Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

En la provincia de Sevilla, La Rinconada ha conseguido por décimo año consecutivo ser distinguido gracias a la contribución que realiza en materia de inversión social. Con más gasto en este ámbito por habitante, el cual ha llegado en 2024 a los 264,94, se proclama “orgullosa” de haber conseguido la categoría de excelencia en el ranquin que publica anualmente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El órgano independiente creó en 2016 los premios a la excelencia en inversión social basándose en cifras objetivas y perfectamente constatables en las bases de datos del Ministerio de Economía. Así, La Rinconada ha logrado ser parte de la categoría Excelencia dentro del 6,8% de los 404 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que hay en el país, seis más que el año pasado. Por contra, hay 45 catalogados como Pobres en este tipo de inversiones, dado que ofrecen cuantías menores a 63,89 euros por habitante, uno menos que en 2022.

Al respecto, el alcalde socialista Javier Fernández declara que este trabajo en pos de una mejora social “nace de un compromiso político que persigue que toda la sociedad pueda avanzar a una adecuada velocidad”. En este sentido, subraya que “hay personas que pueden progresar por sus propios medios y no nos necesitan, pero hay otras con mayores dificultades, que requieren el intervencionismo municipal”.

Aumento de las partidas presupuestarias

Ya en la primera edición de 2015 aparecía La Rinconada entre los municipios de más de 20.000 habitantes que cumplían los criterios establecidos, que eran la suficiencia económica, el incremento presupuestario, el esfuerzo inversor y la transparencia financiera. Un hito que, en la edición de hace dos años, la situó como único municipio reconocido en todas las ediciones, tras salir de la lista Miranda de Ebro.

Ahora, una vez más, vuelve aparecer en la lista, refrendando el compromiso municipal con las políticas sociales. En los datos referidos a 2024, el consistorio invertía 264,94 euros por habitante —25,39 euros más por habitante que hace un año—, destinando a estas partidas más de ocho millones de euros, de los 63,3 millones totales con los que contó el presupuesto en ese año. Además, cabría destacar que en 2025 se ha aprobado una cuantía de 72,3 millones de euros, mientras que para 2026 contará con 77,6 millones.

En total, 27 municipios de España —seis más que el año pasado— consiguen este reconocimiento: dos en Sevilla —a La Rinconada se suma Morón de la Frontera— y un total de 18 en toda Andalucía, convirtiéndose en la comunidad con mayor número de ayuntamientos excelentes, y seguida por la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con tres, Cataluña, con dos, y Baleares, con uno. Entre las capitales de provincia presentes, solo hay dos: Barcelona y Bilbao.

“Este es el fruto de un gran trabajo, ya no solamente del Ayuntamiento, sino de todos y cada uno de los colectivos sociales que forman parte del entramado social que tiene hoy por hoy La Rinconada, uno de nuestros grandes orgullos”, manifiesta el regidor. Con ello, asegura que seguirán avanzando en garantizar la igualdad de oportunidades, “sin que nadie se quede atrás”.

Por su parte, la edil de Bienestar Social, Mercedes Bueno, también se refirió al galardón concedido por décimo año consecutivo a La Rinconada: “Esto es un nuevo punto y seguido dentro del trabajo que se lleva a cabo en el municipio”. En este sentido, reconocía que “los vecinos y vecinas que lo necesitan, saben que en el Ayuntamiento tienen una puerta a la que llamar”.

El presupuesto que Castilla-La Mancha dispondrá el año que viene crecerá hasta los 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto a 2025. De esa cifra, el 72% será destinada a gastos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que ha explicado que las cuentas tienen el objetivo de “consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos”.

Para el consejero, los presupuestos comparten los objetivos del “fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación”.

Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la “normalidad y estabilidad política e institucional” en Castilla-La Mancha, en contraste con la “incertidumbre nacional”, en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.

Tras la presentación, el consejero de Hacienda se ha desplazado hasta la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha para registrar las cuentas y entregar una copia del borrador al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana. Con este acto, los presupuestos inician su tramitación parlamentaria con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.

Ruiz Molina ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” de unas cuentas para las que espera contar también con las “aportaciones” de Partido Popular y Vox, ha concluido.

Inversiones en gasto social por un total de 7.555 millones de euros

Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.

El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 “permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas”, toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72% del presupuesto, de los cuales el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.

Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5% más, con la aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.

Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, “con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa”.

En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7% más, “para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social”.

3.232 millones para generación de riqueza y empleo

Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.

En este sentido cobran especial protagonismo las “políticas transversales” contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5% desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.

Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8% están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán “un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más”.

Sin más deuda

En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31% de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.

Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. “Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5%”, ha destacado el consejero.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presentado este 1 de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2026, que alcanzan 2.118,60 millones de euros, que supone un aumento de las cuentas de 1,66%. Capellán ha dicho llegar “contento” a la convocatoria: “Esto que puede parecer normal en la acción de un gobierno, se ha convertido en una anomalía, en una excepción”. Así, ha considerado que “sin presupuesto no se puede gobernar” y que es síntoma de “planificación, y estabilidad”.

Sanidad, Educación y Políticas Sociales copan el 74% del gasto disponible

Las cuentas aumentan el gasto disponible de las Consejerías en 62,07 millones para invertir en los riojanos, de los que Sanidad, Educación y Políticas Sociales copan el 74,28%, con especial énfasis en el área sanitaria que incrementa su presupuesto 30,18 millones. Capellán también ha incluido la vivienda como uno de los principales pilares de las inversiones, que absorben siete de cada diez euros de los Presupuestos. 

En concreto, se destinan 679,55 millones de euros a Salud, 30,18 millones de euros más que este año; 428,46 millones de euros a Educación, lo que representa 10,58 millones de euros más que en las cuentas de 2025, y 184,79 millones a Servicios Sociales, 5,35 millones de euros más que en el ejercicio actual. A políticas de vivienda se destinan 28,37 millones, el 8,44% más que este año (2,20 millones en términos absolutos) “para facilitar el acceso a la vivienda de todas las personas con más dificultades, especialmente el colectivo de los jóvenes”.

Entre las prioridades del gasto público, Gonzalo Capellán ha destacado en materia de Salud los 316,75 millones destinados a la contratación de profesionales, el Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria ‘Adoración Sáenz’ (7,65 millones de euros), más inversiones sanitarias (8,64 millones, de ellos 1,86 correspondientes a la ampliación de Urgencias del Hospital San Pedro) y en el Hospital de Calahorra (3,29 millones), y la mejora de las infraestructuras de Atención Primaria (2,43 millones). 

En Educación, el gasto dedicado a docentes llega a los 232,30 millones, el de la gratuidad de la primera etapa (0-3 años) de Educación Infantil a 12 millones y el de la matrícula del primer curso en la UR, la UNED y la ESDIR a 1,17 millones. También son significativos los aumentos de la financiación de la Universidad de la Rioja (hasta los 53,32 millones), del comedor escolar y otros servicios educativos (5,85 millones), de la gratuidad de los libros de texto (3,00 millones) y de las becas de movilidad universitaria (2,28 millones). Además, se hace una apuesta por la Formación Profesional y la empleabilidad (47,45 millones).

Otras actuaciones preferentes señaladas por el presidente son el nuevo Centro Integrado de FP de Calahorra (800.000 euros), los nuevos puntos de encuentro familiar de Logroño y Calahorra (1,35 millones de euros), la residencia de personas mayores de Baños de Río Tobía (300.000 euros) y el centro de día de Haro (200.000 euros). 

Sector primario, comercio y turismo

Asimismo, el presupuesto contempla inversiones para continuar respaldando al sector primario. En total serán 85,53 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,04%, 1,76 millones de euros en valores absolutos descontando el efecto de PAC 2026 (14,67 millones).

A a las políticas de promoción comercial y turística irán dirigidos 17,09 millones de euros; 42,71 millones de euros al fomento de la inversión empresarial y 113,56 millones a la I+D+i. En total, la política de gasto en empresa, industria y energía crecerá el próximo año en 39,8 millones de euros. También destacan dentro de las prioridades la gestión forestal (26,28 millones de euros), la ampliación y conservación de las carreteras regionales (24,04 millones) y las inversiones en tecnología (19 millones) y Tech Rioja (3,03 millones). 

Ley de Medidas Fiscales y Administrativas

Si bien Capellán ha recalcado que el aumento de las inversiones es posible gracias “al esfuerzo de los riojanos” con sus impuestos, ha puesto en valor su “modelo fiscal de bajos impuestos” con 12 rebajas en lo que va de legislatura. Así, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña al proyecto presupuestario, ha anunciado la deflactación del tramo autonómico del IRPF a 188.000 contribuyentes riojanos cuando la inflación anual supere el 3%.

Además, el próximo año entrará en vigor una nueva deducción en el Impuesto de Sucesiones Donaciones en los casos mortis causa para los familiares colaterales por afinidad de tercer grado y los procedentes de adopción en segundo y tercer grado cuando no existan descendientes directos o adoptados. En el caso de la adquisición de participaciones de empresas, tanto mortis causa como en vida, los familiares colaterales procedentes de adopción hasta segundo grado podrán computar su participación para alcanzar el 20% del capital exigido.

Asimismo, y con el fin de velar por la garantía de los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria, La Rioja se dotará de la figura del defensor del contribuyente. Su función será asegurar que se respetan los derechos de los ciudadanos en sus gestiones con la Hacienda autonómica, atendiendo quejas y sugerencias para proponer mejoras y simplificar trámites.

Para concluir, Gonzalo Capellán ha sostenido que el proyecto presupuestario reafirma “el compromiso del Gobierno de La Rioja con los ciudadanos y sigue invirtiendo en el futuro y la transformación económica de la región” desde la máxima eficiencia y la buena gestión pública“ para hacer realidad ”proyectos estratégicos en ámbitos esenciales de la vida diaria de los riojanos“. 

Cruce de acusaciones entre Gobierno regional y oposición a cuenta de la quita de la deuda a las comunidades autónomas. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al Ejecutivo de Page de mentir cuando afirma que el ahorro de intereses generado por dicha quita va a poder destinarse a gasto social.

Núñez, que ha repasado diversos asuntos de actualidad este miércoles en una entrevista en el programa ‘Castilla-La Mancha Hoy’ de Radio Castilla-La Mancha, ha sido preguntado por el rechazo que de su partido a esta condonación de parte de la deuda autonómica, de la que se hará cargo el Estado.

“Lo que va a suceder es que, si sale adelante, en vez de deber el dinero como castellanomanchegos, lo vamos a deber como españoles”, ha afirmado el líder popular. “La deuda no desaparece, va a dejar de estar en las cuentas de las comunidades autónomas para estar en las del Estado. Pero la sigue pagando el mismo: el castellanomanchego de a pie”.

Además, Núñez ha declarado que el Gobierno de Page “miente” cuando dice que el ahorro de intereses se va a poder pagar la política social. “La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y la propia ley del Gobierno de España han dicho que el ahorro de intereses no puede ir a pagar gasto social, sino a pagar deuda”.

El Gobierno regional responde a Núñez: “O no se entera de nada o le fastidia mucho”

A las declaraciones de Paco Núñez sobre la quita de deuda ha respondido en rueda de prensa Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha manifestado que o bien Núñez “es el único de toda España que no entiende que cuando te perdonan parte de la deuda ese dinero lo puedes destinar a otra cosa” o bien que ese hecho “le fastidia”.

