La policía se ha enfrentado a los manifestantes durante una protesta en la ciudad italiana de Bolonia, tras la muerte de un hombre de origen marroquí que pedía ayuda mientras era inmovilizado por agentes.

Activistas en defensa de los derechos humanos y los partidos de la oposición italiana han exigido respuestas urgentes sobre la muerte, el domingo, de Abderrahim Fakir, de 42 años, que vivía en Italia desde que tenía cinco años y regentaba una pequeña empresa de mudanzas y limpieza.

Un vídeo difundido ampliamente en los medios italianos muestra a Fakir, quien, según se informa, padecía problemas cardíacos y asma, gritando repetidamente “aiuto, aiuto, basta (ayuda, ayuda, basta)” mientras dos agentes se sientan sobre él y los paramédicos observan la escena.

Según muestra el vídeo, después de que dejara de moverse, se ve a los agentes atándole los tobillos y, solo más tarde, comprobando sus signos vitales junto con los paramédicos. La fiscalía ha abierto una investigación y ha solicitado las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Si alguien está agitado, hay que calmarlo”

“No se puede morir así”, ha dicho la hermana de Fakir, Khadija, al periódico Corriere della Sera. “La policía tiene que protegernos. Si alguien está agitado, hay que calmarlo… no matarlo como a un perro”.

Los medios de comunicación italianos informan de que la policía acudió al lugar de los hechos, en el barrio nororiental de Pilastro, poco después del mediodía del domingo, tras recibir una llamada de vecinos preocupados por el comportamiento errático y agresivo de Fakir.

Según se ha informado, los agentes llamaron a los servicios de emergencia poco después de llegar e intentaron calmar a Fakir antes de utilizar espray de pimienta y sujetarlo mientras intentaban esposarlo. Explicaron al personal de la ambulancia que estaba “sufriendo un episodio psiquiátrico”.

Durante las protestas de la noche del lunes, se lanzaron petardos cerca de los edificios policiales y la policía reaccionó utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua. Un grupo de manifestantes también se sentó en una plaza sosteniendo una fotografía de Fakir, según informa la agencia de noticias Ansa.

Comparaciones con el asesinato de George Floyd

En Italia, el caso se ha comparado con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos hace seis años, y también ha suscitado comparaciones con las tácticas empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el mandato de Donald Trump.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha declarado a la televisión pública: “Quien haga comentarios insultantes contra la policía demuestra que no confía en nuestras fuerzas del orden ni en nuestro sistema judicial [y] debería informarse de lo que ocurrió”. Tommaso Foti, ministro de Asuntos Europeos, también ha afirmado: “Los cánticos de 'policía asesina' y 'todo el mundo os odia que se escucharon durante una manifestación en Bolonia… son vergonzosos”.

El vice primer ministro de extrema derecha, Matteo Salvini, también ha defendido a la policía, mientras que Galeazzo Bignami, jefe del partido Fratelli d'italia de la primera ministra Giorgia Meloni en la Cámara Baja del Parlamento, ha elogiado la “conducta profesional” de los agentes.

Ilaria Cucchi, una senadora cuyo hermano murió bajo custodia en 2009, ha declarado a la Agencia France-Presse que le repugna la “solidaridad y el agradecimiento” expresados hacia la policía tras un “acto tan inhumano”.

Cucchi, miembro del partido de la oposición Alianza de los Verdes y la Izquierda (AVS), critica a Meloni y a su Gobierno de coalición, afirmando que sus “políticas impregnadas de odio y racismo” han fomentado un clima de violencia.

Francesco Boccia, líder del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, en el Senado, ha declarado al diario La Repubblica: “Si la derecha quiere importar el modelo del ICE, este no es el país adecuado para ello. Tenemos anticuerpos democráticos”.

Barbara Spinelli, abogada, ha explicado a la agencia Ansa que conoció a Fakir el año pasado, cuando este solicitó la renovación de su permiso de residencia. Según ella, era “una persona muy amable, educada y respetuosa” que se encontraba en Italia de forma legal, pero que temía ser expulsado.

“Le dije: 'Estamos en Italia, un país democrático. Aquí la policía respeta las normas”, explicó. “No sé cómo voy a poder volver a decirle a alguien que no tiene por qué tener miedo”.

Pamplona ha vuelto a recordar este miércoles, 8 de julio, a Germán Rodríguez, víctima mortal de los Sanfermines de 1978 tras ser tiroteado por la Policía Armada en unos sucesos que se recuerdan como los Sanfermines rotos. Ese día, tras una carga policial en la plaza de toros de la capital navarra por la exhibición de pancartas que pedían la amnistía para los presos, se desencadenó una ola de protestas por las calles del centro de Pamplona que terminaron con nuevas cargas que dejaron un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala.

Cientos de personas se han congregado este miércoles junto a la estela ubicada en la avenida Roncesvalles de Pamplona que recuerda la figura de Germán Rodríguez. En el acto, que ha comenzado a las 13:00, se ha bailado un aurresku y se han interpretado varias canciones y unos 'bertsos'. También se ha querido recordar que este año se ha cumplido medio siglo de la matanza del 3 de marzo en Vitoria, en la que murieron cinco personas tras una actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís.

“Dos crímenes de Estado y una misma lucha contra la impunidad. 48 y 50 años trabajando sin desmayo contra el silencio oficial, las zancadillas judiciales y la hipocresía de los gobiernos de Madrid”, han leído en un comunicado representantes de la plataforma 'Sanfermines 78 Gogoan!'. “48 y 50 años sacudiendo las alfombras que ocultan aquellos asesinatos, recordando aquellas masacres para que no las borre el trascurso del tiempo, trasmitiendo a las nuevas generaciones la realidad de aquellos crímenes y la necesidad de no cesar hasta lograr la verdad completa, la justicia negada y reparación integral para todas”, han añadido.

