El Gobierno de Navarra ha celebrado este miércoles el tercer acto de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en el que ha homenajeado a 81 víctimas que fueron reconocidas por el Ejecutivo foral en 2025 (65) y en el primer trimestre de 2026 (otras 16) en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera”, basada en la deslegitimación de toda violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Una de las víctimas reconocidas ha sido Txaro Etxetxipia, quien ha intervenido en el acto para contar su historia. Según ha relatado, cuando tenía 16 años, en 1976 fue detenida tras participar en la asamblea de un partido político y trasladada a la comisaría del Gobierno Civil de Pamplona, donde estuvo “encerrada” 72 horas y donde la Policía la “fichó” tomándole las huellas. Varios años después, en 1983, la detuvieron de nuevo al salir de su casa para ir a trabajar como profesora en una ikastola.

“Me hacían hacer flexiones, me tiraban de un policía a otro, me pegaban en la cabeza en la espalda con la guía de teléfonos, me amenazaban con llevarme al monte, con acabar conmigo, con acabar con él. Me devolvían a la celda, no me dejaban sentarme”, ha relatado sobre las torturas que sufrió en comisaría.

Ahora, muchos años después, reconoce que todavía le quedan secuelas de los malos tratos sufridos. “En el pueblo se me quitó un poco el miedo. Siempre me ha gustado llevar un coche grande, porque así parece que paso más desapercibida para la policía; con coche grande parezco más señora. En el coche siempre escucho una emisora en euskera, pero cuando veo a la policía cambio a una en castellano. Pequeños detalles”.

En el acto de homenaje también ha intervenido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que ha puesto en valor el trabajo la Comisión de reconocimiento y ha destacado que “todas las víctimas merecen ser reconocidas” porque “nadie tiene legitimidad para vulnerar los derechos de nadie”. Hasta el momento el Gobierno, en base a los informes de ese organismo, ha notificado un total de 122 reconocimientos, mientras que cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación, al tratarse de un proceso abierto. 

En el acto han participado, además de las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes de personas que han padecido la violencia de motivación política. También han estado presentes representantes de distintas instituciones de Navarra (miembros del Ejecutivo, del Parlamento Foral, el Defensor del Pueblo, entidades locales, universidades, sindicatos…), así como asociaciones vinculadas al ámbito de los derechos humanos. El acto ha contado con el acompañamiento artístico del grupo Kukai Dantza.

Te voy a contar una cosa pero que quede entre tú y yo, ¿vale? ¿Me lo prometes? ¿De verdad? ¿Sí? De acuerdo. El otro día tuve un incidente bastante feo cuando salí a tirar la basura. ¿El motivo? Apareció detrás de mí un tipo y se dedicó a seguirme e insultarme.

Esta situación llevó a tener que desviarme del camino de vuelta a casa. Casi una hora andando. Casi que, saliendo de mi barrio, tuve que llamar a una amiga y hablar por teléfono mientras compartía mi ubicación, aunque hacía un rato que ni lo veía ni lo escuchaba.

En todo ese rato no me encontré a ningún policía. Y era raro porque llevo unos meses encontrándome un furgón policial cada vez que salgo de la puerta de mi portal. Da igual que fuesen las cinco de la mañana, las diez, las cuatro de la tarde o las once de la noche. Podría ser que pasara antes y no me percatase que estuvieran ahí, aunque los furgones no son muy discretos que digamos. Podría ser por mi seguridad, o podría ser por la tuya.

Yo creo que es más por tu seguridad, porque a mí lo que me genera es angustia. Y no estoy exagerando. Mira lo que está pasando. El pasado jueves 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó (y celebró) el nuevo reglamento europeo de deportaciones. Sí, deportaciones masivas basadas en el modelo ICE de Estados Unidos, lo que supone no sólo un recorte de derechos a las personas migrantes sino, también, el aumento de la discriminación racial en suelo europeo.

También el 26 de marzo nos encontramos por la tarde con las duras imágenes de la detención arbitraria y racista al exdiputado, y activista antirracista, Serigne Mbaye. Tendrán que explicar muy bien y nítidamente por qué esa actuación no tiene ni un ápice de racismo. Pero, te voy a confesar una cosa, algo se torció en mi estómago al ver la rodilla sobre el cuerpo de Serigne, como hicieron con Haitam Mejri el pasado diciembre en Torremolinos, y mostraban las imágenes publicadas en este mismo medio.

Es importante que incluso habiendo salido a la luz las imágenes, y desmontarse el argumentario oficial, incluso después se trata de hacer malabares para defender una actuación cuyos intentos de justificación hacen aguas por doquier para evitar decir que el peligro real se encontraba en que era “un moro”.

En el caso de Haitam, tras inmovilizarlo y golpeado en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax, provocando una asfixia que le provocó la muerte según el informe de la autopsia, y darle más de ocho descargas de táser. Al ser consultado el Gobierno por el uso de esas pistolas, su respuesta fue que la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra

Pero hay tres cosas que unen a estos dos casos. No excepcionales ni puntuales, sino de violencia: la rodilla sobre el cuerpo, la existencia de imágenes y la respuesta institucional: no hay racismo, es una respuesta proporcional. ¿Proporcional a qué? Y sobre todo, ¿a quién?

Y es que, hablando de cuerpos, seguro que se te está quedando mal cuerpo. Pero no me preguntes cómo estoy, porque lo que me duele no es ni el estómago ni el pecho: me duelen las manos. Me duelen las manos, como diría Silvia Agüero, como a tantas mujeres racializadas de que tengamos que enterrar a los hombres de nuestras comunidades o parar en seco nuestras vidas porque los han detenido, y soltado, ya que no tenían un motivo real más allá del racial.

Y es que este tipo de agresiones no son individuales sino que impactan de lleno en el entorno y sirve de aviso a sus comunidades, como el disparo al aire de un cazador. Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra.

Porque no son situaciones puntuales, ni casos aislados, es puro racismo de Estado. Al final son estas mismas manos cansadas y doloridas las que siguen tejiendo y sosteniendo. Podríamos irnos, quizás, deberíamos irnos, pero la impunidad debe dejar de ser costumbre. No hay paz en la injusticia.

Estos hechos muestran la finitud de sus excusas y la imposibilidad de que exista seguridad para nosotras. Siempre habrá un recordatorio, que cada vez es más violento y virulento. Y ahora, más allá de una profunda consternación y las condenas protocolarias, ¿qué se vais hacer?

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el “racismo” y la “violencia policial” que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el “racismo policial”.

Mbaye afirma haber sido víctima de una “redada racista” cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

“Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar”, ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como “Marlaska, dimisión”, en alusión al ministro del Interior, y “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un “error de protocolo” ni un “hecho aislado”, sino “una manifestación brutal de racismo institucional”.

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”.

“No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado”, han apuntado.

El 7 de diciembre de 2025 las cámaras de seguridad de un locutorio en Torremolinos registraron la muerte violenta de un hombre tras ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional. El hombre se llamaba Haitam Mejri, tenía 35 años, y recibió al menos ocho descargas eléctricas disparadas desde una táser, un tipo de arma categorizada como no letal o menos letal, y cuyo uso está cada vez más generalizado entre los diferentes cuerpos policiales que existen en España. Sin embargo, no existe un protocolo unificado ni transparente para su utilización de forma segura y, en ocasiones, algunos cuerpos contravienen las recomendaciones del fabricante para evitar daños irreversibles.

