El archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico sur, explotó el año pasado en unas revueltas populares duramente reprimidas en las que murieron 14 personas, tras más de tres décadas de relativa calma social. Con un estatus particular dentro de Francia, que incluye una alambicada vía pautada para la independencia, el intento unilateral de París de alterar el censo electoral para incluir a la población de origen francés —más allá de los nativos canacos— encendió la ira de la nueva generación de independentistas, lastrada también por las malas perspectivas económicas.

Los disturbios llevaron a prisión preventiva en la Francia metropolitana a Christian Tein, presidente de la principal formación independentista, el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS). Liberado tras un año, pero todavía pendiente de juicio, Tein asegura que su detención tuvo motivación política y niega cualquier papel organizador de la revuelta. También insiste en que la vía a la independencia es irreversible, aunque Francia quiera mantener el dominio sobre una región de creciente importancia geopolítica y fuente de materias primas como el níquel.

El Gobierno francés negoció este verano un acuerdo con las formaciones del archipiélago del que el FLNKS se descolgó, entre acusaciones de falta de honestidad negociadora, y a finales de octubre el Parlamento galo aprobó el retraso de las elecciones en el territorio a 2026, también en contra de la voluntad de la mayoría de independentistas, recelosos de que se certifique la extensión del censo. Tein, que ha estado de gira europea en busca de apoyos para la causa, protesta por la actitud de Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos franceses. A Madrid llegó para intervenir en el Congreso, invitado por EH Bildu.

¿Por qué rechazan el cambio en el censo y el adelanto electoral?

El asunto del censo electoral ha derramado mucha sangre, infelicidad y dificultades en nuestro país. Por desgracia, el Estado francés siempre nos ha impuesto un censo colonial. En múltiples ocasiones hemos intentado hacer comprender al Gobierno francés que no queremos desaparecer como pueblo. Quizás seamos un pueblo pequeño, pero tenemos nuestra historia, nuestra civilización. Con los dos acuerdos con el Gobierno francés, encontramos la forma de ir hacia algo mejor [en referencia a los acuerdos de paz de Matignon (1988) y el de Numea (1998), que previeron tres referéndums de independencia. Los dos primeros arrojaron un resultado contrario, pero el tercero, celebrado en 2021, fue boicoteado por los independentistas, que querían esperar al fin de la pandemia de COVID-19].

Con un censo electoral definitivo para definir el futuro del país. Pero a medida que hemos ido avanzando hacia el final de ese proceso, nos hemos ido dando cuenta que el Gobierno francés lo que cedía con una mano lo quitaba con la otra.

Francia no sabe descolonizar, no tiene palabra, especialmente el Gobierno actual. [Ahora] estamos en un proceso a marchas forzadas en el que el Estado francés ha hecho trampas, con un calendario letal que no lleva a la tranquilidad, que no pacifica y causa tensión en la población. Estamos preocupados, porque el año pasado vivimos sucesos difíciles, y no queremos que vuelvan a empezar.

¿Podrían repetirse los disturbios?

El proceso al que nos lleva el Estado francés nos va a conducir a dificultades, desgraciadamente. En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente.

¿Proponen un nuevo referéndum?

Ha habido tres. En los dos primeros se vio el apoyo creciente al independentismo. El tercero fue impuesto por la fuerza por el señor [Sébastien] Lecornu [entonces ministro de Ultramar, hoy primer ministro].

¿No se fían de él?

No nos tranquilizan ni él, ni su jefe, Emmanuel Macron, ni el señor [Gérald] Darmanin [antiguo Ministro de Interior, hoy de Justicia]. Todos ellos decidieron que el asunto de Nueva Caledonia se tratase en el seno de la República. Eso es lo que figura en el inmundo acuerdo de Bougival [de julio], en el que no queremos participar.

En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente

¿Qué pasó ahí? Las informaciones de la prensa francesa señalaron entonces que ustedes se habían sumado inicialmente, pero que después se retiraron.

El FLNKS envió una delegación, pero su misión era que, al terminar, regresasen para examinar los cambios planteados y cómo se trataban los elementos de la soberanía. Pero el Estado presionó para sacarnos por la fuerza del marco de Numea. Lo que era un proyecto de acuerdo que después se debía someter a las bases, el Estado, de forma absurda, lo consideró como un acuerdo pleno y puso en marcha toda su maquinaria. No fueron unas discusiones leales y honestas, y lo rechazamos. También influyó el sesgo del exministro de Ultramar, Manuel Valls.

La relación con él tampoco es buena.

Me acusó de mentir, dijo que había estado en Bougival. Sí, pero nunca acepté que se firmara ese acuerdo. Y eso que en una primera etapa [de las negociaciones] sí estuvimos dentro. Tampoco era nuevo, incluía la idea del Estado libre asociado que ya se contemplaba en 1985. Pero solo era una base desde la que discutir. Decidió escuchar simplemente a los antindependentistas, y las correas de transmisión del Estado se limitaron a esa única vía. Pero el FLNKS es el que representa las reivindicaciones del pueblo canaco.

La cuestión del censo es la más importante para ustedes. Temen que los residentes no originarios los acaben superando en número.

El censo se cerró en su día con la idea de que no se alterase. Pero ahora el Estado francés dice que se acabó, que ya se votaron los referéndums y que ahora se vuelve a discutir todo desde el principio. El censo es el elemento central [...] Aunque vemos que subyacen cuestiones geopolíticas del Pacífico, entre el Estado francés, los chinos, los estadounidenses.

Nueva Caledonia es rica en níquel. China es una potencia muy fuerte hoy en día, ¿les parece que representa un peligro? Es complicado manejarse entre las potencias.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado. Tienen acuerdos con Vanuatu o con las Islas Salomón, de acuerdo, pero nunca han colonizado la Melanesia. Y además, los precios que ofrecen son mucho más interesantes que los de otros, como los australianos. También están los estadounidenses...

El comercio de mercancías por el Pacífico va a ser una cuestión de interés geopolítico. Y vemos que lo que está detrás del plan Bougival de Francia es el níquel, y así lo va diciendo Macron a los países de Europa, que Francia tiene recursos ahí. Pero la competencia sobre el desarrollo económico es de Nueva Caledonia.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado

¿La presión para cambiar el statu quo se debe a esto, entonces?

[Macron] quiere construir una gran fábrica de tratamiento de níquel en Burdeos. Forma parte de una estrategia amplia, vistas las dificultades por las que atraviesa Francia con los países africanos y otros de donde extraía recursos. No queremos ser nosotros los que paguemos el costo de la pérdida de terreno de Francia en la geopolítica internacional. También hay gas, petróleo y todos los bancos atuneros, de los que se nutren Japón y muchos otros países.

Nueva Caledonia es muy estratégica. Y desestabilizarla, cuando es el país que más cerca está de la independencia, sirve para decirle a otras comunidades en vías de descolonización, como la Polinesia, las Antillas (Guadalupe, Martinica) o Reunión, que no vale la pena seguir avanzando en ese sentido.

Volviendo a 2024, ¿qué fue lo que causó que la situación se desbordase? Usted mismo sigue encausado por aquellos hechos.

La gota que colmó el vaso fue, de nuevo, el asunto del censo electoral [que Macron propuso descongelar con una reforma constitucional en enero de ese año]. Todo el proceso ha buscado la desestabilización. Pero a nosotros no nos interesaba que sucediese lo que sucedió. En todas las movilizaciones que llevamos a cabo durante casi dos años, jamás le dijimos a la gente que había que llevar el país al precipicio.

A todos los jueces les he dicho —en el primer interrogatorio, de 14 horas, y en el segundo, que fueron prácticamente seis— que soy un preso político, que lucho por la dignidad de mi pueblo, pero con respeto. Jamás tendría la idea de que habría que quitarle la vida a alguien o dañar los bienes económicos y sociales de mi país. Y los jueces de París vieron el sumario con distintos ojos que los de Nueva Caledonia. Los cargos que se me achacaban eran muy duros. Homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita... En condiciones normales, con esas acusaciones, nunca me habrían soltado. [Tein fue puesto en libertad condicional en mayo, pero hasta octubre no recibió el permiso para regresar a Nueva Caledonia].

Era la primera vez que estaba en la Francia metropolitana.

Me había prometido que solo iría Francia cuando mi país fuese independiente, pero el señor Darmanin decidió que mejor fuese cuanto antes y esposado. He dado una vuelta por Francia y me he encontrado con gente agradable. También me reuní con gente del Frente Nacional [antiguo nombre del partido de la ultraderechista Marine Le Pen].

¿De verdad?

Sí. Les dije a sus parlamentarios si les parecía normal que, cuando ellos no quieren inmigración, se les permita a ellos emigrar a nuestro hogar. Y me dijeron: “Pues tienes razón”. Se da la paradoja de que vamos a necesitar a sus diputados para detener la maquinaria de Bougival.

De nada sirve ir a la carrera, se van a reproducir los mismos esquemas que llevaron a [los disturbios del] 13 de mayo [de 2024]. Se lo dije también a la comisión parlamentaria de la cámara de diputados: vamos de tensión en tensión, no es bueno para el país. Lo único que hacemos es lanzar la alerta; sabemos que no podemos rivalizar con el Estado francés, se lo digo siempre a nuestra gente. Los medios que desplegaron durante el periodo del 13 de mayo son los que se reservan para intervenir en el extranjero, como los paracaidistas.

A estas cosas me refiero cuando digo que el Estado no sabe descolonizar, que no tiene palabra. Es una lástima haber llevado al país a esta situación, porque nunca ha sido nuestra idea llegar aquí. Nuestra lucha es progresiva y dentro de las instituciones. Nuestros resultados [en las elecciones locales] no dejan de mejorar (...). No nos interesa salir a derribarlas.

En Francia he descubierto un país aún más caótico que el mío

¿Esta aceleración de la represión emprendida por Macron que denuncia le parece una cuestión personal o sería común a cualquier mandatario francés?

El acuerdo de Bougival ya lo tenían preparado en un cajón. Tenían decidido que el acuerdo de Numea decayese fuese cual fuese el resultado, incluso si hubiésemos ganado el tercer referéndum. Sería de esperar que la Francia del siglo XXI respetase su palabra. Pero el caos en que se encuentra Francia hoy en día tampoco permite confiar en ella. He descubierto un país aún más caótico que el mío. Queremos que los medios, en España, en Europa, trasladen el sufrimiento de nuestro pueblo.

En la guerra de Gaza entre Israel y Palestina también existentes elementos de descolonización. ¿Cómo se ve el conflicto desde su perspectiva?

Siempre hemos apoyado al pueblo palestino, ya desde los tiempos de Jean Marie Tjibaou y Yasser Arafat. Pero lo que está pasando ahora está a otro nivel, es verdaderamente un genocidio. Macron, que reconoció al pueblo palestino en Naciones Unidas —y eso ha estado bien— tiene delante un pueblo, el canaco, que lleva 71 años llamando a la puerta.

