Detrás de un decreto para proteger la agricultura iba semidesapercibida una defensa de la industria bélica. Porque el concepto de “seguridad nacional” que ha implantado el presidente de EEUU, Donald Trump, ha hecho que un decreto contra la “amenaza inminente a la preparación militar” que achaca a la escasez de producción de fósforo lleve de la mano un salvavidas para la fabricante del polémico herbicida glifosato, el más vendido del mundo.

La orden ha unido los destinos de la munición de fósforo blanco y un herbicida con probados impactos ambientales y al que la ONU consideró en 2015 “posible cancerígeno para los humanos” –una clasificación disputada por la Agencia Europea de Productos Químicos y la de Protección del Medio Ambiente estadounidense–. El objetivo declarado es “promover la defensa nacional”.

“El fósforo elemental es un material escaso que resulta crítico para la defensa y la seguridad nacionales”, dice la orden. “La producción insuficiente de fósforo elemental de nuestro país debe sostener tanto la fabricación para la defensa como nuestras importantes necesidades agrícolas”.

El fósforo blanco –una forma de fósforo elemental–, además de servir de materia prima para fertilizantes, detergentes o pesticidas, “se usa para fines militares en granadas y municiones de artillería para alumbrar, generar cortinas de humo o como material incendiario”, explica la Organización Mundial de la Salud.

La sustancia “arde de manera instantánea al contacto con el oxígeno y, una vez encendido, es muy difícil de extinguir. Se adhiere a la piel y la ropa”, añade la organización que advierte: “Puede causar quemaduras profundas y graves penetrando incluso a través de los huesos”.

Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas. Da un impulso a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas

Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

“Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas”, cuenta el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Da un impulso –insiste–a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas”.

El decreto supone, en definitiva, un cable de ayuda para la empresa Bayer, ya que especifica que, al aplicarse, el secretario de Agricultura “deberá asegurar que su implementación no perjudique la viabilidad económica de ningún productor nacional de fósforo elemental o de herbicidas basados en glifosato”.

Se da la circunstancia de que el único fabricante de fósforo blanco en EEUU es, al mismo tiempo, el productor del herbicida a base de glifosato llamado Roundup: la alemana Bayer. La empresa se hizo con ese producto al adquirir en 2018 la compañía Monsanto por 63.000 millones de dólares. Bayer soporta casi una década de pérdida de valor y dinero desde que, precisamente, compró Monsanto.

Ayuda para salir del embrollo legal

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, entiende que la orden ejecutiva “supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas”. Y además, insiste Ruibal, “es una salvaguarda para Bayer”.

Precisamente la corporación alemana está metida en múltiples batallas legales por los efectos del glifosato en las personas. Más concretamente por no advertir de que puede ser perjudicial. Desde que compró Monsanto, la capitalización de la empresa ha caído de los 90.000 a los 30.000 millones de dólares. Una acción de Bayer ha pasado de valer casi 120 dólares a los actuales 30-40 dólares. El año pasado la compañía perdió más de 3.000 millones de dólares, desangrada por las disputas legales.

La batería de litigios asciende a unas 170.000 demandas centradas en el desarrollo del cáncer linfoma-no Hodgkin. 61.000 están todavía pendientes. La empresa lleva pagados unos 11.000 millones de dólares en indemnizaciones, según el cálculo del sitio especializado en demandas colectivas Open class actions. Los acuerdos tipo van de 100.000 a 160.000 dólares por demandante.

Supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas

Blanca Ruibal — Coordinadora de Amigas de la Tierra

Actualmente, el fabricante de fósforo blanco está intentando que el Tribunal Supremo de EEUU falle a su favor y le proporcione una sentencia que le sirva de barrera contra estas demandas multimillonarias por su herbicida. Y para ello está contando con el apoyo de Donald Trump.

Mientras se dirimía la admisión o no a trámite de este caso, a finales de 2025, la revista científica que publicó un artículo “ampliamente considerado como clave en el discurso sobre la carcinogenicidad del glifosato y el Roundup” retiró el trabajo. La razón esgrimida por el editor fue que “la falta de claridad acerca de qué partes del artículo habían sido autoría de empleados de Monsanto crea falta de certeza sobre la integridad de las conclusiones que sacaba”. ¿Cuáles conclusiones?: “Bajo las presentes y esperables condiciones de uso, Roundup no supone un riesgo para la salud humana”, sentenció aquel paper fechado en el año 2000.

Los autores del análisis que, finalmente, derivó en la retractación oficial, Naomi Oreskes y Alexander Kaurov, han remitido recientemente otro estudio a la revista Critical Review para que retire otro artículo favorable al glifosato por los mismos motivos, según la revista Science.

Sin embargo, la administración Trump intervino oficialmente ante el Supremo en diciembre de 2025 para pedir que aceptara a trámite la apelación de Bayer en uno de los casos de reclamación por su herbicida. Remitió un amicus brief en favor de la compañía alemana: “Debería concedérsele amparo”, era la conclusión del texto legal.

El 16 de enero pasado, el Tribunal Supremo estadounidense aceptó finalmente tramitar la apelación. El 2 de marzo, la administración Trump remitió a los jueces su petición para que dieran la razón a Bayer: “La sentencia [contra la compañía] debería ser revertida”, afirma su escrito. Se espera un veredicto para junio.

Las 'superhierbas' resistentes

La controversia alrededor del glifosato se ha centrado en sus posibles daños sobre la salud de los humanos, sin embargo, los científicos han certificado los impactos del producto sobre el medio ambiente, eclipsados por la polémica.

Entre los daños observados, el compuesto perjudica a la calidad del suelo porque puede reducir los microorganismos beneficiosos al tiempo que beneficia los perjudiciales. Esto redunda negativamente en el ciclo de los nutrientes.

También se ha estudiado cómo contamina las aguas al llegar a los cursos por la escorrentía y se filtra y afecta a las masas de agua subterránea. El producto se degrada en su principal metabolito que es mucho más persistente en la naturaleza que el herbicida en sí mismo. Además, continúa la incertidumbre sobre cómo terminará afectando la presencia constante, aunque sea a bajas concentraciones, del compuesto en los ecosistemas.

A todo esto se le ha unido que el uso masivo e indiscriminado del producto ha causado la evolución de especies de hierbas que soportan el herbicida. Unas 40 variedades en más de 30 países y otros tantos tipos de cultivo. En EEUU se han certificado en más de 24 millones de hectáreas agrícolas. La industria de pesticidas ofrece ahora una nueva generación de herbicidas a la venta contra esas variedades. Bayer, por ejemplo, espera lanzar una gama de productos contra hierbas resistentes en 2028 “con un potencial de ventas de 750 millones de dólares”.

El uso intensivo de pesticidas en general deja concentraciones inesperadamente altas en los suelos donde se aplican. Los estudios sobre el terreno han demostrado que la cantidad de residuos químicos que permanecen supera los niveles previstos para que se autorizaran esos pesticidas.

Blanca Ruibal recuerda que, en Europa, “la Comisión está inmersa en una carrera a la baja que va a desmantelar leyes fundamentales sobre los productos fitosanitarios, como el glifosato”. Y reclama que “la Unión Europea debería prohibir de forma definitiva este producto y apostar por una producción de alimentos sostenible y saludable, enfocada además a alimentar a la población europea y no a los mercados”.

De hecho, este patrón de uso de los compuestos es una de las causas de pérdida de biodiversidad y daños ambientales, como reconocía la propia UE hasta hace poco tiempo. Luego, la ola antiecológica impulsada por el sector primario y las formaciones políticas de ultraderecha y derecha, ha hecho que, por ejemplo, se eliminara el proyecto de ley europea para reducir el uso de pesticidas en un 50% y, más tarde, se proyecte la autorización de pesticidas sin las revisiones de efectos obligatorias que hasta ahora han funcionado.

Javier Raboso advierte de que “esta política de tierra quemada del glifosato y el fósforo como la impulsada por EEUU genera al final una manera diferente de mirar las cosas y tienen eco en las políticas europeas”. Y no hay que dejar de vista, añade, que “las presiones de las empresas para que las regulaciones les favorezcan se reproducen. Bayer, igual que hace lobby en Washington, hace lobby en Bruselas. Y decisiones como estas les dan alas”.

El anuncio del fichaje de Carlo Ancelotti como entrenador de la selección de Brasil fue sido el primer paso de forma oficial para confirmar lo que era un secreto a voces: el adiós del italiano para dar paso a Xabi Alonso, ex jugador del Real Madrid que se pondrá al frente del banquillo la próxima temporada.

Un Xabi Alonso que tras sus cinco temporadas como jugador ya conoce el entorno del Real Madrid y que regresa al club como entrenador para seguir los pasos de Zinedine Zidane, que dejó su huella en ambas facetas, en el campo y en el banquillo, y lo hace tras una trayectoria de éxito en la Bundesliga.

Xabi Alonso: el entrenador que puso fin al dominio del Bayern en Bundesliga

En 2017, Xabi Alonso colgó las botas en el Bayern de Múnich tras tres temporadas vistiendo la camiseta del equipo de Bundesliga. En Alemania puso fin a su carrera como jugador, y en el país se confirmaría como entrenador, pues si bien ya tenía experiencia previa, fue con el Bayer Leverkusen con el que alcanzaría sus primeros grandes éxitos en el banquillo.

El exjugador, que fue campeón del mundo con la selección española, comenzó su carrera como entrenador precisamente en el Real Madrid, en el equipo infantil, donde se coronó campeón de la categoría. Este primer logro le hizo luego hacerse cargo de la Real Sociedad B, el filial al que ascendió a Segunda División 50 años después, aunque luego en 2022 finalizara con el descenso y que sería su adiós.

Pero esta primera experiencia en categorías inferiores hizo que el fútbol alemán y en octubre de 2022 sería cuando Xabi Alonso se convirtió en entrenador del Bayer Leverkusen tras una racha de malos resultados, y con ello daría comienzo a una etapa de las más exitosas de uno de los clubes más históricos de la Bundesliga.

De hecho, tan solo una temporada después de su llegada, el guipuzcoano consiguió la proeza de acabar con el dominio del Bayern de Múnich, que llevaba 11 títulos de Bundesliga consecutivos, y logró el primero de liga del Bayer Leverkusen en 2023-24, en un histórico doblete que añadió Copa de Alemania, y todo ello con una racha de invicto que nadie antes había conseguido en Europa.

La increíble e histórica racha que consiguió Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen

La segunda temporada de Xabi Alonso en el banquillo del Bayer Leverkusen supuso el doblete de títulos de Bundesliga y Pokal (Copa alemana), pero también la consecución de la racha de imbatibilidad más larga de la historia en el fútbol, con 51 partidos sin perder en Europa, y al que se puso fin al caer en la final de la Europa League ante el Atalanta (3-0).

En Bundesliga serían un total de 35 partidos invictos que finalizarían ante el Leipzig, al caer 2-3 el 31 de agosto de 2024, ya dentro de la campaña 2024-25, en la que no han logrado repetir el título liguero, al quedar en segunda posición tras el Bayern, pero sí han conseguido la clasificación para la Champions League.

El Bayer Leverkusen ganó así la primera Bundesliga de la historia sin perder ni un solo partido con un balance de 28 victorias y 6 empates para un total de 96 puntos, y que se cerró cinco jornadas antes de la finalización de la competición.

Esta temporada 24-25 ha sido la última de Xabi Alonso al frente de Bayer Leverkusen, y su trayectoria de éxito ha sido lo que ha hecho que haga el camino inverso al que hizo como jugador y pase de Bundesliga al Real Madrid como entrenador, en la que será su primera experiencia en equipo de primera división en el fútbol español.