Hablamos con Néstor Cenizo, periodista de elDiario.es en Andalucía que ha desvelado la historia de la muerte de Haitam, sobre cómo sucedieron los hechos recogidos por las cámaras de seguridad del establecimiento donde falleció este hombre. Con Ter García, periodista de Civio, organización que promueve la transparencia pública, analizamos qué dicen los protocolos policiales sobre el uso de las táser y cómo se adaptan a lo que recomiendan los fabricantes de un arma que puede llegar a ser mortal. 

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

La investigación de cómo y por qué Haitam Mejri murió en un locutorio de Torremolinos cuando era reducido por seis agentes de Policía está paralizada en un juzgado de Málaga tres meses después. La jueza espera el informe definitivo de la autopsia, y hasta que no lo reciba ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones: prefiere no llamar a ningún testigo y no practicar ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la familia.

Entre tanto, la familia ha encargado y recibido otro informe pericial, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Haitam Mejri, de 35 años y padre de un niño de siete, murió el pasado 7 de diciembre en un pequeño locutorio de Torremolinos. La jueza dispone desde hace dos meses de la secuencia desde que Haitam está solo hasta que retiran el cadáver, más de tres horas y media grabadas por una cámara del local; también tiene dos vídeos de unos diez minutos cada uno grabados por las cámaras que se activan al usar las pistolas táser.

El vídeo incluido en esta información ha sido elaborado a partir de las imágenes registradas desde una cámara situada en altura en uno de los rincones del local, lo que ofrece una perspectiva más amplia de la escena, así como del grabado al activarse la cámara de una de las pistolas táser.

“Voy a colaborar”

Las imágenes desmontarían la hipótesis de que Haitam amenazase a nadie, como divulgaron algunos sindicatos policiales. Lo que se ve y oye es una intervención en la que varios agentes golpean, gasean, sujetan y disparan al hombre cuando este ya está en el suelo y engrilletado, mientras este se resiste, les insiste en que sean conscientes de que las cámaras están grabando y grita de dolor y rabia.

En el vídeo se observa que el hombre habría entrado muy alterado pidiendo un cargador para recargar la batería del móvil, llegando a desencajar la mampara tras la que estaba el dueño. Tras forcejear con él y salir a la carrera, este lo encerró y llamó al 112. La Policía envió un Zeta (dos agentes) ante el aviso de un supuesto robo. Luego llegaron cuatro policías más.

Al llegar lo encontraron con dos móviles en la mano derecha y unas tijeras escolares (de unos ocho centímetros y punta redonda) en la izquierda, mientras intentaba extraer el cargador de su envoltorio. Registrada por varias cámaras, es una escena que no anticipa lo que va a ocurrir. “Amigo, ponte al suelo”, se presenta el primer agente que entra al local. Lleva ya la pistola en la mano, lo que activa la cámara vinculada. Haitam no se tumba, señala a las cámaras del local y dice: “Voy a trabajar con vosotros”. Mientras, les muestra repetidamente los móviles, aparentemente satisfecho de que ya están cargando. Los agentes no muestran signos de que perciban riesgo grave. Haitam suelta las tijeras e insiste en retener los móviles.

El agente se le acerca mientras le apunta con el táser, cuya cámara graba a pocos centímetros: Haitam suda profusamente, está nervioso, se mueve, balbucea mientras mira los teléfonos, pero no amenaza. “Voy a empezar a rezar”, dice. “Perfecto”, le dice el agente. “Voy a colaborar”, insiste Haitam, que trata de explicarles por qué está allí y llega a decirles: “No quiero morir”. “Si vas a colaborar, dame la mano”, le dice el agente. Es cuando estrechan las manos cuando todo cambia: cuando el policía le alcanza, trata de tumbarlo con la ayuda de otros dos compañeros, uno de los móviles cae y comienza el forcejeo que acabará con Haitam en el suelo y, tras unos minutos agónicos, con su muerte. Seis agentes habrían participado.

“¡Soltadme! ¡Soltadme!”, grita, cuando está en el suelo. Entre tres agentes le acaban de tumbar. El primer disparo de táser lo recibe en la zona lumbar. “¡Quieto o te pego otro!”, le advierte un agente repetidamente, mientras el otro lo engrilleta y él se dirige a quienes observan desde el exterior: “¿Estáis viendo lo que me están haciendo? ¿Lo estáis viendo todos? ¡Hay cámaras ahí!”.

Un agente se sube en las piernas y permanece allí durante varios minutos, mientras otro lo sujeta por el cuello. Los refuerzos se incorporan a la escena, y el vídeo muestra a tres agentes sujetando al hombre, que está en el suelo y no puede mover las manos, mientras los agentes tienen dificultades para amarrarle también los pies. Uno le golpea la cabeza repetidamente pateando un cartel metálico. “Hijo puta, la que ha liado”. “Tráete el táser, tráete el táser”, reclama uno. “¡No me vais a matar!”, se escucha a Haitam, que grita, jadea y tiene ya dificultades para respirar. Otro anima a seguir usando la táser. “Dale, dale”, dicen. “¡Métele!”.

Con la situación ya bajo aparente control, un agente sugiere: “Métele más táser”. “No, porque ya está ahí todo el mundo mirando”, replica otro, según se escucha en uno de los vídeos de las táser. Han pasado siete minutos desde que lo han tumbado y el hombre ha quedado completamente reducido. “Hay que aguantar, ten fe, ten fe”, masculla. Un agente presiona con la pierna en el tronco y otro sigue de pie sobre las piernas.

“¿Esto cómo para de grabar?”, pregunta entonces uno de los agentes. La grabación de las dos táser se corta simultáneamente segundos después, pero siguen grabando las cámaras del local.

“En Torremolinos Se Queja ya se ha publicado”

En total recibe entre ocho y diez descargas (este medio no puede determinar si varias de ellas son diferentes o una prolongada), todas en el suelo y tres de ellas cuando ya está engrilletado de manos, según dicen los propios agentes (“hala, engrilletado”) pasados varios minutos del forcejeo inicial, mientras otro agente está subido sobre sus piernas.

Durante los diez minutos siguientes lo siguen sujetando y los policías entran y salen comentando su actuación. Uno de ellos reconoce el uso de un spray irritante: “Se lo he echado en la boca y lo ha escupido”. Mientras Haitam respira entre estertores, cada vez más débil, se escuchan también estas dos frases: “Bueno, ya ha muerto, ¿no?”, dice alguien. “En Torremolinos Se Queja ya está publicado”, ironiza otro. Con la comprobación de que su respiración es ya muy débil, alguien comenta que “se ha venido abajo”.

Sólo entonces llaman a la central, a la que dan una información que no refleja lo que está ocurriendo: “Aquí hay un detenido bastante agresivo, llama a una ambulancia. Vamos a inmovilizarlo”. Pero Haitam ya llevaba varios minutos inmovilizado. También explican el origen de la trifulca: “Un móvil, quería cargarlo”.  

