El PP ha elegido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como su candidata a presidir la Federación Española de Municipios y Provincias, que elegirá este mismo sábado a sus órganos de gobierno. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo encabezará la asociación tras imponerse en las elecciones locales del pasado 28 de mayo y gracias a los pactos con Vox que le dieron algunas alcaldías sin las cuales no tendría garantizado imponerse en la votación de mañana. La vicepresidenta será la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también del PP.

Así lo ha comunicado el PP en una nota de prensa que da por finiquitada la negociación con el PSOE para una lista unitaria, algo que ha ocurrido otras veces en el pasado. Pero el partido de Feijóo ha optado por forzar una votación en el Pleno de este sábado que permita precisamente visualizar su triunfo el 28M.

García-Pelayo recuperó tras las elecciones el bastón de mando de Jerez que ya tuvo en dos mandatos previos: entre 2003 y 2005 (tras un pacto con el Partido Andalucista de Pedro Pacheco) y entre 2011 y 2015.

Durante ese primer mandato compartido con el PA, García-Pelayo firmó unos contratos como alcaldesa con empresas relacionadas con la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, y que le costaron tres años de cárcel.

Pero la alcaldesa se libró. El Tribunal Supremo la exoneró en dos ocasiones. La primera, en 2016, cuando el magistrado Antonio del Moral sostuvo en un auto que existían indicios de delito porque las adjudicaciones, rubricadas por García-Pelayo, fueron una decisión “arbitraria” adoptada “al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas – tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”.

El juez añadió que dichos contratos solo podían hacerse efectivos con la firma de la alcaldesa. Aún así, Del Moral levantó la imputación al sostener que “no es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma”.

El fiscal sí vio un delito continuado de prevaricación y falsedad de documento público, ya que los pliegos de adjudicación se elaboraron con posterioridad a que se hubieran amañado.

Tres años después, en 2019, la Fiscalía pidió a Del Moral la reapertura del caso al haber encontrado “nuevos y relevantes elementos probatorios”. Una colaboradora de Correa situó a García-Pelayo en la preparación del amaño de los contratos. Según su confesión, la alcaldesa de Jerez no se limitó a firmar los contratos, sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. Uno de los cabecillas de la trama Álvaro Pérez, 'El Bigotes', corroboró esta declaración.

Pero el mismo juez del Supremo dio carpetazo definitivo a la causa al considerar que los delitos habían “prescrito”. Es decir, que había pasado el tiempo suficiente para quedar fuera de la acción penal.

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de 3 años de cárcel de Francisco Correa y Pablo Crespo por la actividad de la trama Gürtel en la ciudad de Jerez, gobernada entonces por el Partido Popular. Los jueces avalan la condena impuesta por la Audiencia Nacional por el amaño de tres contratos adjudicados de manera irregular a las empresas de Correa para organizar la participación de la ciudad de Jerez en la feria de turismo FITUR en el año 2004 por un valor total de 214.000 euros.

Son hechos similares a los sentenciados ya en firme en otras ramas del caso, por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en la empresa pública AENA, donde la trama también amañó diversos contratos públicos para organizar la presencia de ayuntamientos e instituciones en FITUR. Esta es la cuarta sentencia firme que certifica cómo la trama Gürtel extendió su entramado corrupto en instituciones de todo orden que dirigía el Partido Popular. Los jueces del Supremo ya han confirmado las condenas por la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana, por la primera etapa de la trama, por su amaños en AENA y ahora también por su actividad corrupta en Jerez.

Los jueces sí rebajan las condenas de algunos de sus colaboradores. Por ejemplo reducen a 1 año y 3 meses de cárcel la pena de Javier Nombela, empleado de las empresas del grupo Correa. También es absuelta de prevaricación Isabel Jordán y su condena, aunque no recurrió, queda en 1 año y 2 meses de cárcel. Jordán es una de las imputadas del caso presente en prácticamente todas las piezas separadas que ha decidido reconocer los hechos en los últimos juicios celebrados.

La sentencia del Supremo también matiza la absolución que dictó la Audiencia Nacional contra varios trabajadores municipales de Jerez que habían sido absueltos pero por prescripción de los hechos. Los jueces le dan la razón parcialmente y entienden que deben ser absueltos de prevaricación por la falta de delito y mantienen la absolución por el delito de falsedad documental por prescripción.

Esta pieza separada del caso Gürtel abordó irregularidades en la contratación del ayuntamiento de Jerez en un momento en el que estaba gobernado por el PP con la alcaldesa María José García-Pelayo, posteriormente diputada en el Congreso por Cádiz. El Tribunal Supremo rechazó en varias ocasiones extender la investigación a la antigua regidora del municipio andaluz al entender, entre otras cosas, que los hechos habían prescrito.

Expedientes “plagados de ilegalidades”

El Supremo declara probado en firme que las empresas habituales del Grupo Correa, Special Events y Down Town Consulting, fueron las que se llevaron el botín: tres contratos que sumaban 214.000 euros para organizar la presencia de la ciudad en la feria FITUR. El mismo tipo de actuación que llevaron a cabo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana por la que también han sido condenados en firme.