También ha reclamado la desclasificación de documentos oficiales para “esclarecer” las responsabilidades de la muerte de Germán Rodríguez. “Esperemos que está legislatura se pueda avanzar en la justicia, la verdad y la reparación”, ha señalado Josu Chueca, portavoz de 'Sanfermines 78 Gogoan!'.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron de protestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

L'atestat de la Policia Nacional sobre l'agressió d'un antiavalots a una professora durant una manifestació amb motiu de la vaga educativa considera que l'agent “va fer ús de la mínima força reglamentària”, segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es. L'informe, elaborat la matinada de l'1 de juny i que ja obra en la causa judicial en què s'investiguen els fets, conclou que l'actuació va ser adequada i que els dos punts de sutura que li van haver d'aplicar a la dona a la barbeta, així com les diverses contusions al tòrax i la mandíbula, es van deure a una “caiguda accidental” provocada per una “pèrdua d'equilibri” quan l'agent va tractar d'“apartar-la” de la via. Els nombrosos vídeos gravats per testimonis, que circulaven des d'aquella mateixa vesprada per les xarxes socials i els mitjans de comunicació, contradiuen esta versió oficial i seran aportats a la causa

Els fets van ocórrer la vesprada del passat 31 de maig, a l'avinguda de Pius XII de València. Segons l'atestat, mentre se celebrava una concentració autoritzada davant de la Conselleria d'Educació, un grup de persones es va dirigir “en manifestació” cap a aquesta avinguda “amb la intenció de tallar la circulació”, en una acció que, puntualitza el mateix informe, no comptava amb autorització. Segons la Policia, aquest grup de persones “hauria trencat el cordó policial”. “En un moment determinat, els manifestants decideixen fer una seguda i tallar la via, cosa que origina un greu perill per a la vida i la integritat física tant dels agents actuants com dels mateixos manifestants i conductors”, afig.

Amb aquest argument, l'agent que redacta l'informe assegura que la unitat d'antiavalots es va traslladar al lloc “corrents” per a “arribar com més prompte millor i salvaguardar la integritat dels agents actuants” i evitar el tall de trànsit. Entre aquest grup de persones es trobava la dona agredida, de qui el policia assegura que “es trobava al mig de la calçada i encoratjava activament la massa a envair l'avinguda perquè efectivament es produïra aquesta invasió i el tall de trànsit”. Aquesta descripció també contrasta amb els diferents vídeos del moment, en els quals es veu la dona d'esquena a la carretera i caminant per la calçada a uns quants metres de la vorera.

Segons l'atestat, una circumstància que tampoc no s'aprecia en els vídeos, la dona “desobeeix les indicacions dels agents actuants en reiterades ocasions, fet que provoca que el cap del dispositiu, davant de la imminent invasió de la calçada i el risc greu, es dirigisca cap a ella corrents per a aconseguir ordenar un desplegament de la unitat i impedir l'acció d'envair la via”. Segons la versió policial, l'agent antiavalots “va haver d'apartar aquesta dona cap a la vorera fent ús de la mínima força reglamentària”. Aquesta espenta per l'esquena, acreditada pels documents audiovisuals, va provocar, segons la Policia, “una caiguda accidental de la dona a terra a causa de la inèrcia de la carrera, que li va fer perdre l'equilibri”, amb un “resultat no buscat ni pretés per l'agent actuant”, sinó “accidental i alié a la finalitat perseguida per l'actuació policial”.

En aquest sentit, l'atestat insisteix que l'actuació policial es va dur a terme per a “salvaguardar la integritat de les persones” i amb la intenció de desplaçar els manifestants “cap a la vorera, sense cap intenció ni de causar lesions ni de reduir-los”.

Aquest atestat policial es va redactar a les 00.16 h de l'1 de juny, unes quatre hores després que es produïra l'agressió a la professora. De fet, a aquella hora nombrosos mitjans de comunicació ja difonien vídeos de l'espenta per l'esquena, que també corrien com la pólvora per les xarxes socials. L'actuació de l'antiavalots va provocar que nombrosos càrrecs públics retreieren la intervenció policial per desproporcionada i, fins i tot, que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, anunciara una investigació interna per a aclarir els fets, en considerar la situació “inacceptable”. L'agent va ser apartat del dispositiu aquella mateixa vesprada.

L'actuació policial posterior a l'agressió també es va saldar amb l'alçament de quatre actes en aplicació de la Llei de seguretat ciutadana 4/2015, coneguda com a llei mordassa, que derivaran en les corresponents multes econòmiques per a les persones identificades.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, investiga l'agressió des de fa diverses setmanes després que la dona presentara una querella contra l'agent. El sindicat CCOO PV també ha presentat una querella per tres delictes: un delicte de lesions amb l'agreujant d'abús de superioritat i aprofitament del caràcter públic; delicte contra la integritat moral de la professora agredida, com a conseqüència del tracte degradant que menyscaba la seua dignitat, i delicte d'omissió del deure de socors a la víctima. A més, el sindicat ha sol·licitat com a mesura cautelar la suspensió de funcions de l'agent antiavalots mentre dure el procediment.

El atestado de la Policía Nacional sobre la agresión de un antidisturbios a una profesora durante una manifestación con motivo de la huelga educativa considera que el agente “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio y que ya obra en la causa judicial en la que se investigan los hechos, concluye que la actuación fue adecuada y que los dos puntos de sutura que tuvieron que aplicar a la mujer en la barbilla, así como las distintas contusiones en el tórax y la mandíbula, se debieron a una “caída accidental” provocada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente trató de “apartarla” de la vía. Los numerosos vídeos grabados por testigos, que circulaban desde esa misma tarde por redes sociales y medios de comunicación, contradicen esta versión oficial y serán aportados a la causa.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de mayo, en la avenida de Pío XII de València. Según el atestado, mientras se celebraba una concentración autorizada frente a la Conselleria de Educación, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” a esa avenida “con la intención de cortar la circulación”, en una acción que, puntualiza el propio informe, no contaba con autorización. Según la Policía, este grupo de personas “habría roto el cordón policial”. “En un momento dado, los manifestantes deciden realizar una sentada cortando la vía, lo que origina un grave peligro para la vida e integridad física tanto de los actuantes como de los propios manifestantes y conductores”, añade.

Con este argumento, el agente que redacta el informe asegura que la unidad de antidisturbios se trasladó al lugar “a la carrera” para “llegar lo antes posible y salvaguardar la integridad de los actuantes” y evitar el corte de tráfico. Entre ese grupo de personas se encontraba la mujer agredida, de quien el policía asegura que “se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida para que efectivamente se produjera dicha invasión y corte de tráfico”. Esta descripción también contrasta con los distintos vídeos del momento, en los que se ve a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada a varios metros de la acera.

Según el atestado, algo que tampoco se aprecia en los vídeos, la mujer “desobedece las indicaciones de los actuantes en reiteradas ocasiones, provocando que el jefe de la fuerza actuante, ante la inminente invasión de carretera y riesgo grave, se dirija hacia la misma a la carrera para conseguir ordenar un despliegue de la unidad e impedir la acción de invadir la vía”. Según la versión policial, el agente antidisturbios “tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. Ese empujón por la espalda, acreditado por los documentos audiovisuales, provocó, según la Policía, “una caída accidental de la mujer al suelo debido a la inercia de la carrera, causando en esta una pérdida de equilibrio”, con un “resultado no buscado ni pretendido por el actuante”, sino “accidental y ajeno a la finalidad perseguida por la actuación policial”.

