Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño propone al equipo de Gobierno de Conrado Escobar adquirir el cien por cien de tres parcelas indivisas que no han recibido ofertas al proceso de licitación, con el fin de destinarlas a la construcción de vivienda protegida y alquiler social a través del IRVI.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, recuerda que en el pleno del mes de mayo ya cuestionó la enajenación de la participación municipal de ocho parcelas para ingresar cerca de 12 millones de euros, especialmente la inclusión de tres solares en los que el Consistorio era prácticamente el único propietario, al considerar que suponía “la vuelta a modelos de especulación inmobiliaria del pasado”.

“El Ayuntamiento solo ha recibido una oferta para una de las parcelas, y no corresponde a ninguno de estos tres solares. Ya advertimos de que esta operación era un error y de que lo razonable era adquirir el porcentaje restante de estos terrenos para impulsar vivienda protegida y alquiler social. Ahora el alcalde tiene una oportunidad perfecta para rectificar”, ha afirmado Antoñanzas. 

En concreto, se trata de la parcela P8 de El Campillo, con un 97,60 por ciento de titularidad municipal y capacidad para unas 64 viviendas; del solar Palazzina 10, en La Guindalera, con un 97,67 por ciento de propiedad municipal y espacio para una docena de pisos; y del terreno E3 de Valdegastea, donde el Ayuntamiento posee el 88,67 por ciento y podrían levantarse cerca de 50 viviendas. En total, estos tres solares permitirían construir hasta 126 viviendas.

Antoñanzas ha reclamado al Gobierno local que complete la adquisición de las participaciones privadas restantes y ceda posteriormente estos terrenos al IRVI para desarrollar promociones públicas de vivienda.

Por último, el edil riojanista ha lamentado que “el fracaso que ha supuesto la política de vivienda del Gobierno de Conrado Escobar, que mantiene bloqueado el desarrollo de 7.400 viviendas en la ciudad, con 6.000 pendientes del desarrollo del sector sur, otras 1.200 vinculadas al soterramiento y estas 126 de las parcelas indivisas que el Ayuntamiento quería vender”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es “jurídicamente posible”, aunque ha subrayado que para ello deben cumplirse previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

“¿Esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara, es jurídicamente posible”, ha señalado Torres durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara al Ejecutivo si autorizaría una consulta a la ciudadanía de Treviño sobre su posible reascripción territorial provincial. Durante su intervención, el diputado ha recordado la histórica reivindicación existente en Treviño para incorporarse a Álava y ha señalado que muchos vecinos desarrollan su vida cotidiana en Vitoria y en territorio alavés debido a la cercanía geográfica y a la prestación de servicios públicos.

En su respuesta, Torres, según recoge Europa Press,, ha defendido que la situación de Treviño constituye un caso “singular” que va más allá del ámbito estrictamente municipal y afecta tanto al Estatuto de Gernika como al Estatuto de Castilla y León. El ministro ha explicado que el Gobierno está dispuesto a actuar dentro de sus competencias, aunque ha insistido en que existen pasos previos “preceptivos y absolutamente necesarios” avalados además por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el marco de colaboración institucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para el desarrollo de los estatutos de autonomía, trasladará al Gobierno de Canarias su propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado.

Tras la solicitud cursada por el Ejecutivo canario a mitad de enero de 2026, en la que hacía referencia expresa al traspaso de estas competencias, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres ha elaborado una propuesta que tiene el aval del Ministerio de Transportes, dada la existencia de viabilidad jurídica y base competencial suficiente.

Por un lado, se trata de los aeródromos de Antigua (Fuerteventura) y de El Berriel (Gran Canaria).

Por otro, están los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Puerto Las Palmas PalmasPort (Gran Canaria); San Sebastián de La Gomera; Puntagorda (La Palma); y Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y La Guancha (Tenerife).

Mientras se da este primer paso para la gestión de los aeródromos que no son de interés general, las negociaciones entre los equipos del Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias siguen abiertas y se continúa avanzando en lo referido a las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general.

