La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones para incorporar dos líneas extraordinarias de ayuda en esta campaña 2025, una destinada a asegurar la viabilidad del cultivo de la remolacha azucarera, y otra para compensar el sobrecoste de aplicar tratamientos preventivos frente al fuego bacteriano e incentivar las buenas prácticas agrarias en el cultivo de la pera.

Con estas medidas de apoyo, que suman un importe total de 927.000 euros, el Ejecutivo riojano reafirma su compromiso con el sector agrario para hacer frente a los desafíos coyunturales que ponen en riesgo la continuidad y viabilidad económica de cultivos estratégicos para la región.

La línea de apoyo para los productores de remolacha azucarera se acoge al régimen de mínimis y cuenta con un presupuesto de 187.000 euros. Se podrán acoger a estas ayudas todos los remolacheros riojanos según la superficie sembrada esta campaña. El objetivo es compensar la merma de rentabilidad causada por la actual bajada de precios en los contratos firmados para esta cosecha como consecuencia de la actual problemática en la producción.

La ayuda de concesión directa será de 400 euros por hectárea y se entenderá realizada por la presentación de la Solicitud Única de la PAC en la presente campaña 2025.

Desde el pasado mes de febrero, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, acompañada de su equipo técnico, ha mantenido varios encuentros de trabajo con los colectivos de la remolacha en La Rioja, la Cooperativa El Cierzo y Arag-Asaja, en los que se puso de manifiesto el problema de la bajada de producción y de la riqueza en azúcar como consecuencia en parte de la enfermedad de la amarillez virótica que afecta al cultivo, ya que tras la prohibición del uso de neonicotinoides no existe un tratamiento eficaz.

De forma paralela, se ha venido trabajando con la industria azucarera, en la búsqueda de soluciones para el establecimiento de condiciones justas que no perjudicaran las rentas de los agricultores.

Ayudas a los fruticultores frente al fuego bacteriano

La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Agricultura también permite implementar ayudas directas que buscan compensar el sobrecosto para tratamientos preventivos en la lucha contra el fuego bacteriano e incentivar buenas prácticas agrarias en el cultivo de la pera. La partida de 740.000 euros destinada por el Ejecutivo riojano permitirá aliviar las pérdidas económicas que de forma excepcional están sufriendo las explotaciones de fruta de pepita riojanas y contribuirá a restablecer su viabilidad.

La ausencia de tratamientos curativos y eficaces autorizados en España ha complicado la situación ante la rápida expansión de la enfermedad en el valle del Ebro. Por ello, los técnicos de la Consejería, además de reforzar las medidas de vigilancia y control, han trabajado de manera conjunta en los pasos a seguir en la lucha contra el fuego bacteriano, junto a la DOP ‘Peras de Rincón de Soto’ y las OPA.

En este sentido, en este año en el que las condiciones climáticas además están siendo muy favorables para la propagación de la enfermedad, la Consejería de Agricultura ha impulsado la creación de una mesa técnica, compuesta por personal de la consejería, las OPA y la DO Peras de Rincón de Soto, para coordinar acciones preventivas y de apoyo al sector. Precisamente, una de las medidas a las que se comprometió la consejera Manzanos fue la de estudiar la implementación de ayudas económicas para paliar los daños causados por el fuego bacteriano.

El pasado junio, siguiendo también con las medidas propuestas en la mesa técnica, tuvo lugar una jornada técnica compartida con el subdirector general de Sanidad Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura en la que se pudieron visitar varias parcelas afectadas en Alfaro y Rincón de Soto.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha remitido al Gobierno de La Rioja, la resolución con la autorización excepcional para la comercialización y el uso de productos fitosanitarios formulados a base de fluxapyroxad como fungicidas para el control de telaraña (Dactylium dendroides) en el cultivo del champiñón.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja solicitó al Ministerio esta autorización excepcional tras comprobar las dificultades del sector en los últimos años para combatir eficazmente la enfermedad con las materias activas autorizadas. En este sentido, el sector apunta que la limitación de fitosanitarios permitidos ha sido una de las causas que ha motivado una importante reducción de la producción en 2023.

La autorización para la comercialización y uso tendrá vigencia desde hoy y hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive. A partir de esa fecha, el Gobierno de La Rioja, en contacto con el sector, volverá a pedir la autorización excepcional para 2025 estableciendo los plazos concretados con la Mesa del Champiñón y la Seta.

En este sentido, el Ejecutivo regional en línea con la hoja de ruta definida en el Plan Estratégico del Champiñón y la Seta de La Rioja para la modernización del sector, actúa en el ámbito de sus competencias para ofrecer soluciones ante la reducción de rendimientos, ya que la mayor presencia de patógenos ha supuesto para los cultivadores una merma de la productividad en torno al 10%-15%. 

A través del Plan Estratégico de la Seta y el Champiñón 2024-2027 se pretende incrementar la capacidad asociativa del sector y la colaboración público-privada para modernizar y revitalizar el sector a través de la cofinanciación de las inversiones de modernización.  Por ello, el Gobierno de La Rioja sigue mostrando su compromiso con el sector y anima a continuar con las acciones definidas en los ejes del plan, con un sector que es líder en producción con 225 explotaciones en La Rioja y que emplea a más de 2.550 trabajadores.

Aunque en España se analiza poco la presencia de insecticidas, herbicidas o fungicidas en lo que comemos, la Agencia Española Alimentaria (AESAN) halló hasta 106 tipos diferentes de plaguicidas en los alimentos que llegan a los consumidores, según la recopilación de datos hecha por Ecologistas en Acción.

Con datos de 2022, de los 106 plaguicidas que se han detectado, hay 59 considerados disruptores endocrinos y otros 32 productos que no están permitidos (porque son muy tóxicos) que llegan muchas veces por autorizaciones de uso excepcional.

Los resultados del análisis de los datos oficiales que ha presentado este miércoles Ecologistas revelan que los alimentos más contaminados son las frutas y verduras, en las que un 43% de los productos analizados presentó plaguicidas, muy por delante de los cereales, con un 9%.

En el grupo de los tomates se han hallado 31 plaguicidas (19 posibles disruptores), en las manzanas 22 fitosanitarios, en las naranjas otros 22, igual que en las mandarinas. En las lechugas seleccionadas se encontraron 21 productos químicos.

“En el top de alimentos con más plaguicidas siempre están los más utilizados, los que se pueden comprar todo el año porque están disponibles en las estanterías”, apostilla el responsable del trabajo, Koldo Hernández.

Lógicamente, a los cultivos no se les aplica una única sustancia así que, una misma pieza puede presentar un cóctel químico: se han analizado alguna perascon nueve tipos de plaguicidas, una mandarina con ocho y algún tomate también con ocho productos.

Este control de plaguicidas, obligatorio por la legislación europea, es, a juicio de esta organización, muy poco exhaustivo. Desde luego si se compara el nivel de análisis en España con el resto de la Unión Europea, parece que es así.

España está a la cola en muestras analizadas por 100.000 habitantes con 3,61. Muy lejos del máximo de la UE, Bulgaria, que analizó más de 200. Tampoco se está cerca de las otras potencias agrícolas de la Unión: Alemania controla 22 alimentos por cada 100.000 habitantes, Francia unas 19 muestras e incluso Portugal analiza más de nueve.

En este sentido, en España no se ha buscado, por ejemplo, Glifosato, el herbicida más extendido, vendido y utilizado tanto por privados como las administraciones públicas. “De 30 países que participan en estos análisis, 25 sí buscaron glifosato, un producto que está en un tercio de los ríos y acuíferos españoles”, remata Hernández para ilustrar el bajo nivel de análisis en España.

España es una potencia agrícola en Europa. Y está a la cabeza en la venta y uso de plaguicidas. De hecho, ha encabezado la lista de la UE en 2020 y 2021. En 2022 ha pasado a ser segunda, por detrás de Francia. Ese año hubo un descenso generalizado en el uso de pesticidas y España, en particular, vio caer mucho el volumen: se pasó de 76 a 56 millones de kilos en un año. “Se debió en gran parte al incremento de los precios”, dicen los ecologistas.

España está a la cabeza de ventas de plaguicidas en Europa. Ha encabezado la lista en 2020 y 2021 y fue la segunda en 2022. En 2022 hubo un descenso generalizado, según reflejan las tablas de Eurostat, en el uso de estos productos “debido en gran parte al aumento de precios”, explican los ecologistas: se pasó de 76 a 56 millones de kilos.

El uso intensivo de pesticidas en la UE durante mucho tiempo ha hecho que los suelos en los que se aplican presenten ahora niveles de tóxicos mucho más elevados de lo que se había previsto y calculado a la hora de autorizar el uso de esos productos. Los resultados del estudio muestran que casi todos los suelos europeos contienen mezclas de residuos de pesticidas y que la manera de calcular su presencia puede no ser fiable“, concluyó el estudio de la Universidad de Wageningen que reveló esas concentraciones inesperadamente elevadas.

