Por La Rioja denuncia la existencia de más de 600 vehículos abandonados en las calles de Logroño “por dejación del Ayuntamiento de la capital riojana”. En las zonas de Madre de Dios, San José, calle Cigüeña, Chiribitas, Escuela Oficial de Idiomas, Beratúa, La Campa, Palazzinas y Ronda de los Cuarteles, los regionalistas han localizado más de medio centenar de vehículos abandonados, “lo que está provocando una falta de aparcamiento para el vecindario y visitantes además de generar una mala imagen de la ciudad”.

Más de un mes estacionado en el mismo lugar

La cifra aumenta a 600 vehículos abandonados en toda la ciudad. Para ser considerado “abandonado”, el vehículo debe permanecer más de un mes estacionado en el mismo lugar o presente signos evidentes de deterioro. Y una vez detectado, sí que hay un procedimiento establecido de actuación: inicio de expediente, notificación al propietario; y traslado al depósito municipal o centro autorizado. “El problema no es la falta de normativa, es la falta de aplicación”. Exigen la publicación de los datos de 2025 y 2026 y que se inice una campaña de control de vehículos estacionos durante más de un mes y que se actúe “de forma efectiva en la retirada de estos vehículos”.

La secretaria general del Por La Rioja, Sonsoles Soriano, recuerda las cifras facilitadas por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que cifraba en 150 los coches abandonados en 2024. “¿Dónde están los datos de 2025, cuántos se han retirado realmente, dónde están los datos públicos y la información actualizada?”, pregunta la regionalista a la vez que critica la labor del concejal de Movilidad, Ángel Andrés, porque “no ha tomado ninguna medida ante un problema que está al a vista de todos”.

Y es que “resulta especialmente grave que particulares, simplemente paseando, hayan sido capaces de identificar decenas de vehículos en este estado, mientras el Ayuntamiento, con todos los medios de los que dispone, no haya sido capaz de dar una respuesta eficaz”. Medios, explica, “como el sistema de control de matriculas (multacar), que permitirán un control sencillo de estos de estos vehículos, pero no se está haciendo absolutamente nada”. Por lo que denuncian la “total indiferencia del Ayuntamiento hacia el vecindario que no encuentra aparcamiento, indiferencia hacia quienes visitan la ciudad, indiferencia hacia la imagen de Logroño. A Escobar no le importan ni Logroño, ni los logroñeses, tan sólo trabajan pensando en las próximas elecciones” asevera.

El Fuero Nuevo fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527. Se trata de un texto que sirvió para actualizar el derecho propio vizcaíno, “afianzando un sistema de autogobierno único, basado en usos, franquezas y libertades que provienen de la costumbre”. La reforma de 1526 eliminó normas en desuso recogidas en el Fuero Viejo de de Bizkaia de1452 e incorporó nuevas disposiciones adaptadas a la época, “consolidando un modelo avanzado que se mantuvo vigente prácticamente hasta finales del siglo XIX”. “Este hito histórico refleja la innovación de la institución foral y la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la protección de libertades, el pacto institucional y la consolidación de una identidad colectiva”, reconocen desde la Diputación Foral de Bizkaia.

El Fuero Nuevo recoge declaraciones tan fundamentales para todos los vizcaínos como la Hidalguía Universal. Expresada en la ley 16 del título I del Fuero Nuevo, la hidalguía establece la igualdad civil entre vecinos y moradores de Bizkaia con consecuencias tan notorias como la prohibición de ser sometido a tortura o a la exención de tributos. De igual manera, el servicio militar queda sometido a unos condicionamientos. Los vizcaínos estaban obligados a seguir al Señor hasta el Arbol Malato, sitio en Luyando; más allá de este límite, como hombres libres que eran, debían recibir un sueldo. Con un contenido “extraordinariamente avanzado para la época, el Fuero Nuevo sigue siendo un fundamento del autogobierno actual y un referente con potencial para futuras actualizaciones”, insisten desde la Diputación

A pesar de que el Fuero Nuevo data de 1526, que fue el año en el que se aprueba la reforma foral, la primera edición impresa no sale a la luz hasta dos años después. Las dos primeras ediciones se publican en Burgos y Medina del Campo, ya que la imprenta aún no había llegado a Bizkaia. A partir de la tercera edición sí que se comienzan a publicar en Bilbao.

A modo de curiosidad, la persistencia de sus normas de derecho privado en el siglo XX, propicia su reedición en 1950 y con la llegada de la democracia ha sido reeditado y, porsteriormente, traducido al euskera. En las últimas décadas ha sido un texto fundamental en las recopilaciones de las fuentes del derecho histórico de Bizkaia.

Con el objetivo de acercar el Fuero Nuevo y toda su historia a la ciudadanía, por su 500 aniversario, la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia, han elaborado dos exposiciones. “Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía la relevancia de un texto crucial que constituye la base del autogobierno vasco y la democracia, y la propia identidad del Territorio Histórico”, explican desde la institución foral.

La primera de las muestras, de caracter científico, está ubicada en la Biblioteca Foral y la segunda, de caracter itinerante, recorrerá Bizkaia durante los próximos meses. El contenido de las exposiciones recorre hitos como la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika y su confirmación por Carlos I en 1527, destacando valores avanzados para su época como la hidalguía universal y el “habeas corpus”. Bajo el lema 'Izan zirelako gara' (Porque fueron, somos), la conmemoración de la aprobación del Fuero Nuevo, leitmotiv de dicha exposición, subraya que el sistema político propio de Bizkaia se fundamenta en el derecho de las vizcaínas y los vizcaínos a regirse por sí mismos.

La exposición de la Biblioteca Foral, disponible hasta agosto, se trata de una muestra de carácter técnico y rigor científico, diseñada para personas expertas e investigadoras“, donde, entre otras piezas de ”gran valor histórico“, se exhibe el libro original del Fuero Nuevo de Bizkaia. El ”viejo ejemplar“ está acompañado de distintas ediciones tanto del Fuero Viejo como del Fuero Nuevo o Reformado, y el Derecho de las Encartaciones, publicaciones que fueron impresas entre los siglos XVI y XXI.

Por su parte, la exposición itinerante estará en primer lugar en la Gran Vía de Bilbao, orientada al público general y con un diseño visual y accesible, para después pasar a las estaciones de metro y recorrer diversos municipios. “La idea es trasladar a la ciudadanía la importancia de este fundamento histórico”, reconocen desde la Diputación. Esta parte de la muestra está compuesta de diez paneles temáticos que recorren los hitos del autogobierno: como su 'Historia y orígenes', desde la leyenda de Jaun Zuria y el origen del Señorío hasta la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika; 'Derechos y sociedad', donde se destaca el papel de la mujer y su equiparación jurídica, así como libertades avanzadas para la época como el “habeas corpus”, la libertad de comercio y la regulación de herencias. Y, por último, 'Gobernanza y fiscalidad', donde se explica conceptos clave como el “pase foral” (la capacidad de decidir sobre leyes externas), el sistema de fiscalidad propio que dio origen al Concierto Económico y la influencia del Fuero como modelo para otras democracias, citando el interés que mostró John Adams, padre de la Constitución de los EE.UU., por las instituciones vizcaínas.

Tras su estancia en la capital vizcaína, la muestra itinerante visitará en los próximos meses las localidades de Balmaseda, Bermeo, Portugalete y Galdakao. Al mismo tiempo, y con una versión más reducida, la exposición se detendrá también en algunas estaciones de metro como Zazpi Kalea (mayo), Gurutzeta/Cruces (junio), Moyua (julio) y Basauri (agosto), para facilitar su divulgación.

“Recordar el pasado solo cobra sentido y verdadero valor cuando somos capaces de comprenderlo y hacerlo comprensible para el conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de la divulgación, de acercar estos textos, estas ideas y este legado a la ciudadanía, de hacerlos accesibles y útiles para interpretar quiénes somos hoy. Y es precisamente en ese ejercicio donde el Fuero Nuevo de Bizkaia muestra toda su vigencia. 500 años después, todavía podemos reconocernos en él como sociedad, en su defensa del autogobierno, en su apuesta por la convivencia en comunidad, en su aportación a la seguridad jurídica y en su protección a la dignidad de las personas. Estos son elementos que siguen formando parte de nuestra realidad cotidiana. Cinco siglos después, Bizkaia sigue siendo una sociedad que se organiza desde instituciones propias, que valora el acuerdo, que apuesta por la cohesión social y que entiende el desarrollo como un modo de proteger el bienestar colectivo”, ha reconocido la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha inaugurado este martes ambas exposiciones.

En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.

A las críticias de Amigos de la tierra La Rioja y Ecolosgistas en Acción sobre el incendio en el vertedero de Nájera, se suman ahora las de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo que “exigen responsabilidades inmediatas” además de considerar este suceso “grave, evitable y consecuencia directa de una gestión irresponsable”.

Los concejales denuncian que este episodio “no es un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”, señalan.