Procedimiento a seguir

Como ha ocurrido en todos los procesos de negociación de transferencias con las comundiades, tras la comunicación de la propuesta del Ministerio para los aeródromos que no son de interés general, el Gobierno de Canarias debe expresar la conformidad o solicitar las ponencias necesarias para seguir con el procedimiento que culmine en una Comisión Mixta de Transferencias y, posteriormente, con la aprobación del traspaso en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Política Territorial, tal y como ocurriera en abril con una de las reuniones técnicas presenciales que se produjo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, manifiesta su total predisposición para continuar trabajando en el desarrollo de competencias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha entrado en una “paranoia de manera absurda” porque “cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado”.

En una entrevista en TVE, el ministro, expresidente canario y secretario general de PSOE de Canarias, ha insistido en que Clavijo “se ha equivocado” en la gestión de la parada del crucero MV Hondius en Tenerife, que “se ha visto arrinconado” y que cometió “un tremendo error, un error político” que no sabe si es “reparable”.

Ha afirmado además que el presidente canario “habla también de ciertas teorías y tesis conspiranoicas, cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado; esa es la paranoia de manera absurda”.

Consecuencia de esa circunstancia, ha añadido Torres, Clavijo “ataca a los demás para intentar defenderse él y queda en evidencia”.

“Por tanto -ha concluido el ministro-, yo le pido que reflexione, que se calme, que analice lo que ha ocurrido, que reconozca que se ha equivocado, nos podemos equivocar, somos seres humanos”. “Ya está tardando en decir me equivoqué”, ha subrayado.

El titular de Política Territorial cree que en este asunto “ha sobrado una bronca innecesaria” y “ha sobrado alarmismo”, aunque ha reconocido que “es humano” que en Canarias hubiera preocupación ante la llegada del barco.

Ángel Víctor Torres ha informado de que el ciudadano español aislado este martes en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid tiene fiebre y síntomas de la enfermedad, mientras los otros 13 están en una situación asintomática.

En lo que va de año, diez elementos del Patrimonio Histórico y Arquitectónico riojano “han colapsado en lo que va de año”. Así lo asegura Por La Rioja cuyo portavoz, Miguel Gomez Ijalba, ha pedido la la dimisión del titular de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, o el cese por parte de Capelllán por “su negligencia en el cumplimiento de la Ley de Patrimonio que obliga a proteger, conservar y difundir el Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico”.

Además, Gómez Ijalba ha avanzado que remitirán un informe a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justica de La Rioja “sobre el reciente colapso y derrumbe de elementos esenciales del patrimonio histórico y arquitectónico de La Rioja por si existieran responsabilidades penales por parte del consejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor”. Y es que recuerdan que durante el gobierno del PP de Gonzalo Capellán, “han colapsado en nuestra región elementos patrimoniales en Viguera, Nalda, Villamediana, Murillo, Alberite, Entrena y San Vivente, y en alguna de estas localidades en más de una ocasión”. 

Gómez Ijalba ha subrayado que una sucesión de derrumbes continuada “evidencia el estado de abandono en que se encuentra el patrimonio histórico, arquitectónico, cultura y artístico de La Rioja por parte del Gobierno de La Rioja”. El portavoz regionalista ha reiterado que “no se trata de un hecho puntual, estamos hablando del colapso de hasta diez elementos patrimoniales riojanos en los últimos cuatro meses”.

Miguel Gómez Ijalba ha responsabilizado directamente al consejero de Cultura -y responsable de Patrimonio-, José Luis Pérez Pastor, “por su actitud de abandono y negligencia a la hora cumplir con la Ley regional de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico que exige la protección, conservación y difusión del patrimonio de La Rioja”.

El portavoz regionalista ha criticado que Pérez Pastor, “desde el área de Turismo habla de promocionar los pueblos riojanos turísticamente, cuando abandona su patrimonio y el Gobierno de La Rioja del PP está generando la mayor despoblación de la Historia. Pérez Pastor tan sólo quiere mostrar ruinas en Fitur”. Gómez Ijalba ha recordado que “los pueblos primero se dotan de servicios básicos de modo que tengan vida y la gente quiera y pueda vivir en ellos; después se conserva y recupera su Historia y su patrimonio y entonces, se promocionan turísticamente por ellos mismos”.