De todos esos pesticidas detectados en alimentos en España, en muy pocas ocasiones las cantidades del compuesto incumplían los máximos permitidos por la normativa. Apenas un 0,6%. “Pero el límite máximo es el mismo para los adultos hombres y mujeres, que para los niños y los ancianos”, contrapone Koldo Hernández. Además, una cosa es la regulación y otra la ciencia: no hay dictamen sobre la acumulación en el tiempo de estos productos ni sobre el efecto combinado de estar expuesto a varios tóxicos a la vez. “Nadie está expuesto a uno solo”, dice Hernández. “¿Cómo se evalúa el efecto combinado de 50 sustancias? Vivimos en una ficción que nos da seguridad”, remata.

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado la presencia generalizada de pesticidas –hasta 17, algunos de ellos prohibidos desde 2009– en los parques nacionales de Doñana y Tablas de Daimiel. En el caso de Doñana, el CSIC señala que Doñana lleva “más de una década” padeciendo “serios problemas de sequía”, pero “no solo la cantidad de agua es preocupante, sino también la calidad de la misma”.

Publicado en la revista Chemosphere, el trabajo es el “más completo” realizado hasta la fecha sobre fitosanitarios en Áreas Protegidas de España, incluyendo el análisis de más de un centenar de pesticidas hidrofílicos e hidrofóbicos en muestras de agua y de sedimento. También se realizó una evaluación de riesgos con el fin de resaltar los peligros potenciales para los organismos acuáticos derivados de la carga de fitosanitarios.

“A pesar de que la normativa de los parques nacionales es la de mayor protección legal, los pesticidas provenientes de las actividades agrícolas cercanas están afectando a los seres vivos que en ellos habitan. De hecho, un estudio previo de nuestro grupo ya indicaba que la acumulación de pesticidas en algunas especies de aves del Parque Nacional de Doñana reducía su capacidad reproductiva”, señala la investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) Ethel Eljarrat, autora principal del estudio.

Fitosanitarios prohibidos desde 2009

En los últimos años se han encontrado problemas relacionados con la agricultura intensiva en áreas protegidas por su daño potencial a la fauna silvestre. Otro estudio previo del mismo grupo de investigación ya alertaba sobre la presencia de algunos pesticidas como la bifentrina, un insecticida piretroide cuyo uso agrario está prohibido, en muestras de huevos de aves recolectados en Doñana. Estos hallazgos motivaron la continuación del estudio para evaluar el nivel de contaminación en aguas y sedimentos e identificar posibles prácticas agrícolas ilegales en el entorno de estos espacios protegidos.

Los resultados revelan la presencia generalizada de pesticidas en Doñana y en Tablas de Daimiel, aunque en el primer caso los niveles son superiores. Tanto en las muestras de agua como en las de sedimento, se han encontrado varios fitosanitarios prohibidos por la Unión Europea desde 2009 para uso agrícola.

Aunque la presencia de pesticidas prohibidos en sedimentos puede deberse a la persistencia de los compuestos en el medio, la detección de hasta 17 pesticidas prohibidos –como el clorpirifós, la terbutrina o el diazinón– en las muestras de agua estaría indicando un uso reciente. También es habitual encontrar otros productos que, si bien si eran aptos en 2021 cuando se realizó el muestreo, no se pueden usar desde 2022, como el oxadiazón o la ciflutrina, entre otros.

“Peligrosa para la fauna acuática”

“Es importante llevar a cabo más estudios como este que nos permitan verificar si los nuevos compuestos introducidos en la normativa de 2022 se han dejado de utilizar y, de no ser así, actuar en consecuencia”, destaca Ethel Eljarrat.

La coautora del estudio e investigadora del CIDE, Yolanda Picó, ha señalado que “en Doñana y en las Tablas de Daimiel se observa la influencia de los productos fitosanitarios que se utilizan en los cultivos circundantes en la contaminación de estos. Esta contaminación en muchos casos muestra que puede ser peligrosa para la fauna acuática y, sobre todo, una importante capacidad para afectar a la biodiversidad”.

Otro dato que considera “interesante” el estudio es la detección de mayores niveles de contaminación en algunos puntos cuyo caudal, en el momento del muestreo, era menor. “Esto pone de manifiesto que la escasez de agua provoca el aumento de la concentración de la contaminación”, indica el conservador del espacio natural de Doñana, coautor del trabajo, Miguel Ángel Bravo.

Evaluación del riesgo por pesticidas

El estudio también incluye una evaluación del riesgo de la presencia de fitosanitarios para los organismos acuáticos, por lo que la investigación proporciona un “valioso conocimiento” sobre el impacto de las actividades agrícolas en dos áreas protegidas.

“Nuestros resultados incluyen la evaluación de los riesgos potenciales de la contaminación por pesticidas en las aguas, pero también en los sedimentos, y sugieren riesgos potenciales de moderados a altos en todos los puntos de muestreo de ambos parques nacionales”, indica Eljarrat.

La investigación liderada por el IDAEA tenía como objetivo evaluar el impacto ambiental de las actividades agrícolas en el entorno de estas áreas protegidas. En el trabajo han participado también la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA).

Este artículo ha sido elaborado por Maldita.es para 'elDiario.es' en el marco del proyecto Clima Informa para prevenir la desinformación relacionada con el clima y el medio ambiente.

“¿Son de Marruecos?”. Ramón Domínguez, frutero en el mercado de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuenta que esa es la primera pregunta que todavía hoy hacen muchos clientes cuando van a comprar fresas. Los demás tenderos coinciden: los consumidores rechazan de plano las hortalizas del país vecino. “Prefiero pagar un poco más antes de comprar productos de Marruecos”, apunta una clienta habitual de otro puesto de frutas y verduras.

Las razones son variadas: muchas personas hablan de los controles sanitarios, otras de que quieren proteger el producto nacional. Las importaciones de fruta y verdura marroquíes a la Unión Europea no son nuevas, y el hecho de que Marruecos y España en concreto sean socios comerciales, tampoco. Pero el descontento de los trabajadores del campo en España y las recientes alertas sanitarias han disparado la atención sobre la agricultura marroquí generando una conversación donde los hechos reales se mezclan con la desinformación.

La UE y Marruecos tienen un acuerdo de comercio agrícola y pesquero desde 2012

Por la intensidad del debate, puede parecer que las relaciones comerciales de España y la Unión Europea con Marruecos son recientes. Pero estas relaciones tienen una “larga historia”, recuerda Jesús Arteaga Ortiz, catedrático en internacionalización de empresas y coordinador del manual de internacionalización del ICEX y todos los expertos consultados.

La UE tiene un acuerdo de asociación con Marruecos, entre otros países, que lleva en vigor desde el año 2000. En 2012, este acuerdo se modificó para introducir el libre comercio de productos agrícolas y pesqueros mediante la reducción del 55% de los aranceles a las importaciones desde Marruecos en diez años (y el 70% de los aranceles a las exportaciones a Marruecos). El pacto ha beneficiado a la agricultura marroquí, pues el año pasado las importaciones de frutas y verduras procedentes de Marruecos ya se habían multiplicado por cuatro desde la firma, según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores (Fepex) con datos del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.

En 2017, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo incluyó a Marruecos en su lista de Países con Actuación Sectorial Estratégica, un grupo de países con potencial de desarrollo para empresas españolas en determinados sectores. Por eso tampoco es una novedad que se aprueben estrategias estatales para favorecer la influencia española en el país vecino.

Un ejemplo son las infraestructuras hidráulicas, como las desaladoras para riego. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el Ejecutivo ha aprobado tres préstamos para construir tres desaladoras y dos potabilizadoras por un total de 260 millones de euros, un dinero que debe ser devuelto por las organizaciones que lo han recibido, que son tanto empresas privadas como organizaciones públicas marroquíes. A esto se suman 850.000 euros en ayudas otorgados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para proyectos relacionados con el agua en suelo marroquí, que sí son a fondo perdido.

Pero estos datos tienen otra dimensión puestos en perspectiva: la inversión bruta española acumulada de 1993 a 2022 para todo el continente africano está en torno al 1% de todas las inversiones internacionales que ha hecho nuestro país, recuerda Jesús Arteaga Ortiz citando datos del Registro de Inversiones Exteriores, Ministerio de Economía y Competitividad.

Por qué ahora

¿Por qué se habla más de Marruecos últimamente? “Porque el campo ha explotado”, dice tajante Bartolomé Ramírez. Él y otros miembros de su cooperativa de Las Virtudes en Conil (Cádiz) participaron en las protestas agrícolas de febrero y aún tienen muy presentes sus demandas, como la reducción de la burocracia para gestionar sus explotaciones agrarias.