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y de aprendizaje automático (AA) están “revolucionando” la atención médica, según los especialistas. Y va tan rápido que casi cada semana hay novedades. La IA entrena, aprende y necesita soporte en forma de centros de datos, además de profesionales formados y mucho tiento para garantizar una implementación responsable y ética.

Castilla-La Mancha se ha subido a este carro tecnológico. El último proyecto es la creación de la Cátedra de Inteligencia Artificial asociada a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La institución académica ha suscrito un convenio con Bayer Hispania (BHI) por el que la multinacional farmacéutica invertirá 40.000 euros anuales en el proyecto. Se trata, explica el documento, de “optimizar los procesos clínicos, reduciendo tiempos de espera y maximizando los recursos disponibles”. Su objetivo es “mejorar la precisión y el avance en el diagnóstico de enfermedades” y la “selección de tratamientos más efectivos mediante la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial”. ¿Sustituirá a los médicos? Sus impulsores dicen que no. La función es “ayudar”.

La cátedra aspira además a “convertirse en un centro de investigación avanzada en la convergencia de la Medicina y la Inteligencia Artificial, permitiendo a los investigadores desarrollar algoritmos y modelos que aborden problemas médicos específicos”. Entre otros, funcionará en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM).

El Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones (ITCT) del campus de Cuenca será la sede del proyecto que dirige Jorge Mateo Sotos. Este doctor ingeniero en Telecomunicaciones, profesor en la Escuela Politécnica conquense, se muestra exultante por haber logrado que la cátedra se quede en su provincia natal.

Con él charlamos sobre los desafíos inmediatos. Dice que en cuando se habla de esta tecnología “hay que mover ficha muy rápido para no quedarse obsoletos”.

¿Cómo surge la idea de poner en marcha la cátedra?

Se viene fraguando en los últimos tres años, hasta la firma del convenio con la multinacional farmacéutica en julio de 2024. Queremos potenciar el uso de la inteligencia artificial en la Medicina.

Nuestro grupo investigador, el Grupo Experto en Análisis Médico (GEM) de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya tiene experiencia de 20 años en desarrollo de técnicas de IA aplicadas al sector sanitario. Supone dar continuidad a nuestro trabajo. Se trata de generar sinergias con el sector sanitario y la empresa.

¿Cómo se va a estructurar?

Ana María Torres Aranda se ha incorporado como vocal de la cátedra y se irá sumando más gente. Ya hay quien nos ha dicho que quiere hacerlo. La idea es colaborar con los hospitales para impulsar su aplicación.

Tendrá cuatro pilares: investigación, divulgación, formación y transferencia a través de publicaciones científicas que avalen nuestro trabajo. Y no podremos estar nueve meses, o un año, para que lo evalúe una revista, porque cuando se quiera publicar estará caducado. La revisión por pares deberá ser más ágil.

¿Cuál es la contraprestación entre una multinacional farmacéutica y la UCLM?

Al final es un mecenazgo. Bayer quiere que impulsemos la IA en el sector sanitario y ofrece sus ideas y su dinero para ampliar conocimientos. En el convenio suscrito queda claro. No desarrollaremos productos de Bayer ni sugeriremos utilizar los suyos. Es un mecenazgo para avanzar en investigación.

La cátedra se presenta oficialmente y usted defiende la IA como una revolución para la salud. ¿Por qué?

Porque será algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Ahora ya lo vemos con herramientas generativas del tipo ChatGPT, pero hay otras mucho más potentes que permitirán que la gestión clínica, el triaje en los hospitales y otras cuestiones sanitarias vaya más rápido. Convertirá ciertas gestiones repetitivas en automáticas y lo hará bien.

Es un gran avance en la productividad de las personas. No nos damos cuenta, pero lo haremos.

La IA no sustituirá al sanitario. Será una ayuda. Se aumentará la productividad y se podrá dedicar más tiempo al paciente. Mejorará el aspecto social

Los objetivos serán mejorar la precisión en el diagnóstico de enfermedades y facilitar la selección de los tratamientos que sean más efectivos. ¿Cómo?

Al final la IA es una ayuda al diagnóstico. Las historias clínicas no dejan de ser datos. A veces el sanitario no ve el patrón que existe, por ejemplo, en la posibilidad de sufrir un trombo. La IA analiza el histórico de datos, es capaz de revelar un patrón y facilitar el diagnóstico.

Ayudará, por ejemplo, a controlar la dosis exacta en cada paciente de cáncer. Será una medicina más personalizada. Llevamos un tiempo trabajando en eso, para permitir que el clínico afine más, y se eviten los efectos secundarios.

¿El objetivo pasa por sustituir al sanitario en la toma de decisiones sobre diagnóstico y tratamientos?

No. Será una ayuda. Se aumentará la productividad y se podrá dedicar más tiempo al paciente. Mejorará el aspecto social.

¿La cátedra de IA desarrollará sus propios algoritmos?

Sí, los desarrollamos. Hay que probar con muchos hasta obtener buenos resultados. Y actualizarse de forma constante.

¿Se ha aplicado a efectos prácticos o como piloto en algún centro sanitario?

Estamos todavía en la fase de desarrollo. Hay freno para aplicar la IA, salvo por ejemplo a la hora de adquirir tecnología como puede ser un TAC.

Ahora mismo no podemos acceder a las historias clínicas mediante la IA. Para funcionar debe poder cargar los datos, estar integrada en cada centro sanitario, y eso ahora no es posible.

¿Se ofrecerán también soluciones en la gestión administrativa del personal sanitario?

Sí, iremos avanzando también en ese tipo de proyectos. Se trata de ir colaborando en la gestión con distintos ámbitos sanitarios.

La IA no llegará nunca al registro de pacientes, estará desvinculada

Los sectores sanitario y farmacéutico son muy sensibles porque hablamos de personas. ¿La cátedra tendrá o tiene normas éticas?

Se regirá por los mismos protocolos éticos de la Sanidad. Sabemos que trabajamos con datos sensibles.

Uno de los mayores desafíos será garantizar la protección de la privacidad del paciente y la garantía de la seguridad de los datos. Los ataques cibernéticos a los hospitales no son ya nada extraño. ¿Cómo lograrlo?

Trabajamos con datos anónimos. Nunca podremos encontrar al paciente. La IA no llegará nunca al registro de pacientes, estará desvinculada. Llevo muchos años ya trabajando en esto y nunca conocemos el expediente del paciente. No se entrena a la IA de esa forma.

Ahora justo lo que nos falta es que los hospitales sean capaces de generar esos datos anonimizados para aplicarles la IA.

¿Cómo cree que se resolverán los dilemas éticos o los posibles errores derivados de las decisiones tomadas por un algoritmo?

Siempre decimos que esto es solo una ayuda, pero realmente es el clínico el que debe tomar la decisión. Hoy por hoy es así.

Iremos afinando, también lo ético. Creo que irán surgiendo empresas que ofrezcan este tipo de servicios para que se cumpla la legislación vigente.

Iremos afinando, también lo ético. Creo que irán surgiendo empresas que ofrezcan este tipo de servicios para que se cumpla la legislación vigente

Implementar las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) en un sistema sanitario público como el español, ¿será sencillo?; ¿está preparado?

Va lento, pero claro que se puede. Habrá alguna comunidad autónoma que sea la primera. Se irán implementando poco a poco los centros de datos, que deberán ser muy seguros y estar protegidos, con buena conexión.

La planificación debe hacerse poco a poco. Quizá se externalice para que la gestión la realicen las empresas.

¿Cree que Castilla-La Mancha aspira a ser la primera en implantarlo?

Nosotros vamos a impulsarlo, a potenciar el conocimiento. Va muy rápido. Hay que formar a la gente.

Es cierto que el agua es un hándicap para los centros de datos, y por eso se pondrán junto a un río o algo similar para que no sea un problema serio

El Gobierno regional está impulsando centros de datos en la comunidad. Se ha anunciado también un Centro de Ciberseguridad propio. ¿Tiene relación?

Sí, los centros de datos vienen muy bien, deben ir aumentando para no depender de otros sitios. Se puede ir haciendo poco a poco.

Los centros de datos consumen agua y energía. ¿Hay capacidad cuando se habla del agua como un bien escaso por el cambio climático?

Es verdad que los centros de datos consumen agua porque los ordenadores han de estar refrigerados, pero son circuitos cerrados. No tiene por qué estar consumiendo mucho, aunque se evapore. Es cierto que es un hándicap y por eso se pondrán junto a un río o algo similar para que no sea un problema serio. No creo que los centros de datos vayan a ser los que más agua consuman en Castilla-La Mancha. En cuanto a la energía, se alimentan de solar o eólica.

Apostar por los centros de datos creará puestos de trabajo cualificados y asentará población.

Es cierto que el agua es un hándicap para los centros de datos y por eso se pondrán junto a un río o algo similar para que no sea un problema serio

¿Cuánta formación necesitará el personal sanitario? La cátedra ya propone acciones de formación predoctoral y postdoctoral o becas…

El desarrollo de la IA va tan rápido que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de formar a la gente. Muchos se piensan que esto es como una caja negra y de repente se dan cuenta de que no lo es, porque funciona muy bien. Esto viene para quedarse y hay que subirse al tren del conocimiento matemático que proporciona el algoritmo. Hay que fortalecer la formación.

¿La telemedicina asistida por IA es posible en territorios despoblados, y tecnológicamente menos desarrollados, como es el caso de Castilla-La Mancha?

Será un gran empuje para la telemedicina. Serán habituales las conexiones remotas en los centros de salud de Castilla-La Mancha. Los datos se volcarán a la interfaz y será la IA analice el resultado. En los centros de salud o en casa, en el móvil. El paciente recibirá alertas si hay un problema.

En la región no tenemos tan mala conexión en los pueblos. Casi todos tienen cobertura 4G, es lo mínimo para los centros de salud si queremos tener imágenes o vídeos. Si se trata de enviar datos biomédicos, bastaría con un 3G.

La factoría que la multinacional farmacéutica Bayer posee en Asturias celebra este jueves su 125 aniversario. Más de un siglo concentrando en Langreo (Asturias) toda la producción mundial de ácido acitelsalicílico o lo que es lo mismo, aspirina.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; y el consejero delegado de Bayer en España y Portugal, Jordi Sánchez, quien aprovechó este aniversario para anunciar el acuerdo con Iberdrola para adquirir 25 000 metros cuadrados de los terrenos de la antigua central térmica aledaños a la factoría que la farmacéutica tiene en Langreo.

Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo y ha subrayado que ayudará a seguir posicionando la planta de Langreo como un referente internacional en producción farmacéutica, al tiempo que reafirmaba su compromiso con Asturias y avanzar con Iberdrola en una colaboración que ya existe desde hace muchos años.

La última inversión ejecutiva por la farmacéutica en su planta asturiana fue el pasado 2024 y, cuantificada en 3,7 millones de euros, estuvo destinada, principalmente, a la ampliación de sus infraestructuras. Un compromiso “firme” elogiado tanto por el ministro de Industria como por el presidente del Principado, en sus respectivas intervenciones.

Por otra parte, el consejero delegado de Bayer se ha mostrado partidario de una vuelta a “lo industrial” en Europa, algo prioritario para mejorar la competitividad, así como para fomentar la soberanía estratégica del continente, pero sin olvidar, eso sí, la agenda verde.

El ministro de Industria ha situado a la empresa como ejemplo de la política industrial que España y Europa deben impulsar para asegurar su soberanía energética, defender los principios de la ciencia y reforzar el proyecto europeo. En la misma línea se pronunciaba el presidente asturiano quien subrayaba también el papel de Bayer como agente de cambio e innovación, situando a Asturias en el mapa sanitario mundial.