El portavoz regionalista ha recalcado que en el Gobierno de La Rioja en el Partido Popular “estaban todos alertados del riesgo de colapso y derrumbe de los citados elementos patrimoniales y no han tomado medida alguna”. Miguel Gómez Ijalba ha precisado que “el Ejecutivo de Gonzalo Capellán era consciente de la necesidad de actuar urgentemente en estos elementos patrimoniales al menos por dos vías diferentes: por un lado, porque se supone que el consejero de Cultura es conocedor de estas situaciones de riesgo, es una de sus responsabilidades; y, por otra, a través del consejero de Política Local, Daniel Osés, que la pasada Legislatura era presidente del Ceip-Rural y desde ese cargo organizó un Congreso Internacional de Barrios de Bodegas en Villamediana en cuyas conclusiones se determinó la urgencia de intervenir por el mal estado que presentaban dichas estructuras en diferentes municipios”.

Primer cambio en el equipo de gobierno de Logroño. El concejal Jesús Lopez ha presentado este martes su renuncia al acta por motivos personales. Desde el inicio de la Legislatura, Jesús López ha sido concejal delegado del área de Medio Ambiente. Previamente a su llegada al Ejecutivo local, Jesús López, trabajaba como ingeniero en la empresa privada.

A través de una nota de prensa, el Ayutamiento de Logroño ha recordado los proyectos “impulsados durante su gestión” como el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, que incluye las actuaciones en el barranco de Oyón, el corredor ecológico sur y el barranco de El Horcajo, que permitirán reducir los efectos adversos de los aguaceros en la ciudad, así como un mejor aprovechamiento y reutilización del agua.

Asimismo, destacan la puesta en marcha de un nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes en la ciudad, “que no se había actualizado desde el año 2018 y que está introduciendo importantes mejoras en los parques y jardines. Además, se han creado nuevos parques como el del Camino y el de las Tejeras”.

Con la presentación de la renuncia se inicia el procedimiento administrativo para la sustitución del concejal que recaerá en el siguiente integrante de la lista electoral con la que el Partido Popular se presentó a las elecciones municipales en 2023, Manuel Marañón.

Más de un centenar de mujeres políticas alavesas de la historia de la democracia, que representaron y representan a distintas formaciones políticas en las Juntas Generales de Álava, se darán cita el 7 de mayo en la sede histórica del Parlamento alavés para recibir un reconocimiento. Así lo ha trasladado en un comunicado la Cámara alavesa, que ha informado que el acto está impulsado por el Grupo de Igualdad de Juntas Generales y recogido en las acciones del 'Plan de Igualdad'.

Las primeras procuradoras, elegidas para la primera legislatura, fueron María Lourdes Aburto Ascolizaga, María Jesús Aguirre Uribe, María Jesús López de Vergara Berriozábal y María Mercedes Villacián Peñalosa (del grupo Nacionalistas Vascos), Cristina Valverde Ibáñez (del grupo Socialista), Rosario Muela Velasco (del grupo Unión del Centro Democrático) y Begoña Zunzarren Irigoyen (elegida como representante de la hermandad de Llodio). En aquella primera legislatura, aunque más adelante, se sumaron también Milagros Gobantes García (socialista), Begoña Rebuelta Castresana (del PNV) y María Ángeles Tauste García (de UC).

“Cabe destacar en este sentido, que aún contando con tan sólo un 12,5% de mujeres respecto del total de representantes en la Cámara foral alavesa, este porcentaje resultó ser el más alto de las instituciones parlamentarias de nuestro entorno en aquel momento. Las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa alcanzaron un 4,44% (4 de 90) y un 3,70% (3 de 81) respectivamente, el parlamento vasco en su legislatura 1980-1984 un 5,33% (4 de 75), el Congreso de los Diputados un 6% (21 de 350) en la legislatura constitutiva y un 6,85% (24 de 350) en la 1979-1982, y el Senado un 2,41% (6 de 248) en la legislatura constitutiva y un 2,82% (6 de 213) en la 1979-1982”, explican desde las Juntas Generales.