Algo ha cambiado desde las protestas de febrero, como el acuerdo al que llegó en marzo el Comité Especial de Agricultura de la UE para eliminar algunos de los requisitos medioambientales necesarios para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común, cambios a los que el Consejo ha dado luz verde definitiva este lunes. Pero estas modificaciones no parecen ser suficientes, al menos para el gerente de esta cooperativa local y para las asociaciones agrícolas que comenzaron hace meses una oleada de protestas con la mirada puesta en las elecciones europeas.

Alertas sanitarias sobre productos marroquíes: ni hay más, ni son más graves

“Las de Marruecos, evidentemente, por lo que tú sabes que ha ocurrido, no voy a comprarlas”, dice una clienta habitual en el mercado de Jerez de la Frontera. El 4 y 15 de marzo, las autoridades fronterizas españolas notificaron la presencia del virus de la hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos que habían entrado por el puerto de Algeciras (Cádiz). El primer lote nunca llegó a distribuirse a los mercados y la segunda alerta se retiró semanas después, pero la alarma cundió entre la población, con las protestas agrícolas aún en la calle, y los tenderos lo siguen notando.

El número de alertas emitidas por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Comisión Europea en lo que va de 2024 para alimentos procedentes de Marruecos es seis, lejos de las 15 que se habían emitido a esas alturas del año en 2021. Las alertas de Marruecos no son más numerosas que las de otros países (el que más provoca es Turquía) ni más graves: un 36% adquieren esta categoría, pero otro tercio son calificadas como “leves” y en el resto no se especifica, comparadas por ejemplo con las de alimentos producidos en Francia, que se califican como graves en un 70%.

El sistema RASFF registra decenas de alertas de alimentos y piensos contaminados cada día, pero no todas suponen un riesgo para la salud ni llegan a los consumidores, según un análisis de Maldita.es. Esas notificaciones “no van dirigidas a los consumidores, sino a las autoridades de los países miembros para que puedan tomar medidas”, aclara Beatriz Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos.

El riesgo de los pesticidas y los productos fitosanitarios

En la Unión Europea está fuertemente regulado el uso de productos fitosanitarios (pesticidas y otras sustancias químicas que evitan enfermedades en las plantas) nocivos para el medioambiente o la salud humana, pero está permitido el comercio de frutas y verduras cultivadas con sustancias prohibidas en terceros países siempre que no superen determinados límites máximos de residuos.

Esto genera indignación en los agricultores españoles y narrativas desinformadoras en la ciudadanía. Tras la primera alerta sanitaria por hepatitis A en fresas marroquíes corrieron las desinformaciones que aseguraban o insinuaban que en los productos provenientes de Marruecos es habitual que haya sustancias peligrosas, como un vídeo donde se iluminaban unas judías verdes con luz ultravioleta, aunque este método no pueda demostrar la presencia de contaminación.

¿Qué supone para la seguridad alimentaria que se empleen esas sustancias en los cultivos? Beatriz Robles explica a Maldita.es que, cuando se han utilizado fertilizantes o fitosanitarios “residuos va a haber”. “Lo que debe preocupar a las autoridades es que se mantengan por debajo de los límites máximos permitidos”, tanto para los productos permitidos en la UE como para los permitidos en terceros países.

“Incluso si esos límites máximos se superasen”, añade Robles, “hablamos de cantidades muy bajas, por lo que no producirían en principio efectos adversos inmediatos. El problema es la exposición crónica, a largo plazo, y el efecto dependerá del tipo de fitosanitario”, explica la experta, que recuerda que lavar bien reduce la exposición a estos residuos.

“Son dos euros de ventaja por la etiqueta”

“Un kilo de fresas de Marruecos vale un euro. Un kilo de fresas españolas, tres. Son dos euros de ventaja por la etiqueta”. El dueño de un restaurante situado en los invernaderos del municipio de Chipiona (Cádiz) asegura que algunas empresas españolas cultivan en Marruecos pero ponen etiqueta española a los productos para venderlos a precio de producto nacional. No es el único de los entrevistados para este reportaje que lo insinúa sin dar nombres.

Todos los días se comparten imágenes y vídeos en redes asegurando que las empresas hortofrutícolas emplean toda clase de trucos para ocultar la procedencia real de los productos: desde indicar un doble origen hasta tapar los códigos de barras con etiquetas para evitar la trazabilidad.

Sobre el reetiquetado de productos marroquíes como españoles, se sabe que en febrero de 2020 la Junta de Andalucía investigaba a seis empresas distribuidoras por esta práctica. En 2021, la agencia Europa Press se hacía eco de 26 expedientes sancionadores abiertos por la Consejería de Agricultura en la provincia de Almería desde 2019, lo que suponía un “3,8% de todas las inspecciones realizadas hasta el momento”, según la agencia de noticias.

Es difícil confirmar y perseguir esas prácticas, y ese espacio de incertidumbre genera desinformación que impacta de facto en los consumidores. Ramón Domínguez lo cuenta: sus clientes no sólo rechazan los productos marroquíes sino que también miran con recelo a las fresas de Huelva porque saben que algunas empresas onubenses tienen un pie en ambos países. “Las de Huelva las he tenido que tirar”.

Oferta y demanda

“Oferta y demanda: cuando hay mucho producto, los precios bajan. Si cultivan allí pero traen el producto a este mercado, nos queda malvender”, dice Bartolomé Ramírez, gerente de una cooperativa que distribuye hortalizas y frutas en Cádiz a nivel provincial. Dice que las empresas españolas que han trasladado toda o parte de su actividad a Marruecos “hacen mucho daño” especialmente a las medianas empresas porque hunden los precios.

En línea con el agricultor gaditano, el investigador en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC Tomás García Azcárate explica que “los que están sufriendo con estos cambios son sobre todo las explotaciones familiares profesionales”. Pero asegura que con el tiempo podrán adaptarse igual que hicieron sectores como el calzado, el juguete o los muebles: “Después de unos años difíciles, un importante tejido de empresas familiares se está recuperando a base de adaptación, calidad, segmentación del mercado y garantía de suministros”. Jesús Arteaga coincide en que pueden “generarse desafíos para las que optan por quedarse en España, pero también estimular la innovación y la cooperación” entre ellas.

En febrero de 2024 eran ya 330 las empresas españolas de todos los sectores que tienen presencia en Marruecos, según el ICEX. Tampoco es nuevo en la industria agraria y de la alimentación, pues algunas grandes empresas del sector llevan en Marruecos en torno a una década. ¿Operar en suelo marroquí aprovechando menores costes de producción es competencia desleal? “Mi respuesta es que no”, dice García Azcárate. “No olvidemos que estas mismas razones son las que expresan los agricultores franceses para atacar los camiones españoles en sus autopistas”. Arteaga tampoco lo llamaría competencia desleal sino “desigual” porque los pequeños productores locales pueden tener dificultades para competir con grandes empresas.

“Marruecos es un socio histórico clave de Europa, una pieza clave en el delicado equilibrio de esta ribera del Mediterráneo, entre Argelia, Túnez y Libia”, resume García Azcárate, añadiendo que también es “un destino importante de las exportaciones españolas”.

Sin embargo, las narrativas sobre la huerta marroquí son la mezcla perfecta de hechos reales que se amplifican y tergiversan para generar desinformación en un contexto donde puede ser útil: atraer la atención pública sobre unas demandas sociales, contrarrestar un fenómeno en expansión o embarrar el debate en época preelectoral.

Fermín Salcedo atiende desde su tractor, pues está labrando la tierra para los cultivos del próximo verano: calabacín, pimiento, berenjena, tomate, pepino, sandía y melón. Tiene una explotación de 27 hectáreas que trabaja junto a Julio Quilis y Francisco Barat, hijos de agricultor e ingenieros técnicos agrícolas como él. Sus campos, en Valencia, ahora tienen certificación ecológica adquirida en 2011, pero antes allí echaban productos químicos, como hizo toda la vida el padre de Fermín. “La de mi padre es la generación perdida, que ha drogado la tierra con pesticidas, y eso vale para algunas décadas, pero no es sostenible en el tiempo”.

Este agricultor de 51 años entiende y comparte el hartazgo de muchos compañeros de oficio que están, cuenta, esclavizados por una cadena viciada que impone producir siempre más y barato pues compiten con países con los que en realidad es imposible. Perder dinero era su realidad diaria. “Pero ¿cómo voy yo a competir con Marruecos? Estaba harto de que las cadenas de distribución me dijeran cuánto tenía que cobrar por mi producto, y que soy caro”. Así que echó la vista atrás hasta la generación de su abuelo. “Él usaba estiércol, pues yo igual; él vendía en el mercado local, y aquí en Valencia eso aún se puede hacer”.