Los agentes empiezan a ser conscientes de lo que puede haber ocurrido. “A ver si le pillas el pulso”. “Le damos la vuelta que no se vea”. “Creo que le ha dado una sobredosis”. “Vamos a sentarlo en la silla”. “Una ambulancia, parece que este hombre ha entrado parada. Estamos realizando RCP [Reanimación Cardiopulmonar]”, dice un agente, ya por último. Cuando comienzan, pasan 23 minutos desde que la Policía llegó al locutorio, y Haitam probablemente ya está muerto.

“Elevada presión a nivel de cuello y tórax”

La familia denuncia que a Haitam lo mató la fuerza excesiva empleada por los seis agentes. El abogado Samuel Tejada cree que concurren los elementos para imputar un presunto asesinato, y no sólo una imprudencia mortal.

El informe que han encargado, firmado por el forense Aitor Curiel, sostiene esa conclusión. Se trata de una segunda opinión técnica, que se añade a la que aún debe entregar el Instituto de Medicina Legal, que está a la espera del análisis toxicológico.

“La elevada presión a nivel de cuello y del tórax, la inmovilización y sujeción junto con la utilización de un gas/gel irritante y la realización de múltiples descargas eléctricas con TASER produjeron una insuficiencia cardiorrespiratoria severa y la posible producción de arritmias cardiacas letales en un corazón con patología cardiaca previa no mortal a corto plazo y no conocida”, señalan las conclusiones del informe encargado por la familia, a las que este medio ha tenido acceso.

El documento observa que padecía arterioesclerosis coronaria severa y otras patologías coronarias, pero concluye que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haber sido golpeado, presionado, inmovilizado, gaseado y electrocutado reiterada y prolongadamente.

La familia cree que la muerte de Haitam no fue el resultado de una actuación meramente imprudente, sino de un uso “desproporcionado y excesivo” de la fuerza con plena consciencia de lo que podía ocurrir. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, señaló su abogado en una rueda de prensa a finales de diciembre.

La familia está muy dolida con versiones apócrifas difundidas en prensa por sindicatos policiales, en las que se imputaba a Haitam agresividad, un intento de robo, amenazas en árabe o el uso de “tijeras de grandes dimensiones”, que los vídeos desmentirían. La muerte de Haitam ha originado varias manifestaciones denunciando el “abuso policial” y el “racismo institucional”.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones sobre la muerte de un migrante a manos de unos agentes en Torremolinos (Málaga). El sindicato policial acusaba a Belarra de injurias y calumnias graves a las Fuerzas de Seguridad y de un delito de odio y los magistrados del Supremo consideran que las declaraciones fueron realizadas “en el contexto del debate político” y están amparadas por la libertad de expresión.

Belarra comentó desde su cuenta de X una información del diario 'Sur' titulada 'Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos'. “Decir mueres de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya”.

Hiaitam, de 35 años, murió de un infarto en un locutorio de Torremolinos después de que un agente de la Policía Nacional descargara contra él su pistola táser. El suceso despertó una ola de indignación en la ciudad malagueña y un juzgado local investiga los hechos. Los sindicatos policiales defendieron la actuación de su compañero por la supuesta agitación de la víctima, pero la familia niega esta versión y considera que Haitam fue asesinado.

El SUP entendió que la líder de Podemos acusaba a la Policía Nacional de “ser unos asesinos, violentos y racistas” y que su afirmación eran “una acusación generalizada” contra todos los miembros del Cuerpo. Sin embargo, la Sala Segunda concluye que, “por más que las expresiones proferidas sean injustas y excesivas, en su forma y contenido, las entendemos amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, añade: “Cuando las expresiones se producen en el contexto del debate político y se relacionan con asuntos de interés general, por las materias a que se refieren o por las personas que en ellos interviene, y contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como es el caso, el derecho a la libertad de expresión tiene un máximo nivel de eficacia en garantía precisamente de esa opinión pública y de los valores democráticos por lo que el ejercicio de esta libertad o pera en este caso como causa excluyente de la antijuricidad penal”.

Es la segunda vez que el SUP intenta, sin éxito, que el Supremo impute a Belarra por criticar a la Policía. A raíz de los incidentes de Torre Pacheco y de la pasividad de miembros de las Fuerzas de Seguridad que mostraron los medios de comunicación, Belarra afirmó que la Policía tenía “un serio problema de infiltración neofascista”.

Como ahora, y dada su condición de aforada, el SUP se querelló contra Belarra ante el Supremo. Los jueces entendieron que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero que prevalecía su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Los incidentes que se produjeron el pasado sábado, con cargas de la Policía Nacional, en el vomitorio del graderío sur del estadio de El Sadar tras el partido que enfrentó a Club Atlético Osasuna y al Real Madrid ha reavivado en Pamplona un debate sobre qué cuerpo de policía debe encargarse de la seguridad en el estadio del club navarro.

Los incidentes se iniciaron tras la finalización del encuentro. La seguridad privada del club trataba de identificar a un aficionado que había lanzado una botella vacía al césped durante el encuentro. En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las escenas de pánico en las que se vieron involucrados menores y ancianos que abandonaban el estadio tras la finalización del encuentro han sido objeto de críticas por parte de socios del club, así como cargos públicos. Los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre) ya han solicitado que sean agentes de la Policía Foral y no de la Nacional los que custodien el estadio durante los partidos de Osasuna.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, la gestión de la seguridad de los partidos que Osasuna juega como local en el esatdio de El Sadar corresponde al organizador de los partidos, es decir, La Liga y C.A. Osasuna. En los estadios vascos y catalanes son agentes de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra los que se encargan de estas labores. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha que la Policía Foral es capaz “de liderar” la seguridad en estos partidos, al igual que lo hace en otros eventos culturales y deportivos.

El club rojillo ha recogido el guante del Gobierno foral y su Junta directiva de Osasuna ha acordado solicitar “en cuanto sea posible” mantener una reunión con el Gobierno de Navarra “para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

Son los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis. Es la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo. Como es también la persecución por las calles de St. Paul —ciudad gemela de Minneapolis— de Christian Salamanca, un hombre de origen colombiano con visado válido, un caso de asilo pendiente y permiso de trabajo sin antecedentes penales. Y todo mientras la Administración Trump insiste en estar tras “lo peor de lo peor”.

“Christian es un amigo, un inmigrante, un padre devoto y un esposo trabajador que siempre se ha esforzado por brindarle lo mejor a su familia”, explica una amiga de la familia en un post en internet en el que se pide ayuda económica para el tratamiento de las heridas a causa de la persecución del ICE en un país sin asistencia sanitaria pública: “El lunes 26 de enero, agentes de ICE persiguieron a Christian mientras se dirigía al trabajo y chocaron su vehículo por detrás, provocando que se estrellara contra un poste de teléfono. Christian no fue detenido en el lugar por el ICE, pero momentos después fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves: una fractura de cadera y una lesión en el ojo. Este traumático suceso ha dejado a Christian y a su familia en una situación difícil”.