Según ha destacado, siete mujeres fueron las pioneras en 1979, las primeras en tomar posesión como procuradoras en la primera legislatura de la democracia, informa Europa Press. A ellas les han ido tomado el testigo hasta 127 mujeres de diversas siglas políticas. El encuentro del jueves 7 de mayo no se limitará a un reconocimiento al uso, ya que las Juntas Generales han colaborado con la Escuela de Artes y Oficios en una iniciativa que une, además, a profesorado y alumnado.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

Por La Rioja denuncia la existencia de más de 600 vehículos abandonados en las calles de Logroño “por dejación del Ayuntamiento de la capital riojana”. En las zonas de Madre de Dios, San José, calle Cigüeña, Chiribitas, Escuela Oficial de Idiomas, Beratúa, La Campa, Palazzinas y Ronda de los Cuarteles, los regionalistas han localizado más de medio centenar de vehículos abandonados, “lo que está provocando una falta de aparcamiento para el vecindario y visitantes además de generar una mala imagen de la ciudad”.

Más de un mes estacionado en el mismo lugar

La cifra aumenta a 600 vehículos abandonados en toda la ciudad. Para ser considerado “abandonado”, el vehículo debe permanecer más de un mes estacionado en el mismo lugar o presente signos evidentes de deterioro. Y una vez detectado, sí que hay un procedimiento establecido de actuación: inicio de expediente, notificación al propietario; y traslado al depósito municipal o centro autorizado. “El problema no es la falta de normativa, es la falta de aplicación”. Exigen la publicación de los datos de 2025 y 2026 y que se inice una campaña de control de vehículos estacionos durante más de un mes y que se actúe “de forma efectiva en la retirada de estos vehículos”.

La secretaria general del Por La Rioja, Sonsoles Soriano, recuerda las cifras facilitadas por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que cifraba en 150 los coches abandonados en 2024. “¿Dónde están los datos de 2025, cuántos se han retirado realmente, dónde están los datos públicos y la información actualizada?”, pregunta la regionalista a la vez que critica la labor del concejal de Movilidad, Ángel Andrés, porque “no ha tomado ninguna medida ante un problema que está al a vista de todos”.

Y es que “resulta especialmente grave que particulares, simplemente paseando, hayan sido capaces de identificar decenas de vehículos en este estado, mientras el Ayuntamiento, con todos los medios de los que dispone, no haya sido capaz de dar una respuesta eficaz”. Medios, explica, “como el sistema de control de matriculas (multacar), que permitirán un control sencillo de estos de estos vehículos, pero no se está haciendo absolutamente nada”. Por lo que denuncian la “total indiferencia del Ayuntamiento hacia el vecindario que no encuentra aparcamiento, indiferencia hacia quienes visitan la ciudad, indiferencia hacia la imagen de Logroño. A Escobar no le importan ni Logroño, ni los logroñeses, tan sólo trabajan pensando en las próximas elecciones” asevera.

El Fuero Nuevo fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527. Se trata de un texto que sirvió para actualizar el derecho propio vizcaíno, “afianzando un sistema de autogobierno único, basado en usos, franquezas y libertades que provienen de la costumbre”. La reforma de 1526 eliminó normas en desuso recogidas en el Fuero Viejo de de Bizkaia de1452 e incorporó nuevas disposiciones adaptadas a la época, “consolidando un modelo avanzado que se mantuvo vigente prácticamente hasta finales del siglo XIX”. “Este hito histórico refleja la innovación de la institución foral y la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la protección de libertades, el pacto institucional y la consolidación de una identidad colectiva”, reconocen desde la Diputación Foral de Bizkaia.

