El uso intensivo de pesticidas, nueva victoria de la ola antiecológica desatada por la ofensiva contra el Pacto Verde
La ofensiva antiecológica también es química. En solo tres años, Europa (y España) ha pasado de tener encima de la mesa un plan para reducir el uso de pesticidas en un 50% a permitir la aplicación casi indefinida de muchos de estos tóxicos cuyo uso intensivo daña el medio ambiente terrestre y acuático.
El recorte, que en junio de 2022 se expresaba como una necesidad para evitar “la contaminación del suelo, el agua y el aire, la pérdida de biodiversidad y el daño” derivado de la “aplicación intensiva de pesticidas químicos”, se ha diluido hasta dar paso, en diciembre de 2025, a una denominada “simplificación de la normativa alimentaria” y un “empujón a la competitividad de los productores europeos”. Ambas posturas son palabras de la Comisión Europea dirigida siempre por la alemana Ursula von der Leyen.
Se trata de la misma política del PP europeo que, en febrero de 2024, anunció en un discurso en el Europarlamento que la norma “para el uso sostenible de los fitosanitarios químicos se ha convertido en un símbolo de polarización” así que, directamente, retiró la propuesta.
Un año después, con el argumento de simplificar la regulación y favorecer a la industria agrícola, Von der Leyen ha auspiciado que se eliminen las revisiones obligatorias de autorización de pesticidas cuando actualmente la ley exige evaluar los efectos del producto a los diez años y luego cada 15 para que pueda seguir comercializándose. Una extensión del permiso por tiempo ilimitado.
Las organizaciones agrarias europeas como Copa-Cogeca han defendido desde el principio que las reducciones de pesticidas –que llamó de “enfoque ideológico”– socavan la producción de su sector. Consideraban que la propuesta sobre rebajar la aplicación de fitosanitarios era “inasumible”. En España, por ejemplo, la patronal Asaja calificó de “inaceptable” el proyecto sobre uso sostenible de fitosanitios votada en 2023 en comisión del Parlamento Europeo “por las gravísimas consecuencias sobre la agricultura europea”.
Por otro lado, tras conocerse esta última decisión de Bruselas, más de 200 científicos redactaron un comunicado en el que explicaban que estas nuevas normas debilitan “drásticamente” las capacidades de la UE para “gestionar los riesgos derivados del uso de estas sustancias tóxicas tanto para el medio ambiente como para la seguridad alimentaria”.
“La evidencia científica documenta que el uso de plaguicidas es un motor reconocido del declive de la biodiversidad, afectando a insectos, aves, anfibios, organismos del suelo y mamíferos”, le recordaba a la Comisión Europea.
No se circunscriben a ensayos o trabajos teóricos: en este sentido, España, por ejemplo, arrastra un problema de contaminación de aguas subterráneas, especialmente por el filtrado de los restos de productos químicos aplicados en la agricultura a través del suelo hasta los acuíferos. La última evaluación del Ministerio de Transición Ecológica admitía que hay “un gran número de incumplimientos detectados por toda la geografía española” respecto de las concentraciones máximas permitidas por la ley.
Una investigación de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, de julio de 2024 arrojó “niveles inesperadamente altos” de residuos de pesticidas agrícolas en los suelos donde se utilizan intensivamente en diversos campos de cultivo estudiados (entre ellos el Campo de Cartagena de la Región de Murcia).
Cada vez se instrumentaliza más las preocupaciones de los agricultores para desmantelar la legislación ambiental. En lugar de afrontar los problemas estructurales del sector, se debilitan las normas de pesticidas lo que, en realidad, responde a los intereses de las corporaciones agroquímicas no a las comunidades rurales
“Lo que hemos visto no es solo la influencia de la extrema derecha, sino también el giro de la derecha tradicional que cada vez instrumentaliza más las preocupaciones de los agricultores para desmantelar la legislación ambiental”, cuenta desde Bruselas la encargada de agricultura, biodiversidad y alimentación de la organización Amigas de la Tierra-Europa, Clara Bourgin.
Bourgin explica que “mediante el pretexto de defender a los agricultores con la regulación de los pesticidas, la derecha está atacando las normas diseñadas para proteger la salud pública, la biodiversidad y a los propios agricultores”. Se trata de una especie de “caballo de Troya”, prosigue, por el que “en lugar de afrontar los problemas estructurales del sector como los bajos ingresos agrícolas, las condiciones injustas del mercado o la concentración corporativa, se debilitan las normas de pesticidas lo que, en realidad, responde a los intereses de las corporaciones agroquímicas no a las comunidades rurales”.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Cuando a principios de 2024 estallaron las tractoradas de protesta general de agricultores contra las políticas europeas salió a relucir el Pacto Verde Europeo. Las caravanas de maquinaria agrícola se prolongaron tanto en las carreteras de España o Francia (las principales potencias agrícolas de la UE) como en las calles de Bruselas, a las puertas del despacho de Ursula von der Leyen, quien buscaba ya renovar su mandato como presidenta de la Comisión Europea tras las elecciones que tendrían lugar ese mismo año.
Desde ese momento los proyectos y regulaciones relativas a los pesticidas han ido debilitándose progresivamente.
La postura representada por las macroorganizaciones agrarias como Cope-Cogeca es que necesitan los pesticidas químicos para mantener el nivel de producción que luego puedan comercializar. Que no disponen de sustitutos y que, además, imponen unos gastos imposibles para que sus explotaciones sean rentables.
“Prohibir diferentes productos sin tener suficientes alternativas efectivas no es un enfoque eficiente”, defendían poco antes de que la propuesta de reducción de uso desapareciera. “Es esencial que mantengamos nuestros rendimientos estables y produzcamos suficientes productos de alta calidad para contribuir a la seguridad alimentaria mundial”, añaden.
“La proclama de que debemos producir más para cubrir la demanda mundial es un reclamo habitual de la agroindustria, pero la realidad es que ya se produce suficiente y que el hambre no es consecuencia de una producción insuficiente, sino de un reparto desigual”, recuerda Bourgin.
Así que, según la ecologista, “echar para atrás décadas de protección frente a los pesticidas solo empeorará la biodiversidad lo que, a la larga, perjudica esa seguridad alimentaria, ya que el cultivo de alimentos depende de los ecosistemas que estamos dañando”.
El resultado político ha sido, hasta el momento, que, en Europa, se ha pasado de querer recortar el uso de pesticidas que contaminan el agua y el suelo a levantarles los controles.
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