Adrián Barbón destacó además en su discurso el compromiso de la farmacéutica alemana con la sostenibilidad, remarcando que la decisión adoptada para reducir cada vez más sus emisiones y está dispuesta a descarbonizar el cien por cien de su producción, un esfuerzo que se alinea con la transición verde de la industria europea, ha dicho.

Por último, Barbón quiso darle un consejo al consejero delegado, Jorge Sánchez: “si el libro sobre la historia de Bayer en Asturias sale adelante, deja el final abierto, porque aún tenéis que escribir muchas páginas del futuro de Langreo y de España”.

La farmacéutica y química alemana Bayer ha subido casi un 10% en las primeras horas de cotización en la Bolsa de Frankfurt este viernes, tras una sentencia favorable en un caso sobre el herbicida Roundup en Estados Unidos. Las acciones de la empresa se han revalorizado en un 9,88 % pasadas las 9:00 locales de este viernes, hasta los 28,87 euros por título, según datos del mercado recogidos por la agencia EFE.

La farmacéutica, que cotiza en el DAX 40, ha experimentado esta subida después de que un tribunal federal de apelaciones del Estado de Filadelfia (EEUU) rechazara ayer, jueves, una reclamación que alegaba que Monsanto, propiedad de Bayer, había vulnerado la legislación de ese estado.

Según recogen varios medios alemanes, el demandante, David Schaffner, alegaba que Monsanto se había saltado la ley al no añadir una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del producto. Schaffner y su esposa presentaron cargos contra Monsanto en 2019, después de que a Schaffner le diagnosticaran en 2006 un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático.

Sin embargo, en su sentencia, el juez ha asegurado que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas estadounidense requiere uniformidad a nivel nacional en las etiquetas de pesticidas y prohíbe a los estados imponer requisitos adicionales, por lo que ha desestimado la acusación particular.

Tras la adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares, la farmacéutica alemana ha hecho frente a múltiples reclamaciones legales después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelase que el glifosato, el ingrediente principal en Roundup, podría ser cancerígeno.

Bayer ha reservado hasta 16.000 millones de dólares —14.553 millones de euros— para hacer frente a más de 100.000 casos relacionados con Roundup, que adquirió cuando compró Monsanto por 63.000 millones de dólares —57.304 millones de euros—.

En 2023, Bayer perdió 2.941 millones de euros y redujo su facturación un 6,1 % respecto al año anterior, en parte por los litigios y sus altos niveles de endeudamiento, según sus resultados publicados el pasado mayo.

Ante estas cifras, la compañía ha anunciado que durante los próximos tres años se centrará en construir una sólida cartera de productos, abordar litigios, reducir la deuda y realizar despidos sustanciales para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026.

La farmacéutica Bayer ha presentado en Aldeanueva de Ebro los primeros resultados del proyecto Dionisio, una apuesta por la biodiversidad que se integra en la visión de la agricultura de futuro y regenerativa. Como defienden desde Bayer “no hay agricultura sin biodiversidad pero tampoco al revés. Ambos elementos deben ir de la mano y quiénes mejor que los agricultores para trabajar en ello; Cuidar el campo y cuidar la biodiversidad”.

Aunque todavía los resultados son preliminares, este jueves se ha dado a conocer en Bodegas Real Rubio los primeros pasos del proyecto que comenzó hace dos años junto a la asociación agraria ARAG-ASAJA y la ONG GREFA con el objeto de mostrar la compatibilidad entre productividad agrícola y conservación de la naturaleza.

Actualmente hay cuatro fincas que forman parte de él y que están desarrollando planes de acción de conservación que promueven la biodiversidad en fincas agrícolas con sistemas intensivos. Para ello se evalúan las áreas naturales y seminaturales, se catalogan las especies de flora y fauna y, posteriormente, se elaboran una serie de recomendaciones prácticas para gestionar, recuperar y valorizar las áreas.

Todo ello con un doble objetivo, por un lado mostrar que una producción agrícola intensiva, sostenible, que preserve y promueva la biodiversidad en el campo español es posible y, por otro lado, cumplir con las expectativas de los consumidores y las exigencias legislativas.

En el caso de la finca 'El Tordillo', un viñedo singular situado en el municipio de Aldeanueva de Ebro, que cuenta con diez hectáreas de regadío, fue la primera explotación agraria en implementar los planes del proyecto en 2022 y en donde, precisamente, se han presentado los primeros resultados.

Tras un proyecto inicial por parte del equipo especialista, se establecieron las prioridades de conservación de la finca en cuanto a diversificación del hábitat. Ahora, una vez pasados dos años desde su instalación, el estado de las actuaciones para la promoción de la biodiversidad en la finca es el siguiente: Charca para anfibios, cajas nidos para aves, para rapaces y también para murciélagos, seto como refugio para polinizadores y otras especies, hoteles de insectos y posaderos para rapaces.

Esta diversificación permitirá mejorar aspectos de la salud del ecosistema, como la defensa frente a la aparición de especies plaga e invasoras. Aunque todavía se debe avanzar más, los resultados iniciales “ya se están viendo y son un éxito”, tal y como ha destacado Gonzalo Monedero (Biodiversity Node) quien ha explicado el proceso que se ha realizado en estos viñedos.

Monedero ha indicado que, a pesar de su juventud, “el proyecto ha ido dando pasos importantes”. En el caso de este viñedo, tras conocer los problemas que tenía, el entorno, los elementos naturales de la finca con sus alrededores “hicimos un cómputo de los estudios e inducimos estas medidas concretas y específicas con el objetivo de que el cultivo sea rentable y se respete la biodiversidad”.

“Medidas que se han tomado siempre de la mano de los agricultores y en consenso con ellos. Ahora estamos en resultados preliminares pero son satisfactorios sin haber acabado el año de seguimiento”. Finalmente, ha añadido, “actuamos en zonas no productivas de viñedos, en su entorno más cercano, pero cuando se trabaje ahí, los efectos dentro de viñedo todavía serán más importantes. La biodiversidad traerá beneficios para el cultivo y hay que seguir teniéndolo muy presente para hacer una agricultura resiliente ante futuras adversidades”.

“Producir más y mejor pero protegiendo el medio ambiente”

En el acto de presentación también ha participado el director general de Bayer CropScience, Protasio Rodríguez, para mostrar “el compromiso de Bayer con la agricultura y la sostenibilidad” porque “son dos caras de la misma moneda”. “Proyectos como el que hoy presentamos -ha indicado- permitirán también dejar a las generaciones venideras un entorno más único que el que tenemos hoy”.

Por tanto -explica- “hoy reafirmamos nuestro compromiso con la biodiversidad, con los agricultores y con el sector vitivinícola riojano”. Un sector “tan importante para la economía de la región y de España porque genera empleo, riqueza, exporta y permite compatibilizar innovación con sostenibilidad”.

El director general ha querido poner en alza también “el interés de Bayer por la sostenibilidad” que es “patente” con cifras y hechos tangibles. En este sentido ha explicado que el sector agrario “da respuesta a las necesidades de la sociedad para producir dejando una huella ambiental más reducida”. Además, “compartimos desde Bayer la vocación innovadora que es el motor de la investigación que llevamos y coordinamos”.

Para Rodríguez es fundamental trabajar “por la protección de cultivos” también a través de “herramientas digitales” con el fin de “producir más y mejor pero protegiendo el medio ambiente”. Todo también permitirá asumir los próximos retos que tenemos “no solo aquí, sino a escala global” como es “introducir una dieta saludable, rica, variada y hacerlo de forma sostenible”.

Pero como reconoce “es un gran reto del sector agroalimentario que no podemos afrontar solos, es fundamental la colaboración y, por eso, quiero destacar que estos resultados son posibles también gracias a la colaboración con muchas asociaciones, como ARAG-ASAJA. Entre todos tenemos la oportunidad pero también la responsabilidad de afrontar la transición hacia una agricultura regenerativa que no solamente sea sostenible sino que mejore el medio”.

“Ejemplo de biodiversidad”

En la presentación del proyecto Dionisio también ha participado el jefe de Servicio de Investigación de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Sergio Ibáñez, quien ha asegurado que traer este tipo de alternativas a La Rioja “es un éxito” porque “aunque sea una tierra pequeña ofrece muchas posibilidades y es ejemplo de biodiversidad”. Además ha animado a que estos proyectos “continúen” porque son importantes y “si nos vamos a políticas europeas estamos destinados a proteger este ámbito”.

Por su parte, el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha destacado la importancia para los agricultores de este proyecto y la correlación entre el sector agrario y las industrias “para garantizar la sostenibilidad mejorando la calidad de las exportaciones”. “Una iniciativa necesaria porque los profesionales del sector agrario llevamos años apostando por la agricultura sostenible y adaptándonos a las exigencias del pacto verde europeo”.

Como ha reconocido “no es nuevo para nadie que el sector agrario está atravesando dificultades importantes y que disminuyen nuestro subsistir. A los costes de producción, la situación de incertidumbre, la sequía y el cambio climático, los agricultores y ganaderos nos enfrentamos a unas normativas que complican mucho nuestros trabajo”.

Pérez ha aseverado que “los hombres y mujeres del campo queremos vivir de nuestro trabajo. Seguimos trabajando en esto y nuestra colaboración con Bayer con este proyecto lo demuestra porque el sector agrario es el presente y el futuro de la sostenibilidad en nuestro entorno”.

Hay apuestas empresariales que, como las que se hacen en el casino, pueden resultar demasiado caras. Las apuestas a las que se lanzó el gigante farmacéutico alemán Bayer para explotar el glifosato – el herbicida más utilizado en el mundo – y para producir un medicamento todavía en fase experimental llamado Asundexian, de momento, están costando mucho dinero a la firma germana. Tal vez demasiado.

La empresa está en crisis desde que tanto el glifosato como Asundexian se convirtieron en fuente de problemas para la firma con sede en Leverkusen (sureste germano) y presidida por el estadounidense Bill Anderson. Este hombre, que tomó los mandos el pasado mes de junio, tiene que conducir una compañía con 160 años de historia – fue fundada en 1863 – pero que ahora asume tiempos más que complicados.

A finales de noviembre, un juez de Misuri, en Estados Unidos, condenaba a la empresa farmacéutica alemana a pagar 1.560 millones de dólares (unos 1.433 millones de euros) en un caso en el que tres usuarios de Roundup, herbicida hecho a base de glifosato, acusaban al célebre producto de jardinería de haberles provocado enfermedades, incluido cáncer. Roundup es un producto, originalmente, de la empresa agroquímica estadounidense Monsanto. Monsanto fue adquirida por Bayer en 2018.

Los comentaristas de la actualidad económica alemana afirman que en la compra de Monsanto por parte de Bayer, valorada en unos 58.000 millones de euros, sólo terminaron ganando dinero los abogados de Goldman Sachs y el resto de letrados contratados para cerrar la operación. Este miércoles, otro magistrado de un tribunal de Filadelfia sentenció que la farmacéutica alemana tenía que pagar 3,5 millones de dólares a un demandante porque queda demostrado que el cáncer que padece está causado por el uso de glifosato de un herbicida de Bayer, comercializado con la marca Roundup.

En vista de decisiones como la de los jueces de Misuri y Filadelfia (la quinta derrota en los tribunales de Bayer en los últimos tiempos) la ironía de los comentaristas esconde el drama de un gigante industrial germano que seguramente tenía otros planes cuando compró Monsanto. Aquella costosa operación fue “la adquisición más cara jamás realizada por una empresa alemana en el extranjero”, ha recordado en sus páginas económicas el diario Frankfurter Rundschau.

También tenían como un proyecto de futuro el medicamento Asundexian. El objetivo era que este nuevo medicamento aportara hasta 5.000 millones de euros al volumen de negocio en el futuro próximo. Pero que este medicamento dirigido a prevenir el ictus en determinados pacientes acabe en un negocio próspero es algo que está por ver.

