hermano pequeño siguen en Alemania”, se lee en el último mensaje que manda.

A través del teléfono de Abulrahman es posible acceder a Hassan. “Todos los días me llevan a una sala para interrogarme —a excepción de los fines de semana— y allí me intentan hacer firmar el retorno voluntario”, cuenta el joven sirio.

Victor Lilov, representante legal en casos de este tipo en Bulgaria, confirma que últimamente “existe una presión sistemática por parte de las agencias para el ‘retorno voluntario’”. También lo denuncia No Name Kitchen, organización de origen serbio de asistencia a personas en frontera y presente en Bulgaria. Una encuesta que realizó entre 21 personas reveló que 15 de ellas (el 71%) habían sufrido este tipo de presiones durante sus procedimientos de asilo, lo que “revela un patrón sistemático de coacción utilizado por las autoridades búlgaras para obligar a los solicitantes de asilo a firmar acuerdos de ‘retorno voluntario’”.

Hassan cuenta que a él empezaron a coaccionarlo hace unos tres meses y desde entonces esta presión no ha cesado. La condición que ofrecen los funcionarios búlgaros es simple: o firmas el retorno voluntario o te quedas encerrado 18 meses. “Es una práctica sistemática, y la gente suele rendirse y acaba firmando”, asegura el sirio, “pero yo me niego a firmar y por eso ahora están poniendo una presión extra sobre mí”.

La caída de Asad abre la espita

La primera vez que se registró esta coerción de manera masiva fue el pasado diciembre, coincidiendo con la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y con la entrada de Bulgaria en Schengen. Desde entonces, se ha convertido en un ejercicio sistemático en todos y cada uno de los centros de Bulgaria. “Para los sirios, los abusos han sido especialmente flagrantes. Desde la caída de Asad, muchos han sido coaccionados para firmar los llamados documentos de ‘retorno voluntario’ bajo amenazas e intimidaciones, lo que constituye un claro abuso de poder disfrazado de elección”, declara Ric Fernández, coordinador de No Name Kitchen.

“Pagué un abogado que me dijo que no podía hacer nada y que, seguramente, sería enviado a Turquía”, continúa Hassan, que explica que su hermano, que vive en Sofía, contactó con un centro de asistencia jurídica y le consiguió otra abogada. Tras revisar su caso, la experta le aseguró que no tenían nada contra él. “Me dijo que estaban intentando asustarme para que firmase”, indica.

Hassan lleva ya 14 meses encerrado con el argumento de que es “una amenaza para la seguridad nacional”, a pesar de tener concedido el estatus de refugiado. “Cuando pregunté por qué, me dijeron que era información confidencial”. Debería ser puesto en libertad en menos de cuatro meses, pero admite no tener esperanzas. “Siempre dicen que te liberan a los 18 meses, pero no hay una base legal para ello, por lo que no lo creo”, señala.

Hassan se refiere a otros compañeros que, como él, llevan encerrados meses al negarse a firmar el papel. Abdulrahman lleva más de cuatro años. Nidal, palestino, ingresó en abril de 2024. En ambos casos, la justicia búlgara les ha dado la razón y ha exigido su liberación hace meses. Pero siguen encerrados. “Nos lo dicen claro: vas a estar encerrado hasta que firmes. No tienes opción, al final vas a ser deportado”, cuenta sin esperanza Hassan.

Los países de la Unión Europea (UE) han acordado este sábado, por unanimidad, el ingreso gradual de Rumanía y Bulgaria en el espacio de libre circulación Schengen después de que Austria, el último país de los Veintisiete que se oponía a la medida, levantara su veto.

La decisión implica que, a partir de marzo, se eliminarán los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas con esos dos países, que ingresaron en la UE en 2007, con el compromiso además de Austria, Bulgaria y Rumanía de acordar más tarde la fecha del fin de los controles terrestres, según ha informado la presidencia española de turno del Consejo de la UE.

“Enhorabuena a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria por la extensión de Schengen para los pasajeros de transporte marítimo y aéreo”, ha declarado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de su perfil en X.

Michel ha apuntado que se trata de “un paso esperado hace tiempo por los ciudadanos rumanos y búlgaros para disfrutar de una libertad de movimiento más fácil, con la perspectiva del transporte terrestre por llegar”.

Fuentes del Ministerio del Interior de España han calificado el acuerdo -que culmina doce años de negociaciones- de “histórico” y han asegurado que era una de las prioridades de la presidencia de turno española del Consejo de la UE que concluye mañana.

Además, han afirmado que el progresivo levantamiento de los controles en las fronteras interiores de Bulgaria y Rumanía “fortalecerá y ampliará” el espacio de libre circulación europea y facilitará los desplazamientos de millones de personas, con “un impacto social y económico muy positivo en toda la región”.

Austria ha confirmado hoy la retirada de su veto al acuerdo, que ya fue anunciado el miércoles por Rumanía y, el jueves, por Bulgaria.

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, había asegurado el miércoles que el pacto también incluiría viajes marítimos, lo que beneficiaría el puerto de Constanza en el Mar Negro, y se mostró confiado que en 2024 se negociaría la adhesión completa.

A pesar de que Comisión Europea y Parlamento Europeo llevan años asegurando que Bulgaria y Rumanía, miembros de la UE desde 2007, están preparados para entrar en Schengen, Austria había bloqueado hasta ahora su ingreso.

El Tratado de Schengen establece el levantamiento de los controles en las fronteras entre sus Estados miembros, que actualmente abarcan 4,3 millones de kilómetros cuadrados y 423 millones de ciudadanos de 27 países europeos (23 miembros de la UE y 4 no comunitarios). 

La Justicia investiga un posible fraude en la Policía Nacional durante la evaluación del aeropuerto de Lanzarote como frontera Schengen. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha abierto diligencias a raíz de una denuncia que señala que la Policía habría inflado el número de funcionarios operativos en el Aeropuerto César Manrique solo para pasar la evaluación de la Comisión Europea.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, se ejecutó un “plan premeditado” con el único fin de hacer creer “que se habían solucionado las deficiencias” por las que en 2022 el aeródromo suspendió como frontera Schengen. Este presunto fraude podría poner en riesgo la entrada directa de los turistas extranjeros mayoritarios en la isla: los británicos.