En ese sentido, el atestado insiste en que la actuación policial se realizó para “salvaguardar la integridad de las personas” y con la intención de desplazar a los manifestantes “hacia la acera, sin intención ninguna ni de causar lesiones ni de reducirlos”.

Este atestado policial se redactó a las 00.16 del 1 de junio, unas cuatro horas después de que se produjera la agresión a la profesora. De hecho, a esas horas numerosos medios de comunicación ya difundían vídeos del empujón por la espalda, que también corrían como la pólvora por las redes sociales. La actuación del antidisturbios provocó que numerosos cargos públicos afeasen la intervención policial por desproporcionada e incluso que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anunciara una investigación interna para esclarecer lo sucedido, al considerar la situación “inaceptable”. El agente fue apartado del dispositivo esa misma tarde..

La actuación policial posterior a la agresión también se saldó con el levantamiento de cuatro actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, conocida como ley mordaza, que derivarán en las correspondientes multas económicas para las personas identificadas.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, investiga la agresión desde hace varias semanas después de que la mujer presentara una querella contra el agente. El sindicato CCOO PV también ha presentado una querella por tres delitos: delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida, consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento.

CCOO PV ha presentado una querella en defensa de la profesora agredida brutalmente por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del recinto de la Conselleria de Educación durante la huelga educativa del personal docente del País Valencià. Los hechos se produjeron el pasado 31 de mayo cuando, durante la celebración de una concentración pacífica del colectivo en huelga, un policía de la unidad de antidisturbios empujó a la demandante por la espalda, provocando su caída de bruces al suelo y generándole diversas lesiones físicas. 

El sindicato decidió el 2 de junio, en su Comisión Ejecutiva, la personación en calidad de acusación popular, entendiendo que los hechos que habían trascendido a los medios de comunicación eran indiciarios de delito para presentar una querella. Se tramitó el 12 de junio en el juzgado de guardia y se está a la espera de que sea admitida. CCOO PV estima que la misión del agente es la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio.

En la querella se solicita que el agente que provocó los hechos sea imputado penalmente por la comisión de siguientes delitos: delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida, consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. El 15 de junio la jueza inició formalmente la investigación de los hechos.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

Se han hecho virales, y han desatado indignación y multitud de artículos, las imágenes del policía que, sin venir a cuento, empuja al suelo a una docente de 68 años que acaba con la nariz rota durante una de las ejemplares jornadas de huelga en Valencia. Son imágenes que, ni mucho menos, registran la verdadera brutalidad con la que en ocasiones actúan tantos agentes, pues desde hace demasiado tiempo se saben impunes. No en vano, los jueces suelen hacer la vista gorda, al tiempo que el Gobierno más progresista de la historia les sigue dando amparo gracias, entre otros motivos, al incumplimiento de una de sus más sonadas promesas electorales: la derogación de la ley de mordaza. Si esta actuación en concreto nos ha revuelto las tripas se debe a que está grabada en toda su crudeza. De hecho, los sindicatos policiales, acostumbrados a ocultar esas brutalidades, han salido en tromba a defender al agente. No solo eso, sino que a la delegada del Gobierno le dijeron, con la altanería habitual, “tú no vas investigar nada”. Y llevaban, en el fondo, razón. De manera indubitable, el ministro Grande-Marlaska, en última instancia el responsable de los cuerpos estatales de seguridad, siempre acaba por justificar las actuaciones policiales.

Todos lo sabemos: en España la Policía, en más ocasiones de las tolerables, no solo no protege el derecho pacífico a la protesta, sino que agrede a quienes lo ejercen. Hace algún tiempo me dio por repasar someramente los casos de corrupción en los cuerpos de seguridad de los últimos meses: tráfico de drogas, brutalidad, blanqueo de capitales, organizaciones criminales, abusos sexuales, torturas, montajes, etc.

Si uno se pone en serio, la lista es interminable. No se trata de manzanas podridas, sino de un gravísimo problema estructural que, por razones incomprensibles, ningún gobierno ataja. En este país mucha gente no se siente protegida por la Policía, sino más bien atemorizada, una clara deficiencia democrática. Es, de hecho, ahí donde radica la verdadera corrupción sistémica de España, una corrupción transversal, con mandos que se ponen al servicio de la guerra sucia del ejecutivo para anular a rivales políticos, que fabrican pruebas falsas contra la izquierda, que frenan informes cuando atañen a gobiernos afines, o elaboran otros de forma muy creativa y acelerada cuando sirven para derribar a los de signo contrario. Y no pasa nada. Nada de nada. Lo estamos viendo estos días con tanto juicio a las cloacas.

Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca

Al policía de Valencia, sí, ¡le han abierto un expediente! Eso es todo. He intentado buscar qué significa exactamente, qué posibles consecuencias tiene. No lo he logrado, así que, me temo, es un siempre recurso para generar un titular y poco más. Se trata, en suma, de algo parecido a esa “investigación” que el Gobierno vasco ha abierto a los agentes que apalearon a quienes estaban recibiendo en el aeropuerto de Bilbao a los miembros de la flotilla de Israel. Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca.

No está de más recordar que, en Málaga, una jueza no ha visto nada extraño en el caso de la muerte de Haitam, tras el uso de pistolas taser por varios agentes, las 86 lesiones en su cuerpo y las mentiras de los agentes a los sanitarios que acudieron sin más tiempo que el de certificar el fallecimiento.

¿Qué piensan hacer los próximos gobiernos con todo esto, qué lugar ocupará la corrupción policial en la próxima campaña electoral, quién se atreverá a una verdadera limpia en los cuerpos de seguridad cuando llegue al poder? Nada pasará, nada: expedientes e “investigaciones” y, entre tanto, nuestro miedo será el mismo.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Casi un año después de los hechos, el agente de Policía Municipal de Madrid retirado que participó en la intervención que terminó con la vida de Abderrahim Akkouh en Torrejón de Ardoz ha pasado de testigo a investigado en el proceso judicial que intenta dirimir las responsabilidades de lo sucedido. Tal y como viene reclamando la familia de la víctima desde un principio, este hombre que responde a las siglas de P. A. P. C. tendrá que testificar el próximo 9 de junio ante el juzgado de instrucción número 4 de la localidad torrejonera.

