El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha rechazado los disturbios que el jueves provocaron manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— ante la convocatoria del agitador ultra Vito Quiles, y que por el momento se saldan con tres detenidos por atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Con todo, Asiron ha afeado la “provocación” de Quiles y ha asegurado que Pamplona “es una ciudad profundamente antifascista”.

El agitador de extrema derecha inició en la capital navarra un nuevo tour en plena precampaña electoral porque fue la ciudad en la que el año pasado tuvo que cancelar su acto ante el anuncio de una contramanifestación de GKS y otros colectivos antifascistas. En esta ocasión Vito Quiles sí que apareció en Pamplona, pero lo hizo 40 minutos tarde de la hora anunciada y acompañado de más de una decena de escoltas vestidos de negro, encapuchados y con gafas de sol.

Cuando llegó a la Plaza Yamaguchi, donde había convocado a sus simpatizantes, varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral ya habían desalojado la plaza y sus inmediaciones tras haberse iniciado los disturbios. Los manifestantes prendieron fuego a algunos contenedores y cortaron varias avenidas y lanzaron piedras y botellas de vidrio a los agentes, que cargaron con proyectiles de 'foam' y gas lacrimógeno.

El alcalde de Pamplona ha lamentado que los disturbios causaran “peligros” a la ciudadanía, pero ha criticado que estos se generasen por una “provocación” de Vito Quiles. “Esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas, esto va de provocación y de fascismo, y el fascismo no es una idea, el fascismo es precisamente la negación de las ideas, el fascismo lo que pretende es aniquilar las ideas”, ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que Vito Quiles publicó el 7 de octubre un mensaje en sus redes sociales donde llamaba “a la aniquilación de los zurdos de mierda y esto evidentemente es algo que no se puede avalar, ni en nombre de la libertad de expresión, ni en nombre absolutamente de nada”.

Asimismo, Joseba Asiron ha asegurado que el agitador ultra no eligió Pamplona por “casualidad”. “Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista y porque hay en marcha un proyecto de convivencia entre diferentes”, ha remarcado. “Yo no creo en este tipo de casualidades, si viene a Pamplona en primer lugar -dentro de la gira de Quiles- es precisamente porque sabe que es una ciudad con una trayectoria absolutamente antifascista”, ha insistido. “Y ahora pretende continuar esta tournée de odio por otras ciudades si nadie pone remedio”, ha lamentado.

El alcalde de Pamplona se ha mostrado partidario de “hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio” y ha recordado que este jueves se celebró una manifestación en la Plaza del Castillo, donde inicialmente iba a ser el acto de Quiles, que fue, ha destacado Asiron, “un muro social, diverso y plural que de manera contundente y estrictamente democrática denunció el fascismo”. “Ese es desde luego mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo”, ha concluido.

La Policía Nacional ha cargado contra varios cientos de manifestantes de GKS —movimiento comunista juvenil que suele ser identificado como escisión de la izquierda abertzale— y antifascistas que este jueves han acudido a la plaza de Yamaguchi de Pamplona para protestar contra la convocatoria anunciada por el agitador ultra Vito Quiles, que ha hecho acto de presencia 40 minutos tarde. Una vez la Policía ha desalojado a los manifestantes, se ha ido a los pocos minutos tras una breve arenga. Ha estado en la plaza solamente un cuarto de hora.

Los manifestantes han causado altercados volcando contenedores de basura y lanzando a los agentes de la Policía botellas de vidrio y piedras. Los incidentes se han producido justo en el exterior de un tanatorio y en el propio parque Yamaguchi. Por el momento hay tres detenidos, uno de ellos menor de edad. Se les acusa de delitos de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Ya el año pasado una convocatoria fallida de Quiles generó disturbios en Pamplona. Por ello, en esta ocasión varias dotaciones de las UIP (antidisturbios) de la Policía Nacional y de la Policía Foral han acordonado la plaza en la que se ha celebrado el acto con un fuerte dispositivo policial. De hecho, el agitador ha criticado a la Universidad de Navarra por “desaconsejar a los estudiantes” el año pasado “no ir a los actos” que Quiles promocionaba.

Minutos antes de las 18:00 horas centenares de manifestantes de GKS han llegado a Yamaguchi con una pancarta con el mensaje 'Faxistak. Alde hemendik' ('Fascistas fuera de aquí', en euskera). Un cordón policial los ha rodeado mientras en la plaza medio centenar de seguidores de Quiles les estaba esperando. La tensión ha ido en aumento hasta que la Policía ha comenzado a cargar. El agitador se ha referido a este grupo de personas como “los del tiro en la nuca”, mientras sus simpatizantes —unas treinta personas— lo vitoreaban y clamaban cánticos como “España una, no cincuenta y una” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”. “Les gustaría abrime la cabeza”, ha comentado sobre los manifestantes contenidos por los antidisturbios.

Los manifestantes se han ido por calles aledañas a la plaza y han comenzado a volcar contenedores, así como a lanzar botellas y piedras a los agentes. No ha sido hasta que la Policía ha alejado los manifestantes cuando ha aparecido el agitador Vito Quiles, que a la salida del vehículo en el que ha llegado ha pedido a los agentes que lo “escoltasen”.

“No podemos salir solos”, les ha pedido tras estar unos 15 minutos en la plaza. Ha acudido con una pulsera con la bandera de España. En su discurso, concurrido sobre todo por los periodistas que han ido a cubrirlo, ha mencionado lo “duro que es vivir en Pamplona” al estar llena de “etarras”. Ha dicho también que Navarra es “más española que nunca”. En todo momento ha estado protegido por hombres vestidos de negro con gafas de sol.

Contundente petición de la Fiscalía a los nueve procesados por los disturbios contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Barcelona. El Ministerio Público ha solicitado 25 años y medio de cárcel para los manifestantes, a los que acusa, entre otros delitos, de intento de homicidio por prender fuego a un furgón de la Guàrdia Urbana con un agente dentro.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa a los manifestante de intento de homicidio, organización criminal, atentado a la autoridad, desórdenes, daños y manifestación ilegal, y les pide 11.520 euros en multas así como indemnizaciones para las entidades bancarias atacadas que suman casi 685.000 euros.

Los acusados, siete de ellos de nacionalidad italiana y otra francesa, siguieron un plan “previamente acordado” que, a juicio de la fiscal, conlleva la consideración de organización criminal: se repartieron los papeles (dos acusados lideraron los ataques al mobiliario urbano mientras otros vigilaban) para asegurarse una actuación “rápida y sincronizada” en sus ataques al mobiliario urbano, entidades bancarias, comercios, personas, vehículos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana y agentes de las líneas policiales.

Al frente del grupo, integrado por unas quince personas de las que solo ocho han podido ser identificadas, la Fiscalía sitúa como líderes a dos de los acusados, Alberto F. y Guiseppe S., quienes marcaban los objetivos y daban instrucciones a los demás, además de participar “activamente” en los ataques.

Como en todos los juicios por desórdenes públicos, la identificación de los manifestantes por sus rasgos físicos o prendas de vestir como autores de los disturbios es clave para lograr una condena. En el caso de los disturbios por Hasel, el Ministerio Pública señala de forma inequívoca a los dos líderes porque llevaban un impermeable azul oscuro con una franja reflectante en la espalda.

Eso sí, la Fiscalía admite que no ha podido ser identificada la mujer que echó líquido inflamable sobre una de las bengalas lanzadas por Alberto F. (que también le dio la botella con el líquido) y que “avivó” las llamas del furgón

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2021 a una manifestación que no había sido comunicada en apoyo al rapero Pablo Hasel, cuyo encarcelamiento dio pie a varios días consecutivos de protestas callejeras en Barcelona que se saldaron con disturbios y decenas de detenciones.

Los acusados, sostiene la fiscal, tenían la intención de llevar a cabo “actuaciones violentas e intimidatorias que infundieran un grave temor a la población”, por lo que llevaban recipientes con pintura, líquidos inflamables, acelerantes de combustión, mazas y martillos.

Una vez iniciada la manifestación, se pusieron encima unas ropas oscuras y negras que llevaban consigo, además de gorros, capuchas y guantes y el rostro cubierto con prendas tipo pasamontañas.

El ministerio público sostiene que el grupo inició los disturbios ya en la calle Hospital de Barcelona, donde rompieron la cristalera de una oficina bancaria a martillazos y prendieron fuego a un cajero, ataques que después repetirían en la Rambla del Raval y sus alrededores y que en ocasiones reivindicaban haciendo pintadas con la 'A' de anarquía.

Ya en la Rambla, mantiene la Fiscalía, Alberto F., el presunto cabecilla del grupo, llamó al resto al grito de “chiguagua chiguagua” para darles instrucciones. En seguida, varios de los acusados se dirigieron rápidamente a la comisaría de la Guàrdia Urbana, que contaba con un dispositivo de protección especial compuesto por seis furgonetas de los Mossos y de la Policía Local.

Los manifestantes empezaron entonces a lanzar “todo tipo de objetos” contra la línea policial, entre ellos adoquines, piedras, botellas de cristal, artefactos incendiarios y bengalas, uno de los cuales provocó una llamarada en el suelo, muy cerca de un furgón en cuyo interior había un agente de la Guardia Urbana.

A los segundos, mantiene el ministerio público, Alberto F. dio a una de las manifestantes una botella de líquido inflamable que esta utilizó para reavivar las llamas, que empezaron a quemar el furgón policial por la parte lateral central y trasera, donde se hallaba el depósito de gasolina.

El agente que había en el interior del furgón pudo salir del vehículo por la puerta del copiloto, pese a que según la Fiscalía tenía dificultades para moverse al ir equipado con chaleco, coderas, cascos y rodilleras. Además, poco antes había bloqueado las puertas del vehículo después de que un manifestante se acercara al mismo e intentara abrirlas.