Se lo pregunto porque usted apela mucho al derecho internacional, pero en el mundo actual apenas es tenido en cuenta. No sé si eso le provoca cierto pesimismo.

Me preocupan las decisiones que está tomando Donald Trump. Es preocupante que las reglas que se intentaron establecer para que todos nos pudiésemos comunicar sean puestas en cuestión por las grandes naciones. Al presidente francés le diría que las reglas que intenta hacer valer en el orden internacional se las aplique también a sus colonias.

La actuación de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en la última manifestación propalestina en Barcelona ha desatado la indignación de asociaciones y colectivos sociales. Su uso de gas pimienta para apartar a los manifestantes, tachado de “indiscriminado” por las entidades, ha provocado que también hayan pedido explicaciones a la Generalitat los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP. 

En una rueda de prensa este viernes, varias entidades sociales han reclamado acusado a la policía de haber usado gas pimienta en las protestas alrededor de la Estación de Sants sin justificación. Activistas propalestinos, sindicalistas y abogados consideran que la actuación fue “desproporcionada” contra manifestantes que se habían sentado pacíficamente para bloquear la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que debía jugar en Manresa.

Las entidades Prou Complicitat amb Israel, Boicot ICL, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya, los sindicatos convocantes de la huelga general del miércoles y Som Defensores han denunciado vulneraciones graves de protocolos y derechos fundamentales observadas durante la jornada de la huelga y han exigido responsabilidades a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Som Defensores, integrada por las asociaciones Irídia y Novact, ha identificado diversas vulneraciones de protocolos que consideran graves, tal y como ha explicado Anaïs Franquesa, abogada. El uso del gas pimienta fue sin previo aviso e incluso contra personas sentadas pacíficamente, “poniendo en riesgo su integridad física y vulnerando el derecho de reunión”. No hubo uso progresivo de la fuerza, han denunciadom sino que se optó directamente por el gas pimienta contra las personas concentradas.

“Es muy preocupante que el uso del gas pimienta se esté convirtiendo en la primera opción de los agentes antidisturbios, prescindiendo totalmente de los principios de necesidad, proporcionalidad y pertenencia que deben guiar sus actuaciones”, ha afirmado Franquesa. Además, criticó el uso del gas al mismo tiempo que otros agentes intentaban apartar a la gente del suelo y golpeaban con las porras

En el empleo específico del gas, Franquesta critica que se rociase a la cara, a poca distancia y repetidamente a ciertas personas. Según cifras de la organización, entre 30 y 40 personas fueron atendidas por personal sanitario cerca de la estación de Sants después de las cargas policiales. La mayoría lo fueron por irritaciones en los ojos y ceguera momentánea, que en algunos casos aseguran que duró más de seis horas.

De entre las personas atendidas, referían este viernes las entidades, dos eran asmáticas y llevaban a su inhalador encima. Y otra persona tuvo que ser trasladada a urgencias por una reacción alérgica al gas.

En otra actuación policial horas después, cerca del Consulado de Israel, la entidad resalta de nuevo que la utilización del gas, los carruseles y las cargas obstaculizaron el derecho de reunión pacífica, causaron lesiones y dividieron la manifestación en dos. “La actuación no sólo fue desproporcionada, sino que agravó la situación”, afirman.

Som Defensores exige de esta forma la publicación del protocolo de uso del gas pimienta y del gas lacrimógeno (PIT 23), así como una evaluación urgente e independiente de la actuación policial y la revisión de las directrices que permiten un uso generalizado e intensivo del gas pimienta en contextos de movilización.

En este sentido, la petición de las entidades sigue a la de los partidos políticos que ya reclamaron en sede parlamentaria a Interior que haga públicos los protocolos. Se trata de ERC, Comuns y CUP. Todas ellas pidieron la comparecencia de la consellera Parlon y, además, los dos últimos coincidieron en denunciar que la actuación fue “desproporcionada”.

Ha quedado en libertad provisional el joven de 19 años, detenido el pasado 14 de julio en Errenteria (Gipuzkoa) y que estaba en prisión preventiva en la cárcel de Martutene de San Sebastián, acusado de la agresión a un hombre en Torre Pacheco que desencadenó la ola de disturbios racistas ese mes en el municipio murciano.

Según han informado este miércoles a EFE fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, la puesta en libertad del joven se produjo el pasado viernes a últimas horas de la tarde, por orden judicial, y con ciertas medidas cautelares.

Entre éstas, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con el perjudicado, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, y comparecencias semanales para el investigado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El Ministerio Fiscal, único acusador, no solicitó a la jueza instructora de San Javier, partido judicial al que pertenece Torre Pacheco, la ratificación de la prisión provisional inicialmente acordada por el juzgado de San Sebastián tras su detención.

El joven, de origen marroquí, fue detenido por la Guardia Civil en Errenteria cuando al parecer trataba de huir a Francia, después de haber agredido presuntamente el 9 de julio a un vecino de Torre Pacheco de 68 años. Esta agresión fue el detonante de los violentos disturbios racistas que se registraron durante varios días en ese municipio de Murcia.

El Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto agresor, acusado de un delito de lesiones, aunque acordó remitir el procedimiento a los juzgados de San Javier, partido judicial al que pertenece Torre Pacheco.

Durante su estancia de casi tres semanas en la cárcel de Martutene, en la que ingresó el pasado 15 de julio, el joven fue juzgado y condenado a un año de prisión por un intento de robo con violencia a un anciano de la misma población dos días antes, en un juicio rápido de un juzgado de Cartagena ante el que declaró por videoconferencia desde el penal vasco

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado las condenas impuestas a una decena de activistas y jóvenes que en las elecciones de 2021 interrumpieron un acto de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero y protagonizaron disturbios posteriores con la Policía Local y la Guardia Civil. Los jueces rechazan los recursos de tres de los condenados y confirman que agredieron a los agentes y que actuaron movidos por la discriminación ideológica hacia el partido de Santiago Abascal: “A todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico”, dicen los jueces.

El propio Abascal acudió a ese mitin en esta localidad madrileña gobernada en ese momento y en la actualidad por el PSOE, pero donde el partido de extrema derecha consiguió el mejor resultado en las elecciones generales de noviembre de 2019. Uno de sus múltiples actos de campaña en esas elecciones autonómicas de 2021 de Madrid y dos semanas después del mitin en Vallecas que también acabó con disturbios. Una campaña en la que, un día antes de ir a Navalcarnero, Vox desplegó su mensaje racista contra los menores extranjeros no acompañados, afirmando falsamente que estos jóvenes reciben más dinero que un anciano.

Varias decenas de personas se congregaron en las inmediaciones del acto lanzando huevos a los seguidores de Vox con gritos, según los jueces, de “fascistas, os vamos a matar” o “el fascista bueno es el que está muerto”. El acto fue suspendido y los seguidores del partido de extrema derecha intentaron abandonar la localidad, momento en que se produjeron los enfrentamientos con la Policía Local y la Guardia Civil.

Los protagonistas de los disturbios, señala la sentencia, arrancaron piedras y adoquines “de considerable tamaño” de los jardines del Ayuntamiento de la localidad y de calles aledañas. Hubo en total 11 agentes heridos, para los que según los tribunales y las sentencias del caso “se generó un grave peligro”, además de reflejar que algunos comercios tuvieron que cerrar. Unos disturbios con los que Vox llegó a afirmar que consideraba la posibilidad de llamar a sus seguidores a usar la violencia también.

El caso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid tres años después de los disturbios y desembocó en una sentencia con condenas para 11 de los más de 15 detenidos. Las penas más altas fueron de cinco años y medio de cárcel y la mayor parte de ellas superaron los dos años de prisión pero la Fiscalía, después de alcanzar un pacto con algunos de los condenados, apoyó que no tuvieran que entrar en la cárcel obligatoriamente.

Tres de los condenados decidieron llevar su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado sus alegaciones y confirmado su sanción penal. Dos de ellos fueron los que recibieron las condenas más altas de cinco años y medio de prisión por desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Y además de la falta de pruebas discutían que se les pudiera aplicar la circunstancia agravante de discriminación ideológica.

Uno de los recursos afirmaba, por ejemplo, que en caso de ese condenado existía una “mera discrepancia ideológica” pero no tanto como para llegar a una circunstancia agravante. Los jueces del TSJM contestan que lo que sucedió en Navalcarnero “a todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico, hasta el punto de intervenir en una acción en la que se lanzan gritos, entre otros, que propugnan la muerte del adversario político”.

Los disturbios, siguen los jueces, “determinaron, de manera efectiva, la interrupción de un acto político autorizado y legítimo, causando daños y lesiones”. Los tres acusados, que tendrán que entrar en prisión si sus condenas son confirmadas, todavía pueden recurrir ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La sentencia que ahora queda confirmada tiene también un componente económico. Los condenados deben pagar cerca de 1.900 euros al Ayuntamiento de Navalcarnero por los destrozos y los desperfectos en los escudos de los antidisturbios de la Policía Local, así como un total de casi 4.000 euros a los guardias civiles lesionados durante los disturbios.

El 29 de julio de 2024, un joven de 17 años asesinó a tres niñas durante una clase de danza en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool. La policía no dio entonces detalles del detenido porque era menor. Pero unas horas después del asesinato ya circulaba un bulo que identificaba al sospechoso como un refugiado sirio y musulmán que acababa de llegar al Reino Unido, incluso con un nombre que después se reveló falso.

En realidad, el asesino, detenido en la escena del crimen y condenado este enero a 52 años de cárcel, es un británico, nacido en Gales, sin religión conocida, obsesionado con el genocidio de Ruanda, el país de origen de sus padres. Un tribunal autorizó la publicación de su nombre tres días después y cuando estaba a punto de cumplir los 18. Para entonces, el Reino Unido ya estaba viviendo los peores disturbios en más de una década.

Entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2024, hubo una treintena de protestas contra la inmigración marcadas por la violencia y a menudo convertidas en disturbios en 27 localidades del país, la mayoría promocionadas por activistas de extrema derecha. Hubo incendios y otros ataques contra mezquitas y hoteles que dan refugio a solicitantes de asilo. Casi 1.300 personas fueron arrestadas y, según los últimos datos disponibles, 796 fueron acusadas con cargos formales aunque la policía dijo que había “identificado centenares más de sospechosos relacionados con los desórdenes”.

El Gobierno de Keir Starmer, que acababa de llegar al poder después de ganar las elecciones del 4 de julio, intervino para parar los disturbios con una aplicación contundente de la ley, incluidos juicios exprés no solo contra los participantes en incidentes con violencia física, sino contra quienes habían difundido amenazas y mensajes de odio contra inmigrantes en redes sociales. Apenas un mes después de los disturbios, 570 habían pasado delante de un tribunal para rendir cuentas por sus acciones.