En este sentido, critican duramente la falta de control por parte del Gobierno de La Rioja y de los organismos competentes, a quienes acusan de “mirar hacia otro lado mientras se acumulan los problemas”. Asimismo, advierten de que incendios de esta magnitud “no ocurren por casualidad”, apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero.

Los concejales subrayan además que el vertedero cuenta con una Autorización Ambiental Integrada en vigor, otorgada por el Gobierno de La Rioja, que establece condiciones estrictas de funcionamiento, control y prevención. “El problema no es que exista una autorización, sino si se están cumpliendo realmente sus condiciones”, afirman. En este sentido, recuerdan que dicha autorización obliga a disponer de sistemas eficaces de prevención de incendios y vigilancia continua, por lo que “un incendio de estas características pone en duda que se esté gestionando conforme a la normativa”.

El grupo pone el foco en las consecuencias ambientales del suceso, alertando del impacto sobre la calidad del aire y del riesgo de contaminación del río Najerilla, especialmente por la generación de lixiviados. “No se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes. Lo ocurrido es inaceptable”, subrayan.

Además, los concejales no adscritos reclaman transparencia total sobre lo sucedido, incluyendo un informe detallado de las causas del incendio, las medidas adoptadas y las posibles responsabilidades derivadas. “Tener una autorización ambiental no es un cheque en blanco; si se producen fallos graves, deben asumirse responsabilidades y actuar en consecuencia”, añaden.

Y por todo ello exigen la apertura “inmediata” de una invesgigación independiente y que se depuren responsabilidades políticas y técncias. De igual forma, piden la “revisión urgente del cumplimietno de la Autorización Ambiental integrada del vertedero” además de la implantación de “sistemas eficaces de control ambiental en la zona”. Y es que, concluyen, “el vecindario de Nájera merece respuestas, pero sobre todo, seguridad. No vamos a permitir que este asunto se cierre sin consecuencias”.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para que el Estado financie, vía compensación, medidas complementarias que el Ejecutivo canario podrá activar de forma específica en su ámbito competencial para paliar los efectos socioeconómicos de la guerra en Oriente Medio, atendiendo a la necesidad de actuar también sobre impuestos que solo se aplican en el archipiélago.

Así lo han acordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión mantenida en la sede de la Presidencia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con este acuerdo, el Gobierno de las islas podrá aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes de un 1% actual al 0% o bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%. Por otra parte, podrá bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras medidas.

Ángel Víctor Torres destacó que desde el Gobierno de España se ha trabajado durante las últimas semanas para responder “con sensibilidad a la ciudadanía ante los efectos de una guerra ilegal y unilateral y con sensibilidad hacia los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios”.

Por su parte, Fernando Clavijo remarcó que “esta medida podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”.

Sumando todas las medidas, el coste total hasta el 30 de junio de 2026 (que compensaría el Gobierno de España) está en más de 15 millones de euros, una cantidad que, en caso de que el Gobierno de España prorrogara el Real Decreto- ley o aprobase cualquier otro, se mantendrían también estos mecanismos adicionales en Canarias. Anualmente, estas medidas estarían valoradas en más de 60 millones de euros.

Otras medidas del Gobierno de España con repercusión en Canarias

Este compromiso del Gobierno de España para compensar financieramente acciones complementarias en Canarias se suma a las otras medidas que se recogen en el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 20 de marzo, y que repercuten también de forma directa en las islas. Sobre todo, en la conectividad, la protección energética y el apoyo a sectores productivos, en un contexto internacional marcado por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

En materia de transporte, el Real Decreto-ley incorpora un sistema de ayuda dirigido al transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías que opera en rutas y conexiones interinsulares; y contempla ayudas específicas para compensar el incremento del coste del combustible en sectores especialmente sensibles, como la agricultura, en territorios insulares (0,20 euros por litro).

El Real Decreto-ley incluye medidas fiscales y sociales que también benefician a los ciudadanos del archipiélago, como la reducción temporal de impuestos energéticos, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para consumidores vulnerables severos) y el refuerzo de la protección, manteniendo la garantía de suministro y evitando cortes hasta finales de 2026.

En cuanto a los costes de producción, el plan aprobado por el Gobierno de España refuerza el mecanismo que garantiza que los consumidores canarios no paguen los sobrecostes por lejanía, que se financian parcialmente a través de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto del sistema eléctrico nacional. Además, se actualiza la tasa de retribución de la generación eléctrica para el periodo regulatorio 2026-2031, lo que contribuye a asegurar la estabilidad del suministro y a impulsar la transición energética en el archipiélago.

El texto también introduce medidas para evaluar de forma periódica los costes de generación y las condiciones de suministro en los territorios no peninsulares.

Finalmente, el plan impulsa el desarrollo de energías renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas, ámbitos en los que Canarias cuenta con un enorme potencial por sus condiciones naturales.

Tras la presentación hace más de una semana del decreto con medidas para todo el país, los partidos que gobiernas en las Islas, Coalición Canaria y el PP, lo criticaron al tacharlo de insuficiente y “godo”, al centrarse en rebajas en el IVA, que no se aplica en el archipiélago.

Por La Rioja denuncia la acumulación de basuras y residuos en las calles de Logroño. “Contenedores saturados que ganan espacio al peatón”, asegura la secretaria general de la formación, Sonsoles Soriano. La formación regionalista denuncia la “situación de abandono de las labores más básicas de residuos, mantenimiento, limpieza y salubridad en la ciudad de Logroño”. Algo de lo que directamente responsabilizan al equipo de gobierno de Conrado Escobar.

“Cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, la normalidad de la en Logroño es convivir con montones de basura acumulados junto a los contenedores que, a su vez están repletos y rebosando residuos”. Una situación que dicen se repite en el centro de Logroño y en los diferentes barrios. “Las reformas de las distintas zonas se ha realizado sin la más mínima plafinificación sobre la gestión de residuos”. Afea al alcalde de Logroño, Conrado Escobar que se haya convertido en un influencer “en vez de trabajar por la mejora de la ciudad y de sus servicios básicos. Logroño se encuentra abandonado, el peatón pierde espacio día a día a favor de contenedores, basura, residuos y escombros”, reitera Soriano.

La formación regionalista recuerda además los olores “intensos y desagradables que se producen en verano en el Casco Antiguo y en determinadas zonas de la ciudad, el paseo habitual de ratas por el centro de la ciudad junto a comercios y espacios hosteleros -calle Chile-, y la imposibilidad de transitar por calles supuestamente peatonales anuladas por la acumulación de contenedores, basuras y escombros”.

Y todo esto mientras el Gobierno del PP en Logroño “acaba de incrementar la tasa de recogida y retirada de basuras sustancialmente, batiendo un récord de aumento, además de incrementar el índice fiscal de las calles y la recaudación por los tributos de Impuesto de bienes Inmuebles. A cambio, una sensación de suciedad y falta de mantenimiento constante”. Y, por esta razón, Por La Rioja acusa a Escobar de “falsear la situación con campañas extraordinarias de limpieza o renovación que no son tales”.

Por todo ello, piden un plan de “limpieza, mantenimiento, conservación y cuidado de la ciudad, pormenorizado por calles, zonas y elementos de interés cuyo cumplimiento tenga dotación presupuestaria y sea fiscalizado anualmente en el Debate sobre el Estado de la Ciudad”.

A partir de este jueves, cuando se reúna el pleno de Santa Lucía de Tirajana, su alcalde, Francisco García, y cinco de sus concejales, adquirirán formalmente la condición de tránsfugas. Así lo establece un informe del secretario de la Corporación que ya tienen en su poder los grupos políticos y en el que se determina que, al haber sido expulsados oficialmente el pasado día 14 de la coalición electoral Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista, adquieren la condición de concejales no adscritos, con una clara limitación de sus derechos políticos en el Ayuntamiento.

Los seis ediles fueron expulsados tras su marcha formal a Municipalistas Primero Canarias, partido fundado por los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Tedoroso Sosa y Óscar Hernández, respectivamente, líderes ambos de formaciones afines a Nueva Canarias hasta que se produjo la ruptura. Y es a partir de esa expulsión cuando, a petición de su antiguo partido, se activa el mecanismo para pasarlos al grupo de no adscritos. Una sentencia de 2020 a instancias del mismo Ayuntamiento indica el camino a seguir.

 El ejemplo de Santa Lucía puede cundir en otras corporaciones municipales canarias en las que se han dado similares circunstancias, como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Teror.

Pero es en Santa Lucía de Tirajana donde este paso administrativo adquiere connotaciones políticas de mucho calado. El alcalde gobierna gracias al apoyo de sus cinco concejales, pero también de los cinco del PSOE, que tendrán que decidir ahora si van a mantenerse en un grupo de gobierno con seis tránsfugas, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo la preside el ministro Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios.

