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España lleva cinco años usando insecticidas 'mata-abejas' prohibidos en Europa

Algunos plaguicidas son especialmente dañinos para las abejas.

Raúl Rejón

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España permite, a base de autorizaciones excepcionales, el uso de insecticidas letales para las abejas y que fueron prohibidos en 2018. Permisos especiales vigentes incluso después de que el Tribunal de Justicia Europeo haya sentenciado en contra de este tipo de licencias.

Las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Agricultura han permitido al sector azucarero –desde 2019– plantar al aire libre semillas de remolacha previamente tratadas con insecticidas neonicotinoides en parcelas con determinadas características. La última abarca la campaña 2023, entre el 15 de febrero y el 14 de junio.

Todos estos permisos son excepciones al reglamento europeo que vetó en 2018 el uso de estos productos por su relación con, entre otros daños, el colapso de colmenas de abejas. El pasado 13 de enero, los magistrados europeos determinaron que no pueden concederse autorizaciones especiales que den luz verde al uso de productos “que han sido expresamente prohibidos”, como estos pesticidas.

El Ministerio de Agricultura contesta que está “a la espera de que los servicios jurídicos del Estado concluyan su estudio de la sentencia para establecer la forma jurídicamente correcta de aplicarla a España”.

Una moratoria desde que la prohibición entró en vigor

Los insecticidas neonicotinoides, como el que cubren estas autorizaciones, son mortíferos para la abejas. Actúan sobre el sistema central de los insectos hasta causar la parálisis y la muerte. Han sido los productos más usados en la agricultura y han supuesto una de las causas del desplome de las poblaciones de abejas en Europa. Y con ellas, de su función como polinizadoras.

Debido a su efecto letal, la Unión Europea decidió prohibir totalmente su uso en 2018 tras un largo camino y resistencias –estos agroquímicos están comercializados por los gigantes Bayer y Syngenta–. Sin embargo, nada más aprobarse la normativa, algunos estados aplicaron una cláusula de excepciones que ahora los magistrados han censurado.

La reducción de las agresiones a las abejas que buscaba la normativa de 2018 no es una cuestión exclusivamente verde. La caída drástica de las poblaciones “supone una seria amenaza para una gran variedad de plantas cruciales para el bienestar y las formas de vida de los humanos”, recuerda la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). El Instituto Earthwatch se lanzó a declarar a las abejas “las especies más importantes de la Tierra” en una reunión de la Real Sociedad Geográfica de Londres en 2019.

Mientras, el Ministerio de Agricultura ha ido emitiendo autorizaciones excepcionales, que han funcionado como moratoria, para que los cultivadores de remolacha pudieran seguir echando mano de los insecticidas prohibidos letales para, precisamente, las abejas.

Esas resoluciones permiten plantar semillas que, antes, han sido tratadas con este producto a pesar de que su uso y comercialización están ya prohibidos. Los permisos repiten, año tras año, que “las condiciones agroecológicas de España [son] especialmente favorables para el desarrollo de insectos causantes de plagas”. Y que el tratamiento de semillas con estos productos “es una tecnología muy precisa y que permite su aplicación a una dosis mínima y localizada”.

Y luego añaden que dejar de usar estos tóxicos produce “un fuerte impacto en el manejo fitosanitario del cultivo de la remolacha, e implica un cambio de modelo en el manejo del cultivo. Es por ello que desde el sector productor consideran que es necesario un periodo de adaptación para buscar alternativas de manejo válidas para combatir las plagas que afectan al cultivo”.

“Que sea económicamente viable”

El objetivo de los permisos es, dicen, conseguir una “transición” para no utilizar insecticidas neonicotinoides y “al mismo tiempo que sea económicamente viable”. Así se ha repetido para las excepciones que ampararon las campañas de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Pero este tipo de decisiones –España no fue el único estado de la UE que las aplicó, también lo hicieron Bélgica, Dinamarca, Francia, Croacia, Finlandia, Alemania, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia– acabaron llegando al Tribunal Europeo de Justicia y los jueces no avalan una puerta de atrás así.

En el caso de Bélgica, sus autoridades concedieron a finales de 2018, casi nada más aprobarse el reglamento, hasta seis autorizaciones temporales para utilizar este tipo de semillas impregnadas de clotianidina y tiametoxam, los principios activos de Bayern y Syngenta respectivamente.

Dos organizaciones no gubernamentales y un apicultor recurrieron esos permisos. Los jueces belgas tenían dudas de cómo interpretar la clausula de excepciones de la norma que prohíbe de manera general estos pesticidas, así que consultó al TJE en 2021.

Dos años después, en enero de 2023, los magistrados europeos han concluido que los estados no pueden avalar así los pesticidas letales. En sus palabras, la cláusula “no permite a un Estado miembro autorizar la comercialización de productos fitosanitarios para el tratamiento de semillas, ni la comercialización y el uso de semillas tratadas con dichos productos, cuando la comercialización y el uso de semillas tratadas con esos mismos productos han sido expresamente prohibidos”.

El objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente «debe primar» sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo

En su fallo, la Curia aclara que “el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente «debe primar» sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal”. Y añade que, antes de comercializar un producto fitosanitario, debe demostrarse “no solo que presenta un beneficio claro para la producción sino que no produce efectos adversos en la salud humana o animal”. Viene a decir que si la posibilidad de excepciones a la norma amparara un producto que, tras los análisis científicos, fue prohibido, iría en contra de la propia norma.

Hacerlo de otra forma “supondría primar la mejora de la producción vegetal sobre la prevención de los riesgos para la salud humana y animal y para el medio ambiente”, concluyó el Tribunal. Anteriormente, en noviembre de 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sí dio el visto bueno a las autorizaciones porque, en su opinión, “no hay métodos alternativos o hay riesgo de que las plagas se hagan resistentes”.

Sin embargo, “la sentencia europea es clarísima y abre una vía para aplicar esa decisión a cualquier plaguicida que esté expresamente prohibido como ha ocurrido con estos neonicotinoides”, considera Koldo Hernández, coordinador del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción , “aunque habría que solicitarlo como ocurrió con el caso de Bélgica”, analiza. “Otra cosa sería ampliarlo a otro tipo de productos que no están autorizados, pero tampoco prohibidos explícitamente, y que se están utilizando mediante autorizaciones excepcionales”, asegura.

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