El precedente anterior era de 2011, cuando unas 4.000 personas fueron arrestadas durante disturbios en protestas contra la policía, pero la reacción de Starmer en 2024 fue alabada por su rapidez y aparente eficacia. Elon Musk, el propietario de X, y troles rusos que se hacían pasar por británicos hablaban de “guerra civil”, pero a los pocos días ya había más movilizaciones a favor de la inmigración y los refugiados que en contra, y las protestas que quedaron fueron pacíficas.

A principios de agosto, miles de personas en Londres, Birmingham, Liverpool, Bristol, Brighton y Oxford aparecieron en los lugares donde grupos de extrema derecha habían convocado concentraciones con pancartas de “refugiados bienvenidos” y cánticos de “somos la mayoría”.

La aplicación de la ley contra la difusión de mensajes de odio online, que también afectaba a cuentas de grupos de extrema derecha y de propaganda rusa, todavía persigue hoy al primer ministro británico, incluidas las críticas del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, obsesionado con la supuesta falta de libertad de expresión en el Reino Unido.

Sin respuesta fácil

En muchos sentidos, la reacción de Starmer fue un caso de éxito para aplacar la violencia, pero un año después las posibles causas siguen latentes en una sociedad que carga decepciones y es presa habitual de la retórica xenófoba de casi todos los partidos políticos. Lo que pasó en 2024 fue una muestra de problemas subyacentes sin una respuesta única o sencilla.

Desde entonces, no se han vuelto a repetir incidentes de la misma gravedad, si bien en las últimas semanas ha habido protestas violentas aunque más aisladas con amenazas contra inmigrantes en Irlanda del Norte. Ahora bien, las tensiones, los actores y el contexto que llevaron al extremo de los disturbios el año pasado apenas han cambiado, como explica el informe más detallado publicado hasta ahora sobre lo que pasó y cómo evitar que vuelva a suceder.

“Un polvorín de tensiones y agravios sociales —que incluye polarización y división, pérdida de confianza política y pesimismo económico— sigue sin abordarse y esto podría provocar un rebrote de la inestabilidad a menos que se tomen medidas”, dice el informe de British Future, un centro de estudios independiente, y Belong Network, una organización especializada en integración, publicado este martes. “Los sucesivos gobiernos no han adoptado medidas sostenidas y proactivas para abordar estos desafíos. La comunidad y la cohesión se han relegado a un segundo plano, pasando brevemente a primer plano solo en respuesta a crisis y focos de tensión. La actividad se ha centrado principalmente en áreas de alta diversidad, sin reconocer que este es un problema común”.

Las altas temperaturas, inusuales en el Reino Unido, la interrupción de rutinas escolares y la escasez repentina de recursos básicos, como el agua, también son factores que intensifican la tensión.

“Nos enfrentamos a un verano largo y caluroso, con un polvorín de tensiones que quedaron en gran parte sin resolver desde el año pasado y que fácilmente podrían volver a estallar. La gente está descontenta con su nivel de vida y el estado de su localidad, y no confía en que los políticos lo solucionen”, explica Jake Puddle, investigador principal de British Future y que ha dirigido esta investigación.

Caldo de cultivo

El análisis ofrece un panorama amplio sobre los problemas locales que crean un caldo de cultivo para que calen los mensajes de odio y desconfianza no solo hacia “el otro”, sino hacia las instituciones que deciden o gestionan las políticas migratorias.

El descontento con los servicios públicos, la anémica economía británica y la gestión política ha cambiado poco desde la llegada de los laboristas al poder. Y la preocupación sobre la inmigración y el asilo aparece entremezclada con la inquietud sobre la integración y la presión sobre la vivienda, de precios prohibitivos y escasa, y la atención médica.

Cerca del 30% de los encuestados para este estudio identifican como un problema la división entre personas que han emigrado al Reino Unido en cualquier circunstancia y las nacidas en el país. En muchos casos, la percepción más negativa está entrelazada con la falta de contacto social en general.

Más del 30% de los encuestados por todo el país dice que rara vez o nunca tiene la oportunidad de conocer a otras personas en su comunidad local, en particular por la falta de tiempo o dinero para participar en actividades sociales. Y esto es un problema porque la interacción social ayuda a la unidad de la comunidad de cualquier origen. Así el estudio indica que quienes conocen a personas de diferentes procedencias tienen más posibilidades de sentir que hay mayor integración.

El informe ofrece también algún motivo de optimismo, sobre todo con ejemplos de grupos locales que trabajan para la cohesión vecinal. El Reino Unido no está ni tan polarizado ni tan dividido como Estados Unidos y otros países europeos como España, y la población sigue valorando momentos de unión como la pandemia. Existen ejemplos de acciones especialmente exitosas para involucrar a más personas a través del voluntariado y el deporte. “Hay bases sólidas sobre las que construir en los barrios, en la mayoría de los lugares. Cuando se pregunta por la calle, el barrio o la urbanización, el público tiende a hablar de relaciones cálidas y amistosas con los vecinos”, dice.

Un problema “de todos en todas partes”

Un obstáculo para una acción más profunda es no reconocer que se trata de “un problema de todos en todas partes”. Para ello, una de las principales recomendaciones es financiar de manera sostenida el trabajo comunitario, en particular en sitios esenciales de la vida diaria. “Las escuelas y los lugares de trabajo son espacios donde las personas se reúnen e interactúan regularmente con otras de diferentes orígenes. Podrían participar más estrechamente en el fomento de las buenas relaciones y la conexión social”, recomienda el informe.

Uno de los puntos clave es afrontar más abiertamente los problemas de integración o las presiones sobre los servicios públicos relacionados con la inmigración y la diversidad. De hecho, la falta de consulta a las poblaciones locales suele ser uno de los factores más destacados que alimenta la sensación de desconexión y la animadversión hacia cualquiera percibido como forastero.

Por ejemplo, las preocupaciones públicas sobre la inmigración y el asilo empeoran, según explica Puddle, el investigador del estudio, “cuando los gobiernos no apoyan ni consultan a las comunidades en sus planes de alojamiento para solicitantes de asilo”.

Las zonas rurales, con menor contacto social y menos espacios de reunión comunitaria, son especialmente vulnerables y la población ahí tiene una percepción más negativa de la cohesión nacional y de las instituciones, y es más fácilmente propensa a las relaciones online.

Desinformación online

A la vez, la lucha contra la desinformación online tiene muchos límites a pesar de la dureza de la legislación británica, ya antes de la llegada al poder del Gobierno laborista. La entrada en vigor en unos días de la obligación de las plataformas de redes sociales de proteger a los menores y comprobar su edad impone requisitos más estrictos que en la mayoría de Europa, y en todo caso la difusión de bulos sigue existiendo.

El ejemplo de los disturbios de hace un año fue el de una avalancha de bulos y mensajes de odio. La red X fue el principal canal de difusión de falsedades, y el sistema en vigor entonces de “notas comunitarias” no funcionó en el 95% de los casos, según un estudio del think tank Demos.

El efecto de vetar parte de ese contenido deriva en más actividad en plataformas más cerradas o más pequeñas, según explicaba este martes en una comisión sobre extremismo en el Parlamento británico, Joe Whittaker, especialista en criminología y políticas sociales de la Universidad de Swansea: “Fomenta un cambio de comportamiento, pero no que desaparezcan las posiciones más extremas”. También testificó que “la dicotomía entre online y offline es falsa” en cualquier comportamiento extremista.

Otro de los asuntos identificados como problemáticos es la difusión en medios tradicionales de titulares exagerados o incluso con información falsa que dan la imagen de la “crisis permanente”. Esto vale para múltiples cabeceras de la prensa en papel en el Reino Unido con unas pocas excepciones.

Incluso la BBC, el medio de más alcance y con más confianza en el Reino Unido, dedica mucha atención a la inmigración como un problema, con una cobertura continua de las llegadas de inmigrantes a través del canal de la Mancha y las cifras de “migración neta”, es decir la diferencia entre las personas que llegan y se van del país en cualquier circunstancia, incluyendo estudiantes y trabajadores con visado.

Aun así, la predominante BBC, que tiene un nivel de confianza muy alto en comparación con la mayoría de las radiotelevisiones públicas en Europa, sirve de cortafuegos en particular para los bulos.

“Isla de extraños”

En mayo, Starmer dijo en la presentación de un plan para endurecer requisitos para los trabajadores y estudiantes extranjeros que si el Reino Unido no imponía límites a los migrantes se arriesgaba a convertirse en una “isla de extraños”. Unas semanas después, dijo que se arrepentía de haber usado esas palabras.

La expresión recordaba a un discurso de Enoch Powell, un diputado conservador anti-inmigración que dijo en 1968 que las llegadas de ciudadanos británicos de la Commonwealth —en referencia a India y países africanos del antiguo imperio— hacían que los británicos de la “población existente” se sintieran “extraños en su propio país”.

“Nunca habría utilizado esas palabras si hubiera sabido que eran o podían ser interpretadas como una referencia a Powell”, dijo después Starmer en una entrevista con el Observer con su biógrafo, el periodista Tom Baldwin. “Esa frase en particular no estuvo bien. La verdad es que me arrepiento profundamente de haberla utilizado”.

Cuando la turba viene a la caza por Clonavon Road, los extranjeros que quedan confían su suerte a las pegatinas en las puertas de entrada y a las banderas en las ventanas que señalan que ellos son los buenos extranjeros, los extranjeros que no causan problemas y merecen ser perdonados.

“Filipino vive aquí”, declaran carteles con la bandera filipina, pegados como talismanes contra la destrucción. Otras familias han levantado banderas de Reino Unido y banderolas unionistas con la esperanza de desviar la ira de la multitud y evitar la selección.

“La pusimos ayer”, dice Blanka Harnagea, inmigrante checa de 38 años, señalando la bandera británica en la ventana de su salón. ¿Está funcionando? Una sonrisa irónica. “Seguimos aquí”.

En una calle de casas calcinadas y abandonadas es una victoria frágil, porque nadie sabe si los disturbios que han marcado esta semana la ciudad de Ballymena, en Antrim (Irlanda del Norte), amainarán o continuarán y se extenderán a otras localidades de Irlanda del Norte.

Cientos de personas, muchas de ellas enmascaradas y encapuchadas, atacaron el lunes y el martes viviendas y comercios de propiedad extranjera en una oleada de destrozos, incendios y lanzamientos de proyectiles que derivó en enfrentamientos con la policía que se saldaron con 32 agentes heridos y varios inmuebles y vehículos incendiados.

En la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico, Keir Starmer, se unió a los políticos norirlandeses para condenar la violencia y pedir calma. Pero los residentes extranjeros en Ballymena siguen debatiéndose entre huir o agazaparse y desear lo mejor.

