La directora general de Ordenación Agropecuaria de Castilla-La Mancha, Lydia Benítez, ha traslado a los ganaderos “un mensaje de tranquilidad y de comunicación constante con la Administración y con los veterinarios de explotación para que estemos totalmente coordinados”, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya confirmado la presencia del virus Shamonda en explotaciones de vacuno en Toledo y en Córdoba.

En concreto, el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete ha confirmado la presencia del virus Shamonda en cuatro explotaciones de bovino de leche en las que, ante la sospecha de presencia del virus por sintomatología compatible con la enfermedad, se tomaron muestras y se enviaron a este laboratorio. Tras los análisis, se ha confirmado este virus en cuatro explotaciones en las localidades de Montearagón, Castillo de Bayuela y El Bercial.

El virus Shamonda (SHAV) es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, grupo en el que también se incluyen otros virus de importancia veterinaria, como el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV). Su transmisión se produce principalmente mediante la picadura de dípteros del género Culicoides, que actúan como vectores. No existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales, aunque se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación.

Según ha informado el ministerio del ramo las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible en línea con la reportada por otros países previamente: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

No afecta a la calidad de la leche y la carne y que no tiene ningún riesgo para el consumo de las personas

Tras confirmarse la noticia, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha explicado que se irá informando al sector y se realizará un seguimiento conjunto de la evolución del virus. Lydia Benítez ha subrayado que “es importante decir que no afecta a la calidad de la leche y la carne y que no tiene ningún riesgo para el consumo de las personas”.

Hoy mismo, este departamento ha convocado al sector regional del bovino para actualizar su situación epidemiológica. Tal como ha informado la directora general del área, Lydia Benítez, en esta reunión se han abordado dos temas principalmente, por un lado, la aparición del nuevo virus Shamonda y por otro la situación de la brucelosis bovina.

El inicio de septiembre supone un punto de inflexión en el año, representando un nuevo comienzo. En Castilla-La Mancha, coincide, además, con la vendimia, actividad que sigue marcando el calendario, las rutinas y las celebraciones, con muchos pueblos de fiestas estos días.

Es también el momento del año para la feria más multitudinaria y reconocida de nuestra región, la de Albacete, que echó a andar este lunes, y se prolongará hasta el próximo 17 de septiembre.

Los orígenes de esta celebración son, también, como en muchos otros lugares, ganaderos. Se trataba de una feria de compraventa de ganado, tras las cosechas. Desde la edad media hasta hoy, la celebración ha evolucionado mucho, pero Albacete, y Castilla-La Mancha en general, siguen muy pegados a un sector agrario, agrícola y ganadero, que es, todavía hoy, en pleno siglo 21, la base de la economía regional.

Y en época de vendimia, por paradójico que parezca, toca hablar de nuestro producto más universal, el queso manchego, y de la raza autóctona de la que se obtiene la leche que lo hace posible, la manchega. No hay queso manchego sin ovejas manchegas, y no habrá ovejas manchegas sin queso manchego. La interdependencia de ambos es una de las señas de identidad de esta denominación de origen. Y esta, precisamente, no atraviesa el mejor de sus momentos. Y no porque el queso manchego haya dejado de estar valorado por los consumidores, o porque hayan descendido las ventas o porque el precio de mercado se haya desplomado.

No. El problema es la rentabilidad de la actividad ganadera, lastrada estos días por precios de compraventa de la leche, extraordinariamente bajos. Y ello, en medio de una tormenta perfecta, con pocos jóvenes ganaderos, escasez de pastores, y desaparición de las ganaderías menos rentables, incapaces de profesionalizarse, lo que se traduce en un número muy reducido, en constante disminución, de proveedores de leche manchega -aunque cada vez, con mayor dimensión-.

Hoy quedan apenas 500 explotaciones de manchego en toda la comarca de la Mancha, muy pocas para un territorio enorme que, a lo largo de siglos se ha acostumbrado a su pastar, a su leche y a su queso.

Es el momento urgente de actuar; de arrimar el hombro; queseros y ganaderos. Y también la administración. Sin rentabilidad para los ganaderos no habrá queso manchego. En un contexto difícil para la ganadería en general, todas las producciones, sufren, pero la raza manchega más rústica que otras razas más intensivas, pero con la enorme ventaja de ser la responsable del mejor queso del mundo, ha de resurgir. Este es su verdadero punto de inflexión. No hay vuelta atrás.

Una persistente sequía desde primavera y las altas temperaturas durante los meses estivales están golpeando con fuerza la viabilidad de las granjas ganaderas del norte de España. Principalmente, las que se dedican a la ganadería extensiva. Muchas de ellas, ante la falta de pasto, ya han tenido que comenzar a tirar de los forrajes guardados para el invierno y, si se gastan en verano, tienen que ir a comprar a un mercado con los precios disparados. La sequía no es algo que afecte solo a los productores españoles, sino que en Francia, Alemania o Suiza la situación es muy similar y se compite por el mismo producto. La derivada: muchas de estas explotaciones se están planteando vender animales ante la imposibilidad de mantenerlos.

“Hay granjas que van a tener que reducir el número de animales porque la situación es inviable”, asume Isabel Villalba, ganadera gallega y responsable de vacuno de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Esta organización agraria ha puesto de relieve que Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra “sufren una crisis forrajera grave” tras vivir el julio más seco desde el año 1961. Eso ha provocado que los costes de los ganaderos, de media, hayan aumentado un 30%, por lo que instan a las diferentes administraciones –autonómicas y al Ministerio de Agricultura– a poner en marcha ayudas urgentes para la compra de forraje. También, líneas de crédito, adelantar la entrega de los fondos de la PAC, el suministro urgente de agua y la declaración de zona catastrófica para las comarcas más afectadas por la sequía.

“Vender los animales es muy duro”

“Tenemos muchas praderas donde no hay nada que recoger”, explica Isabel Villalba. “En nuestro caso estamos alimentando con lo que teníamos para el invierno, porque tenemos un 30% menos de forraje de maíz. Yo hablo de un 30%, pero hay compañeros que han perdido un 80%”. Villalba suma en su explotación 97 cabezas, entre terneros y vacas. “Hay animales que pensábamos tenerlos más tiempo, pero algunos no vamos a poder mantenerlos. Nosotros no compramos animales en el mercado, los criamos, porque nos dan miedo las enfermedades. Cuando has visto nacer y crecer un animal, lo quieres tener más tiempo. Tener que venderlos es muy duro, muy difícil”, asume.

En Asturias la situación es prácticamente igual. El ganadero David Pérez lleva 15 años trabajando en el valle minero. “Rondo siempre las 60 cabezas de ganado y unas 20 o 25 ovejas, todo de extensivo. Vamos cambiando de fincas, en verano lo llevamos a pastos comunales”, indica. Sin embargo, este año es diferente. “En mayo, cuando crece la hierba, no creció. No ha llovido. No se puede mover el ganado, no podemos hacer el pastoreo”. En su caso, de nuevo, está teniendo que tirar de las reservas de forraje guardadas para el invierno y también constata la exigencia de tener que vender animales para garantizar la viabilidad de las explotaciones.

“Es la decisión más dura. Cada día me llaman ganaderos que me dicen que van a vender, que no van a cebar por el alto coste. La gente suele mantener, intenta pasar el año, pero es que, desde 2022, llevamos años muy complicados. Cada vez hay más sequía y la rentabilidad de las explotaciones está, por norma general, al límite”, recalca Pérez, que también es secretario general de COAG en Asturias. “Donde yo estoy, hace seis años, éramos seis ganaderos. Ahora estoy solo y no hay visos de que venga alguien detrás”.

El cántabro David Saiz ha diversificado su explotación. Por un lado, Ganadería Las Nieves, donde cuenta con ganado frisón –190 animales–, además de 100 vacas de carne, unas 180 ovejas y casi 40 caballos. Por otro, alojamientos, producción de helados y máquinas expendedoras de leche. “Lo suyo es que cada negocio sea independiente”, apunta, “que no haya que compensar uno con otro”, si las cosas vienen mal dadas. En cuanto a la ganadería señala que este año no hay terrenos comunales donde puedan comer los animales. “No hay, en los últimos días ha llovido, pero no es suficiente”. Pone como ejemplo el ganado de leche. “Tienen que comer 13 kilos de pienso, más el forraje, la alfalfa y el maíz y, si están estresadas, cuando hace mucho calor, comen más y dan menos leche. Y beben entre 70 y 80 litros de agua al día”, añade.

Un problema europeo que complica la situación en España

Por otro lado, la persistente sequía en otros mercados europeos ha provocado que falten pastos en otros países, como Francia, Alemania o Suiza. También tienen que tirar de forraje, lo que tensiona más los precios, por ejemplo, del heno. De hecho, Francia acaba de cambiar las normas de producción de varios tipos de quesos, para permitir que puedan producirse con animales que han comido forraje, ante la imposibilidad de que las vacas pasten libremente por Los Alpes.

“Me contaban que ha venido un corredor de Francia que ha venido a comprar un montón de forraje. Y no es para él”, asegura el cántabro David Saiz.

“La realidad es que todos en Europa competimos por lo mismo, por el mismo producto. En esta situación, los países más fuertes van a acaparar, antes que nosotros, todo el mercado que pueda venir de fuera”, ahonda el ganadero asturiano David Pérez.

Algunos gobiernos regionales ya han reaccionado. El Ejecutivo de Cantabria ha dado luz verde a ayudas extraordinarias por valor de tres millones de euros para más de 2.300 ganaderos afectados por la sequía. Y el vasco aprobó la compra conjunta de forraje para tratar de mitigar la situación.

Repensar cómo responde a la emergencia climática

El trasfondo es que este no es un problema puntual, no es solo un mal año. “Lo que estamos viviendo es una consecuencia de la emergencia climática, que muestra su cara en muchos sectores agrarios”, afirma Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

“Vivimos una sucesión de olas de calor y se banalizan. Hace falta una reflexión. La ganadería extensiva es muy relevante. No solo produce alimentos, sino que gestiona el territorio. Los fuegos se paran donde empieza la actividad agraria. Si abandonamos la ganadería extensiva no solo se expanden los incendios, también las plagas y las enfermedades. La ganadería extensiva va en paralelo a la actividad humana”, concluye Cano.

La ganadera gallega Isabel Villalba cree que es necesario que se analicen bien todos los daños que están pasando, no solo los problemas con los pastos o el forraje, también los problemas de salud de los animales, como la lengua azul o la enfermedad nodular. “Parece que las administraciones no acaban de establecer líneas de investigación para los nuevos retos que vive el sector, que no son de un solo año. ”Hay que pensar las infraestructuras, la gestión del territorio, los países mosaicos, con diferentes cultivos, también para luchar contra los incendios. Necesitamos un eje de soluciones múltiple para hacer frente a lo que está pasando“.