En opinión de la Fiscalía, todos los miembros del grupo “conocían que dentro del vehículo había un agente de policía” cuya vida “ponían en peligro” con su actuación, pero aun así decidieron “asumir ese resultado sin importantes lo que pudiera ocurrir”.

Al grito de la palabra clave “sinistra, sinistra” proferida por el supuesto cabecilla del grupo, Alberto F., los acusados siguieron su “encolerizada huida” hacia la plaza Catalunya, donde rompieron a martillazos las puertas de una tienda Zara y las cristaleras del Hotel Calderón mientras seguían arrojando objetos a la línea policial y montando barricadas con jardineras, motos, mesas de terrazas y contenedores, según el ministerio público.

Durante los ataques, los integrantes del grupo se dirigieron además a varios periodistas que estaban grabando los hechos para exigirles que dejaran de hacerlo, añade el ministerio público.

Finalmente, el grupo se dividió en dos, sus miembros se deshicieron del camuflaje y lo abandonaron en la calle, donde la policía se incautó de varias prendas de ropa como las que vestían los autores de los disturbios y de mochilas con productos para encender fuego.

La Policia Nacional atribueix a una “minoria radical” aliena al desenvolupament pacífic de la protesta els disturbis registrats al terme de la multitudinària manifestació contra la saturació turística celebrada aquest diumenge a Palma, en què van participar desenes de milers de persones. Segons la versió policial, quatre agents van resultar ferits després del llançament de pedres, llambordes i pals. Per la seva banda, el sindicat policial Jupol ha defensat que la intervenció va respondre als atacs de “grups radicals infiltrats”.

D'acord amb aquesta versió, la mobilització va transcórrer sense incidents pràcticament durant tot el recorregut. La tensió va començar quan milers d'assistents van arribar a Ses Voltes, als peus de la Catedral de Palma, on estava prevista la lectura del manifest final i diverses actuacions musicals. La policia havia establert controls d'accés perquè va considerar que el recinte presentava una capacitat limitada per allotjar la multitud.

Els agents sostenen que part dels assistents va mostrar el malestar per les restriccions d'accés i va començar a moure les tanques de seguretat i increpar els policies. Segons expliquen, van intentar coordinar amb l'organització l'accés al recinte mitjançant missatges per megafonia, encara que asseguren que finalment algunes persones van trencar el cordó policial i van accedir a l'interior. En paral·lel, un altre grup va intentar entrar per una passarel·la situada al costat del llac artificial de Ses Voltes. Sempre segons la versió policial, diversos participants van saltar el control, van llançar objectes contra els agents i van envoltar part del dispositiu, cosa que va obligar a sol·licitar reforços.

El delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez, ha explicat aquest dilluns que tant els responsables policials com ell van traslladar dies abans als organitzadors que Ses Voltes no reunia les condicions adequades per acollir la multitud prevista i els van proposar modificar el lloc de celebració de l'acte final. Rodríguez ha assegurat que el dispositiu va establir successius controls d'aforament i que, una vegada comprovada la capacitat disponible, va permetre una segona entrada fins a assolir el límit que la policia va considerar compatible amb la seguretat.

Amb tot, ha qualificat les càrregues de “desmesurades i violentes” i ha anunciat una investigació per esclarir tant l'actuació policial com l'agressió patida per un fotoperiodista.

Per part seva, 'Menys Turisme, Més Vida', entitat convocant de la protesta, assenyala que la Policia va limitar l'entrada a Ses Voltes a unes 2.000 persones malgrat que, assegura, l'espai “no estava ni al 50% de la seva capacitat”. L'organització afirma que havia comunicat prèviament que, si el recinte s'omplia, l'acte final es traslladaria a les rampes i esplanades dels voltants de la Catedral, encara que, sosté, tampoc no es va permetre l'accés a aquestes zones.

L'organització assegura que les primeres càrregues es van produir quan alguns assistents van intentar accedir a Ses Voltes i que, posteriorment, els antiavalots van tornar a intervenir mentre es llegia el manifest i, més tard, un cop finalitzat l'acte, a l'avinguda Antoni Maura i l'inici del Born. En el comunicat, la plataforma parla de càrregues “injustificades i desproporcionades” i sosté que van deixar “més d'una desena de ferits”, alguns amb lesions al cap que van requerir assistència mèdica, a més d'un fotoperiodista.

Comencen les càrregues policials

Així mateix, l'entitat denuncia que l'actuació policial va començar “sense previ avís” i afirma que les ambulàncies van trigar més de 45 minuts a atendre diversos ferits perquè, segons la seva versió, la Policia va impedir inicialment l'accés dels serveis sanitaris.

Una vegada conclosa la lectura del manifest i la interpretació de La Balanguera, diversos centenars de persones van romandre en els voltants de l'avinguda Antoni Maura. Segons la Policia Nacional, va ser aleshores quan una “minoria molt violenta” va llançar pedres, llambordes i pals contra els agents, causant ferides a quatre policies.

Davant d'aquesta situació, els antiavalots van realitzar diverses càrregues i van efectuar trets de salves amb les llançadores de projectils de goma amb l'objectiu de dispersar els assistents, sempre segons la versió policial. A conseqüència dels disturbis, una persona va ser detinguda posteriorment com a presumpta autora de delictes de lesions, atemptat contra agent de l'autoritat i desordres públics.

La Delegació del Govern ha sol·licitat a la Prefectura Superior de Policia l'obertura d'una investigació interna per determinar si l'actuació policial va ser proporcional i si escau depurar responsabilitats.

La investigació també analitzarà l'agressió patida per un fotoperiodista que cobria la manifestació i que va resultar ferit al cap després de rebre un cop d'una defensa policial. Les fonts policials consultades consideren que aquesta actuació no pot justificar-se i asseguren que s'identificarà l'agent responsable si es confirma el succeït.

Per la seva banda, Jupol sosté que els agents van actuar conforme als principis de proporcionalitat i únicament després que diversos policies fossin agredits durant els disturbis. Segons Jupol, el focus ha de situar-se en les agressions patides pels agents i no en qüestionar l'actuació del dispositiu policial.

Al seu entendre, el delegat del Govern, com a màxim responsable de les forces de seguretat a l'arxipèlag, “hauria de preocupar-se pel que és veritablement important: que quatre policies nacionals van resultar ferits mentre complien amb la seva obligació de garantir l'ordre públic”.

Per la seva banda, 'Menys Turisme, Més Vida' ha responsabilitzat la Policia Nacional dels incidents registrats al final de la protesta i ha qualificat el dispositiu desplegat de “totalment desproporcionat”. En un comunicat difós aquest dilluns, l'organització sosté que la mobilització va transcórrer “sense cap incident” des de la plaça d'Espanya fins a Ses Voltes i atribueix l'inici de la tensió al bloqueig dels accessos al recinte per part dels agents.

La Policía Nacional atribuye a una “minoría radical” ajena al desarrollo pacífico de la protesta los disturbios registrados al término de la multitudinaria manifestación contra la saturación turística celebrada este domingo en Palma, en la que participaron decenas de miles de personas y cuyo recorrido transcurrió sin incidentes hasta el término de la misma, cuando, según la versión policial, cinco agentes resultaron heridos por el lanzamiento de piedras, adoquines y palos. Por su parte, el sindicato policial Jupol ha defendido que la intervención respondió a los ataques de “grupos radicales infiltrados”.

De acuerdo con esta versión, trasladada por fuentes policiales consultadas por elDiario.es, la tensión comenzó cuando miles de asistentes llegaron a Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Palma, donde estaba prevista la lectura del manifiesto final y varias actuaciones musicales. La Policía había establecido controles de acceso al considerar que el recinto presentaba una capacidad limitada para albergar a la multitud.

Los agentes sostienen que parte de los asistentes mostró su malestar por las restricciones de acceso y comenzó a mover las vallas de seguridad e increpar a los policías. Según explican, intentaron coordinar con la organización el acceso al recinto mediante mensajes por megafonía, aunque aseguran que finalmente algunas personas rompieron el cordón policial y accedieron al interior. En paralelo, otro grupo trató de entrar por una pasarela situada junto al lago artificial de Ses Voltes. Siempre según la versión policial, varios participantes saltaron el control, lanzaron objetos contra los agentes y rodearon a parte del dispositivo, lo que obligó a solicitar refuerzos.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha explicado este lunes que tanto los responsables policiales como él trasladaron días antes a los organizadores que Ses Voltes no reunía las condiciones adecuadas para acoger a la multitud prevista y les propusieron modificar el lugar de celebración del acto final. Rodríguez ha asegurado que el dispositivo estableció sucesivos controles de aforo y que, una vez comprobada la capacidad disponible, permitió una segunda entrada hasta alcanzar el límite que la Policía consideró compatible con la seguridad.

Con todo, ha calificado las cargas de “desmedidas y violentas” y ha anunciado una investigación para esclarecer tanto la actuación policial como la agresión sufrida por un fotoperiodista.

Por su parte, 'Menys Turisme, Més Vida', entidad convocante de la protesta, señala que la Policía limitó la entrada a Ses Voltes a unas 2.000 personas pese a que, asegura, el espacio “no estaba ni al 50% de su capacidad”. La organización afirma que había comunicado previamente que, si el recinto se llenaba, el acto final se trasladaría a las rampas y explanadas de los alrededores de la Catedral, aunque, sostiene, tampoco se permitió el acceso a esas zonas.

La organización asegura que las primeras cargas se produjeron cuando algunos asistentes intentaron acceder a Ses Voltes y que, posteriormente, los antidisturbios intervinieron de nuevo mientras se leía el manifiesto y, más tarde, una vez finalizado el acto, en la avenida Antoni Maura y el inicio del Born. En su comunicado, la plataforma habla de cargas “injustificadas y desproporcionadas” y sostiene que dejaron “más de una decena de heridos”, algunos con lesiones en la cabeza que requirieron asistencia médica, además de un fotoperiodista.