“La multitud golpeaba la puerta y todos estábamos arriba”, dice David, un polaco de 28 años que no revela su apellido. Dos familias polacas y búlgaras –unas 12 personas en total– se agruparon para ponerse a salvo y encajaron un sofá contra la puerta principal cuando la muchedumbre rompió las ventanas e incendió el salón, explica. “Olí el humo. Bajamos y salimos corriendo por la puerta de atrás hacia la comisaría”.

Es miércoles por la tarde. Brilla el sol y ya se han retirado los escombros del caos de la noche, pero el trabajador de la planta procesadora de alimentos y su novia embarazada están haciendo las maletas y preparándose para trasladarse –solo por unos días, esperan, pero algunos miembros de la familia de ella desean regresar a Bulgaria–. “Llevo aquí 14 años, nunca [había pasado] nada como esto”, dice David. Le tiembla la voz.

“Descerebrado, inaceptable y salvaje”

La violencia estalló el lunes tras una vigilia por una adolescente supuestamente agredida sexualmente por dos chicos de 14 años. Cuando comparecieron ante el tribunal, un intérprete rumano les leyó la acusación de intento de violación.

La vigilia fue pacífica, pero cuando una multitud se separó y empezó a atacar viviendas habitadas por extranjeros en Clonavon Road y calles cercanas, estallaron disturbios a gran escala, provocando la intervención de la Policía, que se llevó entonces la peor parte de los ataques. Liam Kelly, presidente de la Federación de Policía de Irlanda del Norte, dice que sus miembros evitaron un pogromo. “Lo que vimos fue totalmente descerebrado, inaceptable y salvaje”.

Algunos vecinos nativos de Ballymena dicen que era necesario, un ajuste de cuentas pendiente y sostienen que las autoridades han convertido esta ciudad de clase trabajadora predominantemente protestante, situada a 40 kilómetros al noroeste de Belfast, en un “vertedero”, en sus palabras, de inmigrantes y solicitantes de asilo.

“Los disturbios tienen razón: estamos superpoblados”, dice Danielle O'Neill, de 32 años. “Suena como si fuera racista, pero no lo soy. Es como una invasión. Ya no me siento segura caminando por la calle. Ayer mismo uno de ellos me seguía y me miraba”.

O'Neill atribuye a algunos llegados el mérito de trabajar duro y crear puestos de trabajo, pero acusa a otros de delincuencia. “Si ellos pueden aterrorizar a nuestros hijos, nosotros podemos aterrorizar a la ciudad. Es una forma de hacer oír nuestra voz”. Su marido, Ryan O'Neill, de 33 años, dice que los vecinos tienen que tomar medidas contra los presuntos delincuentes. “Si el Gobierno no los echa, los echaremos nosotros”.

Un residente cuenta que los participantes en los disturbios –algunos con conexiones paramilitares– ordenaron a los propietarios que desactivaran las cámaras de los timbres de las puertas y otros dispositivos que pudieran identificar a los responsables del caos. Afirmar tener nacionalidad filipina ha tenido un valor limitado: al menos un hogar filipino fue atacado y su coche incendiado.

Tyler Hoey, teniente de alcalde de Ballymena y concejal del Partido Unionista Democrático, ha condenado la violencia y ha afirmado que los extranjeros son bienvenidos, pero ha acusado al Gobierno británico de permitir que se instalen en la ciudad “autobuses repletos” de personas no autorizadas. “Hay que abordar la inmigración sin restricciones”.

Dee, de 53 años, trabajador de una planta embotelladora, sostiene que los disturbios reflejan la creencia de que los recién llegados recibían cuantiosas ayudas estatales y que la policía y los políticos hacen la vista gorda ante el comportamiento antisocial. “Me parto el culo trabajando y pagando mis impuestos mientras a ellos les alojan en hoteles de lujo y la policía les deja hacer lo que quieren. Es un vertedero. Nadie se preocupa por nosotros, estamos olvidados”.

Dee dice que reconoce–y da la bienvenida– a los católicos de otras partes de Ballymena que se unieron a las protestas. “Normalmente no estarían en una zona unionista como esta, pero han venido. Es algo muy bueno”. Lamenta que a sus vecinos inmediatos –una familia eslovaca– les rompieran las ventanas. Asegura que los anteriores ocupantes eran “una pesadilla”, pero los eslovacos son “excelentes” y no deberían haber sido el objetivo. “Les golpearon en caliente. Fue un error”. Los responsables se disculparon y dijeron a la familia que podía quedarse, dice Dee.

En una calle adyacente, Harnagea, la mujer checa madre de cinco hijos, espera que su bandera británica recién instalada reforzara los intentos de protección de su vecino, un hombre de la zona. “Sabe que somos buenas personas, que no hacemos ningún daño”, afirma. “Creo que se lo ha explicado a los demás”.

Aun así, por precaución ha trasladado documentos y otras pertenencias a otro lugar. “Llevo tres días sin dormir. No sé si dormiré esta noche”.

Dos personas murieron en Francia durante la noche del sábado al domingo durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions League ante el Inter de Milán, según informa el medio galo Le Parisien, que cita al Ministerio del Interior francés. Además, un policía de unos cuarenta años resultó gravemente herido anoche por un petardo en el Canal de la Mancha. El agente fue colocado en coma inducido, según comunicó una fuente policial.

Las víctimas mortales eran dos jóvenes, uno de los cuales, de 23 años, fue arrollado por un coche con hinchas del PSG mientras circulaba en moto por el Distrito 15 de París y murió a causa de las heridas. El otro, un adolescente de 17 años, sufrió heridas de arma blanca en la ciudad de Dax, en el suroeste de Francia, durante las celebraciones. El autor del apuñalamiento se encuentra huido, según informa Le Monde.

Por otra parte, un coche perdió aparentemente el control y se empotró contra una multitud durante la madrugada en Grénoble (sureste del país) durante las celebraciones del PSG y causó cuatro heridos de la misma familia, según informaron las autoridades; uno de ellos se encuentra en estado crítico y el otro herido de gravedad. El conductor se entregó a la policía y actualmente se encuentra bajo custodia. Dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol, según indicó la fiscalía el domingo por la mañana.

De acuerdo al balance de Interior, unas 559 personas fueron detenidas, 491 de ellas en la capital parisina, debido a los disturbios que se desataron durante los festejos, en los cuales hubo lanzamientos de bengalas y destrozos en mobiliario urbano, como las marquesinas. 22 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos (18 de ellos en París), así como siete bomberos y 192 manifestantes. Además, el ministerio ha registrado, según un informe provisional, 692 incendios, incluidos 264 vehículos.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.

Altercados, enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra y seis detenidos tras la protesta en la noche de este martes contra un desahucio en Salt (Girona) de una familia. Los incidentes se sucedieron hasta la madrugada tras una manifestación en la que participaron un centenar de personas, la mayoría encapuchadas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Se trata de la segunda noche de protestas en la localidad contra el desahucio de un vecino de Salt, imán del municipio, y su familia. Este lunes la manifestación ya terminó con el lanzamiento de huevos y piedras a la comisaría de policía del pueblo.

Este martes, los disturbios se desarrollaron en las calles del centro del pueblo y la plaza del Ayuntamiento. Los encapuchados se enfrentaron con los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, lanzaron objetos y piedras contra la línea policial y encendieron hogueras.

Salt es una población de casi 30.000 habitantes, limítrofe con Girona, que tiene unos elevados índices de pobreza y de inmigración. En la última década, el discurso de la extrema derecha ha permeado entre algunos vecinos (entre 2019 y 2023 fue el único municipio catalán con concejales de Vox), pero Salt cuenta también con un tejido social de ayuda mutua y un Sindicato de Vivienda.

Las protestas de esta semana critican la actuación policial durante un desalojo exprés que se produjo en el municipio este lunes. Entre quienes los Mossos sacaron del piso había un imán, que había vuelto a ocupar la vivienda tras ser desahuciado el pasado viernes.

El Ayuntamiento de Salt ha condenado los desahucios “reiterados” a familias en pisos de grandes propietarios, como fondos buitre o entidades bancarias. Aunque avalados por la ley, el consistorio ha criticado que los desalojos provocan que haya viviendas vacías que no se pueden movilizar para dar respuesta a las “grandes necesidades habitacionales” de la población.

En el caso concreto de esta familia, el Ayuntamiento ha lamentado su desalojo “exprés” y que la propiedad no haya atendido a la petición para acordar un alquiler social. El equipo de gobierno remarca que la familia estaba dispuesta a pagar y pedía aplazar el desalojo, pero el intento de negociar con la propiedad no tuvo éxito.

El consistorio ha explicado que desde Servicios Sociales han realizado un seguimiento del caso y que la familia no cumple con los criterios para acceder a la mesa de emergencia. Por eso optaron por el realojamiento temporal en un hostal, para que pudieran buscar alguna alternativa de vivienda.

El Sindicato de Vivienda de Salt ha denunciado el “abuso policial” del desalojo exprés, que terminó con tres personas en el hospital, una de ellas con heridas y las otras dos con ataques de ansiedad.

A raíz de los disturbios, los Mossos d'Esquadra desplegaron más refuerzos de orden público y activaron a sus unidades de los antidisturbios. Durante los disturbios, la policía también detuvo a seis personas. Los incidentes terminaron alrededor de la medianoche.

Los tribunales han rechazado el último recurso del Ayuntamiento de Madrid y han confirmado la absolución de dos personas acusadas de agredir a policías y quemar contenedores en los disturbios de 2018 en Lavapiés tras la muerte del senegalés Mame Mbaye. La Audiencia Provincial de la capital ratifica que la declaración de los antidisturbios que afirmaron haberles visto embozados con pañuelos palestinos y gorros no son suficientes para imponerles una condena de prisión. Otros dos jóvenes ya aceptaron en 2021 un año de cárcel tras reconocer su papel en estos disturbios y, entre otras cosas, haber pegado a un policía con un adoquín.

Decenas de personas se concentraron en el barrio madrileño de Lavapiés pocas horas después de la muerte de Mbaye. El joven senegalés que se desplomó en la calle del Oso después más de un kilómetro de huida a la carrera de la Policía Municipal desde la Plaza Mayor donde estaba vendiendo perfumes junto con otros manteros. La investigación desveló que el fallecido tenía una “patología cardíaca estructural” que provocó su muerte y vecinos y colectivos antirracistas se lanzaron a la calle para protestar contra una persecución policial que, entendían, había desencadenado la muerte del mantero.

Los disturbios se sucedieron durante varios días en diversas zonas del barrio con cargas policiales, lanzamientos de objetos y quema de contenedores, con cinco personas detenidas que quedaron en libertad poco después. Un primer proceso judicial contra dos jóvenes acabó con una conformidad: ambos aceptaron sendas condenas de un año de prisión tras reconocer que participaron en “numerosos incidentes”, la quema de contenedores o los destrozos en un parquímetro y varias sucursales bancarias de la calle Argumosa. Uno agredió a un policía con un adoquín y el otro a un segundo agente con varios manotazos.