Al pleno del jueves

En su informe, de nueve folios, el secretario municipal de Santa Lucía insta al alcalde a llevar el asunto al próximo pleno del Ayuntamiento, a celebrar el jueves 26 de marzo, para que se oficialice “la nueva situación corporativa adquirida, desde el día 16 de marzo de 2026” por Francisco José García López, el alcalde, y los concejales Minerva Pérez Rodríguez, Roberto Ramírez Vega, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González “como miembros de esta Corporación no adscritos a ningún grupo político municipal”. El mismo pleno se dará por enterado de que el grupo político municipal Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista quedará integrado exclusivamente, también con efectos 16 de marzo de 2026, por Yaiza Pérez Álvarez, Ramón Leví Ramos Sánchez y Ofelia Alvarado Santana, que no abandonaron la disciplina de su partido ni han sido por lo tanto expulsados.

El trámite de dar cuenta del pase al grupo de no adscritos del alcalde y sus cinco concejales del grupo de gobierno no admite discusión de ningún tipo. No se abre ningún debate ni se somete a votación, sencillamente se da cuenta del informe del secretario y se actúa en consecuencia.

Como concejales no adscritos, el alcalde y sus cinco compañeros no podrán “seguir desempeñando los cargos con dedicación exclusiva”, ni, por lo tanto, cobrar retribuciones, “desde el día siguiente a la dación de cuentas, al Pleno de este Ayuntamiento”, recuerda el informe del secretario municipal. Sí mantendrán sus otros derechos como concejales, de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento municipal.

Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

Se plantean tres cuestiones relevantes que es necesario tener en cuenta tras el ciclo de borrascas que han barrido la península ibérica en las últimas semanas: su evidente vínculo con el cambio climático; los impactos sobre diferentes sectores considerando perdidas y daños en infraestructuras, agricultura y otros recursos económicos y materiales; y por último, la necesidad de prepararnos si estos fenómenos extraordinarios van a ser la norma a partir de ahora.

El impacto del cambio climático

El agua es una bendición para el campo. Pero no de esta forma, por favor. Las organizaciones agrícolas cifran en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector debido al paso del tren de borrascas por nuestro país. Otros sectores productivos como el turismo o las propias infraestructuras han sufrido este fenómeno y está por ver el cálculo total de perdidas.

Hay que culpar a alguien de este desastre, y aunque lo fácil sería, y más en estos tiempos, culpar al Gobierno, vamos a apuntar al cielo y a nuestros gases de efecto invernadero y, por tanto, al cambio climático, porque todo lo que sube… baja.

Si no ha leído o escuchado ya las explicaciones que explican este fenómeno de borrascas, deberían hacerlo, pero permítanme hacer un breve resumen.

Las puertas del Atlántico se han abierto hacia la península, debido a que 'nuestro guardián' que es el anticiclón de las Azores se ha debilitado y desplazado de su posición habitual. Esto permite que la corriente en chorro (jet stream), que normalmente guía las borrascas hacia el norte de Europa, circule más al sur y dirija de forma persistente los frentes hacia la península 'bérica.

Otro elemento añadido es como en zonas del Atlántico tropical y el Caribe las temperaturas superficiales del mar están anómalamente altas, lo que conlleva a una mayor evaporación de agua. Cuando ese aire húmedo se traslada y conecta con las borrascas, estas se vuelven mucho más intensas de lo habitual para la época del año en la que estamos.

Por tanto, la influencia del cambio climático ante la ocurrencia de este fenómeno, aún más allá de la necesidad de disponer de estudios que permitan cuantificar su influencia, se antoja como fundamental.

Podemos plantearnos si este patrón tan húmedo y persistente se repetirá el próximo año. ¿Estamos ante un episodio excepcional o ante una nueva normalidad en los inviernos de la península ibérica?

De momento lo que observamos es que desde 2024 hay una tendencia clara y en aumento a experimentar borrascas más frecuentes y con mayor impacto. Los episodios de lluvia son más persistentes y con acumulados muy superiores a la media histórica y con una mayor duración.

Pero también debemos entender que entre las características del cambio climático está la de su carácter incierto. Hemos entrado en un terreno desconocido provocado por nosotros mismos al cambiar las reglas habituales del clima.

Los patrones del pasado, basados en un clima estable, ya no sirven para anticipar con seguridad lo que ocurrirá en el futuro.

El impacto en infraestructuras, agricultura y otros sectores

Resulta difícil resumir en poco espacio la cantidad de pérdidas y daños que han causado las lluvias de las últimas semanas, pero se pueden identificar diferentes sectores especialmente expuestos por su función estratégica y su vulnerabilidad a episodios extremos. Analizar su impacto de forma diferenciada permite dimensionar mejor los riesgos y anticipar medidas de adaptación y refuerzo.

Estamos viendo como la red viaria, con carreteras, autovías o puentes, están sufriendo deslizamientos, cortes prolongados y daños estructurales por crecidas; la red ferroviaria, ya fuera convencional o de alta velocidad, está sufriendo desde la inundación de sus plataformas, corrimientos de tierras y en general interrupciones prolongadas del servicio; otro caso es el de los fuertes vientos que están provocando problemas en el suministro de la red eléctrica; en cuanto al saneamiento y drenaje urbano, ya estamos observando el desbordamiento de alcantarillado o inundaciones urbanas; otro de los principales problemas es el relativo a la gestión de las presas, con una gestión más compleja de desembalses o el estrés que están sufriendo esas estructuras sobre todo en el caso de las más antiguas.

Los puertos e infraestructuras costeras sufren daños por temporales marítimos más frecuentes, sobrecarga en diques y problemas operativos continuos; los hospitales y otros centros críticos están en riesgo ya fuera por inundaciones, accesos anegados o posibles fallos eléctricos; las telecomunicaciones pueden sufrir cortes de fibra y suministro eléctrico que afectan a la conectividad en amplias zonas; el problema en viviendas y urbanismo en zonas inundables conlleva un incremento de daños estructurales, inhabitabilidad recurrente y encarecimiento de seguros o pérdida de asegurabilidad.

La cuestión de los seguros también es relevante en el caso de la agricultura. Este último sector ha sufrido especialmente los últimos fenómenos climatológicos, con pérdidas millonarias en el sector con cultivos anegados durante semanas, pérdida o deterioro de caminos rurales, daños en sistemas de regadío y drenajes o daños en instalaciones físicas entre otros. Estas afecciones no solo comprometen la producción inmediata, sino que pueden reducir la capacidad productiva de las explotaciones durante varias campañas, encareciendo costes y dificultando la recuperación del sector.

Necesidad de elevar el nivel de protección y adaptación ante una nueva normalidad

Imaginemos que estos periodos lluviosos en invierno se van a repetir cada año con la misma o mayor intensidad que los dos últimos. Este escenario también sería una expresión clara del cambio climático, aunque no tuviera que ver directamente con las cada vez más altas temperaturas del verano. El cambio climático no es solo calor: es alteración de patrones, de ritmos y de equilibrios que dábamos por estables.

Conviene recordarlo frente a quienes, como Donald Trump y otros negacionistas patrios, confunden el tiempo de un día concreto con el clima de décadas. El clima se mide en tendencias largas y comportamientos repetidos, no en episodios aislados de frío o lluvia. Por eso, hablar de cambio climático es hablar también de borrascas más persistentes, de inviernos más extremos o de fenómenos que se encadenan con mayor frecuencia.

Si proyectamos esta tendencia hacia los próximos años, y las borrascas se intensifican aún más, el desafío dejaría de ser coyuntural para convertirse en estructural. Nuestra atención debe centrarse en las infraestructuras y recursos críticos -energía, transporte, agua, agricultura- y en la necesidad de reforzarlos y adaptarlos ante un futuro más incierto y exigente.

Ante ese escenario, la respuesta no puede ser improvisada, sino estratégica y multinivel: planes de adaptación coordinados entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, alineados con los marcos europeos y sectoriales.

Será necesario actualizar planes de emergencia, invertir en infraestructuras resilientes, revisar normativas urbanísticas y reforzar los servicios públicos que sostienen la respuesta en crisis -protección civil, sanidad, gestión del agua y energía- frente a las dinámicas de privatización que no hacen sino debilitar su capacidad operativa. Además, la adaptación debe incorporar a la ciudadanía, al tejido productivo y a la comunidad científica en procesos participativos que generen corresponsabilidad, prevención y cultura del riesgo.

Pero también hay una cuestión que debemos tener en cuenta y es cómo nos va a afectar esta nueva normalidad, tanto a nivel colectivo como individual. Como sociedad, pondrá a prueba nuestra capacidad de organización, solidaridad y apoyo mutuo ante unas emergencias cada vez más frecuentes, así como la equidad en la distribución de ayudas y recursos.

Y en el plano individual, la repetición de episodios extremos, la incertidumbre constante y las pérdidas materiales pueden generar ansiedad, fatiga emocional y sensación de vulnerabilidad, convirtiendo la salud mental en un factor clave de resiliencia colectiva.

Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga Vito Quiles. La batalla del Ebro, esta vez, no la ganó la izquierda. Las tropas nacionales alcanzaron este domingo sus últimos objetivos electorales en Aragón. Al menos, décadas después, como en un viejo poema de Ángel González, no se ha oido el grito de “a las armas”, sino el de “a las urnas”. Algo, al menos, hemos salido ganando en tanto tiempo. Aunque no sé lo que habrá salido ganando Alberto Núñez Feijóo: el partido de Santiago Abascal es un caballo de Troya en la fortaleza de su electorado.

Pero, hoy por hoy, PSOE, Sumar y Podemos lo tienen peor. Las de Ione Belarra tendrían que hacérselo mirar pero la coalición de La Moncloa está en tenguerengue y es difícil legislar desde un Parlamento cambembo. Como fichas de dominó –primero, fue Extremadura, luego le tocará a Castilla y León--, el Partido Popular y Vox van conquistando mayorías parlamentarias que, ante el desgaste del Gobierno y con el viento de cola, empieza a calcar lo que ocurre en buena parte del mundo, que los conservadores se han vuelto reaccionarios y que a gran parte del electorado eso parece gustarle: “Nunca es triste la verdad –cantaba Joan Manuel Serrat--, lo que no tiene es remedio”.

Quienes no pensamos igual –gente rara, ya se sabe--, podemos entregarnos a la melancolía o calibrar qué hemos hecho mal o qué ha ocurrido para que hayamos llegado a esto. Claro que, como siempre, alguien dirá que no se hizo lo suficiente o que no se hizo lo correcto, que ha sido excesivo, que las compañías no han sido las mejores, que no conviene molestar al león cuando duerme ni conviene salir de noche ni llevar falda corta. Cualquier excusa es válida para no pisar los colegios electorales: históricamente, la izquierda ha perdido siempre en este país por incomparecencia de sus partidarios y el Gobierno más progresista de la historia no parece que se esté desviviendo para sacar a sus votantes del sofá y del maratón habitual de miniseries.

Quizá sea que llueve demasiado, que la ganadora de 'Pasapalabra' defiende que hay que pagar impuestos, que los trenes derrapan, que hubo un apagón y una erupción volcánica y largos incendios y una pandemia, que la gente le tiene más miedo a que regularicen a los inmigrantes a que sigan siendo clandestinos

Sería un error maliciar que muchos jóvenes se han vuelto repentinamente fachas, o que la derecha vota siempre y la izquierda ya veremos. Que todo lo que sucede estriba en que votamos con las tripas y no con la razón, que es posible, no lo niego. Que del Caso Montoro no se habla y que a Begoña Gómez la han vestido de Lucrecia Borgia. Que pesa el miedo y la incertidumbre, que si los medios, que si las redes, que si somos volubles y manipulables, pero hay algo más. Que el presidente parece explicarse mejor fuera que dentro de España. Que catalanes y que vascos, pero de Madrid no hablamos. Que la subida de pensiones y de salarios, la creación del ingreso mínimo vital, no bastan: que los precios suben en los supermercados, que la vivienda es un artículo de lujo, que el mercado laboral está poblado de falsos autónomos y de autónomos que siguen pasándolas canutas, que el paro baja pero muchos contratos no permiten sueldos dignos.

Y, al mismo tiempo, cunde el imaginario que de todo tiene la culpa Perro Sánchez, incluso de la degradación de la educación o de la sanidad pública, transferidas a autonomías cuyos dirigentes son votados, sin embargo, en masa.

O quizá sea que llueve demasiado, que la ganadora de “Pasapalabra” defiende que hay que pagar impuestos, que los trenes derrapan, que hubo un apagón y una erupción volcánica y largos incendios y una pandemia, que la gente le tiene más miedo a que regularicen a los inmigrantes a que sigan siendo clandestinos. Que hay quien cree que es posible deportarlos en masa o que eso resultaría necesario, humano o eficiente, a pesar de la demografía, de las catequesis o de los objetivos de la OCDE. 

Pero gane quien gane, más allá de la decepción o de la euforia, del estrépito o del silencio, nos cabrá la tozudez de urdir pequeñas utopías cotidianas, la rebelión del pensamiento, la complicidad de quienes saben que un grano no hace granero pero ayuda al compañero

Así están las cosas y así las estamos votando. Será un ciclo, dicen. Ojalá pueda llegar a serlo y la deriva del mundo no conduzca a la autocracia. Que la historia es larga pero la vida es corta, como canta Ricardo Arjona. Que quizá haya que dar un paso atrás cada vez que demos dos adelante. Pero gane quien gane, más allá de la decepción o de la euforia, del estrépito o del silencio, nos cabrá la tozudez de urdir pequeñas utopías cotidianas, la rebelión del pensamiento, la complicidad de quienes saben que un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Ahí estaremos, esperando a que pasen las borrascas o los veranos tórridos, esperanzados en sobrevivir como especie aunque a veces no lo merezcamos. Sin cambiar de principios, pero quizá actualizando su vestuario mientras mandamos a la tintorería las viejas levitas del siglo XIX.

Algo ya sabemos a ciencia cierta. Que el planeta está que arde y es nuestra casa. Que no hay una guerra entre el hombre y la mujer sino entre ambos frente a la desigualdad. Que aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Que la democracia es el único antídoto conocido contra la ley del más fuerte. Que los quirófanos y los pupitres no deben de ocuparlos tan sólo los pudientes. Que la justicia debe ser justa. Que los techos de cristal deben quebrarse definitivamente. Que si no podemos parar las guerras, que amparemos al menos a quienes las sufren. Que la calle no es sitio para nadie. Que el que parta y reparta no se lleve la mejor parte. Que merecemos el pan nuestro de cada día y que los dioses no perdonen fácilmente a los ofendiditos. Que las religiones manden en el cielo pero no en la tierra. Que podamos amar al prójimo, sea quien sea. Y que debemos ser conspiranoicos contra las conspiraciones que pretendan devolvernos a Altamira.

En el camino, probablemente, se perderán elecciones y se perderán los papeles. Probablemente, nunca existirá la victoria y quizá nos venga bien cambiar de himno: de derrota en derrota, hasta la masacre final. O, a más corto plazo: en peores garitas hemos hecho guardia. En caso contrario, quizá haya un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga qué mal lo hicimos.

Un minuto antes de que Pedro Casares, secretario general del PSOE de Cantabria, empezara a hablar en una rueda de prensa urgente este miércoles, la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), colgó un mensaje en sus redes sociales en el que se disculpaba por primera vez en relación al conflicto que generó tras calificar de “castigo” la instalación del centro de menores migrantes que el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) había decidido ubicar en el centro del pueblo y que desde el Consistorio habían amenazado con cerrar e incluso con cortar la luz y el agua.

El inicio de la comparecencia de Casares se retrasó un cuarto de hora coincidiendo casi simultáneamente con el momento en el que la alcaldesa socialista hacía pública su petición de disculpas, que Cueto ha ejecutado de la misma forma en que inició la polémica: en su perfil personal de Facebook. Pero esta vez, en plural mayestático y sin decir abiertamente a qué se refería: “Desde Cartes pedimos perdón por todo lo que está sucediendo en torno a un tema tan sensible”, ha dejado por escrito.

Sobre sus palabras, Casares ha dicho que eran “humildes”, aceptando la equivocación que había cometido, y ha rechazado cualquier medida disciplinaria contra la gestión de la alcaldesa. A cambio, ha sido crítico por primera vez, sin llegar a decir el nombre de la regidora: “Creo que en el Ayuntamiento se han equivocado, se han precipitado”, ha considerado el secretario general de los socialistas cántabros, en un tono muy distinto al empleado tan solo unos horas antes desde su cargo institucional.

El guion político ha cambiado en cuestión de doce horas: Pedro Casares ha pasado de enviar un comunicado como delegado del Gobierno en Cantabria sin valorar la gestión de la alcaldesa de Cartes, miembro de su propio partido, a reconocer sus errores sin dejar de respaldarla en rueda de prensa, como líder del PSOE. Por acción u omisión, en ambos casos ha mantenido su confianza en la alcaldesa que, en las últimas horas, ha iniciado un procedimiento administrativo para paralizar la puesta en marcha de este hogar de emergencia, amenazando incluso con el desalojo y el corte de los suministros básicos.

Durante su intervención, Casares ha cuestionado que Cueto se amparase “en informes técnicos y administrativos” para oponerse al centro de menores en Cartes, después de advertir que en la cúpula socialista “no se ha planteado la expulsión” de la alcaldesa ni tomar ninguna represalia desde el Comité de Ética del partido.

Tras esta reacción, y después de que en las últimas horas se produjeran incluso pronunciamientos a nivel nacional desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Casares ha sido por primera vez crítico con la alcaldesa, pero ha subrayado varias veces de que su petición de cese no ha estado sobre la mesa. El secretario general del PSOE cántabro ha afirmado que los menores seguirán en el centro, aunque ha dicho que el edificio es “inadecuado según los expertos”.

Por otro lado, Casares ha considerado que la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, “ha podido equivocarse y precipitarse”, pero ha valorado que haya pedido perdón: “Rectificar con humildad también es un derecho y un valor”. “Es buena alcaldesa y buena persona”, ha subrayado.