Una vez acabada la feria, explica el Supremo, pusieron en marcha un proceso para encubrir esta adjudicación a dedo: “Se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación antedatando las actuaciones e incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa”, relatan los hechos probados. Estos expedientes, en los que intervino tanto el personal de las empresas de Correa como técnicos y funcionarios del ayuntamiento, “están plagados de ilegalidades y arbitrariedades para sortear los controles de legalidad”, según el Supremo.

El magistrado Antonio del Moral ha archivado definitivamente la causa en Gürtel contra la excaldesa de Jerez María José García Pelayo, cabeza de lista del Partido Popular por Cádiz en las últimas elecciones, al considerar que los hechos están prescritos. Del Moral adopta esta decisión a pesar de los “nuevos y relevantes elementos probatorios” que le presentó la Fiscalía el pasado noviembre, según recogía el escrito del Ministerio Público.

García Pelayo fue imputada en el marco de la pieza separada del caso Gürtel referente a tres contratos a las empresas de Gürtel para el stand de Jerez en la feria Fitur del año 2004. Por su condición de aforada, la instrucción se desarrolló en el Tribunal Supremo.

En abril de hace tres años, el magistrado Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. “No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma”, resolvió Del Moral. La Fiscalía decidió entonces no recurrir. Las dos personas jurídicas que pretendieron personarse como acusación popular y que podrían haber recurrido la decisión no alcanzaron a reunir la fianza impuesta para ello.

Entre el 3 de junio y el 19 de septiembre últimos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera en el Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al Partido Popular. En la vista destacó la confesión de Isabel Jordán, administradora de varias empresas de Gürtel y que cumple condenas que suman más de 20 años de cárcel. La excolaboradora de Francisco Correa señaló a García Pelayo en la preparación del amaño.

Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que “se expone con detalle” el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirmó la Fiscalía en su escrito. Según su confesión, García Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel.

En su auto, el juez Del Moral asegura que las razones de la prescripción no han variado. Asegura que los actos supuestamente prevaricadores se debieron cometer después de octubre de 2004 y que los que presenta la Fiscalía simplemente son el cumplimiento administrativo de las decisiones tomadas con anterioridad a esa fecha. “Lo ilegal en ese momento hubiese sido incumplir esos acuerdos en ejecución de los cuales se producían otros ya como algo automático que ni exigía valoración autónoma (hubiese sido improcedente), ni gozaban de ámbito de discrecionalidad alguna más allá de comprobar que el pago se corresponda con el acuerdo”, escribe el magistrado.

El caso Gürtel vuelve a irrumpir en el día a día del Partido Popular, esta vez a menos de una semana de unas elecciones generales. La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de solicitar que se reabra la causa contra su cabeza de lista por Cádiz, María José García Pelayo, por su responsabilidad en las adjudicaciones a la red de corrupción de Francisco Correa cuando era la alcaldesa de Jerez de la Frontera. En un escrito remitido a la Sala de lo Penal, y al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal considera que han aparecido “nuevos y relevantes elementos probatorios” que hacen necesario que se reabra la causa contra García Pelayo archivada en 2016.

Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del PP para conocer su reacción ante esta decisión de la Fiscalía y saber si tomará algún tipo de medida contra la candidata, pero no ha obtenido respuesta. El juez del Tribunal Supremo Antonio del Moral dictó una providencia el pasado 28 de octubre solicitando a las partes que se pronuncien sobre el escrito de la Fiscalía antes de adoptar una decisión.

García Pelayo fue imputada en el marco de la pieza separada del caso Gürtel referente a tres contratos a las empresas de Gürtel para el stand de Jerez en la feria Fitur del año 2004. Por su condición de aforada, la instrucción se desarrolló en el Tribunal Supremo. En abril de hace tres años, el magistrado Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. “No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma”, resolvió Del Moral. La Fiscalía decidió entonces no recurrir.

Entre el 3 de junio y el 19 de septiembre últimos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera en el Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al Partido Popular. En la vista destacó la confesión de Isabel Jordán, administradora de varias empresas de Gürtel y que cumple condenas que suman más de 20 años de cárcel. La excolaboradora de Francisco Correa señaló a García Pelayo en la preparación del amaño.

Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que “se expone con detalle” el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirma ahora la Fiscalía en su escrito. Según su confesión, García Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel.

Antes de esas reuniones, Isabel Jordán relató también otra anterior en la que Pablo Crespo, número dos de la trama, anunció a otros integrantes, incluida ella misma, que sus empresas iban a organizar tres eventos para Jerez relacionados con Fitur 2004 y que serían encargados por “adjudicación directa de la alcaldesa, doña María José García Pelayo, a la empresa de Isidro Cuberos”, el exdirector de comunicación del PP y mano derecha de Javier Arenas en tiempos.