“El mayor destructor de valor del mercado alemán de capitales”

De momento, el pasado 19 de noviembre se conocía que se paraba la fase tres del desarrollo del medicamento, en la que el nuevo producto se empezaba a probar en grandes grupos de personas. Por lo visto, hubo que abortar las pruebas por falta de eficacia del medicamento, según ha recogido la agencia británica Reuters. Esas frustradas pruebas eran “las mayores” que hasta ahora había preparado Bayern, según la propia compañía.

Esta noticia y la de la condena judicial en EEUU tuvieron un impacto directo en la salud bursátil de Bayer. Las acciones perdieron una quinta parte de su valor en un día. El lunes 20 de noviembre las acciones cotizaban a 34,01 euros. El viernes 17 de noviembre el precio estaba en 41,45 euros. En el momento de escribir estas líneas, la acción de Bayer alcanzaba los 31,36 euros.

La caída del valor de los títulos de Bayer en noviembre no tiene precedentes en la historia reciente de la compañía. No obstante, “el drama de las acciones de Bayer”, según un reciente titular económico del Frankfurter Allgemeine Zeitung, no es el único.

Pero ocurre que en el contexto actual Bayer ha pasado a ser “el mayor destructor de valor del mercado alemán de capitales”, según el análisis que hacen en las páginas económicas de ese diario de Fráncfort. Se estima que el valor bursátil de Bayer desde que compró Monsanto ha caído en unos 60.000 millones de euros.

“¿Se puede aún salvar a Bayer?”

La caída del valor de las acciones de Bayer también tiene como telón de fondo una situación preocupante por la deuda. “Bayer se resiente por sus elevadas deudas”, han planteado en el diario económico Handelsblatt, al dar cuenta de una deuda neta que en el tercer trimestre de este año estaba en 38.721 millones de euros, según datos del portal de estadística alemán Statista. Las subidas de tipos de interés están suponiendo para empresas como Bayer un lastre añadido.

En este contexto, los analistas apuntan a una “tragedia” causada por “daños autoinfligidos” para referirse a la situación de Bayer. Otros se preguntan, como hacía en páginas económicas el diario Die Welt: ¿Se puede aún salvar a Bayer?“. Este tipo de interrogantes están precisamente ahora cuestionando la labor de Bill Anderson, que apenas lleva medio año en la compañía.

Anderson, al igual que otros líderes de grandes empresas alemanas como el fabricante de coches Volkswagen o la metalúrgica Thyssenkrupp, tienen muy presente recurrir a los despidos. España ya se ha visto afectada por estas medidas. El propio Anderson ha dicho que la plantilla de la compañía, que da trabajo a unas 100.000 personas en 83 países, tendrá que “reducirse considerablemente” dadas las circunstancias.

Las circunstancias, para Bayer, están muy lejos de ser óptimas. Pero esto no se debe al mal momento que atraviesa la economía germana ni, concretamente, a los altos costes energéticos que implica hoy por hoy producir en suelo germano. Estos son males que acusan especialmente otras firmas alemanas. Pero los males que padece Bayer tienen más que ver, sobre todo, con las costosas apuestas de su pasado reciente.

Todo apunta a que Bruselas tendrá la última palabra. La Comisión Europea ha planteado una extensión de diez años para el uso del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y que acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales–, pero no logra el respaldo suficiente de los 27 (un 55% de los estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria). A mediados de este mes habrá una nueva oportunidad y, si no se alcanza ese quorum, el gobierno que preside Ursula von der Leyen tomará una decisión antes del 14 de diciembre, fecha en la que vence el actual periodo para la comercialización del fitosanitario inventado por Monsanto (ahora propiedad de Bayer).

La Comisión Europea planteó en julio una prolongación de una década del uso del glifosato después de que la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA) descartara “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

La propuesta contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de la ampliación, pero la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de esa ampliación bajo la premisa de que no hay contraindicación por parte de la EFSA. No obstante, hay distintas sensibilidades dentro del Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición, y Unidas Podemos se ha posicionado claramente en contra del uso de esa sustancia, que cuenta con un importante rechazo de las organizaciones medioambientales.

A favor y en contra

La campaña Stop glifosato tuvo un importante impacto en países como Francia o Alemania. Ambos se abstuvieron en la votación de mediados de octubre, lo que en la práctica computa como un voto en contra. Por eso ni el apoyo a la propuesta ni su rechazo contaron con el respaldo suficiente y ahora hay una segunda ronda en el Comité de Apelación.

El argumento del Gobierno de Emmanuel Macron es que su apuesta es restringir el uso del glifosato y utilizar alternativas cuando sea posible. Así, no consideran que la propuesta de Bruselas vaya en esa dirección. En el caso de Alemania, Los Verdes (que están al frente del Ministerio de Agricultura) quieren prohibir el glifosato en contra del criterio de los liberales (también en el Gobierno), por lo que optaron por la abstención. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato, como en México y Colombia. Madrid y Barcelona dejaron de usarlo en sus jardines hace unos años

La división también fue palpable en la Eurocámara, que rechazó por 40 votos (PPE, liberales y extrema derecha) frente a 38 (socialdemócratas, verde e izquierda) y seis abstenciones, una propuesta para prohibir esa sustancia objetando a la propuesta de la Comisión. Una propuesta que, por otra parte, organizaciones agrícolas ven insuficiente porque aspira a una ampliación de una década y no de 15 años, que es el periodo habitual. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato. México, por ejemplo, legisló en esa dirección y Colombia anuló las fumigaciones aéreas con esa sustancia para acabar con las plantaciones ilegales de coca. A otro nivel, varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, dejaron de usar ese herbicida en sus jardines hace unos años.  

Causas por cáncer o malformaciones

“El uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana”, señalan Koldo Hernández y Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, en un artículo en elDiario.es. “En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos”, agregan.

Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega que tenga efectos cancerígenos

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, advierten en Greenpeace. 

La Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos en base a la evidencia científica de la aparición de tumores en animales expuestos. Sin embargo, la UE rebajó la advertencia, a través de la EFSA, que aseguró que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

A pesar de que no existen informes concluyentes, se acumulan decenas de miles de demandas judiciales por los efectos adversos de esa sustancia, fundamentalmente como causante de cáncer. Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto Roundup por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega los efectos cancerígenos del producto.

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada

En Estados Unidos la compañía ha perdido alguna batalla judicial, si bien ha ganado otras. Una de las derrotas más sonadas fue el rechazo de la apelación por la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, que atribuía el cáncer que padecía al uso que hizo del herbicida Roundup durante 26 años sin aviso de que era cancerígeno. También fue multada por publicidad engañosa al anunciar su producto como seguro “sin aportar pruebas suficientes”, según recogió la Fiscalía General de Nueva York. 

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada. El Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), un organismo oficial galo, ha otorgado una indemnización de alrededor de 1.000 euros al mes a Théo Grataloup, que a lo largo de sus 16 años de vida ha tenido que someterse hasta a 54 cirugías por las graves malformaciones de la laringe, el esófago y varios órganos, que obligaron a reconstruir sus sistemas digestivo y respiratorio. 

Con esos precedentes, y sin una conclusión científica clara, la UE tiene que tomar una decisión sobre la prolongación del uso de ese pesticida. La división no es nueva y se remonta al menos al año 2015, cuando ya se puso cuesta arriba aprobar la primera ampliación. Tras dos años de negociaciones y prórrogas, los 27 aprobaron una extensión hasta 2022 gracias, entonces, al viraje desde la abstención al “sí” de Alemania. Ese periodo concluyó el pasado mes de diciembre y se acordó una ampliación que caduca ya. Si no hay mayoría, la decisión corresponde a la Comisión Europea, que tiene bastante presión, aunque sostiene que es una “buena propuesta” con suficientes “restricciones y condiciones”.

Bayer Hispania ha anunciado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 135 trabajadores de su división farmacéutica, 13 de ellos de la planta que la multinacional tiene en Lada (Langreo), donde produce todo el principio activo con el que luego fabrica aspirinas en todo el mundo.

Prácticamente afectará al diez por ciento de la plantilla de la fábrica langreana, que actualmente cuenta con más de 140 empleados para la producción de cuatro principios activos, entre ellos, el ácido acetilsalicílico, componente base de la aspirina.

La compañía ha trasladado a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que el ERE tiene carácter coyuntural y se deriva de incidencias en el mercado español de productos farmacéuticos.

De las 135 personas afectadas a nivel nacional por el ERE, en su mayoría en el área comercial, 13 corresponderían a la planta asturiana.

Garantizar la competitividad de la planta

La multinacional también ha comunicado al Gobierno asturiano que las medidas de carácter laboral previstas en Lada tienen como objetivo “adaptar las capacidades productivas para garantizar la competitividad de la planta y preservar su condición de centro productivo de referencia a nivel mundial”.

Desde la compañía ha asegurado también que esta decisión no compromete las inversiones anunciadas en su centro del Principado.

En un comunicado, el Gobierno de Asturias ha mostrado su confianza en que el periodo de negociación del ERE con la representación de los trabajadores “permita buscar las mejores soluciones para las personas afectadas”.

Bayer ha iniciado conversaciones con la representación legal de sus trabajadores en España para iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 135 posiciones de su división farmacéutica, según ha informado la compañía en un comunicado y recoge Europa Press.

Esta medida, que afectará a casi el 6% del total de la plantilla en España integrada por más de 2.400 profesionales, “es consecuencia de la situación del mercado en el país, marcada por las dificultades de acceso a nuevos fármacos, y de la madurez de algunas de las marcas clave de la compañía”, ha declarado la multinacional.

Ante este contexto, Bayer ha decidido enfocar su acción de promoción comercial en los nuevos lanzamientos con potencial de crecimiento, reduciendo así esfuerzos en productos que se encuentran en la fase final de su ciclo de vida. Asimismo, la empresa busca ajustar sus estructuras y modificar el modelo organizativo de promoción comercial y de soporte de diversas unidades de negocio.

Además, Bayer ha asegurado que mantiene su compromiso con todos los agentes del ecosistema de salud para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario. La compañía también ha querido recalcar que llevará a cabo este proceso “de forma socialmente responsable e informará, dentro del marco legal, de forma transparente y regular sobre cualquier avance”.

13 despidos en la planta de Asturias

Bayer ha trasladado al Gobierno del Principado de Asturias que el anuncio de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 13 personas en la planta de Lada en Asturias no pone en riesgo el futuro ni las inversiones anunciadas por la compañía.

De acuerdo con la información facilitada por la farmacéutica a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, estas medidas “tienen carácter coyuntural y se derivan de incidencias en el mercado español de productos farmacéuticos”.

La multinacional produce actualmente en Asturias cuatro principios activos, entre ellos el ácido acetil salicílico, que sirve de base para la fabricación de la aspirina. Bayer, que cuenta en la región con más de 140 trabajadores, ha trasladado al Gobierno de Asturias que esta decisión no compromete las inversiones anunciadas en su centro de la comunidad autónoma.

Por su parte, el Gobierno del Principado confía “en que el periodo de negociación del expediente con la representación de los trabajadores permita buscar las mejores soluciones para las personas afectadas”.

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer registró pérdidas de 10.495 millones de euros en 2020, en contraste con el beneficio neto de 4.091 millones contabilizado un año antes, como consecuencia del impacto adverso excepcional de la amortización de activos en su negocio agrícola, así como del acuerdo extrajudicial alcanzado para zanjar gran parte de los litigios relacionados con el glifosato del herbicida RoundUp.