El 11 de julio de 2023, evaluadores europeos se trasladaron al aeropuerto de Lanzarote para examinar si se ajustaba al Código de Fronteras Schengen. Este decálogo establece las normas que se deben aplicar a las personas que cruzan las fronteras exteriores de este espacio, del que forman parte 27 países europeos.

Un año antes, este aeropuerto había suspendido la evaluación. La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea trasladó en noviembre a España una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias que se habían detectado. En el caso de Lanzarote, el documento ordenó aumentar de forma urgente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas en el aeropuerto. 

La UE también insistió en la realización de inspecciones fronterizas sistemáticas de los pasajeros de salida y en la adaptación de la infraestructura del aeropuerto para garantizar la separación física entre el flujo de pasajeros de vuelos nacionales y el de otros vuelos en la zona de salidas. 

La denuncia presentada el pasado 2 de agosto asegura que estas medidas no se llevaron a efecto “en ningún momento”. “No solo no se cumplen, sino que desde la Jefatura de la Comisaría de Arrecife parece que se organiza un plan de engaño o fraude a los evaluadores de tal manera que les sea muy difícil detectar que el aeropuerto no cumple el Acervo Schengen para ser frontera europea”, subraya el documento. 

Fuentes próximas a la Policía Nacional indican que, por turnos, hay unos seis o siete agentes en el aeropuerto, pero según los informes de otros comisarios debe haber por turno al menos 25 funcionarios para poder hacer los controles minuciosos a extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Este periódico ha intentado por diferentes vías obtener las versiones de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska han remitido al Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional. Desde el cuerpo de seguridad responden que no pueden responder al tratarse de un “tema de tribunales''.

Por otro lado, y según ha podido saber esta redacción, el agente de la Policía Nacional que ha presentado la denuncia ha sido trasladado de su puesto de trabajo habitual. Después de 15 años trabajando en el control de fronteras fue reubicado dos semanas después de denunciar. Ahora se encargará del traslado y la custodia de los detenidos en los Juzgados de Arrecife. 

Un “plan de engaño”

Este “plan de engaño” se orquestó, siempre según la denuncia, desde la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife. Esta, unos días antes de la evaluación, añadió a los siete trabajadores habituales del aeropuerto a diez funcionarios solicitados a la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) y a siete policías más de la propia Comisaría. “Después de la evaluación se retiran esos funcionarios y se ordena nuevamente no sellar los pasaportes, o sea, que el control de la frontera no se ejecute según la normativa europea”. 

En los días previos a la evaluación, los funcionarios supuestamente recibieron un informe de presentación que se entregaría a los evaluadores. El objetivo era que, en caso de ser preguntados, ajustaran sus declaraciones a ese documento. “En ese informe se incluyeron como plantilla fija a los 17 funcionarios procedentes de la BRIC que se añadieron para la evaluación, siendo esto totalmente falso”. 

Cierre del puesto fronterizo

La Unión Europea contempla las posibles consecuencias de incumplir con los deberes de una frontera Schengen. El Código de fronteras Schengen establece que, “en caso de que se detecten deficiencias graves” en la realización de controles en las fronteras exteriores en un informe de evaluación, la Comisión Europea puede ejecutar diferentes actuaciones. 

Por un lado, puede recomendar que el Estado miembro adopte medidas específicas como el despliegue de equipos europeos de Guardia de Fronteras o la presentación de planes estratégicos. Como último recurso y en función de la gravedad de la situación, también se puede ordenar el cierre de un puesto fronterizo. Así se desprende del artículo 29 del Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El fin del Aeropuerto César Manrique como puesto fronterizo podría traer consigo importantes consecuencias para la isla. Los pasajeros de Reino Unido no podrían viajar de forma directa a Lanzarote, sino que tendrían que hacer escala previa en otro aeropuerto. 

La mayoría de turistas que recibe Lanzarote son ingleses. Solo entre enero y julio de este año se desplazaron a la isla 131.972 visitantes desde Reino Unido. Las cifras del Centro de Datos insular reflejan que las llegadas han aumentado un 9% con respecto al año anterior. 

Derechos fundamentales

En el mismo documento en el que la Unión Europea recomendaba a España aplicar medidas urgentes en el aeropuerto de Lanzarote, la Secretaría también hizo referencia a la situación de las personas migrantes en la isla.

En su punto número 27, el documento urge el cierre del Centro de Asistencia Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote y la puesta en funcionamiento de una nueva instalación “ya construida” para garantizar unas condiciones de acogida temporal adecuadas en el CATE, incluido un espacio personal “suficiente para los internos”. Además, también se exige a España que proporcione los servicios de apoyo y equipos adecuados que permitan ofrecer “actividades básicas de ocio” a los internos. 

“El acuerdo, si lo alcanzamos, no comprometerá nuestra soberanía o no lo cerraremos”, aseguró Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una amplia declaración difundida en la noche del lunes y en la que reiteró la voluntad de negociación del Tratado con la Unión Europea, aunque reconoció que se trataría de un acuerdo “legalmente complejo”.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, formuló una larga declaración en la que analizó la situación actual de Gibraltar, en la que no faltó la autocrítica sobre política interna, pero también explicaciones sobre las controversias domésticas suscitadas a lo largo de los últimos meses: “Hacer frente al reto de la Covid ha traído consigo literalmente miles de horas y cientos de reuniones. Lo mismo ocurre con el Brexit. Este año esperamos dejar ambas cuestiones atrás. Ustedes, los ciudadanos, saben que ni el Brexit ni la Covid son meras excusas políticas convenientes”, aseguró.

“Son realidades políticas hirientes que no hemos provocado nosotros –aseguró–. Pero son realidades políticas que hemos tenido que afrontar, en detrimento, obviamente, de otros ámbitos políticos. Son las realidades ineludibles de la situación en la que nos encontramos desde el 24 de junio de 2016. Y es fundamental que acertemos en nuestra futura relación con la UE. Por eso este proceso nos está absorbiendo tanto tiempo”.