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado ayudas por importe de 45.000 euros destinadas a fomentar la conservación y la cría de animales pertenecientes a razas autóctonas de ganado ovino y caprino en explotaciones ganaderas de Cantabria que desarrollen su actividad mediante pastoreo extensivo.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado el objetivo de estas subvenciones es apoyar a los ganaderos que desempeñan un papel esencial en la preservación de la biodiversidad ganadera, la gestión sostenible del territorio y el mantenimiento del medio rural.

Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones de ovino o caprino ubicadas en Cantabria, incluidas sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT), siempre que cumplan la normativa vigente en materia de medio ambiente, bienestar animal, higiene, sanidad e identificación ganadera.

El presupuesto de la convocatoria asciende a 45.000 euros y plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación o a través de cualquiera de los canales habilitados por la normativa vigente.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que estas ayudas “refuerzan el compromiso del Gobierno con una ganadería extensiva que, además de generar actividad económica y fijar población en los pueblos, contribuye a conservar un patrimonio genético único que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad rural”.

Además, ha subrayado que las razas autóctonas se encuentran “perfectamente adaptadas a las condiciones de nuestro territorio y desempeñan una función fundamental en la conservación de los ecosistemas, en la prevención de incendios mediante el aprovechamiento de pastos y en el mantenimiento del paisaje tradicional cántabro”.

Por último, la titular de Desarrollo Rural ha señalado que “apoyar a los ganaderos que apuestan por estas razas es también apostar por la sostenibilidad, el bienestar animal y la producción de alimentos de calidad vinculados al territorio”.

Una de las preocupaciones durante el incendio de La Mierla, que arrasó 33.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, que todavía hoy no se ha considerado oficialmente extinguido, fue el ganado.

En esta parte de la provincia hay numerosas explotaciones ganaderas de vacuno, una de las señas de identidad de la comarca.

Este martes Fernando Moreno, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Norte y titular de una explotación de unas 370 cabezas de ganado vacuno distribuidas entre La Nava y el entorno del embalse de Alcorlo ha explicado que el uso de los collares de vallado virtual para el ganado fue “clave” para salvar a sus animales.

Se trata de dispositivos inteligentes de geolocalización que permiten confinar y guiar al ganado mediante perímetros digitales trazados desde el teléfono móvil, sin necesidad de instalar postes ni alambres físicos. El año pasado se distribuyeron los primeros 18 por parte de la Diputación de Guadalajara y han tenido un “inesperado” y “positivo” uso

“Aquí en La Nava, gracias a los collares, estuve bastante tranquilo porque agrupamos las vacas y las metimos pegadas al casco urbano y sabía que ahí el fuego no iba a llegar. En cambio, en los otros pastos que tengo en la zona de Alcorlo, saqué entre 40 y 50 vacas del fuego y para eso tuvimos que desconectar todos los collares para que se fueran donde quisieran porque se quemaban”, relata sobre lo vivido durante los primeros días del incendio que se originó el 16 de julio, al parecer debido a labores agrícolas en La Mierla.

También Óscar de la Torre, ganadero de Las Navas de Jadraque, reconoce la utilidad que tuvieron los collares virtuales, porque “sobre todo sabíamos dónde estaban y teníamos los animales controlados, pero hubo momentos muy duros”. Fernando Sánchez apunta que al menos en otra explotación, la de “Manu y Ángela, de Gascueña de Bornova, también estuvieron ahí con los collares y tuvieron las vacas encerradas o por lo menos agrupadas”.

Collares para proteger del lobo con una “derivada inesperada”

La Diputación Provincial de Guadalajara ha explicado hoy que comenzó a subvencionar estos collares de vallado virtual el año pasado y que la iniciativa “tuvo una derivada inesperada pero muy positiva” durante el incendio de La Mierla.

Su objetivo principal es proteger a los animales ante posibles ataques de lobos, pero “se convirtieron en una herramienta fundamental para que varias explotaciones de la Sierra Norte pudieran salvarlos de las llamas que amenazaban con acorralarlos”, explican desde la institución provincial.

Fueron 18 las explotaciones ganaderas que el año pasado recibieron estas ayudas. Se da la circunstancia de que convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 había sido aprobada por la Diputación de Guadalajara dos días antes del inicio del incendio de La Mierla, en la Junta de Gobierno celebrada el 14 de julio, y de nuevo está dotada con 300.000 euros.

Sin embargo, debido a las circunstancias y problemas excepcionales que el incendio ha provocado para el sector ganadero, la Diputación ha decidido posponer la publicación de esta convocatoria hasta que los ganaderos hayan podido resolver los problemas más acuciantes que tienen en este momento y puedan dedicarse a tramitar sus solicitudes.

En principio se prevé que la convocatoria de los collares de vallado virtual se publique en la última semana del mes de agosto.

La presidenta del Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte y alcaldesa de Sigüenza María, Jesús Merino, ha reclamado que las ayudas anunciadas para paliar los efectos del grave incendio forestal de La Mierla, que ha quemado más de 32.000 hectáreas lleguen “con rapidez” para evitar que el incendio “provoque un retroceso” en el proceso de revitalización del territorio y contribuya a agravar la despoblación que azota desde hace años a esta parte de la provincia de Guadalajara.

Ha despejado también dudas sobre las expectativas depositadas en este territorio. El incendio, decía, no afectará a la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' a Patrimonio Mundial de la Unesco, al no haber alcanzado el ámbito territorial sobre el que se sustenta la propuesta, aunque ha reconocido que el fuego supone un duro golpe para la comarca.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha explicado que el incendio no ha llegado al espacio que forma parte de la candidatura, por lo que los trabajos para lograr la declaración continuarán “en la misma línea”.

En este sentido, ha precisado que el fuego se aproximó a localidades como Narros o La Miñosa, pero finalmente pudo ser contenido antes de afectar al denominado paisaje “dulce y salado”.

Repercusiones directas en el paisaje forestal y en la economía

No obstante, ha admitido que la tragedia tendrá consecuencias indirectas para el conjunto de la comarca, especialmente por la pérdida del paisaje forestal y su posible repercusión sobre la actividad turística, uno de los principales motores económicos de la Sierra Norte.

Merino ha definido lo ocurrido como “un desastre” y “un mazazo” para un territorio que, según ha recordado, atravesaba una etapa de crecimiento, con nuevos proyectos empresariales, incorporación de jóvenes al sector primario y unas previsiones turísticas que rondaban el 95% de ocupación durante el verano, impulsadas también por el interés generado ante el próximo eclipse.

La presidenta de ADEL Sierra Norte ha señalado que el incendio ha truncado esa dinámica positiva y ha afectado especialmente a sectores como el turismo, la ganadería y la agricultura. En el caso de las explotaciones ganaderas, ha incidido en la pérdida de pastos, mientras que también ha lamentado el impacto sobre jóvenes agricultores y emprendedores que habían apostado por desarrollar su proyecto de vida en la comarca.

Pese a ello, ha hecho un llamamiento para que la Sierra Norte siga siendo destino de visitantes, al recordar que existen numerosos recursos naturales y patrimoniales que no han resultado afectados por el incendio.

En este contexto, ha defendido que ADEL Sierra Norte participe en la gestión de esos fondos, al considerar que, por su conocimiento directo del territorio y de su tejido económico, puede facilitar una distribución “más ágil” y adaptada a las necesidades reales de los afectados.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación diferenciada para el medio rural, argumentando que estos territorios desempeñan una función esencial como “pulmones” de las ciudades y requieren recursos suficientes para reforzar tanto la prevención de incendios como las políticas de desarrollo rural.

Sin víctimas, pese a la virulencia del fuego

Respecto a la evolución del incendio, Merino ha destacado que la prioridad de los servicios de extinción fue proteger los núcleos de población ante un fuego de extraordinaria virulencia que llegó a amenazar directamente varios municipios.

Aunque ha reconocido la angustia vivida por alcaldes y vecinos durante los días más críticos, ha valorado la actuación del dispositivo de emergencias, subrayando que la estrategia permitió preservar los pueblos y evitar la pérdida de vidas humanas pese a la magnitud del incendio, que ha calcinado más de 32.000 hectáreas, según las primeras estimaciones.

Es uno de los pilares de la política común europea y cumple 40 años desde que comenzó a aplicarse en España. Para el sector agrícola y ganadero, la Política Agraria Común (PAC) ha sido un factor clave para el desarrollo de la producción agroalimentaria y para el despegue de las exportaciones. Sin embargo, que haya sido una herramienta de transformación esencial no evita que también tenga un lado oscuro: que el reparto de las ayudas haya contribuido a ampliar las diferencias entre las grandes y las pequeñas explotaciones. Además, la Comisión Europea (CE) tiene actualmente sobre la mesa el diseño del nuevo marco financiero de la PAC entre los años 2028 y 2034 y los productores temen un recorte presupuestario y una renacionalización de la política agraria, que lleve a los Estados a primar unos sectores sobre otros en función de sus intereses.

“Recuerdo que en enero de 1986 había dos temores, la introducción del IVA, que según algunos iba a ser un desastre; y que íbamos a ser invadidos por las naranjas marroquíes. Pues ni una cosa ni la otra”, aseguró el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto sobre los 40 años de la PAC en España. “Hemos transformado el sector en estos años, se ha adoptado un marco jurídico común y un apoyo financiero, con derechos y con obligaciones”, resumió.

Ese aniversario de la PAC ha llevado a los actores del sector primario a hacer balance. En el caso del Ministerio de Agricultura, a través de un informe donde desglosa qué ha supuesto la PAC para España. Entre otras variables, destaca que el “sector agroalimentario ha multiplicado por ocho su facturación” en estas décadas. “Las exportaciones han pasado de los niveles testimoniales de 1985 a superar los 78.000 millones de euros en 2025”. “España ha pasado de ser el octavo exportador de la entonces Comunidad Económica Europea, formada por 12 países, a consolidarse como el cuarto de 27 Estados miembros de la actual Unión Europea”. 

Un cambio de modelo: de pequeñas a grandes explotaciones

El sector ha cambiado. Nadie lo duda. Ha pasado de mirar hacia dentro de nuestras fronteras a volcarse en el exterior. También, a cambiar el perfil y las características de la producción agrícola y ganadera. El análisis que realiza Agricultura reconoce que, en 1982, había en España más de 2,37 millones de explotaciones, con un claro predominio de aquellas que tenían un pequeño tamaño y eran familiares. Más del 77% tenían menos de cinco hectáreas. El Ministerio explica que, “al comparar esa situación con la realidad más reciente, se observa que el número de explotaciones censadas ha disminuido considerablemente hasta un total de 771.047, pero ahora más de la mitad de las explotaciones en España, el 59,8%, tiene un tamaño igual o superior a 100 hectáreas y el 74,56% del total tiene más de 50 hectáreas, como consecuencia de un mayor grado de profesionalización y un proceso de modernización y aumento de la mecanización y automatización de los procesos productivos”.