En total, en el último ejercicio Bayer asumió un impacto negativo extraordinario de 23.264 millones de euros, frente a los 2.813 millones de 2019, incluyendo provisiones relacionadas con litigios, así como por amortizaciones de activos en su división agrícola Crop Science.

El consejero delegado de la compañía, Werner Baumann, ha explicado que “el coste total de las liquidaciones previstas de todas las reclamaciones pendientes se estima en 9.600 millones de dólares”. Además de esta cantidad, ha añadido que “en cuanto a los posibles casos futuros de Roundup, las partes han negociado una propuesta de acuerdo revisada y la han presentado al tribunal. El acuerdo incluye un compromiso de que Bayer aportará hasta 2.000 millones de dólares para futuras reclamaciones y otros elementos del acuerdo”.

Las ventas de Bayer en el conjunto del ejercicio disminuyeron un 4,9% anual, hasta 41.400 millones de euros, incluyendo un retroceso del 5% en el negocio agrícola, con 18.840 millones de euros, así como del 4% en el área farmacéutica, con 17.243 millones, mientras que el negocio de medicamentos sin receta ingresó un 7,5% menos, hasta 5.054 millones.

No obstante, en el cuarto trimestre, Bayer registró un beneficio neto de 308 millones de euros, un 78,2% menos que en el mismo periodo de 2019. Asimismo, la cifra de negocio de la compañía germana alcanzó durante entre octubre y diciembre del año pasado los 9.995 millones de euros, un 7% menos.

“Nuestros negocios son resistentes, incluso durante la pandemia”, dijo Baumann, señalando que la compañía aprovechó el año pasado para sentar las bases de su crecimiento futuro. “Continuamos impulsando la transformación de nuestra empresa, avanzamos en nuestra cartera de productos e invertimos en nuevas tecnologías en todas nuestras unidades de negocio”, subrayó.

De cara al ejercicio 2021, la compañía alemana anticipó que espera alcanzar una cifra de negocio de entre 42.000 y 43.000 millones de euros, un avance de alrededor del 3%.

Por otro lado, los consejos de administración y supervisión de Bayer propondrán a la junta general de accionistas de la multinacional, que se celebrará el próximo 27 de abril, el pago de un dividendo de 2 euros por acción correspondiente al ejercicio 2020, frente a los 2,80 euros abonados en 2019, lo que supondrá la distribución de un total de 1.965 millones de euros entre los partícipes de la sociedad, frente a los 2.751 millones del año anterior.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha valorado de manera positiva el “interés” de Bayer por Euskadi, a través de la adquisición de AskBio y Viralgen, ya que “sitúa a la actividad biosanitaria local en el mapa internacional, abriendo nuevas posibilidades de expansión, de crecimiento y de mayor potencial para un sector por el que llevamos apostando veinte años”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, han recibido este martes en la sede de la Lehendakaritza, en Vitoria, a la dirección y al equipo científico de la empresa Viralgen.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ejecutivo ha recordado de que esta reunión se celebra después de que este pasado lunes la farmacéutica multinacional Bayer anunciara su entrada en el campo de la terapia génica, a través de la adquisición de AskBio y Viralgen. El director general de Viralgen, Javier García, ha informado en esta reunión sobre la operación internacional, que también afectará a la empresa Viralgen, con sede en el Parque Científico Tecnológico de Gipuzkoa, en Miramon. Asimismo, ha explicado que Viralgen formará parte de la multinacional Bayer, “si bien, tanto su actividad, como su ubicación, su sede social y su proyecto se mantienen intactos, en línea con lo que hasta ahora se había marcado”.

El Gobierno vasco, que forma parte del capital de Viralgen, ha trasladado a la dirección de la empresa su deseo de que el proyecto inicial “se mantenga en los términos en los que nació”, como es la investigación en terapia génica, la apuesta por la producción de vacunas, y la formación y generación de nuevo empleo en materia biosanitaria. Tras la reunión, la consejera Tapia ha valorado de manera positiva el “interés” de Bayer por Euskadi, ya que “sitúa a la actividad biosanitaria local en el mapa internacional, abriendo nuevas posibilidades de expansión, de crecimiento y de mayor potencial para un sector por el que llevamos apostando veinte años”.

Asimismo, ha trasladado a Viralgen su interés de que el proyecto de la empresa quede anclado al territorio, manteniendo el plan estratégico que en su día comenzó. En su valoración, Tapia ha afirmado que “con esta operación, Viralgen, Gipuzkoa y el conjunto de Euskadi se colocan en el mapa de la champions de la actividad biosanitaria de la mano de Bayer”. “Es una gran oportunidad para demostrar las capacidades que tenemos en Euskadi de impulsar proyectos locales en colaboración público-privada, capaces de ganar dimensión sectorial e internacional”, ha indicado. Además, ha señalado que esta noticia “casa perfectamente” con uno de los compromisos adquiridos por la consejera el pasado viernes con motivo de la presentación de las líneas generales para la legislatura 2020-2024 en el Parlamento Vasco, cuando trasladó su intención de dar “un nuevo impulso a la producción industrial en el ámbito de la salud”.

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere recibió el pasado agosto en su buzón del Congreso de los Diputados una carta certificada que le sorprendió. Un despacho internacional de abogados, Sidley Austin LLP, le informaba, primero en inglés y después en castellano, de que su nombre aparecía en las conocidas como “listas negras” de Monsanto. En ellas, la multinacional de transgénicos y pesticidas recopiló secretamente información en 2016 y 2017 sobre casi 1.500 personas de diez países (144 en España) que podrían influir en una eventual prohibición o autorización del glifosato, un herbicida de uso masivo en agricultura y jardinería que según algunos estudios y varias sentencias en EEUU puede ser cancerígeno.

“Le escribimos en calidad de representantes legales de Bayer, que adquirió Monsanto en junio de 2018 (...) Nos ha contratado para realizar una investigación tras la aparición de ciertas informaciones en la prensa sobre la existencia de las denominadas listas de partes interesadas, que fueron preparadas por la agencia de relaciones públicas FleishmanHillard como parte de la campaña de Monsanto de 2016–17 para la renovación del glifosato (...) El objeto de esta carta es informarle de que su nombre aparece en una o más de las listas que hemos identificado en el curso de nuestra investigación”, reza el escrito.

“Me sorprendió leerlo a pesar de que siempre he mantenido una postura firme contra el glifosato, tanto en iniciativas parlamentarias como en cartas dirigidas al Parlamento Europeo”, explica García Sempere a eldiario.es. Otros dos españoles habían desvelado antes su caso, Juantxo López Uralde (diputado de Unidas Podemos y exlíder de Equo) y María Merello, exconcejala por Equo en Puerto Real. 141 más deberían haber recibido también un mensaje del bufete contratado por los nuevos propietarios de Monsanto. Los listados incluyen a políticos, activistas, periodistas e incluso a Neil Young.

La centenaria farmacéutica alemana ha tratado de contrarrestar el escándalo que supuso el conocimiento de esas listas a través de informaciones periodísticas en Francia, uno de los países contrarios a su uso en la UE. Las campañas ecologistas y políticas contra el glifosato y la campaña de intoxicación coincidieron precisamente con el proceso en el que a los socios comunitarios les tocaba decidir si renovaban la autorización del uso del herbicida, masivo en la agricultura y la jardinería.

Tras dos años de negociaciones y prórrogas en noviembre de 2017 el cambio de postura de Alemania inclinó la balanza para renovar el uso del fitosanitario hasta 2022. El frente de países contrario al glifosato tuvo a Francia e Italia a la cabeza. El bando que siempre se ha mostrado favorable al herbicida estuvo liderado por España, Gran Bretaña y Países Bajos. En España aún gobernaba el PP.

Hay estudios e interpretaciones diversas sobre el efecto del glifosato, pero las organizaciones ecologistas hacen hincapié en las que vinculan dicho producto con el cáncer. Este año la revista Mutation Research ha publicado los resultados de una investigación que relaciona la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH). La OMS incluye el glifosato en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para humanos).

El lobby español “para la protección de las plantas”

Sidley Austin LLP, que ha sido contactado sin éxito por este periódico, ofrecía en su primera carta a García Sempere una copia de la información sobre ella, a pesar de que aseguraba que no se habían encontrado datos personales “sensibles”. Con el aviso de que se trataba de documentación “privada y confidencial”, García Sempere ha recibido este mes de octubre un listado de cinco páginas de información ordenada en cuadros de colores en el que se desgranan sus cargos (“miembro del Parlamento dedicada a asuntos de agricultura y medio ambiente”) o su presunto nivel de influencia (“moderado”), y sobre quien podría ejercerlo (el Ministerio de Agricultura). Es clasificada como una “influencer” (persona con capacidad de influencia) en la materia, que se posiciona “fuertemente en contra” del glifosato, lo que explicaría su inclusión en la lista.

También hay apartados sobre los mensajes que deben dirigírsele con el objetivo de “excluir el glifosato de la agenda política”; cómo hacerlo (“en talleres”) y por parte de quién. En este punto se menciona a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), el lobby español que representa al sector de fabricantes de productos fitosanitarios en España.

“No tenemos nada que ver con estas listas, pero tanto Bayer como Monsanto (cuando existía) pertenecen a AEPLA. Supongo que si aparecemos es como fuente de información sobre productos fitosanitarios. Una de nuestras misiones es ser interlocutor con las administraciones a nivel europeo, regional o local”, aseguran fuentes de esta organización, clasificada como grupo de presión en el registro de lobbies de la UE, donde también despliega su labor como “embajadora del sector fitosanitario español”. En un informe que la asociación encargó a la consultora PWC en 2017, antes de que Bruselas decidiera renovar el glifosato, se asegura que “no renovar la autorización provocaría una disminución de la producción nacional en España de aproximadamente 2.124 millones de euros. En términos de empleo, la caída conjunta seria de 4.969 ocupados (un 0,03% del empleo nacional)”. Su defensa de la inocuidad del glifosato en medios especializados agrícolas y ganaderos es frecuente.

Una portavoz de AEPLA explica que también se reúnen con diputados, partidos políticos y con funcionarios y cargos del Ministerio de Agricultura. Respecto a las relaciones de AEPLA con el departamento que dirige Luis Planas, fuentes del mismo aseguran que se enmarcan en la normalidad de las conversaciones con las organizaciones y asociaciones de los distintos sectores relacionados con la agricultura.

En lo que concierne a sus conversaciones con diputados, no quedan registradas en ningún sitio, ya que por el momento no hay obligación de dejar constancia de los encuentros de miembros de las Cámaras con ningún lobby. La regulación de estos grupos de presión sigue pendiente en España a pesar de los requerimientos internacionales al respecto.

Cartas de agricultores con un texto casi calcado

Tanto Eva García Sempere como Juantxo López Uralde, los dos diputados españoles que han desvelado su presencia en la lista (ambos en el grupo parlamentario de Unidas Podemos), empezaron a recibir hace dos años decenas de cartas supuestamente escritas por agricultores españoles con un texto casi calcado en las que les pedían cambiar su postura contraria al glifosato.

“Parecía una suerte de campaña orquestada”, explica Sempere. Uralde, que fue el primero que desveló que su nombre estaba en la lista de Monsanto el pasado agosto, dice que le pudieron llegar 200 de estas misivas al Congreso de los Diputados.

Sobre la información que recibió del bufete de abogados de Bayer sobre sí mismo, el político ecologista explica que incluyen su oposición al glifosato, que es diputado y las acciones a realizar sobre él como objetivo sobre el que el tratar de influir. “Me parece inaceptable, unas prácticas repugnantes. Buscan quien en cada lugar trabaja contra el glifosato para tratar de influirle”, lamenta.