Flecos pendientes

Picardo insistió en ser categórico sobre las negociaciones del Tratado, cuyas negociaciones se reanudarán este mismo mes, en un marco de cierta última tensión por las posiciones de dureza expresada por la ministra británica de Exteriores y del Brexit, Liz Truss, en torno a otros aspectos de las asignaturas pendientes que siguen lastrando las relaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña: “Somos y siempre seremos británicos y por ello dejamos la UE con el Reino Unido –repitió–. Pero también estamos en el límite de Europa y formamos parte del continente europeo. Nuestra realidad comercial actual, nuestro sector turístico y también nuestra oferta jurisdiccional se basa en una frontera fluida con la UE. Pero siempre ofreciendo un mercado británico, una experiencia británica y una jurisdicción exclusivamente británica”, subrayó en referencia a las diferencias existentes sobre la aplicación de la legislación comunitaria en un Gibraltar ligada a la Unión Europea con una frontera Schengen.

El asunto de los trabajadores eventuales

Hay otro asunto en liza que tiene que ver con los trabajadores eventuales en los servicios de salud, dependencia y educación de Gibraltar. El lunes, el sindicato mayoritario Unite The Union había convocado una manifestación para reclamar paridad de salarios entre los residentes en el Peñón –no solo gibraltareños y británicos, sino también españoles y de otros territorios—y los trabajadores transfronterizos. Entre sus reivindicaciones, figuraba acabar con la figura de los contratos a 0 horas y la precariedad laboral. El sindicato decidió suspender la movilización por la alta incidencia de la Covid-19 en una comunidad ya dominada por la variante Ómicron, pero Picardo, en su discurso, recordó que el presupuesto destinado a luchar contra la pandemia impedirá presumiblemente cumplir en su totalidad dicho compromiso: “También reconozco el llamamiento de los líderes de diversos sindicatos para dialogar con el Gobierno en las cuestiones del sector público. Espero con interés ese diálogo. Se trata de un diálogo que debe ser atemperado por la realidad objetiva. La realidad objetiva del déficit en nuestras finanzas públicas. Nuestra estimación es que a finales de 2021 el gasto del fondo Covid haya alcanzado unos 300 millones de libras”, aseguró Picardo, quien ofreció un balance positivo de su gestión en cuanto a contrataciones en dichos sectores públicos, a lo largo de sus diez años de mandato.

En un amplio discurso de Año Nuevo,  Picardo realizó un exhaustivo análisis de la situación actual por la que atraviesa Gibraltar. Según sus cálculos, “esta cifra equivale a casi medio año de nuestros ingresos que tienen que destinarse únicamente a la pandemia”.

Esa cuestión laboral no forma parte intrínseca de la mesa de negociaciones con la Unión Europea, pero la equiparación de derechos entre los trabajadores sí figura en la agenda. Sin embargo, no parece ser que sea la cuestión que más inquiete a las partes: “El acuerdo, si lo alcanzamos, no comprometerá nuestra soberanía, o no lo cerraremos. Será un acuerdo sobre la circulación y el movimiento fluido de bienes y personas. Y un acuerdo que puede ser la base de un nuevo y mejor nivel de prosperidad para todas las familias de Gibraltar. Porque el concepto de ”prosperidad compartida“ pasa por la prueba de fuego de una prosperidad mantenida y mejorada para nuestras empresas y nuestra gente como condición sine qua non”.

Los gibraltareños buscan un acuerdo que permita preservar los estándares de la vida cotidiana sin comprometer con ello el estatus político y diplomático del Peñón. En ese contexto, el Acuerdo de Nochevieja suscrito entre España y Gran Bretaña sigue siendo la hoja de ruta. Existen, no obstante, escollos internos que han impedido que las negociaciones tardíamente iniciadas el pasado año pudieran llegar a buen puerto antes de Navidad. Londres y Madrid parecen de acuerdo en lo esencial. Gibraltar, también. Pero hay problemas en el horizonte. De entrada, la negociación corresponde a la Unión Europea y forman parte de los flecos dejados por el Brexit en el que el mayor escollo estriba en la situación de la frontera entre Irlanda y el Ulster, pero no es la única asignatura pendiente. El halcón David Frost ha sido sustituido en la mesa de negociaciones por la titular del Foreign Office, Liz Truss, quien se muestra predispuesta al acuerdo sobre Gibraltar pero mantiene la línea dura en el resto. Por otro lado, las conversaciones sobre el Peñón vienen encallando en temas sustanciales como la emisión de visados de entrada a la Unión Europea a través de Gibraltar o la jurisdicción de los tribunales y de la legislación comunitaria sobre dicho territorio, lo que comprometería de facto aunque no fuese de iure la soberanía actual, al menos desde el punto de vista gibraltareño y británico.

Líneas rojas

Picardo prefiere bajar el balón al césped: “Nuestro objetivo –dijo– es conseguir un Gibraltar cada vez más próspero. Que comercie e interactúe con sus vecinos. Y disfrutar de unos niveles de vida, educación y sanidad históricamente elevados para nuestra población en un Gibraltar indiscutiblemente británico. Eso es lo que pretendemos conseguir. Pero no nos equivoquemos: será un acuerdo legalmente complejo. Será igualmente complejo desde el punto de vista político y se basará en la realidad de las relaciones multilaterales de las que depende nuestra política”.

“Nuestro actual modelo de negocio y nuestra interacción con Europa dependen de una frontera fluida y fácil de atravesar desde el punto de vista administrativo. De una manera que ofrezca más oportunidades a nuestros hijos, y no menos, tanto en Gran Bretaña como en Europa. De una manera que refleje la realidad de nuestras circunstancias geográficas, económicas y políticas. Y, desde luego, no de una manera que sea rehén de los mitos de color rosa de la nostalgia. Por el contrario, debemos reflejar la realidad de la vida en la tercera década del siglo XXI”.

El tono de Picardo aventuraba, como ya ha señalado en otras ocasiones, la posibilidad de cambios, a partir de la firma del Tratado, pero sin rebasar sus célebres líneas rojas: “Porque nuestra identidad moderna ya se ha afianzado en la determinación clave de que nadie tiene derecho a decidir nuestro futuro, salvo los gibraltareños. Nada va a cambiar eso. Por eso he sido tan claro en las declaraciones públicas como en las negociaciones privadas en todo momento. Mi Gobierno ve el futuro de Gibraltar de una manera y solo de una manera. Como británico, británico, británico. Y bajo el Gobierno que dirijo, estamos más cerca de Gran Bretaña de lo que hemos estado durante generaciones. Así que no crean ni por un momento que vayamos a hacer algo que lo cambie”.