Un segundo procedimiento judicial se dirigió contra un hombre y una mujer a los que varios agentes habían identificado como parte del grupo que protagonizó los disturbios. La Fiscalía les acusó bajo la afirmación de haber sido reconocidos “ocultando sus rostros” en la calle Santa Isabel con un gorro y un pañuelo palestino. Los policías, incluso, afirmaron que el hombre les había agredido cuando habían intentado identificar llegando a provocar lesiones en uno de los antidisturbios.

Un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo optó por absolver a ambos en una decisión que acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. La declaración de los policías, explican los magistrados, “no se estimaba suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio”. El recurso que buscaba su condena en segunda instancia era del Ayuntamiento de Madrid, que se quejaba de que el juzgado había tenido más en cuenta las declaraciones de otros testigos por encima de las de los agentes antidisturbios. A lo largo del proceso los jueces han cuestionado la legitimación activa del consistorio para acusar a los dos por “un delito de atentado contra un policía nacional”.

La Fiscalía pasó de acusar a los dos a impugnar el recurso del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, que finalmente ha desistido y no ha llevado esta absolución hasta el Tribunal Supremo. El juzgado de lo penal, después de que el proceso tuviera que repetirse tras una reclamación de la defensa, dejó claro que el testimonio de los policías nacionales no era suficiente: “Hay datos o indicios que hacen dudar de la identificación que realizaron los policías”, dijo esa primera sentencia ahora confirmada.

Esa primera resolución revela, dice “lo endeble de la identificación”, ya que las “prendas oscuras” por las que les identificaron “son utilizados por la gran mayoría de jóvenes”. En esas situaciones “de alta tensión, nerviosismo y caos”, reconoció el juzgado, “es posible y admisible que se produjera una equivocación por parte de los agentes”.

Las sentencias del caso han dado más credibilidad a la versión de los dos acusados y absueltos: que estaban caminando por el barrio ayudando a una persona a buscar un perro que se había perdido. Así lo ratificó el dueño del perro y también varios testigos que iban con ellos, además de un periodista que presenció el altercado. “Uno de los policías me insultó llamándome puto retrasado de mierda”, relató uno de los acusados. Los policías dieron una versión distinta: que le dijeron que iba a ser detenido y que entonces “trató de huir y propinó una patada y un cabezazo al jefe del operativo”.

“Aquí no hay justicia ni verdad”, clamaba uno de los carteles de la concentración de apoyo a dos jóvenes a los que la Audiencia de Barcelona debía juzgar este jueves por disturbios en un desahucio. La verdad, al menos la judicial, tendrá que esperar. El tribunal ha decidido suspender la vista para que la Fiscalía, que inicialmente pide hasta seis años de cárcel a los activistas, concrete de qué les acusa.

Es la cuarta vez que, por distintas razones, se suspende el juicio por los altercados que hubo en el desahucio de una familia en el barrio de Sants de Barcelona en febrero de 2020, solo un mes antes del confinamiento. Casi cinco años después, el derecho a la vivienda monopoliza la lucha vecinal de la ciudad, con el desahucio del primer inquilino de la Casa Orsola previsto para este viernes.

En el caso de los vecinos de Sants, la Fiscalía acusa a uno de los dos jóvenes de intentar lanzar una puerta de madera a un agente, mientras que al otro lo señala por “lanzar, al menos, una botella de vidrio” contra los agentes mientras “los increpaba de manera agresiva y altisonante”.

Todo ello en el marco de una concentración de vecinos que “insultaron e increparon” a los Mossos d'Esquadra, además de “obstaculizar” el trabajo policial colocando mesa para evitar que la policía llegara hasta el inmueble, destaca el Ministerio Público.

La traducción penal de este comportamiento, para la Fiscalía, merece ser castigado con seis años de cárcel (dos por desórdenes públicos y cuatro por atentado a los agentes de la autoridad).

En cambio, esta acusación resulta, a juicio de la defensa de los acusados, demasiado imprecisa y desproporcionada, toda vez que en fase de instrucción a los jóvenes solo se les informó de que estaban imputados por desórdenes públicos.

Por ello, al inicio de la vista, las letradas Eva Pous y Norma Pedemonte, de Alerta Solidària, han alegado que la Fiscalía “no concretaba” de qué acusaba a los dos jóvenes. Las abogadas también han reclamado la nulidad de la causa por otras vulneraciones de derechos que el tribunal no ha estimado.

La petición de las abogadas se ha producido durante el trámite de cuestiones previas. Se trata del momento inicial de los juicios, en el que los abogados pueden denunciar vulneraciones de derechos o pedir la inclusión de pruebas de última hora.

Normalmente, los tribunales rechazan la mayoría de cuestiones previas o las resuelven en la sentencia, una vez celebrado el juicio. Pero no ha sido así este jueves. Tras un breve receso, el magistrado Ignacio González Vega, que presidía el tribunal de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona, ha comunicado que la vista quedaba suspendida.

“Debemos suspender el juicio y dar un plazo de cinco días para remediar estos defectos advertidos”, ha dicho el magistrado. Ahora el balón vuelve al tejado de la Fiscalía, que, en atención a lo reclamado por el tribunal, tendrá que volver a presentar un nuevo escrito de acusación.

Uno de los precedentes recientes de una imputación inconcreta admitida por un tribunal es la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió, en 2021, a un grupo de estudiantes acusados de disturbios en una manifestación.

En su resolución, los jueces concluyeron que la investigación de ese caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios. El “quebranto de garantías procesales” de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, adujeron los magistrados, les generó una “material indefensión” y motivó la anulación de toda la causa.

El caso del desahucio de Sants todavía está lejos de saber su desenlace. La última vez que se suspendió este juicio se tardó casi un año en volver a señalarse.

Un hombre de 46 años ha sido detenido esta madrugada en València como presunto autor de un delito de desórdenes públicos y desobediencia grave tras los disturbios ocurridos al finalizar el partido de futbol que ha enfrentado al València Club de Futbol y la Unión Deportiva Las Palmas.

Los hechos comenzaron sobre las 23 horas de este lunes, tras la finalización del encuentro deportivo, cuando un grupo de seguidores se concentraron en la puerta de acceso principal al estadio para mostrar su disconformidad por el resultado del encuentro así como la tensa situación en la que se encuentra el València Club de Futbol.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial -UIP-, junto a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, intervenían sobre las 23:45 de la noche para controlar los disturbios ocurridos en los alrededores del estadio de Mestalla en los que un grupo de personas han provocado una serie de desórdenes públicos creando una barricada con contenedores urbanos para lanzar objetos tales como piedras y azulejos contra la Policía.

Debido a estos incidentes, en los que un grupo de unas 250 personas, algunas con la cara cubierta para evitar ser identificados, han creado una barricada uniendo varios contenedores para lanzar objetos a la Policía, siendo necesaria la intervención del servicio de bomberos de València para extinguir un incendio provocado en parte de ese mobiliario urbano, quedando calcinado en la vía pública uno de los contenedores utilizados.

Con el fin de restablecer el orden público, garantizar la seguridad del resto personas y evitar más daños en el mobiliario público, los agentes han tenido que utilizar la fuerza mínima indispensable para dispersar a este grupo de personas que, tras abandonar la entrada principal del estadio, se dirigieron a la confluencia de la avenida Suecia con calle Artes Gráficas para esperar a la salida de los jugadores del equipo en sus vehículos.

Posteriormente, este mismo grupo se volvió a organizar en la calle Micer Mascó donde se produjeron los hechos en los que una persona resultó detenida. Además, se levantó un acta denuncia por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y se identificó a siete personas.

Se continúan las investigaciones con el objeto de lograr la identificación del resto de implicados en los hechos.

Morad ya puede volver a su barrio. El juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que impuso al rapero la inusual orden de alejamiento del barrio de La Florida ha dejado sin efecto la medida cautelar al archivar el caso en el que el artista permanecía investigado por desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad.

Tal y como ha adelantado El Periódico, el juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha archivado el caso abierto hace dos años por unos altercados en el barrio de La Florida. Morad fue detenido por, presuntamente, haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores, después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El juez ha concluido que no hay suficientes indicios para sostener la denuncia policial.

El barrio de La Florida es donde creció el rapero y es el escenario de la mayoría de sus videoclips, como el que estaba grabando cuando ocurrieron los hechos por los que ha acabó arrestado. El cantante, el artista de España que más escuchas acumula en Spotify, ha celebrado el archivo del caso con una canción, ‘No me duele’, publicada esta medianoche. Su videoclip, que en 12 horas ya acumula 140.000 visualizaciones en Youtube, está grabado en los bloques de La Florida donde se crio y a los que ahora la Justicia le ha permitido volver.

“No tengo que insistir en noticias de gente que solamente van a querer hacerme daño”, explicó el rapero en una publicación en 2022 tras la orden cautelar que ha quedado sin efecto. “Daño personalmente no me hace, pero me duele que intentéis hacer creer a los niños cosas que no son buenas porque solo les hacéis pensar que vuestro odio es verdadero”, agregó. “Pronto se dejará claro todo esto porque callar no sirve con gente con maldad”, concluyó.

Morad acumula varias causas judiciales. Fue absuelto en marzo de 2022 tras ser acusado de un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona el febrero del 2018. En varias ocasiones ha sido detenido por no responder a citaciones judiciales por delitos contra la seguridad del tráfico y otras veces por conducir sin carnet. 

En febrero de este año, el artista aceptó una pena de dos años de cárcel por otra causa. Morad admitió que instó a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron. Dos meses después tuvo que ingresar unas semanas en prisión tras otra condena de seis meses por un delito de tráfico.

Un total de 39 policías resultaron heridos la pasada noche por unos desórdenes violentos en Southport, en el noroeste de Inglaterra, al término de una vigilia por la muerte de tres niñas en un acuchillamiento en un centro recreativo de esa localidad, informó este miércoles el Servicio de Ambulancias. “Tratamos a 39 pacientes en total, todos ellos agentes de policía. 27 fueron trasladados al hospital y 12 fueron tratados y dados de alta en el lugar de los hechos”, señaló un comunicado de ese servicio.

De los agentes heridos, ocho sufrieron lesiones graves, incluidas fracturas, una posible nariz rota y una conmoción cerebral, mientras que otros agentes sufrieron heridas en la cabeza y en el rostro, según precisaron las fuerzas del orden.