Ni él ni Sempere se fían de que la información que les ha proporcionado el bufete sea toda la que atesoran. En Francia se ha denunciado “la recolección de datos personales por medio fraudulento, desleal e ilícito”. Según las investigaciones de la prensa en ese país, en los archivos de Monsanto, además de la posición de las personas vinculadas al glifosato, se recogerían datos personales sobre sus pasatiempos, además de direcciones y teléfonos personales. “No deja de sorprender cómo trabajan con impunidad este tipo de multinacionales en función de posiciones políticas para tenernos controlados”, lamenta la diputada, que confiesa una “sensación de desamparo”.

Contactada por este periódico la empresa Bayer en España, se remite al comunicado en el que el pasado septiembre informaban del fin de la investigación sobre las listas. El bufete Sidley Austin LLP habría analizado más de 2,4 millones de archivos sin encontrar datos “sensibles”. Según el informe, no tienen duda de que “las listas elaboradas eran detalladas, metódicas”, aunque con el único objetivo de “defender claramente las posturas de Monsanto frente a grupos de interés y la opinión pública”. Aseguran no haber encontrado indicios “que sustenten las acusaciones de los medios franceses en cuanto a que las listas eran ilegales”.

El grupo químico y farmacéutico, cuyas acciones se han despeñado en bolsa en los últimos meses, va a invertir 5.000 millones de euros en el desarrollo de herbicidas alternativos que no estén basados en glifosato.

La multinacional de trangénicos y pesticidas Monsanto ya no existe con tal nombre. La marca corporativa de esta empresa, una de las más odiadas del planeta por su políticas comerciales dañinas para el medio ambiente y la salud, según los grupos ecologistas, fue eliminada por Bayer tras pagar 56.000 millones de euros (63.000 millones de dólares) para quedarse con sus productos y estructura. La farmacéutica alemana podría haber hecho un mal negocio: los tribunales estadounidenses han dictaminado que la antigua Monsanto debe indemnizar a enfermos de cáncer que estuvieron en contacto con el glifosato. Ya les han condenado a pagar decenas de millones de dólares en sendas sentencias, que han recurrido. Hay 42.700 demandantes haciendo cola en EEUU.

“El día que acudo a mi ginecóloga, sin hacerme ninguna prueba de ningún tipo, me subo al potro como en cualquier consulta y allí comienza mi calvario”. Así comienza la historia de Macu. Era finales de 2008 y el mismo día que le pusieron el anticonceptivo de Bayer sufrió un desmayo fruto de los dolores -pese a que le habían dicho que era rápido e indoloro- “Con una hemorragia impresionante me derivaron a casa porque me dijeron que era normal”. Desde entonces sufre de dolor pélvico que se ha extendido a otras partes de su cuerpo como la zona lumbar, abdomen o extremidades.

Su relato lo va narrando rodeada de otras compañeras de la plataforma Libres de Essure de Elche, localidad que, junto con Córdoba, se implantaron más dispositivos de Essure en España hasta su retirada del mercado hace ahora dos años. “Mi ginecóloga me confesó que los iban colocando como churros”, señala Manoli, otra de las afectadas. Todas han acudido al encuentro con el periodista cargadas de expedientes médicos que en algunos casos como el de Toñi datan de 2002, año en el que comenzó en nuestro país la comercialización de un método que estaba llamado a ser el remedio alternativo a la ligadura de trompas.

Ella fue de las primeras en sufrir los efectos secundarios de un producto del que ni la multinacional alemana ni la administración española habían advertido, denuncian todas. Toñi había perdido parte de uno de los dos muelles de cuatro centímetros de tamaño que le habían colocado en las trompas de Falopio. “Fue al mear. Me dijeron que no me preocupara, que los muelles acompañan al dispositivo y que los dolores eran por la edad”. Con 45 años no le bajaba la regla, cuestión que achacaron a la premenopausia. Y luego llegó la fuerte hemorragia. El diagnóstico final, estaba embarazada.

“Achacaron mi embarazo a la ‘alta fertilidad’ que aseguraron tenía tanto yo como mi marido”, asegura esta madre de dos hijos. Le recomendaron un DIU “para evitar” futuros embarazos, recuerda Toñi. Mientras sigue contando su historia Macu no puede evitar el llanto. Sabe como acaba porque a ella le pasó lo mismo. A los tres meses del implante, cuando le hicieron una revisión para asegurarse de la correcta colocación del muelle, descubrieron que estaba embarazada de cuatro meses. Es decir, que se lo habían puesto sin cerciorarse primero. “Me dijeron que era la primera vez que les pasaba algo así”. Después, y ante el riesgo de que su vida corriera peligro, la ingresaron en Ondara (Valencia) donde abortó. “La pérdida de un hijo es lo más duro que he vivido nunca, no se supera y menos cuando eres tú misma la que el día de antes se tiene que tomar una pastilla que sabes que es para que su corazoncito deje de latir”, confiesa.

Otras víctimas del Essure no han perdido hijos, pero sí maridos. Como todas, María Lourdes sufre de fuertes dolores pélvicos que afectaron a sus relaciones sexuales, así como otros síntomas -que todas suscriben- como ansiedad, agotamiento continuo y depresión que acabaron haciendo mella en su matrimonio. “Me separé por culpa del Essure”, afirma con tristeza. Anteriormente, María Lourdes había sufrido su primera reacción alérgica a los cuatro meses de llevar en su interior el Essure que le dejó diez días en el hospital ingresada con una infección “muy grave”. Le dijeron que tenía un cólico nefrítico. Al final, como tantas otras mujeres portadoras del dispositivo de Bayer, descubrió que era alérgica al níquel, elemento químico del que se compone el muelle y que en España presentan alergia el 30% de las mujeres.

María Lourdes vuelve a pasar por el quirófano el próximo 23 de agosto para quitarle los restos del Essure. En anteriores operaciones ya le extirparon un ovario con un quiste. Por su parte, Macu tiene cita en la mesa del quirófano el 27 de agosto. Espera que como tantas otras mujeres operadas, sus dolores remitan. “Mi tercera hija va diciendo que jamás ha conocido a su mamá sana”, apunta. Describe como “camino tortuoso” el que ha emprendido hasta descubrir que sus dos trompas están perforadas y que tiene un implante roto y clavado en el útero.

Un descubrimiento que vino después de abortar y cuando tras una consulta médica le dijeron que la mala colocación del muelle del Essure le había perforado la trompa de Falopio derecha. Fue entonces cuando Macu empezó a comprender a qué se debían todos sus dolores y, pese a que los sanitarios le dijeron que no guardaban relación con el anticonceptivo, nada más salir de la consulta buscó con el móvil por internet: “¡No me podía creer lo que estaba leyendo, mis síntomas se parecían tanto a los descritos por otras mujeres!”, rememora. Ese mismo día se unió a la plataforma Libres de Essure hasta convertirse en uno de sus rostros más activos.

La plataforma

Los testimonios anteriormente citados pertenecen a la plataforma Libres de Essure, uno de los diferentes colectivos de afectadas que han surgido en España, a las que hay que sumar las que han proliferado en el resto del mundo donde también se implantó con fracaso el dispositivo de Bayer. Actualmente se encuentran en proceso de convertirse en asociación, cuentan con 2.400 inscritas en cuatro años de vida y han dado soporte a 3.500 mujeres en total.

Una de sus principales batallas es el reconocimiento de todos los síntomas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha descrito once, “pero faltan muchos más porque no hay estudios de los efectos que produce a largo plazo”, explica Rita Fernández, portavoz de la plataforma en Levante, Castilla y León y La Mancha.

Si bien califica de “extraordinario” el paso que supuso hace justo un año el protocolo de actuación de retirada elaborado por la SEGO a requerimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en colaboración con las plataformas de afectadas, considera que no se está cumpliendo correctamente.

“La operación de retirada es muy compleja, se están haciendo muchas chapuzas, no se ponen de acuerdo cómo retirarla, no se ponen de acuerdo cómo causar el menor trauma posible”, describe. Asimismo, abogan por una mejor coordinación de los centros hospitalarios y sus profesionales. “Queremos que la profesión médica se comunique, porque no puede ser que en cada hospital se estén haciendo cosas diferentes. Sabemos de algunos hospitales que están más concienciados que en otros donde apuestan por la investigación y tratan a la paciente como si tuviera patología, en otros en cambio no les hacen las pruebas previas y siguen sin reconocer los efectos secundarios del Essure”, denuncia.

Con respecto a la actuación del Gobierno central, en la plataforma han percibido un cambio de actitud. “Cuando entró el PSOE primero con Montón y después con Carcedo, se mostraron con ganas de ayudarnos, nos reunimos, conseguimos esa guía de actuación pero las cosas se han atascado, algo está pasando porque ahora ya no parece que estén interesados en recuperar la salud de las afectadas”, comenta Fernández.

Acciones legales

En la plataforma Libres de Essure están trabajando con el despacho Castreje Abogados en una estrategia legal diferente a la emprendida por la Asociación Española de Afectados por Essure, que esta semana se ha topado con el archivo de la querella por lesiones y estafa que habían presentado ante la Audiencia Nacional.

“Nosotros no vamos por la vía penal porque en muchos casos al estar al borde de la prescripción no nos queda más remedio que la demanda patrimonial contra la administración pública o la demanda civil si se trata de sanidad privada”, señala el letrado Cipriano Castreje.

Por ello, han interpuesto una demanda sobre diligencias preliminares en el juzgado de Sant Feliu de Llobregat por ser el competente al estar registrado en esta localidad barcelonesa el domicilio social de Bayer España. La multinacional ya ha recurrido una decena de documentos formulados por este despacho el cual considera “fundamentales para que prosiga la demanda y que darían mucha luz sobre lo que ha sucedido con este dispositivo”, confiesa.

Pero Bayer España alega, por ejemplo, que ellos no son el fabricante y en septiembre el juez tendrá la última palabra de un proceso que se espera largo “y complejo”. “A un producto defectuoso se unen varios fabricantes e importadores, distribuidores, servicios de salud que han comprado”, avanza Castreje. “Ha habido problemas de praxis por no haberlo instalado bien y por otro lado en muchos casos aparentemente han funcionado; por ello necesitamos saber cuántos dispositivos se han vendido y eso solo lo puede facilitar Bayer porque no es lo mismo que falle un 1% de 100.000 que un 10%”.

Por último, este abogado considera que “lo ideal” para las miles de afectadas sería “que todas nos uniéramos y juntas estudiáramos todas las opciones e iniciáramos una demanda colectiva porque la unión, como se ha demostrado tantas veces, hace la fuerza”.

La junta de supervisión del grupo farmacéutico alemán Bayer creará un comité extraordinario que tendrá por objetivo revisar la estrategia judicial de defensa de cara a los 13.400 juicios que la firma todavía tiene que afrontar en Estados Unidos por el efecto cancerígeno de su herbicida del glifosato.

La compañía ha reconocido en un comunicado que las demandas a las que tiene que hacer frente, heredadas de Monsanto tras su adquisición, han tenido un “efecto negativo” y ha sumado “incertidumbre” a la cotización de sus títulos. Por ello, el nuevo comité “vigilará intensamente” todas las decisiones que se tomen y realizará recomendaciones sobre la estrategia a seguir en los litigios.

El comité de la junta de supervisión estará compuesto por ocho miembros, que se repartirán a partes iguales entre los representantes de los trabajadores y de los accionistas.

Asimismo, la junta ha decidido contratar al abogado John Beisner para que la asesore en todo lo relacionado con las demandas del glifosato. Beisner forma parte del bufete Skkaden, radicado en Washington (Estados Unidos) y cuenta con experiencia en casos relacionados con las responsabilidades penales de las empresas en relación a los productos que comercializan.