Comienzan las cargas policiales

Asimismo, la entidad denuncia que la actuación policial comenzó “sin aviso previo” y afirma que las ambulancias tardaron más de 45 minutos en atender a varios heridos porque, según su versión, la Policía impidió inicialmente el acceso de los servicios sanitarios.

Una vez concluida la lectura del manifiesto y la interpretación de La Balanguera, varios centenares de personas permanecieron en las inmediaciones de la avenida Antoni Maura. Según la Policía Nacional, fue entonces cuando una “minoría muy violenta” lanzó piedras, adoquines y palos contra los agentes, causando heridas a cuatro policías.

Ante esta situación, los antidisturbios realizaron varias cargas y efectuaron disparos de salvas con las lanzadoras de proyectiles de goma con el objetivo de dispersar a los asistentes, siempre según la versión policial. Como consecuencia de los disturbios, una persona fue detenida posteriormente como presunta autora de delitos de lesiones, atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

La Delegación del Gobierno ha solicitado a la Jefatura Superior de Policía la apertura de una investigación interna para determinar si la actuación policial fue proporcional y si procede depurar responsabilidades.

La investigación también analizará la agresión sufrida por un fotoperiodista que cubría la manifestación y que resultó herido en la cabeza tras recibir un golpe de una defensa policial. Las propias fuentes policiales consultadas consideran que esa actuación no puede justificarse y aseguran que se identificará al agente responsable si se confirma lo sucedido.

Por su parte, Jupol sostiene que los agentes actuaron conforme a los principios de proporcionalidad y únicamente después de que varios policías fueran agredidos durante los disturbios. Según Jupol, el foco debe situarse en las agresiones sufridas por los agentes y no en cuestionar la actuación del dispositivo policial.

A su entender, el delegado del Gobierno, como máximo responsable de las fuerzas de seguridad en el archipiélago, “debería preocuparse por lo verdaderamente importante: que cuatro policías nacionales resultaron heridos mientras cumplían con su obligación de garantizar el orden público”.

Por su parte, 'Menys Turisme, Més Vida' ha responsabilizado a la Policía Nacional de los incidentes registrados al término de la protesta y ha calificado el dispositivo desplegado de “totalmente desproporcionado”. En un comunicado difundido este lunes, la organización sostiene que la movilización transcurrió “sin ningún incidente” desde la plaza de España hasta Ses Voltes y atribuye el inicio de la tensión al bloqueo de los accesos al recinto por parte de los agentes.

El PSOE y su líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han presentado este jueves un escrito ante el juzgado que investiga los disturbios de la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz, pidiéndole nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre otras medidas, la procuradora que ejerce la representación del partido pide al juez que exija a la Policía información sobre “la existencia de vinculaciones de los investigados” por los disturbios “con el colectivo autodenominado Noviembre Nacional, la formación política Vox y la organización conocida como Revuelta”.

También quieren los socialistas que la Policía informe al juez sobre “la repercusión, seguimiento e impacto en las redes y a través de plataformas de streaming, y sitios de internet de la retransmisión de estos hechos, informando sobre su impacto, naturaleza y vinculaciones de las plataformas y perfiles que difundieron los hechos, especialmente, en relación, a organizaciones de extrema derecha, y los autodenominados miembros de Noviembre Nacional, Vox y Revuelta”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pide al juzgado que exija a Vox información “sobre su vinculación, formal, orgánica, u económica en el momento de los hechos con la organización Revuelta”, sobre “la afiliación en el momento de los hechos o posterior de los investigados, y en su caso, cargo o papel dentro de la organización” o sobre “si en el momento de los hechos o posteriormente ha mantenido alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza con los investigados”.

Además, el PSOE pide “la busca, detención y puesta a disposición judicial del investigado Ding Jinxin” al entenderla como una “diligencia indispensable” después de que esta persona de origen chino fuera “identificada por la policía” y “tiene la calidad de investigado” en la causa. Igualmente, insta al juzgado a que oficie al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno en Madrid “para que remitan los expedientes completos sobre las autorizaciones que fueran tramitadas para la manifestación, concentración u evento ante la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023 que se solicitaron”.

Sobre ambas administraciones, los socialistas solicitan, asimismo, que el juez les requiera que “remitan todas las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraran la noche del 31 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024” para “conocer la totalidad de los hechos relacionados con los investigados”, así como que “se elabore informe por la Brigada Provincial de Información que determine quienes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento en el que se produjeron los hechos denunciados, como se financió el evento, cómo se publicitó el mismo y cuál era el objeto de tal evento, todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha”.

En el texto, el PSOE considera “necesario” todo ello “para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos”. Como argumento, los socialistas señalan que “precisamente una de las consignas violentas y amenazantes que se gritaban por la masa de gente que allí se encontraba era 'colgadlo de los pies', en alusión a las palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al Diario Clarín en Argentina”, refiriéndose al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otro de los requerimientos que recoge el escrito es que “se informe por la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno,si los investigados habían sido detenidos o identificados por su participación en algunos de los disturbios violentos que se produjeron casi a diario desde el 3 de noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE, indicando los motivos de la identificación o detención, así como su posible vinculación con los organizadores de aquellas, especialmente los autodenominados Noviembre Nacional, por parte de las Brigadas de Información, Antidisturbios (UIP), o cualesquiera otras que intervinieran en aquellas actuaciones”

El PSOE considera necesaria esta medida “dado que la participación habitual en las concentraciones o actos violentos que se sucedieron desde el 3 de noviembre de 2023 suponen un indicio más, de que los investigados estaban implicados en actos violentos en relación con el PSOE” y Pedro Sánchez, “de forma habitual, y avalan la evidencia de que la convocatoria de esa nochevieja en Ferraz no era pacífica ni tenía una intención lúdica, sino que buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Sánchez”.

“La nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE, la cuales fueron lanzadas con violencia a los agentes, que se vieron obligados a hacer cargas policiales dada la situación. Igualmente, se quemaron contenedores, se dañaron vehículos, etc., teniendo que ser retirados contenedores de obra, contenedores de basura y papeleras (los vecinos no pudieron sacar la basura durante días) para que no se lanzaran objetos a los agentes de policía y para que no se quemaran los mismos”, añade el PSOE.

El escrito señala que “con ello se quiere dejar en evidencia que previo a los hechos de la nochevieja en Ferraz donde se suceden los hechos que se denuncian, existieron graves y violentos altercados, en los que los investigados pudieron participar y que estarían vinculados a la convocatoria”.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

La Policía ha detenido en las últimas horas a 28 personas dentro de la segunda parte de la operación relacionada con los disturbios ocasionados el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra con motivo de un acto de Vito Quiles, que finalmente se suspendió. En noviembre fueron detenidas otras cuatro personas por los mismos hechos.

Según ha informado la Policía, los detenidos están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. La investigación continúa abierta, pero desde la Policía Nacional el operativo se da por finalizado en estos momentos.

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra momentos en la tarde del jueves 30 de octubre. Allí, Vito Quiles había anunciado una parada de su gira por las universidades españolas, pero dos horas antes de que comenzase anunció su cancelación ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. La Universidad de Navarra, a su vez había cancelado todas las clases ante la previsión de que se produjeran altercados.

En torno a las 18:00 horas de la tarde un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra, donde comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, de igual forma que un periodista de El Español, que presentó también lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

El archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico sur, explotó el año pasado en unas revueltas populares duramente reprimidas en las que murieron 14 personas, tras más de tres décadas de relativa calma social. Con un estatus particular dentro de Francia, que incluye una alambicada vía pautada para la independencia, el intento unilateral de París de alterar el censo electoral para incluir a la población de origen francés —más allá de los nativos canacos— encendió la ira de la nueva generación de independentistas, lastrada también por las malas perspectivas económicas.

Los disturbios llevaron a prisión preventiva en la Francia metropolitana a Christian Tein, presidente de la principal formación independentista, el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS). Liberado tras un año, pero todavía pendiente de juicio, Tein asegura que su detención tuvo motivación política y niega cualquier papel organizador de la revuelta. También insiste en que la vía a la independencia es irreversible, aunque Francia quiera mantener el dominio sobre una región de creciente importancia geopolítica y fuente de materias primas como el níquel.

El Gobierno francés negoció este verano un acuerdo con las formaciones del archipiélago del que el FLNKS se descolgó, entre acusaciones de falta de honestidad negociadora, y a finales de octubre el Parlamento galo aprobó el retraso de las elecciones en el territorio a 2026, también en contra de la voluntad de la mayoría de independentistas, recelosos de que se certifique la extensión del censo. Tein, que ha estado de gira europea en busca de apoyos para la causa, protesta por la actitud de Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos franceses. A Madrid llegó para intervenir en el Congreso, invitado por EH Bildu.

¿Por qué rechazan el cambio en el censo y el adelanto electoral?

El asunto del censo electoral ha derramado mucha sangre, infelicidad y dificultades en nuestro país. Por desgracia, el Estado francés siempre nos ha impuesto un censo colonial. En múltiples ocasiones hemos intentado hacer comprender al Gobierno francés que no queremos desaparecer como pueblo. Quizás seamos un pueblo pequeño, pero tenemos nuestra historia, nuestra civilización. Con los dos acuerdos con el Gobierno francés, encontramos la forma de ir hacia algo mejor [en referencia a los acuerdos de paz de Matignon (1988) y el de Numea (1998), que previeron tres referéndums de independencia. Los dos primeros arrojaron un resultado contrario, pero el tercero, celebrado en 2021, fue boicoteado por los independentistas, que querían esperar al fin de la pandemia de COVID-19].