De acuerdo con el testimonio, “la fractura de cadera impedirá caminar” a Christian “durante al menos 2 a 4 meses, y necesitará atención las 24 horas del día por parte de su esposa, Nichole. La esposa e hijos de Christian están haciendo todo lo posible por mantenerse fuertes, pero la carga económica es abrumadora. Los fondos recaudados aquí se destinarán directamente a cubrir la recuperación de Christian, a apoyar las necesidades básicas de su familia y a cubrir los gastos médicos y legales. Ellos están pasando por un momento en el que nadie debería estar solo, y queremos brindarles todo el apoyo posible”.

Nicole Salamanca explicó a una televisión local cómo su esposo, Christian, se dirigía al trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a seguirlo en un vehículo. Nicole relató que su esposo la llamó presa del pánico alrededor de las 11:15 a. m., diciéndole que alguien lo perseguía. “Me dijo: 'Me están siguiendo. ¿Qué hago?”, relató Nicole.

Nicole dijo que Christian condujo hasta el Centro Comunitario McDonough en St. Paul. Esperaba que fuera un lugar más seguro, pero Nicole cuenta cómo agentes de ICE embistieron el coche de Christian por detrás cuando entraba al aparcamiento, empujándolo contra un poste de teléfono.

Nicole dijo que Christian logró salir del coche y corrió al interior del edificio para esconderse, y que su esposo sufrió heridas graves en el accidente: “Estoy muy triste. Estoy muy frustrada. No hago nada malo, solo vengo aquí por mis hijos, para que tengan una vida mejor… Pero esta situación es muy difícil para mí. Tengo mucho miedo”.

Rastreo en redes y protestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado rastreando los nombres de los manifestantes en una base de datos interna durante varios meses, según dos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) citados por Reuters. La base de datos del gobierno contiene nombres, fotos, ubicaciones y matrículas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado a Reuters que no mantiene una base de datos de “terroristas domésticos” estadounidenses, pero sí rastrea supuestas amenazas. “Por supuesto, monitoreamos, investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones a nuestros agentes a las autoridades competentes”, según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin.

En este sentido, el periodista Ken Klippenstein publicaba recientemente que “el Departamento de Seguridad Nacional rastrea a usuarios de Reddit que se oponen al ICE, monitoreando las comunicaciones de estadounidenses solo por criticar a la agencia”.

“El espionaje se revela en un boletín de inteligencia de enero, de la Patrulla Fronteriza”, explica Klippenstein: “El sujeto del informe es el usuario de Reddit ”Budget-Chicken-2425“, quien no es narcotraficante, pandillero ni terrorista. Simplemente, alguien preocupado por la extralimitación federal. El informe se centra en la convocatoria de Budget-Chicken a una protesta cerca de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Edinburg, Texas. Si bien el informe reconoce que las protestas contra el ICE en todo Texas han sido 'generalmente legales' y que no hay evidencia de que la convocatoria de Budget-Chicken represente una amenaza, se dice que cualquier protesta cerca de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza 'merece vigilancia continua”.

De acuerdo con el post, “la publicación ofensiva de Budget-Chicken en Reddit se publicó en el canal r/RioGrandeValley. Titulada 'Uníos a la protesta contra ICE', la publicación, de apenas unas pocas frases, invita a 'vecinos, familiares y comunidad' a 'ser testigos y concienciar' protestando contra una comisaría de la Patrulla Fronteriza”.

Un análisis de Reuters de los registros judiciales federales relacionados con las protestas contra la represión migratoria revela que la Administración Trump ha procesado al menos a 655 personas de las miles que han sido detenidas por violar el Título 18, Sección 111 del Código de los Estados Unidos, un cargo general para cualquiera que “agreda, se resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza” con un agente federal en el desempeño de sus funciones oficiales. Puede ser considerado un delito grave o un delito menor. Como delito grave, conlleva hasta 20 años de prisión, pero se reservan penas superiores a ocho años para quienes utilicen un arma mortal o peligrosa o causen lesiones.

Esta cifra de 655 personas procesadas representa más del doble de los procesamientos durante el mismo período de 2024-2025, informa Reuters.

Mentiras destapadas por los vídeos

Si no fuera por los vídeos, muchos de ellos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti serían considerados “terroristas”, tal y como los describió la Administración Trump tras ser asesinados.

Pero los vídeos de los testigos de los asesinatos han sido fundamentales para destapar las mentiras de las autoridades policiales federales. Y hay más ejemplos recientes.

Las autoridades federales han anunciado este viernes una investigación sobre dos agentes de inmigración que hicieron declaraciones falsas bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis el mes pasado.

Este es uno de al menos cinco tiroteos en los que las declaraciones iniciales de los agentes de inmigración fueron posteriormente contradichas por pruebas en video, como con Good y Pretti.

En este caso, la investigación anunciada el viernes se produce horas después de que un juez federal desestimara los cargos por agresión grave contra dos hombres venezolanos acusados de golpear a un agente del ICE con un palo de escoba y una pala de nieve el 14 de enero. El agente, cuyo nombre no figura en los documentos judiciales, disparó un tiro que impactó a uno de los hombres, Julio César Sosa Celis, en el muslo.

En el proceso, los fiscales solicitaron la desestimación de los casos porque las nuevas pruebas en video contradecían las acusaciones presentadas contra los hombres en una denuncia penal y en una vista el mes pasado. Es decir, los vídeos demuestran que los agentes mintieron mientras una persona ha terminado con un balazo en una pierna.

Tras este suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente de inmigración fue “emboscado” por Julio Cesar Sosa Celis y disparó un “tiro defensivo” por temor a su vida. “Lo que presenciamos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato contra agentes federales”, declaró Noem, en la línea de lo dicho tras los asesinatos de Good y Pretti.

Sin embargo, en la vista del 21 de enero ya se evidenció que el testimonio del agente de inmigración difirió significativamente del de los acusados y tres testigos presenciales. Además, las pruebas de video no respaldaron la versión del agente de haber sido agredido con una escoba y una pala.

El agente de la Ertzaintza con código profesional 25145, que en 2023 propinó un golpe en la cara a un varón ante la pasividad de otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales de Irún y que luego ocultó los hechos hasta el punto de negar una ambulancia que se había pedido al 112, ha admitido su responsabilidad en sede judicial. La Fiscalía plantea que pueda ser condenado por atentado contra la integridad moral, con penas de hasta dos años de cárcel -que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes-, aunque, según el Código Penal, “en todo caso” comportan la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años.

El funcionario, que estuvo suspendido cautelarmente desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno, compareció el 23 de octubre en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”. Sin esa rebaja, la pena de prisión es sustancialmente superior y podría comportar el ingreso efectivo en un centro penitenciario. Hay una vista programada para el próximo mes de marzo en la que se podrá cerrar una conformidad y resolver esta causa judicial.

Aunque los hechos son de 2023 y se conocieron en 2024, ha sido en los últimos días cuando se ha publicado un dictamen de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca con severos reproches por lo ocurrido. Se señala con claridad la desproporción de la intervención de los diez agentes implicados y el trato vejatorio dispensado a la víctima. Además, se relata cómo 'a posteriori' se trató de ocultar lo sucedido hasta el punto de impedir que el golpeado recibiera asistencia sanitaria. Consta también que la Ertzaintza tardó meses en entregar la información requerida por el organismo de control, mucho más que la Policía de Irún.