Este mismo mes, el grupo químico alemán anunció que invertiría 5.000 millones de euros en el desarrollo de herbicidas alternativos que no estén basados en glifosato, un cambio radical de postura tras haber destacado la buena marcha de sus cuentas por el incremento en ventas de su herbicida Roundup, que contiene glifosato, gracias “principalmente a un crecimiento sustancial en la región de América Latina debido a precios y volúmenes de venta más altos” y defender que el glifosato “no es cancerígeno”.

Por el momento, Bayer ha recibido tres condenas en Estados Unidos por los potenciales efectos cancerígenos del herbicida RoundUp, un producto basado en glifosato desarrollado y fabricado originalmente por Monsanto. En todas las ocasiones, la empresa ha defendido su producto tras cada sentencia asegurando que no estaba demostrado que fuera cancerígeno.

Entre ellas, un tribunal del distrito norte de California condenó a Bayer a pagar 2.055 millones de dólares para indemnizar a un matrimonio que acusó a la compañía alemana de que el glifosato de su herbicida Roundup les provocó cáncer.

El grupo alemán adquirió Monsanto en junio de 2018 por un total de 63.000 millones de dólares (55.360 millones de euros). Desde el cierre de la adquisición de la firma estadounidense, la cotización de las acciones de Bayer acumula un retroceso del 42,2% en la Bolsa. La multinacional de Leverkusen decidió suprimir la marca Monsanto tras culminar la mayor compra de sus más de 150 años de historia, aunque mantuvo los nombres de los productos incorporados al catálogo de Bayer.

Un tribunal del distrito norte de California ha condenado a Bayer a pagar 2.055 millones de dólares para indemnizar a un matrimonio que acusó a la compañía alemana de que el glisofato de su herbicida Roundup les provocó cáncer. La sentencia especifica que unos 2.000 millones corresponden a una multa por los daños y 55 millones en compensación al matrimonio. Aunque la sentencia se conoció este lunes, las acciones de la compañía alemana se están despeñando y ya han alcanzado el mínimo valor en siete años.

Bayer, como en otras ocasiones, ha declarado que “está decepcionado con la decisión del jurado y apelará el veredicto en este caso, que entra en conflicto directamente con la decisión de revisión de registro provisional de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicada el mes pasado. El consenso entre los principales reguladores de salud de todo el mundo de que los productos a base de glifosato se pueden usar de una manera segura y que el glifosato no es cancerígeno, y los 40 años de investigación científica extensa en que se basan sus conclusiones favorables”.

Sin embargo, las continuas condenas judiciales parece que no le dan la razón a la multinacional alemana. Desde la absorción de Monsanto, la filial de herbicidas se ha convertido en una pesadilla legal para la compañía alemana. El pasado marzo, un jurado de Estados Unidos dictaminó que el glifosato presente en el herbicida Roundup fue un “factor sustancial” en el origen de un cáncer detectado en un hombre que usó dicho producto. Por este juicio, Bayer fue condenado a indemnizar con 5 millones de dólares además de pagar otros 75 millones en daños punitivos al demandante, que alegó que el uso de Roundup le causó un linfoma no Hodgkin.

La multinacional alemana asegura que “el veredicto en este juicio no tiene impacto en casos y juicios futuros, ya que cada uno tiene sus propias circunstancias objetivas y legales. Además, este litigio llevará algún tiempo antes de que concluya, ya que ningún caso ha sido sujeto a una revisión de apelación donde se evaluarán las decisiones legales clave en los juicios. La compañía continuará evaluando y refinando sus estrategias legales a medida que avanza a través de la siguiente fase de este litigio, que estará marcada por un mayor enfoque en las mociones posteriores al juicio y la revisión de apelaciones y los juicios programados en diferentes lugares”.

En este último caso, la indignación de los accionistas ha sido mayor ya que Bayer ha tratado de culpabilizar a los dos ancianos de su enfermedad. “Tenemos una gran simpatía por el señor y la señora Pilliod [los demandantes], pero la evidencia en este caso fue clara: ambos tienen una larga historia de enfermedades que se sabe que son factores de riesgo sustanciales para el linfoma no Hodgkin (LNH), la mayoría de LNH no tiene causa conocida, y no hay evidencia científica confiable para concluir que los herbicidas a base de glifosato fueron la causa de sus enfermedades 'pero no por la causa' que el jurado debía encontrar en este caso”.

Además de estas condenas, la compañía se enfrenta a una denuncia múltiple en el Distrito Norte de California, de 13.400 demandantes, que reclaman la compañía por daños y perjuicios asegurando que el glifosato del herbicida Roundup les ha causado linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. También tiene otros cuatro juicios por los mismos motivos pendientes de que les pongan fecha en Missouri y Montana para el resto de 2019.

En el primer trimestre de este año, Bayer admite que ha dedicado 51 millones de euros a litigios, de los que 13 millones se han pagado en acuerdos de reconciliación sin tener que llegar a los tribunales.

El grupo químico y farmacéutico Bayer se vanagloria en sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2019 del incremento en ventas de su herbicida Roundup, que contiene glifosato, gracias “principalmente a un crecimiento sustancial en la región de América Latina debido a precios y volúmenes de venta más altos”, aunque en el mismo documento admite como uno de sus principales riesgos las múltiples demandas que sufre en Estados Unidos ya que este herbicida podría causar cáncer.

La compañía alemana señala que en EEUU la facturación de los herbicidas ha caído, sin embargo, lo achaca “a la mayor presión competitiva de los productos genéricos y los cambios relacionados con el clima”. Durante los primeros tres meses de este año, la división de herbicidas de Bayer ha alcanzado unas ventas de 1.373 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este departamento está incluido en la división de Crop Sciences (Ciencias de la cosecha), en la que además de herbicidas se incluyen productos como fungicidas, insecticidas y semillas, que ha subido sus ventas un 125,2% hasta los 6.444 millones de euros en el primer trimestre de 2019. 

Bayer entró de lleno en el negocio de los herbicidas tras la compra de Monsanto en junio de 2018 por 63.000 millones de dólares (unos 55.501 millones de euros). La empresa alemana anunció este jueves un beneficio neto de 1.241 millones de euros en el primer trimestre de 2019, con una caída del 36,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que la firma ha justificado por los costes de integrar a Monsanto.

Desde la absorción de Monsanto, la filial de herbicidas se ha convertido en una pesadilla legal para la compañía alemana. El pasado marzo, un jurado de Estados Unidos dictaminó que el glifosato presente en el herbicida Roundup fue un “factor sustancial” en el origen de un cáncer detectado en un hombre que usó dicho producto. Por este juicio, Bayer fue condenado a indemnizar con 5 millones de dólares además de pagar otros 75 millones en daños punitivos al demandante, que alegó que el uso de Roundup le causó un linfoma no Hodgkin. 

La respuesta de la compañía entonces fue: “Estamos decepcionados con la decisión inicial del jurado, pero seguimos creyendo firmemente que la ciencia confirma que los herbicidas a base de glifosato no causan cáncer”, además de anunciar que buscarían “una revisión de la corte de primera instancia y apelar, si es necesario”. 

Tras esta sentencia, la compañía se enfrenta a una denuncia múltiple en el Distrito Norte de California, de 13.400 demandantes, que reclaman la compañía por daños y perjuicios asegurando que el glifosato del herbicida Roundup les ha causado linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Además, tienen otro causas por los mismos motivos en marcha en la corte estatal de California y otros cuatro juicios pendientes de que les pongan fecha en Missouri y Montana para el resto de 2019. 

En el primer trimestre de este año, Bayer admite que ha dedicado 51 millones de euros a litigios, de los que 13 millones se han pagado en acuerdos de reconciliación sin tener que llegar a los tribunales.   

Un anticonceptivo total y con pocos riesgos. Essure se vendió como una alternativa perfecta a la ligadura de trompas, unos pequeños muelles que se implantaban en una consulta ambulante y cuyos efectos secundarios eran “leves y poco frecuentes”. El pasado mes de julio Bayer anunció que lo retiraba del último país donde aún se comercializaba, Estados Unidos, mientras la compañía afronta miles de demandas por todo el mundo de mujeres que han sufrido las consecuencias de ese anticonceptivo.

Bayer empezó a comercializar Essure a principios de los 2000. Se calcula que desde sus inicios hasta que ha sido progresivamente prohibido unas 750.000 mujeres en todo el mundo optaron por este método anticonceptivo irreversible, unas 80.000 solo en nuestro país. A finales de 2002 el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Reina Sofía de Córdoba convocó a los medios para anunciar que había implantado ese sistema por primera vez en seis mujeres.

Pronto empezó a extenderse, ayudado por la recomendación de Sanidad, que lo situaba como una mejor alternativa a la ligadura de trompas. Era más barato y no requería cirugía, se implantaba en una consola ambulante que no duraba más de una hora, entre el procedimiento y el reposo. En tres semanas se conseguía la esterilización.

“Un método anticonceptivo definitivo”

El método consistía en la implantación de dos pequeños muelles de metal -níquel y titanio- que contiene unas fibras de tereftalato de polietileno (PET) en las trompas de falopio a través del útero. En tres meses se genera una fibrosis en las trompas, que se adhieren al muelle por el contacto con el PET e impiden el paso del esperma. El método es irreversible, así que se recomendó para mujeres con hijos que tuviesen la clara intención de no volver a quedarse embarazadas. “Un método anticonceptivo definitivo”, defendía la SEGO.

Casi 16 años después de que se implantase el primero, un grupo de mujeres españolas está intentando abrir la vía penal contra Bayer con una querella que incluye también a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. En el escrito que presentaron en la Audiencia Nacional recogen cómo se vendió este producto y las consecuencias que les ha provocado.

La AEMPS calificó el Essure como un producto sanitario de nivel 3, esto es, los que presentan mayores riesgos para los pacientes. Requiere un control total de sus posibles consecuencias, con un protocolo que combata los efectos secundarios que pueda provocar. Según la SEGO, esos posibles efectos eran minúsculos y el más habitual (en un 1,9% de las ocasiones) era un síncope vasovagal, un desmayo que “desaparece con el reposo en cama o sillón”. El resto, los dolores o que el muelle se desplazase solo se producían en un 0,02% de los casos.

No se informó de los riesgos

Sin embargo, las advertencias sobre el producto aumentaron con el paso de los años. La SEGO incluyó la alergia al titanio, aumentó el riesgo de desplazamiento del muelle y advirtió de que podrían darse complicaciones en aquellas mujeres con una “anatomía uterina atípica”. “Esta información nunca llegó a las mujeres que fueron aconsejadas sobre este método”, recoge la querella, que señala también que los consentimientos informados han ido cambiado desde que comenzó a implantarse el Essure.

El escrito recoge los testimonios que varias afectadas han ido ofreciendo en los últimos años sobre las consecuencias de este anticonceptivo. Sangrados abundantes, dolores por todo el cuerpo, cansancio constante, etc. Los casos de desplazamiento del dispositivo abundan: a algunas les perforó las trompas, migraciones al útero o incluso casos en los que se desplazó hasta el intestino. Algunos médicos también inciden en que quienes no insertaban no tenían la formación necesaria para un procedimiento tan complejo, lo que provocó que en muchos casos rasgaran las paredes de la trompa desde el momento de su colocación.

La lucha de las afectadas consiguió que hace un año, la AEMPS retirase Essure. Bayer anunció en septiembre de 2017 que paraba su venta “por motivos comerciales” en todos los países, salvo en Estados Unidos. Ahora también se va a retirar de ese país.

Aunque Bayer siempre se ha basado en esas razones comerciales para retirar Essure, lo cierto es que la web del producto incluye una gran advertencia sobre los efectos referidos por las mujeres afectadas y señala que “si se debe quitar el dispositivo para tratar tales efectos secundarios, será necesario un procedimiento quirúrgico”. En ese procedimiento a algunas mujeres hubo que practicarles una histerectomía, la retirada completa del útero.