Para quedarse hoy en el campo, explica, hay que estar formado, tener conocimientos y así poder hacer las cosas de forma distinta: dejar los monocultivos, diversificar la producción y cuidar el suelo. “En el momento en el que dejas de maltratarlo se repone muy bien”, incide Fermín.

Ninguno de los agricultores entrevistados para este reportaje dice que el cambio sea sencillo, más bien al contrario. Supone un giro radical en la mirada de la agricultura y asumir más riesgos. Pero a la vez, cuentan, esto los hace menos dependientes de factores externos, como los comerciales de las grandes empresas de fitosanitarios que visitan sus campos día tras día, también para venderles productos que llaman ecológicos. “Te hace más fuerte. Yo les digo, no, dejad actuar a la naturaleza”, explica el agricultor valenciano.

Me di cuenta de que no íbamos bien. Teníamos una visión muy convencional. Siempre se trataba de matar al pulgón, no de pensar de forma ecosistémica para crear equilibrios

Ernest Mas — Agricultor

Ernest Mas pertenece a la quinta generación de agricultores de una empresa familiar.  Hace unos diez años, una plaga de pulgón en las sandías, que era su producción principal, hizo perder mucho dinero a esta compañía de Cambrils (Tarragona). “Aplicábamos tratamientos químicos semanales, y nada, fue una campaña desastrosa”. Él y sus primos, que dirigen la empresa y una superficie agrícola de 300 hectáreas, decidieron parar y pensar.

“Me di cuenta de que no íbamos bien. Teníamos una visión muy convencional. Siempre se trataba de matar al pulgón, no de pensar de forma ecosistémica para crear equilibrios”.

Las flores al rescate

Tras un largo proceso, puso en marcha algo que no existía y que ha valido a esta explotación familiar multitud de premios: intercalar flores entre los cultivos, una técnica que hoy se conoce como intercropping floral. “Fue la bomba. Históricamente sí se había hecho poner bandas florales en la periferia del campo, pero nunca dentro, nos dimos cuenta de que era mejor plantar todo a la vez. Ahora hay muchos colores, flora, fauna. De una forma sencilla rompimos el monocultivo, pero no fue nada sencillo llegar ahí, fue un proceso complejo”.

Gracias a su experiencia, hoy se cultiva con flores en otros lugares cómo Castilla La Mancha, en la Región de Murcia y en otros países. Y en un sector que suele ser receloso y desconfiado, en esta empresa comparten todos sus avances. Reciben tantas visitas de científicos y estudiantes que este agricultor ha empezado a denegar encuentros.  “No me da la vida”, se justifica.

Mas también comparte la indignación de los agricultores, y en su caso asegura que los pasos que la empresa ha dado hacia un modelo sin pesticidas ha sido por su propia iniciativa, sin esperar a nadie. ¿Les va mejor en el modelo ecológico que cuando usaban químicos? “No me gusta compararme, pero si reflexionamos, en estos últimos 20 años se sigue haciendo el mismo tipo de agricultura, se usan químicos cuando hay una crisis climática, hay sequía y se riega. La gente se está manifestando porque no se gana la vida, el modelo que tenemos no es rentable, es muy intensivo y no funciona”.

Sorprende escuchar a alguien que se pasa la vida probando cómo mejorar que ha frenado la investigación, que ahora mismo no quiere ir más allá. “No merece la pena, el problema es el modelo de consumo, a la gente le importa poco que yo haga una agricultura más sostenible, porque ya ni sabe de dónde vienen los productos, es muy complicado reconectarla. ¿Cómo le explicas a la gente que no coma aguacates todos los días?”.

Con el mismo obstáculo se choca Fermín Salcedo, el agricultor de Valencia. “Nuestro problema ya no es la producción, sino los consumidores. La gente prefiere abrir una bolsa de plástico y sacar una ensalada y ver una serie, no quiere lavar la lechuga, ni pelar patatas. Por eso nosotros vamos a la gente que sí valora lo que hacemos. Y por ahora podemos ganarnos la vida”.

Olivares y biodiversidad

Cada vez que cae una gran lluvia, Luis Montabes se fija en que dentro de su finca familiar de olivares en la Sierra Mágina (Jaén), la hierba alcanza hasta la cintura. El terreno que linda con el suyo “parece una pista de tenis de Roland Garros”. No crece ni un centímetro de verde. Hasta la entrada de los productos fitosanitarios, el olivar en esta región que produce el 20% del aceite de oliva del mundo era un “entorno rico en biodiversidad”. Los 11 propietarios de la empresa Monva, entre los que está Luis, heredaron más de 500 hectáreas de olivar. “En los años 80, cuando se arrancaban olivos, mi padre plantó miles de ellos donde antes había cereal. La tierra siempre estuvo bien cuidada, pero se usaban más productos químicos”.

Un total de 15 hectáreas hoy se trabajan de modo ecológico dentro del proyecto Olivares Vivos, que lidera la organización Seo/BirdLife. Las otras 512, que también están certificadas dentro de esta iniciativa conservacionista, son de producción integrada, que significa aportar minerales sintéticos a la planta, “pero no echar veneno, para entendernos”. Luis dice que cómo no van a entender a los agricultores –“muchos ni siquiera son propietarios de la tierra que trabajan, no pueden cambiar ningún modelo” –. Al fin y al cabo, lo suyo es una empresa, tienen a ingenieros y herramientas para seguir mejorando. “Está claro que si vas a corto plazo usas más producto, pero te cargas la tierra. A largo plazo hay más biodiversidad, que es fundamental para la calidad del aceite de oliva. El medio ambiente no está reñido con la economía, pero tienes que aportar calidad”.

La obligatoriedad del Cuaderno Digital entra en vigor el próximo día 1 de septiembre de 2023 para todas las explotaciones con más de 30 hectáreas de tierra de cultivo, 30 de pasto permanente o 10 de cultivos permanentes; tengan más de cinco hectáreas de regadío o dispongan de alguna parcela de invernadero. Para el resto de explotaciones entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Según datos del último censo agrario (año 2020), en Aragón el número de explotaciones agrícolas fue 42.038. Su distribución por provincias es: 31% en Huesca, el 23% en Teruel y el 46% en Zaragoza. La superficie media por explotación ronda las 53,75 hectáreas, lo que supone un 17,5% más que en el anterior censo, el del año 2009.

El Ministerio de Agricultura -publicado en el BOE como Real Decreto- regulará el uso del Cuaderno Digital por parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que tendrán obligación de registrar en él los datos por parcela sobre el tipo de cultivo, abonado y los tratamientos aplicados. Los titulares de explotaciones agrarias gestionarán de manera electrónica este Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, y para ello podrá utilizar los sistemas informáticos desarrollados por la Administración o cualquier otro sistema informático de su elección, siempre y cuando este cumpla con los requisitos técnicos que se establezcan y con el contenido mínimo establecido; Datos del cultivo de cada parcela agrícola, Tratamientos fitosanitarios aplicados y Operaciones de fertilización.

Un cuaderno que aumenta el control sobre las explotaciones 

Cada explotación agraria deberá mantener actualizado el registro de tratamientos fitosanitarios en su Cuaderno Digital. Esta información deberá registrarse de manera obligatoria en el plazo de un mes desde la fecha de realización de los tratamientos, de manera electrónica, y en la aplicación que se habilite al efecto, en este caso en Aragón como comunidad autónoma. 

De esta forma, en cada explotación se establecerán indicadores de uso individualizado que permitirán medir el consumo de fitosanitarios, cumpliendo así uno de los objetivos del Plan de Acción Nacional de Fitosanitarios para el periodo posterior a 2022. Las organizaciones agrarias valoran de manera positiva la puesta en marcha de esta herramienta en su versión digitalizada porque “va a quedar todo reflejado en la aplicación del Ministerio y luego todos esos datos se volcarán para poder gestionar la PAC de una manera más práctica” explican desde UPA Aragón. 

Con la información registrada en el Cuaderno de Campo Digital, la Administración calculará cada año, para todas las explotaciones agrícolas, un indicador por hectárea; teniendo en cuenta cada explotación y cultivo. Con los datos que se recaben entre los años 2023 a 2025, la Administración establecerá unos valores de referencia para los distintos productos a utilizar. Una vez que los valores de referencia se hayan fijado, a partir del día 1 de enero de 2026, se aplicará un control, de manera que: en el caso de que el indicador de uso individualizado se encontrase por encima de estos valores de referencia, se aplicarán medidas correctoras. 