De esta forma, “actualmente, la distribución por tamaño de las explotaciones evidencia dualidad”, indica Agricultura. “Por un lado, las explotaciones de 100 hectáreas o más que, aunque son una minoría en número (57.208 explotaciones), gestionan 14 millones de hectáreas, que son más del 60% de toda la Superficie Agrícola Útil nacional”. “En el extremo opuesto, existen casi 190.000 explotaciones de menos de 2 hectáreas, que apenas suman 198.000 hectáreas en total, lo que refleja la persistencia de un minifundismo residual frente a la hegemonía de los grandes latifundios mecanizados”.

También ha cambiado el modelo laboral. Hace 40 años, “el sector primario todavía era un pilar fundamental en la generación de empleo en España”. Daba trabajo a casi dos millones de personas, más del 17% del total. “El campo era, en gran medida, un sector de autoempleo”, explica Agricultura en su análisis. “En 2025, la cifra de ocupados es significativamente inferior, cayendo hasta las 763.650 personas, que representan apenas un 3,4% de la población activa total”. “Esta reducción del 60,7% en el número de trabajadores agrícolas contrasta con el crecimiento exponencial en el resto de los sectores de la economía, que ha duplicado el número de ocupados en el mismo periodo”, asume Agricultura.

Hay menos explotaciones y son significativamente más grandes, al mismo tiempo que se ha empujado al alza la renta agraria. En 1985, el campo representaba menos del 7% de la renta nacional. Aportaba 1,48 billones de pesetas, el equivalente a unos 8.800 millones de euros, sin contar la inflación. En 1990, la renta agraria ascendió a más de 13.700 millones de euros; y, en el 2000, superó los 21.000 millones. “En el periodo más reciente, la renta agraria ha mostrado un repunte significativo, alcanzando los 36.560,50 millones de euros en 2024 y con una previsión de 41.262,10 millones para 2025”, sin dar por cerrados aún los datos de ese ejercicio. “En paralelo, la renta nacional bruta disponible alcanzó los 1,57 billones de euros en 2024”, resume el Ministerio encabezado por Luis Planas. 

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la renta agraria respecto a la renta nacional bruta disponible. Esta última, básicamente, mide todos los ingresos con los que cuenta un país. 

El análisis de Agricultura también pone de relieve cómo la PAC ha derivado, durante muchos años, en el alto peso de esas ayudas en la renta de los agricultores y ganaderos, lo que “muestra esta dependencia que tiene el sector” de los fondos comunitarios.

Hace cuatro décadas, “el apoyo público [la aportación de esos fondos] era marginal, representando solo el 4,7% de la renta”, refleja el mencionado análisis. “La reforma de 2003 marcó un punto de inflexión cuantitativo, elevando las ayudas al 22,8% en 2006. Para 2010, las subvenciones alcanzaron el 26%, consolidándose como un colchón indispensable para la rentabilidad frente a las crisis de precios”, constata el Ministerio. “El máximo histórico relativo se registró en 2020, cuando las ayudas supusieron el 27,2% de la renta (7.513,79 millones de euros), impulsadas por los fondos Next Generation tras la pandemia” y, en contraste, “en 2025 se observa un escenario” de “con incertidumbre: aunque la renta agraria alcanzó un máximo nominal histórico de 41.262,1 millones de euros, el peso de las subvenciones bajó al 14,1%”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución del peso de las ayudas de la PAC en la Renta Agraria en España.

Cuatro décadas de luces y sombras

Con todo el balance anterior, las organizaciones agrarias tienen claro que la PAC ha sido positiva para el campo español, pero es significativamente mejorable. “Ha servido para modernizar el sector, para complementar la renta de agricultores y ganaderos y hacer sostenible nuestras explotaciones, pero necesita una revisión profunda para no ser una fuente de desigualdad en el reparto de las ayudas”, explica el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. Constata que la PAC ha permitido una transformación clave que “permite seguir produciendo alimentos en un horizonte de esperanza”, pero lo peor de estas décadas es “el desigual reparto, entre las grandísimas explotaciones, que son un sumidero de ayudas y que gradualmente han ido a costa de las medianas y pequeñas explotaciones”.

También el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, recordaba hace unos días en una entrevista con elDiario.es que la PAC “no son solo ayudas directas”, sino que “ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión”. 

Ahora toca diseñar en Bruselas el nuevo marco económico de esta política común. Y el sector teme dos variables para la nueva la PAC hasta 2034. Por un lado, un recorte presupuestario. Por otro, que Bruselas deje vía libre a los Estados a ampliar las ayudas a los sectores que consideren oportuno. “Estamos en un escenario de cambio, de un nuevo periodo marco, y ahí tienen que estar en el centro las explotaciones familiares y profesionales, para que sean las verdaderas beneficiarias de esta política agraria común”, recalca Cano. “Son las que necesitan más apoyo para seguir siendo viables y mantener su actividad”.

En el último marco de la PAC, entre 2023 y 2027, a España le correspondieron más de 47.700 millones de euros. Para el conjunto de la UE, el presupuesto superó los 386.000 millones. Esta semana, la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) criticó que, actualmente, la propuesta de la presidencia chipriota para el marco financiero de la PAC supone un recorte del 5% de su valor real.

De cara a ese nuevo marco, hay que “evitar la renacionalización de la PAC con fondos nacionales. No estoy de acuerdo”, recalcó Luis Planas ante el sector primario. “Si son políticas comunitarias deben serlo, porque si un país puede poner todos los fondos [que quiera] en el vino, por ejemplo, vamos en contra del mercado interior. Algunos dicen que la PAC es una política antigua. No es verdad. Es tradicional, pero sigue siendo igual de importante” que cuando se puso en marcha.

Dos personas han sido detenidas en Pozuelo de Calatrava por 16 delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos de la provincia.

Desde enero hasta abril de este año se cometieron una serie de delitos contra el patrimonio en las localidades de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Daimiel, Almagro, Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey.

Por su modus operandi y el tipo de mercancía robada, hizo suponer a los agentes del equipo Roca de la Guardia Civil que se trataba del mismo autor, iniciándose la operación Montevecchio para la identificación y detención de los presuntos autores de estos robos y hurtos.

Se llevaron a cabo diferentes labores de investigación y colaboración con los propios agricultores, lo que dio lugar a la investigación de un vehículo concreto que merodeaba cerca de diferentes trasformadores y fincas a horas intempestivas, pudiendo comprobar como los autores en primer lugar vigilaban los posibles objetivos para más tarde volver y cometer el hecho delictivo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los robos y hurtos casi siempre eran llevados a cabo en transformadores eléctricos aislados o bien casetas de riego o de aperos, así como vallados de fácil acceso, llevándose cableado de cobre, postes de emparrado, baterías de plomo, gasóleo agrícola y algún otro material.

Estos se llevaban a cabo por la tarde noche, cuando las fincas se encontraban vacías y había menos tránsito de personas y trabajadores.

A la vista de todos los indicios se detuvieron a dos personas y se investigó a una más por dieciséis delitos contra el patrimonio, por el robo con fuerza y hurto de diferentes explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos.

Los presuntos autores habían obtenido unos beneficios de alrededor de unos 4.500 euros, aunque el perjuicio económico causado superaba los 50.000 euros.

Las diligencias policiales y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Único de Instancia de Almagro (Ciudad Real).

Una pelea de David contra Goliat. Las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas ven cómo su sector está diseñado para los grandes operadores, con los que es muy difícil poder competir. Para conseguirlo optan por las alianzas –por ejemplo, a través del cooperativismo– como instrumento para sumar fuerzas, más aún cuando se trata de competir en segmentos concretos, como el de la producción ecológica. “Nos tenemos que organizar como sector, para tener voz y fuerza, para que legislen teniendo en cuenta nuestras necesidades, porque todo está pensado para la producción industrial”, explica Rosario Hernández, ganadera canaria. “Eso hace que, muchas veces, te quedes fuera. Cuesta mucho salir adelante, todo está diseñado para las grandes empresas”, recalca.

Las cifras señalan que la figura del cooperativismo está en alza. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son de 2023, pero apuntan una tendencia clara. Ese ejercicio se cerró con 3.699 entidades cooperativas, con crecimientos constantes desde 2006, el primer año del que apunta datos. Y su facturación se dispara desde ese año. En 2023, el volumen de ingresos de las cooperativas alcanzó los 39.570 millones de euros, un 97% más que en ese 2006 que se toma como punto de partida.

El volumen de ventas del sector es relevante, pero también el empleo. A cierre de 2023, las cooperativas del sector primario sumaban casi 120.000 puestos de trabajo. De ellos, el 45% estaba ocupado por mujeres. “La participación de la mujer en las cooperativas sigue manteniendo un aumento sostenido en los últimos años”, señala Agricultura. A cierre de ese año, representaba casi el 30% de la base social cooperativista y “el 10,4% de la composición de los consejos rectores”, indica el Ministerio. Sin embargo, en ellos “apenas el 4,7% ostentan la presidencia y un 14,5% puestos de dirección”. También es reducida la presencia de menores de 40 años, que solo son el 9% de la base social, el 7,5% de la composición de los consejos rectores y el 4,4% de los puestos de presidencia.

Cuando una persona no puede hacer todo el trabajo

El cooperativismo y el asociacionismo se ve como una opción para ser más fuertes y que la voz se escuche más alto. Azpe García puso en marcha, en plena crisis financiera, una pequeña cooperativa apícola, que también se dedica a la educación ambiental, A Redolada. “Empecé siendo autónoma; luego, dos personas y, posteriormente, tres. Estudié biología y, en 2010 y 2011, después de meses buscando trabajo, vi que nadie me iba a contratar en lo mío y que era mejor que me dedicara a lo que quería hacer. Me gustaba el trabajo de campo, pero no me atraía la ganadería tradicional y, como mi proyecto tenía la parte de sensibilización, las abejas eran muy buenas para eso. Me formé y me lancé”. 