Jordán asegura que en aquella reunión interna de la trama Gürtel, Pablo Crespo definió a Isidro Cuberos “como la mano derecha de la alcaldesa en todo lo que se refería a la promoción o comunicación de su imagen”. La afirmación de Jordán, añade la Fiscalía, está reforzada por la documentación que obra en la causa sobre los vínculos empresariales entre Special Events, una de las sociedades de Correa, y Cuberos Comunicación. El periodista Isidro Cuberos falleció hace ahora cuatro años. Su cadáver apareció en un acantilado junto a su motocicleta.

Isabel Jordán también describe cómo en enero de 2004, la alcaldesa de Jerez visitó en dos ocasiones las oficinas de Correa en la calle Serrano de Madrid en compañía de Cuberos. Allí, los miembros de Gürtel mostraron a García Pelayo los diseños que habían realizado para el stand de Fitur en Jerez pese a que “no constaba tramitado ningún concurso público”, recoge el escrito de confesión. En el mismo se dice que que tanto Álvaro Pérez, El Bigotes, como otros cuatro testigos pueden ratificar dicha reunión.

Efectivamente, El Bigotes corroboró en julio pasado la asistencia a esas reuniones de García Pelayo. Durante el juicio de la Audiencia Nacional, otra de las testigos que señalaba García Jordán, la apoderada de Orange Market Mónica Magariños, ratificó los hechos en el mismo sentido. Además, en la vista, un testigo que trabaja en el Ayuntamiento de Jerez, Santiago C.G, aseguró que Cuberos “le puso de manifiesto el conocimiento de la alcaldesa de todo lo relativo a la organización de Fitur”, añade el fiscal Juan Carlos López Coig, quien considera este testimonio “igualmente significativo”.

En consecuencia, el fiscal solicita que se acuerde la reapertura del procedimiento contra María José García Pelayo y citar como testigos a Mónica Magariños, Álvaro Pérez y Santiago C.G, así como a la propia Isabel Jordán, que cumple actualmente condena en la cárcel. El juez Antonio del Moral ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía antes de adoptar una decisión.

Como consecuencia del escrito de Jordán, y antes de que se celebrara el juicio, la Fiscalía solicitó al juez instructor del caso Gurtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, que volviera a actuar contra María José García Pelayo, pero en un auto de mayo, el magistrado negó tener competencia para ello. La Fiscalía argumentaba que cuando lo solicitó, García Pelayo no estaba aforada, pero De la Mata resolvió que no era posible recuperar la competencia sobre la exalcaldesa de Jerez porque ya se había inhibido en su momento a favor del Supremo.

Alcaldesa en dos etapas; diputada con Rajoy y Casado

María José García Pelayo (Jerez, 1968) es licenciada en Derecho aunque ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional en el PP, donde ocupó su primer cargo a los 26 años. A los 27 ya era concejala de su ciudad natal, que ha gobernado en dos etapas. La primera fue de junio de 2003 a enero de 2005. Consiguió el bastón municipal al pactar con el PSA del condenado por corrupción Pedro Pacheco tras unas elecciones que había ganado el PSOE. En 2011 recuperó el poder con mayoría absoluta. Cuatro años después se impuso con minoría simple y fue desalojada del Consistorio por un pacto entre los socialistas y la candidatura de Ganemos Jerez.

Su debut en la política nacional fue en 2015 de la mano de Mariano Rajoy, como número dos de la lista por Cádiz al Congreso, que encabezó Téofila Martínez. Revalidó su escaño el pasado 28 de abril después de que Pablo Casado prescindiera de Martínez y la situara a ella como cabeza de cartel en la provincia, en competición directa con el candidato del PSOE, Fernando Grande-Marlaska. Para el 10N, Pablo Casado ha vuelto a confiar en ella como número 1 por Cádiz.

María José García Pelayo salió de la Ejecutiva del PP el pasado mes de julio, donde ocupaba la secretaría de Educación, Cultura y Deporte en favor de la asturiana Reyes Fernández Hurlé.

   Tres procesados por los contratos firmados  por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la trama “gürtel” han prestado declaración este lunes ante el juez del Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga a la exalcaldesa del PP  María José García Pelayo.

   Se trata de la que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo el pasado 8 de enero.

   El abogado de Montenegro, Carlos Sancho, manifestó a los periodistas al término de la declaración que su defendida ha explicado que no tuvo nunca relación con la alcaldesa para la firma de los contratos investigados ni para ningún otro, y que su actuación en el Instituto de Promoción ha sido siempre la de “una mandada”.

   Ni Báez ni Agüera quisieron valorar ante los medios de comunicación el contenido de sus declaraciones ante el juez del Moral, que se produjeron en presencia de un representante de la Fiscalía. No existen en esta causa acusaciones populares, puesto que ni el PSOE de Boadilla del Campo (Madrid) ni la asociación de abogados ADADE han depositado las fianzas que el Supremo les exigió para ser parte en este procedimiento.