El Fuero Nuevo recoge declaraciones tan fundamentales para todos los vizcaínos como la Hidalguía Universal. Expresada en la ley 16 del título I del Fuero Nuevo, la hidalguía establece la igualdad civil entre vecinos y moradores de Bizkaia con consecuencias tan notorias como la prohibición de ser sometido a tortura o a la exención de tributos. De igual manera, el servicio militar queda sometido a unos condicionamientos. Los vizcaínos estaban obligados a seguir al Señor hasta el Arbol Malato, sitio en Luyando; más allá de este límite, como hombres libres que eran, debían recibir un sueldo. Con un contenido “extraordinariamente avanzado para la época, el Fuero Nuevo sigue siendo un fundamento del autogobierno actual y un referente con potencial para futuras actualizaciones”, insisten desde la Diputación

A pesar de que el Fuero Nuevo data de 1526, que fue el año en el que se aprueba la reforma foral, la primera edición impresa no sale a la luz hasta dos años después. Las dos primeras ediciones se publican en Burgos y Medina del Campo, ya que la imprenta aún no había llegado a Bizkaia. A partir de la tercera edición sí que se comienzan a publicar en Bilbao.

A modo de curiosidad, la persistencia de sus normas de derecho privado en el siglo XX, propicia su reedición en 1950 y con la llegada de la democracia ha sido reeditado y, porsteriormente, traducido al euskera. En las últimas décadas ha sido un texto fundamental en las recopilaciones de las fuentes del derecho histórico de Bizkaia.

Con el objetivo de acercar el Fuero Nuevo y toda su historia a la ciudadanía, por su 500 aniversario, la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia, han elaborado dos exposiciones. “Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía la relevancia de un texto crucial que constituye la base del autogobierno vasco y la democracia, y la propia identidad del Territorio Histórico”, explican desde la institución foral.

La primera de las muestras, de caracter científico, está ubicada en la Biblioteca Foral y la segunda, de caracter itinerante, recorrerá Bizkaia durante los próximos meses. El contenido de las exposiciones recorre hitos como la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika y su confirmación por Carlos I en 1527, destacando valores avanzados para su época como la hidalguía universal y el “habeas corpus”. Bajo el lema 'Izan zirelako gara' (Porque fueron, somos), la conmemoración de la aprobación del Fuero Nuevo, leitmotiv de dicha exposición, subraya que el sistema político propio de Bizkaia se fundamenta en el derecho de las vizcaínas y los vizcaínos a regirse por sí mismos.

La exposición de la Biblioteca Foral, disponible hasta agosto, se trata de una muestra de carácter técnico y rigor científico, diseñada para personas expertas e investigadoras“, donde, entre otras piezas de ”gran valor histórico“, se exhibe el libro original del Fuero Nuevo de Bizkaia. El ”viejo ejemplar“ está acompañado de distintas ediciones tanto del Fuero Viejo como del Fuero Nuevo o Reformado, y el Derecho de las Encartaciones, publicaciones que fueron impresas entre los siglos XVI y XXI.

Por su parte, la exposición itinerante estará en primer lugar en la Gran Vía de Bilbao, orientada al público general y con un diseño visual y accesible, para después pasar a las estaciones de metro y recorrer diversos municipios. “La idea es trasladar a la ciudadanía la importancia de este fundamento histórico”, reconocen desde la Diputación. Esta parte de la muestra está compuesta de diez paneles temáticos que recorren los hitos del autogobierno: como su 'Historia y orígenes', desde la leyenda de Jaun Zuria y el origen del Señorío hasta la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika; 'Derechos y sociedad', donde se destaca el papel de la mujer y su equiparación jurídica, así como libertades avanzadas para la época como el “habeas corpus”, la libertad de comercio y la regulación de herencias. Y, por último, 'Gobernanza y fiscalidad', donde se explica conceptos clave como el “pase foral” (la capacidad de decidir sobre leyes externas), el sistema de fiscalidad propio que dio origen al Concierto Económico y la influencia del Fuero como modelo para otras democracias, citando el interés que mostró John Adams, padre de la Constitución de los EE.UU., por las instituciones vizcaínas.

