Nada de Trump, ni de sus amenazas de muerte a toda una civilización, ni de la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano, ni de la incursión de J.D. Vance en la campaña electoral húngara para apoyar a Víctor Orbán, ni del incierto futuro de la UE, ni del bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en tres Comunidades Autónomas…

Para el aspirante a la presidencia del Gobierno de este país, Alberto Núñez Feijóo, el asunto que envenena sus sueños es un colchón. Han leído bien: col-chón. Recordarán que allá por 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa lo primero que hizo fue cambiar la superficie sobre la que iba a dormir y dar una mano de pintura a la residencia presidencial. Algo que en términos de higiene, además de recomendable, resulta muy necesario para todo aquel que se dispone a habitar un espacio en el que antes ha vivido otra familia.

Pues resulta que hablaba Feijóo este miércoles de inflación y de corrupción cuando, de repente, acusó al Gobierno de “crujir al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero no a los que roban”. La expresión los que roban la vinculó inmediatamente con el cambio del colchón de La Moncloa, algo que insinuó él no hizo jamás en los 13 años que vivió en la residencia presidencial de la Xunta de Galicia, de lo que se deduce que durante todo ese tiempo durmió sobre el mismo lecho -¿y las mismas sábanas?- que lo había hecho el socialista Emilio Pérez Touriño. “Siempre su confort por delante del bien común”, reprochó a Sánchez.

Más allá de lo que se pueda inferir con esas palabras sobre su propio aseo personal, lo que Feijóo demuestra una vez más es la facilidad con la que incurre en el ridículo. Lo grotesco es algo que, como decía Tarradellas, debe estar fuera de la política y que, sin embargo, asoma con demasiada frecuencia en las intervenciones del líder del PP. Porque si absurdo es atacar a un oponente porque cambie el colchón en el que durante años durmieron Rajoy y señora, mucho más estrafalario es, ante la amenaza de Trump de arrasar por completo Irán, recurrir a la tibieza y la nadería en X con un mensaje que decía “en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Esto después de haber difundido semanas antes un alegato en la misma red social con el que planteaba la necesidad de elegir entre la libertad o los tiranos entendiendo que lo primero lo encarna quien ha vulnerado todas las normas del Derecho Internacional y tiene en un ay al mundo entero con sus extravagancias e ínfulas belicistas.

Resulta cada vez más difícil imaginar en este PP a una oposición que combine responsabilidad, prudencia y dignidad personal. No digamos ya encontrar una voz a la que le mueva la coherencia y el respeto por el electorado al que representa. Porque lo del colchón lo soltó Feijóo en el contexto de un discurso con el que hizo un ejercicio de populismo fiscal más propio de la ultraderecha que de un partido que aspira a gobernar el país. Lo hizo justo ahora que arranca la campaña de la declaración de la Renta y los españoles tienen que pagar a Hacienda. 

En este mismo espacio ya hicimos hace semanas un repaso por la hemeroteca para recordar lo que el PP dice sobre los impuestos cuando está en la oposición y lo que hace, después, con ellos cuando llega al gobierno. ¿Recuerdan? Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. 30 de ellas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio en tan solo un año y medio, además de 12 nuevas figuras tributarias.

El discurso de Feijóo en esta materia es irresponsable, además de falsario porque, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora con el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 50.000 millones. Porque es falso, como dice el PP, que se hayan subido más de 100 veces los impuestos. Y porque los datos comparados demuestran que España, lejos de ser un infierno fiscal, se encuentra tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. 

Y aun así el claim de los populares es “Tú pagas y ellos se lo llevan”, como si la recaudación fuera directamente al bolsillo de Sánchez y sus ministros para comprar colchones y pintar despachos. Todo en un discurso en el que no falta tampoco una buena dosis de criminalización de la inmigración al más puro estilo de Vox y la sempiterna promesa de bajar masivamente los impuestos que financian los servicios públicos esenciales. Una estrategia idéntica a la que en otros tiempos desde las filas del PP, cuando lo proponían los de Abascal, lo llamaban «populismo fiscal».

El discurso, la palabra y el dato han sido definitivamente sustituidos por el ridículo, el insulto, la mentira y la llamada a una especie de insurrección. En este caso contra la utilidad de los impuestos. La estrategia no es baladí porque lo que se busca no es otra cosa que deslegitimar las instituciones y a quienes las representan y desafiar el orden establecido. Antes era solo el modus operandi de Vox y hoy ya forma parte del ADN de un Feijóo sin rumbo propio y entregado a la demagogia que se ha ido tan a la derecha de su derecha que le será imposible ocupar la centralidad y la moderación. Justo el espacio que con el recién nombramiento de Carlos Cuerpo se ha propuesto ocupar Pedro Sánchez en lo que resta de mandato en contraste al maridaje de PP y Vox. Y ya saben que el refranero dice que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición.

El flamante vicepresidente económico, con su pátina de seriedad y solvencia, ha descolocado la estrategia del PP, que en su primer lance parlamentario con Cuerpo en el Senado el pasado martes ha pretendido infructuosamente situarlo en el sanchismo del banquillo (en alusión a los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos). El segundo asalto será la próxima semana en el Congreso con la portavoz popular Ester Muñoz, una parlamentaria de verbo ágil, pero escaso fondo intelectual que, de empeñarse en bajar al barro como hace de forma habitual, se encontrará enfrente a un técnico de modales exquisitos dispuesto a debatir solo de datos económicos. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes para dar el visto bueno a la nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros ha servido para que la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunciase que permitirá que las comunidades autónomas incurran en un déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios siguientes, lo que supone unos 5.500 millones de capacidad de gasto adicional.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, llegaba a la reunión expresando la preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha “por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2025” y también “por la falta de información” en relación con los asuntos incluidos en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, especialmente los vinculados al nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo decía a los medios minutos antes del encuentro en Madrid, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines. En su opinión, “algo no funciona en el sistema” si a fecha de 17 de noviembre, aún se desconocen aspectos esenciales para elaborar las cuentas autonómicas como es el “incremento retributivo de los empleados públicos” para el presente ejercicio y el próximo.

Ha recordado que en Castilla-La Mancha se trabaja con el objetivo de que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que ya se ha iniciado el trámite parlamentario. De hecho, este mismo lunes todos los consejeros han iniciado sus comparecencias para explicar qué harán en 2026 con el presupuesto asignado.

Mientras, el responsable de Hacienda en Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas puedan hacer uso de manera real y efectiva del “principio de autonomía financiera”, evitando estar “al albur” de las decisiones que llegan desde Madrid.

En estos términos, el consejero ha señalado que lo que es bueno para el Gobierno nacional, en la medida que es el paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, “es perjudicial para las comunidades autónomas que tenemos que elaborar los presupuestos sin datos que son fundamentales para aprobar un presupuesto que sea realista”.

La reforma de la financiación autonómica

La ministra Montero ha trasladado también a las comunidades autónomas que presentará en dos meses una reforma de la financiación autonómica, aunque el titular de Hacienda de Castilla-La Mancha se mostraba escéptico. “Yo creo que no, ya me gustaría a mí que estuvieran dos meses” y en este aspecto aventuraba: “A lo mejor nos lo dan todo precocinado desde Barcelona”.

Sobre la financiación autonómica ya se habían pronunciado antes tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el consejero de Hacienda. Page decía de forma previa a la reunión que “si se quiere un acuerdo” lo primero que hay que hacer es que solo haya una mesa de negociación y rechazar “todo tipo de privilegios”.

Ha vuelto a rechazar cualquier tipo de financiación singular que distinga a territorios porque “la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegio”. “No se trata de que haya sólo más dinero, sino de cómo se reparte”, ha dicho el presidente castellanomanchego, quien insiste en que “puede haber más dinero”, pero es que también “hay muchísimos más costes”. “¿O es que se creen que el IPC sólo sube para el Mercadona? El IPC le sube a todos, a la Administración en primer lugar”.

Defiende el principio de igualdad frente a la ordinalidad

Mientras Ruiz Molina ha lamentado no haber recibido “ni un solo documento” pese a que, “según los medios de comunicación, única fuente de información disponible, existen papeles y avances sobre el nuevo modelo”.

Además, el consejero de Hacienda ha mostrado su contrariedad por “la satisfacción” que Esquerra (ERC) ha manifestado “en algunas ocasiones”, ante la negociación que mantiene con el Gobierno central y el PSC y que se ha difundido a través de la prensa. Y ha considerado que, “si ERC está satisfecha es que algo no cuadra”.

También ha reiterado una “oposición total al principio de ordinalidad”, una regla fiscal que tras nivelar la financiación de las comunidades autónomas permitiría a las más ricas mantener su posición en el ranking, aunque la diferencia se reduzca. En Castilla-La Mancha se considera que “va en contra de los valores que defendemos en el Partido Socialista” y sostiene que el Gobierno de García-Page se ha defendido siempre que el nuevo modelo de financiación debe garantizar el principio de igualdad.

Ha recordado también que Castilla-La Mancha sigue reclamando un fondo transitorio de compensación para aquellas comunidades autónomas que, recordaba, “objetivamente como dicen los estudios y el propio Ministerio de Hacienda, estamos infrafinanciadas”.

A la salida de la reunión ha explicado que en el encuentro ha trasladado su queja por el hecho de que se esté negociando con Catalunya de forma bilateral y “exclusivamente” y que la ministra lo ha negado. “Parece ser que son los medios de comunicación los que tienen la culpa porque toda la información que tengo sobre esas negociaciones viene de los medios de comunicación. Parece que no ha habido reuniones pero todos sabemos que las ha habido e incluso, que ha habido también papeles”, comentaba.

“A este consejero no nos gustan los platos precocinados, nos gusta estar en los fogones, en la cocina y por lo tanto si dicen que es un sistema que es aplicable a todas las comunidades autónomas de RGP [régimen común]”, advertía. “En común tenemos que estar desde un primer momento en toda la negociación”.

La Xunta de Galicia va a tener un presupuesto de 14.240 millones de euros para 2026. Es un incremento del 2,1% en el proyecto para las cuentas del año que viene, en el que el Gobierno que dirige Alfonso Rueda insiste en introducir nuevas rebajas de impuestos -es decir, de ingresos-, mientras repite las quejas por los “problemas de financiación” de la comunidad, que atribuye al sistema estatal para distribuir fondos entre las autonomías. Se “blindan” las bajadas fiscales de años anteriores y se presentan cinco nuevas, entre las que hay medidas centradas en la compra de vivienda. Se va a aumentar en 40.000 euros -hasta 240.000- el patrimonio con el que se puede acceder al tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales -es decir, para que se aplique un 3% en lugar de un 8% y para dejarlo en el 0% en zonas deshabitadas-.

Además, las familias monoparentales se suman a los colectivos incluidos en estas medidas, que ya se estaban aplicando para menores de 36 años, familias numerosas y víctimas de violencia machista. El límite de 240.000 euros se incrementa en 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar a partir del primero, de forma que una pareja o una madre soltera con un hijo tributará a partir de 270.000 euros y una pareja con un hijo lo hará a partir de 300.000 euros.

Además, empieza a aplicarse la desgravación de los gastos para comprar material escolar que ya se había anunciado hace meses -se podrán incluir en la declaración del 2025 los gastos de este inicio de curso- y se incluyen nuevas exenciones. La Xunta actúa para bajar a cero el tramo autonómico en las ayudas a los enfermos de ELA y para evitar el pago de impuestos en las subvenciones al los afectados por los incendios del verano. También baja la tributación en una figura propia del derecho civil gallego: el contrato de vitalicio, que consiste en que una persona mayor ceda un inmueble a una persona que se comprometa a cuidarlo. El impuesto de transmisiones que lo grava pasa del 8% al 4%.