La portavoz ha negado que sea mentira que el ahorro de intereses por la quita de la deuda se vaya a poder destinar a la política social: “El ministerio de Hacienda está diseñando cómo se va a gastar ese dinero y afirma que podremos destinarlo a gasto social”.

“Núñez lo lleva mal, porque considera que si a Castilla-La Mancha le va mal con más dinero, con 680 millones de euros más, a él le va a ir peor. Por eso opone a que podamos recibir ese dinero”, ha asegurado Padilla, concluyendo que la posición de Núñez “es totalmente irresponsable e incoherente”.

El Gobierno de Navarra ha aproado en una sesión extraordiaria el techo de gasto para los presupuestos del 2026, que se incrementará un 5,5% respecto al presupuesto aprobado en 2025. Así, el Ejecutivo foral ha previsto de cara a 2026 un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 328,6 millones frente a lo contemplado para 2025, un 5,5% más. 

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha reconocido que incrementar la cifra de límite de gasto resulta cada vez más complicado “dadas las exigencias que se afrontan y los compromisos adquiridos”, pero ha resaltado que “un año más” el Gobierno navarro ha logrado incrementar el gasto.

De los 6.315,1 millones del gasto aprobado, Navarra deberá descontar la aportación que realiza al Estado merced al Convenio Económico y que, en estos momentos, está estimada en 932 millones de euros. La presidenta, María Chivite, anunció que en próximas fechas se tendrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar una “compensación” a la comunidad foral en el pago de esta aportación por la condonación de la deuda a otras autonomías. También se restará el Fondo de Haciendas Locales (345 millones de euros), lo que sitúa la cifra del límite de gasto no financiero en 5.038,1 millones, un 5,4% superior al de 2025.

Para fijar el techo de gasto el Ejecutivo navarro ha contado con una previsión de ingresos no financieros de 6.142 millones de euros, estimada por los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y en particular la Hacienda Foral de Navarra respecto a los ingresos tributarios y el impacto de las medidas fiscales. También el objetivo de déficit, que tras un acuerdo entre Navarra y el Estado se fijó en el 0,3% del PIB de la comunidad foral, alrededor de los 88 millones.

“Alcanzar un techo de gasto de más de 6.300 millones de euros es un hito que se va a traducir en una mejora o, como mínimo, mantenimiento de las condiciones de vida de todas y todos los navarros”, ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

Una vez aprobado el techo de gasto, serán los distintos departamentos del Ejecutivo los que deberán realizar sus presupuestos para conformar el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2026. El próximo lunes se aprobará y remitirá a los departamentos la Orden Foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración.

Este proceso interno concluirá en la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra, según se ha informado desde el Ejecutivo foral.

Una vez que el anteproyecto sea una realidad, el texto se remitirá entonces al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión Foral de Régimen Local para su dictamen, paso previo a la aprobación del texto como proyecto de Ley Foral en sesión de Gobierno y posterior remisión al Parlamento de Navarra para su debate.

Otro año más, el Gobierno navarro, una coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), deberá buscar el apoyo externo de Eh Bildu para la aprobación de los presupuestos por ser un Ejecutivo en minoría Parlamentaria. La coalición abertzale ha apoyado hasta el momento todos los presupuestos del Gobierno desde que la socialista María Chivite llegó al Palacio de Navarra en 2019.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pasado en apenas dos meses de prometer un impulso sin precedentes del gasto público a advertir a la ciudadanía de que no queda más remedio que recortar el gasto público. Son dos afirmaciones contradictorias hasta que se va al detalle: lo que procede disparar, según la tesis del mandatario, es la inversión militar, mientras que lo que no es sostenible es el estado del bienestar.

“El Estado del bienestar que tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía”, dijo Merz el sábado 23 de agosto en una conferencia ante las bases de la CDU en la ciudad de Osnabrück. Unos días después, el jueves, se le pudo ver inspeccionando fragatas militares antisubmarino por el mar Báltico. Ha sido en la misma semana en que el país anunció que reforzaba el servicio militar —de momento, con carácter voluntario— para despertar el ardor guerrero de una población que en los últimos 80 años se ha caracterizado por sus escasas ínfulas bélicas.

Merz gobierna desde mayo en coalición con los socialdemócratas del SPD, con quienes ha acordado reformar el sistema de pensiones. A medida que la población germana envejece, aumenta el gasto en jubilaciones y ayudas sociales, que en 2024 ascendieron a casi 47.000 millones de euros, 4.000 millones más que el año previo. Es demasiado, alegan los conservadores.

No sería la primera vez que Alemania emprendiese reformas sociales a la baja. Aún son visibles hoy en día los efectos de las leyes laborales de principios de siglo, impulsadas por el entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, a quien se le achaca la explosión de los llamados minijobs, empleos precarios y mal pagados, que llevaron a los alemanes a retirarse cada vez más tarde (por encima de la media de la UE, según datos de Eurostat recopilados por der Spiegel). Schröder se marchó en 2005 creyendo que el país tendría asegurado al menos el suministro de energía asequible desde Rusia durante generaciones, pero la guerra de Ucrania dio al traste con esa vía.

Comoquiera que Merz aseguró ante sus bases democristianas en Osnabrück que tampoco subirá los impuestos a las empresas medianas mientras sea canciller, la cuadratura del círculo pasa irremediablemente por los recortes. “Gracias por este destello de sinceridad, señor canciller”, se entusiasmaron, al otro lado del Atlántico los editorialistas del Wall Street Journal, que se felicitaron por que, pese a no dar grandes detalles, Merz rompiese “el tabú”.

Barra libre para Defensa

Economistas, historiadores y sociólogos llevan décadas debatiendo sobre los motivos últimos de la fijación económica alemana con el superávit primario de las cuentas públicas y el control de la inflación. Era un axioma para la clase dirigente que se hundió casi de la misma manera que el gasoducto Nord Stream en 2022: rápidamente y sin muchas explicaciones.

El antecesor de Merz, Olaf Scholz (SPD), ya defendió un incremento del presupuesto militar, pero Merz ha ido más allá. Si en España Pedro Sánchez negoció para evitar que el compromiso con la OTAN del gasto sobre el PIB no superase el 2%, Merz fue uno de los máximos defensores de elevarlo al 5%, y no por el chantaje del estadounidense Donald Trump, sino por “interés propio”. “No le hacemos ningún favor a nadie”, declaró solemnemente en la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya del 25 de junio.

Antes ya había movilizado al parlamento teutón para modificar las previsiones de la Carta Magna —así de importante era el asunto— sobre las reglas de gasto, que se aprobó por amplia mayoría. Las reformas constitucionales ofrecen a los estados federados mayores posibilidades de endeudamiento, además de liberar al Estado de todo límite en el gasto en defensa que supere el 1% del producto interior bruto (PIB) –unos 43.000 millones de euros–, y permitir la creación de un fondo para infraestructuras y la protección del clima de 500.000 millones de euros.

El gasto militar incluye también la mano de obra. “He dicho ya otras veces que, por su tamaño y su capacidad económica, Alemania tiene que tener el ejército convencional más grande de Europa”, dijo Merz el miércoles, después de que el Consejo de Ministros aprobase un proyecto para engordar las tropas, inicialmente voluntario, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 militares activos –unos 80.000 más que los actuales–, además de aumentar el número de reservistas hasta los 200.000.

Si en 2025 el presupuesto militar alemán fue de 86.000 millones de euros (95.000 millones, si se suma la asistencia suministrada a Ucrania), en torno al 2,4% del PIB, los planes presupuestarios pasan porque, para 2029, el montante llegue a 171.000 millones.

Uno de los ministros de Schröder, Ralf Stegner, hoy diputado del SPD en el Bundestag, señalaba en una entrevista en elDiario.es en julio que este arrojo inversor no es “sensato”. “No sólo no acabará con las guerras, sino que creará nuevos peligros y, sobre todo, hará que nos falten los recursos necesarios para resolver los verdaderos problemas mundiales: la pobreza, las guerras civiles y la destrucción del medio ambiente”, opuso.

Comprar tanques y jubilarse más tarde

Al gasto presupuestario en sentido estricto se le sumarán compromisos hasta 2041 para la compra de tanques, barcos y aviones por valor de 325.000 millones de euros, según el borrador del presupuesto remitido el lunes al Parlamento. Mientras tanto, a la población se le dice que tendrá que trabajar durante más tiempo.

La ministra de Economía, Katherina Reiche, democristiana como Merz, insistió en julio en que había que llevar la edad de jubilación a los 70 años. “Los cambios demográficos y el constante aumento de la esperanza de vida lo hacen inevitable: el periodo laboral vital debe incrementarse”, declaró en una entrevista a finales del mes pasado al Frankfurter Allgemeine. “Tenemos que trabajar más y más tiempo”, insistió. La andanada no sentó especialmente bien en los compañeros de coalición. El secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, despejó: “No lo contemplamos”.

La ministra Reche comparte con Merz un provechoso paso por el sector privado, que en su caso la llevó al equipo directivo de la energética E.On. El currículum del canciller es más sonado. Millonario y propietario de un avión, Merz fue uno de los responsables en Alemania del fondo Blackrock, que en España tiene intereses en buena parte del IBEX, pero es más conocido popularmente por sus prácticas inmobiliarias abusivas. Entre sus múltiples inversiones están también los fondos de pensiones.

Deslucido arranque de mandato

Más allá de intereses ideológicos o estratégicos, los primeros pasos del nuevo canciller no han dado lustre a su figura en el plano doméstico. La ultraderecha de AfD, que se encaramó al segundo lugar en las últimas elecciones, acecha a la CDU en intención de voto, y en más de una encuesta en los últimos meses ha llegado a superarla. La última, este mismo agosto.

Esta cercanía de los ultras crea zozobra en las filas democristianas, donde crece la tentación de asumir los discursos regresivos de los ultras. Por ejemplo: la candidata que apoyaba el Gobierno para ingresar en el Tribunal Constitucional acabó retirando su candidatura después de que AfD la censurase por no tener posturas claramente antiabortistas y los democristianos no se afanasen en defenderla.

La AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha avisado este lunes de que el aumento del gasto en defensa “exigirá una corrección” de las cuentas públicas de España “más estricta en el futuro” para cumplir con las reglas fiscales comunitarias. Esta conclusión cuestiona las afirmaciones del Gobierno en los últimos días sobre que este compromiso con la Comisión Europea “no afectará al gasto social”.

La Autoridad fiscal considera que el aumento del gasto en defensa eleva el riesgo de que se dispare el endeudamiento público (la ratio deuda respecto al PIB), aunque “para mitigar el impacto a corto plazo, la Comisión haya propuesto activar la cláusula de escape nacional del nuevo marco fiscal, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal Estructural de medio plazo”.

Unas reglas fiscales a las que nuestra economía se está ciñendo, principalmente gracias al fuerte crecimiento del económico [del PIB] y a la histórica creación de puestos de trabajo. En 2024, el déficit (desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) de las Administraciones Públicas se redujo al 2,8% y favoreció una rebaja de la deuda respecto al PIB de más de 20 puntos desde el máximo de la pandemia, hasta acercarse al 100% actual.

Según las proyecciones de la AIReF, “en términos acumulados, el ajuste total [recortes en el gasto público o subida de los ingresos] en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente”.

“Es un ejercicio teórico”, ha acalarado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la presentación de su opinión sobre la sostenibilidad de las Administración Públicas, junto al informe sobre la regla de gasto en pensiones. “Aunque la Comisión Europea permita que el aumento del gasto en defensa no compute”, según ha incidido, en los objevios déficit del Plan Fiscal que está vigente en estos momentos.