“De hecho, fue hace casi exactamente un año cuando recibimos el mayor dividendo en nuestra relación con Gran Bretaña: la primera de muchas entregas de la preciosa vacuna de Pfizer a través de la Royal Air Force. Por ahora, el mero hecho de que las negociaciones entre el Reino Unido y la UE continúen es ya una señal muy positiva de las perspectivas de que alcancemos un acuerdo. Estamos trabajando con nuestros colegas británicos para alcanzar un acuerdo que respete nuestras líneas rojas sobre nuestra soberanía, jurisdicción y control exclusivamente británicos”.

Los Gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para que la Ertzaintza, como Policía integral de Euskadi, pueda complementar sus investigaciones con la posibilidad de realizar vigilancias en Francia al mismo nivel que lo pueden hacer la Policía Nacional o la Guardia Civil en el marco de los acuerdos de Schengen, una práctica muy común en la lucha contra ETA. Hasta la fecha, solamente estaba autorizado que agentes autonómicos pudieran cruzar la muga en casos de persecuciones 'en caliente' de delitos flagrantes. El pacto se ratificará este viernes en Madrid en el marco de la Junta de Seguridad que reúne a los equipos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, el máximo órgano bilateral de coordinación en materia policial que no se reunía desde hace cuatro años, desde junio de 2017, con el PP en La Moncloa.

Según las pinceladas del acuerdo desgranadas por Erkoreka en el Parlamento Vasco, se trataría de desarrollar el artículo 40 del tratado por el que el Reino de España se adhirió en 1994 al acuerdo de Schengen. En él se estipula que estas actuaciones han de enmarcarse en delitos que “puedan dar lugar a extradición” y que tendrían que contar con “autorización” del país al que se cruce, en este caso de Francia. Los policías transfonterizos -se sobreentiende que no han de operar uniformados- pueden llevar armas de fuego pero no detener a sospechosos, interrogarlos o allanar domicilios u otras dependencias no abiertas al público.

Cuando se puso en marcha Schengen, los países afectados por estos intercambios eran Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, así como Italia desde 1991. En dos supuestos, Bélgica y Alemania, se menciona expresamente el trabajo de cuerpos no estatales, el espejo en el que se mira la Ertzaintza para dar este paso. En el caso belga, se autoriza el paso de agencias “municipales”; en el alemán, se habilita a las fuerzas de los estados federados o 'land'.

Según Erkoreka, este acuerdo amplía las capacidades concedidas a la Ertzaintza en 2017, en la anterior Junta de Seguridad. El ministro Juan Ignacio Zoido y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia firmaron un memorándum que dotaba de más funciones a la Policía autonómica. Desde entonces, en amparo del artículo 41 de Schengen, los ertzainas pueden cruzar a Francia en caso de persecuciones 'en caliente'. En estos casos sí se puede retener al sospechoso. Aunque las actuaciones tienen que ser debidamente comunicadas -en Hendaya existe un centro de coordinación llamado CCPA que sienta a la Ertzaintza con la Policía Nacional y la Gendarmería francesas y con la Policía Nacional y Guardia Civil españolas-, resultan útiles ya que hay puntos de paso abiertos, principalmente en la zona de Irún.

En 2017 también se autorizó el acceso de la Ertzaintza a bases de datos policiales internacionales sin pasar por agentes de enlace del Ministerio del Interior. Son Europol, Siena y Sirene. Aquel era un contexto de elevada amenaza yihadista en España y, de hecho, a los pocos meses se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils. También se determinó que la Ertzaintza participará con voz y voto y no como invitada en las reuniones de la mesa de coordinación contra el terrorismo en España, el denominado CITCO. Cuatro años después, fuentes del Departamento de Seguridad remarcan que esos accesos han permitido acceder a datos de criminales buscados en otros países que estaban en Euskadi o localizar vehículos sospechosos. No obstante, explican también que no todos los accesos han sido habilitados por problemas de desarrollos tecnológicos entre bases de datos que “no se comunican”.

En el orden del día de la Junta de Seguridad no hay previsión de analizar la situación de la plantilla de la Ertzaintza, cuya dotación desde hace años es de 8.000 efectivos, aunque en muy pocos momentos hayan sido alcanzados por las jubilaciones y problemas durante algunos momentos de la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa con recursos contra el número de plazas de las OPE policiales de la academia de Arkaute. Por su parte, las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen competencias en Euskadi en desarrollo del Estatuto de Autonomía de 1979. Entre otras, son el control de fronteras e inmigración, vigilancia de puertos y aeropuertos, control de explosivos, expedición de DNI y Pasaportes. Además, actúan con delitos de ámbito suprautonómico, como el crimen organizado o el terrorismo.

La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado a lo largo de los últimos 14 meses la insuficiencia de los mecanismos europeos y mundiales para una gobernanza capaz de garantizar una seguridad sanitaria común, más allá de las fronteras nacionales, y la incapacidad para responder con eficacia y de modo coordinado a un fenómeno pandémico como el que hemos tenido que enfrentar. También preocupante ha sido la cortedad de miras y de dispositivos eficaces para lograr un acceso suficiente, oportuno, asequible y equitativo a las vacunas desarrolladas contra la COVID-19 que, hasta el momento, son el medio más importante con el que contamos para prevenir la enfermedad severa, el sufrimiento y la muerte a consecuencia de la infección por SARS-CoV-2.

Ha quedado de manifiesto, como nunca, que la arquitectura y las políticas de la Unión Europea en materia sanitaria dejan mucho que desear y son a todas luces inadecuadas, especialmente cuando se trata de cuestiones de salud pública transfronterizas. Y esta insuficiencia es tanto responsabilidad de la Comisión Europea como de los Estados miembros que, hasta ahora, han preferido limitar las competencias europeas en materia sanitaria y preservar una engañosa soberanía nacional en este terreno, con el pretexto de defender la singularidad de los sistemas sanitarios nacionales.