Tras su estancia en la capital vizcaína, la muestra itinerante visitará en los próximos meses las localidades de Balmaseda, Bermeo, Portugalete y Galdakao. Al mismo tiempo, y con una versión más reducida, la exposición se detendrá también en algunas estaciones de metro como Zazpi Kalea (mayo), Gurutzeta/Cruces (junio), Moyua (julio) y Basauri (agosto), para facilitar su divulgación.

“Recordar el pasado solo cobra sentido y verdadero valor cuando somos capaces de comprenderlo y hacerlo comprensible para el conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de la divulgación, de acercar estos textos, estas ideas y este legado a la ciudadanía, de hacerlos accesibles y útiles para interpretar quiénes somos hoy. Y es precisamente en ese ejercicio donde el Fuero Nuevo de Bizkaia muestra toda su vigencia. 500 años después, todavía podemos reconocernos en él como sociedad, en su defensa del autogobierno, en su apuesta por la convivencia en comunidad, en su aportación a la seguridad jurídica y en su protección a la dignidad de las personas. Estos son elementos que siguen formando parte de nuestra realidad cotidiana. Cinco siglos después, Bizkaia sigue siendo una sociedad que se organiza desde instituciones propias, que valora el acuerdo, que apuesta por la cohesión social y que entiende el desarrollo como un modo de proteger el bienestar colectivo”, ha reconocido la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha inaugurado este martes ambas exposiciones.

En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.

A las críticias de Amigos de la tierra La Rioja y Ecolosgistas en Acción sobre el incendio en el vertedero de Nájera, se suman ahora las de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo que “exigen responsabilidades inmediatas” además de considerar este suceso “grave, evitable y consecuencia directa de una gestión irresponsable”.

Los concejales denuncian que este episodio “no es un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”, señalan.

En este sentido, critican duramente la falta de control por parte del Gobierno de La Rioja y de los organismos competentes, a quienes acusan de “mirar hacia otro lado mientras se acumulan los problemas”. Asimismo, advierten de que incendios de esta magnitud “no ocurren por casualidad”, apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero.

Los concejales subrayan además que el vertedero cuenta con una Autorización Ambiental Integrada en vigor, otorgada por el Gobierno de La Rioja, que establece condiciones estrictas de funcionamiento, control y prevención. “El problema no es que exista una autorización, sino si se están cumpliendo realmente sus condiciones”, afirman. En este sentido, recuerdan que dicha autorización obliga a disponer de sistemas eficaces de prevención de incendios y vigilancia continua, por lo que “un incendio de estas características pone en duda que se esté gestionando conforme a la normativa”.

El grupo pone el foco en las consecuencias ambientales del suceso, alertando del impacto sobre la calidad del aire y del riesgo de contaminación del río Najerilla, especialmente por la generación de lixiviados. “No se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes. Lo ocurrido es inaceptable”, subrayan.

Además, los concejales no adscritos reclaman transparencia total sobre lo sucedido, incluyendo un informe detallado de las causas del incendio, las medidas adoptadas y las posibles responsabilidades derivadas. “Tener una autorización ambiental no es un cheque en blanco; si se producen fallos graves, deben asumirse responsabilidades y actuar en consecuencia”, añaden.

Y por todo ello exigen la apertura “inmediata” de una invesgigación independiente y que se depuren responsabilidades políticas y técncias. De igual forma, piden la “revisión urgente del cumplimietno de la Autorización Ambiental integrada del vertedero” además de la implantación de “sistemas eficaces de control ambiental en la zona”. Y es que, concluyen, “el vecindario de Nájera merece respuestas, pero sobre todo, seguridad. No vamos a permitir que este asunto se cierre sin consecuencias”.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para que el Estado financie, vía compensación, medidas complementarias que el Ejecutivo canario podrá activar de forma específica en su ámbito competencial para paliar los efectos socioeconómicos de la guerra en Oriente Medio, atendiendo a la necesidad de actuar también sobre impuestos que solo se aplican en el archipiélago.

Así lo han acordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión mantenida en la sede de la Presidencia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con este acuerdo, el Gobierno de las islas podrá aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes de un 1% actual al 0% o bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%. Por otra parte, podrá bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras medidas.