“Nunca fue un mero testigo. Con su acción, evitó que Abderrahim se pudiera defender de la asfixia que le acabó matando”, defiende Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh. Sucedió el 17 de junio de 2025. Este agente retirado junto a J. J. T. C., agente en activo del mismo cuerpo policial e investigado desde un primer momento en la causa, persiguieron a Abderrahim hasta que consiguieron inmovilizarlo. Mientras el segundo le practicaba la técnica conocida como “mataleón”, el ahora también investigado intentó inmovilizar sus piernas y se encaró con los viandantes que alertaban de la violencia de la maniobra e intentaban grabar la escena. Las diversas autopsias realizadas recogen que Abderrahim perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”.

Ese es el motivo principal por el que la magistrada del juzgado de Torrejón que indaga sobre los hechos ha citado a P. A. P. C. como investigado. “A la vista de lo hasta ahora practicado y el informe médico forense de autopsia, que considera entre las concausas del fallecimiento la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Vaquero explica que el agente retirado podría haber incurrido en un delito recogido en el artículo 139 del Código Penal, referente a un homicidio con alevosía por indefensión. “Ahí se parte de que los atacantes son siempre más de uno, como sucede en esta ocasión”, apunta.

Una nueva declaración como investigado

Los vídeos aportados a la causa y grabados por los testigos evidencian cómo P. A. P. C. intentó en todo momento sujetar a Abderrahim, que yacía boca abajo en el suelo, mientras J. J. T. C. le estrangulaba hasta la muerte. Por otro lado, un vídeo publicado por elDiario.es muestra cómo este mismo policía municipal jubilado dijo “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, ante la presencia de sus compañeros de Policía Nacional, una vez Abderrahim ya había dejado de respirar. “Esto nos da una visión bastante clarividente de cuál es su participación e intención directa, que no era otra que arrebatarle la vida”, añade el letrado.

Tanto el abogado como la familia Akkouh no se explicaban cómo P. A. P. C. formaba parte de la investigación judicial como testigo y no investigado: “Este señor no era un vecino que vio lo que sucedía desde un balcón. Era evidente que se le debía procesar”, comenta Vaquero. De esta forma, el próximo 9 de junio P. A. P. C. se enfrentará a cuestiones diferentes a las que el abogado pudo realizar en su primera declaración como testigo. “Esperamos que no responda a nuestras preguntas, pero nosotros intentaremos evidenciar su participación real en los hechos”, agrega.

En aquella declaración como testigo, el ahora investigado llegó a aseverar que le habían golpeado en la cabeza, cuando en los vídeos aparece él cayéndose y dándose contra un bolardo de la calle. “También dijo que no habían bebido nada, y las pruebas posteriores objetivaron ingesta de alcohol. Es algo muy curioso que intentaremos desentrañar”, precisa el mismo Vaquero. Aquella noche, ambos agentes venían de celebrar la jubilación de P. A. P. C.

“Era desesperante que no estuviera investigado ya, porque los vídeos son demoledores. Aquí nadie puede decir que este hombre no participa de los hechos”, reitera el abogado. Desde su punto de vista, P. A. P. C. podría ser un coautor o cooperador necesario, cuyas figuras tienen la misma relevancia penal. Aún a la espera de sus declaraciones durante la fase de instrucción en la que se encuentra el caso, Vaquero adelanta que para ambos pedirá una pena de asesinato de unos 15 años de prisión. “Si participan los dos, pasamos de un homicidio doloso a un homicidio alevoso, lo que es un asesinato y lo que nosotros hemos defendido desde el principio”, desarrolla. 

Por el momento, el único investigado sobre el que pesan medidas cautelares es J. J. T. C., quien cada 15 días tiene que firmar en los juzgados. Para el nuevo investigado, la acusación las reclamará a la magistrada según lo que declare.

Una lucha por la justicia

La imputación de P. A. P. C. da aliento a la lucha de la familia Akkouh por hacer justicia y limpiar el nombre de Abderrahim, víctima de infundios, según su hermana Chaimae. “Cuando le he dado la noticia a mis padres ha sido una bomba de esperanza”, afirma. Esto les hace ver que siguen “el camino correcto” para condenar al policía retirado como responsable de la muerte de Abderrahim. “Este policía participó de lo sucedido y no hizo nada para salvarle la vida. Al contrario. Se sentó sobre las piernas de mi hermano para que no se pudiera mover y defender de la asfixia”, sostiene.

Chaimae recalca que lo sucedido “no fue un accidente, sino un asesinato puro y duro”. Por otro lado, ambos agentes son vecinos de Torrejón de Ardoz, aunque desarrollaran sus funciones policiales en la capital, lo que provoca cierto temor a la familia: “Nos andamos con algo de cuidado porque no sabemos si nos cruzamos por la calle con estas personas diariamente, porque no sabemos quiénes son”.

La hermana del Abderrahim ya trabaja para recordarle cuando se cumpla un año de su muerte. Una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz el próximo 20 de junio y son varias las charlas que la familia prepara para seguir dando a conocer lo sucedido. “Queremos que a estas personas se les condene como se merecen y que se limpie el nombre de mi hermano”, concluye.

El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el tercer acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en el que ha homenajeado a 81 víctimas que fueron reconocidas por el Ejecutivo foral en 2025 (65) y en el primer trimestre de 2026 (otras 16) en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera”, basada en la deslegitimación de toda violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Una de las víctimas reconocidas ha sido Txaro Etxetxipia, quien ha intervenido en el acto para contar su historia. Según ha relatado, cuando tenía 16 años, en 1976 fue detenida tras participar en la asamblea de un partido político y trasladada a la comisaría del Gobierno Civil de Pamplona, donde estuvo “encerrada” 72 horas y donde la Policía la “fichó” tomándole las huellas. Varios años después, en 1983, la detuvieron de nuevo al salir de su casa para ir a trabajar como profesora en una ikastola.

“Me hacían hacer flexiones, me tiraban de un policía a otro, me pegaban en la cabeza en la espalda con la guía de teléfonos, me amenazaban con llevarme al monte, con acabar conmigo, con acabar con él. Me devolvían a la celda, no me dejaban sentarme”, ha relatado sobre las torturas que sufrió en comisaría.

Ahora, muchos años después, reconoce que todavía le quedan secuelas de los malos tratos sufridos. “En el pueblo se me quitó un poco el miedo. Siempre me ha gustado llevar un coche grande, porque así parece que paso más desapercibida para la policía; con coche grande parezco más señora. En el coche siempre escucho una emisora en euskera, pero cuando veo a la policía cambio a una en castellano. Pequeños detalles”.