Antecedentes del conflicto

Esto ha sucedido un día después de conocer que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), había ordenado la paralización del hogar de acogida para menores migrantes que iba a establecerse en el municipio, bajo un argumento urbanístico: el edificio está en una calle, el Camino Real, que está protegida como parte del patrimonio histórico del pueblo y el edificio no tiene licencia para este tipo de actividad asistencial. Este fue el mismo motivo que la alcaldesa adujo, hace una semana, cuando en redes sociales calificó de “castigo” el centro de menores, pero en esta última ocasión, con una justificación técnica.

Esta resolución fue anunciada el martes por la tarde por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que anunció medidas cautelares para frenar esta decisión municipal, que este miércoles presentaría formalmente. A sus palabras respondió la alcaldesa de Cartes después, por escrito, diciendo que no era una paralización, si no “una petición técnica”. “No solo vamos a garantizar su acogida, vamos a garantizar su bienestar y su protección para que Cartes sea su hogar”, aseguró la misma persona que previamente calificó esta instalación como “un castigo”.

La noche del martes, horas después de la rueda de prensa de la consejera, Casares, en su comunicado, pidió una cosa y la contraria: por un lado decía que “la única prioridad” debía ser “el bienestar, la protección y la seguridad de los menores” y por otro decía que “hay que sacar a los menores del debate” por ser el “caso manifiesto de la utilización partidista de unos niños”. Este miércoles, Casares ha dicho que “el sentido común me pide pedir perdón en nombre de otros y de otras porque lo que vemos no representa ni los valores del PSOE ni de Cantabria”, dejando como insinuación la crítica.

Batalla institucional

Además, el líder de los socialistas ha asegurado que “muchos cántabros y muchos socialistas sienten estos días dolor, indignación, humillación y rechazo” por la situación generada en torno al centro de acogida de menores en Cartes con lo que ha calificado como una “batalla institucional” entre el Gobierno de Cantabria, administración competente de la acogida, y el Ayuntamiento en el que se ubica este hogar de emergencia para niños y jóvenes.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno autonómico “alega contra cada expediente” de llegada de menores migrantes a la comunidad. “Solicitan la no acogida en Cantabria e incluso afirman que se debería iniciar el proceso de repatriación a su país”, ha indicado. También ha rechazado el proceder de un Ayuntamiento “que se ampara en informes técnicos y jurídicos para defender lo indefendible”.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha anunciado que la formación presentará mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por el “gravísimo impacto negativo” que su entrada en vigor tendría sobre el sector primario, y, en especial, sobre la ganadería cántabra.

“Cantabria es una de las comunidades más perjudicadas por este pacto”, ha advertido en un comunicado la regionalista, “dado que alrededor del 70% de la producción primaria procede del sector ganadero”, ha indicado en un comunicado, sobre una profesión “con un peso muy relevante del vacuno de carne y leche, que sustenta a miles de explotaciones familiares y fija población en el medio rural”.

A su juicio, la apertura del mercado europeo a un mayor volumen de importaciones agroganaderas procedentes de países de Mercosur supone “competencia desleal” para los productores europeos, y entre ellos los cántabros, al permitir la entrada de productos que “no están sometidos a los mismos controles sanitarios, medioambientales ni de bienestar animal que deben cumplir los europeos”.

En este sentido, Fernández ha recalcado que los ganaderos y agricultores cántabros “cumplen algunas de las normativas más exigentes del mundo”, lo cual implica mayores costes de producción. Por ello, ha lamentado que el acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur no incorpore cláusulas “reales, obligatorias y verificables que garanticen la igualdad de condiciones entre todos los competidores en el mercado”.

El sector primario como moneda de cambio

Asimismo, ha criticado que el acuerdo comercial “vuelve a utilizar al sector primario como moneda de cambio para beneficiar a la industria y a las grandes corporaciones exportadoras”. “Los podemos permitir que se sacrifique el futuro del medio rural”, ha agregado.

Aunque el acuerdo se encuentra actualmente en suspenso por la decisión de la Comisión Europea de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la UE, en respuesta a las movilizaciones del sector primario, la candidata regionalista ha defendido su retirada definitiva y ha realizado un llamamiento a los municipios para que secunden la moción que está presentando el PRC con este objetivo.

De lo contrario, “las consecuencias para Cantabria pueden ser demoledoras, porque provocará una caída generalizada de los precios de la leche y la carne en origen, el cierre de explotaciones, la pérdida de empleo y el abandono de los núcleos rurales”, ha alertado la dirigente regionalista.

Por todo ello, la moción reclama el rechazo de los consistorios a la ratificación del acuerdo en los términos actuales, la incorporación de cláusulas espejo obligatorias, el refuerzo de los controles en frontera y un informe de impacto específico sobre las consecuencias para la economía rural cántabra, además de medidas de apoyo que garanticen la viabilidad de las explotaciones y el empleo rural.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

Suma y sigue en el rosario de despropósitos que en los últimos meses se están sucediendo en Hervías. Y es que poco o nada ha cambiado la situación en este municipio riojano de algo más de 130 habitantes que desde hace meses llevan denunciando prácticas caciquiles en el Ayuntamiento. Desde el pasado mes de junio, el vecindario está esperando una auditoría. Así se solicitó en pleno formalmente y así se reflejó en una moción.

Recién comenzado el 2026, la auditoría sigue sin llegar a pesar de la promesa realizada por escrito por la propia alcaldesa, María Elena Martínez, a los miembros de la Plataforma Cívica Valle del Oja de Hervías. “En diciembre de 2025, la alcaldesa se comprometió, por escrito con la Plataforma, a que quince días después de aprobar los presupuestos se contrataría la auditoría. Han pasado esos quince días y seguimos sin noticias”. Es más, añade este vecino y miembro de la Plataforma, “ahora mismo los presupuestos de Hervías son ilegales”. En el pleno celebrado el 9 de noviembre, relata, “el secretario del Ayuntamiento explicó las cuentas para este 2026, pero no se votaron ni se aprobaron”. Califica la sesión plenaria de “caos” porque “el secretario y dos concejales del PP abandonaron el pleno antes de que este finalizara”. Sin embargo, y a pesar de no haber sido aprobados, los presupuestos de Hervías de 2026 aparecen publicados en el Boletín Oficial de La Rioja donde se especifica su aprobación inicial“. Versión que ratifica la alcaldesa de Hervías a este medio: ”no puedo firmar los presupuestos porque no están aprobados“.

Estos hechos ya han sido denunciados por parte de la Plataforma vecinal: “Hemos presentado dos denuncias administrativas contra el secretario municipal y un recurso de alzada ante el BOR por publicar un presupuesto inexistente legalmente”, además de informar a la Consejería de Política Local del Gobierno de La Rioja.

“Hemos perdido la confianza en la alcaldesa” confiesa este miembro de la Plataforma. “La auditoría sigue sin llegar y tampoco ha cambiado al secretario por lo que vamos a pedir la dimisión de Martínez y de dos concejales del PP”. Hablan de una alcaldía ausente y un gobierno sin liderazgo. “La propia alcaldesa nos ha reconocido que firma documentos que no sabe. De hecho, firmó a favor de la instalación de las plantas de biometano en el municipio cuando está en contra. También acudió, y salió en la foto, de la concentración que hicimos en el pueblo para solicitar dicha auditoría, algo que directamente depende de ella, pero que no termina de llegar”.

En cuanto a la figura del Secretario-Interventor desde la Plataforma continúan “profundamente preocupados por su labor” y denuncian una “gestión autoritaria caracterizada por el bloqueo reiterado de actuaciones municipales, por una falta de colaboración municipal y por una opacidad constante”. De hecho, esta opacidad en las cuentas fue el origen de la Plataforma y el motivo por el que piden la auditoría. Sentimientos que comparte la alcaldesa a la que incluso le quitado las llaves del Ayuntamiento. “Me ha llegado a decir que no se fía de mí, que manda más que yo en el Ayuntamiento y que por eso me quita las llaves”.

La relación entre esta alcaldesa y su secretario municipal es más que complicada. De hecho Martínez no quiere que siga ejerciendo de secretario municipal en Hervías porque “hace lo que quiere”. Le responsabiliza incluso de no contratar la auditoría. “Yo la quiero hacer, pero si no le da la gana al que la tiene que hacer, ¿qué hago?”. Una situación que afirma ha trasladado al presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán: “quiero cambiar al secretario, pero esta decisión depende del Gobierno de La Rioja”. Y es que el cambio de los secretarios de agrupaciones de municipios, como es el caso de Hervías, requiere de un acuerdo municipal y una autorización autonómica. El próximo jueves, miembros de la Plataforma vecinal y la alcaldesa, se reunirán con el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León García, en la que, tal y como ha avanzado la alcaldesa pondrán sobre la mesa todas estas cuestiones.