La amenaza, siempre según los cálculos de la Autoridad fiscal, es que el endeudamiento se dispare hasta rozar el 170% del PIB en 2050 [frente al escenario de previsión central que se queda en el 129%], en el escenario de mayor aumento del gasto en defensa y sin más “ajustes” presupuestarios, ni siquiera los planteados actualmente en el primer Plan Fiscal Estructural que el Gobierno presentó en otoño del año pasado.

El supuesto base de la AIReF se apoya en una proyección de “crecimiento real” de la economía española que tenderá al 1,3% en el largo plazo, por la reducción de la población en edad de trabajar por el envejecimiento y pese a un avance “elevado” de la productividad (medida como PIB potencial por población en edad de trabajar).

En este escenario central, la Autoridad fiscal estima un crecimiento moderado del gasto en el medio plazo, “que luego comienza una senda ascendente hasta 2050 debido al incremento del gasto en pensiones, intereses [de la deuda], sanidad y cuidados”.

“A lo largo de esta década, la dinámica de la deuda muestra un perfil favorable: estabilización del 97%. La década de 2030 marcará un punto de inflexión en la evolución de la deuda, con una vuelta a una senda ascendente que se intensificará progresivamente”, continúa el informe de la AIReF, en su supuesto base sin aumento del gasto en defensa, ni los vinculados a la transición energética, ni las medidas de limitación del gasto público del Plan Fiscal Estructural de medio plazo.

En cambio, si se logra cumplir con las reglas fiscales, que obliga a un “ajuste presupuestario” al 3,16% del PIB entre 2025 y 2040 —que rozaría el 5% con el mayor incremento del gasto en defensa proyectado, como se ha citado anteriormente—, “la deuda se reducirá al 62% del PIB en 2050”, según concluye la Autoridad fiscal. “Y esto quiere decir que habrá menos margen para gastar en distintas partidas [como sanidad, educación...]”, ha concluido Cristina Herrero.

Eso sí, los expertos de la AIReF admiten que hay distintas formas de medir el gasto en defensa, además de que se está estudianto “cuál es su perímetro”. Es decir, qué se considera gasto en defensa y seguridad y qué no, respecto al que el Gobierno habla de “un esfuerzo en seguridad y autonomía estratégica mucho más amplio que las tradicionales políticas de defensa”.

Hace dos semanas que comenzamos a preparar este reportaje. A través de la hermana de un chico con Esclerosis Lateral Amiotrófica pudimos organizar encuentros y entrevistas, tanto con personas que padecen ELA como con sus familias y cuidadoras. Durante estos 15 días, en Asturias han fallecido tres personas por esta enfermedad.

Según la Asociación Española de ELA, cada día en España mueren tres personas y otras tres son diagnosticadas. Mientras, casi seis meses después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, la ley de la ELA sigue sin financiación, y en Asturias, algo más de 117 personas (en España son 4000) esperan que el Gobierno del Principado resuelva el fiasco del pasado año y ponga en marcha las ayudas prometidas.

Pelayo, Roselina, María Eugenia o Capi son algunas de las personas enfermas de ELA que esperan una ayuda que, si bien no les devolverá la vida que llevaban antes del diagnóstico, sí les facilitará la calidad de vida a la que tienen derecho ellos y sus familiares. Por eso, junto a ellos, Cova, Javi, Paco y Pablo o Tere, esperan también.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células motoras encargadas de enviar las órdenes de movilidad a los músculos, produciéndoles una debilidad que acaba en parálisis absoluta. Poco se sabe acerca de lo que causa. Si bien las investigaciones desarrolladas hasta el momento señalan que hasta un 15 por ciento de los casos diagnosticados tienen una causa genética, aún a día de hoy existe un 85 por ciento de personas diagnosticadas cuya ELA tiene un origen desconocido.

Si bien a día de hoy sigue sin haber tratamiento para la ELA, según explica Germán Morís, jefe de la sección de trastornos neuromusculares del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la rehabilitación a través de la fisioterapia, una buena alimentación y oxigenación son claves para el bienestar de las y los pacientes con ELA.

Para Morís, neurólogo en la Unidad de Atención a los pacientes con ELA del Hospital Central de Asturias, hay dos momentos con trascendencia en los que la medicina puede ayudar a los pacientes: uno es la gastrotomía endoscópica percutánea o botón gástrico, y la traqueostomía. La primera de las intervenciones permite a los pacientes seguir alimentándose, a través de una sonda, cuando ya no lo pueden hacer por sí mismos, mientras que la segunda garantiza que continúen respirando cuando los músculos respiratorios se paralizan.

“Yo amo la vida”

La música le acompaña en la habitación de su casa las 24 horas del día porque en su vida anterior a la ELA la música siempre ocupó un lugar importante. Queen, Deep Purple, Red Hot Chili Peppers, Janis Joplin o ACD/DC le ayudan a mantener la cabeza ocupada en otras cosas o quizás también a despejarla, cuando eso es lo que necesita. Pelayo García va a cumplir 47 años, postrado en una cama ya no puede respirar por sí mismo, ni tampoco alimentarse por sus propios medios. Los músculos de su cuerpo ya se han paralizado y se comunica con un leve movimiento de ojos, pero su hermana Cova y sus cuidadoras le entienden a la perfección, gracias al sistema que han ideado para ello: el abecedario, libreta y boli.

Pero Pelayo quiere vivir y seguir disfrutando de los pequeños momentos que su enfermedad aún le permite, siempre con la entrega incondicional de su familia y el apoyo de sus amigos con quienes se sigue reuniendo. Sin ir más lejos, el pasado domingo se fueron todos a comer, niños y niñas incluidos, y hasta se tomó un culín de sidra, porque lo bueno le sigue gustando mucho a 'Pela', como le llama su gente, aunque sea a través del botón gástrico por el que se alimenta.

Me gustaría que Adrián Barbón me conociera para aumentar su sensibilidad hacia los enfermos y enfermas de ELA, para que empatice con nuestra situación

'Pela' nos invitó a su casa y nos permitió compartir con él un par de horas de su día, justo antes de la sesión de rehabilitación con los fisioterapeutas que acuden a su casa. Gracias a Cova y a Lis, una de sus cuidadoras, pudo comunicarse con nosotros y contarnos que le gustaría que Adrián Barbón le conociera, viera en primera persona su situación y así pudiera, quizás, aumentar su sensibilidad hacia los enfermos y enfermas de ELA, y empatizar con nuestra situación.

Este enamorado de la vida, como él mismo se define, está muy preocupado porque las ayudas no acaban de llegar y porque en su caso, máximo dependiente, los gastos mensuales llegan hasta los 10.000 euros, una cantidad difícilmente asumible para una familia. Por eso suya es la frase sobre la eutanasia y la ruina que puede provocar una situación como la que genera una enfermedad tan destructiva como la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Tenemos que parar la entrevista, toca expulsar mucosidad, lo que antes de la ELA era toser, y algo que tampoco puede hacer, ahora, por sí mismo. Nos pide que nos quedamos, quiere que estemos presentes para que podamos intentar hacernos una idea de cómo es vida. Y seguimos, porque 'Pela' quiere hablarnos de su hijo Guille, el motor de su vida y por quien volvió del “nirvana” aquel día que estuvo a punto de morir cuando el tubo que le lleva el oxígeno a los pulmones comenzó a perder y el aire dejó de llegarle.

Cuando se enteró de lo que le pasaba a su hermano, en las navidades de 2018, Cova García recuerda el estado de shock en el que se quedó. Llevaba ya muchos años viviendo en Ibiza con su pareja y cuando llegó a casa de sus padres notó que algo pasaba, demasiado silencio, hasta que su hermano Jesús le dijo “¿Sabes lo de Pela?, tiene ELA”. “Me quedé en shock, no conocía la enfermedad, nos asustamos mucho”, por eso cree que es tan importante visibilizar la enfermedad, “para que las familias sepan cómo reaccionar cuando llega un diagnóstico así”.

Pelayo se empeñó en llevar una vida normal durante el máximo tiempo posible, pero durante el confinamiento la enfermedad ya avanzaba con demasiada rapidez y las necesidades derivadas de la dependencia fueron a más. De manera paralela al avance de la enfermedad de su hermano, Cova y su pareja, que ya habían decidido formar una familia con anterioridad, reciben en 2022 a dos niñas de acogida, que 'Pela' apadrina y que pronto comienzan a adorar a su “tío”. Pero la situación siguió complicándose y en septiembre de 2024, Cova se instala en Asturias con una de sus hijas, la otra se queda en Ibiza con su pareja, “mi hermano quería seguir viviendo y yo quería formar parte de su vida”.

Roselina comparte la visión que tiene Pelayo sobre la situación económica que deriva de la enfermedad. Para ella, en España, la diferencia entre la vida y la muerte de una persona enferma de ELA la marcan los ingresos económicos.

Tiene 53 años, se mueve en una silla de ruedas, pero 'Rose' habla perfectamente y mueve sus extremidades superiores por sí misma, aunque sabe que llegará el momento en que eso deje de ser viable para ella, porque está enferma de ELA. Su diagnóstico tardó dos años, demasiadas vueltas, demasiado tiempo desde que su pie comenzó a fallar un día mientras subía las escaleras de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, donde fue profesora hasta que la enfermedad se lo permitió, “iba coja a trabajar, yo no quería jubilarme tan pronto”.

Recuerda el momento en que escuchó el diagnóstico como un palo muy gordo, pero como en aquel momento tenía plena independencia, tampoco lo llevó del todo mal. “Lo peor está siendo ahora, porque he perdido mi independencia”.

Roselina Fernández tiene una hija de 10 años a cuya custodia ya ha tenido que renunciar por culpa de la enfermedad. Tiene muy claro que vivirá con intensidad y la poca independencia que pueda mantener hasta que esta se acabe definitivamente, y ahí llegará el final para ella. “Comparto la visión de la ELA de Unzúe, yo no me haré la traqueostomía, pero entiendo y respeto a quien quiera seguir ese camino, y tienen que poder hacerlo”, reivindica.

“Necesitamos una ley con financiación, necesitamos ayudas, necesitamos que la administración responda, porque la ELA provoca un desgaste brutal en todos los aspectos”, clama. “Hay que pelear por la dependencia, hay que pelear por las ayudas, por la atención médica, psicológica... a la crueldad de la enfermedad y el sufrimiento familiar, hay que añadir toda esta lucha”.

Rose pelea por los que vienen detrás, porque sabe que muchos, como ella, no llegarán a ver el resultado de esta lucha, pero sigue en ella, pues algún día llegará la cura y habrá personas que la verán.

El peor castigo para un deportista “cuadriculado”

Es difícil afrontar un diagnóstico de ELA como lo han hecho José Luis Capitán 'Capi' y su familia. A Tere y a sus hijos las cambió la vida cuando, en el verano de 2014, empezó a tener problemas para practicar una de sus nuevas aficiones en aquel momento, tocar la gaita. “Capi es muy cuadriculado en todo lo que hace. Empezó a tocar la gaita y como tenía que practicar media hora al día, se la llevaba a todas partes, hasta de vacaciones”, nos cuenta Tere, su mujer y compañera de batalla. En las vacaciones de aquel verano empezó a haber problemas porque Capi perdía fuerza. “Jose no tuvo una ELA típica, no le salía en las pruebas”, recuerda Tere, quien explica que no todas las ELA empiezan igual, aunque todas acaben en el mismo punto.