Las explotaciones agrícolas en las que entre el 50% y el 75% de su superficie se encuentre por encima de los citados valores de referencia nacionales fijados para cada cultivo y zona productiva, serán consideradas de riesgo muy alto, lo que supondrá un aumento en la frecuencia de inspección. “Esta es una de las razones por las que el cuaderno digital no está siendo visto con buenos ojos por muchos profesionales del campo, ya que no solo conlleva un mayor volumen de trabajo al tener que volcar información de manera constante, sino que añade la presión de tener más inspecciones” apuntan desde la organización agraria UPA en Aragón. Además, los agricultores deberán realizar un análisis de las causas con un asesor en materia de gestión integrada de plagas, y establecerán las medidas necesarias para corregir la situación, que quedarán recogidas por escrito.

Alimentos con menos fitosanitarios

El 20 de mayo de 2020 la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Estrategia De la granja a la mesa, en la que se aboga por la reducción del uso de productos fitosanitarios en un 50% para 2030, además de una reducción adicional del 50% del uso de los productos fitosanitarios más peligroso, también de cara a 2030. 

El Cuaderno de Campo Digital ayudará, según el Ministerio, a llevar a cabo un mayor control para conseguir que las cifras se cumplan, ya que el cuaderno de campo se establece con dos objetivos: garantizar la salud pública y hacer un uso correcto de los productos fitosanitarios. Por lo tanto, los productos vegetales tendrán un origen y unas condiciones de manejo, que son el primer punto de información en la trazabilidad obligatoria hasta la llegada al consumidor.

Digitalización y zonas grises 

El Cuaderno de Campo es una herramienta que existe desde hace años, concretamente desde 2013. No es algo nuevo, sino que la obligatoriedad de llevar un registro de datos generales y trabajos realizados en las explotaciones agrarias es algo asumido por los profesionales del sector. 

La novedad que trae consigo este Cuaderno Digital es el formato, y también los tiempos de volcado de la información. Si antes todo se apuntaba en papel, el uso obligatorio de un modelo digital de apuntes es un primer paso para la digitalización en las explotaciones agrícolas. Los avances tecnológicos reflejados en la maquinaria de labor, llegan ahora a los sistemas de organización y gestión del campo.  Aunque la parte complicada sigue siendo la herramienta en sí: “hacer la foto, o subir los datos desde cada una de las parcelas puede suponer un problema para muchas personas que no se manejan bien con las nuevas tecnologías” apuntan desde UPA, que recuerdan que el campo es uno de los sectores más envejecidos (61 años de media de los trabajadores). 

Otro de los problemas a los que se enfrenta el campo aragonés es la persistencia de zonas grises, es decir, lugares en los que la cobertura no llega “lo que hace imposible que la digitalización de la agricultura o de la ganadería, sea una realidad” añade UPA Aragón. 

Conscientes de estos escoyos que todavía tiene que salvar el sector, esta organización agraria ha encontrado una solución de paso medio: “aprovechando que, por primera vez,  el campo puede beneficiarse de las ayudas estatales de implantación del KitDigital, desde UPA Aragón ofrecemos la posibilidad de ayudar a los agricultores y ganaderos a poner en marcha su Cuaderno Digital, ellos subirán la información y nuestro equipo técnico se encargará de revisar los datos y de presentar el Cuaderno en el momento y forma precisos” explican. 

Pese a todo, las organizaciones agrarias, como UPA Aragón, recuerdan que el cuaderno de campo digital puede convertirse en una herramienta de trabajo diario “más útil de lo que se piensa” y que puede ayudar a la toma de decisiones técnicas y económicas en beneficio de la explotación: incorporando información de predicción climática exacta, y análisis de costes por parcelas, cultivos, campañas y variedades, a través de la incorporación de datos de geolocalización del SIGPAC de cada una de las parcelas.

Hace 50 años, la bióloga Rachel Carson alertó al mundo sobre cómo el uso intensivo de pesticidas estaba envenenando los ecosistemas. Su libro Primavera silenciosa describía la destrucción ecológica que causaban productos como el entonces generalizado DDT.

Medio siglo después, la aplicación de agentes químicos para controlar plagas agrícolas es más fuerte que nunca. Los productos son diferentes a los que estudió Carson, con efectos menos agudos, pero vertidos en grandes cantidades: el volumen de pesticidas se ha incrementado un 80% desde 1990, según una investigación de Amigos de la Tierra y la fundación Heinrich-Böll-Stiftung.

“En la actualidad el consumo mundial de pesticidas es de cuatro millones de toneladas”, recoge este trabajo. La mitad de ellos son herbicidas, un tercio insecticidas y un 17% se utilizan contra hongos.

El consumo de pesticidas en el mundo no para de crecer

* La cantidad de pesticidas (en toneladas) utilizada en cada continente en el 2020, y cómo ha cambiado desde 1999

Europa

468.431*

América del Norte

486.732*

+1,8%

-0,2%

Reino

Unido

Alemania

Ucrania

6.003*

Asia

658.529*

África

105.757*

+7,7%

España

América Central

90.163*

+67,8%

+36,2%

América del Sur

770.393*

+119,4%

Oceanía

70.421*

Sudáfrica

1.702*

Brasil

10.008*

+88,4%

Kilogramo por hectárea de terrenos agrícolas

Más de 5

Hasta 1

Exportadores

Importadores

Los tres mayores países exportadores europeos y los tres mayores importadores de plaguicidas que no tienen la aprobación de la UE en el 2018

Porcentaje de exportaciones por región receptora

17,2

20,5

29

0,5

5,9

0,7

82,1

56,3

48

22,5

17,3

Reino Unido

32.187*

Alemania

8.078*

España

5.182*

a África

a Asia y Oceanía

a países europeos no miembros de la UE

a América

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ATLAS DE LOS PESTICIDAS/FAOSTAT/PUBLIC EYE

El consumo de pesticidas en el mundo

no para de crecer

* La cantidad de pesticidas (en toneladas) utilizada en cada continente en el 2020, y cómo ha cambiado desde 1999

América del Norte

486.732*

Europa

468.431*

+1,8%

-0,2%

Ucrania

6.003*

Asia

658.529*

1

2

+7,7%

América

Central

90.163*

3

+36,2%

América

del Sur

770.393*

Brasil

10.008*

Sudáfrica

1.702*

Oceanía

70.421*

+119,4%

+88,4%

Kilogramo por hectárea de terrenos agrícolas

Más de 5

Hasta 1

Exportadores

Importadores

Los tres mayores países exportadores europeos y los tres mayores importadores de plaguicidas que no tienen la aprobación de la UE en el 2018

Porcentaje de exportaciones por región receptora

17,2

20,5

5,9

1

2

0,7

82,1

56,3

17,3

Reino Unido

32.187*

Alemania

8.078*

29

0,5

3

48

22,5

España

5.182*

a África

a Asia y Oceanía

a América

a países europeos no miembros de la UE

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ATLAS DE LOS PESTICIDAS/

FAOSTAT/PUBLIC EYE

América del Sur es donde más se aplican: unas 770.000 toneladas en 2020, un 119% más que al iniciar el siglo XXI. En América Central fueron más de 90.000 (+36%). En Asia se aplicaron otras 658.000 toneladas (un aumento del 7,7%).

También creció mucho el volumen usado en África, que en 2020 registró 105.000 toneladas, un salto del 67%. En Norteamérica se utilizaron 486.000 toneladas (+1,8%) y en Europa 468.000 toneladas (un mínimo decrecimiento del 0,2%).

Este Atlas de los pesticidas explica que si bien estos productos “se han desarrollado para evitar las pérdidas en las cosechas –que, a lo largo de la historia, han causado hambrunas–, también generan problemas”. Entre los productos pesticidas más vendidos están el glifosato, el paraquat, la atrazina y los neonicotinoides.

La ONU calculaba en 2007 que en ese momento ya se producían en el mundo alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas. “La producción de cereales entre 1960 y 2000 se ha doblado, pero a un alto coste”. Para 2019, la organización calculaba que más de 800 millones de personas pasaban hambre, a pesar de que “en el mundo se desperdicia más de 1.000 millones de toneladas de alimentos cada año”.

Veneno para la biodiversidad

Dentro de esos problemas, el holocausto de insectos que se extiende por todo el planeta es de los más destacados. El desplome de las abejas y abejorros y su relación con los pesticidas neonicotinoides también están ya acreditados. Tanto como para que la Unión Europea haya prohibido estos productos al aire libre. No ocurre lo mismo en otras partes del planeta.

De hecho, las poblaciones de insectos voladores se han desmoronado: en poco más de 25 años cayeron un 75%, según halló un grupo de investigadores alemanes (y eso que revisaban zonas protegidas). Muchas especies de insectos son, simplemente, esenciales para los humanos. Entre sus servicios se cuentan la polinización de cultivos, el reciclaje de nutrientes o el mismo control de plagas.