“El asociacionismo es básico”, argumenta. “En nuestro caso es muy necesario ser una cooperativa, porque con todos los trabajos que tenemos que hacer, una persona no llega. Son 18 horas al día, es imposible; y trabajar en grupo también te aporta más, tiene más ventajas que inconvenientes”, añade Azpe García. “Se puede ser una asociación, una agrupación, hay que buscar sinergias y mecanismos de cooperación, que no tienen por qué ser para todo el proceso. Por ejemplo, pueden hacer más fácil la comercialización”. En su caso, apunta que, en la distribución, el tamaño es menos importante, porque su canal no son los supermercados, sino el comercio local, de proximidad, los puntos de venta directa. También indica que la apicultura ecológica presenta aspectos de gran dificultad, como la ubicación de las colmenas. “Las principales fuentes de néctar en tres kilómetros a la redonda tienen que ser flores silvestres o cultivos ecológicos certificados. Eso hace muy difícil encontrar sitios”.

Belén Matilla es interventora de la cooperativa Lutega. “Somos una cooperativa un poco especial, la única que se dedica al lúpulo en Galicia”. En 2009, Matilla quiso sacar adelante la producción de esta flor indispensable para la cerveza, después de que su padre fuese el primer ingeniero que llegó a Betanzos desde León para dedicarse al lúpulo. “Constituimos una pequeña cooperativa, con Bodegas Rilo, porque los que manejan viña saben manejar el lúpulo. Ambas son plantas leñosas”, explica Matilla.

Actualmente, en un sector dominado por las grandes multinacionales, Lutega cuenta con 15 hectáreas de cultivo y con Estrella Galicia como cliente, pero no es una tarea fácil y no pueden ser más grandes. “Necesitas maquinaria específica que solo utilizas unos días al año. Nosotros optamos por ser una cooperativa en lugar de un grupo de cultivadores. Compramos maquinaria que tiene 70 años y no podemos tener más hectáreas, simplemente, porque no las podemos trabajar”. “Tal y como está la situación, yo me he podido permitir poner en riesgo 250.000 euros, pero este no es un trabajo que pueda recomendar, tienes que tener la producción comprada”, concluye.

Por su parte, la agricultora Ana Mestre trabaja en el norte de Almería. Sobre todo, hortalizas, pero también frutales y olivar. “Nosotros no tenemos tierras propias, trabajamos tierras de personas mayores o de gente que no quiere trabajar el campo. La gente lo va abandonando y las nuevas generaciones optan por cultivos menos laboriosos y que den más rentabilidad”, constata. Mestre defiende el “asociacionismo”. “Significa poder representarnos y tener voz, porque la unión hace la fuerza y de forma individual, si intentamos quejarnos, es mucho más difícil. A mí que me cogen lejos las grandes poblaciones, si el reparto de la verdura es compartido, eso facilita mucho, es mejorar tu negocio, ser más competitivos y mejorar la situación económica”. 

Y Rosario Hernández, es ganadera ecológica en un territorio como Canarias “presionado por lo urbano”. Su ganado está suelto en su terreno, pero asume que no se atreve a sacarlo a pastorear porque se ve obligada a llevarlo por la calle. Recalca que ese asociacionismo es clave en un sector como el ecológico. “Nos tenemos que organizar para que se nos vea, se nos escuche”, apunta Hernández, quien forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias.

Más ayudas y un nuevo movimiento agroecológico

El número de cooperativas crece y el sector lo ve como una solución. Y hay iniciativas para tratar de facilitar este tipo de integración. Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, llamó a acelerar el cooperativismo como vehículo para hacer frente, en mejores condiciones, a los retos de la economía global, mejorar la capacidad de negociación, acceder a nuevos mercados o invertir en mejorar las instalaciones y en proyectos de innovación, según señaló durante la asamblea anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Precisamente, hace unos meses, el Consejo de Ministros dio luz verde a una modificación de las bases regulatorias para fomentar la integración de cooperativas, para que sean más grandes y tengan carácter superautonómico. Lo ha hecho dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC), que fomenta las inversiones realizadas en este sentido, con 100 millones de euros, y que también busca reducir las cargas administrativas.

Sin embargo, al margen del sector público, también el primario busca fórmulas para acelerar las integraciones, el cooperativismo y el asociacionismo. Entre estas últimas, a principios de este año, se constituyó en Vitoria-Gasteiz el Movimiento de Productores y Productoras por la Agroecología (MPA), que suma 70 productores y productoras de más de 30 asociaciones de todo el país.

“Nos organizamos para producir, transformar y comercializar conjuntamente. La cooperación es nuestra fortaleza. Por ello, construimos alianzas con administraciones públicas y entidades sociales para relocalizar la actividad agraria y liderar la transición ecológica de los sistemas agroalimentarios”, explican en su manifiesto. “Apostamos por trabajar de forma coordinada dentro del sector de la producción ecológica y por la agroecología, compartir aprendizajes y experiencias y construir una voz colectiva fuerte y reconocible. También queremos tener voz en la elaboración de las políticas agrarias y alimentarias que nos afectan y que condicionan la viabilidad de nuestros proyectos y el futuro del sector”, concluyen.

El Gobierno del PP en Aragón ha tratado de enmendar este martes su error y ha corregido la exclusión en las ayudas por la dermatosis nodular contagiosa de la principal raza de vaca que hay en la zona afectada, la parda. Sin embargo, la modificación se queda a medias: aparece en los anexos pero no en el cuerpo de la orden. Esta nueva “chapuza”, como la denominó el sector ganadero la semana pasada, ha vuelto a motivar un alud de críticas al Departamento de Agricultura. La semana pasada se pronunciaron los ganaderos a través de Arapad, tanto por lo que calificaron de “falta de profesionalidad”, como por el “desprecio” percibido por parte de la Consejería, con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, a la cabeza.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una corrección de errores de la orden de 23 de marzo que estableció los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la mencionada enfermedad. Los brotes detectados en dos explotaciones pirenaicas han obligado en las últimas semanas a sacrificar 160 reses. La mayor parte eran de raza parda, cuando la mencionada orden solo incluía originalmente la raza limusina, de origen francés, y la pirenaica; ahora, el Departamento se ha limitado a decir en los anexos que sustituye esta última por la parda, que suponía tres cuartas partes de los animales sacrificados. “Es una chapuza detrás de otra”, ha asegurado el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, que asegura no entender este “despropósito”.

Los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación son, además, significativos, ya que como raza, en 2025 se registraron 619 animales de raza Limusina frente a los 19.200 ejemplares de raza parda aragonesa en el árbol genealógico.

Además, Maraculla ha puesto en evidencia “el copia y pega” de la orden de Cataluña, que se demuestra al usar terminología propia de la comunidad vecina, pero no de Aragón, como es el tratamiento de “bravas”a las hembras preñadas, “lo que también podían haber corregido ya”, apunta Maraculla.

Los ganaderos también muestran su enfado por la actitud “rastrera” del Departamento a la hora de indemnizar, ya que en vez de hacerlo con animales a partir de seis meses, lo han limitado a animales hasta cinco meses. La diferencia son 200 euros pero es la mayoritaria, ya que en Aragón comienzan a venderse las reses a partir de los 6-8 meses. Por otro lado, animan al Ejecutivo de Aragón a igualar el pago de las ayudas de la PAC, que se van a prolongar durante dos años, en vez de uno que recoge el punto 4 de la orden aragonesa, tiempo insuficiente para poder aumentar la ganadería en los mismos niveles.

Llegados a este punto de desavenencias, los ganaderos cuestionan que el Ejecutivo hable de “gestionar” tres millones de euros en ayudas, cuando la mitad proceden de la Unión Europea y el Ministerio, por lo que consideran las explicaciones del Departamento de Agricultura de “medias verdades”.

Junto a las discrepancias en materia de ayudas, el sector también reprocha el trato recibido y comparan “el tono colaborativo y voluntad de diálogo y entendimiento” en la reunión mantenida el lunes con los responsables de los festejos taurinos. “Ya nos hubiera gustado obtener el mismo tono que con el sector del ganado de lidia”, afea Maraculla.

El sector lácteo de Cantabria ha convocado una movilización urgente y una tractorada este lunes, a las 12, frente a las fábrica de Leche Celta en Meruelo, por el anuncio de la industria de aplicar bajadas en los precios que paga por la leche. Ha sido convocada por las organizaciones agrarias de Cantabria UGAM‑COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto a las cooperativas ganaderas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA.

Los ganaderos denuncian que la industria pretende bajar más de 5 céntimos el precio de la leche en Cantabria y hasta entre 8 y 10 céntimos en Galicia. Y advierten que esta medida pone “en riesgo inmediato” la continuidad de cientos de explotaciones familiares.

UGAM-COAG ya alertó este semana de que la industria láctea está intentando imponer bajadas en los precios de la leche “injustificadas” en plena negociación de los nuevos contratos obligatorios, que de prosperar incumpliría la Ley de la Cadena Alimentaria y afectaría a explotaciones familiares. La organización advirtió de que si a las empresas se les permite marcar de forma unilateral las reglas, España acabará dependiendo “de leche en polvo importada mientras las cuadras se vacían”.

La Mesa Regional Láctea tiene previsto reunirse el 10 de abril para abordar la previsión de bajada de los precios que perciben los ganaderos por la leche que producen.

Una granja de cerdos de Castellote (Teruel), que trabaja con empresas certificadas en bienestar animal, mantiene animales heridos, agonizantes y conviviendo con cadáveres en descomposición dentro de las instalaciones, según las imágenes inéditas a las que ha tenido acceso elDiario.es. Las grabaciones fueron realizadas por la entidad de protección medioambiental y animal ARDE entre los días 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025 y 24 y 25 de febrero de 2026. La entidad ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel por “presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa”.

Los animales tienen heridas producidas por canibalismo; hay cerdos agonizantes que no reciben los suficientes cuidados veterinarios y algunos de ellos están muy sucios, con hernias o abscesos. Además, de las imágenes se desprende una gestión deficiente de los cadáveres, algunos de ellos acumulados en las instalaciones en contacto con los cerdos vivos, además de ratones vivos.

La granja, ubicada en la comarca del Maestrazgo, cuenta con dos naves y una capacidad de hasta 1.500 cerdos. Está vinculada a la comunidad de bienes La Yruela y a Ganados La Yruela S.C., cuyo representante legal es Joaquín Dolz Adell, según la documentación interna consultada por este diario. Esta también refleja que 700 lechones fueron trasladados desde Cebaderos Porcinos S.L., cuyo representante es Carlos Dolz Adell, hacia Ganados La Yruela S.C. en enero de 2025. Esta empresa no ha respondido a las preguntas de este diario.