   La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas a la hora de firmarse los contratos investigados, realizados para Fitur 2004  y que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama “Gürtel” por importe de 355.000 euros.

TESTIGOS

  Además de estas personas, han comparecido dos testigos, trabajadoras en el Ayuntamiento de Jerez, Silvia Orellana y Elena Cañero Cuadrado. Ambos han rechazado al término de sus declaraciones que tuvieran intervención en los contratos investigados durante una breve comparecencia tras la cual no han querido dar más explicaciones a la prensa.

   El pasado día 13 ya prestaron declaración en esta causa Bernardo Villar de la Luz, que fue teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez, y los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González.

   Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama “gürtel” por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como “todos saben” los alcaldes no firman los expedientes.

   García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, está siendo investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.

   El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Town.

INVESTIGACIÓN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

   El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la “consciente adopción” de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

   “Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna”. Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

Tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han ratificado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral el informe que entregaron en su día en la Audiencia Nacional que concluye que la exalcaldesa de de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, del PP, participó en la adjudicación de contratos irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.

Del Moral, que investiga a la ahora diputada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, ha interrogado también este lunes a tres testigos sobre este asunto, uno de ellos el que fuera teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez en el momento de los hechos, quienes han negado la comisión de irregularidades en este expediente según han informado fuentes jurídicos.

El informe de la UDEF, que fue remitido en su día al que fuera instructor del caso 'gürtel' en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.

Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 --valorado en 162.806 euros--, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre --por 39.366 euros-- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.

LAS FECHAS DE LOS CONTRATOS NO SE CORRESPONDÍAN A LA REALIDAD

Los investigadores han ratificado este lunes en el Supremo, según las mismas fuentes que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización. Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban “dar una apariencia de legalidad” al procedimiento.

El nombre de García-Pelayo, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su “antefirma y firma” en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su “antefirma, firma y rúbrica”. El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo y responsable del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, Bernardo Villar, también rubricó los contratos.

Igualmente ha ratificado su informe ante el magistrado Del Moral un perito de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, quien según las defensas ha salvado uno de los pagos realizados que según esta parte en todo caso ya estaría prescrito.

TESTIGOS

Al término de las declaraciones de los testigos, que se han extendido durante unas tres horas, Villar ha eludido hacer declaraciones a las puertas del Supremo sobre el contenido del interrogatorio, y se ha limitado a señalar que lleva muchos años fuera de la política debido a que se encuentra enfermo.

Igualmente han comparecido los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presiencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González, quienes han eludido a los periodistas que les esperaban a las puertas del alto tribunal.

Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama “Gürtel” por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como “todos saben” los alcaldes no firman los expedientes.

García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.

La diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, ha negado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama 'Gürtel' por importe de 355.000 euros. Se ha limitado a señalar a las puertas del Supremo que como “todos saben” los alcaldes no firman los expedientes.

García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, había sido citada en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon.

Al término de su declaración García Pelayo ha señalado que su declaración ha durado algo más de una hora si bien luego había estado leyendo su declaración ante Del Moral, a quien había dejado claro en primer lugar que ellatenía competencia para firmar los contratos cuestionados.

“Ha quedado acreditado porque hemos aportado todas las actas con las certificaciones que me delegaban la competencia para la firma”, ha explicado García Pelayo, tras lo cual ha puntualizado que no fue ella quien firmó los contratos y que ha aportado también los documentos correspondientes al respecto.

“Hemos dejado muy claro que yo no participé en la tramitación directa del expediente porque todos saben como funcionan los ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes”, ha añadido la diputada, para indicar que espera que ya haya quedado todo claro y finalice una situación que comenzó cuando se comenzó a investigar este asunto hace 9 años. Tras decir esto, ha querido responder a ninguno de las preguntas de los periodistas.

Número dos por Cádiz

García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.

La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El Supremo mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.

El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la “consciente adopción” de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

“Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna”. Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

Concluía que la valoración jurídica de los “hechos posibles” atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público.

La diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, declarará este lunes, 22 de febrero, ante el Tribunal Supremo (TS), en calidad de investigada -figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal- por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral.

Desde el PP de Cádiz han venido subrayando desde que se conoció esta declaración que la misma se produce a petición propia de la exalcaldesa y que el TS aún no ha pedido el suplicatorio al Congreso de los Diputados por este caso. El alto tribunal abrió causa contra ella dada su condición de aforada en relación con determinados contratos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.

María José García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba. El alto tribunal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El TS mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.

La exalcaldesa de Jerez de la Frontera y actual senadora por el PP, María José García-Pelayo, es la número dos de los populares al Congreso de los Diputados por Cádiz de cara a las próximas elecciones generales. Desde finales de septiembre, tiene abierta una investigación en el Tribunal Supremo por su supuesta relación con la trama Gürtel. La Audiencia Nacional acaba de procesar a ocho personas, Francisco Correa entre ellos, por las adjudicaciones que el Ayuntamiento del que era alcaldesa en 2004 concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). García-Pelayo no está entre ellos gracias una forma de blindaje in extremis como aforada (en la Comisión Permanente del Senado) como tampoco está muy alejado en el tiempo el hecho de que el PP criticara que los expresidentes de la Junta mantuvieran sus escaños cuando el Supremo les acababa de abrir una investigación en el marco del caso ERE.