Atleta profesional, a José Luis Capitán la Esclerosis Lateral Amiotrófica no le iba a parar, por eso, de la mano de su compañera de vida, que es mucho más que esposa y madre de sus hijos, Teresa Pérez, decidió dedicar su vida tras el diagnóstico a contarle al mundo que la vida continúa y por eso hay que adaptarse a lo que viene.

Capi participa en pruebas deportivas, da charlas a escolares en colegios e institutos y recorre el país para participar en carreras, medias maratones o pruebas de montaña, en su afán por exprimir la vida hasta que la enfermedad se lo permita. Desde hace dos años, utiliza un respirador y se alimenta por una sonda, pero ni eso ni su silla de ruedas han supuesto un impedimento para esta familia cuyo padre tiene las cosas muy claras, “cuando pase el tiempo y miréis atrás estaréis orgullosos de lo que hemos hecho”, les dice a sus hijos.

Por ellos es por quien más sufre Tere, porque a sus 16, 14 y 8 años se han convertido, indefectiblemente, en cuidadores y hay muchas cosas que, acorde a su edad, quieren hacer y no pueden porque Tere no les puede llevar, porque tiene que quedarse con Capi o llevar a alguno de sus hermanos a otro sito. “Yo soy maestra, Capi tiene una pensión, tenemos una hipoteca y tres hijos. No consentiré que por tener una persona cuidadora más, a mis hijos les falte de nada”, nos cuenta haciendo referencia a que en su casa solamente cuentan con el apoyo de una cuidadora.

Su familia sabe que el peor castigo del mundo para una persona como Capi, deportista de alto rendimiento y cuadriculado en sus entrenamientos, fue una enfermedad que acabaría paralizándole, por eso tuvieron claro desde el principio que “la vida hay que vivirla, no llorarla” y disfrutan tanto de cada uno de sus desplazamientos a eventos deportivos, pruebas, charlas.

“Somos adaptativos y resilientes, no nos queda otra”, cuenta Tere, quien a pesar de las circunstancias es capaz de ver luz en lo que les ha tocado vivir, y es que gracias a la ELA, dice, les han pasado cosas “brutales” que nunca les habrían sucedido, como que el colegio de Colloto lleve el nombre de Capi, que tenga una placa en el Angliru o que le hayan invitado al Bernabéu a ver un partido del equipo de sus amores, el Real Madrid.

Ahora su próximo reto es conseguir presentar la candidatura de ConELA, la Confederación Nacional de Entidades de ELA, a los Premios Princesa de Asturias.

“No tenemos tiempo”

La primera vez que Pablo Cancelas escuchó hablar de ELA fue con doce años, mientras veía un reportaje sobre la enfermedad en Informe Semanal, “me daba pavor que pudiese existir algo así, que tu mente funcione, pero tu cuerpo vaya paralizándose músculo a músculo”. Cuando años después tuvo que entrar en quirófano por una piedra en la vejiga, y no pudieron extraerla porque encontraron un tumor, pensó “hay algo peor, la ELA”, pues aquel reportaje que había visto de pequeño se había quedado grabado en su retina.

Hace ocho años que a María Eugenia Cudeiro, la madre de Pablo, le diagnosticaron Esclerosis Lateral Primaria, que afecta a la motoneurona 1 y con ello a las manos, los brazos y las piernas. Hace tres años que, tras un notable avance de la enfermedad, María Eugenia recibió el diagnóstico de ELA. En estos momentos tiene un grado tres de dependencia.

Pablo sabe que su familia tiene suerte porque puede sufragar los gastos que generan la enfermedad de su madre, pero es consciente de que no todas pueden y por eso pelea para que la voz de estas personas se escuche, para que su realidad se conozca y sus necesidades se atiendan, para no seguir sintiéndose desamparados y desprotegidos ante una enfermedad tan devastadora.

El padre de Pablo es quien permanece las 24 horas del día con María Eugenia, pasando de marido a cuidador. Por él y por todas las personas que dejan a un lado su vida para cuidar del familiar enfermo es por quien clama Pablo. “Las ayudas son una descarga para el cuidador, cuya labor es inimaginable. Hemos normalizado su labor, pero no lo es”, reivindica. Y es que Francisco ya ha pasado por dos procesos de amnesia total transitoria, derivados de una situación extrema de estrés: “Yo no estoy enfermo, pero vivo como un enfermo, por eso el cuidador también enferma”, nos traslada Pablo en nombre de su padre.

“Consigues dinero para convocar ayudas, pero las ayudas no llegan, y no tenemos tiempo”, reclama al Gobierno del Principado.

Una nueva convocatoria de ayudas

La falta de tiempo corre en su contra. Esta es la máxima que une a enfermos y familiares cuidadores, más allá de la manera en que cada uno haya decidido o pueda llevar la enfermedad. Por eso es tan importante que la respuesta de las administraciones llegue y lo haga en tiempo y forma. El hecho de que la ley de la ELA aún continúe sin financiación, casi medio año después de ser aprobada, después de años de estancamiento por la falta de acuerdo entre los partidos políticos, es una prueba de la falta de diligencia con la que se está abordando esta situación.

En Asturias, la convocatoria de ayudas que el Gobierno del Principado sacó el pasado año fue un fiasco. Lo fue porque gran parte de las necesidades diarias reales del colectivo pasaron inadvertidas cuando, teóricamente, estas ayudas estaban destinadas a aliviar la sangría económica que supone esta enfermedad para quienes deben convivir con ella. Las personas enfermas y sus familias denunciaron en su momento que no fueron escuchadas, al igual que tampoco fueron admitidas las alegaciones que presentaron a aquel borrador, tanto particulares como la Asociación ELA Principado.

La propia consejera de Salud, Concepción Saavedra, reconoció el error cometido y pidió disculpas, comprometiéndose a elaborar una convocatoria que, esta vez sí, respondiese a las necesidades de las y los enfermos. Así, esta nueva convocatoria eleva a 20.000 euros al año la prestación para los casos de gran dependencia, 17.500 euros para dependencia severa y 15.000 para dependencia moderada.

La justificación para solicitar estas ayudas se reducirá al “mínimo imprescindible”, serán compatibles con cualquier otra prestación pública o privada, se trabaja con la Consejería de Bienestar Social para que la valoración de la dependencia sea “prioritaria e inmediata” y también para que la valoración de la discapacidad sea un procedimiento casi automático.

Según explicó la propia consejera en el parlamento asturiano, se está actualizando el protocolo de indicación de dispositivos de lectura ocular para ofrecerlos en fases menos avanzadas y van a reforzar la asistencia sanitaria con la Unidad ELA del Hospital Universitario Central de Asturias para que las personas usuarias puedan ser incorporados directamente al registro SIERA (Sistema de Información en Enfermedades Raras de Asturias).

Pero si algo que no les sobra a las enfermas y enfermos de ELA es tiempo, y siguen esperando la llamada que les convoque a la próxima reunión con el Principado, que debía celebrarse antes de que acabase el mes de marzo.

Este 1 de enero llega también con la revalorización de todas las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para 2025. Desde la reforma de pensiones de 2021 del Gobierno de coalición, la revalorización anual de las pensiones se ha vuelto a vincular a los precios. En concreto, se aplica el alza según el IPC medio del año anterior, teniendo en cuenta los datos de IPC interanuales de diciembre a noviembre.

¿Cuánto es la subida general?

La subida general es el reflejo de la evolución de la inflación y será del 2,8%. “Casi 10,3 millones de pensiones contributivas de Seguridad Social subirán un 2,8% en 2025”, indica el Ministerio.

También se revalorizan al 2,8% las más de 720.000 pensiones de Clases Pasivas de Seguridad Social. La subida puede suponer “cerca de 600 euros al año para una pensión media de jubilación y 500 para la pensión media del sistema”, destaca la Seguridad Social.

¿Y las pensiones mínimas?

La subida es mayor para las pensiones mínimas. El incremento es de alrededor del 6% en 2025. Algunas que suban más, como las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 9,1%.

En detalle, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales queda fijada en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y en 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros).

El IMV y las pensiones no contributivas

El ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas ascienden un 9%. De esta forma, el IMV para un beneficiario individual, con esa subida del 9%, pasa a ser de unos 7.910 euros frente a los 7.250 euros vigentes en 2024.

Asignación por hijo a cargo

El Ministerio de Inclusión detalla que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75 % se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%.

Pensiones SOVI

Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizan también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes.

Complemento para la reducción de la brecha

El complemento para la reducción de la brecha de género se revaloriza un 8,1% sobre la cuantía reconocida en 2024 y alcanza el importe de 35,9 euros al mes por hijo.

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha aprobado este jueves el presupuesto municipal para el año 2025, unas cuentas “realistas” y “prudentes”, según ha anunciado posteriormente en rueda de prensa el regidor, que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz y la titular de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo. Según ha adelantado, los presupuestados permitirán al consistorio de la capital disponer de “más de 6.000 millones de euros”, en concreto 6.277 millones de euros para el año que entra, un 5,7 % más que el ejercicio anterior.

En total, el presupuesto del año pasado –el primero con mayoría absoluta del PP–, una vez incluido el sector público, ascendió entonces a 7.126 millones de euros. Ahora lo cifran en un total 7.558 millones. El propio Almeida ha presumido de que dispondrán para invertir en todas las áreas 895 millones más, “la mayor cifra desde 2019”, y ha incidido en que los presupuestos “cumplen las reglas fiscales”.

La partida que más aumenta es la de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, que dispondrá de un 9,2% más que en 2024 ya que tendrá que ejecutar grandes obras como el soterramiento de la A-5, el del tramo final del paseo de la Castellana, o el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas.

El área que de Vivienda es una de las partidas que ha provocado más polémica. En concreto, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, denunciaba este mismo jueves en su perfil de X que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), a pesar de los anuncios de promoción de nuevos proyectos que han desgranado en la comparecencia los tres dirigentes del PP, “sufre un recorte del 40%: de 123,2 millones en 2024 a 77,1 para 2025”.

“Esto significa 50 millones menos en el único organismo del Ayuntamiento que lleva a cabo políticas de vivienda en la ciudad de Madrid”. Y abundaba: “Para la compra de viviendas, el Ayuntamiento de Madrid solo va a destinar 4,3 millones, 2 millones de euros menos que en 2024. Dejan el camino libre para que los especuladores sigan comprando vivienda y reducen la capacidad de la administración para ofrecer vivienda”, denunciaba Maestre aportando luego un largo hilo con más datos.

Poco después, tanto el Ayuntamiento como Más Madrid han matizado a esta redacción que se trata de lo presupuestado para construir pisos de “alquiler asequible” a través de la Empresa de Vivienda y no, como se decía inicialmente, es un recorte del presupuesto total de la EMVS. Fuentes de esta empresa pública municipal señalan a elDiario.es que “la aportación realizada por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS pasa de casi 123 en los presupuestos de 2024 a 128,2 millones de euros en 2025. Se trata de 6,5 millones más que el pasado año”. “La mayor parte de esa aportación, 74,2 millones, será para la construcción de obra nueva y casi 50 millones para sufragar los gastos de explotación de la empresa”.

Los datos de Maestre son “falsos”, dicen en la EMVS

“Por tanto -añaden estas fuentes- es falso que la aportación del consistorio de la capital a la empresa municipal se vaya a recortar un 40%, ya que pasa de 121 millones de euros en 2024 a 128 millones de euros en 2025”. Además aclaran que “con estos 128 millones de euros, el presupuesto de EMVS Madrid asciende a 168 millones en 2025, con los que podrá finalizar 11 nuevas promociones, con 865 viviendas” de “alquiler asequible”.