La policía de Merseyside (noroeste inglés) indicó que los implicados en los disturbios, entre los que se estima había simpatizantes de la Liga de Defensa Inglesa, organización de extrema derecha, incendiaron coches, lanzaron ladrillos a una mezquita local, dañaron una tienda y prendieron fuego a contenedores de basura.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la población de Southport está conmocionada por el horror que sufrió ayer. “Se merecen nuestro apoyo y nuestro respeto. Quienes han secuestrado la vigilia por las víctimas con violencia y brutalidad han insultado a la comunidad en su duelo”, escribió este miércoles Starmer en X.

Las fuerzas del orden precisaron que habrá más policía en la zona para que haya una presencia visible que tranquilice a la población.

El subcomisario de la Policía de Merseyside, Alex Goss, dijo que los agentes afrontaron “una violencia grave en Southport” y “lamentablemente los agresores han destruido muros de jardines para poder usar los ladrillos para atacar a nuestros agentes y han incendiado coches pertenecientes al público y han dañado los coches aparcados en el aparcamiento de la mezquita”.

“Esta no es forma de tratar a una comunidad, y menos a una comunidad que todavía se está recuperando de los acontecimientos del lunes”, agregó Goss en declaraciones a los medios locales.

Los disturbios se produjeron tras un ataque el lunes con arma blanca en Southport en un club de vacaciones con temática de Taylor Swift. En el ataque, Alice Dasilva Aguiar, de nueve años, Bebe King, de seis, y Elsie Dot Stancombe, de siete, murieron tras resultar gravemente heridas. Un chico de 17 años, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, permanece detenido acusado de asesinato e intento de asesinato tras el ataque. 

Varios hospitales de Daca confirmaron este viernes 44 muertes registradas en la quinta jornada consecutiva de violencia en las protestas estudiantiles de Bangladesh, lo que lleva el balance total a cerca de un centenar de muertos, la mayoría estudiantes, en lo que va de semana. Las muertes fueron confirmadas a EFE en tres hospitales de la capital bangladesí, que relacionaron las causas de las muertes con la violencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades no han ofrecido un balance oficial de víctimas hasta ahora.

EFE confirmó hasta el momento la muerte de 97 personas por las protestas, que fueron mayoritariamente pacíficas cuando comenzaron hace dos semanas, pero aumentaron en violencia desde el pasado lunes. La primera ministra, Sheikh Hasina –que tiene previsto visitar España los días 21 y 22 de julio– ha rechazado las exigencias de los estudiantes, que piden reformar las cuotas de empleo público, que dicen les perjudican, y la tensión terminó desbordándose cuando la Policía comenzó a reprimir violentamente las manifestaciones.

El caos ha ido en aumento desde entonces en gran parte del país, especialmente en la capital, donde las movilizaciones continuaron este viernes a pesar de las restricciones que las autoridades impusieron a las reuniones multitudinarias.

El país amaneció además incomunicado, después de que los servicios de comunicación fija y de Internet fueran suspendidos a las 21:00 de ayer jueves (15:00 GMT), sin que hayan sido restablecidos por el momento, lo que corta todo el flujo de información sobre la situación de las protestas.

El bloqueo se mantiene también en las calles, con los servicios de trenes suspendidos y los servicios bancarios interrumpidos, sin posibilidad de hacer transacciones o retirar dinero de los cajeros.

La cuestión de las cuotas se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, que decidió el mes pasado la restitución de la controvertida medida, que había sido abolida en 2018 tras un fuerte movimiento estudiantil, y con ello revivió el descontento.

Aunque el asunto inicialmente se escuchará la primera semana de agosto, según medios bangladesíes, el Gobierno dijo ayer a los estudiantes que podría intentar adelantar la fecha por la inestabilidad creciente en el país.

Vista oficial de Hasina a España

La de la semana que viene, si no se cancela, será la segunda visita a España de la mandataria, en el poder desde 2009 tras gobernar Bangladesh por primera vez entre 1996 y 2001, después de que visitase Madrid en noviembre de 2019 para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

España es el cuarto destino de las exportaciones del país asiático, solo por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Once activistas han sido condenados a penas de hasta cinco años y medio de prisión por los disturbios de un mitin de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero en las elecciones autonómicas de 2021. La Audiencia Provincial de Madrid, después de que la mayor parte de los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía, les atribuye delitos de atentado, daños, lesiones y desórdenes públicos, en algunos casos con la agravante de discriminación ideológica por haber intentado impedir un acto de campaña del partido de Santiago Abascal. Las condenas de diez de los encausados, que en su mayoría han reconocido que insultaron a los asistentes, que lanzaron huevos y piedras y se enfrentaron a la Policía, superan los dos años de cárcel, pero la Fiscalía ha apoyado que la mayoría de ellos no tenga que entrar en prisión a cumplir condena.

El partido de extrema derecha acudió a esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid el 21 de abril de 2021, dos semanas antes de la cita electoral y de que otro acto electoral de Vox acabase en disturbios en la Plaza Roja de Vallecas. Varias decenas de personas, la mayoría vecinos del municipio, acudieron a la Plaza del Teatro a protestar contra la presencia del partido de extrema derecha en la localidad, momento en que varios de los encausados, según han reconocido ellos mismos, empezaron a lanzar huevos e insultar a los asistentes: “El fascista bueno es el que está muerto”.

El lanzamiento de huevos y los gritos se transformaron en batalla campal cuando varios manifestantes se enfrentaron a la Policía y la Guardia Civil, lanzando piedras sacadas de los jardines del Ayuntamiento, como también adoquines arrancados de la calle. Los disturbios se trasladaron después a la zona de salida del pueblo, por donde la comitiva de Vox pretendía abandonar la localidad.

Las 15 detenciones iniciales por delitos electorales y de odio se tradujeron en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a finales del pasado mes de mayo con 12 personas en el banquillo acusadas de participar en los disturbios. En el juicio comparecieron los policías y guardias civiles que participaron en el operativo para identificar a casi todos los acusados y explicar que a muchos de ellos ya les conocían “de tiempo atrás”. También compareció Santiago Abascal, que relató cómo tuvo que interrumpir el mitin aunque finalmente y tras hablar con el jefe del operativo de Seguridad decidió seguir adelante.

Ocho de los acusados pactaron con la Fiscalía antes del juicio. El resultado ha sido una sentencia con once condenas y una absolución, exonerando a uno de los que no quiso llegar a un acuerdo con las acusaciones: los jueces entienden que la única prueba que había contra él era la declaración de los guardias civiles que, después de los disturbios, le identificaron en sus informes tras ver las grabaciones.

Dos de los encausados son condenados, en total, a cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad, daños, y lesiones. Otro más a dos años y cinco meses de cárcel. Un grupo de siete acusados, a dos años y siete meses de prisión y un último encausado, a un año y nueve meses de presidio. En la mayor parte de los casos, la Fiscalía ha explicado que no se opone a que se suspenda la ejecución de la condena si no delinquen en los próximos años y que, por tanto, no tengan que entrar en prisión obligatoriamente. En tres de los casos, las condenas por un solo delito superan los dos años de prisión, línea roja que marca el encarcelamiento ineludible.

“Discriminación ideológica” a Vox

En varios delitos de desórdenes públicos, los jueces aplican la circunstancia agravante que en su mayor parte pactaron las defensas y las acusaciones: la discriminación ideológica del artículo 22.4 del Código Penal. Esa discriminación contra el partido de extrema derecha, dice la Audiencia de Madrid, “se constata de manera clara en los insultos dirigidos contra los representantes del partido político Vox y contra los asistentes al mitin”. También, añade, “con el lanzamiento de huevos a Santiago Abascal y a los asistentes al acto, consiguiendo provocar además que el mitin se interrumpiera”.

Sobre el resto de delitos relacionados con los disturbios y los enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil los jueces acusan a los condenados de actuar “coordinados y crecientemente violentos”, “en unidad de acción, con ánimo de perturbar la seguridad y el orden electoral y poniendo en riesgo la convivencia y la paz social”. Además de las penas de prisión, también son condenados a pagar diversas multas e indemnizaciones a los agentes y pagar los destrozos en las calles y los escudos de los antidisturbios.

Esta no es la primera condena de prisión dictada en los últimos meses contra personas que han protagonizado altercados en actos de Vox protestando contra la presencia del partido de extrema derecha en localidades de todo el país. El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo impuso condenas de cuatro años y nueve meses a los antifascistas que en enero de 2019 participaron en disturbios posteriores a las protestas contra un acto de Vox en Zaragoza. Condenas que recientemente han empezado a cumplir en prisión.

Hace apenas unos días, la Justicia dio un paso más e impuso seis meses de cárcel a un hombre por cometer un delito de odio y seis meses más por amenazas, por una agresión a un dirigente del partido en Ceuta. La sentencia, dictada después de una conformidad entre el condenado y las acusaciones, le atribuye entre otros un delito de odio por llamar “racistas”, “hijos de puta”, “perros” o “maricones” a integrantes del partido en mayo del año pasado. Al ser una conformidad, los jueces de la Audiencia Provincial no entraron en el fondo de las acusaciones ni argumentaron, por tanto, si realmente se trata de un delito de odio, que el Supremo ha ceñido en varias sentencias a colectivos en situación de riesgo o desfavorecidos.

Los tribunales madrileños tienen otro caso pendiente de enjuiciar en el que una persona se enfrenta a una acusación de delito de odio por criticar a Vox. El partido de Santiago Abascal pide seis años de cárcel para un usuario de Twitter que, en la misma campaña electoral de 2021, publicó un mensaje con la foto del cadáver de Benito Mussolini con la frase: “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas”. La Fiscalía rechazó presentar una acusación en este caso.

En el caso de Navalcarnero, Vox actuó como acusación popular y, según ha podido comprobar este periódico, llegó a pedir más de once años de cárcel para algunos de los acusados por un ramillete de delitos a los que luego renunció al adherirse al acuerdo suscrito entre los acusados y la Fiscalía: delitos electorales y también delitos de odio.

Un mosso d'esquadra herido en una protesta del procés quiere recurrir ante el Tribunal Supremo la amnistía que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concedió al manifestante que lo lesionó, al entender –al contrario que los magistrados– que el delito de lesiones no está incluido en la ley.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aplicó este martes por primera vez la amnistía en España. De los primeros 18 amnistiados, 16 eran jóvenes condenados por disturbios y agresiones a agentes policiales en distintas manifestaciones del procés.

La ley de olvido penal del procés está pensada para exonerar de responsabilidad penal a la totalidad de hechos del procés: gastos para el referéndum, cargas policiales del 1-O y hasta los disturbios postsentencia del Supremo. La norma contempla la amnistía para todos los actos de desobediencia, atentado a agentes de la autoridad o disturbios “cualquiera que sea su naturaleza”. Y también engloba todas las lesiones que no fueran de gravedad, como la que sufrió el mosso.