Cuando el Supremo abrió igualmente causa contra Chaves y Griñán el 13 de noviembre de 2014, aquella misma tarde en Granada, el presidente del PP andaluz, dijo en un acto “espero que la señora Díaz y el señor Sánchez no se amparen en una supuesta no imputación”, como así recogían las cámaras de Canal Sur. Aquel día, sin ir más lejos, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, el mismo que defiende la labor de la exalcaldesa y que presume de que “no está imputada”, exigía a los socialistas que pidieran “perdón a la sociedad andaluza por esta vergüenza” de tener a Chaves y Griñán con una causa abierta en el Supremo. “Estamos hablando de dos expresidentes que hoy están encausados por un escándalo que ha supuesto el robo a los parados andaluces. Deberían avergonzarse y pedir perdón”, ha concluido.

El caso es que entre las personas formalmente imputadas por De la Mata no está García-Pelayo porque, poco antes, había sido nombrada suplente en la Comisión Permanente del Senado. Eso le ha permitido continuar con fuero especial hasta pasadas las elecciones generales de 20 de diciembre a pesar de la disolución de las Cortes Generales. De la Mata envió la acusación contra la senadora al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, cosa que les permite a los populares defender que aún no está imputada.

Esa suerte de blindaje judicial lo criticó duramente el PP cuando el PSOE-A protegió como aforados a cuatro exconsejeros 'señalados' por Alaya en los ERE. Digamos que el PP-A ha hecho lo mismo con la exalcaldesa en la Comisión Permanente del Senado que pudo hacer el PSOE-A incluyendo a exconsejeros presuntamente implicados en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. La cuestión es que García-Pelayo, como dice el juez de la Audiencia Nacional, era alcaldea de su ciudad cuando los contratos que se investigan se adjudicaron “sin concurso público” e incurrieron en “groseras ilegalidades”. La parte que lleva el Supremo contra ella alude a un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con aquellos contratos administrativos realizados para Fitur 2004.

El “tirón social” de la investigada

Las opiniones actuales sobre tener una causa abierta en el Supremo son ahora bastante diferentes en el PP, al menos según las consideraciones, entonces y ahora, de idénticos protagonistas. Sobre la inclusión de María José García-Pelayo en la lista al Congreso, Moreno Bonilla insistía este martes en que la exalcaldesa no está imputada “a día de hoy” y que su partido está pendiente del procedimiento de citación por parte de la Justicia, mostrándose convencido de que la causa “terminará archivándose” y ha dicho esperar que sea “lo antes posible”.

Por su parte Sanz, que además de delegado del Gobierno es presidente provincial del PP de Cádiz, defendía también este martes que “no está imputada” y que, añadiendo otro argumento un tanto más extraño, fue la ganadora de las elecciones en su ciudad, contando con el respaldo mayoritario de los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales.

“Las circunstancias son las que son y no hay ninguna imputación”, ha sentenciado el dirigente popular, apuntando que tiene plena confianza en el trabajo de García Pelayo, que hizo una labor impresionante por su ciudad en su etapa como alcaldesa. Un poco más allá ha ido el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, que ha asegurado que el PSOE critica la inclusión en la lista al Congreso de la exalcaldesa porque “les fastidia el tirón social y apoyo ciudadano que tiene”, mientras que los socialistas “no tienen nada que ofrecer”.

En más o menos la misma línea, aunque con menor efusividad, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha señalado que mientras la exalcaldesa de Jerez de la Frontera no figure como imputada, sino sólo como investigada por su presunta relación con la trama Gürtel, “no tenemos nada que objetar” a su inclusión en la lista de los populares gaditanos al Congreso. Eso sí, el también portavoz del grupo de C's en el Parlamento andaluz ha precisado que si esa situación cambiara y sí fuera imputada, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, “estaría obligado a apartarla porque si no fuera así, caería en una contradicción”. “Técnicamente no está imputada, sino investigada”, dijo.

También se han pronunciado socialistas en las últimas horas acerca de ello. El senador y secretario de Política Municipal del PSOE, Francisco Menacho, ha manifestado que el PP “no va a poder hablar de limpieza democrática, porque está aplicando lo contrario de lo que dice” y se ha preguntado que “con la que está cayendo, cómo a un partido se le ocurre llevar en las listas al Congreso a una persona que está señalada en un tema como el Gürtel”.

Menacho señaló que “aunque estar imputado no tiene que decir nada, en el PSOE se han caído de las listas” y ha incidido en que “una persona imputada no tiene nada hasta que se demuestre, pero si hemos dicho que imputados no, cómo ellos ponen a una persona que si no fuera senadora estaría imputada”.

Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Rafi Crespín, criticaba días atrás la “poca vergüenza” y el “descaro” que, a su juicio, ha mostrado el PP-A al incluir en sus listas a García-Pelayo, “salpicada en el caso Gürtel, el caso de corrupción política más grande que hay hoy por hoy” en España.

La exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo será investigada por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata aprecia indicios de prevaricación continuada en la exregidora y ha elevado exposición razonada al Alto Tribunal, competente para investigar a García Pelayo por ser aforada.

Los hechos que se han investigado en este pieza separada se han centrado en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el IPDC, un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004, así como otros expedientes, caso del acondicionamiento para la Plaza Mayor de Madrid, donde el Ayuntamiento de la ciudad gaditana realizaba exhibiciones para el fomento del turismo.

De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector. En el caso de la adjudicación del stand del ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, participaron personas y empresas vinculadas al presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación.

Según explica el juez De la Mata, las mercantiles Special Events y Down Town, dos de las empresas centrales de la trama de corrupción, elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios “cuando ya los trabajos se habían realizado” y transcurrido “casi un mes desde su finalización”.

En su exposición motivada, el juez De la Mata detalla todos los indicios recabados contra la ex alcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el consejo rector. Pese a ello, “aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas”. “Consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector”, añade el magistrado.

Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos “se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos” De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales.

Toda la actuación desarrollada por la persona aforada, señala el juez, “con la participación del resto de imputados fue además injusta”. “Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas”, añade el magistrado.

Jerez de la Frontera (Cádiz) podría terminar con todos sus alcaldes desde la llegada de la nueva democracia a los municipios habiendo pasado por el banquillo. Tras los casos de los exregidores Pedro Pacheco (PA y luego PSA) y Pilar Sánchez (PSOE), los dos condenados, un informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acaba de remitir para el juez Pablo Ruz pone contra las cuerdas a la actual alcaldesa, María José García Pelayo (PP), dentro de la ramificación en Andalucía de la trama Gürtel.

En concreto, se trata del informe definitivo sobre la adjudicación en 2004 a la trama liderada por Francisco Correa del contrato de representación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), por parte del consistorio, por un importe total de 343.537,58 euros, según ha dado a conocer la cadena SER. En este momento era alcaldesa María José García-Pelayo, y este informe abre las puertas para su imputación por el juez, igual que para el caso de Isidro Cubero, histórico responsable de prensa de Javier Arenas, por su papel de “intermediación”, según la misma emisora. 

No deben ser muchos los municipios que puedan decir que todos sus alcaldes desde que floreciera la democracia han tenido problemas con la justicia. Uno de ellos y el que más tiempo pasó en el poder, Pedro Pacheco, está en prisión desde el año pasado por la contratación irregular como asesores de dos compañeros del PSA en empresas municipales. Pilar Sánchez, por su parte, ha sido condenada a cuatro años y medio recientemente por varios delitos relacionados con las ayudas que concedió a una empresa para que se instalara en la ciudad.

Y ahora todas las miradas se centran en María José García-Pelayo, por participar supuestamente en la adjudicación de contratos irregulares a empresas de Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe previo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Es un caso que se produjo en 2004, antes de que explotara la crisis y antes de que la ciudad se instalara en una cifra de la tasa de paro que llega al 45%. Entonces María José García-Pelayo acababa de llegar al gobierno tras pactar con Pedro Pacheco y quería proyectar una imagen nueva del municipio. Para ello era fundamental impactar en Fitur. El Instituto de Promoción y Desarrollo adjudicó de forma “irregular” varios contratos a empresas de Francisco Correa para el montaje de un pabellón y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros, según la UDEF.

Las empresas Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del expositor valorado en 162.806 euros, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre por 39.366, y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855. Hasta ahí, procesos administrativos. Sin embargo, según las investigaciones, los empleados del Grupo Correa efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación. Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.

El caso se reabrió

Era un caso que coleaba desde entonces y que parecía haber caído en el olvido después de que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivara en 2011 la denuncia que realizó el PSOE contra la regidora por “inadmisibilidad” y “desestimación” de los escritos por prevaricación de la regidora. Pero el juez Pablo Ruz reabrió el caso el año pasado a raíz de un informe de la policía.

Se van conociendo más detalles de los informes de la UDEF y la pasada semana Diario de Jerez daba cuenta del último informe, donde se señala a tres trabajadores del consistorio relacionados con la adjudicación del pabellón del Fitur a empresas de la trama Gürtel. Lo especifica el informe realizado tras solicitar instructor, con fecha 15 de diciembre de 2014, el análisis de la “documentación electrónica aportada de forma anónima al juzgado correlacionándola con la información que obra en el procedimiento”. Destacan también en el informe de la policía las irregularidades en el procedimiento ya que primero se adjudicó y después se generaron los documentos oportunos.