“En el próximo año 2025, la empresa municipal alcanzará un patrimonio de 10.000 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Dato que Rita Maestre pone en duda, pero que es tan fácil de comprobar como hacer una simple sumatoria, ya que en la actualidad EMVS Madrid cuenta con cerca de 9.000 pisos públicos en su haber. Además, con este presupuesto también se podrán continuar las obras y la licitación de más de una veintena de promociones (3.100 viviendas) y se iniciará el Plan Suma Vivienda para levantar otros 2.200 pisos en régimen de derecho de superficie, a través de la colaboración público-privada, en los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de la capital”, concluyen. 

Las mismas fuentes de la EMVS añaden más adelante que “a pesar de que la aportación del Ayuntamiento de Madrid sube de 121 millones a 128 millones, el presupuesto de EMVS Madrid pasa de 205 millones de euros en 2024 a 168 millones de euros en 2025 (un descenso del 18%). Este descenso se debe a que en 2025 de manera contable se afrontará la construcción de viviendas en distintas fases, lo que provoca un descenso puntual en el presupuesto (no es lo mismo el presupuesto de un año en el que se finalizan muchas viviendas que otro en el que se comienza la licitación)”. “Además, hay que tener en cuenta que en 2025 se ha destinado suelo por valor de casi 50 millones de euros a la licitación del Plan Suma Vivienda de EMVS Madrid, en régimen de colaboración público privada, que permitirá la construcción de 2.200 viviendas, y que, además, ahorrará a los madrileños los costes de construcción”.

“De esta manera -subrayan- es falso el bulo que pretende hacer correr la oposición: ni se reduce el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid, ni el ritmo de construcción. Los datos están ahí y demuestran que nunca, nadie, en la historia del Ayuntamiento de Madrid ha hecho tanto por la vivienda pública asequible que este el gobierno de Almeida”, afirman resaltando además que “el actual equipo de gobierno ha incrementado el patrimonio de la empresa municipal un 44%, pasando de las 6.258 que dejó Manuela Carmena hasta las casi 9.000 viviendas públicas que posee en estos momentos. Ya que, en estos cinco años de mandato, se han finalizado 30 promociones con más de 2.478 viviendas nuevas. Siendo el compromiso de este equipo de gobierno incrementar un 150% el patrimonio de vivienda en alquiler asequible que dejó la anterior corporación, hasta superar las 15.000 viviendas en los próximos 4 años”, zanjan.

Argumentos de Más Madrid

Más Madrid a su vez aclara a esta redacción que sus datos se basan “en el presupuesto de la EMVS que se aprobó el 30 de octubre en su Consejo de Administración, y que formará parte del presupuesto consolidado del Ayuntamiento. Fijarse en la aportación del Ayuntamiento a la EMVS sirve de poco si luego la EMVS no va a destinar ese dinero a construir vivienda pública”. “Lo que decimos es que se ha rebajado un 40% el presupuesto de la EMVS en la construcción de vivienda. Para promoción de viviendas en alquiler y adquisición de viviendas y de parcelas, en momentos de emergencia habitacional en la ciudad de Madrid, se reduce el presupuesto de 144,7 millones en 2024 a 87 para 2025. En concreto, para la construcción de nuevas promociones el presupuesto se reduce de los 123,2 millones de 2024 a los 77,1 de 2025.”, remarcan las mismas fuentes. 

En su comparecencia ante la prensa, tanto Almeida como Hidalgo han insistido en que la Vivienda es una de las prioridades de su equipo de Gobierno y han destacado la “consolidación” de la Empresa Municipal de Vivienda como el “principal” promotor de vivienda pública de España“. Según ha dicho el regidor, se está trabajando en tres frentes: ”Construcción, rehabilitación y regeneración urbana“. La intención del consistorio es desarrollar el ”Programa ReViVa“ o el ”Compramos tu vivienda“ para alcanzar a finales de 2025 un patrimonio de 10.000 viviendas, que serán destinadas ”al alquiler asequible“. También se acometerán los desarrollos urbanísticos del sureste de la capital, o Madrid Nuevo Norte con la Operación Chamartín.

Los planes son finalizar también las obras de once promociones de viviendas, con ese total de 865 nuevos inmuebles. Entre ellos los proyectadas en Nuestra Señora de los Ángeles 3; Cañaveral 7, Cañaveral 8, Cañaveral 9, Cañaveral 10, Cañaveral 11, Cañaveral 12, Cañaveral 13; Los Olivos 3, Los Olivos 4 y Vallecas 62. “La EMVS Madrid continuará además la licitación de obras y proyectos de más de una veintena de promociones (3.100 viviendas”, dice el Ayuntamiento. El área de Vivienda quiere también impulsar planes ya anunciados para la rehabilitación de inmuebles como la Estrategia Transforma Madrid, el Plan Adapta, Plan Rehabilita y el Plan Transforma Tu Barrio. El año pasado se comprometieron a rehabilitar 22.000 viviendas durante este ejercicio.

También se proyecta la regeneración de diversos barrios, dentro del Plan Estratégico de Regeneración de Barrios (PERBaM), entre ellos seis obras en los distritos de Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Carabanchel, Latina y Hortaleza, y “se van a redactar doce proyectos nuevos en los barrios vulnerables”.

En cuanto al gasto social para 2024 se ha fijado en 1.130 millones de euros, es decir, tan solo 3 millones menos que en 2023. El equipo de Almeida presume de que este año será el “más inversor de los últimos 16 años”. El año pasado el Gobierno municipal destacó que ese gasto social se incrementaba en 79 millones hasta los 1.133 millones de euros, “un 7,5 % más que en 2022”. Ahora han preferido destacar que “el gasto social por habitante será de 326 euros, un 30 % más que en el año 2019”.

Bajan los impuestos pese al “hachazo” de la tasa de basuras

En su intervención, el alcalde ha asegurado que pese al “hachazo” del Gobierno de Pedro Sánchez “con la tasa de basura”, este año el Ayuntamiento también sigue bajando impuesto y tasas, como el tipo del IBI, que según Hidalgo ahorrará 31 millones de euros a los contribuyentes madrileños. En 2024 la rebaja fue de 40.3 millones de euros de impuestos y tasas y la devolución del impuesto de plusvalía. Pese a todo, la responsable de Hacienda ha sentenciado que en Madrid podrá “financiar sus gastos corrientes con los ingresos, lo que pone de manifiesto situación solvente del Ayuntamiento de Madrid”.

El regidor no ha ahorrado calificativos positivos para sus cuentas, ya que cree que los presupuestos son “ambiciosos” y van a “generar un mayor crecimiento para la ciudad” y propiciará “mejor calidad de vida” para sus habitantes porque mantienen la “cohesión social”

En lo que se refiere a la deuda, Almeida ha minimizado los datos, ya que “continua por debajo de los 2.000 millones de euros” y ha recordado que el Ayuntamiento “no asume ningún volumen de deuda para lo que son gastos no financieros”. “Habrá un aumento de 40 millones de deuda recogido en el presupuesto del próximo ejercicio por la compra de la participación accionarial en Calle 30, que se recuperarán prácticamente en el primer año”, ha explicado el alcalde.

Los presupuestos recién aprobados por el Gobierno municipal entran ahora en un periodo de alegaciones y enmiendas antes de ser elevados al último pleno municipal del mes de diciembre para que puedan entrar en vigor a primeros de enero de 2025. Almeida se ha comprometido a llamar a los grupos municipales para “hablar” y “tenderles la mano”, con la garantía de que tendrá en cuenta “las enmiendas que mejoren el proyecto: ”No somos sectarios ni nos cerramos a mejorar los presupuestos“, ha sentenciado. 

*RECTIFICACIÓN: En una primera versión de este artículo el titular decía que Almeida había reducido un 40% el presupuesto de la Empresa de Vivienda de Madrid. Minutos después, tanto desde el Ayuntamiento de la capital como de Más Madrid han matizado a elDiario.es que esa reducción es únicamente para las partidas destinadas al alquiler asequible, por lo que se ha modificado el titular mencionado.

El Observatorio Cetelem lanza hoy el “Zoom Intención de compra en la Vuelta al cole 2024”, en el que analiza el comportamiento de los castellanomanchegos en esta nueva campaña escolar y compara sus intenciones de compra respecto a las del año anterior. Así, el gasto medio previsto para la vuelta al cole se sitúa en 345 euros, cifra que aumenta un 22% frente al año anterior.

Se trata de una cantidad un 20% superior a la media española, que se sitúa en 287 euro

La mayoría de los castellanomanchegos encuestados, un 67%, piensa gastar lo mismo que el año anterior en sus compras “de vuelta al cole”, un aumento de 17 puntos porcentuales respecto a lo declarado el año anterior.

Desciende 10 puntos respecto al año anterior el porcentaje de consumidores que piensa gastar más en sus compras relacionadas con la vuelta al cole, un 24% frente al 34% que lo manifestó en 2023.

En cambio, el porcentaje de castellanomanchegos que declara tener intención de realizar un menor gasto, con un 9,5% de menciones, desciende seis puntos respecto al año anterior.

La inflación sigue impactando en los hogares

Casi 4 de cada 10 de los castellanomanchegos que realizarán compras relacionadas con la vuelta al cole declaran que el aumento de precios afectará a sus compras, con un porcentaje del 38% frente al 68% que lo declaró el año anterior.

Destaca el descenso del 30 puntos porcentuales de quienes manifiestan verse afectados por la inflación. Se trata, además, de un porcentaje inferior a la media española, que se sitúa en un 41%.

En este sentido, este año son menos quienes se acogerán al plan de reutilización de libros del curso anterior como el “Accede”, que tiene como fin aliviar el presupuesto de las familias para la vuelta al cole. Así, un 34% declara su intención de hacerlo, seis puntos menos que en 2023. Aumenta en 12 puntos la intención de reutilizar materiales y productos de años anteriores (55%). Otro 36% declara que realizará compras de segunda mano.

El top 3 de productos con mayor intención de compra de cara a la vuelta al cole es, como en años anteriores, el material escolar (48%, mismo porcentaje que en 2023), los libros (38%, siete puntos menos que en 2023) y la ropa, (38%, cinco puntos menos que en 2023).

El Banco de España se encargó este martes de recordarle al Gobierno de coalición las ataduras a la política económica que implica el nuevo corsé fiscal de la Unión Europea (UE). En plena negociación de los presupuestos de este 2024, la institución anticipa recortes en el gasto público o más impuestos para cumplir con las reglas recién estrenadas, tras ser suspendidas las anteriores en 2020 por la pandemia.

Las nuevas proyecciones del Banco de España rebaten el objetivo del Ejecutivo de dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y el gasto publico) en el 3% del PIB (Producto Interior Bruto) ni este año —pese a que prácticamente coinciden en la estimación de un 2% de crecimiento económico—, ni tampoco los próximos ejercicios. La institución también cuestiona la obligación de limitar el crecimiento del “gasto primario neto financiado a nivel nacional” al 2,6%.

Ambos compromisos están incluidos en el plan presupuestario que el Gobierno envió en otoño de 2023 a la Comisión Europea. El límite al gasto es crucial y el aspecto más novedoso de las nuevas reglas fiscales. El corsé europeo mantiene el marco general de dejar el déficit por debajo del 3% y el endeudamiento (la deuda pública respecto al PIB) en el 60%, aunque flexibiliza el camino para alcanzarlo con objetivos de rebaja de los desequilibrios plurianuales y negociados entre Bruselas y cada estado.