Con un censo electoral definitivo para definir el futuro del país. Pero a medida que hemos ido avanzando hacia el final de ese proceso, nos hemos ido dando cuenta que el Gobierno francés lo que cedía con una mano lo quitaba con la otra.

Francia no sabe descolonizar, no tiene palabra, especialmente el Gobierno actual. [Ahora] estamos en un proceso a marchas forzadas en el que el Estado francés ha hecho trampas, con un calendario letal que no lleva a la tranquilidad, que no pacifica y causa tensión en la población. Estamos preocupados, porque el año pasado vivimos sucesos difíciles, y no queremos que vuelvan a empezar.

¿Podrían repetirse los disturbios?

El proceso al que nos lleva el Estado francés nos va a conducir a dificultades, desgraciadamente. En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente.

¿Proponen un nuevo referéndum?

Ha habido tres. En los dos primeros se vio el apoyo creciente al independentismo. El tercero fue impuesto por la fuerza por el señor [Sébastien] Lecornu [entonces ministro de Ultramar, hoy primer ministro].

¿No se fían de él?

No nos tranquilizan ni él, ni su jefe, Emmanuel Macron, ni el señor [Gérald] Darmanin [antiguo Ministro de Interior, hoy de Justicia]. Todos ellos decidieron que el asunto de Nueva Caledonia se tratase en el seno de la República. Eso es lo que figura en el inmundo acuerdo de Bougival [de julio], en el que no queremos participar.

En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente

¿Qué pasó ahí? Las informaciones de la prensa francesa señalaron entonces que ustedes se habían sumado inicialmente, pero que después se retiraron.

El FLNKS envió una delegación, pero su misión era que, al terminar, regresasen para examinar los cambios planteados y cómo se trataban los elementos de la soberanía. Pero el Estado presionó para sacarnos por la fuerza del marco de Numea. Lo que era un proyecto de acuerdo que después se debía someter a las bases, el Estado, de forma absurda, lo consideró como un acuerdo pleno y puso en marcha toda su maquinaria. No fueron unas discusiones leales y honestas, y lo rechazamos. También influyó el sesgo del exministro de Ultramar, Manuel Valls.

La relación con él tampoco es buena.

Me acusó de mentir, dijo que había estado en Bougival. Sí, pero nunca acepté que se firmara ese acuerdo. Y eso que en una primera etapa [de las negociaciones] sí estuvimos dentro. Tampoco era nuevo, incluía la idea del Estado libre asociado que ya se contemplaba en 1985. Pero solo era una base desde la que discutir. Decidió escuchar simplemente a los antindependentistas, y las correas de transmisión del Estado se limitaron a esa única vía. Pero el FLNKS es el que representa las reivindicaciones del pueblo canaco.

La cuestión del censo es la más importante para ustedes. Temen que los residentes no originarios los acaben superando en número.

El censo se cerró en su día con la idea de que no se alterase. Pero ahora el Estado francés dice que se acabó, que ya se votaron los referéndums y que ahora se vuelve a discutir todo desde el principio. El censo es el elemento central [...] Aunque vemos que subyacen cuestiones geopolíticas del Pacífico, entre el Estado francés, los chinos, los estadounidenses.

Nueva Caledonia es rica en níquel. China es una potencia muy fuerte hoy en día, ¿les parece que representa un peligro? Es complicado manejarse entre las potencias.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado. Tienen acuerdos con Vanuatu o con las Islas Salomón, de acuerdo, pero nunca han colonizado la Melanesia. Y además, los precios que ofrecen son mucho más interesantes que los de otros, como los australianos. También están los estadounidenses...

El comercio de mercancías por el Pacífico va a ser una cuestión de interés geopolítico. Y vemos que lo que está detrás del plan Bougival de Francia es el níquel, y así lo va diciendo Macron a los países de Europa, que Francia tiene recursos ahí. Pero la competencia sobre el desarrollo económico es de Nueva Caledonia.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado

¿La presión para cambiar el statu quo se debe a esto, entonces?

[Macron] quiere construir una gran fábrica de tratamiento de níquel en Burdeos. Forma parte de una estrategia amplia, vistas las dificultades por las que atraviesa Francia con los países africanos y otros de donde extraía recursos. No queremos ser nosotros los que paguemos el costo de la pérdida de terreno de Francia en la geopolítica internacional. También hay gas, petróleo y todos los bancos atuneros, de los que se nutren Japón y muchos otros países.

Nueva Caledonia es muy estratégica. Y desestabilizarla, cuando es el país que más cerca está de la independencia, sirve para decirle a otras comunidades en vías de descolonización, como la Polinesia, las Antillas (Guadalupe, Martinica) o Reunión, que no vale la pena seguir avanzando en ese sentido.

Volviendo a 2024, ¿qué fue lo que causó que la situación se desbordase? Usted mismo sigue encausado por aquellos hechos.

La gota que colmó el vaso fue, de nuevo, el asunto del censo electoral [que Macron propuso descongelar con una reforma constitucional en enero de ese año]. Todo el proceso ha buscado la desestabilización. Pero a nosotros no nos interesaba que sucediese lo que sucedió. En todas las movilizaciones que llevamos a cabo durante casi dos años, jamás le dijimos a la gente que había que llevar el país al precipicio.

A todos los jueces les he dicho —en el primer interrogatorio, de 14 horas, y en el segundo, que fueron prácticamente seis— que soy un preso político, que lucho por la dignidad de mi pueblo, pero con respeto. Jamás tendría la idea de que habría que quitarle la vida a alguien o dañar los bienes económicos y sociales de mi país. Y los jueces de París vieron el sumario con distintos ojos que los de Nueva Caledonia. Los cargos que se me achacaban eran muy duros. Homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita... En condiciones normales, con esas acusaciones, nunca me habrían soltado. [Tein fue puesto en libertad condicional en mayo, pero hasta octubre no recibió el permiso para regresar a Nueva Caledonia].

Era la primera vez que estaba en la Francia metropolitana.

Me había prometido que solo iría Francia cuando mi país fuese independiente, pero el señor Darmanin decidió que mejor fuese cuanto antes y esposado. He dado una vuelta por Francia y me he encontrado con gente agradable. También me reuní con gente del Frente Nacional [antiguo nombre del partido de la ultraderechista Marine Le Pen].

¿De verdad?

Sí. Les dije a sus parlamentarios si les parecía normal que, cuando ellos no quieren inmigración, se les permita a ellos emigrar a nuestro hogar. Y me dijeron: “Pues tienes razón”. Se da la paradoja de que vamos a necesitar a sus diputados para detener la maquinaria de Bougival.

De nada sirve ir a la carrera, se van a reproducir los mismos esquemas que llevaron a [los disturbios del] 13 de mayo [de 2024]. Se lo dije también a la comisión parlamentaria de la cámara de diputados: vamos de tensión en tensión, no es bueno para el país. Lo único que hacemos es lanzar la alerta; sabemos que no podemos rivalizar con el Estado francés, se lo digo siempre a nuestra gente. Los medios que desplegaron durante el periodo del 13 de mayo son los que se reservan para intervenir en el extranjero, como los paracaidistas.

A estas cosas me refiero cuando digo que el Estado no sabe descolonizar, que no tiene palabra. Es una lástima haber llevado al país a esta situación, porque nunca ha sido nuestra idea llegar aquí. Nuestra lucha es progresiva y dentro de las instituciones. Nuestros resultados [en las elecciones locales] no dejan de mejorar (...). No nos interesa salir a derribarlas.

En Francia he descubierto un país aún más caótico que el mío

¿Esta aceleración de la represión emprendida por Macron que denuncia le parece una cuestión personal o sería común a cualquier mandatario francés?

El acuerdo de Bougival ya lo tenían preparado en un cajón. Tenían decidido que el acuerdo de Numea decayese fuese cual fuese el resultado, incluso si hubiésemos ganado el tercer referéndum. Sería de esperar que la Francia del siglo XXI respetase su palabra. Pero el caos en que se encuentra Francia hoy en día tampoco permite confiar en ella. He descubierto un país aún más caótico que el mío. Queremos que los medios, en España, en Europa, trasladen el sufrimiento de nuestro pueblo.

En la guerra de Gaza entre Israel y Palestina también existentes elementos de descolonización. ¿Cómo se ve el conflicto desde su perspectiva?

Siempre hemos apoyado al pueblo palestino, ya desde los tiempos de Jean Marie Tjibaou y Yasser Arafat. Pero lo que está pasando ahora está a otro nivel, es verdaderamente un genocidio. Macron, que reconoció al pueblo palestino en Naciones Unidas —y eso ha estado bien— tiene delante un pueblo, el canaco, que lleva 71 años llamando a la puerta.

Se lo pregunto porque usted apela mucho al derecho internacional, pero en el mundo actual apenas es tenido en cuenta. No sé si eso le provoca cierto pesimismo.

Me preocupan las decisiones que está tomando Donald Trump. Es preocupante que las reglas que se intentaron establecer para que todos nos pudiésemos comunicar sean puestas en cuestión por las grandes naciones. Al presidente francés le diría que las reglas que intenta hacer valer en el orden internacional se las aplique también a sus colonias.

La actuación de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en la última manifestación propalestina en Barcelona ha desatado la indignación de asociaciones y colectivos sociales. Su uso de gas pimienta para apartar a los manifestantes, tachado de “indiscriminado” por las entidades, ha provocado que también hayan pedido explicaciones a la Generalitat los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP. 

En una rueda de prensa este viernes, varias entidades sociales han reclamado acusado a la policía de haber usado gas pimienta en las protestas alrededor de la Estación de Sants sin justificación. Activistas propalestinos, sindicalistas y abogados consideran que la actuación fue “desproporcionada” contra manifestantes que se habían sentado pacíficamente para bloquear la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que debía jugar en Manresa.