Pese a la claridad de la norma, que engloba a todos los manifestantes condenados, la defensa del agente entiende que el delito de lesiones al que fue condenado el joven no debe quedar amnistiado. Así lo alegó la defensa del agente, que ejerce el abogado José Antonio Bitos, ante el TSJC, y ahora quiere reiterarlo ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.

Todo ello pese a que el TSJC, pese a amnistiar la pena de tres años y medio de cárcel al joven, sí dejó la puerta abierta al agente a reclamar por la vía civil los 76.000 euros de indemnización a los que también fue condenado el manifestante, tal y como permite la ley de amnistía. El mosso quiere ir más allá y que no quede borrado el rastro penal del chico.

El joven fue condenado, junto a dos manifestantes, por lanzar piedras contra un vehículo de los Mossos d'Esquadra durante una manifestación en el tercer aniversario del 1-O. Unos hechos delictivos que, remarcó el TSJC, tienen un “encaje natural” en la ley de amnistía.

El manifestante también fue condenado por “arrollar y embestir” al mosso d'esquadra que intentaba detenerlo tras el lanzamiento de piedras. Según la sentencia, el joven golpeó en la pierna al policía y lo hizo caer al suelo, provocando en el uniformado una fractura de tobillo y peroné. Las heridas que provocó en el agente también resultaron amnistiables para el TSJC, ya que el delito de lesiones se produjo en concurso ideal con el delito de atentado a los agentes de la autoridad también amnistiado. Además, los magistrados argumentaron que el resultado de la lesión tiene encaje en el artículo de la norma que incluye todos los actos dolosos excepto los que produzcan una pérdida de órgano o lesiones graves.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha convertido este martes en el primer tribunal en España en aplicar la ley de amnistía. Lejos del foco mediático de casos como el de Carles Puigdemont, que se dirimirá en el Tribunal Supremo, los jueces catalanes han extinguido las condenas al exconseller de Interior Miquel Buch y de una veintena de personas desconocidas para el gran público y condenadas por disturbios y atentados a los agentes de la autoridad durante las protestas del procés. Entre ellas, Sergi V., que atiende a elDiario.es por teléfono horas después de ser amnistiado.

Las primeras palabras de Sergi V. –que pide no desvelar al completo su identidad por la “mediatización” de su caso que, denuncia, hicieron sindicatos de los Mossos d'Esquadra– son de agradecimiento para el colectivo antirrepresivo Alerta Solidària, que asumió la defensa de su caso, saldado con una condena de cinco meses de cárcel por los altercados ocurridos durante la investidura fallida de Puigdemont en 2018.

Sergi V. destaca que la amnistía es “una victoria popular” y se muestra especialmente satisfecho porque el TSJC haya amnistiado a jóvenes que sí tenían un riesgo real de entrar en la cárcel de haberse confirmado sus sentencias, ya que habían sido condenados a hasta tres o siete años de cárcel. “Es la mejor noticia”, asegura. Además, recuerda que el grueso de potenciales beneficiaros de base son “represaliados” por causas relacionadas con manifestaciones del procés.

¿Cómo ha recibido la noticia de que lo habían amnistiado?

Estaba comiendo y he empezado a ver noticias de que el exconseller Buch era el primer amnistiado, por lo que ya he pensado que mi sentencia no tardaría mucho. Y así ha sido. Estaba esperándola durante todo el día, pero no tanto por mi caso, sino que tenía la vista más puesta en otros que también se han resuelto este martes y que eran más graves porque tenían penas que podían comportar el ingreso en prisión de los condenados.

¿Le preocupaban más esos casos que el suyo?

Vivir la noticia estando pendiente de casos más graves es un síntoma de que el tema de la amnistía va para largo, porque la Fiscalía o los mossos que ejercieron de acusación pueden recurrir la decisión de este martes del TSJC ante el Tribunal Supremo. Hay muchas personas represaliadas que se merecen la amnistía. Además, creo que la represión continuará.

¿Lo mejor de la amnistía es que ya no entrará nadie más en la cárcel por el procés?

Sí. Creo que la mejor noticia es que jóvenes que han estado represaliados durante muchos años, como los casos de Verdejo y Oleksander o los tres de Granollers, no entrarán en la cárcel. Tenemos que reivindicar y celebrar la amnistía como una victoria popular porque ha sido una demanda de la gente.

¿La amnistía es una victoria política del independentismo?

En Catalunya, más que en una agenda del reencuentro que quiere el PSOE, los consensos estaban en que la represión tenía que terminar. Además, en este momento cuesta mucho que los políticos articulen institucionalmente consensos sociales. Que uno de estos consensos se haya conseguido, aunque sea con matices, es una buena noticia.

Vayamos a su caso concreto. Fue condenado a cinco meses de cárcel por unos disturbios ocurridos durante la investidura fallida de Carles Puigdemont de 2018. ¿Cómo vivió todo el proceso?

En mi grupo éramos cinco condenados a penas de entre un año y cinco meses de cárcel. He vivido el proceso con mucha incertidumbre y con una pena de banquillo porque el procedimiento ha durado mucho y me ha comportado una exposición pública que no he escogido. Además, sindicatos de los Mossos d'Esquadra mediatizaron mucho nuestro caso y jugaron con difundir nuestros nombres. Nos pusieron en la causa en otoño de 2018, casi un año después de los hechos. Ha sido un caso plagado de irregularidades de los Mossos d'Esquadra.

La amnistía es una victoria popular, no de un partido

¿Por ejemplo?

Nuestra sentencia se basó solo en el testimonio policial. En mi caso, los hechos probados se limitaron a decir que me encaré a los mossos, aunque admitieron que no agredí a ningún agente. Después los jueces, cuando tuvieron que razonar la sentencia, escribieron que los mossos no tenían por qué mentir, aunque dejaron la puerta abierta a que hubiera más personas que no éramos los condenados que hubieran agredido a los agentes. Prevaleció más la palabra de un mosso.

¿Siguió con interés el debate parlamentario de la amnistía?

No mucho. El debate parlamentario ha sido muy poco interesante, parecía más una competición entre Junts y ERC para ver quién sacaba más pecho de la ley. Para mí lo esencial es que la amnistía es una victoria popular, no de un partido.

¿Temía de que los jueces no le aplicaran la amnistía?

Después de ver cómo algunos jueces y fiscales querían ir por libre con la amnistía, un poco de miedo sí tenía. Se ha visto como un 'deep state' dentro del 'deep state': fiscales oponiéndose al fiscal general del estado, jueces diciendo que no aplicarían la amnistía... Ello ha contribuido a incrementar la incertidumbre, aunque al final los jueces de mi caso han hecho lo que tocaba. Pero creo que a la ley de amnistía le faltaban más garantías de no repetición y de reparación para los represaliados.

¿De cara a los políticos del procés, confía en que Puigdemont pueda volver? ¿O le da igual?

Que Puigdemont y el resto de exiliados –que no han dejado de crecer por el caso Tsunami– puedan volver es una buena noticia. Lo importante de la amnistía es que beneficie a todo el mundo, a políticos y a manifestantes de base. No hay que personificarla en Puigdemont, sino que tiene carácter transversal. De hecho, el grupo más numeroso de afectados somos manifestantes represaliados.

No eran tiempos ya de latifundios. Al menos de cara a la galería. La democracia española llevaba casi diez años en marcha tras la dictadura franquista y la gestión de los recursos naturales se había dotado de algunos mecanismos, todavía algo rústicos, para impedir su expolio, como la Ley de Aguas de 1985. Pero la figura de los terratenientes o latifundistas en algunos pueblos de la España rural poco había cambiado en algunos casos, como todavía hoy se repite y se denuncia.

En la provincia de Ciudad Real, muy cerca del límite con Albacete, en la España seca entonces y ahora, los vecinos y vecinas de un pueblo entero no mataron a ningún comendador pero sí fueron un “Fuenteovejuna manchego” entre 1987 y 1988. Porque fueron todos uno, una sola entidad: el pueblo.

En este mes de marzo hace 36 años que protagonizaron una auténtica revolución contra tres fincas privadas, aguas arriba del río, cuyos pozos desecaron sus manantiales naturales. En Villanueva de la Fuente, municipio con el nombre de su río, nunca jamás se habían secado sus rebosadores naturales ni sus emblemáticas fuentes hasta que estos “señoritos”, como así los siguen llamando, levantaron varios postes eléctricos para la conducción hídrica de las aguas.

La historia de Villanueva de la Fuente entre los años 1987 y 1988 fue la de una auténtica “guerra del agua” en defensa de su río homónimo. No la de los mensajes políticos cruzados que hoy protagonizan entre sí los dirigentes públicos. Fue una “guerra local de verdad”, subrayan sus vecinos y el que entonces era su alcalde, el socialista Juan Ángel Amador. Con ese nombre se recuerdan aquellos hechos y con ese nombre se rinde homenaje a esta revuelta décadas después.

El río Villanueva (en el pueblo se le conoce por su nombre más corto) nace del Acuífero 24, al pie del pueblo, en tres potentes manantiales: Pilar Grande, Pilarete y Pilar del Huerto. Su caudal riega las vegas del municipio con una extensión de unas 1.500 hectáreas y desemboca varios kilómetros más abajo por la orilla derecha en el río Guadalmena, en la cuenca del Guadalquivir.

Ese cauce siempre ha sido esencial para la vida en el municipio. El río más importante del mencionado acuífero precisamente debe su nombre a las fuentes del pueblo y data del año 1565, con Felipe II, un reflejo de la importancia del agua para el pueblo.

Nunca jamás se había secado. Hasta que de un día para otro el río empezó a bajar su volumen. El motivo: en una explotación cercana conocida como ‘Finca el Cuartico’, cuyo dueño era la empresa EDES S.A, propiedad del duque del Infantado, se empezaron a cultivar campos de maíz sobre pedregales, sobre tierra seca.

Al ser un cultivo de regadío, en la finca se realizaron obras para su extracción. Hasta que el río se secó y el agua dejó de llegar a las emblemáticas fuentes y de llenar los botijos del municipio. Dos fincas del ganadero Samuel Flores también iniciaron estas extracciones.

En julio de 1987, los alcaldes de Montiel, Villahermosa, Villanueva de la Fuente y Albaladejo denunciaron públicamente que el ganadero Samuel Flores y el duque del Infantado eran los culpables de la sequía que asolaba la comarca, por el regadío en tres fincas privadas. Y los vecinos achacaban su escasez de agua a una “extracción continuada mediante pozos sin licencia”.

A principios de agosto los hechos ya eran un clamor y todos los alcaldes afectados convocaron a la ciudadanía a mesas informativas para exponerles lo sucedido y planear manifestaciones, tras la falta de respuesta del entonces Gobierno civil de Ciudad Real. La primera de las movilizaciones fue el día 8 de ese mes, en la carretera nacional que une Villanueva con Villahermosa.