Fuentes del Departamento de Seguridad, preguntadas por la parte disciplinaria del caso, indican que el asunto “está en los juzgados”. Remarcan que cautelarmente ya fue suspendido este ertzaina. En todo caso, las actuaciones de Asuntos Internos están paralizadas a expensas de la resolución judicial.

El 22 de julio de 2023, entre las 3.08 y las 3.17 horas -exactamente en el minuto 1 y 9 segundos de un vídeo de 3 minutos y 19 segundos-, el agente de la Ertzaintza con número profesional 25145 “elevó el brazo izquierdo, increpó a una persona civil [que estaba tendida en el suelo] y le propinó una bofetada en la cara con la mano izquierda abierta”. “Cállate ya, coño. Se acabó la tontería. ¡Se acabo la tontería! ¡Venga! ¡Venga!”, espetó el uniformado. La persona agredida, de 30 años y cuyas iniciales son A.A.C., “por efecto del golpe cayó al suelo de espaldas”, mostrando “gestos de dolor”. Otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales presentes en el lugar, la calle de Zubiaurre de Irún, dieron la espalda al joven y se marcharon sin auxiliarle. Hasta aquí, es una historia más o menos conocida, porque el vídeo, tomado por un vecino, se publicó en redes sociales y en los medios de comunicación.

¿Qué pasó a continuación? Un segundo hombre que estaba en la zona ayudó a la víctima unos minutos después y a las 3.36 horas se dio parte al 112: “No se puede mover”. La Ertzaintza envió a dos patrullas. Eran cuatro de los agentes que habían estado con él minutos antes, incluido el funcionario 25145. Los uniformados mintieron por radio al asegurar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, que se había propasado con ellos y que las lesiones las había sufrido golpeándose con una pared. Dijeron que no era necesaria una ambulancia.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, en un informe emitido pocos días antes de la salida de Juan Luis Ibarra de la presidencia y de todos los vocales salvo uno, ha concluido ya la investigación de este operativo y ha emitido una severa crítica a los agentes intervinientes. Es más, ha constatado que la agresión fue ocultada deliberadamente de los informes emitidos esa noche, así como de las comunicaciones por emisora.

Así, estima que “la conducta del funcionario afecta objetiva e ilícitamente a la integridad moral y física de la persona agredida”. “Lo determinante es que la actuación del agente policial expresa un indudable acto de dominación que veja y degrada a la persona sujeta a la acción policial”, señalan sobre el puñetazo. Después, afean que otros nueve funcionarios fueran incapaces de “evitar la acción denigrante” y “contraria a la dignidad humana”. Igualmente, vulnera las normas deontológicas mínimas de la Policía que se “ocultara” que la persona que demandaba asistencia médica había sido agredida “minutos antes”.

Al margen de la investigación realizada por esta comisión, cuyo objetivo es emitir recomendaciones para mejorar la praxis de la Policía autonómica y de los cuerpos municipales, el Tribunal de Instancia de Irún tiene abierta igualmente una causa penal contra los agentes actuantes como consecuencia de la denuncia de A.A.C. Asimismo, se han incoado expedientes disciplinarios al menos en el caso de la Ertzaintza, aunque su resolución está a expensas de la sentencia judicial. En el caso concreto de 25145, el autor de la bofetada, llegó a estar suspendido varios meses, aunque manteniendo su nómina “básica” y una “ayuda familiar”. Se reincorporó al servicio en febrero de 2025, sin que consten más detalles de cuáles son sus cometidos actuales. Lo hizo después de que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, estimara un recurso de alzada. Dice la Comisión de Control que “no consta fecha” de la adopción de ese acuerdo.

El dictamen recuerda que el caso solamente se conoció después de que empezara a circular el vídeo de la agresión en redes sociales y medios de comunicación, es decir, casi un año después de que se produjeran los hechos. Este periódico informó el 10 de mayo de 2024. La comisión, que mantuvo en la etapa de Ibarra tiranteces con el Departamento de Seguridad por su falta de colaboración en otros casos, reseña que solicitó información tanto a la Ertzaintza como a la Policía de Irún en junio de ese año. Y expone que, mientras el Ayuntamiento atendió el requerimiento en apenas 16 días, la unidad de Asuntos Internos autonómica no entregó la documentación hasta pasados ocho meses y tras un segundo oficio. Lo hizo incluso después de la reincorporación al servicio de 25145, según la cronología que se ofrece.

En el apartado de “propuestas” de medidas de mejora, la comisión insiste en que hubo un “grave déficit de autocontrol” de un funcionario y pide revisar los planes de “formación” de los agentes para recalcar la importancia de la deontología. Igualmente, pide fomentar la “expresión inmediata de la crítica” entre quienes observan esos comportamientos. Se insiste, asimismo, en la necesidad de que los atestados recojan con fidelidad lo ocurrido. La comisión recuerda también que, en uno de sus primeros informes, de 2022 y relativo a una detención con abuso de la fuerza en Bilbao, planteó la necesidad de que los funcionarios portasen una 'bodycam' que registrase las actuaciones. Tres años después, el dictamen señala que la “generalización” no se ha logrado.

En ningún lugar se ha acelerado tanto la historia en la última semana como en Minneapolis. Por eso Bruce Springsteen le ha hecho una canción. Hay quien dice que la divisoria izquierda-derecha es cada vez menos relevante, que la clave está en la oposición entre demócratas y autoritarios. 

Para mí la disyuntiva a la que prestar atención es epistémica. Por decirlo con Groucho Marx: “¿Va usted a creerme a mí o lo que ven sus ojos?”. Esa es la mayor urgencia política: no aceptar falsedades, ni en Minneapolis ni en la Gran Vía. Mirar con nuestros ojos la ley para ver que no, que la regularización de inmigrantes no modifica el censo electoral. Mirar con nuestros ojos la historia para ver que no, no todos perdimos la guerra.

El corazón de la batalla política del momento es la batalla por lo real. Hay una guerra entre quienes quieren que no lo veamos y quienes lo sacan a la luz. Alex Pretti tenía su móvil. Renée Good, asesinada también por el ICE en Minnesota, era poeta: tenía la palabra. Los portavoces de la administración Trump denigraron a ambos acusándolos en falso de “terroristas”. Sólo eran ciudadanos que salieron a manifestarse y los mataron. Por eso el Boss les ha hecho una canción: “Los ciudadanos representaban la justicia,/ sus voces sonando por la noche,/ y había huellas ensangrentadas/ donde debía haber misericordia”.

Envolvernos en falsedades es la táctica del autoritarismo para volvernos locos, para que desconfiemos de todo el mundo. Los habitantes de Minneapolis han confiado en sí mismos, por eso grababan al ICE. Trump sabe mucho de narrativas visuales. Cuando vio los vídeos del asesinato de Pretti debió de darse cuenta de que esta vez no iba a colar. Ha anunciado una desescalada, aunque hay sectores de su movimiento MAGA que le recriminan levantar el pie del acelerador. Pero él sabe cuándo debe parar: cuando la construcción de la realidad alternativa se tuerce. 