A todas luces esto limita las posibilidades europeas para hacer efectivo el derecho a la salud y garantizar una cobertura universal con portabilidad transfronteriza. En pleno siglo XXI, en materia sanitaria, la Unión Europea se comporta con una lógica Westfaliana, sigue atrapada en el engañoso principio de la “soberanía nacional”, y se ha quedado corta en la construcción de un verdadero “espacio sanitario europeo”.

Pero si todo esto es un problema que debería ser prontamente superado en materia de atención sanitaria, en el ámbito de la salud pública constituye una verdadera desgracia que reclama una respuesta urgente. Cuando un riesgo sanitario como una epidemia alcanza proporciones regionales y mundiales, es decir, se convierte en una pandemia, y el problema no puede ser resuelto únicamente con acciones en el interior de las fronteras nacionales, las actuaciones sanitarias tienen que ser transfronterizas y supranacionales.

Estamos muy lejos de alcanzar lo que deberíamos haber construido a lo largo de las últimas décadas: bienes públicos europeos (y mundiales) en materia de salud pública. Dispositivos y mecanismos de gobernanza que permitan trascender los limites egoístas de una lógica basada en el principio del Estado-nación, cuando nos enfrentamos a amenazas que trascienden fronteras, soberanías nacionales e intereses particulares de países concretos.

A pesar de los esfuerzos realizados (en especial en la centralización de las compras de vacunas por Europa), no contamos ni con los instrumentos ni con los mecanismos de gobernanza, europea y mundial, que viabilicen una acción colectiva supranacional que constituya un ejercicio de autoridad sanitaria, más allá de los ámbitos puramente nacionales. Y la pandemia ha dejado muy claro que sin ellos somos ineficaces, que el virus nos vence con mayor facilidad y que si surge una nueva pandemia, esta nos seguirá pillando mal preparados y sin la adecuada capacidad de respuesta.

La seguridad sanitaria mundial, y para el caso la europea, es el proceso que lleva a obtener el resultado de lograr mantener los riesgos sanitarios bajo control, asegurando “el orden sanitario”. Implica una capacidad europea y mundial de detectar disrupciones (alertas) y de corregirlas activa y rápidamente (respuestas), para lo cual es imprescindible contar con acuerdos colaborativos vinculantes, tanto mundiales como regionales, que posibiliten la inmediata acción colectiva más allá del ámbito nacional. Por tanto, se requiere más y mejor OMS, así como un papel más determinante de la Unión Europea en el seno de esta.

La tarea debe ser consolidar un bien público mundial, y para el ámbito comunitario de los 27, un bien público europeo, que trascienda las soberanías nacionales y que sea aceptado claramente por los Estados que conforman la OMS por un lado y la Unión Europea por otra parte. Estos bienes públicos deben tener una naturaleza intergubernamental y multilateral, tienen que permitir que se reúna, se comparta y se analice la información relevante, sin filtros ni secretos guiados por un enfoque miope de “seguridad nacional” y, sobre todo, deben permitir llevar a cabo acciones rápidas y decisivas supranacionales para atajar el problema más allá del ámbito nacional.

El alcance del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) vigente y las atribuciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y de la Comisión Europea en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, no son suficientes para cumplir con esos requisitos fundamentales, ya que los Estados que son parte de esta convención internacional, o del Tratado de la Unión Europea, no han cedido soberanías nacionales y ello imposibilita una acción colectiva supranacional.

En el RSI se define como riesgo de salud pública la probabilidad de que un evento afecte a la salud poblacional, se disemine internacionalmente y entrañe un peligro serio y directo, pero no se establece una forma de actuación colectiva que esté por encima de las actuaciones nacionales. Lo mismo ocurre en el Tratado de la Unión. Por tanto, el problema no está en el instrumento en sí mismo, sea este el RSI o un nuevo Tratado Internacional de Preparación y Respuesta ante Pandemias, como el que han planteado varios líderes mundiales y el propio director general de la OMS. Si no se ceden soberanías sanitarias nacionales, ningún instrumento tendrá la efectividad que se requiere.

En el ámbito de la Unión Europea se necesita un enfoque coordinado y convergente que, al no haberse producido de manera efectiva, ha generado dificultades para poder frenar las distintas olas de COVID-19 en los Estados miembros. La manifiesta descoordinación de las medidas restrictivas y de las acciones sanitarias de los Estados miembros y el errático control de fronteras del espacio Schengen han producido un trasiego incongruente de personas, han desconcertado a la ciudadanía y no han logrado interrumpir oportuna y eficazmente la transmisión del virus.

Los países han ido en direcciones diferentes y han carecido de un enfoque compartido, basado en una lógica epidemiológica común. Se ha notado la ausencia de una Autoridad Sanitaria Europea con capacidad de liderar, proponer y regular todos estos aspectos de forma efectiva. Algo que, junto con otras reformas que han sido propuestas, debería establecerse en la Conferencia Sanitaria que la propia Comisión Europea ha anunciado para este otoño.

Hasta entonces, la Comisión debería asumir el liderazgo que le corresponde y arribar a un marco de actuación común para orientar los esfuerzos de los Estados miembros. La creciente transmisión del virus ha determinado un peligroso aumento de la incidencia de COVID-19 en muchos de los países de la Unión en las últimas semanas y si no se actúa de este modo tendremos retrocesos que pueden requerir volver al confinamiento pleno y a la reducción de la movilidad, incluyendo el cierre de fronteras en el interior del Espacio Schengen.

Por su parte, el certificado digital sanitario tal como ha sido planteado hasta ahora solo generará falsas seguridades y no garantizará la seguridad sanitaria que debe acompañar al restablecimiento de los viajes internacionales. Parece buscarse más una reanudación apresurada de los flujos turísticos que atender a las necesidades de salud pública. Y presenta, además, el enorme riesgo de introducir procesos discriminatorios en otros aspectos de la vida social no ligados al tránsito internacional de personas. Numerosos analistas y parlamentarios europeos han apuntado el riesgo de que viole derechos fundamentales cuando no toda la población ha tenido todavía acceso a la vacuna.