La SEGO promocionó y defendió el producto

La denuncia recoge como hechos probados que la SEGO no dio la suficiente información a los ginecólogos y señala en concreto a un directivo de esa organización. El doctor Eduardo Arjona fue el gran impulsor del Essure, aparece en la fotografía que ilustra la rueda de prensa que anunció la colocación de los primeros, y la asociación de afectadas le acusa de haberlo promocionado “sin ofrecer una información adecuada, real y responsable” sobre su incidencia en la salud de las mujeres.

El escrito también incide en los problemas que han tenido las afectadas para que se relacionasen sus síntomas con el Essure, pues al principio se atribuyeron a multitud de causas antes que al anticonceptivo. Se las trataba como “locas”, dice la querella, debido a que los ginecólogos desconocían los efectos adversos del producto.

La SEGO, fuente de información para la mayoría de esos doctores, se convirtió “en la defensora médica del producto” por encima de Bayer. No admitió sus efectos negativos y no informó correctamente a las pacientes sobre los riesgos. “Es una omisión intencionada de información que provoca lesiones”, sostiene la querella.

Las denunciantes también se preguntan qué informes y criterios se utilizaron para que algunas comunidades autónomas decidiesen costear el dispositivo a las pacientes. “El laboratorio farmacéutico todavía tiene los datos de los ensayos clínicos. Ningún investigador independiente ha tenido acceso a dicha información esencial para poder analizar la seguridad y eficacia del producto”, indica la querella.

“Black box warning”

En EEUU, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investigó el producto cuando se expidieron los casos de mujeres afectadas y llego a una serie de conclusiones. Por ejemplo, que Essure era más peligroso que otros métodos anticonceptivos y que los riesgos superaban a sus beneficios. También concluyó que no se había informado correctamente a las pacientes. El resultado fue que obligó a Bayer a incluir con Essure una “Black box warning”, una advertencia que señala que el producto es de alto riesgo y debe informase al detalle de sus posibles consecuencias.

La querella presentada en la Audiencia Nacional insiste en varios puntos en que, para aclarar la responsabilidad de Bayer, en necesario que se le requiera una serie de documentos que nunca han salido a la luz. Por ejemplo, las bases de datos sobre los efectos adversos que detectaron o la correspondencia interna en la que se hablase sobre los riesgos del producto. También reclaman las comunicaciones entre la SEGO, AEMPS y Bayer sobre Essure.

Sin embargo, las afectadas no van a tener fácil que al Audiencia Nacional investigue su caso. Tras un primer auto en el que la jueza Carmen Lamela veía indicios de una infracción penal, a principios de este mes dictó otro archivando las actuaciones por falta de competencia para investigar. La defensa de las mujeres afectadas ha presentado un recurso contra esa decisión.

Quieren unirse con esa acción a las miles de mujeres por todo el mundo que han denunciado a Bayer por los efectos que les provocó su anticonceptivo. La multinacional admitió que solo en 2016, el coste de abogados e indemnizaciones por el caso Essure había alcanzado los 413 millones de dólares.

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar el caso de las mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure, comercializado por la empresa Bayern. Un grupo de ellas presentó una querella por un delito de lesiones y estafa, pero el tribunal ha dictado un auto en el que archiva las actuaciones porque afirma no es competente para investigar. Los abogados de la Asociación Española de Afectados por Essure han presentado un recurso contra esa decisión.

La querella se presentó el pasado dos de julio ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Es el segundo caso que se presenta ante este tribunal, donde ya se abrió la vía del contencioso administrativo por una paciente afectada. El caso no ha avanzado desde hace meses.

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional recorre los inicios de la comercialización de Essure en España, un método anticonceptivo irreversible que se vendió como alternativa a la ligadura de trompas. Consistía en implantar unos sencillos muelles en las trompas de falopio para provocar una fibrosis que las obstruyese. El problema es que al cabo de unos años, miles de mujeres empezaron a sufrir efectos secundarios de los que no habían sido advertidas.

Las afectadas experimentaron sangrados, dolores, infecciones o incluso desplazamiento del muelles provocando perforaciones internas. A muchas hubo que intervenirlas quirúrgicamente para retirarles el Essure y a algunas tuvieron que practicarles una histerectomía, la retirada completa del útero. En España, la asociación que agrupa a una treintena de ellas presentó una querella hace mes y medio.

El caso recayó en el juzgado número 6, el de la magistrada Carmen Lamela. El pasado 12 de julio dictó un auto en el que señalaba que los hechos descritos en la querella presentaban “características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal”. Dio entonces traslado a la Fiscalía para que se pronunciase

El Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado y lo ha hecho para pedir que se inadmita la querella por falta de competencia. La jueza Lamela dictó el pasado 1 de agosto un nuevo auto en el que recoge la posición de la Fiscalía y se pronuncia en los mismos términos: la Audiencia Nacional no es el tribunal indicado para investigar este caso.

Ni organización criminal, ni fuera de España

Lamela indica en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de “tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias”.

Añade que el tribunal también puede hacerse cargo de “delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes y a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles”. Sin embargo, para la jueza no se dan ninguno de esos dos requisitos en la querella presentada por las afectadas por Essure.

“No se describe la existencia de una organización criminal, ya que no podría entenderse por tal las cuatro personas jurídicas querelladas, una de ellas una agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, sostiene Lamela.

Los querellados son responsables de la matriz de Bayer y de su filial en España, así como cargos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a quienes las denunciantes acusan de haber promocionado Essure sin haber advertido correctamente de sus efectos secundarios. La querella también se dirige contra responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad.

La jueza descarta que todos ellos pudiesen formar una “organización criminal” y añade que el relato de hechos descrito en la querella circunscribe la comisión de los posibles delitos a España. “Las menciones a la utilización de los dispositivos Essure en otros países afectan a mujeres que residen en los mismos y no se deduce tampoco de la querella que los hechos cometidos en tales países hayan afectado a mujeres en España”, escribe Lamela.

Así, la jueza se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para concluir que “debe inadmitirse la querella, al no ser este Juzgado competente para conocer de la misma”, y por tanto procede el archivo de las actuaciones. Contra el auto cabe recurso, que los abogados de las mujeres afectadas ya han presentado a través del Bufete Almodóvar & Jara.

La filial de Bayer está controlada desde Alemania

En el escrito, señalan que el auto solo menciona el delito de lesiones y obvia el de estafa. Añaden también que las afectadas que han presentado la querella solo se encuentran en España, pero en diferentes parte del territorio. “Es decir, el presunto delito de lesiones se produce en varias Audiencias Provinciales, por lo que procede inhibir las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponde”, apuntan.

De hecho, citan como ejemplo la investigación sobre el fármaco Agreal, un medicamento contra los efectos de la menopausia. El juzgado de Valencia en el que se inició el caso ese inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias a principios de este año. También señalan que los delitos pueden trascender nuestras fronteras, con lo que sería competente la Audiencia Nacional.

“Podemos presumir que algún delito pudo haberse cometido en Estados Unidos o Alemania, sedes centrales del laboratorio farmacéutico productor y comercializador del producto Essure”, sostiene la defensa de las afectadas, que recuerda que la filial de Bayer en España está controlada desde Alemania, y que es la matriz la responsable “de la cadena de transmisión de la información del producto Essure”.

“En casos parecidos, donde la Audiencia Nacional abre diligencias por delitos de lesiones producidos por un fármaco o producto sanitarios, donde se investiga la cadena de información, que, presumiblemente tiene como fuente un país distinto al español, la Audiencia Nacional asume la competencia de este tipo de casos”, resume el escrito. El recurso ya esta presentado, ahora las mujeres afectadas por el anticonceptivo tendrán que esperar a que el tribunal lo acepte e inicie la investigación o archive su querella.

El Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Gobierno que llevó en 2015 al fin de la financiación pública del tratamiento hormonal Reandron, utilizado por hombres trans y también prescrita para algunos pacientes de cáncer.

La sala de los Contencioso ha declarado nulo el criterio utilizado por el Sanidad para fijar la subvención de esta ampolla de testosterona que trata carencias hormonales masculinas comercializada por Bayer. Los magistrados consideran que la administración no ha justificado correctamente por qué lo incluyeron en el mismo grupo de fármacos más asequibles.

En 2014 el Ministerio de Sanidad determinó el nuevo importe de referencia de este producto, que obligaba a la farmacéutica a disminuir en un 35% el precio, el laboratorio no aceptó esta rebaja y decidió comercializarlo sin subvención pública. Así, los usuarios pasaron de pagar cinco a 128 euros.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ha dictaminado que el criterio fijado – conocido como clasificación ATC (Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química) – para determinar el precio “no constituye el único y exclusivo elemento” para formar los grupos en el sistema de precios de referencia, explican los magistrados en una sentencia emitida el 10 de julio. Esas agrupaciones de fármacos influyen en el precio porque se calculan en relación al tratamiento más barato. “Se realiza una ponderación”, aclara desde Bayer.

La compañía farmacéutica asegura a eldiario.es que la decisión del Supremo “podría suponer un primer paso para conseguir de nuevo la financiación de Reandron por el Sistema Nacional de Salud”. De hecho, aseguran que tras reunirse en dos ocasiones con representantes del Gobierno para analizar la sentencia, su “intención es presentar en breve una propuesta formal de precio y financiación”. Por su parte, el Ministerio de Sanidad no ha aclarado a esta redacción si tras este fallo se plantean refinanciar el Reandron.

En abril del 2015, una vez que Bayer no aceptó la bajada de precio, este tratamiento se volvió a vender ya sin apoyo público. El Ministerio, en ese momento dirigido por Alfonso Alonso, alegó que no suponía ningún problema porque existían “alternativas terapéuticas financiadas por el Sistema Nacional de Salud”. Los usuarios del fármaco aseguran que este producto les permite tener más independencia, ya que acuden solo una vez cada tres meses al ambulatorio para que se lo inyecten. Por su parte, las opciones subvencionadas por Sanidad se suministran cada 15 días.

Ares Piñeiro, responsable del grupo de política transexual de la FELGTB, asegura que también hay usuarios a los que las alternativas planteadas por Sanidad les provoca alergia. “A mi me salen granos y me da taquicardias, por eso compro en la farmacia el Reandron”, incide. Este colectivo asegura que en las últimas reuniones mantenidas con Sanidad les han asegurado que el Gobierno “se niega a financiarlo”

Sanidad explicó al justificar la reducción del precio que, según la normativa actual, cuando transcurren 10 años desde que un fármaco se comienza a comercializar, se agrupa en un conjunto con otros tratamientos que tendrían que incorporar un mismo principio activo y la misma vía de administración, así lo estipula la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Bayer argumentó en el recurso contencioso que Sanidad había vulnerado esta normativa ya que, aseguraron, la testosterona es la “categoría de una sustancia” y no un principio activo.

“El problema radica, por tanto, en determinar si todas las presentaciones [tratamientos] del conjunto C410 en que se ha incluido el medicamento Reandron tiene el mismo principio activo, a efectos legales”, inciden los magistrados. La cuestión es que no todas las testosteronas son la misma cosa. Existen diferentes tipos sintéticos de esta hormona. Este tratamiento se ha autorizado para comercializarse como testosterona undecanoato. Los otros dos que se incluyen en el grupo, Testex y Testex Prolongatum, se comercializan como testosterona propionato y como testosterona ciclopentilpropionato, respectivamente.

Por eso, los magistrados argumentan que determinan la nulidad porque la administración no ha “justificado especialmente” que los tratamientos incluidos “comparten el mismo principio activo”.