Ángel Víctor Torres destacó que desde el Gobierno de España se ha trabajado durante las últimas semanas para responder “con sensibilidad a la ciudadanía ante los efectos de una guerra ilegal y unilateral y con sensibilidad hacia los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios”.

Por su parte, Fernando Clavijo remarcó que “esta medida podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”.

Sumando todas las medidas, el coste total hasta el 30 de junio de 2026 (que compensaría el Gobierno de España) está en más de 15 millones de euros, una cantidad que, en caso de que el Gobierno de España prorrogara el Real Decreto- ley o aprobase cualquier otro, se mantendrían también estos mecanismos adicionales en Canarias. Anualmente, estas medidas estarían valoradas en más de 60 millones de euros.

Otras medidas del Gobierno de España con repercusión en Canarias

Este compromiso del Gobierno de España para compensar financieramente acciones complementarias en Canarias se suma a las otras medidas que se recogen en el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 20 de marzo, y que repercuten también de forma directa en las islas. Sobre todo, en la conectividad, la protección energética y el apoyo a sectores productivos, en un contexto internacional marcado por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

En materia de transporte, el Real Decreto-ley incorpora un sistema de ayuda dirigido al transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías que opera en rutas y conexiones interinsulares; y contempla ayudas específicas para compensar el incremento del coste del combustible en sectores especialmente sensibles, como la agricultura, en territorios insulares (0,20 euros por litro).

El Real Decreto-ley incluye medidas fiscales y sociales que también benefician a los ciudadanos del archipiélago, como la reducción temporal de impuestos energéticos, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para consumidores vulnerables severos) y el refuerzo de la protección, manteniendo la garantía de suministro y evitando cortes hasta finales de 2026.

En cuanto a los costes de producción, el plan aprobado por el Gobierno de España refuerza el mecanismo que garantiza que los consumidores canarios no paguen los sobrecostes por lejanía, que se financian parcialmente a través de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto del sistema eléctrico nacional. Además, se actualiza la tasa de retribución de la generación eléctrica para el periodo regulatorio 2026-2031, lo que contribuye a asegurar la estabilidad del suministro y a impulsar la transición energética en el archipiélago.

El texto también introduce medidas para evaluar de forma periódica los costes de generación y las condiciones de suministro en los territorios no peninsulares.

Finalmente, el plan impulsa el desarrollo de energías renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas, ámbitos en los que Canarias cuenta con un enorme potencial por sus condiciones naturales.

Tras la presentación hace más de una semana del decreto con medidas para todo el país, los partidos que gobiernas en las Islas, Coalición Canaria y el PP, lo criticaron al tacharlo de insuficiente y “godo”, al centrarse en rebajas en el IVA, que no se aplica en el archipiélago.

Por La Rioja denuncia la acumulación de basuras y residuos en las calles de Logroño. “Contenedores saturados que ganan espacio al peatón”, asegura la secretaria general de la formación, Sonsoles Soriano. La formación regionalista denuncia la “situación de abandono de las labores más básicas de residuos, mantenimiento, limpieza y salubridad en la ciudad de Logroño”. Algo de lo que directamente responsabilizan al equipo de gobierno de Conrado Escobar.

“Cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, la normalidad de la en Logroño es convivir con montones de basura acumulados junto a los contenedores que, a su vez están repletos y rebosando residuos”. Una situación que dicen se repite en el centro de Logroño y en los diferentes barrios. “Las reformas de las distintas zonas se ha realizado sin la más mínima plafinificación sobre la gestión de residuos”. Afea al alcalde de Logroño, Conrado Escobar que se haya convertido en un influencer “en vez de trabajar por la mejora de la ciudad y de sus servicios básicos. Logroño se encuentra abandonado, el peatón pierde espacio día a día a favor de contenedores, basura, residuos y escombros”, reitera Soriano.