La trascendencia sanitaria de las decisiones de la Comisión y sus eventuales consecuencias en materia de derechos requieren un papel más relevante del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales para asegurar mecanismos de control y garantías suficientes. Sobre todo, porque aún hay mucho por hacer en materia de coordinación de las medidas asociadas al cierre y apertura de fronteras, cuarentenas, realización de pruebas diagnósticas para viajar, consejos y restricciones de viaje y movimientos de personas dentro de la Unión Europea y fuera de ella. Por el momento, la situación en este campo es desordenada y muy poco eficaz, y más valdría ocuparse de mejorarla.

El asunto de las vacunas merece una especial referencia, ya que se trata del instrumento fundamental para controlar la pandemia en el mediano plazo. Sin embargo, solamente funcionará si se impulsa como un bien público tanto en el ámbito europeo como en el concierto mundial. Por desgracia, ni la actuación de la OMS, el GAVI y el Banco Mundial en el ámbito mundial ni las medidas tomadas por la Unión Europea en su espacio de competencia han estado a la altura de lo requerido.

Desde el comienzo, hubiera hecho falta una acción más decisiva que apostara por consolidar las acciones para el desarrollo de vacunas de una manera colaborativa y por centralizar las funciones regulatorias para la aprobación de las vacunas y su revisión en términos de seguridad y eficacia. En cambio, se optó por permitir la proliferación de esfuerzos competitivos teñidos de un absurdo nacionalismo vacunal. Tampoco ha sido posible armonizar las decisiones en cuanto al uso de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, el ente regulatorio supuestamente establecido para actuar de manera concordante en todos los países de la Unión, y esto pone en entredicho la eficacia de las actuaciones sanitarias de alcance europeo.

A fin de cuentas, la Unión Europea ha “acomodado” pactos comerciales con las compañías farmacéuticas productoras de las vacunas, muchos de cuyos procesos de investigación y desarrollo financió generosamente, en lugar de inducir una producción más acelerada con procesos de terciarización en los que podrían haber participado entidades farmacéuticas que, o bien tuvieran capacidad de producción de vacunas, o bien pudieran reacondicionar sus instalaciones para esta finalidad.

Tanto la Unión Europea como la OMS deberían haber convocado al sector farmacéutico para desarrollar un “plan de choque”, con una lógica de economía de guerra, que llevase a una producción intensificada del número de dosis de vacunas necesarias, con el pleno respaldo e inversión de los gobiernos de sus Estados miembros. Esto es algo para lo que aún habría margen de acción, ya que las necesidades presentes y futuras, tanto para la Unión Europea como a nivel mundial, son y serán considerables, lo que se beneficiará de una adecuada capacidad instalada a modo de “previsión estratégica”.

En resumen, se ha echado en falta un liderazgo público europeo para inducir una producción incrementada de dosis vacunales capaz de atender a las necesidades europeas y mundiales, y no solo responder pasivamente a acuerdos comerciales ingenuos e insuficientes con las compañías productoras que detentan las patentes y que han incumplido los acuerdos. Tampoco lo ha habido para recordar que, si esto no fuera suficiente, nada debería impedir poner en marcha el “compulsory licensing”, un mecanismo aprobado hace casi dos décadas en la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, que permite flexibilizar las patentes cuando hay una prioridad internacional de salud pública, como en su momento fueron los tratamientos de antirretrovirales para luchar contra el SIDA.

La aplicación de este mecanismo, junto al impulso de medidas para disponer de mayor capacidad de fabricación, haría posible producir a menores costes y con mayor agilidad las dosis necesarias de vacunas para todo el mundo.

Pero hasta ahora la lógica imperante ha sido la de la producción comercial y no la de generar un bien público cuya producción y distribución fuesen adecuadamente orquestadas a través de un mecanismo de cogobernanza por parte de los Estados. El resultado salta a la vista: aún no se cuenta con el suficiente número de dosis para enfrentar las necesidades de vacunación, las vacunas no son asequibles para todos los países, no están distribuidas equitativamente ni ha primado una lógica de protección gradual de las poblaciones más vulnerables del mundo, independientemente de su pertenencia a un país u otro.

No basta con el mecanismo COVAX para apoyar a los países pobres para que puedan comprar vacunas. Tampoco con una compra consolidada europea que no ha garantizado el abasto suficiente de vacunas para poder vacunar al ritmo que se necesitaría en los países de la Unión. Son mecanismos vicariantes que no corrigen el problema estructural de base pues siguen partiendo de la consideración de las vacunas como un bien privativo y no un bien público. Y al hacerlo así, indirectamente tienden a prolongar la duración de la pandemia y a ofrecer al virus más oportunidades para mutar y, en su caso, para escapar a la acción protectora de las actuales vacunas. Con las complicaciones de largo plazo que ello puede conllevar. Se requieren esfuerzos orientados a conseguir el acceso universal necesario para vencer eficazmente la pandemia de la manera más rápida posible.

Urge adoptar en el seno de la Unión Europea una acción concertada que en el corto plazo se traduzca en una serie de medidas para frenar los recientes repuntes de COVID-19 y en el mediano plazo en acciones efectivas para superar la insuficiencia en la producción de vacunas y los inexcusables retrasos en el avance de la vacunación. Este debe ser un esfuerzo concertado para reducir el caos mundial y fomentar la coordinación.

El leitmotiv de este esfuerzo debería ser un enfoque conjunto para frenar los repuntes, un abordaje coordinado y solidario en el control de la pandemia y en la mitigación de sus efectos económicos y sociales y una acción colaborativa en la producción y distribución de vacunas, ya que no se trata exclusivamente de un asunto individual de cada país. “Ningún hombre es una isla”, decía el poeta inglés John Donne. En este caso ningún país es una isla y todos los Estados miembros de la Unión Europea y de la OMS están en un barco común. Hay que impulsar una acción rápida, colaborativa y concertada de la que España debería ser abanderada en la Unión Europea, la OMS y otros foros internacionales.

Crecí en una España supuestamente una, grande y libre, en la que el grito de Gibraltar español pretendía unificar a la idiosincrasia patria. Incluso las editoriales del Movimiento publicaban textos de autores del exilio siempre y cuando se alinearan con la reivindicación de la soberanía del Peñón a matacaballo. Algo así, al menos en su espíritu, como cuando la dictadura argentina llegó a utilizar a montoneros presos para operaciones militares de Las Malvinas.