Al parecer, este modo de actuar del secretario municipal no es exclusivo en Hervías. “En otros municipios en los que ejerce de secretario municipal (Cuzcurrita, Ochánduri y Zarratón) existe igualmente un descontento generalizado con su gestión”, aseguran desde la Plataforma. En Ochánduri, por ejemplo, “únicamente se ha multado a ciertos vecinos que dejan la leña fuera de su casa, curiosamente los que no son de cuerda. En Hervías, hemos pedido ver los contratos de un artista, familiar suyo, que ha actuado aquí, y en los cuatro pueblos en los que es secretario, y tampoco nos los ha facilitado”.

Una gestión “autoritaria y caciquil” y con “represalias para el que la cuestiona”. Y es que este miembro de la Plataforma vecinal asevera que “diversos vecinos que se han mostrado críticos con la gestión del secretario, y que han pedido permisos al Ayuntamiento para hacer obras en casa, los tienen, curiosamente, paralizados”. Esta es una de las razones por las que este miembro de la Plataforma vecinal quiere mantener el anonimato: “tengo que hacer obras en casa”, dice con resignación y enfado.

Ante esta situación, al vecindario de este municipio riojano solo le queda mostrar públicamente su hartazgo. “Hemos solicitado una reunión con el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, pero aún no nos ha contestado”. Además de esta reunión, también han solicitado información a través del Portal de Transparencia y Buen Gobierno.

Y al margen de estas solicitudes oficiales, los miembros de la Plataforma Cívica Valle del Oja de Hervías advierten de que seguirán con las movilizaciones ciudadanas para mostrar públicamente su malestar y hastío “a pesar de la amenaza de la alcaldesa de dejar de colaborar con nosotros, con la Plataforma, si hacíamos públicas todas estas cuestiones”. Seguirán saliendo a la calle ante “la acumulación de promesas incumplidas y decisiones dañinas”. La próxima, este domingo 18 de enero a las 12:00 de la mañana frente al Ayuntamiento donde, una vez más, volverán a reclamar una auditoría externa y la dimisión los responsables políticos.

La Ley de Costas, la legislación medioambiental y la tramitación territorial y urbanística para llevar a cabo la creación del Guggenheim Urdaibai son las tres razones principales para dejar el megaproyecto impulsado políticamente -y económicamente- por el PNV en un cajón después de dos años de reflexión sobre una viabilidad que antes se había dado por hecha y de 17 desde que se anunció por primera vez. Así lo ha expresado este martes la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ante la Comisión de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu y PP, en la que también ha aportado la primera cifra de lo que han costado las actuaciones llevadas a cabo en el entorno del estuario de Urdaibai para construir después el museo: un total de 1.176.982,02 euros.

En su declaración ante una oposición que se ha mostrado descontenta con las actuaciones realizadas, Etxanobe ha confesado que “siempre se ha intuido que el marco normativo podía llegar a ser un obstáculo insalvable para la materialización de un proyecto singular que sólo podía expresar su originalidad en la ubicación elegida, pero es hoy cuando los estudios realizados han convertido la intuición en certeza y, cuando esto ha sido así, se ha obrado en consecuencia”.

El proyecto, en su última formulación, la de 2021, pasaba por una doble sede en Gernika -en la antigua cubertera Dalia- y en Murueta -en los astilleros todavía operativos-, que iban a quedar unidas por una vía verde. Esa idea, según ha declarado Etxanobe, es “valorada positivamente en la reunión del Patronato del Guggenheim celebrada en junio de 2021”, sin embargo, ha asegurado que el Patronato ya por aquel entonces “era consciente de las fuertes restricciones a las que el ordenamiento jurídico vigente sujeta todo tipo de actuación en la zona elegida”, por ello, según ha indicado, “insiste en la necesidad de profundizar en el análisis de los aspectos legales, urbanísticos y medioambientales que inevitablemente han de condicionar su ejecución”, ha argumentado. Esas “primeras indagaciones”, ha detallado la diputada general, “permitieron vislumbrar, ya que el lugar elegido para materializar la idea era ambivalente”. Sin embargo, el proceso siguió adelante. De hecho, la propia Etxanobe, en la campaña electoral de 2023, antes de acceder al cargo, aseguró que el proyecto se haría “sí o sí” y el lehendakari, Imanol Pradales, estaba también en el bando del “sí o sí” cuando formaba parte del Gobierno foral vizcaíno y, de hecho, comprometió 40 millones de recursos públicos para el plan. “Es una reserva de la biosfera, no una reserva india”, defendía ya como lehendakari.

¿Cuáles han sido en concreto las razones que han cambiado ese “sí o sí” en un “no” rotundo? Etxanobe las ha dividido en tres. La primera de ellas, las relativas a la legislación de Costas. “El emplazamiento elegido para la ubicación del museo plantea escollos en tres ámbitos: la extensión, que en este caso tiene la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, su posible utilización para instalaciones y actividades distintas a aquellas que por su naturaleza no pueden tener otra ubicación y el estado en el que se encuentra la concesión que en su día se otorgó a la Mercantil Astilleros de Murueta S.A. con destino a la construcción de buques”, ha argumentado.

La segunda “traba”, como la consejera ha descrito a la dificultad o inviabilidad del proyecto, es la legislación medioambiental, que protege el entorno de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. “Se trata de un espacio intensamente protegido desde el punto de vista medioambiental en el que la densa normativa aplicable no prohíbe la intervención humana, aunque la sujeta, como sabemos, a fuertes restricciones”, ha indicado. Por último, ha señalado como tercera razón para dejar de lado el Guggenheim Urdaibai, “la tramitación de los múltiples instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que requiere la materialización de un proyecto que afecta a varios municipios, cada uno de los cuales cuenta con su propio planteamiento urbanístico y un plan territorial parcial”. “Durante los dos últimos años estas dificultades han ido manifestándose de un modo cada vez más patente, en consonancia casi siempre con los pasos que se iban dando por parte de las instituciones para poner en práctica la idea y poniendo de manifiesto un conjunto de factores adversos que aconsejan reconsiderar el impulso inicial”, ha confesado la diputada general de Bizkaia, quien ha recalcado que no va a “analizar en detalle todos y cada uno de los escollos”, ya que sería algo más propio de “un seminario de Derecho Ambiental Urbanístico” y no de “una comparecencia parlamentaria”.

Lo que sí que ha manifestado es que, de llevar a cabo todo el proceso a pesar de las dificultades, el Guggenheim Urdaibai no abriría sus puertas hasta al menos el año 2035. “Con arreglo a un cálculo razonable del tiempo necesario tanto para la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial que sería necesario elaborar o modificar en este caso, como para la conclusión de los procedimientos judiciales ya promovidos o se puedan promover en torno a los aspectos de la iniciativa que devengan litigiosos, el panorama no quedaría plenamente despejado antes de 2035, presentándose, en cualquier caso, enfrentado a un horizonte de fuerte incertidumbre”. “Todo ello ha llevado al Patronato a desistir del proyecto de ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai, por considerar que podría resultar inviable en los términos en los que se veía”, ha sentenciado.

Sobre los trabajos y costes que ha asumido la Diputación Foral de Bizkaia para desarrollar el proyecto hasta ahora, Etxanobe ha aportado la cifra de 1.176.982,02 euros concretamente para los trabajos desarrollados en la antigua cubertería Dalia, pero lo ha justificado argumentando que “se trataba de un trabajo que antes o después, en unas circunstancias o en otras, se debía acometer en beneficio del medio ambiente y de la ciudadanía”. “Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del convenio suscrito en el año 2023 entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que preveía la concesión de una subvención con el fin de impulsar un conjunto de actuaciones singulares de desarrollo sostenible en el entorno del estuario de Urdaibai, se ha desmantelado el complejo edificado que ocupaba la empresa Dalia y se está avanzando notablemente en las labores de descontaminación del suelo y del acuífero que, dada la actividad a la que se dedicaba la citada compañía, la fabricación de cubertería de mesa y menaje de cocina haciendo uso, como saben, de metales como el cromo y el níquel, están resultando complejas y costosas. En cualquier caso, el excelente trabajo realizado mediante la biorremediación, que destruye los compuestos organoclorados hasta hacerlos inocuos, permite anticipar un resultado final francamente satisfactorio. En un principio este trabajo tenía por objeto acondicionar la zona a efectos de su posible conversión en una de las dos ubicaciones previstas junto a la situada en Murueta para la sede ampliada del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai. Sin embargo, creo que nadie en esta Cámara pondrá en cuestión el hecho de que el trabajo realizado tiene un valor en sí mismo al margen y con independencia de lo que se haya podido decidir en relación con el proyecto en cuyo marco fue concebido”, ha informado.