Por otro lado, Ganados La Yruela S.C. mantiene relaciones comerciales con Frigoríficos Costa Brava, matadero vinculado a la marca Costa Brava Mediterranean Foods del Grupo Cañigueral, según la documentación interna a la que ha accedido este diario. El 2 de noviembre de 2025 se trasladaron 119 cerdos de la categoría de cebo hacia este matadero. Hay certificados de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales de carretera en el interior de las instalaciones, donde figura Frigoríficos Costa Brava S.A., a fecha de 28 de octubre. Frigoríficos Costa Brava S.A. recibió cerca de 2 millones de euros de fondos de la PAC entre 2015 y 2024, según la Open Knowledge Foundation Deutschland.

Costa Brava Mediterranean Foods, socio único del Grupo Cañigueral –que opera con diferentes sellos de calidad, así como la certificación en bienestar animal Welfair– dispone de 300 granjas propias o integradas, 17 plantas de producción especializada y tiene presencia en más de 60 países. Su presidenta es Elisabeth Cañigueral Borrás, también consejera delegada de Costa Brava Foods S.A.U. y vicepresidenta de la patronal Foment del Treball.

Tras las preguntas de elDiario.es, fuentes de Costa Brava Mediterranean Foods explican que “dicha explotación nunca ha sido propiedad de nuestra organización y que actualmente no provee de animales a nuestro grupo”. En este sentido, señalan que los suministros que en el pasado hayan podido llegar a sus instalaciones “contaban con los requisitos indicados en el Reglamento General de Certificación en Bienestar Animal Welfair” y que “en ningún caso se detectó ningún tipo de afectación similar a las imágenes informadas”.

Asimismo, subrayan que la compañía “mantiene un firme compromiso con el bienestar animal” y que sus plantas de sacrificio, despiece y fabricación están certificadas bajo este estándar. Añaden que sus servicios sanitarios oficiales inspeccionan los animales antes y después del sacrificio, incluyendo la verificación de los requisitos de bienestar animal conforme a la normativa comunitaria europea. En este sentido, indican que no han detectado “problemáticas de este tipo en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones”. Fuentes de Welfair se limitan a explicar que la granja “no está certificada” con el sello de bienestar animal.

Este diario ha trasladado una consulta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, dirigida por Javier Rincón (PP). Fuentes del Ejecutivo autonómico indican, ante este posible caso de maltrato animal, que los veterinarios de la administración sanitaria de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa realizarán en las próximas horas “una inspección biosanitaria en la finca”. El objetivo es, señalan, verificar “el estado de la explotación y el bienestar de todos los animales”. “Si se encuentra algún tipo de incumplimiento, el Departamento actuará con total transparencia y rotundidad por las vías legales establecidas en normativa en sanidad animal”, remarcan. Las mismas fuentes, sin embargo, afirman que el Departamento de Agricultura y Ganadería “no tenía constancia previa de este posible caso ni de ningún incumplimiento relacionado con cuestiones biosanitarias en dicha explotación”.

Falta de transparencia

El nuevo caso de la ‘granja de los horrores’ de Aragón, unido a los anteriores desvelados por este diario, revela una falta de transparencia en el modo de funcionamiento de los sellos de bienestar animal, como es el caso de Welfair. En esta nueva investigación, hay una contradicción entre lo que dice Costa Brava Mediterranean Foods y lo que asegura el propio sello. Por un lado, a través del buscador de Welfair se puede comprobar que Frigoríficos Costa Brava S.A. –que es el matadero del grupo Costa Brava Mediterranean Foods– consta como empresa certificada.

Esta empresa recibió el 17 de octubre de 2025 –dos semanas antes de que se grabaran las primeras imágenes– 190 cerdos de la categoría de cebo procedente de esta explotación, según la documentación consultada por este diario. La certificación Welfair, explica el sello en su web, tiene como objetivo fundamental “mostrar que los animales de granjas y mataderos han sido cuidados bajo estrictos estándares de bienestar avalados científicamente”. Este caso, sin embargo, revela contradicciones entre ambas empresas, de modo que no es posible saber si existen irregularidades o control sobre toda la cadena de producción.

En una investigación anterior, este diario desveló que AENOR había ofrecido a la 'granja de los horrores' de Mallorca pactar la fecha de la auditoría de “bienestar animal” que fue favorable. La instalación, certificada con el sello Welfair, había superado una inspección el 20 de mayo, que AENOR propuso que fuera acordada, según comprobó elDiario.es a través de correos internos. Las imágenes grabadas entre el 21 y 29 de abril, en cambio, mostraban suciedad extrema, cadáveres y maltrato animal. Posteriormente, AENOR suspendió el sello de bienestar animal de la ‘granja de los horrores’ de Mallorca, debido a las graves imágenes difundidas que mostraban la convivencia de aves vivas con cadáveres en avanzado estado de descomposición, ratas, suciedad extrema y otras irregularidades.

Cerdos vivos conviven con cadáveres descompuestos

Las imágenes muestran cerdos con abscesos de grasa y pus, heridas en las patas y hernias; cadáveres en avanzado estado de descomposición dentro de la granja; presencia de ratones; bebederos sucios y llenos de moscas; larvas en el suelo; así como violencia por parte de uno de los operarios hacia los animales. La revisión del material audiovisual evidencia la existencia de presuntas deficiencias graves en materia de bienestar animal y bioseguridad, según un informe de Laura Barreda, veterinaria de Castellón, consultado por este diario.

Entre las presuntas irregularidades, en relación con las condiciones de alojamiento y cría, se describen suelos húmedos y cubiertos de excrementos. Los animales presentan, afirma Barreda, “problemas locomotores” como cojeras e imposibilidad de incorporarse, así como heridas, algunas “producidas por canibalismo”. Hay animales que “no están recibiendo los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse”. Asimismo, hay cerdos “muy sucios, con heridas abiertas, abscesos y hernias”.

Barreda valora que, en el caso de las hernias, si no se tratan a tiempo “pueden alcanzar un gran tamaño”, pudiendo “llegar a atrapar órganos internos y poner en riesgo la vida del animal”. Estas heridas pueden generar lesiones en la piel y ser objeto de “canibalismo por parte de otros cerdos”. En cuanto a los abscesos, indican que los animales padecen alguna enfermedad y pueden “favorecer la entrada de patógenos e infecciones sistémicas”.

Por otro lado, la veterinaria observa irregularidades en la gestión de animales enfermos y cadáveres: animales heridos “sin tratamiento ni sacrificio” y cadáveres acumulados “en avanzado estado de descomposición, con miasis, en contacto con animales aún vivos”. Barreda señala que “se desconoce si hay contenedores de cadáveres en las instalaciones o cómo se gestionan los residuos”.

En relación con las imágenes del operario dando patadas a los cerdos, las califica de “maltrato intencionado” en el contexto de su traslado “de un recinto a otro”. En las imágenes se aprecian signos de “miedo, dolor y angustia”, con animales que se pisan, se empujan e incluso practican canibalismo, de forma espontánea o sobre heridas abiertas. Son comportamientos que, añade, no se producen “en instalaciones adecuadas ni en la naturaleza”.

En cuanto a las condiciones de bioseguridad, la profesional considera “un riesgo” la presencia de otros animales en las instalaciones. Así, observa la entrada de un trabajador con un perro, además de la presencia de roedores en contacto con los animales y su comida. La presencia de gusanos es “consecuencia de la poca higiene”. Ambas situaciones “implican un riesgo de transmisión de enfermedades como la leptospirosis”, una zoonosis grave transmitida a humanos a través de la orina de animales infectados o de agua y suelo contaminados.

Riesgo “grave” para la salud pública

Barreda considera que las deficiencias observadas “no solo comprometen el bienestar animal, sino que también representan un riesgo grave para la salud pública”. La convivencia de cerdos vivos con cadáveres en descomposición, junto a la presencia de roedores y otros animales, favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano.

Entre ellos, menciona la leptospirosis; la salmonela, que puede provocar fiebre, diarrea y, en casos graves, septicemia; y cepas patógenas de E. coli, asociadas a infecciones gastrointestinales. También alerta de la yersiniosis, vinculada al consumo de carne de cerdo poco cocinada, y de bacterias como Clostridioides difficile, asociadas a infecciones intestinales. Asimismo, advierte del riesgo de virus como la gripe porcina, con síntomas similares a la gripe estacional en humanos, y de la hepatitis E, que puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo o jabalí mal cocinada.

La veterinaria señala además la posible presencia de parásitos como la triquinosis, que se contrae al consumir carne cruda o poco cocinada; la tenia del cerdo; y la toxoplasmosis, especialmente peligrosa para mujeres embarazadas por el riesgo de malformaciones fetales. También menciona otros parásitos intestinales que pueden transmitirse por vía fecal-oral.

Por todas estas razones, Barreda concluye que existen “condiciones insalubres” en la explotación, con suelos cubiertos de excrementos que generan “altas cargas microbianas” y pueden transmitirse a trabajadores y al entorno. Además, la mezcla de animales sanos con heridos o moribundos “favorece la propagación de patologías”.

Posible vulneración de la normativa

Tras el análisis de las imágenes, la veterinaria considera que podrían estarse incumpliendo varios puntos de la normativa europea relativa al bienestar animal en cría y alojamiento, que obliga a evitar sufrimiento innecesario y a garantizar la atención inmediata a animales enfermos o heridos. También apunta a posibles incumplimientos en la normativa sobre gestión de subproductos animales, que establece la recogida y eliminación higiénica de cadáveres y prohíbe su contacto con animales vivos, así como en la normativa sobre enfermedades transmisibles.

En el ámbito medioambiental, Barreda destaca que la producción porcina puede tener un impacto significativo, especialmente por la generación de nitratos y emisiones de amoníaco. Subraya que la mejora de las condiciones higiénicas y de las instalaciones es clave para reducir el uso de antibióticos. Sin embargo, advierte de que las condiciones observadas podrían implicar un aumento de zoonosis y del uso de medicamentos, lo que incrementa el riesgo para la salud pública debido a las resistencias antimicrobianas.

En conjunto, concluye que las imágenes reflejan “violaciones sistemáticas, reiteradas y graves” de la normativa de bienestar y sanidad animal. Los animales, afirma, “sufren dolor, miedo y agonía” por deficiencias en alojamiento e higiene, así como por prácticas de maltrato y una gestión inadecuada de cadáveres. Por ello, considera necesario investigar de forma “inmediata” las explotaciones implicadas y aplicar las sanciones correspondientes. Además, propone medidas urgentes como la mejora de las condiciones higiénicas, la supervisión veterinaria diaria, la eutanasia de animales no aptos, la retirada reglamentaria de cadáveres y la formación del personal en bienestar animal.