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lo ha explicado en una entrevista con The New York Times: «Imagina que no tuviéramos algunas de estas grabaciones. Imagina que el tiroteo de Alex Pretti no hubiera quedado grabado para que todo el mundo lo viera. Entonces estaríamos tragándonos esas narrativas basura que crea el gobierno federal, que son falsas, y todos estaríamos viviendo en una mentira.»

Lo más urgente es no dejar de mirar con nuestros propios ojos. Quienes llevábamos meses preguntándonos dónde está la resistencia en EEUU, ahora la vemos. Y no en las pantallas. Las batallas políticas de este tiempo tienen lugar en la realidad objetiva no en la virtual. El Boss no ha hecho una canción a las pantallas de Minneapolis. 

Frente al autoritarismo de Trump, el arte de Springsteen pone a la mentira en su sitio. Y las calles de Estados Unidos restauran lo obvio: que el ICE actúa fuera de la ley, que se están vulnerando derechos, que el país se hunde en una espiral autoritaria. “Dicen que están aquí para aplicar la ley,/ pero pisan nuestros derechos”, canta Springsteen. Cuando la canción protesta vuelve a ser necesaria, es que urge recomponer la realidad. La crisis epistémica está en el corazón de la política. Hay que recomponer la trama de significados compartidos. 

En estos días, en Minnesota también han agredido a una congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, a la que Trump ha puesto a menudo en la diana. Le preguntaron por ello y aseguró que “probablemente ella misma había tramado el ataque”. Su red de falsedades funciona con sus votantes: les impide formarse su propio criterio, les hace cerrar los ojos frente a los hechos, les obliga a suspender su empatía. Así es el ciudadano que crea el autoritarismo y lo sostiene, como nos enseñó Hannah Arendt: incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso y lo real de lo ficticio. No podemos suspender los debates, eso equivale a negar la crisis epistémica. Hay que ir a rebatir a la derecha moderada cuando afirma que todos perdimos la guerra. Porque detrás hay otra derecha mucho peor, la que a no tardar afirmará orgullosa: nosotros ganamos la guerra.

Bruce Springsteen ha arremetido contra Donald Trump y el ICE durante una actuación sorpresa en el festival de invierno Light Of Day, celebrado este sábado en Nueva Jersey. El cantante, que lleva mucho tiempo siendo crítico con la presidencia de Trump, ha vuelto a aprovechar para reforzar su llamado a la acción contra la administración. Lo ha hecho atacando a las autoridades migratorias de EEUU y dedicando una canción a Renee Good, ciudadana estadounidense asesinada por un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) a comienzos de este mes en Minneapolis.

“Escribí esta canción como una oda a las posibilidades estadounidenses. Hablaba del país hermoso pero imperfecto que somos, y del país que podríamos ser”, alegó Springsteen al presentar su tema The Promised Land. “Ahora mismo vivimos tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, con los ideales y los valores que representó durante los últimos 250 años, se encuentra a prueba como nunca antes en la era moderna. Esos valores e ideales nunca han estado tan en peligro como ahora”, añadió el cantante.

En alusión a la ciudadana estadounidense abatida en Minneapolis por un agente del ICE, el artista fue contundente: “Si crees en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si te opones a que tropas federales enmascaradas y fuertemente armadas invadan una ciudad estadounidense utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces que te maten por ejercer tu derecho estadounidense a protestar, envía un mensaje a este presidente. Como ha dicho el alcalde de esa ciudad, ICE debería irse de una puta vez de Mineápolis”.

“Esta canción es para ti y en memoria de una madre de tres, la estadounidense Renee Good”, sentenció Bruce Springsteen antes de cantar The Promised Land. Su asesinato a manos de un agente de ICE durante el macrooperativo desplegado en Minneapolis (Minesota) desencadenó una ola de indignación en la ciudad. El festival de invierno Light Of Day en el que se ha manifestado Springsteen es un evento anual de música que recauda fondos para la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos.

Una fuente oficial iraní ha dicho a la agencia de noticias Reuters que el número de fallecidos en las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre y alcanzaron su punto álgido la semana pasada es de al menos 5.000, incluidos unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad.

La fuente anónima ha señalado que los responsables de matar a “iraníes inocentes” son “terroristas y alborotadores armados”, en línea con la versión oficial del régimen de Irán, según la cual hubo infiltrados violentos y extranjeros en las manifestaciones, cuyo detonante fue la carestía y la crisis económica.

“No está previsto que el número final de muertos aumente drásticamente”, ha dicha la fuente oficial, añadiendo que “Israel y los grupos armados en el extranjero” habían apoyado y equipado a quienes salieron a las calles durante más de dos semanas. La fuente también ha destacado que los choques más violentos y el mayor número de víctimas se registró en las áreas de población kurda de Irán, en el noroeste del país.

El número de víctimas y otras informaciones no se pueden verificar de forma independiente, ya que la libertad de prensa está limitada en Irán y las organizaciones proderechos humanos no pueden operar en el país. Según la escasa información que ha llegado desde el país y activistas en el extranjero, las autoridades han reprimido durante las protestas.

La ONG con base en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency ha confirmado la muerte de 3.919 personas (sin especificar cuántas son uniformados y cuantás civiles) y está investigando otros 8.949 casos.

La conexión a internet en todo Irán no funciona desde el día 9 de enero, lo cual dificulta la recopilación y verificación de los datos. La organización NetBlocks que monitorea la censura en Internet ha acusado al régimen de cortar la conexión para evitar la organización de las protestas y la trasmisión de imágenes o información fuera del país.

La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos traspasó en su política interna todos los límites que ya cruza fuera de sus fronteras. El 7 de enero, los agentes antiinmigración de Estados Unidos (ICE), que operan ya en la práctica como una fuerza paramilitar de represión civil o extracción forzosa de personas migrantes, asesinaron a Renée Nicole Macklin Good. Renée había dejado a su hijo de 6 años en el colegio y estaba conduciendo en dirección a su casa junto a su pareja, Rebecca Good. En el camino, se encontró con un grupo de agentes del ICE, que estaba desplegando un macrodispositivo en la ciudad de Mineápolis, la más grande del estado de Minnesota. Los agentes se acercaron a su vehículo y le pidieron que abriera las puertas; el vehículo dio marcha atrás unos centímetros, avanzó, uno de los agentes sacó su arma y disparó tres disparos, a bocajarro, matándola en el proceso.

Lo que sabemos de Renée Nicole Macklin Good, por sus redes: se describía como “poeta y escritora y esposa y madre”, junto a una bandera arcoíris del colectivo LGTBIQ+. Estudió Escritura Creativa en la Old Dominion University de Virginia. Le habían otorgado, por un poema suyo, un premio de la Academy of American Poets, en 2020. Según su exmarido, “no era una activista, era una devota cristiana”; la narrativa del Gobierno ha sido la contraria, caracterizándola como una peligrosa terrorista y criminal que quería atropellar a todos los agentes de las fuerzas del orden. 