Ahora, cuando Gibraltar no quiere ser del Reino Unido ni de España, sino de Schengen, la población en general se encoge de hombros porque presumiblemente ignora que de esa hipótesis depende la vida cotidiana de unas 50.000 personas, incluyendo a más de 15.000 trabajadores transfronterizos. El hecho de que puedas tardar tres horas o tres minutos en cruzar la Verja para acceder a tu casa o a tu trabajo no es una cuestión menor y esa es una de las bazas que se juega en esta extraña partida de póker diplomático que el Reino Unido y la Unión Europea llevan jugando desde que se inició el largo y tortuoso camino del Brexit.

Para buena parte de la opinión pública española y británica, el Peñón de Gibraltar se ha convertido en un peñazo que sólo parece interesar a la diplomacia de ambos países, a los militares en la reserva o a quienes les toca maniobras a la sombra de la Roca. Incluso los líderes de Vox, a caballo en el spot electoral de las elecciones andaluzas de hace dos años, parece que han dejado de cabalgar a diario hasta la Verja para entretenerse en subir en las encuestas con sus argumentarios de barra de bar.

Lo peor que puede ocurrirle a Gibraltar es que a los españoles deje de interesarle; y a la mayoría de nosotros ya no nos importa en demasía, después de trescientos años, que Gibraltar pertenezca a España, al Reino Unido o a la Uefa. O que una parte del valle de Arán sea de Francia. Hemos perdido, sin duda, ardor guerrero, que diría Antonio Muñoz Molina, y nos hemos dejado en cambio seducir por los productos baratos que habitan sus comercios o por los simpáticos monos que tan caro resulta visitar en sus cumbres calizas. Nos parece gracioso, eso sí, su relativo acento andaluz, considerándose los llanitos legítimamente británicos: como aquí seguimos confundiendo a los árabes con los musulmanes y a los británicos con los ingleses, tenemos con ello un chiste seguro para las cenas de cuñados. 

Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, puso sobre la mesa hace meses la posibilidad de que su comunidad se incorporase al espacio Schengen, otro misterioso arcano para buena parte de la idiosincrasia española, que siempre confunde el acuerdo para la supresión de fronteras en territorio europeo con el apellido de algún futbolista a punto de ser fichado por el Barça en el mercado de invierno.

Con el espacio Schengen, España ganaría, de entrada, dejar de dar por saco a unos miles de compatriotas a los que nuestro país ha sido incapaz de ofrecer trabajo y dignidad en nuestro suelo

Si esta jugada diplomática tuviera buen fin sería probablemente el cambio más importante en el estatus del Peñón desde el Tratado de Utrecht de 1713. Con la práctica supresión de la Verja que implicaría dicho acuerdo, no recobraríamos la soberanía desde luego, pero sus usuarios recobrarían la tranquilidad de que, por un largo periodo de tiempo, no iba a sentirse eternamente secuestrada su vida diaria por los sacrosantos intereses de Estado. Esto es, que podrían ir y venir a currar o a comprar chocolatinas y bebedizos raros sin el temor a que alguien decida cerrar la frontera o restringirla, obligarles a colas eternas y ese tipo de zarandajas que tanto gusta al poder cuando se pone a ejercer el poder.

De ahí, presumiblemente, que a cierto sector del Ministerio español de Asuntos Exteriores y del Foreign Office británico le haya cogido con el paso cambiado esta nueva estrategia planteada por el Gobierno de Gibraltar y asumida en parte por la ministra Arancha González Laya, cuyo pragmatismo felizmente se veía venir frente a las pomporrutas imperiales de algunos de nuestros más eminentes salvapatrias que siguen preguntándose qué ganaría España con todo ello. La respuesta está clara, salvo para quienes viven en lugares lejanos a los problemas que deben afrontar como responsables públicos: España ganaría, sencillamente, de entrada, dejar de dar por saco a unos miles de compatriotas a los que nuestro país ha sido incapaz de ofrecer trabajo y dignidad en nuestro suelo y, para ello, tienen que emigran a diario hacia una colonia, mientras a este lado de la Verja acechan el paro, la desesperanza y las andanzas nocturnas de las narcolanchas.

Tampoco al britanismo al uso le importa un ápice Gibraltar y su peñazo: ellos están en lo que están, mandando barcos de guerra al mar del norte para combatir a los peligrosos pescadores franceses, o resolviendo la frontera de Irlanda del Norte, quizá porque en ello le fuera el acuerdo de paz con el IRA.

Quedan muchos flecos por resolver en una negociación a cuatro bandas que implica a Londres y a Bruselas, pero también a Madrid y a Gibraltar. Los que se la cogen con papel de fumar y ponen astillas en las ruedas de la negociación entienden que la hipótesis del Peñón en Schengen no sólo es compleja –que lo es--, sino imposible. Quizá, sencillamente, porque ellos perderían buena parte de su razón de ser porque cada vez que aquí se ha intentado alguna solución para hacerle la vida más fácil a la gente mientras sus gobiernos resuelven los contenciosos, ha aparecido el empollón de la clase diciendo que tal o cual alternativa vulnera el epígrafe doce bis de cualquier acuerdo o desacuerdo, de cualquier resolución de Naciones Unidas o de los altos tribunales mundiales. Así lo mismo se cerró el Instituto Cervantes en Gibraltar porque venía a reconocer implícitamente que Gibraltar era el extranjero, como sostenía el inconmensurable José Manuel García Margallo.

Que esta frontera terrestre pierda definitivamente sentido y se diluya en la historia, no sería una victoria inglesa, española o gibraltareña, sino del sentido común.

Quienes se limitan a preguntar qué ganaría España con ello vienen a ser los mismos --o sus descendientes, porque aquí hay mucha genética--, que se preguntaban hace justo cuarenta años por qué había que abrir una frontera sin recibir nada a cambio, como si a este país no le fuera suficiente que sus nacionales pudieran escaparse de sus demonios cuando les fuera necesario.