Una “inminente desertización”

Con ello pedían oficialmente que terminaran las extracciones y se declarara “sobreexplotado” el Acuífero 24 ante la “inminente desertización” de la provincia. La propuesta llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas mientras los pueblos se echaban a la calle, con Villanueva de la Fuente como centro neurálgico. Más de 7.000 personas se manifestaron, en ese momento de forma pacífica, a pie, con coches, tractores y motos.

Con ese mismo pacifismo, los habitantes de los pueblos, junto con sus alcaldes, entregaron comunicados a las puertas de las fincas privadas que usaban el agua. Solo unos días después, la Federación Agraria y los dueños de las fincas solicitaron al Gobierno civil más seguridad para sus terrenos. No en vano, el presidente entonces de la Federación Agraria, Pedro Barato, fue declarado persona non grata por los cuatro alcaldes que lideraban la protesta.

“Fueron momentos complicados. El PSOE había ganado las elecciones en el pueblo por tres votos y yo me encontré con esta situación casi recién nombrado alcalde. Los pozos se habían hecho un año antes de la Ley de Aguas de 1985. Había sequía pero lo que pasó no fue solo por eso, fue por la sobreexplotación del acuífero fuera de los parámetros normales de los pozos artesanales”, rememora Juan Ángel Amador.

El regidor, con 38 años entonces y recién llegado al cargo, averiguó que el duque del Infantado ya había protagonizado un episodio similar en la localidad sevillana de Marinaleda. Así se lo comunicó su homólogo, Juan Manuel Sánchez Gordillo. “Todo se veía venir. Contra los pozos que regaban las vegas del pueblo, los minifundios, se levantaba una amenaza”.

El mes de agosto seguía calentando y desecando las fuentes naturales de Villanueva. Continuaban las medidas para el uso restrictivo del agua y el 17 de agosto, vecinos y vecinas de este pueblo cortaron la carretera comarcal. Unos días antes habían derribado postes del tendido eléctrico que proporcionaba energía a la finca del Duque del Infantado. Con esta nueva protesta impidieron que los técnicos de Unión Eléctrica-FENOSA los repararan.

Esos postes parecían haberse convertido en el símbolo de nuestra desgracia

Los postes derribados eran los encargados de conducir la energía eléctrica hasta los pivotes que regaban la finca de casi 1.000 hectáreas. “Esos postes parecían haberse convertido en el símbolo de nuestra desgracia”, cuenta Ana, vecina descendiente de quienes estuvieron allí.  

El alcalde ya dejaba claro entonces que en el pueblo existía una “gran tensión”, mientras en paralelo mantenía reuniones con las administraciones para intentar solucionar el problema. Por entonces también se pronunció el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, proclamando el derecho de la ciudadanía a defender el agua.

A finales de agosto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció que comenzaban los trámites para declarar la “sobreexplotación” del Acuífero 24, tras reuniones previas entre las comunidades de regantes, las administraciones y los propietarios de las fincas.

Pero el río Villanueva seguía seco y la escasez de agua era una constante en el pueblo en pleno mes de agosto. La ciudadanía no veía las soluciones y seguían impidiendo la reparación de los postes eléctricos derribados. Unas 2.000 personas protagonizaron una nueva movilización en la que además prendieron fuego a dos martillos hidráulicos.

El asunto acabó en los tribunales mientras que el alcalde declaró que él estaba “con su pueblo” y que el agua “era del pueblo”, aunque defendía las manifestaciones “pacíficas”.

El asunto quedó en pausa con la llegada del otoño. Pero la cuestión es que transcurrieron los meses y en enero de 1988 el Acuífero todavía no había sido declarado como “sobrexplotado”. Así lo volvieron a demandar las comunidades de regantes debido al descenso del nivel freático de las aguas y su consecuente problema de suministro para las localidades de la comarca.

La reparación de los postes eléctricos: la espita

En marzo de ese mismo año, el Ministerio de Obras Públicas ya apremiaba a la regulación de las extracciones de agua en el Campo de Montiel. También salió a la luz un informe hidrogeológico del Ministerio realizado tras las protestas del verano anterior con una serie de recomendaciones para compatibilizar el riego tradicional con el abastecimiento. No mencionaba explícitamente las operaciones de extracción de los dueños de las fincas que generaron las protestas y se anunció la reparación del suministro eléctrico para estos terrenos.

Eso fue la espita. A finales de marzo de 1988 y sin soluciones sobre la mesa, regresaron las protestas, ahora más violentas, para impedir que se levantaran los postes. Hasta 12 heridos y cuatro detenidos se produjeron en la manifestación del día 24 de ese mes. Vecinos y vecinas cortaron los accesos al pueblo con barricadas de fuego y se enfrentaron a la Guardia Civil, que llegó con agentes a caballo, y con los antidisturbios enviados desde Madrid. Esa fue la respuesta policial que decidió el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo.

“Fue una batalla campal. Los vecinos los vieron a caballo y apostados en las inmediaciones del pueblo y les arrojaban de todo, piedras, objetos, todo lo que encontraban cada vez que cargaban contra ellos. Todavía recuerdo el olor de los botes de humo”, cuenta José Antonio, que por entonces tenía ocho años. Los niños no fueron al colegio, pero se quedaron al margen de las protestas y recogieron después las pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios.   

Hubo un momento en que los ánimos “se caldearon”: “Pegaron a chavales bastante jóvenes y los vecinos fueron a por las escopetas y armas de caza, pero el alcalde los interceptó, los paró y los calmó”, relata.

“No todos los agentes estuvieron en la batalla campal, muchos se quedaron al margen, otros apostados en las afueras y la Guardia Civil de Villanueva ni siquiera quiso intervenir en esos días de marzo. Pudo ser algo desproporcionado, pero muchos ni siquiera quisieron cargar contra la gente”, precisa por su parte el exalcalde.

Por la tarde, los manifestantes retiraron las barricadas después de que su alcalde suspendiera la colocación de los postes eléctricos de las fincas privadas mediante un Decreto municipal. El regidor local también solicitó la retirada de las fuerzas del orden público que habían hecho “aumentar la tensión” con las cargas sobre la población.

“Estuve dándole vueltas durante horas. ¿Podían reponer unos postes que habían sido derribados seis meses antes? ¿Valía la misma licencia municipal? Me miré el Reglamento de la Ley del Suelo, lo vi claro y mandé paralizar la obra. Cuando el Gobernador civil lo supo, suspiró y vio los cielos abiertos para retirar las fuerzas del orden. Porque aquello era un callejón sin salida y nadie quería que fuera a más”, recuerda el exalcalde.

Prácticamente un mes después se aprobó el Real Decreto 393/1988 por el que se establecieron medidas para el Campo de Montiel y entre ellas la más importante: se declaró “sobreexplotado” el Acuífero 24. “Habían entendido el mensaje, la ecología empezó a tomar fuerza desde entonces y se desactivó el conflicto”, refiere Juan Ángel Amador.  

Las protestas se trasladaron un mes después a los juzgados de la localidad vecina de Villanueva de los Infantes, cuando los vecinos fueron a apoyar a los conciudadanos llamados a declarar por los enfrentamientos de marzo con la Guardia Civil. El Ayuntamiento siempre los defendió. Cuando el alcalde tuvo que declarar, condenó la violencia pero nunca culpó a nadie en concreto. En su opinión “fue el pueblo, como en Fuenteovejuna”.

Fenosa intentó por todos los medios judiciales que decayera el decreto municipal que impedía la reparación de los postes, pero finalmente la Justicia ratificó esta iniciativa municipal y las obras quedaron paralizadas, se prohibió el riego de la finca y se precintaron las obras y los pozos ilegales de ‘El Cuartico’. Aunque la red eléctrica para el suministro de agua se hizo tiempo después a través de otro pueblo. Porque el Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente nunca volvió a dar licencia para ello.  

El alcalde celebró la defensa de la “política social”, por encima “de cualquier otro planteamiento conservador que lo único que pretende para unos pocos es riqueza y plusvalía para hoy, aunque para todos desolación y hambre para mañana”, según publicó en el diario ‘Lanza’.

Puede repetirse la historia. Puede volver a pasar con el mantenimiento de esas grandes fincas

Ahora, 36 años después, y “en esos días de marzo”, Juan Ángel Amador, que está recabando datos para publicar la historia de los 600 años de su pueblo, opina que si las corporaciones de esa zona del Campo de Montiel no permanecen “expectantes y vigilantes” para conservar el agua natural del Acuífero 24 que drena los recursos naturales, “puede haber otro problema en el futuro”. “Puede repetirse la historia. Puede volver a pasar con el mantenimiento de esas grandes fincas. Yo ya quemé las velas en la lucha por mi pueblo”, concluye.

El río Villanueva nunca jamás se ha vuelto a secar. “Fue nuestro triunfo. Fue nuestra lucha. Estamos orgullosos y se lo contamos a nuestros nietos para que ninguna generación permita que algo así vuelva a pasar”, afirma María del Carmen, una de las personas que estuvieron presentes en aquellos disturbios.

Parte de estos hechos los recoge en el libro 'La sed' la periodista y antropóloga originaria de Terrinches (Ciudad Real) Virginia Mendoza. Lo presenta este sábado, día 30 de marzo, en Villanueva de la Fuente. En el centro neurálgico de una comarca que sigue recordando su historia para no repetirla.

El Tribunal Supremo ha confirmado que un independentista irá a prisión tras ser condenado en firme a tres años y medio de cárcel por agredir con un palo a dos Mossos d'Esquadra en las manifestaciones del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. Los jueces han rechazado el recurso de Adrià S.M contra su condena por atentado y lesiones, que incluye una indemnización que suma 1.8000 euros para los dos agentes.

La sentencia firme del caso explica que durante las protestas del 1 de octubre de 2018 frente al Parlament de Catalunya, en el Parc de la Ciutadella, el acusado se puso un pañuelo rojo para taparse la cara y cogió un palo con una bandera para golpear a varios agentes de los Mossos d'Esquadra. A uno le dio en la barbilla y a otro en el casco.

El Supremo confirma condenas que suman, entre todas, tres años y medio de prisión, pero que en caso de ejecutarse implicarían su entrada en la cárcel. Por un lado se le imponen tres años de cárcel por atentado con instrumento peligroso, seis meses más por lesiones menos graves y una multa por lesiones leves. Además se confirma que debe indemnizar con un total de 1.800 euros a los dos agentes a los que agredió con el palo. Un palo, dice el Supremo, “cuya capacidad lesiva es objetivamente relevante”.

Se trata de un caso judicial que también generó polémica política en Catalunya durante su tramitación. La Generalitat de Catalunya, en noviembre de 2020 durante el juicio, mantuvo su petición de cinco años y medio de prisión para el joven pese a que los dos partidos que formaban entonces el Govern, JxCat y ERC, habían pedido retirarla.