El presidente de la Xunta aseguró que el incremento de unos 300 millones de euros en el presupuesto de 2026 se va a destinar a las consellerías con gasto social: Política Social, Sanidade, Educación y Emprego. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, profundizó en los grandes números del proyecto de presupuestos, que ahora debe remitirse al Parlamento de Galicia para su aprobación. No son solo las cuentas, sino también la ley de medidas administrativas y fiscales, conocida como ley de acompañamiento, que la Xunta acostumbra a utilizar para incluir en un solo texto modificaciones de varias leyes.

Fue Corgos el que se centró en explicar las nuevas rebajas fiscales al tiempo que trasladó que el “problema” de Galicia no se encuentra en la deuda, sino en la financiación. “Las necesidades de Galicia y del resto de las comunidades autónomas de régimen general son mayores que la financiación”, protestó. El sistema actual está “desfasado” y cada año que pasa sin reformarlo, dijo, “se ahonda en la insuficiencia de recursos para financiar servicios fundamentales”.

El conselleiro expuso que las cuentas para 2026 contienen unas perspectivas positivas para la economía gallega: prevén un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,9% y que la tasa de desempleo se sitúe en el 7,8%, rozando mínimos históricos. Corgos justificó que el presupuesto vaya a ser superior al techo de gasto anunciado en verano: sube en 63 millones debido a que se han incorporado partidas finalistas por la reprogramación de fondos de cohesión.

El VIII Centenario de la Catedral de Toledo ha sido declarado como acontecimiento de interés público debido a su naturaleza excepcional, y las personas que participen en ella podrán acceder a diversos beneficios fiscales, según anunció la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Dicha figura, que está regulada por la Ley 49/200, permite a empresas y personas físicas que colaboren en las actividades “beneficiarse de importantes declaraciones fiscales, muy superiores a las del mecenazgo general”. Se trata de incentivos que incluyen deducciones fiscales que “pueden llegar hasta el 95% en el Impuesto de Sociedades, IRPF y en el impuesto y tasas locales”.

La delegada ha asegurado que el VIII centenario se trata de “una oportunidad estratégica” no solo para la ciudad de Toledo, sino para toda la región. “Permite movilizar recursos económicos para crear empleo, fomentar la colaboración público privada y proyectar nuestra imagen en el mundo”, ha agregado. Tolón ha defendido que la Catedral de Toledo no es solo un símbolo religioso, sino también un “motor cultural, turístico y económico” que “repercute en el bienestar de nuestra ciudad, empresas y ciudadanos”.

En la rueda de prensa en la que se ha comunicado esta declaración del VIII centenario como acontecimiento de excepcional interés público, el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha destacado la importancia de este evento y de la catedral como “centro neurálgico de la vida espiritual de nuestro país. Son ocho siglos de historia viva”. El deán ha hecho hincapié en que el octavo centenario del templo traerá “turismo que debe dejar huello al alojamiento, restaurantes o comercio”, siendo una “oportunidad histórica para Castilla-La Mancha sin desaprovechar un turismo de calidad frente a los modelos de turismo masivo”.

Por otro lado, el deán del templo toledano ha señalado que por el momento se están realizando algunos proyectos como una gran exposición en 2026 que “será un referente” para las exposiciones y para el centenario, pero que quieren hacer a principios del año que viene un anuncio oficial “con algún acontecimiento”. Sin embargo, no ha avanzado qué tipos de actividades se desarrollarán ni qué empresas o entidades van a colaborar.

La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF) señala que el Gobierno de coalición cumple con el límite al gasto público de las reglas fiscales europeas y descarta que sean necesarios recortes u otras “medidas de ingresos [subidas de impuestos]” en el corto plazo, según las principales conclusiones de su Informe de seguimiento del Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028.

La AIReF considera que “el margen creado” en 2024, cuando se contuvo el gasto por debajo de los compromisos, permite a España cumplir con el corsé fiscal comunitario a medio plazo, al menos hasta 2027, pese a que en 2025 y 2026 se superarán los objetivos de incremento anual del “gasto público neto”.

El Ejecutivo informó en su informe de progreso económico (enviado a Bruselas a cierre de abril) de que el año pasado el crecimiento del “gasto primero neto de medidas discrecionales de ingresos” se quedó en el 4,1%, frente al 5,3% comprometido en el Plan fiscal estructural de medio plazo (de cuatro años).

En 2025, el objetivo del Gobierno es mantener este aumento en el 4,1%. La Autoridad fiscal desconfía de esta meta, y la eleva al 4,5%, pero admite que aun así nuestro país se queda dentro los límites de las nuevas reglas fiscales europeas, tanto por el salto anual como por el incremento acumulado.

Este “gasto primario neto de medidas discrecionales de ingresos” es la principal referencia fiscal ahora del corsé de la Comisión Europea, y el límite a su crecimiento es la manera de reducir el déficit público (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) y la deuda, siempre respecto al PIB (Producto interior bruto).

El fuerte avance de la actividad económica de España y de los ingresos “reales” de las familias por la histórica creación de puestos de trabajo y la llegada de inmigrantes alivia estas ratios e impulsa la recaudación de impuestos, como también lo hacen los beneficios récord de las empresas o las rentas en máximos por alquilar viviendas o del capital (dividendos, intereses de los depósitos bancarios...).

En los últimos años, para hacer más eficiente el sistema de recaudación, el Gobierno ha ido realizando una reforma fiscal que se ha ido desinflando en su ambición y a la que le quedan medidas pendientes, según se explica en esta información.

En este contexto, la AIReF proyecta que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB en los próximos años, incluso incluyendo los gastos por el daño de la DANA o el golpe en la actividad de la guerra comercial, dentro del marco de las reglas comunitarias, y que la deuda pública se vaya reduciendo lentamente, desde el 101,8% de 2024 hasta caer por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB en 2027 o 2028.

En el medio plazo, la Autoridad fiscal advierte sobre el incremento del “gasto en intereses [de la deuda], las necesidades inversión [sobre todo, el aumento del gasto en defensa] y el incremento prestaciones [pensiones] ligadas al envejecimiento”.

Los principales cambios tributarios que se producirán en 2025 incluyen el incremento del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF), la implementación de un impuesto a la banca, aumentos del IVA, una tasa obligatoria de basuras y un impuesto sobre el diésel. Analizo estas modificaciones desde la perspectiva del bien común, pero antes de comenzar quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que no voy a valorar en qué y cómo se gastan los impuestos, ya que es otra cuestión diferente. La segunda, es que aproximaré este concepto tan abstracto a la realidad mediante su relación con los siguientes principios: el fomento de la dignidad, la igualdad y la solidaridad, el cuidado del medioambiente y el fomento de la participación y la democracia.

Aplicaré estos principios solo a las propuestas de reforma mencionadas, sin evaluar todo el sistema tributario ni otros elementos como la competitividad o la creación de empleo. Estos valores son los que defiende la Economía del Bien Común, como valores básicos sobre los que se construyen relaciones sociales sólidas, incluidas las económicas.

En primer lugar, el IRPF se incrementa del 28% al 30% para las rentas de más de 300.000 euros anuales provenientes de beneficios derivados de seguros, ventas de inmuebles, acciones e intereses de rentas y depósitos. Esta reforma favorece la reducción de la desigualdad por dos motivos: primero, afecta a los más ricos, y segundo, se centra en las rentas procedentes del capital, que, a diferencia de las obtenidas del trabajo, no tienen límites en cuanto a las posibilidades de acumulación y transmisión a otras personas. Las rentas del trabajo, en cambio, están limitadas físicamente, ya que es inviable trabajar más de 24 horas al día y no es posible vender la capacidad personal de trabajo para generar ingresos.

El incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada

En segundo lugar, se introduce un nuevo impuesto a la banca, aplicable durante tres años, con una tasa entre el 4,8% y el 7% según los márgenes de intereses y comisiones obtenidos. Esta propuesta reduce, levemente, la concentración de riqueza y renta.

En tercer lugar, aumentan el IVA de los alimentos básicos, como pan, huevos, fruta, verduras, legumbres y aceites. Además, sube el IVA de la electricidad para contratos de menos de 10 kilovatios, en aquellos casos en los que el mercado mayorista marque una tarifa de más de 45 euros por megavatio hora. Esta subida se debe a la eliminación de las reducciones aplicadas en años anteriores en la lucha contra la inflación, ante la situación actual moderación de los precios.

Este incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada, dificultando aún más el acceso a unas condiciones de vida dignas. Además, dado que el IVA es regresivo, es decir, que las personas más ricas pagan menos IVA con relación a su renta, la desigualdad aumentará, impactando negativamente en el bien común.

En cuarto lugar, la conocida como “tasa de basuras” que hasta ahora era de aplicación potestativa por parte de los ayuntamientos, pasa a ser obligatoria. El coste del servicio deberá ser cubierto por los usuarios y se diseñará con el principio de “quien contamina, paga”. Este pago se reduce en dos circunstancias: la situación de exclusión social y se tienen comportamientos que favorecen el reciclaje. Sin duda, es una buena noticia, ya que es una medida destinada a reducir el impacto medioambiental, teniendo en cuenta la situación económica de las familias y creando incentivos positivos para una cultura de la responsabilidad medioambiental.

Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas por el nuevo impuesto, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos

En quinto lugar, el impuesto al diésel sube en abril, ya que la Comisión Europea lo ha exigido para poder acceder a los fondos europeos. Su objetivo fundamental es la reducción de la contaminación. Sin embargo, la cuestión es: ¿quién va a pagarla? Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos. En mi opinión, el diésel para yates privados no es lo mismo que el diésel de un coche de una familia que no puede permitirse un automóvil eléctrico.

Sin duda, el estudio de quién contamina más y quién va a pagar la transición hacia la sostenibilidad es un tema que requiere un amplio debate democrático y no solo cumplir lo que nos dice la UE. Esta crítica no solo se aplica al diésel, sino a la mayoría de las reformas fiscales en España, que no cuentan con estudios técnicos suficientemente amplios para conocer sus posibles efectos. En este sentido, debemos seguir avanzando, para que la transparencia y la participación sean elementos básicos, también en las reformas fiscales, si queremos fortalecer la democracia.

El principio de ordinalidad en el ámbito de la financiación autonómica es un mecanismo para garantizar que comunidades que aportan más a la caja común de la hacienda pública tengan menos recursos por habitante para abordar sus competencias en servicios públicos que las que aportan menos. La aplicación del principio de ordinalidad está en el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

A menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el “cupo” catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial tal y como hoy lo entendemos. Si se aplicara, Andalucía, que hoy recibe unos 600 euros por habitante más de lo que aporta, podría ver recortada seriamente esa cantidad. Cataluña, que recibe 300 euros por habitante menos de lo que aporta, podría ver compensado ese déficit. Se trata de una práctica común en estados federales. En Alemania, las regiones que más aportan son las que más reciben. 

Estamos los andaluces muy acostumbrados a que se nos tache de pedigüeños; incluso se ha escrito que en la Comunidad Autónoma andaluza se viene aplicando, desde comienzos de los años ochenta, una política económica presidida por la estrategia del “subdesarrollo racional” que consiste en admitir la incapacidad de los andaluces para converger con las regiones ricas mientras se recoge la siembra victimista para que la solidaridad de otros pueblos sostenga las necesidades de los ciudadanos, cuando no las políticas clientelares de los partidos en el gobierno o, como ocurre hoy con Moreno, y a cachitos, las transferencias a entidades privadas en los campos de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, etc. 