En el acto de homenaje también ha intervenido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que ha puesto en valor el trabajo la Comisión de reconocimiento y ha destacado que “todas las víctimas merecen ser reconocidas” porque “nadie tiene legitimidad para vulnerar los derechos de nadie”. Hasta el momento el Gobierno, en base a los informes de ese organismo, ha notificado un total de 122 reconocimientos, mientras que cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación, al tratarse de un proceso abierto. 

En el acto han participado, además de las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes de personas que han padecido la violencia de motivación política. También han estado presentes representantes de distintas instituciones de Navarra (miembros del Ejecutivo, del Parlamento Foral, el Defensor del Pueblo, entidades locales, universidades, sindicatos…), así como asociaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos. El acto ha contado con el acompañamiento artístico del grupo Kukai Dantza.

Te voy a contar una cosa pero que quede entre tú y yo, ¿vale? ¿Me lo prometes? ¿De verdad? ¿Sí? De acuerdo. El otro día tuve un incidente bastante feo cuando salí a tirar la basura. ¿El motivo? Apareció detrás de mí un tipo y se dedicó a seguirme e insultarme.

Esta situación llevó a tener que desviarme del camino de vuelta a casa. Casi una hora andando. Casi que, saliendo de mi barrio, tuve que llamar a una amiga y hablar por teléfono mientras compartía mi ubicación, aunque hacía un rato que ni lo veía ni lo escuchaba.

En todo ese rato no me encontré a ningún policía. Y era raro porque llevo unos meses encontrándome un furgón policial cada vez que salgo de la puerta de mi portal. Da igual que fuesen las cinco de la mañana, las diez, las cuatro de la tarde o las once de la noche. Podría ser que pasara antes y no me percatase que estuvieran ahí, aunque los furgones no son muy discretos que digamos. Podría ser por mi seguridad, o podría ser por la tuya.

Yo creo que es más por tu seguridad, porque a mí lo que me genera es angustia. Y no estoy exagerando. Mira lo que está pasando. El pasado jueves 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó (y celebró) el nuevo reglamento europeo de deportaciones. Sí, deportaciones masivas basadas en el modelo ICE de Estados Unidos, lo que supone no sólo un recorte de derechos a las personas migrantes sino, también, el aumento de la discriminación racial en suelo europeo.

También el 26 de marzo nos encontramos por la tarde con las duras imágenes de la detención arbitraria y racista al exdiputado, y activista antirracista, Serigne Mbaye. Tendrán que explicar muy bien y nítidamente por qué esa actuación no tiene ni un ápice de racismo. Pero, te voy a confesar una cosa, algo se torció en mi estómago al ver la rodilla sobre el cuerpo de Serigne, como hicieron con Haitam Mejri el pasado diciembre en Torremolinos, y mostraban las imágenes publicadas en este mismo medio.

Es importante que incluso habiendo salido a la luz las imágenes, y desmontarse el argumentario oficial, incluso después se trata de hacer malabares para defender una actuación cuyos intentos de justificación hacen aguas por doquier para evitar decir que el peligro real se encontraba en que era “un moro”.

En el caso de Haitam, tras inmovilizarlo y golpeado en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax, provocando una asfixia que le provocó la muerte según el informe de la autopsia, y darle más de ocho descargas de táser. Al ser consultado el Gobierno por el uso de esas pistolas, su respuesta fue que la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra

Pero hay tres cosas que unen a estos dos casos. No excepcionales ni puntuales, sino de violencia: la rodilla sobre el cuerpo, la existencia de imágenes y la respuesta institucional: no hay racismo, es una respuesta proporcional. ¿Proporcional a qué? Y sobre todo, ¿a quién?

Y es que, hablando de cuerpos, seguro que se te está quedando mal cuerpo. Pero no me preguntes cómo estoy, porque lo que me duele no es ni el estómago ni el pecho: me duelen las manos. Me duelen las manos, como diría Silvia Agüero, como a tantas mujeres racializadas de que tengamos que enterrar a los hombres de nuestras comunidades o parar en seco nuestras vidas porque los han detenido, y soltado, ya que no tenían un motivo real más allá del racial.

Y es que este tipo de agresiones no son individuales sino que impactan de lleno en el entorno y sirve de aviso a sus comunidades, como el disparo al aire de un cazador. Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra.

Porque no son situaciones puntuales, ni casos aislados, es puro racismo de Estado. Al final son estas mismas manos cansadas y doloridas las que siguen tejiendo y sosteniendo. Podríamos irnos, quizás, deberíamos irnos, pero la impunidad debe dejar de ser costumbre. No hay paz en la injusticia.

Estos hechos muestran la finitud de sus excusas y la imposibilidad de que exista seguridad para nosotras. Siempre habrá un recordatorio, que cada vez es más violento y virulento. Y ahora, más allá de una profunda consternación y las condenas protocolarias, ¿qué se vais hacer?

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el “racismo” y la “violencia policial” que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el “racismo policial”.

Mbaye afirma haber sido víctima de una “redada racista” cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

“Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar”, ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como “Marlaska, dimisión”, en alusión al ministro del Interior, y “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un “error de protocolo” ni un “hecho aislado”, sino “una manifestación brutal de racismo institucional”.

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”.

“No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado”, han apuntado.

El 7 de diciembre de 2025 las cámaras de seguridad de un locutorio en Torremolinos registraron la muerte violenta de un hombre tras ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional. El hombre se llamaba Haitam Mejri, tenía 35 años, y recibió al menos ocho descargas eléctricas disparadas desde una táser, un tipo de arma categorizada como no letal o menos letal, y cuyo uso está cada vez más generalizado entre los diferentes cuerpos policiales que existen en España. Sin embargo, no existe un protocolo unificado ni transparente para su utilización de forma segura y, en ocasiones, algunos cuerpos contravienen las recomendaciones del fabricante para evitar daños irreversibles.

Hablamos con Néstor Cenizo, periodista de elDiario.es en Andalucía que ha desvelado la historia de la muerte de Haitam, sobre cómo sucedieron los hechos recogidos por las cámaras de seguridad del establecimiento donde falleció este hombre. Con Ter García, periodista de Civio, organización que promueve la transparencia pública, analizamos qué dicen los protocolos policiales sobre el uso de las táser y cómo se adaptan a lo que recomiendan los fabricantes de un arma que puede llegar a ser mortal. 