Claro que es complicado que Gibraltar se incorpore al Acuerdo de Schengen, al que nunca perteneció el Reino Unido y al que no pertenecerá ya nunca después del Brexit. Claro que quedan asuntos que pulir respecto a fiscalidad del Peñón o la aceptación de este nuevo socio por parte de los veintiséis países que conforman dicho Tratado de libre paso. Botella medio llena, botella medio vacía. Que sea el Frontex quien ejerza el control de la Verja en lugar de los cuerpos y fuerzas de Seguridad españoles no significa que España renuncie a nada, sino que, en la práctica, sería el Reino Unido quien estaría renunciando de hecho a ejercer dicho papel en el istmo que usurpó en su día y sobre el que levantó la Verja hace justo un siglo. Que esta frontera terrestre pierda definitivamente sentido y se diluya en la historia, no sería una victoria inglesa, española o gibraltareña, sino del sentido común. Una virtud laica que, creo yo, tendría que ser mucho más valorada en estos tiempos desaprensivos. El Peñón de Gibraltar dejará de ser un peñazo cuando, a su sombra y como diría Mario Benedetti, la gente viva feliz aunque no tenga permiso.

Faltan 5 días y no sabemos quién va a poder venir a Europa. El próximo 1 de julio se levantan las fronteras de la UE para nacionales de terceros países y los 27 aún siguen discutiendo los criterios para dejar pasar o no.

Los embajadores de los 27 ante la UE intentarán de nuevo este viernes llegar a un acuerdo sobre cómo abrir las fronteras exteriores a terceros países después de intensas negociaciones durante los últimos días. Algunas listas que se están manejando como borradores, y que han publicado Politico y The New York Times, dejan fuera a turistas de países como EEUU, Rusia y Brasil.

Los países incluidos en la lista provisional de admitidos más estricta han sido seleccionados en virtud de una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia es la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Según los datos de The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80.

La UE recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para el próximo miércoles 1 de julio.

Después de que el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, hablase este martes de un umbral de 50 contagios por cada 100.000 habitantes a la semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha respondido en TVE: “Algunos piensan que 50 es demasiado elevado, que debería ser más cercano a 20, otros piensan que es demasiado modesto, vamos a dejar un poco de tiempo a la discusión”.

Los 27 prevén abrir sus fronteras exteriores en principio el 1 de julio, pero lo harán de forma gradual y primero a aquellos países “donde la situación epidemiológica sea positiva”. En todo caso, tienen que hacerlo de manera coordinada porque una vez que se entra en un país del área Schengen hay libre circulación entre países.

“Evidentemente no concebimos este ejercicio como un ejercicio diplomático sino sanitarios porque lo que tenemos que garantizar a quien entra y a quien está en España es la protección de su salud”, ha afirmado la ministra de Exteriores.

Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,3 millones (120.771 muertes). En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,1 millones (51.271 fallecidos). Y en tercer lugar está Rusia con casi 600.000 casos y 8.349 muertes registradas, según la universidad Johns Hopkins.

González Laya ha afirmado que “hay lugares en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde la epidemia aún no ha llegado a su pico” y por tanto la UE quiere ser “extremadamente cuidadosa con la llegada de ciudadanos de estos países al espacio europeo”.

Una vez que los Estados acuerden la lista definitiva, esta se presentará a principios de la semana que viene. La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicarla, pero según informa The New York Times, si no se cumple, podría llevar a una nueva imposición de restricciones de movimiento entre los países de la UE.

La presidencia de turno de la UE, el Gobierno croata, está manejando, según Politico, dos listas con horquillas diferentes.

La primera incluye 47 países con una tasa de infección inferior a 16 casos por cada 100.000 personas.

La segunda, con un rango de 16-20 por 100.000, suma 54 países. China, Vietnam y Australia están en ambas listas, mientras que Canadá, Turquía y Egipto solo estarían en el grupo más amplio.

Sin embargo, una serie de capitales están presionando para que otros datos también se tengan en cuenta, explica Politico, como las tasas de tests, el número de pacientes en cuidados intensivos o la preparación de los países, por ejemplo, en términos de instalaciones hospitalarias, así como la fiabilidad de los datos.

González Laya, en todo caso, no ha confirmado que vayan a quedar fuera Estados Unidos, Brasil o Rusia: “Lo haremos con criterios epidemiológicos, porque esto es una pandemia no es una discusión diplomática”.

“Hay reglas muy claras para el sistema de información Schengen. Y esperamos que todos los miembros observen su letra y espíritu”. Así ha respondido la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, a la filtración por parte de Josep Borrell, ministro en funciones de Exteriores y jefe de la diplomacia europea electo. Un toque de atención inusual en una sala de prensa en la que los portavoces comunitarios se desenvuelven con extraordinaria diplomacia en lo que respecta a los gobiernos y gobernantes de los Estados miembros.

“El tuit fue puesto como ministro en funciones”, ha proseguido Andreeva, quien no ha dicho si la presidenta electa, Ursula von der Leyen, o alguien de su gabinete se ha dirigido a Borrell: “Ahora es cosa de las autoridades españolas hacer seguimiento del caso”.

Tras la reactivación de la euroorden contra Ponsatí por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las autoridades británicas la tacharon de “desproporcionada” y solicitaron más información sobre el caso a sus interlocutores españoles, a través del sistema SIRENE de cooperación policial europea para el intercambio de información sobre personas dentro del espacio Schengen.

Más tarde, las mismas autoridades británicas afirmaron que fue un “error” la descalificación para referirse a la petición de entrega de Ponsatí, si bien insistieron en que necesitaban más información de las autoridades españolas antes de decidir darle curso o no.

Y es ese segundo documento el que el ministro Borrell hizo público en Twitter, borrado más tarde, en el que decía que Reino Unido había enviado un “documento de rectificación”.

A consecuencia de ello, la eurodiputada Diana Riba (ERC/Greens/EFA), ha escrito una carta al Ejecutivo comunitario en la que le pide que tome cartas en el asunto y en la que sostiene que el comportamiento de Borrell vulnera las normas europeas, en tanto que ninguna autoridad política debería tener acceso –y menos aún publicar– a los datos restringidos del sistema SIRENE destinado a la cooperación policial.