La advertencia del Banco de España es que, actualmente, España necesita “implementar medidas compensatorias adicionales de ajuste del gasto [recortes] o de incremento de los ingresos [más impuestos o menos bonificaciones de los ya existentes]” para seguir la hoja de ruta fiscal comunitaria.

El déficit público

Más en detalle, hasta noviembre de 2023 (en el acumulado de doce meses), el saldo de las Administraciones Públicas españolas registra un déficit equivalente al 4,2% del PIB. Este desequilibrio se encuentra prácticamente a medio camino entre el registrado en 2022, del 4,7% del PIB, y el objetivo de déficit que el Gobierno se había marcado para 2023, del 3,9% del PIB.

“El descenso del déficit en 2023 habría sido el resultado de un crecimiento elevado de los ingresos (del 8,5% hasta noviembre) y de un menor avance de los gastos (del 6,5%)”, señala el Banco de España.

“Los primeros se vieron impulsados, fundamentalmente, por las mayores bases imponibles de los impuestos directos derivadas de los aumentos nominales observados en los excedentes empresariales [los beneficios], los salarios y las prestaciones sociales. Por su parte, los gastos se vieron afectados al alza por la revalorización de las pensiones y por el dinamismo del consumo público; un efecto que fue compensado, en parte, por el menor coste que supusieron, con respecto al año anterior, las medidas de apoyo ante la crisis inflacionista”, continúa la institución en el informe trimestral que presentó este martes.

De cara a 2024, el Gobierno ha extendido de forma parcial algunas de estas medidas, como la rebaja del IVA de los alimentos, las reducciones de impuestos energéticos o la subvención al transporte de viajeros. En conjunto, se estima que esta extensión tendría un coste presupuestario de en torno a 0,6 puntos porcentuales del PIB en 2024. Este coste es inferior al que estas medidas tuvieron en 2023 —1,2 puntos del PIB— y en 2022 —1,5 puntos del PIB—.

“No obstante, para asegurar el cumplimiento de la recomendación europea para 2024 —lo que requiere que el crecimiento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 no supere el 2,6%—, podría resultar necesario implementar medidas compensatorias adicionales de ajuste del gasto o de incremento de los ingresos”, incide el Banco de España.

Freno al crecimiento económico

Sin duda, el Gobierno asumió una contención del gasto público en su plan presupuestario de 2024. Sus proyecciones contemplaron una moderación del crecimiento del “consumo público [inversión]” a apenas el 0,2% este año, desde el 1,9% que estimaba en 2023. La Comisión Europea manejó las mismas cifras, también en otoño.

El Banco de España observa ahora que el aumento del “consumo público” rozó el 4% el año pasado y fue uno de los principales motores del destacado avance del PIB (la economía de nuestro país creció un 2,5% 2023) y que este ejercicio se incrementará el 1,2%.

Al cierre de 2023, el nivel de PIB supera ya en casi 3 puntos porcentuales al nivel de 2019, el de antes de la crisis de la COVID. En el gráfico anterior, se ve que el consumo de las familias no concluyó la recuperación hasta el tercer trimestre del año pasado, lastrado por el golpe de las subidas de precios y por el encarecimiento de la financiación, por culpa de la agresiva estrategia del BCE para luchar contra la inflación.

En el mismo gráfico, también se identifica que uno de los principales apoyos de la actividad ha sido el gasto público, que ya es algo más de 10 puntos porcentuales más alto que en 2019, favorecido en parte por el Plan de Recuperación.

En su último informe trimestral, el Banco de España realiza el siguiente ejercicio teórico. “Con todo lo demás constante [el sector exterior, el consumo privado, la inflación, y todo los demás igual], si el consumo público no se desacelerase en 2024 de acuerdo con lo asumido en el escenario central de nuestras proyecciones, existiría un impulso al alza en la previsión de crecimiento del PIB, pero también en la de déficit público”, explica.

En el medio plazo, el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE “requerirá el diseño y la implementación de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita una corrección del déficit público estructural más acusada que la contemplada en estas proyecciones [las del Banco de España]. Si bien el impacto económico de dicho plan de ajuste es incierto —y dependerá críticamente de cómo esté diseñado—, su implementación acarrearía, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a lo largo del horizonte de previsiones [2024, 2025 y 2026] que el contemplado en este ejercicio de previsiones [1,9% de avance del PIB este, y otro 1,9% el próximo]”, advierte.

Los presupuestos de la Generalitat para 2024, que han iniciado este miércoles su trámite en el Parlament de Catalunya, alcanzarán los 43.673 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento del 6,5% respecto al ejercicio anterior y que contempla sus mayores crecimientos en departamentos como el de Educación o Cultura. La consellera de Economía, Natàlia Mas Guix, los ha calificado de '“expansivos pero responsables”. 

Tras alcanzar un acuerdo este martes con el PSC, y a la espera de atar también el voto de En Comú Podem, el Govern ha presentado unos presupuestos que se nutren de una recaudación récord y que suponen también un nivel de inversión en infraestructuras y equipamiento que duplica los de hace un decenio, cuando tocaron suelo. Se trata de 3.000 millones de euros, lo que según Mas Guix supone recuperar el “pulso inversor” en la comunidad autónoma. 

Por departamentos, el que más crece en gasto –con diferencia– es el de Cultura. Aunque su peso en el conjunto de las cuentas es pequeño, aumenta un 19,5% respecto a 2023, hasta los 566 millones de euros. Entre la partidas más destacadas, se destinan 63 millones a la promoción del catalán y 55 a la plataforma de TV3 destinada a familias y colegios. 

Otro de los ámbitos que más crece es el de Educación, según la Generalitat una de las prioridades de los próximos años dados los pobres resultados en las evaluaciones internacionales. Su partida asciende un 10%, de 6.825 millones a 7.508, un salto del que también el PSC sacó pecho en su presentación del acuerdo con el Govern. Entre los gastos que Economía ha resaltado se cuentan 67 millones para “consolidar” la gratuidad del segundo año Infantil y 70 millones para combatir la segregación escolar. 

El crecimiento en Salud es del 5,6%, hasta los 12.059 millones, como siempre la cartera más abultada. Pero además se le añade un fondo extraordinario de 800 millones para normalizar el gasto desplazado. 

Con todo, el peso del gasto social respecto al total del presupuesto se sitúa en el 72,6%, es decir, seis décimas menos respecto a los presupuestos de 2023, cuando se situó en el 73,2%. Y supone una reducción de dos puntos si se compara con las cuentas de 2022, cuando el gasto social se fijó en el 74,6%. Según el Govern, esta reducción responde a dos motivos. Por un lado, por el incremento de los intereses de la deuda. Y por otra parte, por el aumento del gasto en políticas del agua para hacer frente a la sequía.

Tal como adelantó el president Pere Aragonès, también contienen las cuentas una inversión de 1.040 millones para combatir la sequía. Gran parte de ese importe se lo llevarán las políticas de gestión del ciclo del agua, con ayudas y inversiones para infraestructuras hídricas, pero también se reservan 86 millones para mejorar el riego agrícola. Por otro lado, la ley de acompañamiento de medidas fiscales y financieras también recoge un incremento en el canon del agua, que no sube desde 2017. De esta forma, se convierte en un importe fijo de 1, 2, 3 o 4 euros mensuales en función del gasto. Para el 80%, según el Govern, el aumento será de un euro. 

Los ingresos a las arcas catalanas, un 12,5% superiores a los de 2023 –sin contar los no financieros–, se nutren en buena medida del aumento de los anticipos del modelo de financiación y de las liquidaciones, que crecen en 4.438 millones. En clave impositiva, de hecho, disminuye la previsión de recaudación, entre gravámenes propios y cedidos, umn 2,5%. El impuesto de patrimonio (-4,1%) y el de transmisiones patrimoniales (-5,7%) son dos de los más significativos que marcan un descenso.

9 de febrero. Es la fecha que está marcada en rojo en el calendario de la UE para que queden finiquitados todos los acuerdos legislativos y que dé tiempo a que se aprueben formalmente en el Consejo y la Eurocámara, que celebra su último Pleno entre el 22 y el 25 de abril. Uno de los expedientes más importantes es el del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vuelve a aplicarse este 2024 tras cuatro años suspendido por la pandemia, primero, y la guerra en Ucrania y sus consecuencias, después. Esa negociación funciona ya a pleno rendimiento, con tres reuniones previstas esta misma semana, a las que se suman otras tres ya celebradas. Los avances, eso sí, no han sido muchos, especialmente en lo mollar. El gran riesgo está en la protección del gasto social. 

La Eurocámara tiene una posición más flexible respecto a la pactada por los gobiernos para el corsé fiscal que regirá a partir de ahora las finanzas europeas con la vista puesta en lograr que la deuda y el déficit estén por debajo del 60% y el 3% del PIB, respectivamente. Para ello coinciden en algo fundamental, que es que el déficit tenga que bajar un 0,5% anual cuando supere el 3%, como propuso la Comisión Europea para satisfacer a Alemania. Y también en que la deuda tenga que reducirse un 1% al año (cuando esté por encima del 90%, como el caso de España) y un 0,5% cuando esté entre el 90% y el 60%. La gran diferencia es que el Parlamento Europeo plantea un periodo de cómputo para esa reducción diez años mayor que el Consejo. Mientras que los gobiernos apuestan por que los planes de ajuste sean de cuatro años ampliables a siete (en función de si se llevan a cabo inversiones en cuestiones como la transición ecológica o digital), la Eurocámara quiere una flexibilidad mucho mayor: de 14 a 17 años. 

Los eurodiputados, además, pactaron que a la hora de extender los planes de ajuste se tuviera en cuenta el cumplimiento de los objetivos del Pilar Social Europeo (políticas de empleo, lucha contra la pobreza y formación) y no sólo las transiciones ecológica y digital. Los objetivos para 2030 del Pilar Social Europeo son alcanzar una tasa de empleo de al menos el 78%, que el 60% de los adultos estén en formación y que el riesgo de pobreza se reduzca en quince millones de personas. 

La aceptación de esa propuesta por parte del Consejo es complicada dado que llega a la negociación con escaso margen de maniobra. Los 27 tardaron meses en fijar su posición y el texto final se cerró mirando al milímetro cada palabra. Fuentes socialistas admiten, además, que para el Partido Popular Europeo y para los liberales de Renew no va a ser una prioridad, por lo que temen perder esa batalla, que fue una de sus banderas durante la tramitación parlamentaria. 

“El compromiso final acordado por el Parlamento Europeo tiene una fuerte firma progresista que garantiza unas normas fiscales de la UE más justas que protegerán a los ciudadanos y a las empresas europeas contra la austeridad, reforzando las inversiones y los derechos sociales. Esto es a lo que aspiran los europeos”, señaló en diciembre la ponente de los socialdemócratas, Margarida Marques. 

A su favor juega que el voto del grupo S&D es determinante para que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento salga adelante en la Eurocámara dado que no hay otra ecuación aritmética posible. La posición del Parlamento Europeo la apoyaron exclusivamente PPE, S&D y liberales. 

En su contra está el tiempo. Todo el mundo en la UE quiere que haya unas nuevas reglas fiscales en vigor antes de que comience el periodo electoral. También los gobiernos socialdemócratas. ¿La razón? El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha reactivado en 2024 y la intención es aplicar ya este año las normas de reducción de déficit y deuda. Si no hay un nuevo marco, se aplicarían las anteriores, que son mucho más rígidas (la deuda debe reducirse en una veinteava parte al año cuando está disparada) y difícilmente aplicables en la práctica, dado que las sanciones son tan elevadas que nunca se han puesto en marcha (0,2% del PIB cada semestre de incumplimiento). 