Ninguna de esas narrativas cubre toda la verdad, en realidad; como explican análisis como el de Laura Terciado, sólo sirven para convertir a la víctima en una víctima perfecta, sea al etiquetarla como madre cristiana e invisibilizar su relación con otra mujer, sea al convertirla en un peligroso muñeco de paja ideológico. Su mujer y ella habían llegado a Minneapolis desde Kansas hará menos de un año, mudándose de un estado con escasa protección para los derechos LGTBIQ+ a otro con bastante más resguardo. Rebecca ahora se enfrenta a la posibilidad, tras el asesinato de Renée, de quedarse sin la custodia.

Lo ha escrito el alcalde de Mineápolis en una tribuna en el New York Times: Trump os está mintiendo. Trump quiere hacerle creer a la población que los ataques militarizados de ICE en sus ciudades están motivados por la seguridad de estas. Resume así su mensaje: “Si das la cara por tus vecinos inmigrantes, o si simplemente estás presente cuando se secuestre a estos vecinos, tus derechos no serán protegidos por la ley y tu vida estará en peligro”.

En los Estados Unidos, el Gobierno ha matado a una poeta. Ha matado a una poeta como podría haber matado a cualquiera que se encontrara ahí, cualquiera que protestase ante una injusticia, ante la vulneración de los derechos humanos de las personas con las cuales comparte una calle, un barrio, una ciudad; ha matado a una poeta como podría haber matado a cualquiera de los suscriptores de este periódico si saliera a protestar o a quien escribe estas líneas. Como escribía Michelle Goldberg, ahora a los estadounidenses los gobierna gente que cree que la vida es un privilegio otorgado por la autoridad y la muerte un castigo justo a la desobediencia. Es el desfiladero que conduce a un Gobierno a convertirse en una dictadura cruel que gestiona y administra la muerte sobre su propio pueblo. En EEUU gobiernan unos asesinos que te intentan convencer de que los malos son sus víctimas civiles: es lo que ha hecho JD Vance al defender el derecho del agente “a defender su vida frente a una izquierdista loca que intentó atropellarlo”.

Aquí, traducido, el poema por el cual fue galardonada hace seis años esta peligrosa izquierdista:

quiero que me devuelvan mis mecedoras,

atardeceres solipsistas,

y sonidos de la selva costera que son tercetos de cigarras y pentámetros de las patas peludas de cucarachas.

he donado biblias a tiendas de segunda mano

(las aplasté con una lámpara ácida de sal del Himalaya en bolsas de plástico de basura;

las biblias postbautismales, las que arranqué de las manos carnosas de zelotes en las esquinas, las atontadas, fáciles de leer, parasíticas):

recuerdo más el resbaladizo olor a caucho de las ilustraciones lustradas en libros de texto de biología; quemaban los pelos de la nariz,

y la sal y la tinta se pegaron a las palmas de mi mano.

bajo recortes de la luna a las dos cuarenta y cinco AM, estudio y repito

ribosoma

  endoplasmático—

  ácido láctico

  estambre

en el restaurante de powers esquina con stetson hills—

repetí y garabateé hasta que se abrió camino y se estancó en un lugar al que ya no puedo apuntar, tal vez mis vísceras—

tal vez ahí, entre mi páncreas y mi intestino grueso, esté el nimio arroyo de mi alma.

es la regla con la cual reduzco ahora todas las cosas; de bordes duros, astillada por el conocimiento que solía posarse, un paño sobre frente febril.

¿puedo dejarlos a ambos ser? esta fe frágil y esta ciencia universitaria que me hostiga desde la parte de atrás del aula

no puedo creer, ahora—

que la biblia, el corán y el bhagavad-gita deslicen largos mechones detrás de mi oreja como solía hacerlo mamá & exhalen por sus bocas «haz espacio a la maravilla».

todo mi entendimiento gotea de mi barbilla hasta el pecho y se resume en:

la vida es sólo

al óvulo y espermatozoide

y dónde se encuentran

y cuánto y qué tan bien

y lo que muere allí.

En la misma semana en la cual Trump desplegaba una operación en el extranjero sin contar con el permiso de su poder legislativo, secuestrando al presidente de otro país, por fraudulenta que fuera la elección que lo llevó a ser elegido como tal, ¿qué más tiene que pasar para que reconozcamos la tiranía que maneja hoy las riendas del presunto mundo libre, y para que se sienta, también en Estados Unidos, la urgencia de despojarlo de ese poder?

Un nuevo vídeo sobre la ejecución sumaria de Renée Nicole Good en Minnesota por el agente del ICE deja claro uno de los elementos centrales del nuevo fascismo. El masculinismo acomplejado ante la actuación calmada y en libertad de cualquier mujer que no se pliegue ante la autoridad de manera sumisa. “Está bien, no estoy enfadada contigo”, esas son las últimas palabras que la mujer pronunció a su asesino antes de que le diera un disparo en la cabeza. La contraposición de un comentario de concordia, de paz, contra una acción violenta brutal es la evidencia perfecta de que estamos ante la conformación del fascismo de nuestro tiempo en el que quienes ostentan la fuerza la ejercen con mayor crueldad contra quienes representan todo lo contrario a la brutalidad, la muerte y la tortura. 

JD Vance ha garantizado esa impunidad a las patrullas del ICE. Les ha mandado un mensaje claro, podéis ejecutar a mujeres de un tiro en la cabeza. Podéis experimentar ese placer despojado por la corrección política y el mundo woke que durante años os pertenecía. Proteger al agente del ICE de su ejecución sumaria es proteger el derecho de todo hombre a ejercer la violencia contra cualquier mujer que se crea que puede ejercer sus derechos en libertad. 

El nuevo orden mundial establece como aceptable y legal dispararle un tiro en la cabeza a una mujer sentada en un coche lleno de peluches solo porque no acepta la brutalidad como imposición. La violencia como método de acción política es una nueva realidad en las sociedades democráticas occidentales. Algo que se veía hace unos años en las sociedades sin cultura de respeto a la diversidad ideológica y con una carencia civilizatoria de respeto a los derechos humanos se está generalizando como proposición válida para llevar a cabo sus ideas en los estados liberales.  

La normalización del uso de la violencia contra quienes exponen de manera pacífica sus planteamientos ya está llegando a nuestro país con una virulencia que no se había visto en mucho tiempo. Esta semana me han amenazado con apuñalarme por la espalda al salir a la calle por expresar que quienes defienden una intervención militar en un país para sacar a un gobierno democrático como el español del poder son unos fascistas. La espada frente a la pluma. 

Los planteamientos de hegemonía machista basada en la socialización tóxica masculina que la extrema derecha ha legitimado son la clave de bóveda del momento reaccionario. Analizar desde la perspectiva masculinista el proceso de radicalización ultra de nuestro tiempo sirve para todos esos procesos enraizados en el fenómeno global que se dan de manera particular. La ejecución de esa madre de tres niños rodeada de peluches que intenta calmar a un agente violento y acaba con un tiro en la cabeza y los sesos en el airbag son un fractal de todo lo que está ocurriendo en el mundo.  