Esta publicación ha dado pie a que la Asociación de Técnicos Municipales de la ciudad aclare su postura: “El Informe de la UDEF en ningún caso hace responsables de las supuestas contrataciones irregulares a técnicos de nuestro ayuntamiento, ni tan siquiera expone una mínima alusión a supuesta responsabilidad en la decisión de contratar a esas empresas ni en la forma en la que se hizo. El informe menciona el nombre de quien aparece en las propiedades digitales de los documentos como autor de los mismos, sin que garantice que sea quien efectivamente escribió el documento. Lo único que garantiza es el equipo desde el que se han escrito los documentos”.

Mientras tanto, la alcaldesa encaja los golpes sin aparente esfuerzo y se reitera en que el expediente de contratación se tramitó “de acuerdo a la legalidad” y que “todo se firmó en base a los informes técnicos” correspondientes. “Tengo la conciencia tranquila porque ningún político ha tenido, ni tiene relación, ni ha recibido beneficios, ni ha beneficiado nunca a nadie de la trama Gürtel”, ha dicho.

“No sabía que teníamos la mala suerte de contar con una empresa de la Gürtel”, dijo la alcaldesa a un reportero de El intermedio en un programa emitido a primeros del pasado mes de diciembre. La oposición de la ciudad hace sangre con este asunto a pocos meses de la celebración de las elecciones municipales y queda en el aire la pregunta de si la justicia terminará recayendo también sobre la tercera regidora de Jerez de la Frontera desde 1979. Por el momento no hay ni siquiera imputación, pero el daño parece irreparable.

El nuevo año trae consigo la reapertura judicial de los hilos de la trama Gürtel en Andalucía. El pasado mes de marzo trascendió que empresas de Francisco Correa participaron en el expediente de contrataciones hechas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la promoción de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de 2004 (Fitur). Según la detallada documentación remitida ahora anónimamente al juez Ruz, a la que ha tenido acceso eldiarioandalucía, el Consistorio liderado entonces por la popular María José García Pelayo, hoy día también alcaldesa, falsificó supuestamente el expediente de contratación con posterioridad a la celebración de la Feria y no llevó a cabo ningún procedimiento para la contratación de dos empresas de la trama Gürtel, Special Events y Down Town.

Esto se comprueba, según el informante anónimo, con los metadatos de los documentos (su huella digital en los ordenadores donde se hizo la elaboración de los mismos). El procedimiento de contratación negociado sin publicidad es el único que no requiere ningún anuncio y, por tanto, los documentos se pueden montar a posteriori. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya alertó de estas operaciones respecto a la fabricación de los pliegos, ofertas de las empresas y demás documentos que las empresas de Correa tenían que haber presentado al procedimiento de contratación y que se habrían elaborado con posterioridad a la prestación del servicio. Según avanzó recientemente La Sexta, la Policía concluye en unos de sus informes que el Ayuntamiento presuntamente manipuló documentos de los expedientes referidos a las adjudicaciones a las empresas de Correa.

El expediente jerezano, que forma una pieza separada del caso Gürtel, saltó a la luz la pasada primavera cuando la UDEF alertaba de que aquellos procesos de adjudicación estaban plagados de irregularidades. Hace apenas unos días, según adelantó Vozpópuli, el juez Ruz recibió la información anónima y ya la ha unido a la que estaba abierta. Se trata de una serie de documentos digitales que, una vez firmados, se incluyeron en el expediente de las contrataciones del Ayuntamiento de Jerez para aquella edición de Fitur pero después de que finalizara la feria.

Negociado sin publicidad y 'fabricación' a posteriori

Después de que en marzo trascendiera que la alcaldesa de Jerez, en calidad de presidenta del órgano municipal Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), adjudicó los trabajos sin concurso, la documentación anónima vendría a demostrar que los documentos contractuales fueron creados con posterioridad a la celebración de Fitur y que no hubo ningún procedimiento de contratación para contratar a las empresas de Correa. Ni siquiera el procedimiento negociado sin publicidad que aparece en el expediente, ya que los documentos se elaboraron después de la celebración del evento, para intentar dar una apariencia de legalidad.

Según la información que ya maneja el juez Ruz, que ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado un nuevo informe, el procedimiento de contratación que tendría que haberse utilizado era el concurso abierto pero, ante los precios inflados por las comisiones, en un concurso nunca hubieran resultado adjudicatarias dichas empresas, sobre todo ante la empresa jerezana que venía organizándolo, que era más barata. La finalidad de la supuesta manipulación fue contratar de forma directa.

El anónimo aporta explicaciones de cómo comprobar la fabricación del expediente a través de los documentos que lo componen. Por ejemplo, en el documento denominado 'Informe del Secretario', la fecha que figura dentro del texto del documento es 8 de enero de 2004, pero en los metadatos aparece que realmente se creó el 3 de febrero de 2004, guardado el 25 de febrero de 2004, tras doce revisiones, e impreso el 12 de febrero de 2004. Por ello, en el punto quinto de este documento dice que “será aprobado por el presidente, pero siendo competencia del Consejo deberá someterse a la ratificación del mismo”, sin justificar porqué debía aprobarlo la presidenta (García Pelayo), no teniendo competencia ya que era del Consejo.