Las entidades Prou Complicitat amb Israel, Boicot ICL, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya, los sindicatos convocantes de la huelga general del miércoles y Som Defensores han denunciado vulneraciones graves de protocolos y derechos fundamentales observadas durante la jornada de la huelga y han exigido responsabilidades a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Som Defensores, integrada por las asociaciones Irídia y Novact, ha identificado diversas vulneraciones de protocolos que consideran graves, tal y como ha explicado Anaïs Franquesa, abogada. El uso del gas pimienta fue sin previo aviso e incluso contra personas sentadas pacíficamente, “poniendo en riesgo su integridad física y vulnerando el derecho de reunión”. No hubo uso progresivo de la fuerza, han denunciadom sino que se optó directamente por el gas pimienta contra las personas concentradas.

“Es muy preocupante que el uso del gas pimienta se esté convirtiendo en la primera opción de los agentes antidisturbios, prescindiendo totalmente de los principios de necesidad, proporcionalidad y pertenencia que deben guiar sus actuaciones”, ha afirmado Franquesa. Además, criticó el uso del gas al mismo tiempo que otros agentes intentaban apartar a la gente del suelo y golpeaban con las porras

En el empleo específico del gas, Franquesta critica que se rociase a la cara, a poca distancia y repetidamente a ciertas personas. Según cifras de la organización, entre 30 y 40 personas fueron atendidas por personal sanitario cerca de la estación de Sants después de las cargas policiales. La mayoría lo fueron por irritaciones en los ojos y ceguera momentánea, que en algunos casos aseguran que duró más de seis horas.

De entre las personas atendidas, referían este viernes las entidades, dos eran asmáticas y llevaban a su inhalador encima. Y otra persona tuvo que ser trasladada a urgencias por una reacción alérgica al gas.

En otra actuación policial horas después, cerca del Consulado de Israel, la entidad resalta de nuevo que la utilización del gas, los carruseles y las cargas obstaculizaron el derecho de reunión pacífica, causaron lesiones y dividieron la manifestación en dos. “La actuación no sólo fue desproporcionada, sino que agravó la situación”, afirman.

Som Defensores exige de esta forma la publicación del protocolo de uso del gas pimienta y del gas lacrimógeno (PIT 23), así como una evaluación urgente e independiente de la actuación policial y la revisión de las directrices que permiten un uso generalizado e intensivo del gas pimienta en contextos de movilización.

En este sentido, la petición de las entidades sigue a la de los partidos políticos que ya reclamaron en sede parlamentaria a Interior que haga públicos los protocolos. Se trata de ERC, Comuns y CUP. Todas ellas pidieron la comparecencia de la consellera Parlon y, además, los dos últimos coincidieron en denunciar que la actuación fue “desproporcionada”.

Ha quedado en libertad provisional el joven de 19 años, detenido el pasado 14 de julio en Errenteria (Gipuzkoa) y que estaba en prisión preventiva en la cárcel de Martutene de San Sebastián, acusado de la agresión a un hombre en Torre Pacheco que desencadenó la ola de disturbios racistas ese mes en el municipio murciano.

Según han informado este miércoles a EFE fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, la puesta en libertad del joven se produjo el pasado viernes a últimas horas de la tarde, por orden judicial, y con ciertas medidas cautelares.

Entre éstas, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con el perjudicado, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, y comparecencias semanales para el investigado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El Ministerio Fiscal, único acusador, no solicitó a la jueza instructora de San Javier, partido judicial al que pertenece Torre Pacheco, la ratificación de la prisión provisional inicialmente acordada por el juzgado de San Sebastián tras su detención.

El joven, de origen marroquí, fue detenido por la Guardia Civil en Errenteria cuando al parecer trataba de huir a Francia, después de haber agredido presuntamente el 9 de julio a un vecino de Torre Pacheco de 68 años. Esta agresión fue el detonante de los violentos disturbios racistas que se registraron durante varios días en ese municipio de Murcia.

El Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto agresor, acusado de un delito de lesiones, aunque acordó remitir el procedimiento a los juzgados de San Javier, partido judicial al que pertenece Torre Pacheco.

Durante su estancia de casi tres semanas en la cárcel de Martutene, en la que ingresó el pasado 15 de julio, el joven fue juzgado y condenado a un año de prisión por un intento de robo con violencia a un anciano de la misma población dos días antes, en un juicio rápido de un juzgado de Cartagena ante el que declaró por videoconferencia desde el penal vasco

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado las condenas impuestas a una decena de activistas y jóvenes que en las elecciones de 2021 interrumpieron un acto de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero y protagonizaron disturbios posteriores con la Policía Local y la Guardia Civil. Los jueces rechazan los recursos de tres de los condenados y confirman que agredieron a los agentes y que actuaron movidos por la discriminación ideológica hacia el partido de Santiago Abascal: “A todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico”, dicen los jueces.

El propio Abascal acudió a ese mitin en esta localidad madrileña gobernada en ese momento y en la actualidad por el PSOE, pero donde el partido de extrema derecha consiguió el mejor resultado en las elecciones generales de noviembre de 2019. Uno de sus múltiples actos de campaña en esas elecciones autonómicas de 2021 de Madrid y dos semanas después del mitin en Vallecas que también acabó con disturbios. Una campaña en la que, un día antes de ir a Navalcarnero, Vox desplegó su mensaje racista contra los menores extranjeros no acompañados, afirmando falsamente que estos jóvenes reciben más dinero que un anciano.

Varias decenas de personas se congregaron en las inmediaciones del acto lanzando huevos a los seguidores de Vox con gritos, según los jueces, de “fascistas, os vamos a matar” o “el fascista bueno es el que está muerto”. El acto fue suspendido y los seguidores del partido de extrema derecha intentaron abandonar la localidad, momento en que se produjeron los enfrentamientos con la Policía Local y la Guardia Civil.

Los protagonistas de los disturbios, señala la sentencia, arrancaron piedras y adoquines “de considerable tamaño” de los jardines del Ayuntamiento de la localidad y de calles aledañas. Hubo en total 11 agentes heridos, para los que según los tribunales y las sentencias del caso “se generó un grave peligro”, además de reflejar que algunos comercios tuvieron que cerrar. Unos disturbios con los que Vox llegó a afirmar que consideraba la posibilidad de llamar a sus seguidores a usar la violencia también.

El caso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid tres años después de los disturbios y desembocó en una sentencia con condenas para 11 de los más de 15 detenidos. Las penas más altas fueron de cinco años y medio de cárcel y la mayor parte de ellas superaron los dos años de prisión pero la Fiscalía, después de alcanzar un pacto con algunos de los condenados, apoyó que no tuvieran que entrar en la cárcel obligatoriamente.

Tres de los condenados decidieron llevar su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado sus alegaciones y confirmado su sanción penal. Dos de ellos fueron los que recibieron las condenas más altas de cinco años y medio de prisión por desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Y además de la falta de pruebas discutían que se les pudiera aplicar la circunstancia agravante de discriminación ideológica.

Uno de los recursos afirmaba, por ejemplo, que en caso de ese condenado existía una “mera discrepancia ideológica” pero no tanto como para llegar a una circunstancia agravante. Los jueces del TSJM contestan que lo que sucedió en Navalcarnero “a todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico, hasta el punto de intervenir en una acción en la que se lanzan gritos, entre otros, que propugnan la muerte del adversario político”.

Los disturbios, siguen los jueces, “determinaron, de manera efectiva, la interrupción de un acto político autorizado y legítimo, causando daños y lesiones”. Los tres acusados, que tendrán que entrar en prisión si sus condenas son confirmadas, todavía pueden recurrir ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La sentencia que ahora queda confirmada tiene también un componente económico. Los condenados deben pagar cerca de 1.900 euros al Ayuntamiento de Navalcarnero por los destrozos y los desperfectos en los escudos de los antidisturbios de la Policía Local, así como un total de casi 4.000 euros a los guardias civiles lesionados durante los disturbios.

El 29 de julio de 2024, un joven de 17 años asesinó a tres niñas durante una clase de danza en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool. La policía no dio entonces detalles del detenido porque era menor. Pero unas horas después del asesinato ya circulaba un bulo que identificaba al sospechoso como un refugiado sirio y musulmán que acababa de llegar al Reino Unido, incluso con un nombre que después se reveló falso.

En realidad, el asesino, detenido en la escena del crimen y condenado este enero a 52 años de cárcel, es un británico, nacido en Gales, sin religión conocida, obsesionado con el genocidio de Ruanda, el país de origen de sus padres. Un tribunal autorizó la publicación de su nombre tres días después y cuando estaba a punto de cumplir los 18. Para entonces, el Reino Unido ya estaba viviendo los peores disturbios en más de una década.

Entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2024, hubo una treintena de protestas contra la inmigración marcadas por la violencia y a menudo convertidas en disturbios en 27 localidades del país, la mayoría promocionadas por activistas de extrema derecha. Hubo incendios y otros ataques contra mezquitas y hoteles que dan refugio a solicitantes de asilo. Casi 1.300 personas fueron arrestadas y, según los últimos datos disponibles, 796 fueron acusadas con cargos formales aunque la policía dijo que había “identificado centenares más de sospechosos relacionados con los desórdenes”.

El Gobierno de Keir Starmer, que acababa de llegar al poder después de ganar las elecciones del 4 de julio, intervino para parar los disturbios con una aplicación contundente de la ley, incluidos juicios exprés no solo contra los participantes en incidentes con violencia física, sino contra quienes habían difundido amenazas y mensajes de odio contra inmigrantes en redes sociales. Apenas un mes después de los disturbios, 570 habían pasado delante de un tribunal para rendir cuentas por sus acciones.

