La ministra de Vivienda exige a la Generalitat Valenciana que recupere los controles eliminados en la adjudicación de vivienda pública

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha exigido a la Generalitat Valenciana que derogue el decreto 180/2024 y recupere los controles en la adjudicación de vivienda pública para evitar nuevos escándalos como el del Ayuntamiento de Alicante o en la localidad de Alzira, donde varias personas han hecho cola durante días para inscribirse en una promoción de vivienda protegida de iniciativa privada.

En su intervención en el Senado, Isabel Rodríguez ha contrapuesto la opacidad y la desregulación valenciana, promovida por el actual ejecutivo popular que preside Juanfran Pérez Llorca, con la transparencia que imperará en las adjudicaciones de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda.

Tal y como ha venido informado elDiario.es, el decreto aprobado en diciembre en 2024 por el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, eliminó los controles aprobados tres años antes por la izquierda. En concreto, se eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda pública de la Generalitat, aportando declaración jurada del cumplimiento de los requisitos, para optar a promociones de iniciativa privada. El fraude en la declaración responsable implicaba la expulsión del registro y no poder optar por lo tanto a este tipo de viviendas.

Rodríguez ha comentado que lo sucedido en Alicante “es un absoluto escándalo que requiere de la reacción de los poderes públicos” y ha asegurado que todas las viviendas que se promocionan desde el Ministerio contarán “con todos los controles para impedir que la vivienda protegida sea para los de siempre”.

Además, ha pedido a la Generalitat que revierta “esa normativa que ha permitido este caso” y se ha comprometido a trabajar en el marco de sus competencias para abordar garantías “atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional” en el sentido de que se vuelvan a recuperar esas garantías “en el proceso de adjudicación, en los registros de demandantes de vivienda para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Alicante o en Alzira, que los procesos sean transparentes y dignos para la ciudadanía”. También ha advertido de que “en Casa 47 ningún empleado podrá concurrir a estos procesos y serán ante notario y habrá que inscribirse para optar por portal”.

Asimismo, la ministra ha anunciado que el ministerio va a explorar sus competencias para velar por la transparencia en las adjudicaciones dependientes de otras administraciones. “Adquirir una vivienda de protección pública es un derecho, no un mercadeo. Han pasado de privatizar hospitales en Alzira a privatizar los demandantes de vivienda”, ha dicho.