Antonio Gramsci decía en un contexto histórico diferente que el viejo mundo se muere y el nuevo está por llegar, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Ese surgimiento del fascismo clásico que el comunista italiano anticipó puede servir para comprender el nuevo fascismo en nuestro tiempo. La degeneración y decadencia del imperialismo americano está generando un nuevo fascismo que sostenga el tiempo nostálgico en el que eran los únicos que mandaban en el mundo. No hay nada más peligroso que el masculinismo acomplejado creyendo que se le debe algo y Donald Trump representa en un solo hombre los dos grandes complejos que engrasan la construcción de un fascismo violento destructor: el imperialismo en crisis y la disfunción eréctil. 

Se llamaba Renée Nicole Macklin Good, tenía 37 años y el pasado miércoles fue asesinada por los agentes antinmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un macrooperativo desplegado en la capital del Estado de Minesota: Mineápolis. Ahora, las imágenes grabadas por el propio agente de ICE que abordó y después quitó la vida a esta mujer, madre de tres hijos, vuelven a desmontar la narrativa de la Casa Blanca.

El vídeo, hecho público por un medio de extrema derecha, muestra cómo Renée Nicole Good dijo con tranquilidad que todo estaba “bien” y “no estoy enfadada contigo” segundos antes de que un agente del ICE, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la asesinara en Mineápolis mientras trataba de incorporarse al sentido del tráfico.

En las imágenes se puede observar cómo uno de los agentes del servicio antimigratorio de EEUU se baja de su vehículo y rodea el vehículo de la mujer, un Honda Pilot de color granate, que está maniobrando aparentemente para retomar la marcha, mientras se escucha la sirena del coche de ICE. “Está bien, tío. No estoy enfadada contigo”, le dice Renée Good al agente con tranquilidad.

El hombre sigue rodeando el vehículo de la fallecida mientras otra mujer le grita: “¡Muestra tu cara!”. “Está bien. Nosotras no cambiamos nuestras matrículas todas las mañanas. Será la misma matrícula cuando hables con nosotras más tarde”, le dice también esta otra mujer mientras graba al agente de ICE, que ya se encuentra detrás del vehículo granate, con su móvil.

“¿Quieres venir a por nosotras? ¿Quieres venir a por nosotras? Yo digo: vete a por un buen almuerzo, niño grande”, le espeta esta mujer. Acto seguido, otro agente de ICE que llega en otro vehículo, se dirige al coche de ambas mujeres y les ordena que “salgan del coche”. “Sal del puto coche”, insiste.

Mientras la segunda mujer trata de entrar en el vehículo, la conductora inicia una maniobra para reincorporarse al sentido del tráfico a la vez que el agente que la estaba grabando suelta el dispositivo con el que estaba tomando las imágenes y, acto seguido, se escuchan los dos disparos del agente de ICE que acabaron con la vida de Renée Good. En otro vídeo anterior se aprecia con claridad cómo el agente ya apunta con su pistola a la conductora antes de que ella ponga en marcha el vehículo.

El asesinato de Good ha sido utilizado por Trump para criticar a la “izquierda radical”. La Administración que dirige ha definido los disparos del agente del ICE como “defensa propia” y ha acusado a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad de Mineápolis ha cuestionado la versión de los hechos.

Tras la publicación de un primer vídeo de los hechos, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunciaba que: “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”. También calificaba la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] como una “historia inventada”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior al incidente e insistió en la versión de que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, argumentaba Noem, que ha desestimado los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando a [los agentes] y obstruyendo [su actuación]”. La secretaria del DHS ha dicho que el hombre ha sido atendido en el hospital y ya ha “sido dado de alta”. 

Noem ha dicho que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También ha anunciado que pedirá al Departamento de Justicia que lo “trate como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se la está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, ha insistido Noem. 

En una publicación posterior en su red social Truth Social, Trump cerraba filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que ha visto el vídeo y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencionada y agresiva”. A pesar de que Noem ha dicho que el agente ha sido dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Como es habitual, ha señalado a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, ha sostenido, por su parte, que el Partido Demócrata “está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros” en EEUU.

Irán está aislado del mundo después de que las autoridades hayan cortado la conexión a internet el jueves por la tarde, en medio de las protestas antigubernamentales que se han extendido por todo el país desde finales de diciembre y en las que han muerto más de 40 personas y más de 2.200 han sido detenidas, según la ONG con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Las manifestaciones por la carestía y la crisis económica dieron comienzo el mes pasado y han ido aumentando en número y en lugares de Irán, desde la capital hasta rincones más remotos. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones frente a las protestas antigubernamentales, que se organizan a través de internet, las autoridades han cortado la conexión, ha denunciado la organización NetBlocks.

Según la organización que monitorea la actividad en la red, Irán ha estado prácticamente desconectado desde el jueves por la tarde, “después de que las autoridades impusieran un apagón nacional de Internet en un intento de reprimir las protestas generalizadas mientras encubrían las informaciones sobre la brutalidad del régimen”.

Varias ONG y activistas que se encuentran fuera del país han informado de la represión y la violencia contra los manifestantes. Internet fue cortado antes del viernes, día festivo y habitualmente de grande protestas, y ante el llamamiento a salir a las calles del príncipe en el exilio Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia que huyó de Irán antes de la Revolución Islámica de 1979.

Según la agencia Associated Press, en las manifestaciones se han escuchado gritos de apoyo al sha, algo que en el pasado podría haber acarreado una sentencia de muerte para los iraníes, pero que indica la ira que alimenta las protestas por la deteriorada economía a causa de las sanciones internacionales.

El jueves por la noche, en Teherán se pudieron escuchar cánticos como “¡Muerte al dictador!” y “¡Muerte a la República Islámica [de Irán]!”, o alabando al sha: “¡Esta es la última batalla! ¡Pahlavi regresará!”. Miles de personas salieron a las calles antes de que se cortara la conexión, según testigos citados por Associated Press.

La agencia Reuters ha informado de que tampoco las líneas telefónicas funcionan y al menos 17 vuelos entre Dubai e Irán han sido cancelados (Dubai es uno de los principales aeropuertos donde hacen escala los aviones que salen o llegan al país persa).

Las autoridades iraníes han reaccionado de forma ambivalente ante los acontecimientos en las calles, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y, al mismo tiempo, respondiendo con gases lacrimógenos, porras y balas contra los manifestantes, jóvenes en su mayoría que exigen mejores condiciones de vida y más libertades individuales.

Los medios de comunicación oficiales del régimen han informado este viernes sobre las protestas, por primera vez desde su comienzo, según Associated Press. Esos medios han denunciado que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel provocaron incendios y desataron la violencia en las calles de Irán, y han informado de “víctimas”, sin dar más detalles.

Este viernes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se ha dirigido a los manifestantes en un breve mensaje difundido por la televisión estatal. La máxima autoridad del país –por encima del Gobierno y del presidente de la República– ha acusado a los manifestantes de “arruinar sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país”, en referencia al de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje publicado hace una semana en su red Truth Social, Trump dijo que ayudaría a los manifestantes en Irán, si las autoridades reprimían violentamente las protestas. “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió el presidente estadounidense. “Estamos preparados y listos para la acción”.