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

La investigación de cómo y por qué Haitam Mejri murió en un locutorio de Torremolinos cuando era reducido por seis agentes de Policía está paralizada en un juzgado de Málaga tres meses después. La jueza espera el informe definitivo de la autopsia, y hasta que no lo reciba ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones: prefiere no llamar a ningún testigo y no practicar ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la familia.

Entre tanto, la familia ha encargado y recibido otro informe pericial, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Haitam Mejri, de 35 años y padre de un niño de siete, murió el pasado 7 de diciembre en un pequeño locutorio de Torremolinos. La jueza dispone desde hace dos meses de la secuencia desde que Haitam está solo hasta que retiran el cadáver, más de tres horas y media grabadas por una cámara del local; también tiene dos vídeos de unos diez minutos cada uno grabados por las cámaras que se activan al usar las pistolas táser.

El vídeo incluido en esta información ha sido elaborado a partir de las imágenes registradas desde una cámara situada en altura en uno de los rincones del local, lo que ofrece una perspectiva más amplia de la escena, así como del grabado al activarse la cámara de una de las pistolas táser.

“Voy a colaborar”

Las imágenes desmontarían la hipótesis de que Haitam amenazase a nadie, como divulgaron algunos sindicatos policiales. Lo que se ve y oye es una intervención en la que varios agentes golpean, gasean, sujetan y disparan al hombre cuando este ya está en el suelo y engrilletado, mientras este se resiste, les insiste en que sean conscientes de que las cámaras están grabando y grita de dolor y rabia.

En el vídeo se observa que el hombre habría entrado muy alterado pidiendo un cargador para recargar la batería del móvil, llegando a desencajar la mampara tras la que estaba el dueño. Tras forcejear con él y salir a la carrera, este lo encerró y llamó al 112. La Policía envió un Zeta (dos agentes) ante el aviso de un supuesto robo. Luego llegaron cuatro policías más.

Al llegar lo encontraron con dos móviles en la mano derecha y unas tijeras escolares (de unos ocho centímetros y punta redonda) en la izquierda, mientras intentaba extraer el cargador de su envoltorio. Registrada por varias cámaras, es una escena que no anticipa lo que va a ocurrir. “Amigo, ponte al suelo”, se presenta el primer agente que entra al local. Lleva ya la pistola en la mano, lo que activa la cámara vinculada. Haitam no se tumba, señala a las cámaras del local y dice: “Voy a trabajar con vosotros”. Mientras, les muestra repetidamente los móviles, aparentemente satisfecho de que ya están cargando. Los agentes no muestran signos de que perciban riesgo grave. Haitam suelta las tijeras e insiste en retener los móviles.

El agente se le acerca mientras le apunta con el táser, cuya cámara graba a pocos centímetros: Haitam suda profusamente, está nervioso, se mueve, balbucea mientras mira los teléfonos, pero no amenaza. “Voy a empezar a rezar”, dice. “Perfecto”, le dice el agente. “Voy a colaborar”, insiste Haitam, que trata de explicarles por qué está allí y llega a decirles: “No quiero morir”. “Si vas a colaborar, dame la mano”, le dice el agente. Es cuando estrechan las manos cuando todo cambia: cuando el policía le alcanza, trata de tumbarlo con la ayuda de otros dos compañeros, uno de los móviles cae y comienza el forcejeo que acabará con Haitam en el suelo y, tras unos minutos agónicos, con su muerte. Seis agentes habrían participado.

“¡Soltadme! ¡Soltadme!”, grita, cuando está en el suelo. Entre tres agentes le acaban de tumbar. El primer disparo de táser lo recibe en la zona lumbar. “¡Quieto o te pego otro!”, le advierte un agente repetidamente, mientras el otro lo engrilleta y él se dirige a quienes observan desde el exterior: “¿Estáis viendo lo que me están haciendo? ¿Lo estáis viendo todos? ¡Hay cámaras ahí!”.

Un agente se sube en las piernas y permanece allí durante varios minutos, mientras otro lo sujeta por el cuello. Los refuerzos se incorporan a la escena, y el vídeo muestra a tres agentes sujetando al hombre, que está en el suelo y no puede mover las manos, mientras los agentes tienen dificultades para amarrarle también los pies. Uno le golpea la cabeza repetidamente pateando un cartel metálico. “Hijo puta, la que ha liado”. “Tráete el táser, tráete el táser”, reclama uno. “¡No me vais a matar!”, se escucha a Haitam, que grita, jadea y tiene ya dificultades para respirar. Otro anima a seguir usando la táser. “Dale, dale”, dicen. “¡Métele!”.

Con la situación ya bajo aparente control, un agente sugiere: “Métele más táser”. “No, porque ya está ahí todo el mundo mirando”, replica otro, según se escucha en uno de los vídeos de las táser. Han pasado siete minutos desde que lo han tumbado y el hombre ha quedado completamente reducido. “Hay que aguantar, ten fe, ten fe”, masculla. Un agente presiona con la pierna en el tronco y otro sigue de pie sobre las piernas.

“¿Esto cómo para de grabar?”, pregunta entonces uno de los agentes. La grabación de las dos táser se corta simultáneamente segundos después, pero siguen grabando las cámaras del local.

“En Torremolinos Se Queja ya se ha publicado”

En total recibe entre ocho y diez descargas (este medio no puede determinar si varias de ellas son diferentes o una prolongada), todas en el suelo y tres de ellas cuando ya está engrilletado de manos, según dicen los propios agentes (“hala, engrilletado”) pasados varios minutos del forcejeo inicial, mientras otro agente está subido sobre sus piernas.

Durante los diez minutos siguientes lo siguen sujetando y los policías entran y salen comentando su actuación. Uno de ellos reconoce el uso de un spray irritante: “Se lo he echado en la boca y lo ha escupido”. Mientras Haitam respira entre estertores, cada vez más débil, se escuchan también estas dos frases: “Bueno, ya ha muerto, ¿no?”, dice alguien. “En Torremolinos Se Queja ya está publicado”, ironiza otro. Con la comprobación de que su respiración es ya muy débil, alguien comenta que “se ha venido abajo”.

Sólo entonces llaman a la central, a la que dan una información que no refleja lo que está ocurriendo: “Aquí hay un detenido bastante agresivo, llama a una ambulancia. Vamos a inmovilizarlo”. Pero Haitam ya llevaba varios minutos inmovilizado. También explican el origen de la trifulca: “Un móvil, quería cargarlo”.  