“Se trataba de un trabajo que antes o después, en unas circunstancias o en otras, se debía acometer en beneficio del medio ambiente y de la ciudadanía. La cifra de los trabajos llevados a cabo en Dalia asciende en este caso a 1.176.982,02 euros. Es propósito de la Diputación seguir trabajando conjuntamente con el Miteco para procurar que el hecho de no continuar con el proyecto de ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai no impida que la mayor parte posible de los fondos previstos en el citado convenio pueden seguir invirtiéndose en proyectos de regeneración del estuario de Urdaibai y de acondicionamiento de su entorno”, ha emplazado la diputada general de Bizkaia no sin antes asegurar que tras la renuncia a seguir adelante con el proyecto del Guggenheim Urdaibai, la Diputación de Bizkaia está “centrada” en la implementación de este Plan Estratégico Comarcal de Busturialdea-Urdaibai, “la hoja de ruta concertada con la comarca”, así como en la gestión del resto de proyectos para “mejorar los servicios, las infraestructuras y avanzar en condiciones de vida y bienestar” de los ciudadanos de la zona.

17 años en “saber” que el proyecto no era viable

Por su parte, desde los grupos de la oposición, el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha criticado que Etxanobe haga “cero autocrítica”, ya que, a su entender, debería “pedir perdón” a la ciudadanía por “marear” con un proyecto que era “insalvable desde el primer momento”. “No hacen falta 17 años, lo podían haber sabido desde el principio pero se ha optado por una huida hacia adelante hasta toparse con la realidad jurídica y chocar con la opinión casi unánime de una comarca”, ha lamentado Casanova.

También la portavoz del PP, Raquel González, ha afirmado que “sorprende” que se tarde “17 años en darse cuenta de las limitaciones que tiene el terreno y de que se tenían que cumplir las leyes que tenían que cumplir para llevar a cabo este proyecto fallido”. Por ello, ha cuestionado qué responsabilidades políticas se van a tomar por “todos los errores que ha habido desde 2008 hasta 2025”. Según la juntera del PP, el “modelo de hacer política” del PNV está basado en “muchos anuncios y publicidad”. “Se ha estado tirando balones fuera hasta que la situación era insostenible”, ha criticado.

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz De Madariaga, ha lamentado que se ha perdido “mucho tiempo” y se ha gastado “mucho dinero” en este proyecto y ha señalado que espera que la Diputación “aprenda de lo que ha ocurrido” y que, “a partir a ahora, sean los intereses del territorio los que defienda” y no “las necesidades de una entidad privada”.

Entre los grupos del Gobierno foral, el juntero del PNV Julen Karrion ha criticado a la oposición que se trate de “enredar” el debate. “Gobernar significa saber cuándo avanzar y también cuándo parar. Cuando un proyecto no es viable, se para”, ha señalado, mientras que el portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha defendido que, “cuando un proyecto no ofrece garantías de viabilidad jurídica, ambiental y social en el corto y en el medio plazo, lo responsable, lo prudente es no seguir adelante”, ha señalado. Asimismo, ha apelado a centrarse en el Plan Estratégico Comarcal, incluidos “los ayuntamientos sean del signo que sean” y ha confiado en que el convenio con el Ministerio siga financiando la regeneración ambiental de la zona.

En su respuesta a los grupos, Etxanobe ha remarcado que la “obligación” de su gobierno es “explorar todas las posibilidades de generar mayor bienestar, riqueza y empleo”. “El miedo al fracaso no nos puede bloquear ni paralizar. La responsabilidad de una institución es analizar con rigor todas las posibilidades, riesgos y oportunidades y tomar decisiones en consideración a las mismas”, ha concluido la diputada general de Bizkaia.

De los 145 puntos de recarga de vehículos que el Ayuntamiento de Logroño prometió instalar en la ciudad a lo largo de 2025 no hay ninguno después de que en junio de 2025 la empresa adjudicataria renunciara. Así lo ha denunciado el PSOE de Logroño cuyo concejal, Álvaro Foncea, ha detallado la moción que presentarán en el próximo pleno municipal y por la que piden que se impulse el despliegue de estos puntos de recarga en la capital riojana.

En octubre de 2024, el Consisotorio logroñés avanzaba que la instalación de los puntos de recarga de vehículos en Logroño comenzaría el lunes 14 de octubre “con tres nuevos puntos en General Urrutia”. Era la primera fase que incluía otras seis ubicaciones y otros 28 puntos de recarga, “del total de 145 que situarán a Logroño como una de las ciudades con más puestos por habitante”, apuntaban desde el Ayuntamiento. La previsión de la empresa adjudicataria, Eranovum, era que las primeras ubicaciones entraran en servicio en los primeros meses de 2025 y el resto hasta 145, a lo largo del año. Unos puntos que se iban a localizar en 29 punos de la ciudad y que iban a convertir a Logroño “en una de las ciudades de España con mayor número de puntos de recarga por habitante”, aseguraban desde el Ayuntamiento de Logroño.

En junio de 2025, la empresa adjudicataria renunció al contrato para la puesta en servicio de estos 145 puntos de recarga de vehículos eléctricos en dichos emplazamientos. Fuentes muncipales han confirmado a este medio que “tras la renuncia de la empesa adjudicataria, ya se anunció en su momento que se volvería a sacar un nuevo pliego próximamente”

Piden una licitación “urgente” un nuevo contrato

Y esa es precisamente la peteición del socialista. Foncea ha presentado una iniciativa que el Grupo Municipal del PSOE defenderá en el pleno de este jueves y que pretende “impulsar el despliegue de los puntos de recarga para coches eléctricos en Logroño”. Ha señalado que el Equipo de Gobierno “ha dado ya por finalizado el expediente fallido de implantación de puntos de recarga, pero los socialistas pensamos que se debe acelerar el despliegue de la red de puntos de recarga en aparcamientos de titularidad pública”. Por eso, “vamos a pedir en el pleno que se licite con carácter urgente un nuevo contrato de despliegue de una red pública de cargadores eléctricos en la la ciudad”.

El socialista ha recordado que “ciudades del entorno como Pamplona o Vitoria, ya cuentan con redes desplegadas y en funcionamiento, mientras que en Logroño, sólo tenemos el recuerdo de una rueda de prensa con dos concejales y una estación de carga de cartón” ha asegurado en referencia a la rueda de prensa ofrecida por el concejal responsable del área de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, el de Movilidad y Ciudad Circular, Ángel Andrés, y el country manager en España de Eranovum, Álvaro Gutiérrez. Una comparecencia pública “a la que se llevó un protipo de estación de recarga para hacer las foto y luego se retiró. De hecho ahora mismo solo queda una base de hormigón con cables y esta es la estación más avanzada”, ironiza.

Además, Foncea ha recordado que “las emisiones de CO2, NO2 y partículas contaminantes están lejos de cumplir las recomendaciones establecidas por la OMS y por las que entrarán en vigor en Europa en 2030”. Y ha dicho: “si revisamos las últimas investigaciones científicas de impacto sobre salud pública, comprobamos que la contaminación ambiental, especialmente la generada por emisiones de micropartículas, se ha erigido en el principal factor de reducción de la esperanza de vida”.

Además, el pasado mes de diciembre “se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, Ley en la que se establece el marco para realizar la transición de los modos de movilidad hacia medios menos contaminantes”. Desde el Partido Socialista “siempre hemos defendido una transición hacia modos más limpios y saludables de desplazarse por la ciudad y para ello hay que abordar diferentes políticas de impulso a la caminabilidad, a los desplazamientos en bici, al transporte público y también las relativas al coche compartido y eléctrico”.

Alfonso Rueda eligió como escenario para su discurso de fin del año en que se han conmemorado 75 años de la muerte de Castelao el Museo de Pontevedra. El centro alberga una de las mayores colecciones de obras del que, además de dibujante y escritor, fue líder político del nacionalismo gallego, republicano y escorado a la izquierda, muerto en el exilio argentino. El presidente de la Xunta de Galicia usó su figura como telón de fondo para una intervención en la que insistió en uno de sus lemas recurrentes, el de la previsibilidad, y repitió su intención de rectificar políticas de gobiernos del PP de los que formó parte en materias como la vivienda pública y social o el I+D+1.

Castelao no fue el único galleguista histórico al que citó, pero sí el más progresista. “Algunas de las ideas que él defendió y que entonces eran revolucionarias”, afirmó sin concretar, “hoy forman parte del acervo común de gallegas y gallegos”. Según su interpretación, la arquitectura institucional, política y cultural de la Galicia actual, la derivada del Estatuto de Autonomía en vigor desde 1981, se debe a “los sueños” del autor de Sempre en Galiza y de otros intelectuales y políticos, estos de querencia más conservadora: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo o Alfredo Brañas. Pero más allá de la mirada a la historia y de los dibujos del álbum Nós y los óleos de gran formato que decoraron la alocución de Rueda, esta se regodeó en sus argumentos habituales.