Los cereales no precisan polinización mediante insectos, pero sí las frutas y hortalizas –dos tipos de productos que constituyen un punto fuerte de la producción agrícola española–. Los almendreros de California (el 80% mundial) deben alquilar colmenas de abejas que viajan cientos de kilómetros para polinizar sus árboles. En China, ante la desaparición de insectos, los agricultores deben realizar ese trabajo a mano.

En España, además, la intensificación de la agricultura que lleva aparejado un alto consumo de pesticidas también se ha conectado con el declive de las especies de aves esteparias.

Salud humana

El trabajo de estas organizaciones explica que la cantidad de pesticidas aplicados ha conllevado “el aumento de las intoxicaciones en todo el mundo, especialmente en el Sur Global”. Y calculan que 385 millones de personas sufren alguna intoxicación por este motivo.

Sobre todo los trabajadores agrícolas que, debido a la precariedad, no tienen capacidad de autoprotegerse ya sea al desconocer las condiciones de uso seguro de los productos o por no poder acceder a la equipación necesaria. En Europa, una recopilación de datos publicada el año pasado mostraba que uno de cada tres ciudadanos presentaba restos de plaguicidas en su cabello.

Consciente del problema, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) mantiene un código de buenas prácticas para disminuir “los riesgos de los plaguicidas con el objetivo de reducir al mínimo los efectos adversos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente y de prevenir el envenenamiento accidental”. El código, eso sí, es “de carácter voluntario”.

Negocio creciente y en pocas manos

Un uso masivo de estos productos ha generado un mercado muy voluminoso. “Para 2023 se espera que el valor total alcance casi los 130.700 millones de dólares”, dice el Atlas –unos 120.000 millones de euros–. Según la investigación, el sector casi se ha duplicado en las dos últimas décadas.

A la cabeza del negocio está la Unión Europea, que es la principal exportadora de pesticidas a pesar de haber contenido su aplicación en suelo propio. Además, desde la UE se producen y venden al exterior compuestos químicos cuyo uso interno se ha prohibido por sus efectos tóxicos. “En 2019, los países de la UE y Gran Bretaña aprobaron la exportación de 140.908 toneladas de pesticidas” vetados en Europa, calcula el trabajo.

Los principales países exportadores en esta categoría fueron Reino Unido, Alemania y España. El principal receptor de pesticidas con principios activos inaceptables en los campos europeos fue Brasil, seguido de Ucrania y Suráfrica. “En el Sur global las regulaciones para el uso de pesticidas son menos estrictas”, analiza el Atlas.

El mercado de los pesticidas está acaparado en pocas manos: cuatro grandes empresas –Bayer, Syngenta, Basf y Corteva– controlan el 70%. “Hace 25 años su porcentaje era solo del 29%”, recuerda el análisis para ilustrar cómo se ha concentrado el sector. Estos gigantes también dominan el mercado de la venta de semillas agrícolas: controlan el 57% del mercado –hace 25 años era el 21%–. Círculo cerrado.

La Mesa Nacional del Ajo y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han mantenido un encuentro con el objetivo de estudiar la problemática que tiene el sector del ajo ante la desaparición de materias activas para el control de enfermedades, plagas y malas hierbas en este cultivo.

La Mesa que representa a productores, comercializadores y transformadores de ajos de las comunidades autónomas de Castilla La-Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Madrid, ha mantenido un encuentro con el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, impulsada por la intermediación y acompañamiento de la directora general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce.

Por parte de la Mesa Nacional, han asistido Julio Bacete, como presidente, Miguel del Pino, vicepresidente y Jesús Ángel Peñaranda, secretario técnico de la Mesa.

La reunión ha sido calificada por los miembros de la Mesa como “muy positiva”, habiéndose puesto en marcha una hoja de ruta para poder seguir utilizando productos con un plazo de caducidad cercano hasta que salgan sustitutivos, y no dejar indefenso al sector mientras se utilizan en países terceros y que los introducen sus productos en la UE. El objetivo es poder disponer de materias activas autorizadas para el control de malas hierbas de hoja ancha, fungicidas efectivos para el control de enfermedades y productos para la desinfección de la semilla del ajo, ante la reducción de materias activas que se está realizando en la UE.

Prohibición de nuevos productos

Una preocupación que traspasa las fronteras nacionales, tal y como quedó reflejado en la reunión del pasado mes de mayo en Cadours (Francia), por parte del Comité Hipano-Italo-Francés del ajo, que representa al sector productor de dichos países.

Julio Bacete volvió a plantear por qué se tienen que prohibir aquí determinados productos, si se siguen utilizando e importando de fuera de la Unión Europea, y que no han hecho ni harán ningún daño a los consumidores.

Bacete explica que el ajo es un cultivo muy sensible a la competencia por malas hierbas y sin un adecuado control de éstas, los rendimientos caen en picado y no resultaría rentable su cultivo, siendo esencial su cultivo tanto a nivel económico como social en numerosas comarcas agrícolas de la UE. Además, un campo infectado de malas hierbas, dificulta en gran medida la recolección haciéndola en algunos casos inviable.

Datos sector del ajo en España

El cultivo del Ajo se encuentra extendido por amplias zonas de nuestro país, sumando en total en torno a 29.630 hectáreas con una producción de 309.100 toneladas (Datos de 2021). La producción de este cultivo mayoritariamente se exporta a otros países, tanto de la Unión Europea como fuera de esta (entre el 55 y el 70 % de la producción se comercializa fuera de España). Cada año, solo el corte y recolección del ajo en el campo genera casi 1.000.000 jornales en España.

La principal zona de producción de ajo en España es Castilla La Mancha, que según datos de 2021 cuenta con unas 20.860 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 5.120 ha, Castilla y León con 1.820 ha, Madrid con 890 ha y Extremadura con aproximadamente 530 ha.

El sector productor y comercializador de ajo europeo a través del Comité Hipano-Italo-Francés ha llevado a cabo una reunión en la zona de producción de la DOP Ajo violeta de Cadours en Francia donde han moestrado su preocupación por el uso de productos fitosanitarios y sobre todo por el descenso de los registros en la UE de materias activas autorizadas para el control fitosanitario. Preocupa por ejemplo la falta de herbicidas de hoja ancha y otros fungicidas que tienen próxima su prohibición. Con ello, se pierde competitividad y se hace muy difícil atender las necesidades de producción de una población creciente, tal y como informa el sector.

El castellano-manchego Julio Bacete, presidente de la Mesa Nacional del Ajo, se pregunta “por qué se tienen que prohibir aquí, si se siguen utilizando e importando de fuera de la Unión Europea”. El sector se pregunta por qué perseguir estos productos agrícolas “que no han hecho ningún daño a la sociedad”. “Lo que con ello van a conseguir es encarecer los productos agrícolas y que dependamos de terceros”, apunta Bacete.

Señalan, además, que el ajo es un cultivo muy sensible a la competencia por malas hierbas. Sin un adecuado control de éstas, los rendimientos caen en picado y no resultaría rentable. Además, un campo infectado de malas hierbas, dificulta en gran medida la recolección haciéndola en algunos casos inviable.

Defensa de un cultivo social

En su reunión, el comité ha proseguido con sus trabajos en defensa de este cultivo social, de gran importancia en zonas productoras de Castilla-La Mancha, Córdoba, Extremadura, Madrid y Castilla y León, principalmente, donde se generan más de un millón de jornales de mano de obra, solo en las operaciones de corte y recolección, en cada campaña en comarcas muy concretas, siendo este cultivo fuente de riqueza económica y social en el medio rural. En total en el cultivo del ajo en España se genera más de 16.000 empleos directos (equivale a unos 4 millones de jornales).

Los responsables reunidos allí, entre ellos y en representación de España miembros de Anpca-Fepex, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Mesa Nacional del Ajo o la responsable del MAPA en la embajada de España en París, María José Hernández y Jérôme Frouté, Consejero Agrícola en España, entre otros, debatieron y expusieron información sobre el desarrollo de la campaña en curso por países (dinámica del mercado, existencias de la cosecha 2021, ...), llevando a cabo un análisis de la situación actual, así como de previsiones de cosecha para el 2022.

También se llevó a cabo aportación de datos para la elaboración del Estudio Europeo del Coste de Producción del Ajo Congelado y se volvió a hablar de la situación del etiquetado de origen, que tanto preocupa al sector.

Datos sector del ajo en España

El cultivo del Ajo se encuentra extendido por amplias zonas del país, sumando en total en torno a 29.630 hectáreas con una producción de 309.100 toneladas (Datos de 2021). La producción de este cultivo mayoritariamente se exporta a otros países, tanto de la Unión Europea como fuera de esta (entre el 55 y el 70 % de la producción se comercializa fuera de España).

Cada año, solo el corte y recolección del ajo en el campo genera casi 1.000.000 jornales en España.