Los agentes empiezan a ser conscientes de lo que puede haber ocurrido. “A ver si le pillas el pulso”. “Le damos la vuelta que no se vea”. “Creo que le ha dado una sobredosis”. “Vamos a sentarlo en la silla”. “Una ambulancia, parece que este hombre ha entrado parada. Estamos realizando RCP [Reanimación Cardiopulmonar]”, dice un agente, ya por último. Cuando comienzan, pasan 23 minutos desde que la Policía llegó al locutorio, y Haitam probablemente ya está muerto.

“Elevada presión a nivel de cuello y tórax”

La familia denuncia que a Haitam lo mató la fuerza excesiva empleada por los seis agentes. El abogado Samuel Tejada cree que concurren los elementos para imputar un presunto asesinato, y no sólo una imprudencia mortal.

El informe que han encargado, firmado por el forense Aitor Curiel, sostiene esa conclusión. Se trata de una segunda opinión técnica, que se añade a la que aún debe entregar el Instituto de Medicina Legal, que está a la espera del análisis toxicológico.

“La elevada presión a nivel de cuello y del tórax, la inmovilización y sujeción junto con la utilización de un gas/gel irritante y la realización de múltiples descargas eléctricas con TASER produjeron una insuficiencia cardiorrespiratoria severa y la posible producción de arritmias cardiacas letales en un corazón con patología cardiaca previa no mortal a corto plazo y no conocida”, señalan las conclusiones del informe encargado por la familia, a las que este medio ha tenido acceso.

El documento observa que padecía arterioesclerosis coronaria severa y otras patologías coronarias, pero concluye que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haber sido golpeado, presionado, inmovilizado, gaseado y electrocutado reiterada y prolongadamente.

La familia cree que la muerte de Haitam no fue el resultado de una actuación meramente imprudente, sino de un uso “desproporcionado y excesivo” de la fuerza con plena consciencia de lo que podía ocurrir. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, señaló su abogado en una rueda de prensa a finales de diciembre.

La familia está muy dolida con versiones apócrifas difundidas en prensa por sindicatos policiales, en las que se imputaba a Haitam agresividad, un intento de robo, amenazas en árabe o el uso de “tijeras de grandes dimensiones”, que los vídeos desmentirían. La muerte de Haitam ha originado varias manifestaciones denunciando el “abuso policial” y el “racismo institucional”.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones sobre la muerte de un migrante a manos de unos agentes en Torremolinos (Málaga). El sindicato policial acusaba a Belarra de injurias y calumnias graves a las Fuerzas de Seguridad y de un delito de odio y los magistrados del Supremo consideran que las declaraciones fueron realizadas “en el contexto del debate político” y están amparadas por la libertad de expresión.

Belarra comentó desde su cuenta de X una información del diario 'Sur' titulada 'Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos'. “Decir mueres de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya”.

Hiaitam, de 35 años, murió de un infarto en un locutorio de Torremolinos después de que un agente de la Policía Nacional descargara contra él su pistola táser. El suceso despertó una ola de indignación en la ciudad malagueña y un juzgado local investiga los hechos. Los sindicatos policiales defendieron la actuación de su compañero por la supuesta agitación de la víctima, pero la familia niega esta versión y considera que Haitam fue asesinado.

El SUP entendió que la líder de Podemos acusaba a la Policía Nacional de “ser unos asesinos, violentos y racistas” y que su afirmación eran “una acusación generalizada” contra todos los miembros del Cuerpo. Sin embargo, la Sala Segunda concluye que, “por más que las expresiones proferidas sean injustas y excesivas, en su forma y contenido, las entendemos amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, añade: “Cuando las expresiones se producen en el contexto del debate político y se relacionan con asuntos de interés general, por las materias a que se refieren o por las personas que en ellos interviene, y contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como es el caso, el derecho a la libertad de expresión tiene un máximo nivel de eficacia en garantía precisamente de esa opinión pública y de los valores democráticos por lo que el ejercicio de esta libertad o pera en este caso como causa excluyente de la antijuricidad penal”.

Es la segunda vez que el SUP intenta, sin éxito, que el Supremo impute a Belarra por criticar a la Policía. A raíz de los incidentes de Torre Pacheco y de la pasividad de miembros de las Fuerzas de Seguridad que mostraron los medios de comunicación, Belarra afirmó que la Policía tenía “un serio problema de infiltración neofascista”.

Como ahora, y dada su condición de aforada, el SUP se querelló contra Belarra ante el Supremo. Los jueces entendieron que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero que prevalecía su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Los incidentes que se produjeron el pasado sábado, con cargas de la Policía Nacional, en el vomitorio del graderío sur del estadio de El Sadar tras el partido que enfrentó a Club Atlético Osasuna y al Real Madrid ha reavivado en Pamplona un debate sobre qué cuerpo de policía debe encargarse de la seguridad en el estadio del club navarro.

Los incidentes se iniciaron tras la finalización del encuentro. La seguridad privada del club trataba de identificar a un aficionado que había lanzado una botella vacía al césped durante el encuentro. En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las escenas de pánico en las que se vieron involucrados menores y ancianos que abandonaban el estadio tras la finalización del encuentro han sido objeto de críticas por parte de socios del club, así como cargos públicos. Los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre) ya han solicitado que sean agentes de la Policía Foral y no de la Nacional los que custodien el estadio durante los partidos de Osasuna.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, la gestión de la seguridad de los partidos que Osasuna juega como local en el esatdio de El Sadar corresponde al organizador de los partidos, es decir, La Liga y C.A. Osasuna. En los estadios vascos y catalanes son agentes de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra los que se encargan de estas labores. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha que la Policía Foral es capaz “de liderar” la seguridad en estos partidos, al igual que lo hace en otros eventos culturales y deportivos.

El club rojillo ha recogido el guante del Gobierno foral y su Junta directiva de Osasuna ha acordado solicitar “en cuanto sea posible” mantener una reunión con el Gobierno de Navarra “para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

Son los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis. Es la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo. Como es también la persecución por las calles de St. Paul —ciudad gemela de Minneapolis— de Christian Salamanca, un hombre de origen colombiano con visado válido, un caso de asilo pendiente y permiso de trabajo sin antecedentes penales. Y todo mientras la Administración Trump insiste en estar tras “lo peor de lo peor”.