La posición de pedigüeño no casa con la pertinaz política fiscal del actual gobierno de la Junta en favor de la reducción de impuestos sobre los que tiene competencias normativas y de gestión: el 100% de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de actos jurídicos documentados y tasas de juego, y el 50% sobre el IRPF. Andalucía solo cubre el 46% de su presupuesto con los impuestos recaudados en la región. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos.

La Junta de Andalucía es, junto a Madrid, la única comunidad española que ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio –en Cataluña se genera unos 600 millones por ese concepto-, lo que sin duda beneficia a los grandes propiedades rústicas y urbanas –el 5% de los andaluces posee el 55% del patrimonio privado-, al tiempo que está indicando que la inversión más rentable aquí es la adquisición de bienes inmuebles, la privatización y especulación de suelo o vivir de la renta antes que invertir en actividades productivas que contribuyan a la convergencia económica y social con el resto de España. 

Con el mismo objetivo se han implantado bonificaciones para el impuesto de sucesiones y donaciones que viene decayendo en los últimos años; en 2023 se recaudó por este concepto 39 millones menos que el año anterior. Quiere esto decir que la herencia, y no el mérito personal, sigue siendo clave en la estratificación de la sociedad andaluza. En Cataluña, el gravamen oscila entre el 7 y el 24% y la recaudación en 2023 se acercó a los 1.000 millones de euros. 

Otro impuesto sobre el que la Junta tiene competencia absoluta son los impuestos de transmisiones patrimoniales que gravan las transferencias de propiedad y los actos jurídicos documentados. En Andalucía, dependiendo de los bienes transferidos, el gravamen que estaba en el 10% se ha reducido al 6 y el 7%. En Andalucía se ha recaudado por este concepto unos 2.400 millones de euros en cinco años; en Cataluña, también 2.400 millones, pero sólo en 2023. Incluso el impuesto al juego está menos gravado en Andalucía -15%- que en Cataluña -20%-. 

Los ayuntamientos andaluces tienen plena competencia para fijar el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles; en Sevilla, el tipo general es del 0,67% del valor catastral de la propiedad; el tipo aplicable es el mismo para el propietario de la vivienda que habita, para el casero que especula con la propiedad y para el dueño del piso turístico al que, al menos, se le han suprimido las bonificaciones. Además, están exentos de pagar IBI la Iglesia católica –pese a las inmatriculaciones- o las escuelas concertadas, que vienen a ser lo mismo. Las propiedades destinadas a uso comercial pagan el 1,12%. En todos los casos en los que la propiedad se destina a la obtención de un beneficio, el gravamen es ridículo; no hay forma con esos criterios de mermar el parasitismo económico, de hacer que la propiedad decaiga en la jerarquía de las recompensas al capital. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos; el 18% de los andaluces con mayores rentas han visto reducida su contribución un 39%; el IRPF recauda el 12,8% del total de la recaudación autonómica andaluza; en Cataluña es el 43,3% del total. 

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario.

Afirma la Junta que rebajando impuestos se recauda más porque el dinero que no se paga en impuestos se gasta en beneficio de la actividad económica; de hecho, en 2023, la recaudación se incrementó un 20,7% más que el año anterior; ese incremento se ha producido por los aumentos del IRPF y del IVA; los del IRPF por el aumento de trabajadores cotizantes especialmente en sectores tan precarios y poco sostenibles como la hostelería y el turismo –como diría Mandeville, los pobres siguen comiendo de las migajas que caen de la mesa de los ricos-; el IVA, por el incremento de la demanda pero, sobre todo, por el aumento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. 

Tanto en uno como en otro impuesto, la recaudación podría ser mayor sin la permisividad de las autoridades con la economía sumergida –el 27% en Andalucía- o con el fraude en el IVA. La falta de inspección en las empresas y el dejar hacer con el pago “sin IVA” parece formar parte de una estrategia política para consolidar una “distributional coalition” de los dueños del capital, grandes y pequeños, para sortear las responsabilidades fiscales.  

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario; para atraer inversiones que no sean improductivas se necesitan aditamentos estructurales, institucionales y políticos de los que Andalucía carece en buena medida. El capital no va, por muchas facilidades fiscales que se den, allí donde no hay know how, donde se carecen de contactos políticos o clusters que faciliten el negocio. 

Los datos son tozudos. La inversión extranjera en Andalucía es el 2% de la española –nuestra población es casi el 18%-; en Madrid, la inversión extranjera es del 74,8%. Andalucía no converge ni siquiera con los niveles de renta medios del país. El PIB de la comunidad es 13,4% del PIB español, casi cinco puntos menos que lo que le correspondería por población; la renta media de los andaluces -21.000 euros- es una cuarta parte inferior a la media española, igual que hace un siglo; una estructura de recompensas basada en extraer rentas de la propiedad y en actividades de bajo valor añadido –agricultura, hostelería, turismo, construcción, etc.- y bajos salarios son responsables directos de la dificultad para remontar el vuelo. 

En esa situación de infradesarrollo, repugna el desprecio darwinista que los socios de la “distributional coalition”, de la “sociedad de socorros mutuos” que decía Ortega, tienen con la mayoría de andaluces; no importa que en Andalucía se encuentren los pueblos y los barrios más pobres de España; que la tasa de pobreza -30,5%- sea la más alta del país; no importa que Andalucía esté a la cola del gasto per cápita de la sanidad pública o de escuela pública. Todo sea por satisfacer a aquellos sectores sociales que sostienen que el pago de impuestos es un robo y votan para que se les rebaje o se haga la vista gorda por no pagarlos. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

Con este panorama, con tan burdas maniobras para beneficiar a una minoría, reclamar mayores transferencias desde las comunidades ricas mientras se rechaza el principio de ordinalidad tiene pocos argumentos para prosperar. Obviamente, para salir de este impasse se necesita gobiernos que atiendan las necesidades de la mayoría social, impulsar políticas para producir un cambio en el modelo productivo y, en ese itinerario, modificar los criterios de financiación es muy relevante. 

Desde las competencias normativas en materia fiscal que tiene la Junta de Andalucía se podrían establecer criterios que no sólo establezcan el principio del que más tenga más pague, sino la consecución del objetivo estratégico de desincentivar las inversiones no productivas, ejerciendo una mayor presión fiscal sobre buscadores de renta –las entidades privadas que viven del presupuesto público-, rentistas, especuladores, caseros y arrendadores turísticos serviría para desviar las inversiones hacia el capital productivo. Otra línea de trabajo sería incrementar la presión fiscal sobre aquellas rentas que provengan y reproduzcan las desigualdades sociales –las herencias y donaciones, los centros educativos y universidades privadas o concertadas-; es decir, estrategias que sirvan para levantar barreras de entrada al capital y hacer de la igualdad de oportunidades un factor determinante de la prosperidad. 

El secular atraso andaluz requerirá por otra parte la activación de negociaciones y acuerdos bilaterales con el Estado. Ya no valdrán en la nueva etapa los tortuosos ajustes que han presidido la negociación entre comunidades autónomas sobre fondos de convergencia, de suficiencia y de competitividad. Será justo que las comunidades que más den más reciban, pero también que nos preguntemos por las causas históricas, institucionales y políticas por las que unas comunidades autónomas son más ricas que otras y, por consiguiente, habrá que negociar bilateralmente con el Estado, para que esa verdadera “deuda histórica” pueda ser corregida. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales (denominados 'paraísos fiscales' desde la retórica de los evasores). Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés) sitúa a nuestro país como el decimoquinto del mundo al que más ingresos se le escapan. Sus cálculos ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE).

En pleno foro sobre política fiscal del G20 en Brasil, este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió la creación de un impuesto global al patrimonio. En la misma línea, en declaraciones a 'The Guardian', el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, instó a los principales países del mundo a “ser valientes” y redoblar esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre un impuesto mínimo global y “coordinado” para los 3.000 multimillonarios del mundo, argumentando que las recientes elecciones han demostrado que los ciudadanos están exigiendo una “redistribución de la riqueza”.

En julio, en un consenso histórico, las mayores economías del mundo acordaron en el G20 “cooperar” para diseñar este impuesto a los superricos. En la madrugada de este martes, los líderes de las potencias globales han vuelto a pronunciarse a favor de este tributo promovido por la Presidencia brasileña y diseñado por el economista Gabriel Zucman, según se explica en esta información, tras la amenaza de que la Argentina de Milei lo vetara.

“Gobierno tras gobierno se ha dedicado a plegarse ante los intereses de las personas más ricas, bajando drásticamente los impuestos y posibilitando que sus fortunas aumenten hasta límites inimaginables, más dinero del que nadie podría gastar jamás en la vida. Sólo [con una fiscalidad más justa] podremos empezar a sanar las heridas de la desigualdad que están fragmentando nuestras sociedades”, arguye Susana Ruiz, experta de Oxfam, una de las organizaciones más presentes en este debate. “El pueblo ha hablado. Los líderes han escuchado. Por primera vez en la historia, los líderes del G20 coinciden en que los superricos deben pagar impuestos”, inciden en Icrict, otra organización que ha empujado la campaña internacional del “tax the rich”, y que lidera el premio Nobel Joseph E. Stiglitz.

El liderazgo de Sánchez y Cuerpo de la justicia fiscal internacional choca con las dificultades dentro de nuestras fronteras para avanzar en la transposición a la Ley de España de la directiva de la UE sobre un tributo mínimo del 15% a las ganancias de las multinacionales. Una medida que se extiende a 50 países. Pero, sobre todo, rechina ante los problemas para cumplir con el compromiso del Gobierno de coalición sobre la creación de dos nuevos impuestos a la banca y a las energéticas que den continuidad a los gravámenes temporales que se diseñaron en 2022 a sus beneficios extraordinarios por las subidas de los tipos de interés y la crisis de inflación.

“Los impuestos son nuestro superpoder social”

“Los beneficios potenciales de la reforma de las normas fiscales internacionales son enormes y se repartirían entre todos”, recuerda el informe de la Red de Justicia Fiscal. “Los impuestos son nuestro superpoder social: quizá la mejor herramienta que tenemos para organizarnos y vivir mejor, más sanos y más felices. El abuso fiscal transfronterizo es el mayor obstáculo para unos impuestos eficaces y progresivos que son fundamentales para cumplir esa promesa, así como para encontrar un camino hacia el nivel de financiación necesario para hacer frente a la urgente crisis climática”, expone este documento.

Según el análisis de esta organización, “el 43% de estas pérdidas se deben a los ocho países que siguen oponiéndose a una convención fiscal de la ONU: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Estos países representan solamente un 8,4% de la población global”.

Las conclusiones son desoladoras. “La escalada del abuso fiscal de las empresas multinacionales no ha sido frenada por los aparentemente interminables esfuerzos de reforma de la OCDE. Y aunque este fracaso llevó a algunos países a recortar el impuesto de Sociedades, con la esperanza de que eso les protegiera, los datos muestran ahora que simplemente se ha sumado a las pérdidas que han sufrido”, explica.

“Estados Unidos ha dominado durante mucho tiempo la OCDE, impidiendo a menudo que avanzaran las propuestas de la UE. Pero Estados Unidos no ha podido o no ha querido adoptar por sí mismo las reformas resultantes, y ahora tiene un partido en el Gobierno [el Republicano de Donald Trump] que ha amenazado repetidamente a países por adoptar reformas de la OCDE (incluida a la UE, sobre elementos del impuesto mínimo global), y por tomar medidas alternativas (como Canadá, con su adopción de un impuesto sobre los servicios digitales como respuesta a la ausencia de avances de la OCDE)”, prosigue la Red de Justicia Fiscal.