El caso es que el 3 de febrero ya se sabía que no se había llevado a cabo ningún procedimiento de contratación con anterioridad al evento y el Consejo no podía 'fabricar' a posteriori sin haberse celebrado. Pero una resolución de la presidenta sí se podía 'fabricar' a posteriori. Este informe también valida la tramitación de urgencia del expediente para justificar que se hiciera por procedimiento negociado sin publicidad, cuando debía hacerse por concurso. Tal y como dijo la Intervención General del Estado, según cita el informe de la UDEF, no pudo haber urgencia ante la organización de Fitur, que tiene carácter anual y cuyas fechas se conocen con mucha antelación.

En todo este proceso de adjudicaciones, como ya informó eldiarioes, hay una pieza clave que es Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas. “Desempeña un papel fundamental en la planificación, desarrollo y adjudicación de los distintos contratos a empresas del Grupo Correa (Special Events SL y Down Town Consulting SL)”, decía el el informe policial que trascendió en marzo. La UDEF añadía que “la documentación administrativa elaborada para presentarse a la adjudicación del concurso negociado sin publicidad, llevado a cabo por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, fue confeccionada una vez ejecutados los trabajos que lo motivan y pasado un tiempo de su finalización”.

La Intervención concluyó que no se justifica que las adjudicaciones se hubieran producido a dedo “vulnerando los principios de contratación pública; en concreto, los de publicidad, objetividad y transparencia”. Las irregularidades detectadas alertaban además de que “muchos de los documentos administrativos tienen defectos formales, no consta la fecha ni quién los firma, siendo destacable como prácticamente ninguno y en especial los que afectan a notificaciones, a los adjudicatarios o escritos presentados por estos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público, que garantice la fecha y la veracidad de su contenido”.

La conexión jerezana

El trabajo que Cuberos consiguió para la Gürtel consistía en el montaje del estand de Jerez en Fitur, así como en la organización de varios eventos ecuestres, uno en el madrileño Parque del Retiro y otro en la Plaza Mayor de la misma ciudad. En su extenso informe, la Policía señaló que las gestiones de Cuberos “no se efectúan de forma desinteresada, sino que dicha persona recibe elevadas cantidades de dinero por tales trabajos”.

Dentro de estas conexiones entre la cúpula popular andaluza y Jerez de la Frontera también se encuentra el jerezano Aurelio Romero, que hace aproximadamente un año dejaba su puesto de tesorero del PP en Andalucía con la entrada de Moreno Bonilla y que también aparece en las famosas listas de Luis Bárcenas como perceptores de distintas cantidades de dinero.

Romero, además de concejal, diputado provincial, autonómico y nacional, ejerció el cargo de tesorero del PP-A durante años a las órdenes de Arenas, compatibilizándolo con sus cargos de concejal y, sobre todo, de estratega de las campañas electorales de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, incluído sus ingresos y gastos.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), en calidad de presidenta del órgano municipal Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), adjudicó los trabajos para promocionar la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de 2004 (Fitur) por procedimiento negociado y sin publicidad, a dos empresas de la trama Gürtel, Special Events y Down Town, que entregaron la documentación para presentarse a los mismos después de la celebración de Fitur.

La Policía Judicial ha emitido un informe en el que detecta “irregularidades” en el proceso de contratación. Según ha justificado por escrito el director del IPDC, el Ayuntamiento no dispuso de financiación para el evento hasta el 10 de diciembre de 2003 gracias al Plan de Excelencia Turística, según adelanta El País. Con un coste para las arcas públicas de 214.027,45 euros, se adjudicó de urgencia y sin concurso público. La UDEF también denuncia que la documentación que las empresas de Francisco Correa tuvieron que realizar para presentarse a los concursos negociados sin publicidad en Jerez “fue elaborada y entregada una vez ejecutados los trabajos” y casi un mes después de la celebración de Fitur.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha negado estos días que la Policía Judicial implique a la alcaldesa jerezana con la trama Gürtel, ya que el objeto del informe de la UDEF es “estudiar los contratos que se realizaron con motivo de Fitur 2004, solicitándose la declaración de una persona ajena al Ayuntamiento de Jerez”. En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la Policía Judicial en sus conclusiones “en ningún caso contempla actuaciones contra la alcaldesa de Jerez ni contra personal municipal, a los que ni siquiera llama a declarar, pidiendo el interrogatorio de un tercero que nada tiene que ver con el Consistorio jerezano”.

Desde el Consistorio han reiterado que el informe “no implica a la regidora jerezana, ya que si en el mismo se entendiera que existen indicios de delito por parte de personas vinculadas al Ayuntamiento la misma Policía judicial hubiera solicitado la declaración ante el juez”, recordando asimismo que el juez de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya archivó, el 30 de mayo de 2011, la denuncia interpuesta por el PSOE contra García-Pelayo por el caso Gürtel.