El precedente anterior era de 2011, cuando unas 4.000 personas fueron arrestadas durante disturbios en protestas contra la policía, pero la reacción de Starmer en 2024 fue alabada por su rapidez y aparente eficacia. Elon Musk, el propietario de X, y troles rusos que se hacían pasar por británicos hablaban de “guerra civil”, pero a los pocos días ya había más movilizaciones a favor de la inmigración y los refugiados que en contra, y las protestas que quedaron fueron pacíficas.

A principios de agosto, miles de personas en Londres, Birmingham, Liverpool, Bristol, Brighton y Oxford aparecieron en los lugares donde grupos de extrema derecha habían convocado concentraciones con pancartas de “refugiados bienvenidos” y cánticos de “somos la mayoría”.

La aplicación de la ley contra la difusión de mensajes de odio online, que también afectaba a cuentas de grupos de extrema derecha y de propaganda rusa, todavía persigue hoy al primer ministro británico, incluidas las críticas del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, obsesionado con la supuesta falta de libertad de expresión en el Reino Unido.

Sin respuesta fácil

En muchos sentidos, la reacción de Starmer fue un caso de éxito para aplacar la violencia, pero un año después las posibles causas siguen latentes en una sociedad que carga decepciones y es presa habitual de la retórica xenófoba de casi todos los partidos políticos. Lo que pasó en 2024 fue una muestra de problemas subyacentes sin una respuesta única o sencilla.

Desde entonces, no se han vuelto a repetir incidentes de la misma gravedad, si bien en las últimas semanas ha habido protestas violentas aunque más aisladas con amenazas contra inmigrantes en Irlanda del Norte. Ahora bien, las tensiones, los actores y el contexto que llevaron al extremo de los disturbios el año pasado apenas han cambiado, como explica el informe más detallado publicado hasta ahora sobre lo que pasó y cómo evitar que vuelva a suceder.

“Un polvorín de tensiones y agravios sociales —que incluye polarización y división, pérdida de confianza política y pesimismo económico— sigue sin abordarse y esto podría provocar un rebrote de la inestabilidad a menos que se tomen medidas”, dice el informe de British Future, un centro de estudios independiente, y Belong Network, una organización especializada en integración, publicado este martes. “Los sucesivos gobiernos no han adoptado medidas sostenidas y proactivas para abordar estos desafíos. La comunidad y la cohesión se han relegado a un segundo plano, pasando brevemente a primer plano solo en respuesta a crisis y focos de tensión. La actividad se ha centrado principalmente en áreas de alta diversidad, sin reconocer que este es un problema común”.

Las altas temperaturas, inusuales en el Reino Unido, la interrupción de rutinas escolares y la escasez repentina de recursos básicos, como el agua, también son factores que intensifican la tensión.

“Nos enfrentamos a un verano largo y caluroso, con un polvorín de tensiones que quedaron en gran parte sin resolver desde el año pasado y que fácilmente podrían volver a estallar. La gente está descontenta con su nivel de vida y el estado de su localidad, y no confía en que los políticos lo solucionen”, explica Jake Puddle, investigador principal de British Future y que ha dirigido esta investigación.

Caldo de cultivo

El análisis ofrece un panorama amplio sobre los problemas locales que crean un caldo de cultivo para que calen los mensajes de odio y desconfianza no solo hacia “el otro”, sino hacia las instituciones que deciden o gestionan las políticas migratorias.

El descontento con los servicios públicos, la anémica economía británica y la gestión política ha cambiado poco desde la llegada de los laboristas al poder. Y la preocupación sobre la inmigración y el asilo aparece entremezclada con la inquietud sobre la integración y la presión sobre la vivienda, de precios prohibitivos y escasa, y la atención médica.

Cerca del 30% de los encuestados para este estudio identifican como un problema la división entre personas que han emigrado al Reino Unido en cualquier circunstancia y las nacidas en el país. En muchos casos, la percepción más negativa está entrelazada con la falta de contacto social en general.

Más del 30% de los encuestados por todo el país dice que rara vez o nunca tiene la oportunidad de conocer a otras personas en su comunidad local, en particular por la falta de tiempo o dinero para participar en actividades sociales. Y esto es un problema porque la interacción social ayuda a la unidad de la comunidad de cualquier origen. Así el estudio indica que quienes conocen a personas de diferentes procedencias tienen más posibilidades de sentir que hay mayor integración.

El informe ofrece también algún motivo de optimismo, sobre todo con ejemplos de grupos locales que trabajan para la cohesión vecinal. El Reino Unido no está ni tan polarizado ni tan dividido como Estados Unidos y otros países europeos como España, y la población sigue valorando momentos de unión como la pandemia. Existen ejemplos de acciones especialmente exitosas para involucrar a más personas a través del voluntariado y el deporte. “Hay bases sólidas sobre las que construir en los barrios, en la mayoría de los lugares. Cuando se pregunta por la calle, el barrio o la urbanización, el público tiende a hablar de relaciones cálidas y amistosas con los vecinos”, dice.

Un problema “de todos en todas partes”

Un obstáculo para una acción más profunda es no reconocer que se trata de “un problema de todos en todas partes”. Para ello, una de las principales recomendaciones es financiar de manera sostenida el trabajo comunitario, en particular en sitios esenciales de la vida diaria. “Las escuelas y los lugares de trabajo son espacios donde las personas se reúnen e interactúan regularmente con otras de diferentes orígenes. Podrían participar más estrechamente en el fomento de las buenas relaciones y la conexión social”, recomienda el informe.

Uno de los puntos clave es afrontar más abiertamente los problemas de integración o las presiones sobre los servicios públicos relacionados con la inmigración y la diversidad. De hecho, la falta de consulta a las poblaciones locales suele ser uno de los factores más destacados que alimenta la sensación de desconexión y la animadversión hacia cualquiera percibido como forastero.

Por ejemplo, las preocupaciones públicas sobre la inmigración y el asilo empeoran, según explica Puddle, el investigador del estudio, “cuando los gobiernos no apoyan ni consultan a las comunidades en sus planes de alojamiento para solicitantes de asilo”.

Las zonas rurales, con menor contacto social y menos espacios de reunión comunitaria, son especialmente vulnerables y la población ahí tiene una percepción más negativa de la cohesión nacional y de las instituciones, y es más fácilmente propensa a las relaciones online.

Desinformación online

A la vez, la lucha contra la desinformación online tiene muchos límites a pesar de la dureza de la legislación británica, ya antes de la llegada al poder del Gobierno laborista. La entrada en vigor en unos días de la obligación de las plataformas de redes sociales de proteger a los menores y comprobar su edad impone requisitos más estrictos que en la mayoría de Europa, y en todo caso la difusión de bulos sigue existiendo.

El ejemplo de los disturbios de hace un año fue el de una avalancha de bulos y mensajes de odio. La red X fue el principal canal de difusión de falsedades, y el sistema en vigor entonces de “notas comunitarias” no funcionó en el 95% de los casos, según un estudio del think tank Demos.

El efecto de vetar parte de ese contenido deriva en más actividad en plataformas más cerradas o más pequeñas, según explicaba este martes en una comisión sobre extremismo en el Parlamento británico, Joe Whittaker, especialista en criminología y políticas sociales de la Universidad de Swansea: “Fomenta un cambio de comportamiento, pero no que desaparezcan las posiciones más extremas”. También testificó que “la dicotomía entre online y offline es falsa” en cualquier comportamiento extremista.

Otro de los asuntos identificados como problemáticos es la difusión en medios tradicionales de titulares exagerados o incluso con información falsa que dan la imagen de la “crisis permanente”. Esto vale para múltiples cabeceras de la prensa en papel en el Reino Unido con unas pocas excepciones.

Incluso la BBC, el medio de más alcance y con más confianza en el Reino Unido, dedica mucha atención a la inmigración como un problema, con una cobertura continua de las llegadas de inmigrantes a través del canal de la Mancha y las cifras de “migración neta”, es decir la diferencia entre las personas que llegan y se van del país en cualquier circunstancia, incluyendo estudiantes y trabajadores con visado.

Aun así, la predominante BBC, que tiene un nivel de confianza muy alto en comparación con la mayoría de las radiotelevisiones públicas en Europa, sirve de cortafuegos en particular para los bulos.

“Isla de extraños”

En mayo, Starmer dijo en la presentación de un plan para endurecer requisitos para los trabajadores y estudiantes extranjeros que si el Reino Unido no imponía límites a los migrantes se arriesgaba a convertirse en una “isla de extraños”. Unas semanas después, dijo que se arrepentía de haber usado esas palabras.

La expresión recordaba a un discurso de Enoch Powell, un diputado conservador anti-inmigración que dijo en 1968 que las llegadas de ciudadanos británicos de la Commonwealth —en referencia a India y países africanos del antiguo imperio— hacían que los británicos de la “población existente” se sintieran “extraños en su propio país”.

“Nunca habría utilizado esas palabras si hubiera sabido que eran o podían ser interpretadas como una referencia a Powell”, dijo después Starmer en una entrevista con el Observer con su biógrafo, el periodista Tom Baldwin. “Esa frase en particular no estuvo bien. La verdad es que me arrepiento profundamente de haberla utilizado”.

Cuando la turba viene a la caza por Clonavon Road, los extranjeros que quedan confían su suerte a las pegatinas en las puertas de entrada y a las banderas en las ventanas que señalan que ellos son los buenos extranjeros, los extranjeros que no causan problemas y merecen ser perdonados.

“Filipino vive aquí”, declaran carteles con la bandera filipina, pegados como talismanes contra la destrucción. Otras familias han levantado banderas de Reino Unido y banderolas unionistas con la esperanza de desviar la ira de la multitud y evitar la selección.

“La pusimos ayer”, dice Blanka Harnagea, inmigrante checa de 38 años, señalando la bandera británica en la ventana de su salón. ¿Está funcionando? Una sonrisa irónica. “Seguimos aquí”.