¿Dónde están las guaridas fiscales?

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Red de Justicia Fiscal elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

La “coordinación” internacional es imprescindible para los gobiernos que realmente quieren una fiscalidad más justa. “Cuanto mayor sea la coordinación, más fácil será implementar” el impuesto a los superricos o avanzar en una tributación mínima de las grandes empresas, reconoce Cuerpo, en declaraciones recogidas por 'The Guardian'. “Minimiza los costes de capital político”, añade, en referencia a la oposición que surge a estas propuestas desde sectores “monopolísticos” o con “posiciones dominantes”, como la banca o la energía en España. Una oposición que respaldan los más ricos y los partidos de derechas, como están haciendo actualmente Junts, PNV y, por supuesto, el Partido Popular (PP).

La brecha del impuesto de Sociedades de España con la eurozona

El impuesto de Sociedades en España recaudó en 2023 algo más de 35.000 millones. Estos ingresos siguen muy lejos de su máximo de 2007, cuando rozó los 45.000 millones y llegó a suponer el 19% de toda la recaudación —aquel fue un ejercicio extraordinario por la burbuja inmobiliaria—. En estos momentos, esta ratio se queda en el 12%.

Respecto al PIB, el tributo sobre los beneficios de las empresas representa un 2,8%. Un ejercicio de previsiones reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que esta contribución del impuesto de Sociedades apenas crecerá de 2023 a 2029, según se puede ver en el gráfico. La brecha con la eurozona es de 0,6 puntos del PIB, cerca de 8.000 millones de euros.

Mientras, “el resultado contable positivo [la medida tributaria de las ganancias, similar al ebitda o beneficio bruto de la contabilidad]” del conjunto empresas de España sí que está en máximos históricos, después de dispararse un 110% desde 2012. En el mismo periodo, los ingresos tributarios de Sociedades apenas han crecido algo más de la mitad, un 63%.

El tributo mínimo del 15% para las multinacionales, en su caso, busca tapar las “guaridas fiscales” que encuentran las compañías más grandes. Aunque las visiones más progresistas lamentan que la transposición de la directiva comunitaria no haya ido más allá del 15%, que consideran “muy bajo”, y advierten de las exenciones que contempla el texto actual por ciertas “inversiones”. Juntos a las guaridas fiscales, las bonificaciones y compensaciones por pérdidas de otros años son precisamente los mayores agujeros del impuesto de Sociedades en nuestro país.

Los foros económicos internacionales siguen avanzando hacia una fiscalidad más progresiva. Un sistema en el que los que más tienen sean los que más impuestos paguen, porque “es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades [...], reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo”, según recoge el último comunicado de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20, publicado el jueves pasado.

Todos los países de este foro que reúne a las principales economías del mundo firmaron este texto, incluso el representante del gobierno de Argentina, que preside el ultraliberal Javier Milei y que se había especulado con que podría bloquearlo. Una amenaza permanente (también por parte de EEUU y de otros países) porque el comunicado incluye dos objetivos progresistas e históricos, que buscan una mayor justicia social. Por un lado, la intención de seguir “trabajando juntos [...] en la fiscalidad efectiva, incluida la de las personas con un patrimonio neto muy elevado”. Es decir, en el diseño de un impuesto global y coordinado a los superricos, según avanzó ya el histórico acuerdo alcanzado en julio en el mismo contexto del G20, gracias al liderazgo de la presidencia de Brasil.

Por otra parte, el comunicado incide en continuar “animando al marco” contra el BEPS [la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios de las empresas, según las siglas en inglés]. En otras palabras, en implantar un impuesto mínimo a las ganancias de las multinacionales, para evitar que aprovechen las “lagunas” de las guaridas fiscales y del propio impuesto de Sociedades.

Este comunicado coincidió con el informe de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la región europea que apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y a las empresas, según se explica en esta información. En la misma línea, la cumbre de los BRICS (el foro que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) lanzó un comunicado en el que se suma la iniciativa de “cooperación internacional” para una fiscalidad más “progresiva y efectiva”, y también, concretamente, sobre los superricos.

Todos estos pasos deberán concretarse en la cumbre del G20 que se celebra entre el 18 y 19 de noviembre, de nuevo en Brasil, y a la que España acudirá en su condición de invitado permanente.

Mientras, en nuestro país, el Gobierno de coalición está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. Unas conversaciones con los distintos grupos del Congreso de los Diputados respecto a las que, inicialmente, se descontaba que incluirían el desarrollo definitivo del tipo mínimo del 15% a los beneficios de las grandes empresas y la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas. Estos últimos, desplegados en 2022 ante los beneficios extraordinarios que estaban consiguiendo estos sectores por los incrementos de las subidas de los tipos de interés y por la crisis de inflación.

En estos momentos, estos impuestos están en el aire, según reconoció el jueves pasado la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y según confirmó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La razón es que dos de sus principales socios en el Congreso han amenazado con volver romper el bloque de la investidura, el PNV y Junts. Ambas formaciones se han alineado con los intereses de Repsol o Cepsa. Estas empresas tienen un importante peso en el tejido industrial y el empleo de Euskadi y Catalunya, las bases de los electorados de los partidos nacionalistas, respectivamente, y en otras regiones.

En Tarragona, la primera multinacional tiene pendiente de confirmar una inversión de 1.100 millones de euros un proyecto pionero para convertir residuos urbanos en combustible que ha sugerido que puede acabar llevándose a Portugal. El viernes, se unía a esta 'campaña' Cepsa. La segunda petrolera en España, controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha paralizado 3.000 millones de inversión en el conocido como valle andaluz del hidrógeno hasta que el Gobierno aclare si va a mantener o no, y cómo, el gravamen a las energéticas.

Sin embargo, pese a este contexto 'hostil' y a la debilidad parlamentaria, la “reforma fiscal estructural” que recomienda el FMI o las medidas que se discuten en el G20 son un camino que el Gobierno de España ha comprometido con la Comisión Europea. De hecho, es la principal vía para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE —que exigen rebajar los desequilibrios presupuestarios, el déficit, y la deuda pública—. Además, una mayoría de expertos considera imprescindible esta reforma fiscal, sobre todo ante la intención de modificar también el sistema de financiación autonómica.

Los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire

Los impuestos a la banca y a las energéticas “forman parte del acuerdo del Gobierno [entre PSOE y Sumar], pero somos conscientes de que para que se pongan en marcha tienen que pasar por el Congreso, con lo cual se necesita una mayoría parlamentaria y estamos en ese punto de construir ese acuerdo en torno a estas dos figuras”, incidió este martes Carlos Cuerpo.

“La implantación de estos dos gravámenes ha sido equilibrada. En dos sentidos. Ha permitido compatibilizar una aportación justa de estos dos sectores en un momento de crecimiento de los precios —por lo tanto, ha permitido financiar el escudo social que hemos puesto encima de la mesa para las familias— con los mejores resultados de su historia”. Por último, “ha coincidido con una llegada récord de inversión, en sectores como precisamente las renovables”, comentó el ministro de Economía.

“Este elemento de equilibrio tiene que ser el punto de partida sobre la discusión de la permanencia de estos impuestos. Además, hay que valorar elementos de política económica adicionales, que no tienen que ver solamente como una respuesta de emergencia”, como la que se dio en 2022. “En el ámbito energético, por ejemplo, la importancia de mantener un esfuerzo inversor elevado. Y en el ámbito financiero, la importancia de tener en cuenta la evolución del ciclo de los tipos de interés y de la evolución de las cuentas de los bancos”, concluyó Cuerpo.

Un rato antes, tras anunciar (de nuevo) beneficios récord, el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, advirtió de que, “por supuesto que no vemos como bueno que lo dejen permanente [el gravamen a las entidades financieras]”. Según enumeró: “Perjudica el crecimiento, discrimina, nos deja en desventaja frente a otros países. Es un impuesto a los ingresos, está mal estructurado. Si van sobre esas mismas bases es completamente erróneo. En un ciclo malo nos va a golpear porque puede generar 50.000 millones menos de crédito. No vemos ningún otro país que lo plantee más allá de 2024”.

La semana pasada, en un artículo de La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el impuesto especial a la banca y a las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.

El Nobel de Economía apoya la mayor progresividad de los impuestos

En contra de estos mensajes, el pensamiento económico de primer nivel internacional sigue la tendencia de los debates hacia una fiscalidad más progresiva del G20 o del FMI. El turco Daron Acemoglu, en su primer artículo publicado en España después de recibir el premio Nobel de Economía a mediados de octubre, tituló 'Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad'. En su análisis, este experto recurrió a un ejemplo deportivo, al comparar a la estrella de baloncesto en activo Lebron James con el mito Wilt Chamberlain. “Mientras que Chamberlain tenía un patrimonio neto estimado de 10 millones de dólares en el momento de su muerte en 1999, el patrimonio neto de James se calcula en 1.200 millones de dólares”, recuerda.

“A Chamberlain le tocó vivir en una época en que las estrellas deportivas no ganaban lo que ganan hoy. Esto tiene que ver en parte con la tecnología —hoy todos pueden ver a James gracias a la televisión y a los medios digitales—, en parte con las normas —pagarles cientos de millones de dólares a las superestrellas culturales se ha vuelto más aceptable— y en parte con los impuestos —si Estados Unidos todavía tuviera una tasa de impuesto a las ganancias marginal por encima del 90% James tendría menos dinero, y el país tendría menos desigualdad de riqueza—”, explica Acemoglu.

En la misma línea, el Financial Times avisó en un reportaje de este fin de semana que “un pequeño número de multimillonarios podría influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que muchos de los más ricos del mundo gastan cientos de millones de dólares para ayudar a que su candidato preferido gane”. El prestigioso periódico especializado en información económica expone que “los multimillonarios han aportado un 18% del gasto total en campaña de los candidatos Kamala Harris y Donald Trump”.

“Los milmillonarios estadounidenses son el 0,0005% de la población, reúne el 5% de la riqueza total y han financiado un tercio de la campaña del republicano Trump. El triunfo de la plutocracia, en tiempo real”, lamenta el economista Gabriel Zucman, quien firma la propuesta de un impuesto del 2% a la riqueza de los milmillonarios en todo el mundo que se ha debatido en el foro del G20, y que consiguió un “apoyo” histórico de todos los países en verano.

En los últimos días, como colofón, la Asamblea de Francia inició el desarrollo “de un impuesto a los multimillonarios. Una medida de sentido común, cuyo efecto sería realmente modesto: garantizar que los más ricos no paguen menos impuestos que las clases medias, como ocurre hoy”, finaliza Zucman.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 13/2023, de medidas fiscales y administrativas para el año 2024.

Con esta admisión a trámite, el Tribunal suspende la vigencia y aplicación de la norma impugnada desde la fecha de interposición del recurso, es decir, varios apartados de Ley de medidas fiscales y adminstrativas de La Rioja quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2024.

Fue en el Consejo de Ministros del pasado 24 de septiembre cuando se anunciaba esta decisión del Gobierno central, tal como había adelantado Rioja2. El Gobierno central alegaba que los puntos 1 y 2 del artículo 12 de la norma riojana atentan directamente contra los principios de la Constitución española. Explicaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que unos meses antes se había activado entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja el mecanismo 33.2 para la creación de una comisión bilateral en la que intentaría alcanzar un acuerdo respecto a este punto pero no fue posible. “Estamos abocados ahora a solicitar este recurso al Tribunal Constitucional en tanto en cuanto ese artículo específico lo que traslada es que se pueda tramitar por parte de la comunidad y con urgencia los contratos que tengan que ver con ejecución de gastos relativos a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia”, explicaba el ministro.

El artículo en cuestión se refiere a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. En el punto 1, el Gobierno de La Rioja decreta que se declara esta tramitación de urgencia “sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio”. En el punto 2 señala que esto se entenderá “sin perjuicio de la necesidad de que, de conformidad con la normativa europea, la declaración de urgencia de los contratos públicos requiera de una motivación para cada contrato atendiendo a las circunstancias concurrentes”. 

El Gobierno de España discrepaba de estos argumentos porque en su opinión, la regulación autonómica podría ser “incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica estatal de contratación”. Ahora el Tribunal Constitucional admite a trámite este recurso y suspende la norma.

El Gobierno de La Rioja conisidera que esta decisión no tiene consecuencias

El Gobierno de La Rioja ha conocido la noticia a través de los medios de comunicación y la nota de prensa emitida por el Tribunal Constitucional ya que, según han informado a Rioja2 desde el Ejecutivo riojano, “no se ha comunicado formalmente nada ni al Gobierno ni a sus servicios jurídicos”.

Por tanto, a la espera de recibir esta comunicación, El Gobierno regional considera que esta decisión del Constitucional no tendrá ninguna consecuencia práctica ni en los expedientes ya en marcha ni en los pasados ni en los que se inicien a futuro ya que , según explican desde la consejería de Hacienda, “a lo que se oponía el Estado es a que se diese prioridad a estas tramitaciones con carácter general pero en el punto 2 el gobierno establece que esa declaración de urgencia requiere una motivación específica para cada contrato, que es lo que se viene haciendo en todo momento, estamos cumpliendo que se haga contrato por contrato”.

José Luis Escrivá ha concedido su primera entrevista como nuevo gobernador del Banco de España al periódico económico 'Expansión'. Desde ese altavoz mediático (el líder del 'papel salmón'), ha aprovechado para hacer un guiño a las entidades financieras al pedir que se cambie el impuesto a la banca y “hacerlo neutral”.

Ni la tribuna ni el momento de esta declaración son baladís. El gobernador ha marcado su posición en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 entre el Gobierno y sus socios. Unas conversaciones que incluyen el diseño definitivo del hasta ahora “gravamen temporal”, debido a que el Ejecutivo se comprometió a convertirlo en un impuesto permanente en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

“Siempre he pensado que los bancos centrales debemos ser muy contenidos al hablar de impuestos, porque tienen efectos redistributivos y estos elementos pertenecen al ámbito de decisión democrática. En ese sentido, tenemos el máximo respeto por lo que decidan los órganos elegidos democráticamente respecto a los impuestos”, arranca Escrivá, sobre el asunto del gravamen a la banca.

“Dicho esto, nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades”, explica el gobernador.

Este planteamiento va en la misma línea al introducido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, desde primavera, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. A lo que Escrivá llama “neutralidad”, el ministro de Economía lo denomina “equilibrio”, que se alcanzaría “adaptando” el gravamen que se diseñó en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector financiero por la escalada de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE). Una estrategia que ha buscado ahogar la demanda y la actividad económica en general (encareciendo las hipotecas de las familias y el resto de préstamos) para moderar así la inflación; y que, por el camino, ha beneficiado directamente a los bancos.

Ambas posturas chocan con la otra parte del Gobierno de coalición, la de Sumar. Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz económico del partido que lidera Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, destacó que “lo que queremos es mantener los impuestos y que no los devolvamos por la puerta de atrás. No parece lógico que se introduzca un regalo. No entenderían que establezcamos un impuesto y luego les hagamos una serie de deducciones”.

Según añadió, “dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”. Este martes, Martín Urriza ha reaccionado directamente contra la postura de Escrivá en la red social X (antes Twitter).

En 2024, el gravamen temporal a la banca ha recaudado 1.695 millones de euros, un cifra similar a la de 2023, según adelantó recientemente el Ministerio de Hacienda.

“Estos gravámenes [el de la banca junto al de las energéticas], que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023”, explica el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

“Estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, continúa el Ministerio de Hacienda. 

Según ha analizado este periódico en otras ocasiones, el impuesto de Sociedades tiene muchos 'agujeros' que aprovechan las empresas, sobre todo las más grandes, para no tributar todo lo que les correspondería. 

“En este sentido, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, añaden desde Hacienda.

El gravamen afecta a entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cerrado este jueves la jornada “La reforma fiscal pendiente”, organizada por su partido, Sumar, en el Congreso y ha asegurado que “estamos muy distanciados de la otra parte del Gobierno de coalición, del PSOE”, porque “no quiere una reforma fiscal integral”.

Díaz considera que España necesita aumentar los ingresos públicos, pero aclara que “no va de bajar o subir impuestos, sino de quién los paga”, en referencia a que deben ser las grandes empresas y los más ricos los que más tienen que contribuir.

La vicepresidenta ha recordado que España tiene una brecha de contribución fiscal (el peso de los impuestos y las cotizaciones respecto al PIB) de cerca de cinco puntos con respecto la UE.

Esta contribución fiscal se quedó algo por debajo del 37% en 2023 en España, lo que deja un espacio de “80.000 millones para abordar la reformar fiscal que nuestro país tiene pendiente desde la Transición”, según ha incidido la ministra de Trabajo.

Este martes, en el Plan Fiscal y Estructural que exige las nuevas reglas fiscales de la UE a cada país de la UE, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos)“. Aunque el documento prácticamente no aporta detalles.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha recalcado este jueves que “sabemos que el PSOE no quiere una reforma siguiendo el Libro Blanco” para la reforma del sistema de recaudación que un grupo de expertos realizó hace apenas unos años por encargo del anterior Gobierno de coalición, y que se ha quedado en un cajón prácticamente en su totalidad.

En estos momentos, el Ejecutivo está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.

Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.

La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comenta Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. 

El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.

El Plan Fiscal y Estructural del Gobierno se salta el límite al crecimiento del gasto público más restrictivo de las directrices de la Comisión Europea, según “la guía previa” publicada este miércoles por el Ejecutivo comunitario, un día después de recibir el documento de España.

Las recomendaciones de Bruselas para el Plan Fiscal y Estructural de nuestro país rebajan el tope al incremento anual del “gasto neto primario” al 2,8% de media de 2025 a 2031, frente al 3% propuesto por el Gobierno, según se explica en esta información. Es decir, exigen un ajuste mayor de las cuentas públicas del que pretende afrontar el Ejecutivo para rebajar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) y la deuda, que se miden respecto al PIB.

La Comisión Europea se tiene que pronunciar ahora sobre si acepta o no los objetivos de España, y lo hará “a finales de noviembre”, según confirmaron este martes fuentes del Ministerio de Economía. El “ajuste” propuesto por España es de 0,4 puntos de PIB cada año, un décima menos (cerca de 1.500 millones) que el recorte de 0,5 puntos recomendado por el Ejecutivo comunitario.

Según permiten las renovadas reglas fiscales de la UE, el Gobierno ha extendido “el periodo de ajuste” a siete años. Este nuevo 'corsé' se centra en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios presupuestarios (el déficit y la deuda pública) y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock, como ha ocurrido tras la pandemia y la crisis de inflación.

La regla de gasto presentada este martes por el Gobierno a Bruselas proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En el corto plazo, en 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. Las recomendaciones de la Comisión Europea se quedaban en el 2,8% en promedio en el periodo de siete años. En 2025, un 3,2%. En 2026, un 2,8%. Y en 2027, un 2,7%.

Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas”, como un techo de gasto, para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno. Las medidas concretas que se desplegarán para cumplir con este “paraguas” de medio plazo —un concepto en el que han incidido desde el Ministerio de Economía— se desarrollarán en los Planes Presupuestarios de cada ejercicio, que también tienen que ser aprobados por la Comisión Europea.

Entre estas medidas, el Gobierno incorpora una reforma fiscal “adicional”. En la misma línea, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE.

El horizonte final planteado por España pasa por aumentar el PIB nominal hasta los 2 billones de euros en 2031, con un déficit que se habrá reducido al 0,8% del PIB —desde el 3% de este 2024— y una deuda pública que habrá caído al 90,6% del PIB —desde el 105% actual— gracias a la contención del crecimiento del gasto público, a diversas medidas y reformas (la mayoría ya puestas en marcha y relacionadas con el Plan de Recuperación) y, sobre todo, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.

Esos objetivos tienen que perseguirse cada año, según las nuevas reglas fiscales, reactivadas tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia. Pero la Comisión Europea prefería un “esfuerzo” mayor.

En estos momentos, el Gobierno está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. Por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) en tres décimas de PIB en los próximos años (con un impacto de 6.000 millones en 2031). Ya en 2025, la intención del Gobierno es lograr una subida de los ingresos, sobre todo por el efecto de la normalización del IVA o de los impuestos especiales, tras las rebajas para aliviar la crisis de inflación.

Este objetivo está incluido en el Plan Fiscal y Estructural que el Ejecutivo de coalición ha enviado a Bruselas este martes, y que es la primera exigencia importante de las nuevas reglas fiscales europeas, reactivadas este 2024 tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia. Más concretamente, este documento incorpora “una reforma fiscal”, con “medidas nuevas” —según aclaran desde el Ministerio de Economía—, que servirán para rebajar el déficit público en un horizonte que se alarga siete años, de 2025 a 2031.

Para entonces, según los cálculos del propio Plan Fiscal y Estructural, el PIB nominal alcanzará los 2 billones de euros, el déficit se habrá reducido al 0,8% del PIB —desde el 3% de este 2024— y la deuda pública al 90,6% del PIB —desde el 105% actual— gracias a la contención del crecimiento del gasto público, a diversas medidas y reformas (la mayoría ya puestas en marcha y relacionadas con el Plan de Recuperación) y, sobre todo, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE. Es decir, el compromiso de elevar la contribución fiscal respecto al PIB, que se sitúa en el 36,8% a cierre de 2023, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio europeo.

Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas” para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno sobre el que la Comisión Europea se tendrá que pronunciar a finales de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.

Las medidas concretas que se desplegarán para cumplir con este “paraguas” de medio plazo —un concepto en el que han incidido desde Economía— se desarrollarán en los Planes Presupuestarios de cada ejercicio, que también tienen que ser aprobados por la Comisión Europea.

En estos momentos, el Gobierno está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.

Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.

La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comentó recientemente a elDiario.es Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. Este jueves, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición ha convocado una jornada en la Cámara Baja titulada: “La reforma fiscal pendiente. Redistribución, justicia social y progreso”.

El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.

Las nuevas reglas fiscales de la UE

Las nuevas reglas fiscales de la UE se centran en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios (el déficit y la deuda) y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock. La gran ventaja de España es el ritmo de avance del PIB por encima del 2% en los próximos años (2,7% en 2024, 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026).

Esa regla de gasto proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. La Comisión Europea debe aprobar estos objetivos. Mientras, según el ministro Cuerpo, estas cifras concuerdan con la senda de déficit rechazada en julio por el Congreso, que contempla un déficit público del 2,5% del PIB en 2025. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía han admitido que si se abordaran “medidas de ingresos estructurales [no contempladas], el gasto podría crecer más”.

“No son recortes”

Cuerpo enfatizó este martes que los nuevos límites no son “recortes”, sino que “el gasto público neto” [que excluye partidas como el gasto en intereses y tiene en cuenta medidas de ingresos] va a poder crecer en el periodo 2025-2028 del Plan Fiscal y Estructural más que en el periodo entre 2015 y 2018. Exactamente, “la evolución comparada de la misma variable, en estos dos periodos, muestra un promedio del 3,4% en los próximos cuatros años, frente a un 2,5%”.

Casi un punto menos, “que se traduce directamente en que con las nuevas reglas fiscales se puede gastar más al año 6.000 millones de euros respecto al incremento del gasto público neto en el periodo entre 2015 y 2018”, según incidió el ministro de Economía. “España tiene un nivel de credibilidad muy alto. Estamos en el grupo de buenos alumnos”, añadió en la rueda de prensa.

El Gobierno de coalición se compromete a rebajar la deuda pública por debajo del 100% del PIB (Producto Interior Bruto) al final de la legislatura, desde el 105% actual. Según ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición envía este martes el nuevo Plan Fiscal y Estructural a la Comisión Europea con el objetivo de ir reduciendo el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) hasta dejarlo por debajo del 2% en 2027 gracias al crecimiento económico, desde el 3% proyectado para este 2024, y a un límite al incremento del gasto por debajo del 3,4% en promedio en los próximos ejercicios.

El Gobierno ha confeccionado este Plan Fiscal y Estructural, inicialmente de cuatro años (de 2025 a 2028), en plenas negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, sin tener garantizados los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para sacarlos adelante. En este 2024, el Ejecutivo ya tuvo que prorrogar los Presupuestos de 2023.

“Este documento [el Plan Fiscal y Estructural] es un paraguas”, ha explicado Cuerpo. Después, cada año, el Gobierno tiene que enviar también el Plan Presupuestario, con medidas concretas, que para 2025 todavía sigue negociando con los socios del Ejecutivo de coalición.

Debilidad parlamentaria

De momento, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. En este contexto de debilidad parlamentaria, el Ejecutivo ha cerrado el Plan de cuatro años que contemplan las reglas fiscales de la Unión Europea (UE), reactivadas este 2024, tras ser suspendidas en 2020 para permitir un aumento histórico del déficit y la deuda que favoreció la recuperación económica.

Según permiten las renovadas reglas fiscales de la UE, el Gobierno ha extendido “el periodo de ajuste” a siete años. Este nuevo 'corsé' se centra en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock. La gran ventaja de España es el ritmo de avance del PIB por encima del 2% en los próximos años (2,7% en 2024, 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026).

Esa regla de gasto proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. La Comisión Europea debe aprobar estos objetivos. Mientras, según el ministro Cuerpo, estas cifras concuerdan con la senda de déficit rechazada en julio por el Congreso, que contempla un déficit público del 2,5% del PIB en 2025.

El Plan Fiscal y Estructural va acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano, según ha avanzado Cuerpo. Entre estas medidas, Cuerpo ha confirmado la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, y ha aclarado que está negociando otras reformas con la Comisión Europea.

En teoría, la trayectoria fiscal comprometida por España y por el resto de socios debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.

“No son recortes”

Cuerpo ha enfatizado que los nuevos límites no son “recortes”, sino que “el gasto público neto” [que excluye partidas como el gasto en intereses y tiene en cuenta medidas de ingresos] va a poder crecer en el periodo 2025-2028 del Plan Fiscal y Estructural más que en el periodo entre 2015 y 2018. Exactamente, “la evolución comparada de la misma variable, en estos dos periodos, muestra un promedio del 3,4% en los próximos cuatros años, frente a un 2,5%”.

Casi un punto menos, “que se traduce directamente en que con las nuevas reglas fiscales se puede gastar más al año 6.000 millones de euros respecto al incremento del gasto público neto en el periodo entre 2015 y 2018”, según ha incidido el ministro de Economía. “España tiene un nivel de credibilidad muy alto. Estamos en el grupo de buenos alumnos”, ha añadido en la rueda de prensa.

Los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Esta es una de las principales conclusiones del informe titulado 'Cuatro décadas fallidas de política de vivienda' que ha publicado este miércoles el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO). Según los expertos del sindicato, con estas deducciones en el IRPF a la compra de pisos y casas se podrían haber construido 1,6 millones de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

“España podría tener hoy un parque asequible de casi cinco millones de viviendas en propiedad y alquiler. Ese es el coste de oportunidad de la mala asignación realizada durante cuatro décadas”, lamentan desde CCOO. Desde la década de los 80, solo una de cada cinco viviendas finalizada es pública. En total, 2,7 millones en este periodo, cuyo peso en el mercado no ha parado de menguar, hasta suponer apenas una vivienda de cada diez desde 2020.

Los expertos del sindicato señalan que los 160.000 millones derrochados en deducciones en el IRPF han supuesto “una transferencia de dinero público de las que el vendedor se apropiaba incrementando el precio de venta, sabedor de la mayor capacidad de pago del comprador al disponer de la ayuda fiscal”. Además, tienen “un claro sesgo regresivo”, porque “se han beneficiado en mayor medida los contribuyentes con mayor capacidad de renta”.

“Si cada año el coste fiscal de esa deducción se hubiera destinado a promover vivienda pública, en 2024 tendríamos un parque público de 1,6 millones de viviendas”, reitera el informe. Para realizar este cálculo, CCOO ha tenido en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, el coste de construcción en junio de 2024 ascendía a 1.310 euros/m2 construido, según la Sociedad de Tasación. Esto implica, aproximadamente, un coste de construcción de unos 1.500 euros/m2 útil. “A su vez, hemos considerado que un parque público de alquiler tendría que dar solución a distintas necesidades habitacionales de los hogares, y por lo tanto estaría compuesto por un 50% de viviendas de 3 habitaciones (80 m2), un 25% de viviendas de 2 habitaciones (60 m2) y un 25% de viviendas de una habitación (50 m2)”, detalla. Con estos datos, se obtiene un coste medio por vivienda de 101.250 euros, que es el valor utilizado en los cálculos.

Por otra parte, entre 1992 y 2022, los gobierno centrales de España han gastado 7.311 millones de euros de 2023 en desgravaciones fiscales a los inquilinos para sufragar sus gastos de arrendamiento de su vivienda habitual. “Ayuda fiscal de la que en gran medida se han apropiado sus caseros, que además disponían de otras cuantiosas reducciones fiscales en su base imponible”, incide el informe. “Con esos 7.311 millones gastados en deducciones fiscales se habría podido edificar 72.000 viviendas de alquiler que sumar al parque público”.

Adicionalmente, “la recopilación de gasto destinado a la política de vivienda entre 1997 y 2024 por el Gobierno central se cifra en 33.000 millones de euros de 2023. Este dinero se ha destinado principalmente a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los sucesivos planes estatales de vivienda, que a su vez nutrían de fondos los planes de vivienda de las diferentes comunidades autónomas y donde se financiaban un amplio abanico de actuaciones en materia de vivienda, no siempre coherentes con los fines teóricamente defendidos”, defiende el gabinete económico de CCOO.

“Con estos 33.000 millones de euros se podrían haber construido 327.000 viviendas, que formarían parte del parque público de alquiler. De hecho, una parte de estos fondos habrá servido para financiar parte de la construcción del exiguo parque público de vivienda existente en la actualidad, que se cifra en torno a 300.000 viviendas entre todas las administraciones públicas”, comentan estos expertos.

Ya no se construyen VPO

El informe también se define en las viviendas protegidas, las conocidas com VPO. El peso de estas vivienda públicas “a las que puede optar la población es anecdótica comparado con el volumen total de la oferta de viviendas disponibles en el mercado inmobiliario. La práctica totalidad de viviendas disponibles en el mercado son a precio libre”. Esta escasez de oferta pública ha exacerbado el problema del acceso a la vivienda, junto a los bajos salarios y al impacto del alquiler turístico, que ha reforzado el tratamiento de los pisos y las casas como productos de inversión especulativa, sobre todo para los fondos y las 'grandes manos'.

“De hecho, el saldo neto de viviendas protegidas lleva una década siendo claramente negativo. Cada año se venden (se enajenan) 40.000-50.000 viviendas protegidas (un total de 765.000 entre 2007 y 2023) mientras que apenas se construyen unos pocos miles de nuevas viviendas protegidas cada año, menguando cada vez más el parque existente de viviendas protegidas, al no generalizarse la no descalificación de estas viviendas. En la última década (2013-2023) se han perdido 368.000 viviendas protegidas, cifra en la que las enajenaciones de viviendas protegidas supera a la cifra de nuevas viviendas protegidas construidas y que se suman a la especulación inmobiliaria”, explican desde CCOO.

“Décadas de políticas paliativas de vivienda y un predominio absoluto del mercado y del sector inmobiliario no han mejorado la accesibilidad a la vivienda en España ni el esfuerzo económico de las familias”, finaliza el informe.

Los tambores de los recortes vuelven a atronar en la Unión Europea (UE). Las peores pesadillas de las políticas de austeridad que siguieron a la gran crisis financiera de 2008 recorren el Viejo Continente. Entre las últimas advertencias, una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, publicada este lunes, señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes —o de la consolidación fiscal, en términos más técnicos— al crecimiento de la economías.

Este aviso, que incluye la amenaza de recesiones, destrucción de empleo y turbulencias políticas y financieras, llega apenas unos días antes de que los socios europeos tengan que enviar sus primeros planes fiscales de la era pospandemia a Bruselas. El Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó este mismo lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El economista austriaco Philipp Heimberger, quien firma la investigación que se titula “La consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en los países de la eurozona: perspectivas pasadas, presentes y futuras”, ha calculado cuántos miles de millones tendrán que “ajustar” o “sanear” sus presupuestos —un par de los eufemismos de la jerga fiscal, junto a “consolidación”, para hablar de recortes y subidas de impuestos— los principales países de la UE en los próximos cuatro años para cumplir con los “renovados” límites al crecimiento del gasto público y con los objetivos de reducción de deuda.

“Con toda probabilidad, el marco reformado subestima los efectos negativos de la consolidación fiscal sobre el crecimiento. [En la investigación] concluyo que la aplicación de los ajustes fiscales plurianuales necesarios para cumplir las normas de la UE puede no reducir los ratios de deuda pública en todos los países miembros de la UE, como espera la Comisión Europea, y que las implicaciones económicas y políticas de la austeridad pueden complicar la gobernanza de una UE frágil”, señala Heimberger en el resumen de 'paper' académico, que todavía está en fase de revisión.

Según este investigador, los “ajustes” presupuestarios en nuestro país tendrán que alcanzar los 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028. Esta cifra es algo menos de la mitad de todos los recortes que se realizaron entre 2011 y 2014, como se puede observar en el gráfico. La estimación es similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España.

Esta vez, España parte de una posición privilegiada respecto al resto de grandes economías de la UE. La recuperación del shock de a COVID ha sido más intensa en nuestro país por el 'tirón' del turismo, la fortaleza de exportaciones de otros servicios y, sobre todo, por las políticas de protección de las rentas de las familias y de las empresas (incremento del SMI, financiación de los ERTE, medidas anti inflación...) y por las transformaciones estructurales positivas en el mercado de trabajo gracias a la reforma laboral.

La mayoría de las medidas que han apoyado la salida de la pandemia han sido posibles precisamente porque, ante el golpe sanitario, social y económico que se sufrió en 2020, la Comisión Europea levantó las reglas fiscales y permitió que los gobiernos dispararan sus desequilibrios presupuestarios (el déficit) y sus deudas para financiar el incremento del gasto —la sostenibilidad de ambos se mide en relación al PIB—.

Tras alcanzar máximos en 2020, estas ratios de déficit y deuda pública se han reducido rápidamente en España gracias al ritmo récord de creación de puestos de trabajo y al crecimiento económico —al aumentar el PIB, se reducen automáticamente los desequilibrios y así ocurrió con la última corrección al alza de la Contabilidad Nacional del INE, como se observa en segundo y el tercer gráfico de esta información—.

Ahora, el Gobierno tiene que presentar a la Comisión Europea un plan de cuatro años que prolongue esta reducción de la ratio de deuda pública y que se comprometa a limitar el crecimiento del gasto público (el déficit tiene que ser inferior al 3%, pero ha dejado de ser la principal referencia en las nuevas reglas fiscales). Es decir, en las próximas va a quedar definido el corsé al que tendrán que ceñirse los presupuestos públicos.

Las proyecciones de avance del PIB, que superan el 2% tanto para 2025 como para 2026, favorecen la tarea para nuestro país. Pero el Gobierno tiene más problemas en el plano político: la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 va a impedir que España incluya “el plan presupuestario” en el envío del plan estructural del 15 de octubre a Bruselas.

“En un entorno normal, para el cual el 15 de octubre no tenemos ese borrador de Presupuestos Generales del Estado, no vamos a presentar un plan presupuestario porque la Comisión ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica”, explicó este lunes el ministro Cuerpo a su llegada Luxemburgo, donde participó en una reunión con sus homólogos de la eurozona (Eurogrupo).

Esta incertidumbre política no es ajena tampoco a Francia y a Italia, donde además las exigencias de recortes de las nuevas reglas fiscales son mayores incluso que en los años de la austeridad posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, según se puede ver en el primer gráfico de esta información. Para el investigador Heimberger, “la consolidación fiscal [prevista en las nuevas reglas fiscales de la UE puede dar lugar a recesiones económicas o al menos a un estancamiento, lo que puede desencadenar un aumento mayor de lo previsto de los ratios de deuda pública a corto plazo”.

Bruselas “utiliza hipótesis de base (excesivamente) optimistas sobre la rápida disipación de los efectos negativos de la austeridad sobre el crecimiento y la inexistencia de efectos indirectos entre países”, prosigue este economista en su informe. En su opinión, los riesgos de fondo son el aumento de las desconfianza de los ciudadanos en los gobiernos y de turbulencias en los mercados financieros.

El FMI ya renegó de la austeridad

En las conclusiones de su investigación, Heimberger recuerda que en abril de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya llegó a la conclusión de que “la consolidación fiscal [la austeridad o, lo que es lo mismo, los recortes en el gasto público] tiene efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”.

“Las consolidaciones fiscales en el momento adecuado (durante las expansiones económicas) y diseñadas adecuadamente (más basadas en el gasto que en los ingresos) tienen una alta probabilidad de reducir de forma duradera el endeudamiento” de los Estados, según detalló el FMI. Pero, “si estas condiciones no acompañan, y en parte porque la consolidación fiscal tiende a desacelerar el crecimiento del PIB, [la austeridad] de media tiene efectos insignificantes sobre el endeudamiento”. 

“Las renovadas reglas fiscales de la UE no garantizan ni un entorno económico favorable ni una combinación adecuada de consolidación fiscal”, lamenta Heimberger.

En mayo, el Consejo Económico y Social (CES) de nuestro país publicó un informe en el que también apuntó que las reglas fiscales “agravarán las consecuencias de las recesiones”, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

El papel del BCE

“Se espera que las contracciones fiscales previstas se lleven a cabo de forma más ordenada que durante la crisis del euro, ya que los planes presupuestarios plurianuales negociados entre la Comisión Europea y cada uno de los países miembros aumentan el grado de previsibilidad para los observadores externos a la hora de juzgar los ajustes y desviaciones anuales necesarios. Sin embargo, queda por ver cómo reaccionarán los mercados financieros si los distintos gobiernos tienen dificultades para acordar un plan de ajuste con la Comisión Europea o si los gobiernos no quieren o no pueden cumplir sus planes cuando cambian las condiciones internas o externas”, analiza Heimberger.

“En la actualidad, la UE está mejor preparada para hacer frente a casos de turbulencias a corto plazo debido a las reformas institucionales aplicadas tras la crisis financiera, aunque persisten importantes deficiencias. Es importante destacar que el BCE es ahora un respaldo más creíble de los mercados de deuda pública de lo que era al principio de la crisis del euro. Mientras los inversores del mercado sigan creyendo que el BCE hará 'lo que sea necesario' para estabilizar los mercados financieros, es posible que se eviten grandes picos en los rendimientos de los bonos [el coste de la deuda en los mercados financieros] para los distintos países miembros que tengan que embarcarse en ajustes fiscales políticamente difíciles y económicamente dolorosos”, explica el economista austriaco.

“Dado que el BCE sólo puede realizar compras de deuda pública en el marco de su TPI (Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria) si el país miembro en dificultades cumple las normas fiscales de la UE y cuando la deuda pública se considera sostenible, puede resultar difícil para el banco central actuar como un respaldo creíble si un gobierno actúa de tal manera que la Comisión Europea y los países miembros pierden la confianza en las ambiciones de ese gobierno para cumplir con la consolidación fiscal”, finaliza Heimberger.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo tiene claro, la actual situación que se vive en Catalunya se discierne entre “Illa o Puigdemont” y el exministro de Sanidad ya demostró sobradamente su valía durante la pandemia. “Conozco bien a Salvador, es lo que necesita Cataluña para recuperar el sentido frente al esperpento de Puigdemont”, ha asegurado.

Barbón ha reconocido estar descolocado, al igual que todo el mundo, con la “actuación” del ex presidente de la Generalitat, tras casi siete años fugado de la justicia. “Decía que venía para defender su posición en el debate de investidura y lo que ha hecho es volver a dejar tirados a los suyos”, ha sentencia el también líder de los socialistas asturianos, asegurando que en política hay que ser coherente con las ideas que cada uno tenga.

Así, pese a ser consciente de que “seguramente me habré equivocado muchas veces”, ha hecho hincapié en que defiende hoy lo mismo que defendía hace cinco años. “Admiro a los políticos que toman una decisión y apechugan con ella”, ha incidido el presidente asturiano.

A vueltas con la financiación autonómica y el acuerdo fiscal alcanzado entre el PSC y ERC Barbón ha dicho que el viernes pasado fue muy claro y que la postura de Asturias está definida en el documento firmado por los grupos parlamentarios asturianos (excepto Vox) el pasado 2020; en la Declaración de Santiago, firmada con los presidentes de las comunidades limítrofes; en los programas de gobierno del PSOE; y en las declaraciones resultantes del 33 congreso de la FSA-PSOE. “No votaré nada que perjudique a Asturias”, ha insistido.

El presidente asturiano ha aclarado que es imposible cuantificar el dinero que perdería Asturias tas el acuerdo de fiscalidad alcanzado para Cataluña, hasta que no se sepa en que situación queda el fondo de solidaridad.

Adrián Barbón ha querido salir al paso también de las declaraciones realizadas hace unos días por el socialista Pedro de Silva, presidente del Principado entre los años 1983 a 1991, en las que aseguraba que, una vez finalizado todo el proceso en torno a la financiación autonómica, si el pacto catalán se lleva a cabo, el PSOE saltará por los aires y “el primero, Pedro Sánchez”.

Al respecto Barbón ha manifestado la certeza de que en el PSOE habrá debate, tanto dentro de los órganos del partido como en los órganos institucionales. “No tengo ninguna duda de que así será”, ha remarcado.

Poner algún tipo de freno a los alquileres vacacionales se ha convertido en uno de los ejes de la política de vivienda del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. El verano de 2024 se perfila como otro año récord en la recepción de turistas, tanto locales como internacionales, y la población de ciudades como Cádiz, Málaga o Barcelona ha salido a la calle para protestar contra la masificación y el efecto que tienen los pisos turísticos en el alquiler residencial, donde los altos precios provocan que la mitad de los inquilinos viva en riesgo de pobreza, según ha reconocido el Banco de España.

Ya hay varias propuestas sobre la mesa de las formaciones que integran el Ejecutivo. Unas persiguen un mayor –y mejor– control de la oferta y de qué se anuncia en las plataformas tipo Airbnb o Booking. Otras, elevar la presión fiscal para conseguir que este tipo de arrendamientos no sean tan jugosos para los propietarios y convencerles para que devuelvan esos pisos al alquiler tradicional. Respecto al marco fiscal común, el Ejecutivo sí tiene margen de maniobra, mientras que en la regulación está más encorsetado, porque las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y las de urbanismo, de los ayuntamientos. Un reparto que hace imposible que las casas y pisos turísticos compartan una normativa común en toda España.

Medidas fiscales

“Hay que conseguir que sea más rentable alquilar viviendas para vivir que para uso turístico”. Con este objetivo, Carlos Martín Urriza, portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario de Sumar, presentó este miércoles una batería de propuestas fiscales para elevar los impuestos a los rentistas y empresas que buscan obtener rentabilidades importantes arrendando casas y pisos para vacaciones —en esta información se explica la responsabilidad de la banca y de la política monetaria en este proceso—.

“Se puede elevar la fiscalidad de los alquileres turísticos o de temporada para reducir su rentabilidad y hacer más atractivo su alquiler como residencia habitual”, incide la propuesta no de ley presentada por Sumar. Una PNL (en la jerga parlamentaria) que busca espolear al Gobierno de coalición del que la propia plataforma forma parte. 

“Se podría incluir a las viviendas de uso turístico en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”, pidió este miércoles Carlos Martín Urriza. Actualmente, están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) que varía, dependiendo de la Comunidad Autónoma, entre el 6% (Madrid) y el 11,5 % (Baleares).

“El IVA aplicable a los apartamentos turísticos podría ser —dentro de la normativa europea— del 21%, por encima del IVA del 10% que abonan los clientes que se alojan en un hotel o equivalente”, prosigue la propuesta de Sumar. La justificación para esta mayor tributación reside en las externalidades positivas que devienen de un establecimiento hotelero frente a un apartamento turísticos (mayor creación de empleo, cumplimiento de una estricta normativa de turismo, de seguridad e higiene, atención permanente personalizada, etc.), así como de las externalidades negativas que se derivan de los apartamentos turísticos (expulsión de la población autóctona del centro de las ciudades, gentrificación, molestias para los vecinos, etc.).

Como excepción, “el 10% de IVA se podría establecer para aquellas viviendas turísticas que sí son residencia habitual y donde el propietario comparte temporalmente la vivienda. La justificación de esta menor tributación es que, en este caso, no se produce expulsión de la población autóctona”.

Preguntada por esta cuestión este mismo miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que “el tema del IVA tiene que estar armonizado con el resto de la Unión Europea (UE). No es un impuesto sobre el que cada Estado miembro podamos mover los tipos según nuestro interés sino que hay márgenes en los que nos tenemos que mover”. 

De hecho, Montero recordó que, “justamente, se está trabajando en una nueva directiva [europea] del IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de alquileres turísticos”. En este marco, “vayamos paso por paso. Primero, en Europa, y luego si las fuerzas políticas están de acuerdo se podría implantar esta medida en las zonas tensionadas”, finalizó la vicepresidenta.

La propuesta de Sumar hace una definición de zona tensionada en cuanto al alquiler turístico para desplegar sus medidas. Lo serían todas las ciudades de más de 200.000 habitantes, también las poblaciones con una masificación superior a 10 turistas por habitante, y Baleares y Canarias, en conjunto.  

En estas “zonas tensionadas”, el grupo parlamentario de Sumar suprimiría “la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización, y de mejora de la vivienda en el cálculo de los rendimientos del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)”; y, además, “elevaría la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en los períodos de no ocupación”.

No todos los rentistas pagan IRPF —según se detalla en esta otra información—. Algunos, sobre todo las grandes manos (los más ricos) utilizan empresas para alquilar sus viviendas. Para llegar a estos casos, la PNL que presentó Carlos Martín Urriza incorpora “suprimir la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda destinada a alquiler para fines turísticos” en el impuesto de Sociedades, siempre en “zonas tensionadas”.

Por último, exige “un gravamen especial del 25%” sobre el importe de los beneficios obtenidos por las Socimi en el ejercicio, “en el caso de que [estas sociedades de inversión] hayan realizado en algún momento del periodo impositivo actividades de arrendamiento de vivienda”. De nuevo en “zonas tensionadas”, tampoco serían “deducibles los gastos de financiación, de amortización y de mejora de la misma”.

Controlar la oferta y dar poder a las comunidades de vecinos

Uno de los problemas clave en cómo regular las viviendas turísticas, sea la administración que sea, está en que gran parte de la oferta opera sin ningún tipo de licencia, por lo que no es posible saber cuántos pisos turísticos hay en realidad. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene constancia de que solo unos 1.000 de los más de 13.500 inmuebles que tiene en el radar opera con la licencia necesaria. Y esta creciente oferta reduce el alquiler residencial, de modo que en algunas localidades ya son el 20% de todo el parque inmobiliario.

Además, la demanda de esas viviendas está disparada. Desde la pandemia, la contratación de estos alquileres en España a través de plataformas como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia se ha disparado un 40% en cinco años y sitúa a este país como el segundo de la Unión Europea donde se reservan más pisos turísticos, como desglosamos en esta información. 

En este escenario, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha comprometido a poner en marcha lo antes posible un registro donde figuren tanto los pisos turísticos con licencia, como aquellos que están en alquiler por temporada. Este último está pensado, en teoría, para arrendamientos de menos de un año de estudiantes o profesionales que se desplazan a otra ciudad, pero se ha convertido en un coladero para saltarse la Ley de Vivienda.

Ese registro compartido entre la administración central y las autonómicas aún está por definir y desarrollar, pero según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa conllevará que cada vivienda en alquiler tenga un tipo de matrícula, que indique a qué tipo de alquiler está sujeto y, si no dispone de una ligada al arrendamiento turístico, no se podrá anunciar en las plataformas online.

Además, Vivienda trabaja en cambios legales para dar poder a las comunidades de vecinos y que puedan decidir si quieren o no pisos turísticos en sus fincas. De hecho, es algo que ya pueden hacer porque una sentencia del Tribunal Supremo les da potestad de hacerlo, pero lo que busca Vivienda es que tengan que pronunciarse sí o sí. Para ello prepara un ajuste, que calificó como “quirúrgico” de la Ley de Propiedad Horizontal para “empoderar a los vecinos”, indicó Rodríguez. 

Precisamente, la ministra se ha reunido este miércoles con representantes de Airbnb en España a los que ha reclamado “colaboración” de cara al futuro Registro Único Estatal de alquileres turísticos para que “sea útil para el país”. “Todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda formen parte de una gran Alianza de País para aportar soluciones a la situación actual en materia de vivienda”, indica el Ministerio. Los sindicatos de inquilinas e inquilinos han sido muy críticos con esta reunión y reclaman que Isabel Rodríguez también mantenga un encuentro con los representantes de los arrendatarios.

El último informe sobre “la ejecución presupuestaria” regional del Ministerio de Hacienda, con datos hasta abril, muestra que el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos) acumulado en 2024 de la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP (en coalición o no con Vox) supera la media nacional. Uno de los principales motivos es la competencia fiscal a la baja, en la que destaca el caso de Andalucía, el único territorio donde desciende la recaudación de todos los tributos cedidos por el Estado tras apuntarse a las bajadas de impuestos espoleadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Los últimos años han sido “temporada de rebajas” en las Comunidades Autónomas, según ironizan distintos expertos. Una política de bajadas de impuestos y de bonificaciones bajo la premisa de que la pérdida de ingresos sería compensada por un mayor crecimiento de la actividad económica, más inversión y más creación de puestos de trabajo que no se ha cumplido en buena parte de los casos, según reflejan los datos, y que chocan con las exigencias de “ajustes” que han regresado desde la Comisión Europea con las nuevas reglas fiscales.

En el informe de Hacienda también resalta los hundimiento en la recaudación en 2024 por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Illes Balears, Cantabria, Galicia, La Rioja o la Comunitat Valenciana, respecto al primer cuatrimestre de 2023. Todas gobernadas por la derecha. De hecho, la última presenta un 'cuadro' parecido a Andalucía respecto al resto de impuestos cedidos.

Un modelo fiscal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó frontalmente esta misma semana en una entrevista en la Cadena Ser, tras ser preguntado por el debate sobre “la financiación singular” de Catalunya que Esquerra Republicana ha introducido en la negociación para la investidura de Salvador Illa (del PSC) como presidente de la Generalitat. “Yo creo que el principal problema que afronta ahora mismo el Estado autonómico cuando hablamos de la financiación de los ingresos públicos para poder sostener los pilares del Estado del bienestar es, por un lado, los recursos, pero, sobre todo, esta competencia fiscal a la baja que han abierto los gobiernos del Partido Popular con Vox”, dijo Sánchez.

“Porque la paradoja es que estamos viendo como estos gobiernos del Partido Popular o del Partido Popular con Vox están reduciendo los impuestos o suprimiendo los impuestos a los ricos. Por tanto, hay un detraimiento de los ingresos públicos y, por tanto, un deterioro de los servicios públicos. Y además le piden al Gobierno de España que les dé más recursos”, añadió.

Los impuestos más importantes cedidos a las Comunidades Autónomas por parte del Estado son Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones y Actos jurídicos Documentados, Juego y Especiales sobre Determinados Medios de Transporte, junto a una parte del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). En marzo, el Consejo General de Economistas (CGE) ya advirtió en un informe que más de la mitad de las regiones redujeron este tarifa autonómica del IRPF entre 2022 y 2023.

La justificación extendida de estas “rebajas” ha sido “aliviar” el impacto de la inflación a las familias, pero ha coincidido principalmente entre las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha (Madrid, Aragón, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Canarias, Euskadi.. y también Navarra).

El paralelo, casi todas las regiones han bajado o bonificado los tributos para recibir herencias y donaciones, incluso en bloque reaccionaron ante la aprobación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por el Gobierno de coalición precisamente para subsanar la competencia fiscal a la baja (antes las bonificaciones previas del 100% de Madrid y Andalucía, y del 50% en Galicia).

“En su primer año (2023) de existencia, [este impuesto a las Grandes Fortunas] recaudó unos 640 millones de euros. Por otra parte, la última estadística de resultados del Impuesto sobre Patrimonio indica que la cuota del tributo en la Comunidad de Madrid procedente de las personas cuyo patrimonio supera los 2 millones de euros, obligados a declarar aunque no deban pagar por la bonificación del 100%, es de más de 1.200 millones de euros. Hablamos de menos del 1% más rico de la región, menos de 20.000 contribuyentes. Lo cual significa que si el Estado hubiese conservado la facultad de regular el impuesto, se habría recaudado, solamente en Madrid y únicamente de los patrimonios superiores a 2 millones (menos del 1% de la población madrileña) el doble de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas en toda España”, explica el experto Ricardo Rodríguez en un artículo reciente.

La competencia fiscal a la baja promocionada por la derecha embarra el debate sobre la reforma de la financiación que el Gobierno y las Comunidades Autónomas van a abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se convocará en este mes de julio, según ha confirmado la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una reforma condicionada por las exigencias de una “financiación singular” por parte de los partidos nacionalistas de Catalunya, con los conciertos de Euskadi y Navarra como modelo.

“Cuando hablamos de financiación autonómica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo financiamos la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas aquellas políticas del Estado del Bienestar que están en manos de las Comunidades Autónomas”, reflexionó Pedro Sánchez este lunes.

“Tratar de manera desigual a quien es desigual”

“Este es un Gobierno que desde hace seis años a esta parte lo que ha hecho ha sido fortalecer los pilares del Estado del Bienestar. Hemos puesto más recursos que nunca para la dependencia, por cierto, revirtiendo los recortes que infligió la derecha cuando gobernaba en el Sistema Nacional de Dependencia. En educación, por ejemplo, estamos avanzando en la universalización de la educación de 0 a 3 años. En estos seis años hemos invertido o hemos transferido para ser más exactos a las Comunidades Autónomas nada más y nada menos que 250.000 millones de euros más de media que lo que hizo el señor Rajoy cuando gobernó España”, prosiguió.

“Por tanto, hay una apuesta clara por reforzar los pilares del Estado del Bienestar que están en manos de las Comunidades Autónomas. Y hay una apuesta clara también por incorporar esas singularidades de todos los territorios al nuevo sistema de financiación autonómica. Ese es mi compromiso”, afirmó el presidente del Gobierno, quien considera que “todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades y, por tanto, tenemos que respetarlas e incorporarlas, porque eso al final también es la garantía de la igualdad. Tratar de manera desigual a quien es desigual”

La propuesta de Pedro Sánchez pasa por “una negociación multilateral”. “Bueno, es que además la Constitución te lo dice”, añadía. La financiación de cada comunidad autónoma “es distinta, aunque evidentemente tiene unos unos parámetros, digamos comunes y de ahí la multilateralidad. Pero no es lo mismo la financiación que tiene la comunidad de Asturias o de Galicia que la que puedan tener comunidades autónomas altamente densamente pobladas, como pueda ser la catalana, la valenciana o la o la madrileña. Pero bueno, es un debate que tenemos abierto. Es que desde 2010 que no renovamos el sistema de financiación autonómica. Y creo que el principal interpelado debería ser el partido que ahora mismo ostenta la mayor parte de los gobiernos, ya sea en solitario o en coalición con la otra parte”, concluyó.

Un aviso sobre una oleada de recursos de inconstitucionalidad por parte de del resto de territorios si se aprobara una “financiación singular” para Catalunya lo hace el catedrático José María Lago, en otra entrevista: “[La Carta Magna] no prevé en modo alguno sistemas de financiación específicos, más que los de Euskadi y Navarra, que habría que retocar y ajustar extraordinariamente. No podemos hacer 17 regímenes de financiación específicos para las comunidades. Evidentemente es imposible sostener un sistema de financiación en el que los impuestos, básicamente y con pequeñas diferencias sean los mismos, los contribuyentes sean los mismos, las aportaciones de los ciudadanos sean las mismas y que la financiación por habitante para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales sea distinta”.

En el pacto para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC se contempló ya “una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Catalunya”. En ese documento, firmado a finales de 2023, hay un apartado titulado “gestión singular” que da una idea de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Gobierno. En este pacto se recoge la necesidad de transferencias del Estado para financiar los servicios de seguridad (de los Mossos) que son competencia única de la Generalitat, a diferencia de la mayoría de las Comunidades Autónomas, al igual que ocurre con las prisiones. Asimismo, se contempla más dinero para “los nuevos órganos judiciales”, para la “investigación y desarrollo” y para becas.

Las nuevas exigencias del nacionalismo irían bastante más lejos y buscarían recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya y, después, transferir una parte al Estado, al estilo de los conciertos de Euskadi y Navarra. De nuevo, un 'cupo' por los servicios que presta el Estado en la Comunidad Autónoma, más otra partida para “contribuir a la equidad entre territorios”.