Con esos mimbres, la Eurocámara, el Consejo y la Comisión Europea intensificarán las negociaciones con tres reuniones (trílogos) para intentar zanjar uno de los expedientes más complejos de la legislatura esta misma semana y en el que tanto los gobiernos, pero también la Eurocámara, han hecho importantes cesiones a Alemania y los ‘frugales’.

Un total de 37 ayuntamientos españoles, entre ellos los Piélagos y Camargo, realizaron en 2022 un gasto social por habitante inferior al 60% de la media de gasto (56,74 euros por habitante), según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado tras analizar 404 consistorios, que revela que Cantabria no tiene ningún ayuntamiento “excelente” en esta materia.

En concreto, Piélagos invirtió en gasto social 40,78 euros por habitante, con lo que repite un año más en la calificación de ayuntamiento “pobre”, a la que este año se incorpora Camargo, con 56,22 euros por habitante.

En esta séptima edición, la asociación ha analizado los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social', con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

A partir de esa información, el estudio clasifica estos ayuntamientos en varias categorías: 'Excelentes' (un total de 37 ayuntamientos), 'Corporaciones Excelentes' (8 ayuntamientos que reuniendo los criterios de excelencia en 2022 han conseguido elevar el gasto social más de un 60% durante el periodo de 2019-2022) y 'Pobres' (37 ayuntamientos con menos de 56,74 euros por habitante, frente a la media que se sitúa en el 94,57 euros por habitante).

En función de lo que las estadísticas de la Unión Europea consideran la pobreza de las personas --aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la media de la Renta de las personas del país--, el documento califica como 'Pobres' a aquellos ayuntamientos que tuvieron un gasto inferior al 60% de la media.

En concreto, esos 37 ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, atendieron a sus 2.544.015 vecinos con un gasto en Servicios Sociales y Promoción Social (23) del 5,12% respecto a su Gasto Total, cuando la media nacional se situó en un gasto del 10,06%.

Además, buena parte de los ayuntamientos 'pobres' en 2022 también lo fueron en la edición anterior de 2021 (el 65%), señalándose en el informe su reincidencia en un “lamentable” ejemplo de persistencia.

Dentro de estos, la Comunidad de Madrid es la que aporta el 41% de los Ayuntamientos pobres en inversión social con 15 Ayuntamientos, seguida de la Comunidad Valenciana con 8; Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia con un solo Ayuntamiento pobre en inversión social.

En lo que se refiere a la categoría 'Corporaciones excelentes', son ocho los ayuntamientos que han logrado impulsar su gasto social un 60% durante su mandato de 2019-2022.

En términos generales, el conjunto de las corporaciones locales han impulsado su gasto social elevando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos, según recoge el informe, alzando los 3.691 millones de euros.

Aunque estos ocho ayuntamientos repartidos en Andalucía (3), Cataluña (2), Canarias (1), Galicia (1) y Valencia (1) han conseguido elevar esa inversión más de un 60% y en concreto Nerja (Málaga) lo ha aumentado en más de un 200%.

Por último, en los considerados como ayuntamientos con niveles de 'excelencia social', son solo 37, apenas el 9,16% de los ayuntamientos que han participado en el estudio. Una cifra que baja considerablemente con respecto a los datos del año anterior, ya que en 2021 fueron 57 los que obtuvieron esta calificación.

Al haberse incrementado este año el nivel del gasto social para ser merecedor del reconocimiento al 160% de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los Ayuntamientos hasta alcanzar una inversión mínima de una inversión de 151,31 € por habitante/año.

Es por ello que sólo 3,4 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados de unos ayuntamientos que ponen a disposición de sus Servicios Sociales una inversión económica de Excelencia, lo que apenas representa el 11,20% de los 30,57 millones de habitantes que residen en España en municipios mayores de 20.000 habitantes.

La Comunidad Autónoma que aporta un mayor número de Ayuntamientos con un inversión económica en Excelencia vuelve a ser Andalucía con 16 Ayuntamientos, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las Entidades Locales andaluzas, seguida de Cataluña con 6, la Comunidad Valenciana con 4, País Vasco con 3, Baleares y Canarias con 2, y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, y Murcia con 1; no alcanzando representación en el ranking Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid.

El perfil medio de estas poblaciones urbanas en excelencia social se sitúa en ciudades medias con una población de 36.500 habitantes, debiendo destacarse que únicamente tres capitales de provincia (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Granada) alcanzan criterios de excelencia social en la séptima Edición.

La Mediana de Gasto efectuada por el conjunto de ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 euros por habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de ayuntamientos un gasto en Servicios Sociales superior a los 3.691 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio precedente.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes las nuevas cuentas regionales que, según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, suponen una inversión para 2024 de 27.558 millones de euros, es decir, un incremento de un 19,6% respecto a los presupuestos anteriores, que tuvieron que ser prorrogados ante la negativa de Vox a apoyar los de 2023.

La consejera ha destacado que este año el gasto social asciende a más de 3.100 millones, es decir un 17% más en relación con las anteriores cuentas: “Nueve de cada 10 euros serán para reforzar los servicios públicos el próximo año”, ha explicado. Además, “hay un récord histórico para la Sanidad” al superar los 10.000 millones de euros de inversión para esta partida.

En esta ocasión, gracias a la mayoría absoluta de la que goza ahora el PP, Isabel Díaz Ayuso no tendrá ningún problema para aprobar el proyecto una vez que se debatan y se envíen a la Asamblea de Madrid. Según presume el Gobierno regional, estas nuevas cuentas, pese al aumento del gasto social y las rebajas fiscales, cumplen con la “estabilidad presupuestaria” que exige Hacienda, y conseguirán mantener “un déficit cero”, “lo cual quiere decir que nos van a permitir seguir teniendo en Madrid la deuda más baja de toda España”, ha señalado la consejera. A su juicio estas cuentas, que ha calificado como “responsables” y “prudentes”, “permitirán a la región avanzar en las políticas de apoyo a las familias”, dando “prioridad” a la Sanidad, a la Educación, y comprometiéndose también con la promoción de la vivienda, la mejora de infraestructuras públicas y el transportes y las políticas activas de empleo.

No obstante, Albert ha reconocido que las estimaciones presupuestarias que han presentado este martes se han hecho sin saber aún a ciencia cierta qué cantidades va a recibir la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de la nación sobre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022. Pero, según han calculado, a la CAM le correspondería en 2024 casi 26.000 millones derivados de los tributos cedidos, es decir, IRPF, IVA e Impuestos Especiales, que se incrementan un 21,1% respecto a 2022. Por otro lado, afirman que “se transferirán 970 millones al Fondo de Suficiencia Global y otros 6.176 al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales”. “En conjunto -resumen- se percibirán 18.612,2 millones en concepto de entregas a cuenta, un 18,1% más que lo consignado en el presupuesto de 2022”, afirman en uno de los documentos entregado a los medios de comunicación.

Por otro lado, también explican que “al margen de los tributos compartidos con el Estado, la Comunidad de Madrid prevé una serie de ingresos por los tributos cuya gestión le corresponde directamente”. De manera que por estos impuesto propios, la previsión que hacen es de unos ingresos de 2.078 millones de euros, lo que supone para sus arcas “un importe consignado de 133 millones menos que en 2022”.

La consejera de Economía y Hacienda ha hecho mucho hincapié en el gasto sanitario, uno de los principales caballos de batalla con el que ha tenido que lidiar Ayuso desde la pandemia, resaltando que la Atención Primaria será una de las prioridades para el Ejecutivo y para ello, contarán con 2.572 millones, un 25% más que la partida del año anterior, con el “compromiso de reducir las listas de espera”, uno de los problemas que sufren los usuarios de la sanidad pública madrileña. Además, la Comunidad de Madrid se compromete a la construcción el próximo año 19 nuevos centros de salud en los que el Gobierno regional invertirá 76 millones de euros, y se reforzarán las plantillas de estos centros al planear la incorporación de 14.000 personas con contratos temporales como “personal estatutario fijo”. Habrá, por otro lado, un Plan de Prevención del Suicidio y una mayor atención a las enfermos de ELA.

“Son unos presupuestos comprometidos, enfocados a consolidar el crecimiento, la creación de riqueza de Madrid y centrados en las personas”, han resumido tanto Albert como el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno, Miguel Ángel García Martín, que le ha acompañado en la rueda de prensa. Ambos han querido resaltar que el Gobierno regional continúa rebajando impuestos para “hacer a Madrid fiscalmente más atractiva” y atraer “a los inversores”. Las rebajas fiscales irán acompañadas de otras medidas como la deflactación del tramo autonómico del IRPF por segundo año consecutivo.

El Gobierno de Ayuso asegura que quiere volcarse igualmente con la Educación con un incremento de becas y ayudas al estudio, con una inversión 248,5 millones para que aumenten en 200.000 sus beneficiarios. Las de comedor son las que registran una mayor subida hasta llegar a 62 millones. Además, se pondrá en marcha en el curso 2024/25 un nuevo programa de ayudas dotado con cerca de cinco millones de euros para actividades extraescolares en centros sostenidos con fondos públicos. Entre los compromisos para este área figura también la construcción de cinco escuelas infantiles y la creación de 3.200 nuevas plazas públicas en la región.

Las familias serán otra de las “prioridades” para Ayuso con un Plan de Natalidad madrileño que ya ha explicado anteriormente la presidenta regional, dotado con más de 114,6 millones de euros y que contará con una nueva ayuda de 1.800 euros “para partos o adopciones múltiples”.

Otras de las partidas que aumenta es la de Vivienda, con un presupuesto que suma un total de 472 millones de euros, es decir, un 21,5% más con respecto al anterior. Como ya adelantó el otro día Ayuso por segunda vez casi consecutiva durante la entrega de llaves de pisos de protección oficial a un grupo de personas en Vallecas, la “previsión” de su Gobierno es la de construir más de 4.000 nuevos inmuebles en 12 municipios de la capital “en régimen de alquiler accesible” a través del Plan Vive, que aún no ha ejecutado pese a ser un compromiso de la anterior legislatura . Según adelantan ahora, el año que viene “estarán en construcción otras 2.472 viviendas”, ampliándose además “las ayudas al alquiler, a la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética”.

En Transportes e Infraestructuras el anteproyecto de ley contempla invertir 3.089 millones de euros para ampliar la red de Metro de Madrid con la intención de finalizar las obras de prolongación de la línea 3 en el tramo Villaverde Alto-El Casar. Además -añaden- “se avanzará en la remodelación de la línea 5, que llegará desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. Por otra parte, el Gobierno regional dice que ”se seguirá trabajando en el apoyo a los afectados por las obras de la línea 7B“.

Se descongelarán los sueldos de los altos cargos, menos el de Ayuso

Durante la rueda de prensa Rocío Albert también ha explicado que para 2024 se descongelará el sueldo de los altos cargos, que llevaban 13 años sin subidas. A todos excepto para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por voluntad propia.

“Se elimina la congelación retributiva, salvo en el caso de la presidenta que mantiene su congelación salarial y que no se incrementa un solo euro con respecto al Presupuesto que tenía establecido en el 2023 y que lleva congelado desde el 2010”, ha señalado la consejera de su gobierno. No obstante, ha matizado que esta descongelación salarial se hará efectiva solo cuando el Gobierno central establezca “alguna subida para los funcionarios de cara al año 2024, pero no se aplicará la diferencia de 16% que se ha alcanzado en estos 13 años congelado”.