El Grup Damm ha comunicat aquest dimarts a la plantilla la seva intenció de tancar el 2026 la històrica indústria làctia mallorquina Agama, encara que sense concretar una data definitiva per al cessament de l'activitat. L'anunci arriba mesos després que l'empresa comuniqués que deixaria de comprar llet a les tres vaqueries mallorquines que distribueixen a Agama, una decisió que ja va encendre totes les alarmes entre treballadors i ramaders.

La companyia ha traslladat a la representació legal dels treballadors l'inici d'un procediment d'acomiadament col·lectiu conforme a la normativa vigent, encara que assegura que treballa en un pla de recol·locació per als 16 empleats de la planta de Palma en diferents empreses del grup amb l'objectiu de minimitzar l'impacte laboral. Els empleats, per la seva banda, han lamentat la decisió adoptada, encara que admeten amb resignació que es tracta d'un anunci que “es veia venir”.

Durant els últims mesos, els treballadors han treballat en una proposta que consideraven viable: deixar Agama en mans de la plantilla mitjançant un pont financer d'1,2 milions d'euros, equivalent als fons públics que Damm ha de retornar si cessa la seva activitat, i que els treballadors proposaven reinvertir en donar continuïtat a la marca sota un model cooperatiu. No obstant això, el delegat de Personal i Prevenció de CCOO d'Agama, Jesús Ávila, lamenta que no hi ha hagut reunions conjuntes que permetessin fer realitat la proposta, cosa que ha impedit construir i defensar adequadament la iniciativa.

“Així és inviable”, retreu Ávila en declaracions a elDiario.es, convençut que hi havia fórmules per intentar sostenir el projecte. En aquesta línia, lamenta la manca de resposta per part de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural les últimes setmanes, assegurant que s'ha treballat en la fórmula d'una empresa públic-privada que permetés reforçar la cadena de valor i sostenir les explotacions lleteres vinculades a la indústria.

“Ens hem bolcat amb l'empresa. Hi ha persones que van entrar amb 18 anys i s'anaven a jubilar aquí. És un ofici que es perdrà”, incideix, il·lustrant l'impacte que suposa el tancament d'una marca que durant dècades ha format part de la memòria col·lectiva obrera i pagesa de Mallorca. Pel que fa als ERO, Ávila assenyala que alguns treballadors es podrien acollir a les recol·locacions ofertes, encara que adverteix que l'expedient podria ser impugnat.

Des del grup, per la seva banda, atribueixen el tancament a l'increment sostingut dels costos de producció, la caiguda del consum de marques de major preu i les dificultats logístiques derivades de la insularitat, cosa que, asseguren, ha erosionat la competitivitat de la indústria local i ha impactat de forma directa en la inviabilitat econòmica d'Agama després de 10 anys de gestió.

Un dels elements clau, segons assenyalen fonts de Damm a Europa Press, és l'estructura del mercat: el preu del litre de llet de quilòmetre zero -amb origen a Mallorca- és aproximadament un 50% superior al de la marca blanca i un 18% més car que la marca de fabricant líder, ambdues procedents de la Península. Com a conseqüència, més del 95% de la llet que es consumeix actualment a Mallorca procedeix de fora de la illa, cosa que ha anat arraconant la producció local.

“À quin poble es permet tancar la seva indústria lletera?”

El 2017, Agama va ser adquirida pel grup cerveser i, després d'anys d'alts i baixos, el passat 26 de setembre l'empresa va comunicar a les tres vaqueries de Mallorca que abasten la marca la seva intenció de deixar de comprar-los llet a partir de desembre de 2026. “À quin poble es permet tancar la seva indústria lletera? Si tanca Agama, serà un atemptat contra la sobirania alimentària de Balears”, retreuen aleshores les associacions que representen els pagesos de Mallorca.

L'empresa assegura haver intentat revertir aquesta tendència promovent el consum de producte local i donant suport al sector primari, invertint més de vuit milions d'euros en la modernització i digitalització de la fàbrica de Palma, millorant l'eficiència i sostenibilitat de la cadena productiva. No obstant això, després d'una dècada de gestió, el grup considera que el projecte ha deixat de ser viable econòmicament.

Agama va néixer el 1958 com una associació de productors locals amb l'objectiu d'industrialitzar la llet mallorquina, pasteuritzar-la i distribuir-la sota una marca reconeguda. El boom turístic registrat a la major de les Balears, l'increment de la població i la modernització de l'agricultura van generar el context perfecte per posar en marxa una cooperativa que integrés producció, recollida i distribució, de manera que els ramaders de diferents zones de l'illa van decidir unir-se per impulsar una indústria que assegurés preus estables i control sanitari. Agama va portar amb si la tecnificació del procés (centrifugat, pasteurització, envasat en ampolla de vidre) i la centralització de la recollida, convertint-se en un símbol de modernització del camp mallorquí.

El Grupo Damm ha comunicado este martes a la plantilla su intención de cerrar en 2026 la histórica industria láctea mallorquina Agama, aunque sin concretar una fecha definitiva para el cese de la actividad. El anuncio llega meses después de que la cervecera comunicase que dejaría de comprar leche a las tres vaquerías mallorquinas que distribuyen a Agama, una decisión que ya encendió todas las alarmas entre trabajadores y ganaderos.

La compañía ha trasladado a la representación legal de los trabajadores el inicio de un procedimiento de despido colectivo conforme a la normativa vigente, aunque asegura que trabaja en un plan de recolocación para los 16 empleados de la planta de Palma en distintas empresas del grupo con el objetivo de minimizar el impacto laboral. Los empleados, por su parte, han lamentado la decisión adoptada, aunque admiten con resignación que se trata de un anuncio que “se veía venir”.

Durante los últimos meses, los trabajadores han trabajado en una propuesta que consideraban viable: dejar Agama en manos de la plantilla mediante un puente financiero de 1,2 millones de euros, equivalente a los fondos públicos que Damm debe devolver si cesa su actividad, y que los trabajadores proponían reinvertir en dar continuidad a la marca bajo un modelo cooperativo. Sin embargo, el delegado de Personal y Prevención de CCOO de Agama, Jesús Ávila, lamenta que no ha habido reuniones conjuntas que permitieran hacer realidad la propuesta, lo que ha impedido construir y defender adecuadamente la iniciativa.

“Así es inviable”, recrimina Ávila en declaraciones a elDiario.es, convencido de que había fórmulas para intentar sostener el proyecto. En esta línea, lamenta la falta de respuesta por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en las últimas semanas, asegurando que se ha trabajado en la fórmula de una empresa público-privada que permitiera reforzar la cadena de valor y sostener las explotaciones lecheras vinculadas a la industria.

“Nos hemos volcado con la empresa. Hay personas que entraron con 18 años y se iban a jubilar aquí. Es un oficio que se va a perder”, incide, ilustrando el impacto que supone el cierre de una marca que durante décadas ha formado parte de la memoria colectiva obrera y campesina de Mallorca. En cuanto a los ERE, Ávila señala que algunos trabajadores podrían acogerse a las recolocaciones ofrecidas, aunque advierte de que el expediente podría ser impugnado.

Desde el grupo, por su parte, atribuyen el cierre al incremento sostenido de los costes de producción, la caída del consumo de marcas de mayor precio y las dificultades logísticas derivadas de la insularidad, lo que, aseguran, ha erosionado la competitividad de la industria local y ha impactado de forma directa en la inviabilidad económica de Agama tras 10 años de gestión.

Uno de los elementos clave, según señalan fuentes de Damm a Europa Press, es la estructura del mercado: el precio del litro de leche de kilómetro cero -con origen en Mallorca- es aproximadamente un 50% superior al de la marca blanca y un 18% más caro que la marca de fabricante líder, ambas procedentes de la Península. Como consecuencia, más del 95% de la leche que se consume actualmente en Mallorca procede de fuera de la isla, lo que ha ido arrinconando a la producción local.

“¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera?”

En 2017, Agama fue adquirida por el grupo cervecero y, tras años de subidas y bajadas, el pasado 26 de septiembre la empresa comunicó a las tres vaquerías de Mallorca que abastecen a la marca su intención de dejar de comprarles leche a partir de diciembre de 2026. “¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? Si cierra Agama, será un atentado contra la soberanía alimentaria de Balears”, recriminan entonces las asociaciones que representan a los payeses de Mallorca.

La empresa asegura haber intentado revertir esta tendencia promoviendo el consumo de producto local y apoyando al sector primario, invirtiendo más de ocho millones de euros en la modernización y digitalización de la fábrica de Palma, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de la cadena productiva. Sin embargo, tras una década de gestión, el grupo considera que el proyecto ha dejado de ser viable económicamente.

Agama nació en 1958 como una asociación de productores locales con el objetivo de industrializar la leche mallorquina, pasteurizarla y distribuirla bajo una marca reconocida. El boom turístico registrado en la mayor de las Balears, el incremento de la población y la modernización de la agricultura generaron el contexto perfecto para poner en marcha una cooperativa que integrase producción, recogida y distribución, de modo que los ganaderos de distintas zonas de la isla decidieron unirse para impulsar una industria que asegurara precios estables y control sanitario. Agama trajo consigo la tecnificación del proceso (centrifugado, pasteurización, envasado en botella de vidrio) y la centralización de la recogida, convirtiéndose en un símbolo de modernización del campo mallorquín.

Siete jóvenes agricultores llegarán en estos primeros meses del año a distintas explotaciones de Castilla-La Mancha para aprender dentro del programa Cultiva, una experiencia de estancias formativas en explotaciones modelo. En esta edición, los jóvenes procedentes de La Rioja, Valencia, Granada, Albacete, Jaén y Zaragoza han elegido Castilla-La Mancha para completar su formación con este #IntercambioAgro.

El programa ha dado comienzo esta misma semana en la explotación multisectorial de frutos de cáscara, olivar y viñedo, del joven cooperativista Cristian González, en El Herrumblar (Cuenca). Pablo Sánchez, procedente de Aras de los Omos (Valencia) y Rosana López de Bormate (Albacete), serán los primeros jóvenes en convivir durante esta semana con su anfitrión, que les mostrará la gestión y tareas que conlleva una explotación diversificada con variedades autóctonas de la zona.

La semana del 2 al 7 de febrero, la explotación ‘TrufaZero', ubicada en Cifuentes (Guadalajara) y especializada en la producción, transformación y venta de trufa negra, recibirá al joven zaragozano, Víctor Cuartero.

Del 9 al 13 de febrero, Antonio Martínez, de Granada, conocerá la gestión de Kimie Hirai del cultivo tradicional de olivar y su ampliación con nuevas plantaciones más intensivas en Valdepeñas. En la semana del 16 al 20 de febrero, Joaquín López, acogerá en Caudete (Albacete) a Javier Tejada de La Rioja, para mostrarle la gestión de su explotación multisectorial ecológica y en concreto la gestión del viñedo en vaso y secano de la variedad local ‘Forcallat’.

Ya en el mes de marzo, en la semana del 16 a 20, Erika Abad recibirá en Humanes (Guadalajara) a Alejandro Lorente, procedente de Zaragoza. Durante esta estancia, el joven conocerá la gestión de una explotación de cereal de secano y el espárrago verde y sus “novedosos” proyectos para reducir las emisiones y producir de manera más sostenible.

La última estancia de esta edición se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la explotación Finca Marta, Tomelloso (Ciudad Real) de la mano de Sergio Parra. Allí, Miguel Blanco, de La Carolina (Jaén), conocerá una finca de viñedo en espaldera con tecnología muy avanzada que permite su control y gestión desde un teléfono móvil.

Según ha señalado Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha en un comunicado, han preparado unos extensos y completos programas formativos que incluyen además de la formación práctica en campo, visitas técnicas complementarias a las cooperativas vinculadas con sus anfitriones, como son Bodegas Antares, (El Herrumblar), Colival (Valdepeñas), Virgen de las Viñas (Tomelloso), SAT Coagral (Guadalajara) y San Isidro (Caudete).

La coordinadora del programa Cultiva en Castilla-La Mancha, Ana Belén Olmedo, ha querido agradecer la colaboración de los anfitriones, “ya que su implicación hace posible este intercambio de experiencias favoreciendo el relevo generacional en el sector agrario”.

“El sector agrario español necesita un cambio estructural y la juventud requiere apoyo para avanzar en esta dirección”. En este sentido, las estancias del Programa Cultiva se convierten en una herramienta clave para mejorar la viabilidad de las nuevas explotaciones, ha señalado la entidad organizadora por quinto año consecutivo.

EEl programa Cultiva es una Iniciativa financiada y desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, que ofrece a las mujeres y hombres agricultores y ganaderos jóvenes formación práctica en explotaciones modelo de acogida a través de estancias formativas gratuitas, donde tienen la oportunidad de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que puedan, posteriormente, aplicar en el desarrollo de su propia actividad agraria.

La enorme dependencia de la economía murciana de un modelo productivo basado en la agricultura y la ganadería siempre ha generado debate en el territorio. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, la producción porcina aumentó en la Región de Murcia un 32% en 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas de todo el país. La cantidad de residuos generada por ese crecimiento, que asciende a cientos de miles de toneladas al año, pone en jaque la sostenibilidad del modelo productivo murciano, convirtiendo la búsqueda de alternativas menos contaminantes para procesar estos residuos en una tarea prioritaria.

La necesidad europea de desvincularse del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha motivado tanto a España como a la Unión Europea a realizar una apuesta clara por el biogás y el biometano, que se presenta en este contexto como una alternativa para “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”, tal y como apuntan a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El problema, admiten, se da cuando esas plantas de biogás y biometano se sitúan demasiado cerca de núcleos urbanos, generando un amplio rechazo entre la población debido, principalmente, a los malos olores.

En diferentes puntos de la Región de Murcia, vecinos y ecologistas se encuentran en pie de guerra contra los numerosos proyectos de construcción de plantas de biogás que han proliferado en los últimos años en todo el territorio de la comunidad autónoma. “Van a rodear Cartagena por un cinturón de basura tóxica”, explica a esta redacción David Avilés, especializado en conflictos socioambientales. “Fuente Álamo, Escombreras, Los Camachos…”, enumera, en referencia a zonas industriales y logísticas del entorno de la ciudad portuaria. “Cartagena va a estar rodeada por un cinturón de macroinstalaciones. Millones de toneladas, son palabras mayores”, añade, contundente.

En Fuente Álamo, por ejemplo, la cooperativa ganadera Gesalor ha invertido 50 millones de euros para construir una planta que pretende tratar dos millones de metros cúbicos de purín al año —lo que equivale a unos 80.000 camiones cisterna de residuos—, produciendo 20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 millones de metros cúbicos de agua, según manifiestan fuentes de la propia empresa en un comunicado.

La cooperativa también planea construir una planta de características similares en Lorca. “Murcia es un territorio especialmente propicio para el biogás porque combina mucho recurso orgánico disponible (ganadero y agroindustrial), demanda de soluciones ambientales, y una economía donde la circularidad aporta ventaja competitiva”, según apuntan a este medio fuentes de la empresa, que también mencionan un contexto regulatorio alineado, ya que para 2030 se pretende multiplicar la producción, tanto a nivel europeo como nacional.

La última palabra la tienen los ayuntamientos

La capacidad de procesamiento de residuos que tienen estos macroproyectos contrasta con las 211.000 toneladas que gestionan actualmente en total las dos únicas plantas que hay en funcionamiento en la Región de Murcia, adquiridas en 2024 por Redexis Renovables. Se trata de plantas que ya estaban operativas como instalaciones de biogás y ahora están siendo adaptadas para producir biometano y conectarse a la red de gas.

Según unas declaraciones de finales de 2024 del consejero murciano de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia tiene capacidad para albergar unas cuarenta plantas de biogás de tamaño “mediano”. Fuentes de la Consejería indican que el trabajo del organismo público consiste únicamente en determinar si las condiciones ambientales para llevar a cabo el proyecto son favorables, pero corresponde en última instancia a los ayuntamientos conceder las licencias de las obras.

De hecho, el nuevo plan urbanístico aprobado por el municipio Cartagena ha tumbado la construcción de la planta de biogás proyectada en Los Camachos, al considerar que no encaja en las premisas que se están estableciendo para el uso del suelo industrial. Del mismo modo, el pasado mes de diciembre, una consulta popular del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas arrojó como resultado la intensa oposición de la ciudadanía a la construcción de una planta de biogás en el municipio, que terminó por rechazarse. “Los ayuntamientos tienen una cierta capacidad de regulación”, explica Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

“Depende del tamaño y distribución del municipio, aunque directamente no digan que no quieren plantas de biogás, pueden poner una serie de condicionantes. Es una forma, por la puerta de atrás, de prohibir. Pero tampoco puedes prohibir una cosa que es legal”, señala, en declaraciones a este medio.

Malos olores y problemas de rentabilidad

La principal motivación de muchos consistorios para recelar de la construcción de plantas de biogás en sus municipios es el enorme rechazo social que generan entre la población, debido a los malos olores. “No deja de ser una caja donde metes materia orgánica a pudrirse para que se descomponga y se formen las moléculas de metano”, apunta Antonio Turiel, físico e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, muy crítico con la estrategia del biogás en España.

Tanto este experto como Luengo sostienen que los riesgos derivados de las plantas van más allá: tránsito de camiones por carretera para trasladar los residuos, riesgo de accidentes o vertidos, generación de residuos tóxicos durante la digestión; el proceso de producir biometano es complejo y preocupa a los expertos.

La fermentación, tal y como explica Luengo, genera otros gases que pueden ser peligrosos para la salud, como el ácido sulfhídrico, un gas tóxico con un característico olor similar al de los huevos podridos. “Aunque no tengas accidentes, puedes tener escapes”, advierte. Además, la sustancia que se obtiene en el proceso, llamada digestato, contiene una alta concentración de nitrógeno y ha de ser tratada antes de usarse como fertilizante, lo que eleva los costes.

Las empresas del sector y las administraciones públicas sostienen que la rentabilidad de estas plantas no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también por su capacidad para reducir emisiones, gestionar residuos y generar energía renovable. Redexis Renovables, por ejemplo, afirma que las plantas de biogás y biometano pueden ser una herramienta de transición energética con beneficios ambientales y socioeconómicos. Concretamente, las dos plantas adquiridas en Murcia proyectan una inyección de hasta 80 GWh anuales de gas limpio en la red de gas española, según un comunicado de la propia compañía.

Sin embargo, científicos como Turiel se muestran menos convencidos de la rentabilidad de las plantas. “Las macroplantas de biogás nunca han sido rentables. Llevan sin serlo más de veinte años. Cuando hablamos de explotaciones muy masivas, todo se tiene que transportar con camiones. Esto es lo que mata automáticamente la rentabilidad porque la conversión de la materia orgánica en metano es una fracción limitada y cuando miras el balance energético no hay ninguna manera de que esto pueda cuadrar”, asegura.

Estos problemas de rentabilidad, señala Luengo, pueden provocar que las empresas que gestionan las plantas descuiden el tratado de los residuos tóxicos que genera la producción de metano: “Eliminar el resto de gases supone costes a la empresa que no generan rendimiento. Cuando haya problemas de rentabilidad, lo primero que van a fallar son estas cosas”.

Las subvenciones al biogás

El MITECO es claro al defender de dónde surge la necesidad de instalar plantas de biogás en España, asegurando que los residuos agrícolas y ganaderos suponen un problema que es necesario solucionar. No obstante, desde el Ministerio reconocen que los purines que genera la producción porcina ya se encuentran en tratamiento y no tienen por qué convertirse en biogás, que se presenta como una alternativa más.

La inversión por parte de las empresas privadas en la producción de biogás también está motivada por las subvenciones que reciben, tanto por parte de Europa como del propio Gobierno español. En julio de 2023, 81 proyectos relacionados con el biogás obtuvieron 76,5 millones de euros por parte del MITECO del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el Ministerio, la mayoría de los fondos fueron a parar a Cataluña, la comunidad líder en producción porcina de España.

“España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria y agroalimentaria”, señalan fuentes del MITECO en su Hoja de Ruta del Biogás. Uno de los objetivos que se marca el Ministerio y en el que trabaja en la actualidad es lograr un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa frente a otras opciones más contaminantes.

Un modelo productivo insostenible

Una de las grandes críticas a la estrategia española del biogás es su escala. Avilés argumenta que, en otros países europeos, como Alemania, las cooperativas gestionan sus propios residuos sin necesidad de la intervención de grandes empresas o fondos de inversión, respetando la circularidad.

Turiel señala que, en España, la escala de los proyectos es mucho mayor que la capacidad de producción de residuos de las comarcas. “Yo creo que el proyecto que tiene Europa es traer residuos para que vengan a pudrirse a España y que los problemas de contaminación que generan se queden aquí”, señala. Avilés lo llama “extractivismo verde”: “El norte extrae recursos del sur, se los lleva y deja la porquería”.

Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Eduardo Piné, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), argumenta que la Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, lo que exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. El también CEO de Lambert Bionenergy defendía en noviembre que la cifra respondía a “una realidad matemática” y a la necesidad de tratar los residuos a escala local, sin importarlos desde fuera.

Para Luengo, el problema está en la falta de planificación por parte de la comunidad autónoma, lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a exigir una moratoria para detener la construcción de las plantas hasta realizar “una evaluación conjunta de lo que va a suponer esto para la Región de Murcia en cuanto a impacto social y ambiental”.