En una calle de casas calcinadas y abandonadas es una victoria frágil, porque nadie sabe si los disturbios que han marcado esta semana la ciudad de Ballymena, en Antrim (Irlanda del Norte), amainarán o continuarán y se extenderán a otras localidades de Irlanda del Norte.

Cientos de personas, muchas de ellas enmascaradas y encapuchadas, atacaron el lunes y el martes viviendas y comercios de propiedad extranjera en una oleada de destrozos, incendios y lanzamientos de proyectiles que derivó en enfrentamientos con la policía que se saldaron con 32 agentes heridos y varios inmuebles y vehículos incendiados.

En la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico, Keir Starmer, se unió a los políticos norirlandeses para condenar la violencia y pedir calma. Pero los residentes extranjeros en Ballymena siguen debatiéndose entre huir o agazaparse y desear lo mejor.

“La multitud golpeaba la puerta y todos estábamos arriba”, dice David, un polaco de 28 años que no revela su apellido. Dos familias polacas y búlgaras –unas 12 personas en total– se agruparon para ponerse a salvo y encajaron un sofá contra la puerta principal cuando la muchedumbre rompió las ventanas e incendió el salón, explica. “Olí el humo. Bajamos y salimos corriendo por la puerta de atrás hacia la comisaría”.

Es miércoles por la tarde. Brilla el sol y ya se han retirado los escombros del caos de la noche, pero el trabajador de la planta procesadora de alimentos y su novia embarazada están haciendo las maletas y preparándose para trasladarse –solo por unos días, esperan, pero algunos miembros de la familia de ella desean regresar a Bulgaria–. “Llevo aquí 14 años, nunca [había pasado] nada como esto”, dice David. Le tiembla la voz.

“Descerebrado, inaceptable y salvaje”

La violencia estalló el lunes tras una vigilia por una adolescente supuestamente agredida sexualmente por dos chicos de 14 años. Cuando comparecieron ante el tribunal, un intérprete rumano les leyó la acusación de intento de violación.

La vigilia fue pacífica, pero cuando una multitud se separó y empezó a atacar viviendas habitadas por extranjeros en Clonavon Road y calles cercanas, estallaron disturbios a gran escala, provocando la intervención de la Policía, que se llevó entonces la peor parte de los ataques. Liam Kelly, presidente de la Federación de Policía de Irlanda del Norte, dice que sus miembros evitaron un pogromo. “Lo que vimos fue totalmente descerebrado, inaceptable y salvaje”.

Algunos vecinos nativos de Ballymena dicen que era necesario, un ajuste de cuentas pendiente y sostienen que las autoridades han convertido esta ciudad de clase trabajadora predominantemente protestante, situada a 40 kilómetros al noroeste de Belfast, en un “vertedero”, en sus palabras, de inmigrantes y solicitantes de asilo.

“Los disturbios tienen razón: estamos superpoblados”, dice Danielle O'Neill, de 32 años. “Suena como si fuera racista, pero no lo soy. Es como una invasión. Ya no me siento segura caminando por la calle. Ayer mismo uno de ellos me seguía y me miraba”.

O'Neill atribuye a algunos llegados el mérito de trabajar duro y crear puestos de trabajo, pero acusa a otros de delincuencia. “Si ellos pueden aterrorizar a nuestros hijos, nosotros podemos aterrorizar a la ciudad. Es una forma de hacer oír nuestra voz”. Su marido, Ryan O'Neill, de 33 años, dice que los vecinos tienen que tomar medidas contra los presuntos delincuentes. “Si el Gobierno no los echa, los echaremos nosotros”.

Un residente cuenta que los participantes en los disturbios –algunos con conexiones paramilitares– ordenaron a los propietarios que desactivaran las cámaras de los timbres de las puertas y otros dispositivos que pudieran identificar a los responsables del caos. Afirmar tener nacionalidad filipina ha tenido un valor limitado: al menos un hogar filipino fue atacado y su coche incendiado.

Tyler Hoey, teniente de alcalde de Ballymena y concejal del Partido Unionista Democrático, ha condenado la violencia y ha afirmado que los extranjeros son bienvenidos, pero ha acusado al Gobierno británico de permitir que se instalen en la ciudad “autobuses repletos” de personas no autorizadas. “Hay que abordar la inmigración sin restricciones”.

Dee, de 53 años, trabajador de una planta embotelladora, sostiene que los disturbios reflejan la creencia de que los recién llegados recibían cuantiosas ayudas estatales y que la policía y los políticos hacen la vista gorda ante el comportamiento antisocial. “Me parto el culo trabajando y pagando mis impuestos mientras a ellos les alojan en hoteles de lujo y la policía les deja hacer lo que quieren. Es un vertedero. Nadie se preocupa por nosotros, estamos olvidados”.

Dee dice que reconoce–y da la bienvenida– a los católicos de otras partes de Ballymena que se unieron a las protestas. “Normalmente no estarían en una zona unionista como esta, pero han venido. Es algo muy bueno”. Lamenta que a sus vecinos inmediatos –una familia eslovaca– les rompieran las ventanas. Asegura que los anteriores ocupantes eran “una pesadilla”, pero los eslovacos son “excelentes” y no deberían haber sido el objetivo. “Les golpearon en caliente. Fue un error”. Los responsables se disculparon y dijeron a la familia que podía quedarse, dice Dee.

En una calle adyacente, Harnagea, la mujer checa madre de cinco hijos, espera que su bandera británica recién instalada reforzara los intentos de protección de su vecino, un hombre de la zona. “Sabe que somos buenas personas, que no hacemos ningún daño”, afirma. “Creo que se lo ha explicado a los demás”.

Aun así, por precaución ha trasladado documentos y otras pertenencias a otro lugar. “Llevo tres días sin dormir. No sé si dormiré esta noche”.

Dos personas murieron en Francia durante la noche del sábado al domingo durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions League ante el Inter de Milán, según informa el medio galo Le Parisien, que cita al Ministerio del Interior francés. Además, un policía de unos cuarenta años resultó gravemente herido anoche por un petardo en el Canal de la Mancha. El agente fue colocado en coma inducido, según comunicó una fuente policial.

Las víctimas mortales eran dos jóvenes, uno de los cuales, de 23 años, fue arrollado por un coche con hinchas del PSG mientras circulaba en moto por el Distrito 15 de París y murió a causa de las heridas. El otro, un adolescente de 17 años, sufrió heridas de arma blanca en la ciudad de Dax, en el suroeste de Francia, durante las celebraciones. El autor del apuñalamiento se encuentra huido, según informa Le Monde.

Por otra parte, un coche perdió aparentemente el control y se empotró contra una multitud durante la madrugada en Grénoble (sureste del país) durante las celebraciones del PSG y causó cuatro heridos de la misma familia, según informaron las autoridades; uno de ellos se encuentra en estado crítico y el otro herido de gravedad. El conductor se entregó a la policía y actualmente se encuentra bajo custodia. Dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol, según indicó la fiscalía el domingo por la mañana.

De acuerdo al balance de Interior, unas 559 personas fueron detenidas, 491 de ellas en la capital parisina, debido a los disturbios que se desataron durante los festejos, en los cuales hubo lanzamientos de bengalas y destrozos en mobiliario urbano, como las marquesinas. 22 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos (18 de ellos en París), así como siete bomberos y 192 manifestantes. Además, el ministerio ha registrado, según un informe provisional, 692 incendios, incluidos 264 vehículos.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.

Altercados, enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra y seis detenidos tras la protesta en la noche de este martes contra un desahucio en Salt (Girona) de una familia. Los incidentes se sucedieron hasta la madrugada tras una manifestación en la que participaron un centenar de personas, la mayoría encapuchadas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Se trata de la segunda noche de protestas en la localidad contra el desahucio de un vecino de Salt, imán del municipio, y su familia. Este lunes la manifestación ya terminó con el lanzamiento de huevos y piedras a la comisaría de policía del pueblo.

Este martes, los disturbios se desarrollaron en las calles del centro del pueblo y la plaza del Ayuntamiento. Los encapuchados se enfrentaron con los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, lanzaron objetos y piedras contra la línea policial y encendieron hogueras.

Salt es una población de casi 30.000 habitantes, limítrofe con Girona, que tiene unos elevados índices de pobreza y de inmigración. En la última década, el discurso de la extrema derecha ha permeado entre algunos vecinos (entre 2019 y 2023 fue el único municipio catalán con concejales de Vox), pero Salt cuenta también con un tejido social de ayuda mutua y un Sindicato de Vivienda.

Las protestas de esta semana critican la actuación policial durante un desalojo exprés que se produjo en el municipio este lunes. Entre quienes los Mossos sacaron del piso había un imán, que había vuelto a ocupar la vivienda tras ser desahuciado el pasado viernes.

El Ayuntamiento de Salt ha condenado los desahucios “reiterados” a familias en pisos de grandes propietarios, como fondos buitre o entidades bancarias. Aunque avalados por la ley, el consistorio ha criticado que los desalojos provocan que haya viviendas vacías que no se pueden movilizar para dar respuesta a las “grandes necesidades habitacionales” de la población.

En el caso concreto de esta familia, el Ayuntamiento ha lamentado su desalojo “exprés” y que la propiedad no haya atendido a la petición para acordar un alquiler social. El equipo de gobierno remarca que la familia estaba dispuesta a pagar y pedía aplazar el desalojo, pero el intento de negociar con la propiedad no tuvo éxito.

El consistorio ha explicado que desde Servicios Sociales han realizado un seguimiento del caso y que la familia no cumple con los criterios para acceder a la mesa de emergencia. Por eso optaron por el realojamiento temporal en un hostal, para que pudieran buscar alguna alternativa de vivienda.