La principal zona de producción de ajo en España es Castilla La Mancha, que según datos de 2021 cuenta con unas 20.860 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 5.120 ha, Castilla y León con 1.820 ha, Madrid con 890 ha y Extremadura con aproximadamente 530 ha.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha comienza la programación de formación enmarcada en el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) del periodo 2020/2023, financiado por el Fondo Social Europeo, con un nuevo ciclo de cursos sobre Agricultura Ecológica y Manipulación de Productos Fitosanitarios, nivel cualificado.

Este proyecto comprende actividades de formación y capacitación para socios y plantilla de las cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación, mejorando la competitividad de estas organizaciones agroalimentarias a través de la cualificación de sus recursos humanos.

Se trata de capacitación agraria que permitirá al colectivo participante cumplir con todos los requisitos normativos exigidos obligatoriamente para el ejercicio de determinadas operaciones en las áreas de producción y gestión de explotaciones agrarias. En concreto, se abordarán las siguientes actuaciones formativas: ‘Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel cualificado’, ‘Renovación del carné de manipulador de productos fitosanitarios’ y ‘Agricultura Ecológica’.

Acogida del proyecto

En 2021 arrancó la ejecución del proyecto, con la realización de cinco acciones formativas realizadas en modalidad presencial en Membrilla, Mira, Las Pedroñeras, Malagón y Quintanar del Rey. Dada la buena acogida de la iniciativa por parte de las cooperativas, en 2022, además de la formación online sobre Agricultura Ecológica cuya primera edición se inició el 17 de enero, y que ya está casi completa la segunda; se realizará formación en materia de Fitosanitarios en distintas localidades de la región. Esta semana ha comenzado un curso en Villagarcía del Llano, y en febrero se continuará con la programación prevista en Las Pedroñeras, Villalgordo del Júcar, San Carlos del Valle, Almodóvar del Campo, La Solana, Graja de Iniesta y Campo de Criptana.

Estos cursos “conciencian sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores, poniendo el foco en la sostenibilidad medioambiental, social y económica”. Además, esta formación “propicia el relevo generacional, ya que se hace especial hincapié en los colectivos de jóvenes y mujeres vinculados al sector agroalimentario”, según ha señalado Cooperativas.

El 'Proyecto REGULA. Los fitosanitarios y las enfermedades como factores reguladores de las poblaciones de lagomorfos silvestres', financiado por la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) a través de la convocatoria del Plan de Ayudas a la Investigación en el Sector Cinegético 2020-2023, estudiará el efecto de los fitosanitarios y enfermedades en lagomorfos (mamíferos de pequeño tamaño y aspecto similar a los roedores, entre los que se encuentran los conejos) con el fin de vislumbrar el tipo de interacción que existe entre ambos.

Está liderado por la doctora Mónica Martínez-Haro, investigadora del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), y cuenta con la colaboración de investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM), de la Universidad de Extremadura (UNEX) y de la Universidad de Córdoba (UCO).

El consumo de fitosanitarios se ha disparado en todo el mundo alcanzando actualmente la cifra de tres millones de toneladas. Parte de este aumento se encuentra relacionado con la intensificación agraria acontecida a lo largo del siglo XX. La entrada de cada vez más fitosanitarios junto con el incremento de la concentración parcelaria han provocado en las últimas décadas un importante cambio en los paisajes agrarios y con ello en la fauna asociada a los mismos, según explica el IREC.

En el caso de los fitosanitarios, aunque a menudo se conoce su modo de acción sobre las especies objetivo, no siempre se conocen sus efectos secundarios o subletales sobre la fauna en general, especialmente en los niveles más altos de organización biológica: poblaciones, comunidades y ecosistemas. Es más, las poblaciones biológicas se encuentran a su vez fuertemente moduladas por otros factores como son las enfermedades infecciosas, especialmente las emergentes, que suelen aparecer como brotes con altas tasas de mortalidad.

Aun cuando los efectos de algunas enfermedades infecciosas de fauna silvestre sobre las poblaciones están bien establecidos, los efectos que se pueden producir entre los fitosanitarios y los patógenos siguen siendo en gran medida desconocidos.

Bajo este contexto, el objetivo principal del Proyecto REGULA es evaluar si la exposición a fitosanitarios aumenta la susceptibilidad y/o virulencia de enfermedades víricas, lo que representaría un efecto sinérgico en la merma de las poblaciones silvestres de medios agrícolas.

Para ello se han seleccionado como modelo de estudio dos lagomorfos silvestres: la liebre ibérica (Lepus granatensis) y el conejo de monte (Oryctolagus cunniculus). Ambas especies tienen una gran relevancia ecológica como especie clave, un elevado valor socio-económico y cultural como especies cinegéticas, y además sus poblaciones han sido azotadas en las últimas décadas por diversas enfermedades (mixomatosis y neumonía hemorrágica del conejo), que las han llevado a la diezma y hasta la desaparición en importantes áreas de la Península Ibérica.

El proyecto combina conocimientos y métodos de varios campos de investigación, como la toxicología, la química analítica, la patología, la epidemiología y la reproducción. Esta perspectiva multidisciplinar pretende arrojar luz sobre las consecuencias de dos reguladores de la dinámica poblacional de especies que habitan en los agrosistemas y que son motivo de gran preocupación para la conservación en Europa.

Se espera que los resultados supongan un avance significativo a nivel científico debido al extenso uso de fitosanitarios a nivel mundial, a la controversia sobre los efectos tóxicos crónicos de éstos descritos en organismos no diana, las cada vez más frecuentes apariciones de enfermedades emergentes, y sobre todo al declive poblacional observado en muchas especies silvestres asociadas a los agrosistemas.

Usando los lagomorfos como modelo de estudio y utilizando un enfoque multidisciplinar, el Proyecto REGULA espera recopilar información relevante para vislumbrar y comprender los principales mecanismos que están modulando la dinámica poblacional de especies silvestres y orientar en el desarrollo de estrategias de gestión actuales que permitan compatibilizar la actividad agraria con la conservación de la fauna silvestre.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha recogido la inquietud de muchos los agricultores y ganaderos que se han dirigido a ella para su preocupación a la hora de poder renovar sus carnets de manipulador de productos fitosanitarios. Este tipo de carnets, que en situación normal se obtienen y renuevan con facilidad, se han encontrado con una situación excepcional que ha motivado serios problemas.

Por ello, la organización agraria ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, una ampliación del plazo de caducidad ante la imposibilidad de desarrollar los cursos específicos de manera normalizada.

En UPA son conscientes de que las normas sanitarias y de seguridad, necesarias y de obligado cumplimiento, complican el desarrollo de los cursos de manipulador de productos fitosanitarios básicos y cualificados. Así, se ha solicitado a la Consejería esta prórroga o ampliación de la caducidad en dos años ante la imposibilidad de atender todas las solicitudes de agricultores y ganaderos.

Entre otras cuestiones que se abordan en este tipo de cursos se encuentran las plagas, enfermedades y malas hierbas, los diferentes métodos de control, los medios de defensa fitosanitaria, así como los productos fitosanitarios y los riesgos y peligrosidad a la hora de utilizarlos. Los residuos y riesgos derivados de su uso, entre otras muchas cuestiones importantes a la hora de aplicar estos productos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 7,6 millones de euros correspondientes a diferentes líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme a los criterios objetivos y acuerdos fijados en la conferencia sectorial del ramo, que se celebró el pasado 23 de julio. Del montante total, Castilla-La Mancha percibe solamente 17.411 euros. Esta partida es de las más bajas, junto con la de Murcia, de todas las comunidades autónomas que reciben fondos estatales

En concreto, el Gobierno ha autorizado el reparto entre las regiones 5,9 millones de euros para la prevención y lucha contra plagas. Esta cantidad se suma a los seis millones de euros cuya distribución ya se acordó en la sectorial del mes de abril.

Estas partidas van destinadas a laboratorios colaboradores con los programas nacionales de prospecciones fitosanitarias, cuarentena y erradicación, así como los programas de vigilancia de plagas, de control de langosta y otros ortópteros y de erradicación de organismos nocivos.

Además, el Gobierno ha autorizado la distribución territorial de 1,69 millones de euros para los programas de erradicación de enfermedades de los animales, que se añaden a los ocho millones que ya fueron repartidos igualmente en abril.

En este caso, se apoya la indemnización por sacrificio de animales positivos a tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, tuberculosis caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiformes transmisibles y leucosis enzoótica bovina. También a los programas de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles y a los vaciados sanitarios por sacrificio obligatorio y otras medidas tras declaración de foco de enfermedad.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) ha instado al Ministerio de Agricultura a que reconsidere la interpretación de la norma de fitosanitarios por entender que no garantiza la protección de los cultivos y abre una vía para la entrada de nuevas plagas y enfermedades.