No faltó la mención a la ola de incendios que el pasado verano se convirtió en la más devastadora de las ocurridas en la comunidad y cuya deficiente gestión política tuvo consecuencias recientes: la dimisión de la cúpula de la Consellería de Medio Rural esta misma semana. “Es necesario trabajar todos a una para tener un monte mucho más productivo y más protegido”, afirmó este 31 de diciembre. Al contrario de lo que acostumbra el presidente gallego, esta vez las críticas al Gobierno central fueron en sordina. “Seguimos creyendo que los gobiernos están para gobernar, no para entretener y mucho menos para indignar”, aseguró, antes de explicar una de las ideas que más veces explica: “Somos previsibles y mañana, día 1 de enero, entrarán en vigor los Presupuestos de la Xunta para 2026, como debe ser”. Su Partido Popular ocupa 40 de los 75 escaños del Parlamento de Galicia, es decir, mayoría absoluta.

Son esas cuentas de 2026 las que le sirvieron para enumerar unas prioridades que contrastan con las de años anteriores y ejecutivos del PP del que el mismo Rueda formó parte, la más llamativa la de la vivienda pública. Durante los mandatos de Feijóo, con Rueda como conselleiro o vicepresidente, la construcción de la misma se redujo al mínimo. También descendió respecto a las cifras del lejano Gobierno de coalición entre PSdeG y BNG (2005-2009) la inversión en I+D+i, de cuya recuperación presumió este miércoles Alfonso Rueda. Y si ahora este se encomienda a la economía circular y a las energías limpias, olvida que fue su propio partido el que paralizó su despliegue al suspender, con enorme coste, el plan eólico del bipartito.

Las sesiones parlamentarias suelen ofrecer la imagen de un presidente en línea con los argumentarios que emite Génova, en Madrid. Su discurso de fin de año tomó, sin embargo, algunas distancias. Frente a la entrega de Feijóo a las tesis y a los pactos con la ultraderecha, Rueda atacó el “proteccionismo comercial que cierra puertas injustamente”, es decir, la vía Trump que tantos aplausos e imitaciones cosecha en el PP, estatal y no solo. También habló de un “sistema sanitario público avanzado”, que en realidad y a decir de no pocos trabajadores del mismo se encuentra al borde del colapso en sectores como la atención primaria y sometido a presión privatizadora.

El presidente gallego despidió su disertación como la comenzó, de la mano de Castelao. “Non lle poñades chatas á obra mentres non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela, hai sitio para todos [No le pongáis trabas a la obra mientras no se acaba. Quien piense que va mal que trabaje en ella, hay sitio para todos]”, lo parafraseó. Nada que ver con el Rueda que se lanza en tromba contra el BNG, partido más representativo de la oposición, y contra su líder, Ana Pontón, y que achaca cualquier protesta ciudadana por los más diversos asuntos -sanidad, educación, Altri, Palestina- a los alborotadores nacionalistas y de izquierdas.

“Siempre, aun cuando las tinieblas parecen más densas, hay una luz de esperanza que nos guía para seguir avanzando”, concluyó, sin evitar la mención jacobea, “como avanzan los peregrinos que recorren los distintos Camiños de Santiago”.

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este lunes los presupuestos vizcaínos para 2026, que cuentan con un disponible departamental de 1.716,2 millones, con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE. Las cuentas han salido adelante pese a los votos contrarios de EH Bildu, PP y Elkarrekin, en este último caso con la excepción de los dos departamentos en los que ha transaccionado enmiendas con jeltzales y socialistas, en los que se ha abstenido.

De este modo, cierran su tramitación en el Parlamento de Bizkaia los terceros presupuestos del Ejecutivo que lidera Elixabete Etxanobe, que se elevan a 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año. De ellos, 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más que en 2025.

El área que mayor peso tiene en las cuentas es Acción Social con 767,2 millones, seguida de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 250,7 millones, y Transportes, Movilidad y Turismo, con 221,3 millones. Por su parte, Administración Pública y Relaciones Institucionales tiene reservada una partida de 89,5 millones, Empleo, Cohesión Social e Igualdad de 87,6 millones, Promoción Económica de 81,4 millones, Medio Natural y Agricultura de 79 millones, Euskera y Deporte de 70,4 millones y Hacienda y Finanzas de 69,2 millones.

El proyecto presentado por la Diputación superó el pasado día 12 las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado los tres grupos de la oposición y ha incorporado, en el debate de las 512 enmiendas parciales registradas, dos enmiendas transaccionales acordadas por PNV y PSE-EE con Elkarrekin para garantizar el mantenimiento de bonificaciones en Bizkaibus (852.000 euros) y para incrementar la dotación del programa de Inclusión Social (700.000 euros) y del programa de protección a víctimas de violencia machista y apoyo familiar (300.000 euros).

El resto de enmiendas parciales han sido reservadas por la oposición, tras no prosperar en la Comisión de Hacienda y Finanzas, para el pleno de este lunes, donde han sido nuevamente rechazadas por los grupos del Gobierno.

Finalmente, los grupos junteros han votado el presupuesto de cada uno de los nueve departamentos forales y el texto articulado, en todos los casos con el voto a favor de los apoderados de PNV y PSE-EE, y los votos en contra de los junteros de EH Bildu y PP. Elkarrekin, por su parte, se ha abstenido en las cuentas de los departamentos en los que había transaccionado enmiendas y ha rechazado el resto.

Durante el debate en el pleno de este lunes, los grupos de la oposición han criticado que únicamente hayan prosperado dos de las 514 enmiendas parciales que han presentado, y jeltzales y socialistas han defendido que las cuentas responden al programa de dos formaciones que suman en la Cámara un “amplio respaldo” de la ciudadanía.

El juntero de EH Bildu Aitor López Vázquez ha advertido de que no son “los presupuestos que necesita Bizkaia ni en contenido ni en cifras”, por lo que merecen un “no rotundo”, y ha apelado a pasar de “la mera gestión” al “liderazgo” para hacer políticas “transformadoras” que permitan afrontar los “grandes retos” existentes.

El apoderado de EH Bildu ha lamentado que, tras el acuerdo logrado en las cuentas de 2025 y que tendrá un impacto en las de 2026 que ha cifrado en 16 millones, este año se ha producido un “veto” a pactar con su grupo porque se ha priorizado la “pugna política” frente al impulso de “medidas positivas para la ciudadanía”. A su entender, se trata de una decisión que “se ha tomado en el partido”, en referencia al PNV, “no en la Diputación ni en las Juntas Generales”.

El juntero del PP Diego Pagadigorria ha considerado que las cuentas son “continuistas” y tienen “un enfoque recaudatorio desmesurado”. “Sin alivio fiscal, no hay votos del PP”, ha remarcado el apoderado, que ha criticado que los terceros presupuestos de Etxanobe “no ofrecen muchas novedades ni grandes proyectos innovadores ni tractores para el territorio”.

Asimismo, ha incidido en que las cuentas se aprueban además “en un contexto político marcado por acuerdos interterritoriales con Podemos, que responde a una estrategia político-electoral de contención de EH Bildu” y, en este sentido, ha advertido del “riesgo institucional de convertir el presupuesto en una herramienta de equilibrio partidista y no en un instrumento al servicio del interés general”.

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha criticado que las cuentas del Gobierno foral “no responden a la realidad social” de Bizkaia ni a los retos que se deben afrontar. En este sentido, ha señalado que el marco ideológico de las propuestas del Gobierno foral no es “ni útil ni adecuado” para dar respuesta a las necesidades del territorio.

Tras valorar los “cambios útiles” acordados en las dos enmiendas transaccionadas con PNV y PSE-EE, ha afirmado que su “no de hoy” es “una invitación a rehacer el camino desde una base que sea compartida” y, si se abre “un diálogo real”, Elkarrekin “estará ahí para alcanzar nuevos acuerdos que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.

Desde los grupos del Gobierno foral, el juntero del PNV Mikel Bagan ha reivindicado que se han diseñado unas cuentas “seguir mejorando la calidad de vida” en Bizkaia y “consolidar el futuro económico, el empleo y los servicios públicos de calidad” en Bizkaia, y responden a “un programa político con un amplio respaldo” de la ciudadanía, “modulado” con el acuerdo de gobierno con el PSE.

Asimismo, ha explicado que las enmiendas de la oposición se han rechazado, entre otros motivos, porque “carecían de base justificativa”, la cantidad consignada era ya “suficiente”, hacían “inviable la prestación de servicios o el funcionamiento normal” de la Diputación o ignoraban los compromisos plurianuales.

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha defendido que el presupuesto planteado por el Gobierno foral es “sólido, responsable y profundamente social” y ha acusado a los grupos de la oposición de “proponer más gasto sin explicar bien de dónde sale el dinero y, sobre todo, sin asumir ni explicar qué se debilita para financiarlo ni por qué”.

Tras asegurar que no ha habido ni “cerrazón” ni “vetos” en la negociación presupuestaria, ha defendido que “una mayoría parlamentaria es una expresión legítima de la voluntad democrática de la ciudadanía, al menos igual de legítima” que las enmiendas presentadas. En este sentido, ha subrayado que “la mayoría no exime del diálogo, pero tampoco obliga a renunciar a un programa político coherente y acordado, ni a aceptar propuestas que contradicen el modelo de territorio” definido en el plan de mandato.