Tanto Luengo como Turiel coinciden en que el problema se encuentra en un modelo productivo concebido para la exportación antes que para el consumo local. “Las macrogranjas no son sostenibles. Las plantas de biogás se están utilizando como una excusa para poder mantener las macrogranjas, cuando en realidad no se soluciona ningún problema con la producción de biogás: el residuo no desaparece, al contrario, queda más concentrado en nitrógeno”, explica el científico. Para él, la única alternativa sostenible es reducir. “No se puede producir a este volumen, no se puede concentrar en un territorio tan pequeño esta enorme cantidad de granjas de porcino. No tiene ningún tipo de sentido”, lamenta.

El Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha informado de que se ha detectado un nuevo brote de dermatosis nodular en una granja de Capmany (Girona) que no había vacunado a todos sus animales. A pesar de que una parte de ellos sí estaba inmunizada, deberán sacrificar a los 106 bovinos.

La coordinadora de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha expuesto que es una explotación de ganadería extensiva y que el responsable de las vacas no las vacunó a todas porque habría tenido problemas para reunirlas. Serrat ha puesto el foco en la administración, a la que ha afeado que no se haya asegurado de que todos los animales de la comarca hayan sido vacunados. “Si la obligación es inmunizar, pues se debe hacer cumplir”, ha añadido.

Ahora, se deberá de volver a aplicar restricciones a las granjas más cercanas al foco, que es el 18º que se registra en Catalunya, siendo el último del 24 de octubre y el primero en una granja de Castelló d'Empúries (Girona) el 3 de octubre.

Desde entonces, la enfermedad ha afectado a 17 explotaciones (todas en la provincia de Girona, 16 en la comarca de l'Alt Empordà y una en el Gironès) y ha obligado a sacrificar a más de 2.500 bovinos. El pasado 7 de noviembre, la Conselleria informó que se estaba “consiguiendo contener el foco” y, de hecho, el 8 de enero se debían levantar las restricciones sanitarias en la zona de Castelló d'Empúries, pero ahora se deberán mantener en algunos municipios de este perímetro.

Según cifras de la Conselleria, en esta zona se ha vacunado al 99% de los animales. Pero no saben si hay más granjas en las que se ha aplicado la vacunación de manera parcial. Por ello, Agricultura ha establecido un límite temporal para inmunizar a todos los bovinos. A partir del 31 de enero no se autorizarán movimientos de animales no vacunados.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las subvenciones al control del rendimiento lechero en Castilla-La Mancha, cuya cantidad para este año asciende a 300.000 euros.

La finalidad de estas ayudas es, según este departamento del Gobierno regional, “contribuir a una mayor eficiencia de los animales productores de leche para mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas y para reducir los efectos ambientales perjudiciales de la producción”. Además, añade, se trata de disminuir tanto el consumo de insumos como las emisiones contaminantes por litro de leche. Para ello se subvencionan los costes que generan las actividades del control del rendimiento lechero en Castilla-La Mancha.

Se pueden beneficiar de estas ayudas las entidades de control de rendimiento lechero, así como las asociaciones u organizaciones de criadores definidas en la orden de bases que cumplan los requisitos establecidos en las mismas.

En cuanto a las solicitudes, se pueden presentar en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial y serán presentadas de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ayudas para las agrupaciones de sanidad vegetal

Por otro lado, el DOCM ha publicado hoy también la Orden con las modificaciones de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas para las Agrupaciones de Sanidad Vegetal (ASV) de la región, así como la modificación de la Orden que regula el reconocimiento y registro de estas agrupaciones.

En el primer caso, la modificación lleva a aumentar el gasto total en estas ayudas al asesoramiento, concretamente en un 25 por ciento. En el segundo, se modifica la orden que regula el reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal al efecto de aclarar y establecer la obligatoriedad de contratación de personal técnico en base a la superficie.

Más de 350 tractores se han movilizado este lunes en las carreteras catalanas para protestar contra los planes de la Generalitat para controlar la fauna cigenética. Durante las tractoradas, que han partido de diferentes municipios, se han realizado diversas acciones de protesta, como la que ha dejado un jabalí y un ciervo muertos, colgado en un puente de la C-17, a la altura de Gurb.

Los agricultores reclaman al Govern mejores planes de control de la fauna salvaje “con carácter de urgencia” para evitar que “Europa colapse”. Consideran que las sobrepoblaciones de animales causan daños “cuantiosos e inasumibles” para el campo. Por eso, exigen permisos excepcionales de caza “para defender los campos, prados y animales”.

Los manifestantes, convocados por el sindicato Unió de Pagesos, reclaman al Ejecutivo “más prevención” en materia de sanidad ganadera y destacan el impacto territorial que tiene “la mala gestión” de las crisis sanitarias. “Son unos hipócritas, sólo ahora hablan de crisis sanitarias y sólo ahora [tras la proliferación de la peste porcina africana] se han atrevido a poner encima de la mesa la necesidad de gestionar las sobrepoblaciones, pero hace años que lo venimos sufriendo”, han declarado.

En este sentido, los agricultores también reclaman controles para todos los alimentos que vengan de Francia, así como que se prohíba la llegada de bovinos del país, donde hay diversos brotes de dermatosis activos. “Pedimos controles de frontera y no los hicieron. Y todavía no nos han dicho cuál fue el origen del brote. No puede ser que los protocolos causen más muertes que la enfermedad”, se han lamentado los manifestantes, en referencia a los 2.500 bovinos que han tenido que ser sacrificados.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reconocido que se “debe hacer más” para reducir los problemas del sector primario. En este sentido, ha pedido a toda la ciudadanía que se “implique” para frenar el abandono del mundo rural que, según dice, agrava sus problemas.

La jornada reivindicativa ha comenzado sobre las 9.30 horas con una marcha lenta para “colapsar” la C-25, conocida como Eje Transversal, partiendo de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida, y sobre las 12 horas se ha leído un manifiesto en Cervera (Lleida) y Gurb.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 850.000 euros a la compra de 700.000 dosis de vacuna para proteger al sector ganadero frente a la lengua azul, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha asegurado que el Consejo de Gobierno ha sido informado de esta compra, realizada mediante una declaración de emergencia, con el objetivo de “controlar la enfermedad en la región”.

Martínez Lizán ha señalado que la circulación del serotipo tres del virus en varias provincias, con consecuencias graves en el ganado ovino, obligó a tomar esta decisión para proteger al conjunto de la cabaña ovina. El consejero ha incidido en que la vacunación es, a día de hoy, la herramienta “más eficaz” para frenar la enfermedad.

En este sentido, ha recordado que a comienzos del mes de septiembre la cobertura vacunal “no era la adecuada”, a pesar de cómo estaba evolucionando la lengua azul. Ante esa situación, el Gobierno regional decidió actuar y facilitar vacunas al sector, de manera que recurrió a un contrato de emergencia que permitiera hacerlo “con rapidez y sin trámites innecesarios”.

Hoy ha dado a conocer que se han adquirido 700.000 dosis, que se han ido distribuyendo a las explotaciones a través de los veterinarios, tal y como ha explicado Martínez Lizán, quien ha recordado, además, que desde el pasado mes de marzo Castilla-La Mancha aplica un sistema de vigilancia y control de la lengua azul, con vacunación voluntaria y sin restricciones de movimiento. “Se trata de un cambio de modelo que se adoptó a petición del propio sector y que se basa en la corresponsabilidad y en el criterio profesional de ganaderos y veterinarios”, ha aclarado.

Se trata de un cambio de modelo que se adoptó a petición del propio sector y que se basa en la corresponsabilidad y en el criterio profesional de ganaderos y veterinarios

En este contexto, el consejero ha relatado que los primeros casos en la región se detectaron en el mes de julio y que, desde entonces, ha habido presencia del virus en todas las provincias, fundamentalmente de los serotipos tres y ocho. Dado que una parte mayoritaria del censo no estaba vacunada, la Junta de Castilla-La Mancha optó por adquirir estas dosis para apoyar al sector y poner a su disposición las herramientas necesarias, siempre desde la voluntariedad.

La situación actual, según ha destacado Martínez Lizán, es “más favorable”. Se ha constatado un aumento de la vacunación, tanto por iniciativa de los propios ganaderos como gracias a las dosis facilitadas por la Consejería; a lo que se suma la inmunidad generada en determinadas zonas y la llegada del frío, que reduce la actividad del mosquito transmisor. “De hecho, en los últimos días se ha observado una disminución de la incidencia, sin que se hayan notificado nuevos casos desde hace diez días”, ha puntualizado.

En los últimos días se ha observado una disminución de la incidencia, sin que se hayan notificado nuevos casos desde hace diez días

La compra de estas 700.000 dosis ha sido, en palabras del consejero, una decisión “clave” para reforzar la protección del censo ganadero y acercarse a una cobertura vacunal muy elevada. En este sentido, ha detallado que se ha priorizado el serotipo tres por ser el más extendido y el más virulento, el que provoca los cuadros clínicos más graves y mayores pérdidas en las explotaciones, asumiendo además un mayor esfuerzo económico por parte de la Administración regional.

Finalmente, Martínez Lizán ha subrayado que la gestión de la lengua azul en Castilla-La Mancha ha combinado “criterio técnico, diálogo con el sector y capacidad de reacción” y que “las medidas adoptadas están dando resultados, pero seguimos vigilantes, porque cuidar al sector ganadero es defender el medio rural y el tejido económico de esta tierra”, ha concluido.

Otras medidas en el ámbito autonómico

Por otra parte, hace unos días, el Consejo de Gobierno autorizaba la orden de encargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a la empresa pública Tragsatec, para la realización del servicio técnico para la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en la comunidad de Castilla-La Mancha durante los años 2026 y 2027.

Además, también el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto por el que se establece la concesión directa de una subvención de carácter excepcional a las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de pequeño tamaño, para compensar las dificultades económicas experimentadas durante los años 2024 y 2025.

Estas asociaciones, señala Agricultura, son un elemento “primordial” para la ejecución programas sanitarios, siendo además “pioneras” en la implementación de programas voluntarios frente a diversas enfermedades, y resultando un elemento fundamental para la coordinación del sector ganadero y la Administración.

En total, en 2025, el Gobierno regional ha destinado más de dos millones de euros en ayudas para las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para aumentar la producción, el nivel sanitario y el bienestar de los animales aplicando medidas de manejo y de bioseguridad, así como la compensación de determinados costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales, incluidas dentro de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales, programa sanitario mínimo obligatorio o programas sanitarios voluntarios.