El sueldo de Ayuso está establecido en 103.090,32 euros anuales, y según Albert, ha sido la propia presidenta regional la que ha pedido “expresamente” que no se le descongelara. “Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y se la respalda”, ha remarcado.

Todos los años, al presentar los presupuestos autonómicos, los consejeros de Hacienda presumen de haber confeccionado las cuentas “más sociales de la Historia”. Esta afirmación podría matizarse si se analizan los porcentajes, las cuantías totales y per cápita del gasto -un gasto que en realidad debería considerarse inversión- que se destina en la comunidad a sanidad, educación y servicios sociales. Según el último estudio realizado por la Asociación de Directivas y Gerentes de Servicios Sociales, Aragón es la antepenúltima comunidad autónoma en la que menos crecieron en los últimos 14 años sus presupuestos en gasto social. De 2009 a 2022, el incremento porcentual en el presupuesto es tan solo de un 10%. Tan solo Castilla La Mancha y Cataluña destinaron menos recursos en ese mismo periodo de tiempo. La media de las comunidades españolas aumentó el 19%. En total, en Aragón tan solo creció en 381 millones de euros, a pesar de que los presupuestos globales han aumentado notablemente en estos últimos tres lustros. 

De 2009 a 2022 ha habido un crecimiento presupuestario muy leve, aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado a partir de 2015 para incrementar unas partidas que se vieron drásticamente recortadas en los años 2010, 2011 y 2012 a causa de los criterios de austeridad y recorte que aplicaron las administraciones públicas. Sin embargo, la pasada legislatura el cuatripartito fue el gobierno autonómico de todo el país que invirtió menos en gasto social. De hecho, fue el único que redujo esas partidas, según el estudio de esta asociación. En concreto, de 2019 a 2022 los presupuestos del gasto social se redujeron en casi 8 millones de euros, a pesar de ser el periodo marcado por la crisis del covid, que obligó a todas las administraciones a un esfuerzo adicional de gasto para afrontar las consecuencias de la pandemia. La reducción porcentual fue de un 1,74%. Fue la única comunidad que lo recortó. Las que más aumentaron las partidas fueron la Comunidad Valenciana y Baleares, destinando en torno a un 50% más que en la legislatura 2015-2019.

Según los datos de los presupuestos analizados por este colectivo, la circunstancia es aún más preocupante en el gasto destinado a la sanidad aragonesa, donde la comunidad autónoma ocupa el último puesto. Tan solo destinó en 2022, último año en el que hay datos cerrados de ejecución presupuestaria, un 3% más que en 2009. La media de las comunidades se sitúa en un incremento superior al 13%. 

Lo mismo sucede con los recursos asignados a los servicios sociales, donde Aragón ocupa con las dos Castillas el último puesto, si bien la inversión aumentó en algo más del 23%, está muy lejos de la media, que alcanza el 48%. Una falta de recursos que, por ejemplo, se hace visible en las ayudas a la dependencia, aunque en más de una ocasión el Gobierno autonómico ha responsabilizado al central de no realizar las transferencias necesarias para realizar las prestaciones que requieren la atención a las personas dependientes. 

Tan solo en educación se aumentaron los presupuestos ligeramente por encima de la media del 19%, destinando en 2022 un 21% más que en 2009. En total, 228 millones de euros más. 

Aragón destina más de 3.000 millones de euros a prestar estos servicios públicos, lo que supone un 57% del total de los presupuestos autonómicos anuales. También en este ránking se sitúa por debajo de la media, que está en el 58%. Tan solo en cinco comunidades se destina menos porcentaje del presupuesto (Valencia, Baleares, La Rioja, Navarra y Cataluña). En Castilla y León y Andalucía se supera el 65%. Son las dos comunidades donde el gasto en política social es mayor en términos porcentuales. Por habitante, Aragón destina unos 3.000 euros, y también hay seis comunidades con menor gasto, en un escalafón que cierran negativamente Cataluña y la Comunidad de Madrid, con 2.781 y 2399 euros per cápita, respectivamente. Eso sí, la evolución en 14 años ha sido en Aragón bastante negativa, ya que per cápita el crecimiento tan solo fue de 321,45 euros. La media en España supera los 400 euros y tan solo en Castilla La Mancha, Madrid y Cataluña creció menos. 

Está por ver cuál será la tendencia en esta legislatura que comienza, aunque el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya ha anunciado en su primera comparecencia parlamentaria que serán “austeros”, si bien mantendrá “los compromisos” en gasto social. De momento, las dos primeras decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico PP-PAR-Vox ha sido establecer varias modificaciones de crédito para asumir determinados pagos a la educación y la sanidad concertada. 

Barcelona lleva años en lo alto del ránking municipal de gasto social por habitante y todo parece indicar que el Ayuntamiento cerrará el mandato actual como el que más ha invertido en estas partidas de todas las grandes urbes españolas. Según un informe del consistorio barcelonés, en los últimos cuatro años se ha gastado de media 233,42 euros por persona en políticas sociales, una inversión que es un 33% superior a la de Madrid y que está lejos también de las otras cuatro ciudades más pobladas del país: València, Sevilla, Zaragoza y Málaga. 

El gobierno de Ada Colau ha sacado pecho desde su llegada al consistorio, en 2015, de su apuesta por el gasto social en la ciudad. En el actual mandato ha pasado de 216 euros por habitante a 251, un aumento del 16%, que incluye el despliegue de programas novedosos como el servicio de canguraje municipal, el de odontología para personas sin recursos económicos o el teléfono de atención al suicidio. 

El informe del Ayuntamiento utiliza los datos que anualmente recoge la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se elabora el ránking de ciudades y comunidades autónomas en función de su esfuerzo financiero para gasto social. Es en estas listas donde la capital catalana suele figurar como la capital española que más dinero destina a estas políticas, aunque si se cuentan todos los municipios analizados (los de más de 20.000) no es suya la medalla de oro: en 2021 quedó segunda por detrás de Alcalá la Real (Jaén), que gastó 255 euros. 

Para los datos de 2022 todavía no se ha presentado el informe, pero el Ayuntamiento barcelonés los ha completado con los presupuestos municipales para este año para obtener la comparativa de las seis ciudades españolas con más habitantes. Después de Barcelona y Madrid, la media de gasto social es de 134 euros en Sevilla, 128 en Málaga, 125 en Zaragoza y 113 en València. 

Según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Barcelona fue en 2021 una de las únicas seis ciudades con un gasto superior a los 200 euros por habitante. Además de Alcalá la Real, figuraban también Esparreguera (Barcelona), Puente Genil (Córdoba), Villajoyosa (Alicante) y Moguer (Huelva). De las 52 que recibieron la distinción de “excelencia social”, destacaban también las capitales de provincia Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Huelva, Valladolid, València o Coruña. 

Una vez vislumbrada el final de la crisis sanitaria con la inminente retirada de las mascarillas, ¿es posible cuantificar cómo ha afectado a los bolsillos de la población castellanomanchega? Así lo ha hecho el estudio “La factura del COVID en los hogares españoles” realizado por el Grupo Mutua Propietarios, que desvela que el importe medio de la pandemia ascendió a 1.199,46 euros en Castilla-La Mancha, en concepto de gastos para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas del coronavirus, tanto en adaptación del hogar como en material de protección.

“La pandemia ha dejado una factura que, para unos hogares, es más fácil de abonar e incluso les ha permitido ahorrar y que, para otros, ha significado un esfuerzo económico que les hace ver el futuro económico de forma más pesimista”, explica Laura López Demarbre, directora de Estrategia del Grupo Mutua Propietarios. De hecho, el sentir mayoritario de los castellanomanchegos (un 36%) lo muestran aquellos hogares que consideran que no habrá una mejora y que se sienten inseguros hacia el futuro.

El informe, que analiza los hábitos adquiridos durante la pandemia y su repercusión económica, concluye que un 41% de los hogares de Castilla-La Mancha asegura salir de este periodo “más pobre”. Una situación a la que se ha llegado por el incremento de los gastos derivados del teletrabajo (34%); el descenso de los ingresos (39%); la subida del precio del alquiler (42%); las afectaciones por ERTE (21%); las pérdidas en inversiones (14%) o el despido de algún miembro del hogar (18%).

De acuerdo con el informe, al pasar por el tamiz económico los hábitos que se han incorporado a raíz de la pandemia, hay “visión dispar” en función del hogar. Mientras que hábitos como pedir comida a domicilio, las plataformas de televisión o el uso intensivo de internet, tienen una percepción de gasto, otros como cocinar o hacer deporte en casa que se perciben como un ahorro, puesto que la alternativa, comer fuera o ir a un centro deportivo, significa un mayor importe.

“No obstante, la gran controversia la genera el teletrabajo, que es visto de forma similar como ahorro o gasto puesto que se ponen en la balanza los gastos que genera trabajar en casa frente al ahorro del desplazamiento hacia el centro de trabajo”, explica López Demarbre.

Costes de luz y mobiliario

Teniendo en cuenta estas variables, la factura media que la COVID-19 ha dejado en los hogares castellanomanchegos entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 encuentra su importe superior en las reformas (363,18 euros); seguido de los materiales de protección frente al virus (278,44 euros); el incremento de los costes de la luz (140,80 euros); y el mobiliario necesario para adaptar el entorno (86,59 euros). 

Si bien algunos de los gastos realizados durante la crisis sanitaria se hubieran llevado a cabo de igual manera - electrodomésticos o mobiliario- hay otros cuyo desencadenante está estrechamente vinculado a los nuevos hábitos derivados de la pandemia. Es el caso de la contratación de plataformas digitales (29,85 euros), la compra de material deportivo (67,95 euros) o la compra de equipos informáticos (137,95 euros).

En este sentido, destaca el hecho de que un 30% de los hogares deCastilla-La Mancha ha contratado plataformas de televisión durante la pandemia, y que un 33% ha invertido en equipos informáticos, equipando a sus hogares de las herramientas tecnológicas necesarias para poder relacionarse de forma virtual o para teletrabajar.

En este apartado, es también destacable el papel que el hogar ha jugado durante la crisis sanitaria y la percepción de que es necesario cuidarlo. De hecho, un 45% de los castellanomanchegos considera que la pandemia le ha hecho valorar más su hogar y que, por tanto, seguirá invirtiendo en su conservación. “Las horas de más que hemos tenido que pasar en nuestras casas han impulsado que el hogar y su conservación adquieran un papel mucho más importante y, por ello, prevalece la intención de seguir destinando recursos a su mantenimiento”, explica López Demarbre.

Cambio de hábitos

El informe “La factura del COVID en los hogares españoles” también ha analizado los nuevos hábitos adoptados durante la crisis sanitaria. En concreto, un 59% de loscastellanomanchegos consultados asegura que, desde el inicio de la pandemia, se relaciona más de forma virtual; un 63%utiliza más internet; un 56%ve más televisión de plataforma digital; un 51% cocina de forma más habitual; un 43% hace deporte en casa; un 38% teletrabaja; y un 25% pide más comida a domicilio.

Por último, de cara al futuro trabajar y hacer deporte en casa o relacionarse de forma virtual se consideran hábitos que irán desapareciendo. Cocinar o ver televisión a través de plataformas digitales son los que llegaron para quedarse, aunque el caso curioso es el de la comida a domicilio: pese a ser percibido como un hábito que genera gasto, un 82% de los encuestados firma que lo continuará realizando, incluso en mayor medida.