El Sindicato de Vivienda de Salt ha denunciado el “abuso policial” del desalojo exprés, que terminó con tres personas en el hospital, una de ellas con heridas y las otras dos con ataques de ansiedad.

A raíz de los disturbios, los Mossos d'Esquadra desplegaron más refuerzos de orden público y activaron a sus unidades de los antidisturbios. Durante los disturbios, la policía también detuvo a seis personas. Los incidentes terminaron alrededor de la medianoche.

Los tribunales han rechazado el último recurso del Ayuntamiento de Madrid y han confirmado la absolución de dos personas acusadas de agredir a policías y quemar contenedores en los disturbios de 2018 en Lavapiés tras la muerte del senegalés Mame Mbaye. La Audiencia Provincial de la capital ratifica que la declaración de los antidisturbios que afirmaron haberles visto embozados con pañuelos palestinos y gorros no son suficientes para imponerles una condena de prisión. Otros dos jóvenes ya aceptaron en 2021 un año de cárcel tras reconocer su papel en estos disturbios y, entre otras cosas, haber pegado a un policía con un adoquín.

Decenas de personas se concentraron en el barrio madrileño de Lavapiés pocas horas después de la muerte de Mbaye. El joven senegalés que se desplomó en la calle del Oso después más de un kilómetro de huida a la carrera de la Policía Municipal desde la Plaza Mayor donde estaba vendiendo perfumes junto con otros manteros. La investigación desveló que el fallecido tenía una “patología cardíaca estructural” que provocó su muerte y vecinos y colectivos antirracistas se lanzaron a la calle para protestar contra una persecución policial que, entendían, había desencadenado la muerte del mantero.

Los disturbios se sucedieron durante varios días en diversas zonas del barrio con cargas policiales, lanzamientos de objetos y quema de contenedores, con cinco personas detenidas que quedaron en libertad poco después. Un primer proceso judicial contra dos jóvenes acabó con una conformidad: ambos aceptaron sendas condenas de un año de prisión tras reconocer que participaron en “numerosos incidentes”, la quema de contenedores o los destrozos en un parquímetro y varias sucursales bancarias de la calle Argumosa. Uno agredió a un policía con un adoquín y el otro a un segundo agente con varios manotazos.

Un segundo procedimiento judicial se dirigió contra un hombre y una mujer a los que varios agentes habían identificado como parte del grupo que protagonizó los disturbios. La Fiscalía les acusó bajo la afirmación de haber sido reconocidos “ocultando sus rostros” en la calle Santa Isabel con un gorro y un pañuelo palestino. Los policías, incluso, afirmaron que el hombre les había agredido cuando habían intentado identificar llegando a provocar lesiones en uno de los antidisturbios.

Un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo optó por absolver a ambos en una decisión que acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. La declaración de los policías, explican los magistrados, “no se estimaba suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio”. El recurso que buscaba su condena en segunda instancia era del Ayuntamiento de Madrid, que se quejaba de que el juzgado había tenido más en cuenta las declaraciones de otros testigos por encima de las de los agentes antidisturbios. A lo largo del proceso los jueces han cuestionado la legitimación activa del consistorio para acusar a los dos por “un delito de atentado contra un policía nacional”.

La Fiscalía pasó de acusar a los dos a impugnar el recurso del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, que finalmente ha desistido y no ha llevado esta absolución hasta el Tribunal Supremo. El juzgado de lo penal, después de que el proceso tuviera que repetirse tras una reclamación de la defensa, dejó claro que el testimonio de los policías nacionales no era suficiente: “Hay datos o indicios que hacen dudar de la identificación que realizaron los policías”, dijo esa primera sentencia ahora confirmada.

Esa primera resolución revela, dice “lo endeble de la identificación”, ya que las “prendas oscuras” por las que les identificaron “son utilizados por la gran mayoría de jóvenes”. En esas situaciones “de alta tensión, nerviosismo y caos”, reconoció el juzgado, “es posible y admisible que se produjera una equivocación por parte de los agentes”.

Las sentencias del caso han dado más credibilidad a la versión de los dos acusados y absueltos: que estaban caminando por el barrio ayudando a una persona a buscar un perro que se había perdido. Así lo ratificó el dueño del perro y también varios testigos que iban con ellos, además de un periodista que presenció el altercado. “Uno de los policías me insultó llamándome puto retrasado de mierda”, relató uno de los acusados. Los policías dieron una versión distinta: que le dijeron que iba a ser detenido y que entonces “trató de huir y propinó una patada y un cabezazo al jefe del operativo”.

“Aquí no hay justicia ni verdad”, clamaba uno de los carteles de la concentración de apoyo a dos jóvenes a los que la Audiencia de Barcelona debía juzgar este jueves por disturbios en un desahucio. La verdad, al menos la judicial, tendrá que esperar. El tribunal ha decidido suspender la vista para que la Fiscalía, que inicialmente pide hasta seis años de cárcel a los activistas, concrete de qué les acusa.

Es la cuarta vez que, por distintas razones, se suspende el juicio por los altercados que hubo en el desahucio de una familia en el barrio de Sants de Barcelona en febrero de 2020, solo un mes antes del confinamiento. Casi cinco años después, el derecho a la vivienda monopoliza la lucha vecinal de la ciudad, con el desahucio del primer inquilino de la Casa Orsola previsto para este viernes.

En el caso de los vecinos de Sants, la Fiscalía acusa a uno de los dos jóvenes de intentar lanzar una puerta de madera a un agente, mientras que al otro lo señala por “lanzar, al menos, una botella de vidrio” contra los agentes mientras “los increpaba de manera agresiva y altisonante”.

Todo ello en el marco de una concentración de vecinos que “insultaron e increparon” a los Mossos d'Esquadra, además de “obstaculizar” el trabajo policial colocando mesa para evitar que la policía llegara hasta el inmueble, destaca el Ministerio Público.

La traducción penal de este comportamiento, para la Fiscalía, merece ser castigado con seis años de cárcel (dos por desórdenes públicos y cuatro por atentado a los agentes de la autoridad).

En cambio, esta acusación resulta, a juicio de la defensa de los acusados, demasiado imprecisa y desproporcionada, toda vez que en fase de instrucción a los jóvenes solo se les informó de que estaban imputados por desórdenes públicos.

Por ello, al inicio de la vista, las letradas Eva Pous y Norma Pedemonte, de Alerta Solidària, han alegado que la Fiscalía “no concretaba” de qué acusaba a los dos jóvenes. Las abogadas también han reclamado la nulidad de la causa por otras vulneraciones de derechos que el tribunal no ha estimado.

La petición de las abogadas se ha producido durante el trámite de cuestiones previas. Se trata del momento inicial de los juicios, en el que los abogados pueden denunciar vulneraciones de derechos o pedir la inclusión de pruebas de última hora.

Normalmente, los tribunales rechazan la mayoría de cuestiones previas o las resuelven en la sentencia, una vez celebrado el juicio. Pero no ha sido así este jueves. Tras un breve receso, el magistrado Ignacio González Vega, que presidía el tribunal de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona, ha comunicado que la vista quedaba suspendida.

“Debemos suspender el juicio y dar un plazo de cinco días para remediar estos defectos advertidos”, ha dicho el magistrado. Ahora el balón vuelve al tejado de la Fiscalía, que, en atención a lo reclamado por el tribunal, tendrá que volver a presentar un nuevo escrito de acusación.

Uno de los precedentes recientes de una imputación inconcreta admitida por un tribunal es la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió, en 2021, a un grupo de estudiantes acusados de disturbios en una manifestación.

En su resolución, los jueces concluyeron que la investigación de ese caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios. El “quebranto de garantías procesales” de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, adujeron los magistrados, les generó una “material indefensión” y motivó la anulación de toda la causa.

El caso del desahucio de Sants todavía está lejos de saber su desenlace. La última vez que se suspendió este juicio se tardó casi un año en volver a señalarse.

Un hombre de 46 años ha sido detenido esta madrugada en València como presunto autor de un delito de desórdenes públicos y desobediencia grave tras los disturbios ocurridos al finalizar el partido de futbol que ha enfrentado al València Club de Futbol y la Unión Deportiva Las Palmas.

Los hechos comenzaron sobre las 23 horas de este lunes, tras la finalización del encuentro deportivo, cuando un grupo de seguidores se concentraron en la puerta de acceso principal al estadio para mostrar su disconformidad por el resultado del encuentro así como la tensa situación en la que se encuentra el València Club de Futbol.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial -UIP-, junto a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, intervenían sobre las 23:45 de la noche para controlar los disturbios ocurridos en los alrededores del estadio de Mestalla en los que un grupo de personas han provocado una serie de desórdenes públicos creando una barricada con contenedores urbanos para lanzar objetos tales como piedras y azulejos contra la Policía.

Debido a estos incidentes, en los que un grupo de unas 250 personas, algunas con la cara cubierta para evitar ser identificados, han creado una barricada uniendo varios contenedores para lanzar objetos a la Policía, siendo necesaria la intervención del servicio de bomberos de València para extinguir un incendio provocado en parte de ese mobiliario urbano, quedando calcinado en la vía pública uno de los contenedores utilizados.

Con el fin de restablecer el orden público, garantizar la seguridad del resto personas y evitar más daños en el mobiliario público, los agentes han tenido que utilizar la fuerza mínima indispensable para dispersar a este grupo de personas que, tras abandonar la entrada principal del estadio, se dirigieron a la confluencia de la avenida Suecia con calle Artes Gráficas para esperar a la salida de los jugadores del equipo en sus vehículos.

Posteriormente, este mismo grupo se volvió a organizar en la calle Micer Mascó donde se produjeron los hechos en los que una persona resultó detenida. Además, se levantó un acta denuncia por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y se identificó a siete personas.

Se continúan las investigaciones con el objeto de lograr la identificación del resto de implicados en los hechos.