La formación regionalista recuerda además los olores “intensos y desagradables que se producen en verano en el Casco Antiguo y en determinadas zonas de la ciudad, el paseo habitual de ratas por el centro de la ciudad junto a comercios y espacios hosteleros -calle Chile-, y la imposibilidad de transitar por calles supuestamente peatonales anuladas por la acumulación de contenedores, basuras y escombros”.

Y todo esto mientras el Gobierno del PP en Logroño “acaba de incrementar la tasa de recogida y retirada de basuras sustancialmente, batiendo un récord de aumento, además de incrementar el índice fiscal de las calles y la recaudación por los tributos de Impuesto de bienes Inmuebles. A cambio, una sensación de suciedad y falta de mantenimiento constante”. Y, por esta razón, Por La Rioja acusa a Escobar de “falsear la situación con campañas extraordinarias de limpieza o renovación que no son tales”.

Por todo ello, piden un plan de “limpieza, mantenimiento, conservación y cuidado de la ciudad, pormenorizado por calles, zonas y elementos de interés cuyo cumplimiento tenga dotación presupuestaria y sea fiscalizado anualmente en el Debate sobre el Estado de la Ciudad”.

A partir de este jueves, cuando se reúna el pleno de Santa Lucía de Tirajana, su alcalde, Francisco García, y cinco de sus concejales, adquirirán formalmente la condición de tránsfugas. Así lo establece un informe del secretario de la Corporación que ya tienen en su poder los grupos políticos y en el que se determina que, al haber sido expulsados oficialmente el pasado día 14 de la coalición electoral Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista, adquieren la condición de concejales no adscritos, con una clara limitación de sus derechos políticos en el Ayuntamiento.

Los seis ediles fueron expulsados tras su marcha formal a Municipalistas Primero Canarias, partido fundado por los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Tedoroso Sosa y Óscar Hernández, respectivamente, líderes ambos de formaciones afines a Nueva Canarias hasta que se produjo la ruptura. Y es a partir de esa expulsión cuando, a petición de su antiguo partido, se activa el mecanismo para pasarlos al grupo de no adscritos. Una sentencia de 2020 a instancias del mismo Ayuntamiento indica el camino a seguir.

 El ejemplo de Santa Lucía puede cundir en otras corporaciones municipales canarias en las que se han dado similares circunstancias, como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Teror.

Pero es en Santa Lucía de Tirajana donde este paso administrativo adquiere connotaciones políticas de mucho calado. El alcalde gobierna gracias al apoyo de sus cinco concejales, pero también de los cinco del PSOE, que tendrán que decidir ahora si van a mantenerse en un grupo de gobierno con seis tránsfugas, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo la preside el ministro Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios.

Al pleno del jueves

En su informe, de nueve folios, el secretario municipal de Santa Lucía insta al alcalde a llevar el asunto al próximo pleno del Ayuntamiento, a celebrar el jueves 26 de marzo, para que se oficialice “la nueva situación corporativa adquirida, desde el día 16 de marzo de 2026” por Francisco José García López, el alcalde, y los concejales Minerva Pérez Rodríguez, Roberto Ramírez Vega, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González “como miembros de esta Corporación no adscritos a ningún grupo político municipal”. El mismo pleno se dará por enterado de que el grupo político municipal Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista quedará integrado exclusivamente, también con efectos 16 de marzo de 2026, por Yaiza Pérez Álvarez, Ramón Leví Ramos Sánchez y Ofelia Alvarado Santana, que no abandonaron la disciplina de su partido ni han sido por lo tanto expulsados.

El trámite de dar cuenta del pase al grupo de no adscritos del alcalde y sus cinco concejales del grupo de gobierno no admite discusión de ningún tipo. No se abre ningún debate ni se somete a votación, sencillamente se da cuenta del informe del secretario y se actúa en consecuencia.

Como concejales no adscritos, el alcalde y sus cinco compañeros no podrán “seguir desempeñando los cargos con dedicación exclusiva”, ni, por lo tanto, cobrar retribuciones, “desde el día siguiente a la dación de cuentas, al Pleno de este Ayuntamiento”, recuerda el informe del secretario municipal. Sí mantendrán sus otros derechos como concejales, de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento municipal.

Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.