“Christian es un amigo, un inmigrante, un padre devoto y un esposo trabajador que siempre se ha esforzado por brindarle lo mejor a su familia”, explica una amiga de la familia en un post en internet en el que se pide ayuda económica para el tratamiento de las heridas a causa de la persecución del ICE en un país sin asistencia sanitaria pública: “El lunes 26 de enero, agentes de ICE persiguieron a Christian mientras se dirigía al trabajo y chocaron su vehículo por detrás, provocando que se estrellara contra un poste de teléfono. Christian no fue detenido en el lugar por el ICE, pero momentos después fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves: una fractura de cadera y una lesión en el ojo. Este traumático suceso ha dejado a Christian y a su familia en una situación difícil”.

De acuerdo con el testimonio, “la fractura de cadera impedirá caminar” a Christian “durante al menos 2 a 4 meses, y necesitará atención las 24 horas del día por parte de su esposa, Nichole. La esposa e hijos de Christian están haciendo todo lo posible por mantenerse fuertes, pero la carga económica es abrumadora. Los fondos recaudados aquí se destinarán directamente a cubrir la recuperación de Christian, a apoyar las necesidades básicas de su familia y a cubrir los gastos médicos y legales. Ellos están pasando por un momento en el que nadie debería estar solo, y queremos brindarles todo el apoyo posible”.

Nicole Salamanca explicó a una televisión local cómo su esposo, Christian, se dirigía al trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a seguirlo en un vehículo. Nicole relató que su esposo la llamó presa del pánico alrededor de las 11:15 a. m., diciéndole que alguien lo perseguía. “Me dijo: 'Me están siguiendo. ¿Qué hago?”, relató Nicole.

Nicole dijo que Christian condujo hasta el Centro Comunitario McDonough en St. Paul. Esperaba que fuera un lugar más seguro, pero Nicole cuenta cómo agentes de ICE embistieron el coche de Christian por detrás cuando entraba al aparcamiento, empujándolo contra un poste de teléfono.

Nicole dijo que Christian logró salir del coche y corrió al interior del edificio para esconderse, y que su esposo sufrió heridas graves en el accidente: “Estoy muy triste. Estoy muy frustrada. No hago nada malo, solo vengo aquí por mis hijos, para que tengan una vida mejor… Pero esta situación es muy difícil para mí. Tengo mucho miedo”.

Rastreo en redes y protestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado rastreando los nombres de los manifestantes en una base de datos interna durante varios meses, según dos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) citados por Reuters. La base de datos del gobierno contiene nombres, fotos, ubicaciones y matrículas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado a Reuters que no mantiene una base de datos de “terroristas domésticos” estadounidenses, pero sí rastrea supuestas amenazas. “Por supuesto, monitoreamos, investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones a nuestros agentes a las autoridades competentes”, según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin.

En este sentido, el periodista Ken Klippenstein publicaba recientemente que “el Departamento de Seguridad Nacional rastrea a usuarios de Reddit que se oponen al ICE, monitoreando las comunicaciones de estadounidenses solo por criticar a la agencia”.

“El espionaje se revela en un boletín de inteligencia de enero, de la Patrulla Fronteriza”, explica Klippenstein: “El sujeto del informe es el usuario de Reddit ”Budget-Chicken-2425“, quien no es narcotraficante, pandillero ni terrorista. Simplemente, alguien preocupado por la extralimitación federal. El informe se centra en la convocatoria de Budget-Chicken a una protesta cerca de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Edinburg, Texas. Si bien el informe reconoce que las protestas contra el ICE en todo Texas han sido 'generalmente legales' y que no hay evidencia de que la convocatoria de Budget-Chicken represente una amenaza, se dice que cualquier protesta cerca de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza 'merece vigilancia continua”.

De acuerdo con el post, “la publicación ofensiva de Budget-Chicken en Reddit se publicó en el canal r/RioGrandeValley. Titulada 'Uníos a la protesta contra ICE', la publicación, de apenas unas pocas frases, invita a 'vecinos, familiares y comunidad' a 'ser testigos y concienciar' protestando contra una comisaría de la Patrulla Fronteriza”.

Un análisis de Reuters de los registros judiciales federales relacionados con las protestas contra la represión migratoria revela que la Administración Trump ha procesado al menos a 655 personas de las miles que han sido detenidas por violar el Título 18, Sección 111 del Código de los Estados Unidos, un cargo general para cualquiera que “agreda, se resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza” con un agente federal en el desempeño de sus funciones oficiales. Puede ser considerado un delito grave o un delito menor. Como delito grave, conlleva hasta 20 años de prisión, pero se reservan penas superiores a ocho años para quienes utilicen un arma mortal o peligrosa o causen lesiones.

Esta cifra de 655 personas procesadas representa más del doble de los procesamientos durante el mismo período de 2024-2025, informa Reuters.

Mentiras destapadas por los vídeos

Si no fuera por los vídeos, muchos de ellos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti serían considerados “terroristas”, tal y como los describió la Administración Trump tras ser asesinados.

Pero los vídeos de los testigos de los asesinatos han sido fundamentales para destapar las mentiras de las autoridades policiales federales. Y hay más ejemplos recientes.

Las autoridades federales han anunciado este viernes una investigación sobre dos agentes de inmigración que hicieron declaraciones falsas bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis el mes pasado.

Este es uno de al menos cinco tiroteos en los que las declaraciones iniciales de los agentes de inmigración fueron posteriormente contradichas por pruebas en video, como con Good y Pretti.

En este caso, la investigación anunciada el viernes se produce horas después de que un juez federal desestimara los cargos por agresión grave contra dos hombres venezolanos acusados de golpear a un agente del ICE con un palo de escoba y una pala de nieve el 14 de enero. El agente, cuyo nombre no figura en los documentos judiciales, disparó un tiro que impactó a uno de los hombres, Julio César Sosa Celis, en el muslo.

En el proceso, los fiscales solicitaron la desestimación de los casos porque las nuevas pruebas en video contradecían las acusaciones presentadas contra los hombres en una denuncia penal y en una vista el mes pasado. Es decir, los vídeos demuestran que los agentes mintieron mientras una persona ha terminado con un balazo en una pierna.

Tras este suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente de inmigración fue “emboscado” por Julio Cesar Sosa Celis y disparó un “tiro defensivo” por temor a su vida. “Lo que presenciamos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato contra agentes federales”, declaró Noem, en la línea de lo dicho tras los asesinatos de Good y Pretti.

Sin embargo, en la vista del 21 de enero ya se evidenció que el testimonio del agente de inmigración difirió significativamente del de los acusados y tres testigos presenciales. Además, las pruebas de video no respaldaron la versión del agente de haber sido agredido con una escoba y una pala.