ASAGA realiza esta petición en un comunicado ante la inminente aplicación de la instrucción por la que se fijan los criterios de riesgo en aplicación de la orden de 1987 que regula las normas fitosanitarias a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en las Islas Canarias.

La organización ha transmitido su preocupación a la Dirección General de Agricultura porque considera que la nueva interpretación de la norma, que establece, entre otras cuestiones, el concepto de “frutos semitransformados” para eximirlos de inspecciones fitosanitarias, no garantiza su inocuidad.

“Tenemos constancia de los trabajos que se están realizando por parte de la Consejería para reconducir esta decisión del Ministerio y esperamos que se pueda dar marcha atrás ya que, lo contrario, supondría poner en peligro ciertos subsectores como los subtropicales”, señala la presidenta de esta entidad, Ángela Delgado.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha entregado este jueves al presidente de la cooperativa Coagrisan de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Juan José Pino, el premio que le ha otorgado el Sistema de Recogida de Envases Agrarios (Sigfito) por su labor ambiental en el reciclado de envases agrarios.

En el acto también estuvo la directora general de Sigfito, Rocío Pastor, que representa a esta sociedad sin ánimo de lucro que reconoce anualmente a aquellas empresas del sector agrario más concienciadas con el medio ambiente. En esta ocasión, la cooperativa Coagrisan se ha hecho merecedora de la distinción por ser la empresa que más envases recicló en 2017 en Canarias, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Al respecto, Barreto quiso agradecer a la cooperativa su compromiso con el medio ambiente, que ha reconocido públicamente la labor medioambiental de los puntos de Sigfito en el reciclado de los envases agrarios.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) ha solicitado este viernes a la Consejería de Agricultura del Gobierno regional que inste al Ejecutivo del Estado a establecer, “de manera urgente”, controles fitosanitarios en los puertos del archipiélago para los tomates importados, con el fin de evitar la entrada de la Keiferia lycopersicella (el minador del tomate), una plaga similar a la Tuta absoluta que ataca a ese cultivo y provoca daños en sus hojas.

El problema principal, además de los efectos nocivos que puede provocar sobre el cultivo y la producción en sí, es que desde el pasado 1 de enero de este año la Unión Europea comenzó a inspeccionar todos los envíos de tomates procedentes de Canarias, al ser esta región considerada como país tercero.

En el caso de que se detecte la presencia de esa plaga, ello supondría la paralización de la exportación de la fruta desde las islas, una “drástica” medida que dejaría al sector tomatero en una complicada situación y podría abocarlo a su desaparición, avisan desde la organización profesional agraria, que con esta petición se une a la realizada en un primer momento por Fedex, en el marco de la feria Fruit Logistica.

Asaga Canarias considera que, a pesar del informe emitido por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura acreditando que las islas están libres de la presencia de esa plaga, no se garantiza que la Keiferia no pueda entrar en cualquier momento al no disponerse de los controles pertinentes en los puestos fronterizos.

“Este panorama nos vuelve a colocar en una situación de vulnerabilidad frente a la entrada de plagas y enfermedades que, históricamente, han penetrado en este territorio arruinando nuestros cultivos y perjudicando la rentabilidad de nuestros agricultura. Si no se toman las medidas pertinentes, estaríamos de nuevo poniendo en riesgo a nuestro tomate de exportación, justo ahora que comienza a reflotar su actividad tras un largo periodo de pérdida de renta de los agricultores”, reconoce la presidenta, Ángela Delgado.

El tomate de exportación de las islas cerró la zafra pasada, de 2016-17, con unos envíos en torno a 50.000 toneladas, cantidad muy lejana a la registrada hace algo más de un decenio, entonces con más de 200.000 toneladas y con la aportación de fruta de la isla de Tenerife, hoy casi inexistente.

Cabildo, Gobierno de Canarias y Gestión del Medio Rural impulsan acciones formativas en varios municipios.

El Cabildo de La Palma, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Gestión del Medio Rural de Canarias (GRM) siguen apostando por la formación sobre control de la higiene de la producción primaria agrícola y el uso de productos fitosanitarios, se informa en nota de prensa.

Tras la primera cita, que tuvo lugar el día 23 de noviembre en la Casa de la Cultura de El Paso, el próximo encuentro, gratuito y abierto a todas las personas interesadas, tendrá lugar este martes 5 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes de Los Sauces. La última convocatoria se celebrará el próximo 12 de diciembre, a las 17:30 horas, en la Casa de la Cultura de Puntagorda.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez, detalla que estas charlas forman parte de un ciclo de tres encuentros organizados en la isla con el objeto de “aconsejar y ofrecer una serie de recomendaciones para reducir al mínimo los riesgos de contaminación, con agentes químicos o microbiológicos, en los procesos de producción agraria”.

Por otra parte, el responsable de Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, César Martín, afirma que “el conocimiento de estos aspectos es fundamental para garantizar la salud de los trabajadores del sector primario y la calidad de la producción”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez, entregó 43 carnés de manipulador cualificado de productos fitosanitarios a las personas que recibieron formación sobre la materia en los municipios de San Andrés y Sauces y Breña Alta, se informa en nota de prensa.

“El Cabildo sigue trabajando en la necesidad de ofrecer formación a las personas del sector primario que tengan que utilizar productos fitosanitarios con el fin de que lo hagan teniendo pleno conocimiento sobre el uso y tratamiento de los mismos y estar lo más cualificados posible para desarrollar su labor de forma segura y eficiente”, explica José Basilio Pérez.

“Los carnés entregados en estos cursos corresponden al nivel cualificado, que son los necesarios parta todos aquellos usuarios profesionales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, como jardines o campos deportivos, y para los agricultores que realicen tratamientos empleando personal auxiliar”, añade el consejero.

También son necesarios para el personal que intervenga directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso profesional, capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su uso, sus riesgos para la salud y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar dichos riesgos.

José Basilio Pérez indica que “estos cursos, de 60 horas de duración, son gratuitos y de modalidad presencial, están homologados por el Gobierno de Canarias y son impartidos por propio personal técnico de las Agencias de Extensión Agraria de la isla, a través de nueve ingenieros técnicos agrícolas, un técnico en prevención de riesgos laborales y un ATS externo”.

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha impartido y seguirá desarrollando cursos de manipulador de productos fitosanitarios, tanto básicos como cualificados, cuyo objetivo es dotar a los alumnos, sean agricultores o no, de los conocimientos necesarios para aplicar técnicas y métodos adecuados para realizar las operaciones de manipulación de plaguicidas y poder obtener el carné que les faculta para manipular dichos productos.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces la colaboración en la organización y desarrollo del curso impartido en su municipio, que puso a disposición del Cabildo el local y el material audiovisual para poder impartir la formación, así como la ayuda de su Agencia de Desarrollo Local”, apunta el consejero insular del Sector Primario.

El Cabildo de La Palma viene impartiendo los cursos de manipulador de productos fitosanitarios desde el año 1997, según la Orden de 19 de agosto de 1996, por la que se regulan la Comisión para la aplicación de la reglamentación sobre productos fitosanitarios, y la obtención del Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios (BOC nº 112, 2/09/1996). Desde entonces hasta hoy el Cabildo de La Palma ha venido realizado todos los años cursos de nivel básico. Los de nivel cualificado se empezaron a organizar a partir del año 2004, pues hasta entonces no había demanda de los mismos por parte del sector.

El Cabildo de Gran Canaria destina 100.000 euros a ayudar a los agricultores para la compra de útiles de labranza, mejora o implantación de sistemas de riego y tratamientos fitosanitarios, así como en la mecanización de las pequeñas explotaciones agrícolas de la Isla.

Gran Canaria posee gran cantidad de pequeñas explotaciones agrícolas, sobre todo en zonas de medianías, dirigidas muchas de ellas por jóvenes empresarios que cultivan productos hortofrutícolas y frutales destinados al mercado local.

Las ayudas también tienen como objetivo mejorar las instalaciones para tratamientos de productos y abonado de los cultivos, sistemas de abonos líquidos, equipos de poda y recolección y tratamientos de suelo necesarios para conseguir una producción óptima.

De esta forma, el Cabildo continúa con su apoyo a la sostenibilidad ambiental además de ayudar a la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas de menor tamaño, para que puedan competir en el mercado y no se vean abocadas al cierre.

Podrán acogerse a esta convocatoria de subvenciones las personas físicas o jurídicas, titulares de una explotación agrícola de pequeñas dimensiones, arrendatarios o poseedores del derecho sobre un terreno en explotación durante al menos cinco años.

El plazo para la presentación de solicitudes acaba el 16 de noviembre y el trámite podrá realizarse en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria, en las Agencias de Extensión Agraria, en los registros de las administraciones públicas, en Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley.