Completada ya la primera fase del plan de paz para Gaza, la más urgente, con el alto el fuego, la liberación de rehenes, la entrada de la ayuda humanitaria y la posterior liberación de presos palestinos, toca abordar el punto seis de la propuesta, que trata sobre la “concesión de una amnistía a los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y al desmantelamiento de sus armas”, esto es, su desarme. Las dos cuestiones -la amnistía y el desarme- son extremadamente complicadas, y no porque no existan precedentes en el mundo, que son muchos, sino por el contexto actual de Gaza, ya que implica de una manera directa a Hamás y al Gobierno de Israel, que se verán obligados a tomar decisiones contrarias o diferentes a lo que han estado afirmando hasta el presente. Además, si fracasa esta etapa, todo lo demás quedará en el aire y en suspenso. Por tanto, hay que prestarle una gran atención y plantear soluciones que sean viables y aceptables para las partes implicadas.

El problema que tenemos en este momento, el rechazo de Hamás a desarmarse, es el resultado de un pésimo diseño en el plan de paz, pues, a diferencia de todos los procesos de paz, en que hay una etapa exploratoria entre las dos partes para definir la agenda de negociación (con las FARC, esta etapa duró algo más de dos años), aquí no ha existido esta fase y el plan ha sido impuesto por Trump, que exigió a Hamás una respuesta antes de 5 de octubre, sin que este grupo hubiera participado en su diseño, algo incomprensible. Hamás aceptó algunas partes del plan tras su anuncio, pero con reservas y condiciones, especialmente en lo que respecta al desarme, al control del territorio y a la seguridad. Además, debo advertir que en todos los procesos de paz el desarme se negocia al final, no al inicio, y menos como precondición. Con suerte, puede acordarse un alto al fuego durante la negociación. Hacerlo todo al revés tiene un riesgo, y puede hacer fracasar cualquier plan de paz.

El desarme es una cuestión de negociación táctica que hay que diferenciar de los temas más estratégicos, los del futuro político de Palestina. En el desarme, es evidente que se trata de una negociación directa entre Hamás e Israel, aunque sea a través de Qatar y Egipto. En el tema del futuro político de Palestina, la tercera fase, creo que Hamás ya no debería participar, pero dejaré este aspecto para otra ocasión. En cualquier caso, en el mundo de las negociaciones estamos de acuerdo de que primero hay que lograr reducir o suprimir el nivel de violencia, para luego discutir los temas más políticos. No siempre es posible, pero en el caso de Gaza sí que se ha empezado de esta forma, lo cual es de agradecer, pues alivia el sufrimiento de los gazatíes.

Para avanzar en una negociación sobre el desarme, se necesitan cuatro requisitos: firme decisión de llevarlo a cabo, garantías de no persecución al dejar las armas, un pacto sobre el futuro de los miembros de la organización, y verificación externa e independiente en el proceso de recogida de todas las armas, que en el caso de Gaza incluye un aspecto poco convencional, que es el señalamiento de dónde están los túneles, no solo los zulos con armas. Los túneles son muy importantes en esta negociación, y Hamás no lo pondrá fácil. El domingo, el ministro de Defensa de Israel dijo que la destrucción de la red subterránea representa “el significado principal” de las cláusulas de desmilitarización y desarme del acuerdo de alto el fuego. Algo muy importante en este tema del desarme, y que ha sido una sorpresa, es que Trump dijo a los periodistas que ayer le acompañaban en el avión hacia Israel, que Estados Unidos era consciente de que Hamás se estaba “rearmando” en Gaza, y afirmó que el grupo había recibido la aprobación de Estados Unidos para hacerlo “por un período de tiempo” como fuerza policial y para poner orden en la zona, algo que sin duda habrá molestado enormemente a Netanyahu.

Más allá de esta “temporalidad permitida”, ¿cómo incentivar o convencer a Hamás de que lo más sensato, política y militarmente, es abandonar la lucha armada y hacer una entrega de armas definitiva? ¿Hay realmente alguna posibilidad de lograrlo a corto plazo? Antes de dar una respuesta, viene al caso explicar lo que ahora está ocurriendo en Turquía respecto al PKK. Hace pocos meses, la guerrilla kurda decidió abandonar la lucha armada, hizo un primer acto simbólico de entrega y quema de 30 armas, pero luego paralizó el proceso de desarme hasta que una comisión parlamentaria creada en agosto haga a finales de año unas propuestas concretas al ejecutivo y al poder legislativo para dar garantías jurídicas a los excombatientes, como la amnistía y la reincorporación a la vida civil. El Gobierno turco ya ha avisado que podría acoger a los combatientes de base, pero que los mandos del PKK deberán exiliarse. En el mejor de los supuestos, Hamás podría pensar en hacer lo mismo que el PKK, es decir, condicionar su desarme a tener garantizada su seguridad jurídica, enlazando los dos temas peliagudos del punto seis del plan de paz, el desarme y la amnistía, aunque lo más probable es que tenga más exigencias.

De hecho, es muy frecuente plantear el desarme como un proceso secuencial y de canje progresivo, como un primer paso. Ha pasado en los procesos de paz de Filipinas, Mozambique, El Salvador, Irlanda del Norte o Colombia, entre otros. Y aquí sí entran varias posibilidades a estudiar, como que parte de los combatientes de Hamás pasen a integrarse de forma definitiva a la nueva policía de Gaza, asumiendo funciones de seguridad comunitaria, algo que habrá que consolidar a muy corto plazo, pues de lo contrario el caos puede ser impresionante, y más teniendo en cuenta que Israel ha creado pandillas armadas que están mezcladas entre la población desplazada. Pero, como Turquía, Israel podría condicionar una amnistía parcial al exilio de los dirigentes de Hamás. No intentar matarlos de nuevo y dar garantías de ello, ya sería una gran concesión. En cualquier caso, y siguiendo las normas básicas de toda buena negociación, Israel tendrá que asumir que lo mejor es no humillar a Hamás en esta segunda fase del plan, pues la humillación podría bloquear su desarme posterior y las siguientes fases del plan de paz, aunque haya cambios profundos. A pesar de que Hamás ha perdido el apoyo popular que tuvo en el pasado, continúa siendo un símbolo de la resistencia palestina para bastante gente. 

En este momento, pues, el gran problema reside en que la posición de Hamás ha sido la de no desarmarse, ni siquiera parcialmente, hasta que haya un horizonte político que retorne la dignidad a los palestinos y sean dueños de su destino, no una colonia o protectorado de Estados Unidos, y menos de Israel. El sábado, un alto miembro de Hamás manifestó que la entrega de sus armas estaba fuera de discusión, y que solo lo harían cuando se establezca un Estado palestino. Esto incumple el punto seis del plan de Trump y paraliza todo el resto del proceso, que tendría que ir al núcleo político del plan, en especial la formación de un gobierno transitorio temporal para toda Palestina. Ahí habrá mucha discusión y desencuentro, pero antes tendrá que entrar en juego la capacidad de persuasión de los países mediadores para convencer a Hamás de que se limite a negociar el desarme y la amnistía, pero no participar en este posible gobierno de transición, algo de momento imposible, pues Hamás sí ha dicho que quiere estar en la mesa.

Así, pues, la tercera fase de momento queda en entredicho. Todo sería un poco más sencillo si Israel estuviera dispuesta a liberar a Barghouti, aspecto al que se ha negado, pues es el político palestino más carismático y popular, ahora no violento, y capaz de aglutinar muchas de las familias políticas palestinas. Eso es lo que asusta a Israel, concretamente a Netanyahu, pues no solo no permitirá que haya un Estado palestino, sino tampoco una entidad política palestina soberana, libre de corrupción, no clientelar, y con capacidad de labrar un horizonte político-administrativo de nivel superior al actual. Todos los Estados que han reconocido a Israel como Estado, también deberían exigir la liberación de Barghouti, una personalidad que puede ser muy importante para la tercera fase del plan.

¿Qué puede ofrecer Israel a Hamás, y en especial a su jefe negociador, el superviviente del ataque de Israel en Doha, Khalil al-Hayya, para que acepte un proceso de desarme más adelante? Como mínimo, la retirada total de las tropas de Israel en Gaza, no solo parcial; poner fin a los asentamientos en Cisjordania, derribar los muros, dar garantías para que no haya futuras incursiones militares de Israel, hacerse cargo de la seguridad local ya mencionada, la liberación de más presos palestinos, una amnistía y aceptar a Hamás como partido político o movimiento social.

Como mucho, y a pesar de las declaraciones hechas este sábado, creo que Hamás podría pensar en formas parciales y escalonadas de desarme, o de transformación de su aparato militar hacia funciones más civiles, pero solo si obtiene muchas contrapartidas. Los negociadores tendrán que explorarlo ya mismo. De hecho, y según informó hace poco Al Jazeera, en privado Hamás ha dicho que podría considerar entregar parte de su arsenal, en especial el ofensivo, como los misiles, y que su desarme total solo lo hará ante un nuevo liderazgo palestino que tenga el control sobre todo el territorio, en cuyo caso sí se podría ir a la tercera fase, pero si persiste en no desarmarse, entramos en un planteamiento de bucle aparentemente sin salida. Sí sabemos, sin embargo, que Netanyahu ha dicho recientemente que regresaría a la masacre si Hamás no era desarmado.

La pregunta es, pues, lo que el primer ministro israelí está dispuesto a hacer o conceder para que Hamás dé algún paso a corto o medio plazo. Y al pensarlo, Netanyahu no debería olvidar que su extrema crueldad al lanzar 100.000 toneladas de bombas sobre Gaza y provocar tantas muertes ha creado una nueva generación de pequeños y jóvenes que, si no cambian mucho las cosas a nivel social, tanto en Israel como en Palestina, querrán vengarse algún día y continuará la espiral de violencias. Si no se piensa en el futuro, las decisiones sobre el presente no serán las correctas.

Una nueva carrera armamentística nuclear a nivel mundial está surgiendo en un momento en que los regímenes de control de armas se encuentran debilitados, advierte este lunes el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

El SIPRI destaca en un informe que casi todos los nueve estados nucleares –Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel– continuaron con programas “intensivos” de modernización nuclear el año pasado, actualizando las armas ya existentes y añadiendo versiones nuevas.

Del inventario total estimado en enero pasado de 12.241 ojivas, unas 9.614 se encontraban en arsenales militares para uso potencial; 3.912 de ellas, desplegadas con misiles y aviones; y unas 2.100, en estado de alerta máxima en misiles balísticos.

Desde el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento gradual de las ojivas retiradas por EEUU y Rusia superaba al despliegue de nuevas cabezas nucleares, pero es probable que esa tendencia se revierta en próximos años, ya que el ritmo de destrucción se ha frenado y el despliegue se ha acelerado.

“Vemos una clara tendencia de arsenales nucleares crecientes, una retórica nuclear acentuada y el abandono de los acuerdos de control de armas”, escribe en su informe este instituto.

Esa nueva carrera tendría “más riesgos e incertidumbres” que la última, destaca el SIPRI, debido a la aparición de nuevas tecnologías en los campos de la inteligencia artificial, capacidades cibernéticas, defensas contra misiles y tecnología cuántica.

Entre Rusia y Estados Unidos poseen cerca del 90% del total de armas nucleares y aunque el tamaño de sus arsenales nucleares parece haber permanecido estable en 2024, “ambos están implementando amplios programas de modernización que podrían aumentar el tamaño y la diversidad de estos en el futuro”.

El SIPRI recuerda que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) expira en febrero de 2026 y que si no se alcanza un nuevo acuerdo bilateral, es probable un aumento del número de ojivas desplegadas.

Las estimaciones del SIPRI apuntan a que China cuenta al menos con 600 cabezas nucleares y que su arsenal crece más rápido que el de cualquier otro país, alrededor de un centenar más cada año desde 2023.

Si mantuviese ese ritmo y alcanzase las 1.500 ojivas en 2035, esa cifra apenas supondría un tercio de los arsenales actuales de Estados Unidos y de Rusia, señala el informe.

El análisis se ha publicado en un momento en el que Israel ha lanzado una ofensiva en la que ha atacado al menos tres instalaciones nucleares iraníes y matado al menos a nueve científicos nucleares. Tel Aviv asegura que Teherán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica y las potencias occidentales tienen muchas dudas acerca del programa nuclear iraní. Teherán siempre ha asegurado que su programa nuclear es pacífico, aunque acumula más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al militar.

El 24 de mayo de 2025, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Como mujer y defensora de los derechos humanos, quiero expresar mi más absoluto rechazo a la guerra, la violencia y todas las formas de opresión que atentan contra la dignidad humana. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, igualdad y respeto por cada vida.

Inspirada por el legado de las mujeres que, desde el Congreso de La Haya de 1915, han luchado por un mundo libre de armas y conflictos, defiendo sociedades donde la voz de las mujeres sea fundamental para construir un futuro justo, equitativo e inclusivo.

Las mujeres han sido, a lo largo de la historia, agentes transformadores del cambio, impulsando el progreso en la ciencia, la cultura y la consolidación de la paz. Sin embargo, en zonas de conflicto, las mujeres y las niñas continúan enfrentando desafíos desproporcionados: desde la negación de su derecho a la educación y al trabajo, hasta la violencia física, sexual y psicológica.

Según ONU Mujeres (2024), las mujeres y las niñas representan la mitad de los refugiados del mundo; sin embargo, solo el 4% de los fondos para la consolidación de la paz entre 2018 y 2022 atendió sus necesidades específicas. Esta realidad es inaceptable. Como defensora de los derechos humanos, condeno estas injusticias y exijo acciones globales para proteger a las mujeres refugiadas, garantizar su acceso al asilo y empoderarlas en tiempos de crisis.

Mi compromiso es inquebrantable: abogo por un mundo donde la edad, el género o cualquier otra identidad sean fuente de fortaleza, no de exclusión. Referentes como Maj Britt Theorin y movimientos como la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical nos demuestran que la inclusión de las mujeres en los procesos de desarme y paz es crucial. Las cifras lo confirman: los países con mayor participación femenina en las negociaciones de paz tienen un 35% más de probabilidades de lograr acuerdos duraderos (Informe Mundial sobre Desarme, 2023). Sin embargo, la conmemoración no basta. Debemos actuar. Se necesita financiación específica para empoderar a las mujeres y niñas en zonas de conflicto, donde las niñas tienen 2,5 veces más probabilidades de no asistir a la escuela que los niños (UNESCO, 2024). También son necesarias políticas sólidas que garanticen su protección y participación plena en la vida social, política y económica.

La guerra y la violencia no tienen cabida en un futuro que defienda los derechos humanos. Debemos trabajar incansablemente por la paz, el respeto y la igualdad, abrazando diversas perspectivas culturales para fortalecer la solidaridad global. Insto a todos y todas a unirse a esta causa: apoyen iniciativas que fortalezcan el papel de las mujeres en la consolidación de la paz, promuevan políticas que protejan a las mujeres y niñas en los conflictos y eduquen a las futuras generaciones en la igualdad y el respeto. Solo así, juntos, podemos forjar un mundo sin armas, sin violencia y con dignidad y justicia para todas las personas. 

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El mundo sigue estallando. El genocidio en Gaza, la guerra de Ucrania, bombardeos en Líbano, conflictos en Sudán, Burkina Faso, Somalia, Yemen, Siria... Guerras, bombas, masacres, una espiral de militarización en todo el mundo, bancos manchados de sangre, estados asesinos, líderes belicistas, una la Unión Europa cada vez más militarizada, la defensa del uso de la fuerza para hacer frente a los conflictos se impone a los consejos de ministros y en la calle. 

Y frente a esto, frente a los silencios cómplices y este belicismo exacerbado, existen organizaciones como Centre Delàs (Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs) con quienes nos vamos hasta Barcelona para celebrar sus “25 años desarmando la guerra” y hablar de esta búsqueda de paz, diálogo y justicia en un mundo cada vez más militarizado.

Un programa en el que nos acompaña el británico Owen Jones, analista político y articulista, que desde su primera libro “Chavs:: la demonización de la clase obrera (Capitán Swing, 2012), se convirtió en uno los pensadores jóvenes de política de izquierdas británicos más importantes e influyentes. 

Nos acompaña también Tica Font, fundadora del Centre Delàs, experta en Economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad; Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador sobre cultura de paz, desarme, economía de la defensa y comercio y financiación de las armas; y Agus Morales, periodista, director de Revista 5W. 

Un programa con la banda sonora a cargo del músico y compositor catalán Ferran Palau. 

Al menos 1.172 personas murieron o resultaron heridas por bombas de racimo –prohibidas en más de un centenar de países– en 2022, ocho veces más que en 2021, un aumento causado por su uso en la guerra de Ucrania tanto por el Ejército ruso como por el ucraniano, al que Estados Unidos comenzó a enviar este tipo de munición en julio.

Son las principales conclusiones del decimocuarto informe anual de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC), que lidera la campaña para que más países suscriban la Convención de Oslo de 2008 contra este armamento, por ahora con 112 Estados parte y otros 12 signatarios, aunque con la ausencia de las grandes potencias.

La cifra de víctimas es la mayor que el CMC confirma en un año desde que comenzó estos informes en 2010.

El estudio indica un resurgimiento de los ataques con este tipo de armamento de dispersión: si en 2021 fueron 149 las víctimas confirmadas murieron o resultaron heridas al estallar restos de este armamento, ninguna en ataques, el pasado año 987 de las 1.172 víctimas lo fueron por acciones directas en las que se usaron estas armas.

En la mayor parte de los casos (890 víctimas) estas acciones con bombas de racimo se perpetraron en Ucrania, donde, según concluye el informe, Moscú las ha utilizado repetidamente desde su invasión del país en febrero de 2022, mientras que Kiev también las ha empleado en menor medida. También se detectó su uso indiscriminado en ataques de los Ejércitos gubernamentales de Siria y de Myanmar, según el informe de la CMC.

El informe anual Cluster Munition Monitor concluye que Rusia ha utilizado repetidamente municiones de racimo en Ucrania desde su invasión del país en febrero de 2022, mientras que Ucrania también las ha empleado en menor medida.

El 95% de las víctimas son civiles

Además de en esos tres países, se identificaron víctimas de bombas de racimo el año pasado en Azerbaiyán, Irak, Laos, Líbano y Yemen, en esos caso no por ataques directos sino por el estallido de restos de estas armas usadas en el pasado.

Un 95% de las víctimas de estas bombas de racimo son civiles, alerta el documento, que también subraya que un 71% de los muertos o heridos por accidentes relacionados con restos de este armamento son niños.

“El impactante aumento de nuevas víctimas civiles causadas por las municiones en racimo sirve como un crudo recordatorio del efecto devastador que estas atroces armas tienen en los civiles, incluidos los niños”, ha destacado al presentarse el informe la directora de CMC, Tamar Gabelnick. “Todos los países que no han prohibido estas armas deben hacerlo de inmediato, no hay excusa para que se continúen usando”.

Preocupación por la decisión de EEUU

Los autores del informe expresan su preocupación por la reciente decisión del Gobierno de EEUU, en julio pasado, de aprobar el envío de municiones de racimo a Ucrania, una medida que según recuerda la Coalición fue criticada por líderes de todo el mundo.

“Las nuevas transferencias y el uso de municiones en racimo son motivo de grave preocupación debido al daño documentado a los civiles y al hecho de que la mayoría de los países han prohibido estas armas”, dice al respecto la activista de Human Rights Watch Mary Wareham, que participa en la edición del informe.

Dispersas, indiscriminadas y latentes

Los ataques con bombas de racimo, por tierra o aire, dispersan múltiples submuniciones o minibombas en una amplia área, y muchas de ellas no explotan en el impacto inicial, dejando restos que pueden causar muertes y heridas durante largo tiempo y de forma indiscriminada, de manera similar a las minas antipersona.

La CMC subraya el progreso de la convención para su prohibición, a la que el último país en unirse ha sido Sudán del Sur el pasado mes, y para la eliminación de este armamento por los países firmantes: los Estados parte han destruido colectivamente el 99% de sus existencias, aproximadamente 1,48 millones de municiones.

Bulgaria, recuerda el estudio, ha destruido este año la última de sus reservas de bombas de racimo, y junto a otros dos (Perú y Eslovaquia) ha neutralizado 4.166 municiones y 134.598 submuniciones entre 2022 y la primera mitad de 2023.

Sin embargo, potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India o Brasil (además de la propia Ucrania) siguen sin adherirse a la convención y continúan formando parte del grupo de 16 naciones que aún producen este tipo de armamento, situación que se repite incluso entre países de la Unión Europea como Polonia, Rumanía y Grecia.

Al menos 29 naciones están contaminadas por remanentes de municiones de racimo, entre ellas 11 firmantes de la convención, y solo otros 11 Estados parte conservan municiones de este tipo con fines “de investigación y formación”, siendo Alemania el que conserva un mayor número.

Sobre EEUU, el informe señala que el último fabricante de municiones de racimo puso fin a su producción en 2016, pero el país esta desarrollando armas “sustitutas” con similares efectos y que podrían entrar dentro de la definición de armamento prohibido por la Convención de Oslo. 

Faltan 90 segundos para que el llamado Reloj del Apocalipsis dé la medianoche. El reloj del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, que mide el riesgo de amenaza nuclear −siendo la medianoche la guerra nuclear−, nunca había estado tan cerca de las 00:00, explica el médico y activista costarricense Carlos Umaña. El año pasado se situó a 100 segundos, pero el conflicto actual en Ucrania y la posibilidad de una detonación accidental hace que la aguja marque una hora sin precedentes. Ni siquiera durante la Guerra Fría llegó hasta donde está hoy.

Umaña recibió el premio Nobel de la Paz en 2017 junto con la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) por “generar conciencia de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por sus esfuerzos en conseguir una prohibición de dichas armas”.

Su interés por el desarme nuclear y por la concienciación de las consecuencias de este tipo de armamento fue la evolución natural de su activismo médico: “Uno quiere prevenir lo que no se puede curar, los que nos ha tocado curar a personas con enfermedades crónicas sabemos que en una catástrofe de este tipo la cantidad de heridos y lesiones sería algo irreparable”.

No solo se remite a lo que hay que prevenir, también habla de esperanza y de lo que se puede conseguir, de cómo el movimiento crece y de la gente que ha ido conociendo. Del empoderamiento de la sociedad civil. “El empoderamiento ciudadano ahora tiene una cara”, dice Umaña en referencia a la Alianza por el Desarme Nuclear, que celebró el pasado 23 de mayo el acto “Educación para la paz y por el desarme nuclear” en el Ateneo de Madrid, su primer evento público. La iniciativa, promovida en septiembre de 2021 por la Asociación Española de Investigación para la Paz, el Centre Delàs d´Estudis per la Pau y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, nace con el objetivo de concienciar a la sociedad española y de lograr la adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN).

En este contexto, Carlos Umaña, miembro directivo de la ICAN y copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, habla con elDiario.es sobre la situación de las armas nucleares en el mundo y la presentación de la Alianza por el Desarme Nuclear en Madrid.

¿Nos encontramos en el momento más próximo a una guerra nuclear?

Sí, ya son varios los expertos que concuerdan en que el riesgo actual es más alto que nunca, un riesgo multifactorial. Y cuando hablamos de riesgo hablamos no solamente de la probabilidad, sino del impacto que tendría dicho evento si llega a ocurrir. Una de las mediciones más famosas es el reloj del Apocalipsis del Boletín de Científicos Atómicos. Este año está a menos 90 segundos, es decir, 90 segundos hacia la medianoche, siendo la medianoche la guerra nuclear, la destrucción de la humanidad en manos humanas. Muchos expertos aseveran que deberían ser incluso menos −el año pasado eran 100 segundos−, que la manecilla tenía que haberse corrido todavía más por el riesgo tan importante en el que estamos. Y hay un componente también que se sale de la toma de decisiones actual, un componente accidental, que está fuera de control y que crece cuando hay una guerra.

De las más de 12.700 ojivas nucleares que hay, 2.000 están en estado de alerta máxima y estas están listas para ser detonadas en minutos. Quienes toman la decisión de detonarla están viendo los sistemas de alerta máxima y estos sistemas son los que dicen si viene un ataque nuclear o no y se tienen que usar las armas nucleares antes de que venga dicho ataque para que no se destruya el arsenal. Estos sistemas se han equivocado muchísimas veces y han generado falsas alarmas. Y las personas que están detrás de estos sistemas tienen que interpretar esas alarmas como falsas o verídicas. Tienen que utilizar el contexto actual, todo su bagaje y todas sus emociones como personas para recomendar si se lanza o no un ataque nuclear. Y si estamos en un contexto de una guerra donde ya se han hecho varias amenazas explícitas, aumenta el riesgo de malos cálculos y de malas interpretaciones. Así lo dijo el propio secretario general de la ONU António Guterres el año pasado: “Estamos a un mal cálculo o una mala interpretación de una aniquilación nuclear”. El riesgo actualmente es altísimo.

¿Qué consecuencias tendría un conflicto nuclear?

Sería un apocalipsis. Estamos hablando de un uso masivo de armas nucleares. Se detonarían principalmente en el hemisferio norte y habría un gran intercambio especialmente entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, la radiación se esparciría globalmente, también los escombros y el hollín de todas esas explosiones subirían a la estratosfera, generando una capa que no se puede limpiar con las precipitaciones y que taparía la luz solar, disminuyendo la temperatura en un promedio de 25 grados centígrados a nivel mundial.

Se generaría un invierno nuclear. No hay muchas cadenas alimenticias ni ecosistemas que puedan sobrevivir tiempos prolongados sin sol y con un cambio de temperatura tan extrema. Significaría la muerte y la extinción de muchísimas especies, de muchísimos ecosistemas, el fin de nuestra civilización e incluso probablemente de nuestra especie. Es un escenario increíblemente dramático y un escenario también cuyas posibilidades de reproducirse son enormes. Varias universidades han hecho escenarios virtuales en los que los tomadores de decisiones terminan escalando la guerra porque, entre comillas, es lo que hay que hacer.

¿Qué opina del argumento que defiende que el armamento nuclear ha evitado un conflicto más grande?

Ese es uno de los argumentos de la hegemonía nuclear y una de las razones por las cuales se mantienen las armas nucleares, lo que se denomina la paz atómica: que la presencia de las armas nucleares ha evitado una tercera guerra mundial. Ese es un argumento que, si lo empezamos a deshilachar, se vuelve un poco absurdo, porque es una aseveración que carece de toda evidencia.

Es el discurso más popular y el que nos hemos tragado absolutamente todos. Y no es casual que se haya difundido esa imagen y ese discurso, porque de esta industria tan multimillonaria que es las armas nucleares, que no solamente incluye el mantenimiento y la modernización, sino también incluye la propaganda y la financiación de think tanks para generar sus argumentos, para alimentarse de los medios y para que la gente tenga ese pensamiento de que las armas nucleares son indispensables para la seguridad y la estabilidad.

¿Y de la declaración del G7 en la última reunión en Hiroshima sobre su compromiso de conseguir un mundo sin armas nucleares?

Que la decisión de Japón de hacer que esta cumbre se diera en Hiroshima ya es algo significativo porque están queriendo contribuir con la estigmatización. Incluso Japón todavía no está listo para firmar el tratado sobre la prohibición. Ahí hay un movimiento que quiere traer a la luz las consecuencias humanitarias. Aunque es un poco retórico, no hay ningún compromiso político real detrás de esta declaración, pero ayuda ciertamente a la estigmatización.

Son muchos los ejemplos de cómo este mecanismo ha funcionado en la historia, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud, o mucho más recientemente, con las municiones en racimo o las minas antipersonales que prácticamente no se producen a nivel mundial. Estados Unidos cerró sus últimas fábricas en 2016 sin haber firmado estos tratados porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y había en el mundo un clima moral de condena hacia estas armas. Entonces por ahí vamos con el tratado.

Es importante, si bien es un poco hipócrita esta postura de condenar las armas nucleares y a la vez defenderlas dentro de sus sistemas de seguridad, pero las están condenando. Y ese discurso es el que tiene que prevalecer sobre el otro, sobre que las armas nucleares sean necesarias. Porque mientras existan las armas nucleares, se van a terminar usando. Es el fin de las armas nucleares o nuestro fin. Debemos tener claro que la única forma en la que vamos a estar seguros es quitándonos estas armas de encima.

¿En qué momento nos encontramos de cara al desarme nuclear?

Estamos actualmente en la universalización del TPAN. Es decir, a ICAN se nos dio el Premio Nobel en 2017 por dos razones: por concienciar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de dichas armas a través del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. ¿Cómo funciona? No solamente es una prohibición que ya funciona para muchos países. Por ejemplo, América Latina y el Caribe han conformado la primera zona libre de armas nucleares en una zona habitada y la más amplia. Luego también está en África y otras tres más.

Funciona a través de un proceso que es la estigmatización, mediante el cual se crea una normativa y ese poder normativo hace que se genere un comportamiento internacional que condene las armas nucleares y haga que cada vez sea más difícil apoyarlas, que sea cada vez más difícil verlas como un activo estratégico. Se llama desarme humanitario. Se trata de ver a las armas nucleares por su verdadera cara, con la evidencia, a través de los testimonios de los supervivientes y de todo el daño que han causado y con el daño que podrían causar.

Cuando hablamos del mundo en torno a las armas nucleares, no todo es blanco o negro: países nucleares o países no nucleares. Podemos hablar de una serie de círculos concéntricos. En el círculo más externo están los países que son no nucleares, que no tienen alianzas militares con armas nucleares y que ya tienen una prohibición regional de estas armas, como América Latina y África. Si nos vamos más hacia el centro de esta serie nos encontramos con países que no tienen armas nucleares, pero que tienen presión política por sus alianzas militares con los países que sí tienen armas nucleares, como es el caso de España, de los países de la OTAN y otras alianzas similares. Ya en el centro están los nueve países nucleares y en el puro centro están Estados Unidos y Rusia. Entonces la estigmatización va por capas. Estamos en esta segunda fase, ya hemos conseguido 92 estados firmantes y 68 estados parte.

¿Por qué España no ha firmado el TPAN?

Por la presión política, sobre todo de la OTAN. Pedro Sánchez en 2018 había adquirido el compromiso de firmar el Tratado de Prohibición. Ese compromiso al final no se cumplió precisamente por la razón que nos han dado desde entonces. Porque pertenecen a la OTAN y necesitan ir en línea con lo que dicen. Sin embargo, el tratado propiamente del Atlántico Norte no menciona las armas nucleares. No hay ningún impedimento legal para que un Estado de la OTAN firme el TPAN y siga perteneciendo a la OTAN.

Es una presión política cuyas consecuencias en realidad tampoco son tan claras. Un caso similar fue el de Nueva Zelanda, que pertenece al tratado ANZUS (Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, por sus siglas en inglés), una alianza de seguridad similar.  Nueva Zelanda ha sido tajantemente antinuclear. Tuvo un periodo donde hubo presión política de parte de Estados Unidos, pero eso no tuvo ninguna influencia sobre la integridad del tratado como tal y sobre las protecciones.

¿Por qué es necesaria una iniciativa como la Alianza por el Desarme Nuclear?

Lo que hace la Alianza es reunir todas las fuerzas que hay y ordenarlas. Canalizar los esfuerzos y las intenciones de organizaciones y de personas para lograr el objetivo de que España firme el TPAN y de concienciar a la sociedad española sobre los riesgos de las armas nucleares y lo que se puede hacer. Pero lo más importante, que a mí me emociona con esta alianza, es el empoderamiento de la sociedad civil. El empoderamiento ciudadano que ahora tiene una cara.

Es una herramienta que se le está dando al público español para que se una de verdad, porque la gente tiene mucho poder aquí, especialmente en una sociedad democrática descentralizada como es España. Ese poder se puede canalizar no solamente manifestándose en favor del tratado y condenando las armas nucleares, sino también uniéndose a la Alianza. Es una fuerza tangible que reúne los esfuerzos de muchísimas organizaciones para exigirle al pueblo español que sea coherente con sus valores.

¿Cree que se conseguirá?

Sí. Es difícil, claro, pero yo estoy en la campaña trabajando muy activamente desde 2012 y entonces los países no hablaban de prohibición, mucho menos de un tratado de prohibición. La palabra prohibición era casi un tabú. Ver cómo evolucionamos desde 2013 a 2017, negociar un tratado de prohibición y que luego ese tratado esté cogiendo cada vez más fuerza me da mucha esperanza, a pesar de todo el escepticismo y de todas las barreras que tuvimos. Y claro que considero que el desarme nuclear es posible, lo digo con un optimismo que es realista a su vez, porque el cambio únicamente se hace de la mano de las personas que creen que ese cambio es posible. Y el cambio lo estamos haciendo. Tenemos un avance tangible en la condena de las armas nucleares en la normativa de la prohibición. Así que sí, definitivamente lo vamos a conseguir.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes de que el mundo está “a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear”, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza.

“La humanidad corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en las aterradoras llamas de Hiroshima y Nagasaki”, señaló Guterres al abrir una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

El jefe de Naciones Unidas lamentó que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza, los países estén alejándose del desarme y, en su lugar, busquen “una falsa sensación de seguridad” gastando “cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta”.

Casi 13.000 armas nucleares almacenadas

Guterres recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y recalcó el riesgo que eso plantea ante crisis como las que se viven en Ucrania, en Oriente Medio o en la península de Corea. “Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear”.

Según Guterres, la conferencia de revisión del TNP que arrancó este lunes es una oportunidad para acordar medidas que ayuden a evitar un desastre y para encaminar al mundo hacia un futuro libre de armas nucleares.

Entre otras cosas, el diplomático portugués animó a los Gobiernos participantes a reafirmar la norma contra el uso de armamento atómico con medidas prácticas para reducir el peligro de un conflicto nuclear, pero también a avanzar en la reducción de arsenales con vistas a una eliminación total. Además, pidió modernizar el TNP para ir más allá del actual statu quo y promover el uso pacífico de la energía atómica como respuesta a la crisis climática.

Por otra parte, Guterres llamó a impulsar las negociaciones sobre cuestiones atómicas en Oriente Medio –en referencia a Irán– y en Asia –por el caso de Corea del Norte– y avisó de que, al añadir la amenaza de las armas nucleares a estos conflictos, estas regiones avanzan hacia una “catástrofe”.

Fuertes tensiones

La conferencia de revisión del TNP, que tradicionalmente se celebra cada cinco años, se abrió este lunes en Nueva York con dos años de retraso por la pandemia de la COVID-19 y marcada por las fuertes tensiones entre los países con armas atómicas.

El tratado, al que se han sumado casi todos los países del mundo, tiene como fin frenar la expansión de las armas atómicas y compromete a las cinco potencias nucleares oficiales (EEUU, Rusia, Francia, China y Reino Unido) con políticas de desarme.

La reunión, que continuará hasta el próximo 26 de agosto, es vista por muchos analistas como un foro clave para volver a impulsar el desarme en un momento especialmente complicado.

La guerra en Ucrania y las alusiones de Rusia a su capacidad atómica para disuadir a cualquier país que se plantee intervenir en ese conflicto han vuelto a encender el debate sobre las armas nucleares y sobre el futuro de toda la arquitectura internacional creada para mantenerlas a raya.

Según la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), la invasión rusa ha creado mayor división y ha aumentado las probabilidades de que proliferen las armas de este tipo y de que puedan llegar a usarse. Al mismo tiempo, las cinco potencias nucleares oficiales bajo el TNP “están violando sus obligaciones de desarme” y “aumentando el riesgo de una catastrófica guerra nuclear”, avisó Beatrice Fihn, la directora ejecutiva de esta organización que en 2017 recibió el premio Nobel de la Paz.

Bajas posibilidades de acuerdo

En las próximas semanas, los países firmantes del TNP –que son la mayoría del mundo– discutirán las posibilidades de reforzar la aplicación de este tratado que tiene como fin principal frenar la expansión de las armas atómicas.

Sin embargo, las posibilidades de alcanzar consensos parecen extremadamente remotas, pues en la última cita de este tipo, en 2015, ya resultó imposible y, tal y como señalaron varios participantes, las cosas no han hecho más que empeorar.

“La división en la comunidad internacional no ha hecho más que crecer. En particular, la amenaza de usar armas nucleares por parte de Rusia en su agresión contra Ucrania ha contribuido a una preocupación en todo el mundo de que hay una posibilidad real de otra catástrofe por el uso de armas nucleares”, dijo este lunes el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

Japón, escenario de dos ataques atómicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, consideró que no pueden tolerarse amenazas como las hechas por Moscú y pidió reforzar el TNP para garantizar que no se vuelva a usar la bomba atómica.

EEUU y Rusia, las dos grandes potencias nucleares, coincidieron en los peligros de la guerra nuclear y defendieron herramientas como el TNP para garantizar que nunca se llegue a ese extremo, pero también intercambiaron acusaciones.

Pese a ello, el presidente estadounidense, Joe Biden, aprovechó el inicio de la reunión en Naciones Unidas para ofrecer a Moscú comenzar a negociar “de inmediato” un tratado que sustituya al Nuevo Start, el pacto entre los dos países para limitar el número de armas nucleares y que expira en 2026.

La propuesta, sin embargo, fue recibida con frialdad por parte del Gobierno ruso, que puso en duda la voluntad de Washington.

El conflicto en Ucrania se hizo notar también en esta primera jornada de la conferencia de desarme por la preocupación ante un posible accidente en alguna de las plantas nucleares ucranianas, sobre todo en la de Zaporiyia, la mayor de Europa y que desde marzo está bajo control ruso.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acusó a Moscú de estar usando Zaporiyia como una base militar para lanzar ataques a los que Ucrania no puede responder por el riesgo de causar un desastre nuclear.

Blinken, además, subrayó las amenazas que plantean los programas atómicos de países como Irán y Corea del Norte, las otras dos grandes cuestiones que planean sobre esta conferencia, mientras que otros países cuestionaron el acuerdo sellado el año pasado entre EEUU, Reino Unido y Australia sobre submarinos nucleares.

Cuando se cumple una década de la Conferencia de Aiete que abrió el camino para el cese definitivo de la actividad armada de ETA, el Palacio de Aiete de Donostia ha vuelto a ser testigo de una jornada en la que se ha hablado de avances, dificultades y retos de diferentes procesos de paz y, en concreto, del proceso de paz en Euskadi. Junto con mediadores internacionales que estuvieron presentes hace ya diez años en el mismo lugar y personalidades conocedoras de otros procesos de paz han acudido al palacio donostiarra todos los partidos políticos salvo el PP, quien tampoco estuvo presente aquel 17 de octubre de 2011. Faltaban tres días para que ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada.

“La valoración después de diez años, evidentemente, es positiva, muy positiva, porque celebramos que ETA dejara de matar, que abandonara definitivamente la violencia”, ha declarado Joseba Egibar, presidente del Gipuzko Buru Batzar y portavoz del PNV en el Parlamento Vasco tanto en 2011 como ahora. “Creemos que políticamente quien impulsó la desaparición definitiva de ETA fue la propia izquierda abertzale, tuvo un protagonismo absoluto. Un protagonismo político que dificulta al tiempo el que la propia izquierda abertzale pueda hacer una lectura crítica sobre la existencia de ETA ante la sociedad vasca”, ha señalado. A su vez, Arnaldo Otegi, quien no acudió a la Conferencia de Aiete porque estaba en la cárcel, coordinador general de EH Bildu, ha recordado que la comunidad internacional llegó a Euskadi para “escuchar cuáles eran los problemas estructurales que tenía el país, pero hizo algo más. Además de ser testigo hizo una hoja de ruta para resolver los problemas”. Sin embargo, ha insistido en que algunos puntos de la hoja de ruta “están absolutamente cumplidos”, pero otros están “todavía por desarrollar”.

Dentro de la jornada organizada por el Foro Social Permanente, en la que han estado presentes el PNV, EH Bildu, PSE-EE, Podemos, IU, el conjunto de los sindicatos, el alcalde de Donostia y el diputado general de Gipuzkoa, se han recordado las “peculiaridades” que pudo tener el proceso vasco y lo elementos comunes que comparten todos. “Conocía diferentes conflictos. Había trabajado en Sudamérica, con diplomáticos españoles, en Colombia... e intenté ponerme en contacto –con el Gobierno español–, pero no recibían mis llamadas, no querían hablar conmigo cuando les dije que quería trabajar en el conflicto vasco. Me costó mucho entender cómo fue posible que no tuviera éxito ese primer proceso que colapsó en 2007 y me dijeron de forma muy clara que si intentaba entender el por qué estaba justificando el terrorismo”, ha explicado Teresa Whitfield, directora de Política y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de la ONU. Sobre esa inacción del Gobierno para avanzar hacia la paz, Jonathan Powell, quien participó en la Conferencia de Aiete hace una década, ha opinado que “es muy irresponsable” porque como políticos –fue jefe de gabinete del primer ministro británico Tony Blair– tienen “la responsabilidad de salvar vidas”. Así, Sergio Jaramilla, asesor superior del Instituto Europeo de la Paz y líder de las negociaciones con las FARC durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, ha mencionado que “ningún conflicto transiciona a la paz por sí misma”. “Hay que crear las condiciones, hay que tender unos puentes, construir edificios. Eso puede darse en forma de negociación o de otras maneras, pero hay un proceso. Hay que reconocer que más allá de la forma en la que se logra, de facto hay una transición”, ha defendido.

Creemos que políticamente quien impulsó la desaparición definitiva de ETA fue la propia izquierda abertzale, tuvo un protagonismo absoluto

Joseba Egibar — Presidente de GBB y portavoz del PNV en el Parlamento Vasco

Los mediadores han reconocido que cuando inician las reuniones con un grupo terrorista para hacer un camino hacia la paz, “nunca” aprenden de lo que ha pasado con anterioridad, pues “solo después, cuando han muerto miles de personas” entienden que deben encontrar un equilibrio entre la presión policial y la militar. “Todos los procesos han sido únicos, en todos las condiciones han sido diferentes. El mayor error que uno puede cometer es decir que esa situación no es única y que se repite lo que pasó en otro conflicto, porque te van a echar de la sala. Lo que tienes que hacer como mediador es construir confianza con las otras partes, tienes que reconocer la naturaleza única del proceso”, ha defendido Brian Currin, abogado sudafricano especializado en derechos civiles y derechos humanos y promotor de la Declaración de Bruselas y del Grupo Internacional de Contacto que participó en la Conferencia de 2011.

Así, Powell ha puesto como ejemplo para promover un proceso de paz los elementos que lo impulsaron en Irlanda del Norte, que fueron el estancamiento, cuando el IRA se dio cuenta de que “no iba a ser derrotado, pero tampoco vencido”, y el liderazgo en ambas partes. No obstante, Currin ha apuntado que, precisamente, no era “estancamiento” lo que faltaba en Euskadi para ponerlo en marcha: “La perspectiva española era que era cuestión de tiempo que ETA fuera destruida, ese era el relato. En ese contexto, también hay que tener en cuenta a los líderes políticos españoles, a los socialistas, a los populares, al electorado, porque en España se perdían votos en ese momento si se hacía un trato y se ganaban votos si se continuaba luchando contra el terrorismo”.

En España se perdían votos en ese momento si se hacía un trato y se ganaban votos si se continuaba luchando contra el terrorismo

Brian Currin — abogado especializado en derechos civiles y derechos humanos

Tras la Conferencia de Aiete, en opinión de Currin el relato no cambió para la sociedad. “El Gobierno español no estaba preparado para el desarme en el que ETA no les entregara a ellos las armas”, ha incidido. Sin embargo, los mediadores han destacado el papel del pueblo vasco, sin cuyo apoyo “no habrían podido hacer el proceso”. También han subrayado la importancia de documentar los abusos de derechos humanos “desde todas las perspectivas”. “Cuando hablamos de las víctimas y de su verdad, eso tiene que ver con el relato. Es difícil, porque los relatos son muy diferentes. Ni siquiera hay un acuerdo sobre cuándo había que empezar a contar la historia ni sobre quién son las víctimas”. Por ello, Jaramillo ha concluido que antes de discutir sobre el relato es necesario “escuchar a las víctimas” y “asumir la responsabilidad de lo que ocurrió”.

El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima y, tres días más tarde, el 9 de agosto, lanzó una segunda sobre la ciudad de Nagasaki. En pocos días murieron más de 200.000 personas. En los años siguientes hubo muchas más víctimas mortales a consecuencia de las explosiones. Todavía hoy los hospitales de la Cruz Roja japonesa continúan atendiendo miles de supervivientes y de descendientes de esos supervivientes, ya que los efectos de la radiación se han transmitido a generaciones posteriores. En Hiroshima, después del 6 de agosto de 1945, el 90% del personal sanitario murió o quedó malherido; 42 de los 45 hospitales quedaron inutilizados... Aquella fue la única vez en que se han usado bombas atómicas contra la población civil, en el marco de un conflicto bélico.

Las armas nucleares actuales son entre 10 y 20 veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por tanto, en caso de ser usadas, la catástrofe humanitaria sería mucho mayor.

Ante un panorama como el actual, en que el uso de armas nucleares no es descartable, es preciso recordar los diferentes informes de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas, y el trabajo de diversas conferencias internacionales que evaluaron los efectos humanitarios derivados de una explosión nuclear. De todo ello se concluyó que la explosión de una sola bomba nuclear sobre una ciudad provocaría una catástrofe humanitaria de tal magnitud que las infraestructuras sanitarias y de emergencia serían incapaces de atender a los supervivientes. Una situación aplicable incluso a los países con mayor grado de desarrollo. Si hoy explotase una bomba nuclear sobre una ciudad, gran parte del tejido de primeros auxilios ( hospitales, bomberos, organizaciones asistenciales) quedaría arrasado y, por tanto, no sería operativo. Una única bomba causaría esa situación dantesca. Es difícil concebir las consecuencias de la explosión de las 13.000 bombas que hoy en día constituyen el arsenal nuclear mundial.

Pruebas nucleares

La realización de pruebas con armas nucleares también ha tenido un impacto negativo sobre la población de la zona afectada y su entorno medioambiental. Los estados armados nuclearmente, salvo Israel, han querido probar sus armas con el doble objetivo de evaluar sus efectos y de demostrar una posición de fuerza ante sus rivales políticos y militares. No tuvieron ningún escrúpulo en exponer la población a los efectos directos de la radiación, a contaminar sus hogares y fuentes alimentarias y a dejar cantidades sustanciales de radionúclidos de larga vida bajo tierra y bajo el mar. El número total de pruebas se eleva a 2.055, de las cuales 1.032 fueron realizadas por Estados Unidos, 715 por la URSS, 210 por Francia, 45 por el Reino Unido y 45 también por China. India, Pakistán y Corea del Norte, menos de 10 pruebas cada uno de ellos.

Los daños para los habitantes y el medio se concretan en desplazamientos forzosos de la población, contaminación radioactiva de la tierra –subsuelo, acuíferos, mar, fauna, flora...– y consecuencias en la salud. Estas últimas pueden ser enfermedades cardiovasculares, cánceres, malformación de los fetos, alteraciones cromosómicas que se transmiten a las generaciones siguientes, disminución de la esperanza de vida, alteraciones del sistema nervioso, envejecimiento prematuro, malformaciones faciales...

Consecuencias de una guerra a pequeña escala

Como han demostrado diversos estudios científicos recientes, la detonación de menos del 1% del arsenal nuclear mundial provocaría (aparte de las víctimas humanas inmediatas y los destrozos materiales) un cambio sustancial del clima global no restringido a la zona de explosión, sino que afectaría todo el planeta. La enorme cantidad de humo y hollín generada por los incendios derivados de la explosión en una zona urbana y poblada, reduciría la radiación solar en la superficie terrestre y, por tanto, también la evaporación. Bajarían la temperatura y pluviosidad y, como consecuencia, disminuiría la producción agrícola de todo el planeta y podría poner más de 2.000 millones de personas en situación de riesgo alimentario.

Consideraciones finales

La catástrofe humanitaria como consecuencia de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki ha sido un argumento fundamental del movimiento antinuclear. Con la actual pandemia de la COVID-19, el sistema sanitario ha sido sometido a una tensión extrema hasta el punto de que, en algunos países, casi ha colapsado. Es fácil de imaginar que este mismo sistema sanitario reducido en una buena parte de su personal y de sus infraestructuras, no podría hacer frente, en absoluto, a una emergencia como la explosión de una bomba nuclear sobre una ciudad. El cuerpo de bomberos y de emergencias también quedaría afectado de una forma similar. Si se añade la destrucción de infraestructuras como el alcantarillado, las vías de comunicación, el suministro eléctrico, de agua, gas, telecomunicaciones, etc. se llega a la conclusión que sería imposible hacer frente a las repercusiones de una explosión nuclear. Los efectos (sanitarios, económicos, sociales, laborales...) de la pandemia de la Covid-19 en una ciudad grande serían insignificantes comparados con los que se derivarían de una explosión nuclear. Cabe destacar que nos estamos refiriendo a la explosión de una bomba nuclear, pero hay más de 13.000 en el mundo. Y no parece improbable que en una guerra nuclear hubiera más de una explosión.

Es inmoral e inaceptable que haya estados que tengan esta capacidad de destrucción y de generar sufrimiento en la población. La solución es la eliminación y prohibición del armamento nuclear, que es el que regula el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, aprobado en 2017 por la Asamblea General de la ONU y en vigor desde enero de 2021, después de que 50 estados lo firmaran y ratificaran. El Estado español ni siquiera lo ha firmado y no parece que tenga la voluntad de hacerlo. Inadmisible.

Esta publicación forma parte del lanzamiento de la campaña '10 Razones para firmar el TPAN', que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

Cinco miradas. Cinco perspectivas diferentes de un acontecimiento histórico: el final de ETA. De eso ha tratado el seminario Miradas al antes y el después de ETA, que ha tenido lugar en la Fundación Sabino Arana de Bilbao y en el que la novelista Edurne Portela; la periodista y víctima de la banda, Carmen Torres; Maixabel Lasa, víctima de ETA; Joaquín Giménez, el que fuera magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte han alzado la voz y han contado cómo vivieron aquellos años y han destacado la importancia de una convivencia basada en el conocimiento de lo ocurrido y la reconciliación.

La historiadora, filósofa y novelista Edurne Portela ha dado comienzo al seminario con una valoración de lo que fue ETA para ella personalmente como testigo de lo ocurrido al ser de Santurtzi y para el conjunto de la sociedad vasca. Portela, ha manifestado que uno de los mayores retos del final de ETA es “trasladar a la ciudadanía que todos somos responsables de una convivencia cívica”. Una convivencia, que, se según ha destacado, “debería estar basada en el conocimiento y en el reconocimiento de que esto es una historia de todos y de todas, y este trabajo no solo le toca a las víctimas y victimarios, nos toca al conjunto social y es ahí donde está el verdadero reto”. Además, ha recalcado la importancia de “romper las fronteras que a lo largo de los años se han ido forjando y que han creado una fractura social en la sociedad vasca, en la que en ocasiones se siente a la a las víctimas de ETA, como ajenas a la realidad de cada uno”.

“Oí tres tiros, luego silencio. Después, cambió mi vida”

Carmen Torres y Maixabel Lasa, ambas viudas de víctimas de ETA, han aportado dos testimonios de lo que es sufrir los años de plomo en sus propias carnes, pero no lo han hecho desde el rencor o la venganza, sino desde el perdón, la autocrítica y la importancia de la memoria y el recuerdo. El relato de Torres ha comenzado diciendo “¿asesinaron a mi marido o lo soñé? Oí tres tiros, luego silencio. Después, cambió mi vida”, duras palabras de la que fuera la mujer del periodista José María Portell, asesinado por ETA en 1978. A día de hoy se trata de un asesinato sin resolver, cuestión que Torres ha querido recalcar asegurando “perdoné al que había matado a mi marido sin saber siquiera quién es”. El testimonio de Maixabel Lasa se ha centrado en la necesidad de una autocrítica y en una reforma de la política penitenciaria para asegurar la convivencia. De esta manera ha señalado que “es imprescindible que se proceda al acercamiento de todas las personas presas vascas a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de domicilio”, medida, que ha recalcado, “no exclusiva para los presos de terrorismo sino para todo tipo de delitos”. Ha destacado, además, que “la reinserción no es una obligación sino un derecho de la persona que cumple condena, por tanto esa persona debe elegir libremente si quiere seguir el camino que marca la legislación penitenciaria para adelantar su excarcelación”.

Por su parte, el magistrado Joaquín Giménez ha analizado el conflicto desde el campo jurídico y ha destacado la responsabilidad de la izquierda abertzale en la no asunción de la realidad de lo ocurrido: “Que EH Bildu haya sido legalizada es una muy buena noticia porque en los años de terrorismo se decía que lo que tenían que hacer era hacer política y sorprendentemente cuando pasa esto se le cuestiona ¿no era eso lo que decíamos? Todos los partidos políticos que actúan hoy en España desde Bildu hasta Vox son constitucionales mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto eso de dar acreditaciones de constitucionalismo a unos y a otros me parece una frivolidad y una falta de rigor intelectual”, ha apuntado el que fuera magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Por último, el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, ha señalado que queda un reconocimiento pendiente en cuanto a lo ocurrido: la memoria histórica. Un reconocimiento que no se trata tan solo de admitir el daño producido, sino el mal moral: “Aceptar que la estructura violenta y los efectos destructivos no han sido solo un daño, sino un mal moral”. Para lograr un camino hacia la convivencia pacífica y la reconciliación, ha destacado la importancia de que “los responsables máximos de Fuerzas de Seguridad del Estado, que en el cumplimiento del deber de defender a los ciudadanos de la violencia han traspasado en bastantes ocasiones los límites de los derechos humanos, una vez que ETA se ha autodisuelto formulen de un modo u otro un reconocimiento de sus reprobables excesos”. Una acción, que ha finalizado “sería una contribución costosa pero valiosa para la concordia”.

ETA, un error que nunca debió existir

El cierre del seminario ha estado a cargo del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien se ha dirigido a las generaciones que sufrieron la violencia de la ETA y también a las venideras, para asegurar que “la banda fue una aberración ética, un error político, de principio a fin, y nunca debió existir”. Además, ha recordado que su Gobierno se ha opuesto a que haya “una exaltación épica del final de ETA, una organización terrorista que dejó 853 víctimas mortales”, y ha considerado que es “una tarea pendiente” la autocrítica a su pasado por parte de la banda y la izquierda abertzale.

De esta manera, ha presentado el informe Descripción y valoración del papel desempeñado por el Gobierno Vasco en el desarme y disolución de ETA, en el que se detalla “la contribución de su Gobierno de cerrar una etapa y abrir una nueva”, así como las diferentes fases y actuaciones para lograr el final de ETA. Una mira al pasado, con tintes pedagógicos, en una historia cuyas consecuencias aún perdurarán, pero que es importante no olvidar para que una situación como esa no vuelva a repetirse.

El presupuesto público que los países dedican a actividades militares como el ejército, la investigación o la compra de armas creció en 2018 por segundo año consecutivo. Según los datos más recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial se incrementó un 2,6% respecto a 2017 hasta alcanzar los 1,8 billones de dólares, 87.000 millones más que el año anterior. En la actualidad, es un 76% más alto que el mínimo histórico registrado después de la Guerra Fría, en 1998.

El instituto sueco destaca dos nombres propios. EEUU y China concentran la mitad del la inversión mundial en Defensa y a ellos se debe el crecimiento experimentado el año pasado.

En el caso de Estados Unidos, se incrementó por primera vez su presupuesto en siete años. De acuerdo con los investigadores del SIPRI, el repunte del 4,6%, hasta llegar a los 649.000 millones de dólares, se explica por la puesta en marcha desde 2017 de los nuevos programas de compra de armas bajo la administración Trump.

“Donald Trump ha iniciado un costoso programa de adquisición de armas así como un programa de modernización nuclear que podría durar los próximos 25 años. Se estima que su coste se situará entre los 1,2 y 1,8 billones de dólares. Este programa se debatió bajo el mandato de Obama y el Gobierno de Trump está muy involucrado en la firma y el cumplimiento del acuerdo”, sostiene Nan Tian, investigador del programa Armas y Gasto Militar (AMEX) del SIPRI, en declaraciones a eldiario.es. EEUU sigue siendo, de largo, el país que más dinero emplea en mantener su estructura militar en el mundo, lo que representa un 36% del gasto mundial total.

China, el segundo país con mayor gasto militar

Tras Estados Unidos, el siguiente en liderar el ranking mundial es China, que incrementó su presupuesto militar un 5%, hasta los 250.000 millones de dólares, en 2018. Según los datos del centro de estudios, el gigante asiático lleva 24 años consecutivos de aumento con el objetivo de modernizar sus fuerzas armadas: en 1994, su gasto era casi 10 veces menor.

“Los grandes aumentos de China se deben en gran medida a las altas tensiones en la región. Y las reacciones de otros países, como India, los países del sudeste asiático o Japón, son en su mayoría una respuesta a la militarización de China”, afirma Tian. De hecho, desde finales de la Guerra Fría, el gasto militar en Asia y Oceanía ha crecido cada año, según el análisis de SIPRI, que cada año hace un seguimiento de estos datos. Son notables los aumentos de Pakistán, Corea del Sur e India, que incrementó su presupuesto militar un 3,1%.

India se encuentra entre los cinco países con más gasto en 2018, detrás de Estados Unidos, China, Arabia Saudí y por delante de Francia. Entre todas las potencias suman el 60% del gasto militar global. En sexto lugar queda Rusia, cuyos datos se redujeron un 3,5% en comparación con 2017.

Los países europeos y norteamericanos aliados en la OTAN continúan siendo los que más dinero invierten en actividades militares: el gasto total del conjunto de los 29 países miembro ascendió a 963.000 millones de dólares en 2018, el 53% del total mundial. Destaca entre ellos Turquía, cuyo gasto creció un 24% en 2018, el mayor incremento de los 15 países que lideran el ranking.

“Es una nueva carrera armamentista”

La cifra global ha ido aumentando gradualmente tras el mínimo registrado en 2014 después de 2009, explica el SIPRI. “En los últimos años, la tendencia ha sido al alza. El incremento registrado este año nos muestra que la reducción que hubo durante unos años se debió al impacto de la crisis económica. En Europa occidental, los países decidieron bajar su presupuesto en Defensa, pero fueron reducciones mínimas, fueron de los presupuestos menos castigados”, sostiene Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. “Ahora que ya no se está en contexto de crisis se vuelve al aumento generalizado en prácticamente todos los lugares del mundo”.

El investigador catalán enmarca el repunte global del gasto militar en un contexto de “nueva militarización de las relaciones internacionales”, basada en la amenaza y la desconfianza mutua entre las potencias, lo que a su juicio ha desatado una “nueva carrera armamentista”. “Se ha reducido la apuesta por los organismos multilaterales, por la cooperación o el diálogo con la llegada de los gobiernos nacionalistas. En este sentido, EEUU marca mucho el paso. Caminamos hacia la desconfianza en un mundo multipolar en el que hay varios bloques en lucha por su influencia en el mundo y en el que aumenta la respuesta militalizadora”, sostiene Calvo.

“Se trata de una nueva carrera armamentista, una especie de Guerra Fría en la que ya no hay dos bloques, sino varias regiones que apuestan por situarse en el mundo como potencias militares, a ver quién manda más”, recalca el activista. “Todo indica que a poco que puedan, los países optan por unas mayores capacidades militares, se vuelve a modelos tradicionales y a visiones que parecían mas de otros tiempos. Si no hay un cambio, nos podemos encontrar un mundo con más armas que personas, y eso puede ser una catástrofe”.

Baja el gasto de Arabia Saudí y España, en el puesto 16

Arabia Saudí continuó entre los países que más presupuesto dedican a cuestiones militares, aunque en 2018 registró el mayor descenso. “Arabia Saudí mantiene su apuesta militarizadora y lo hace con armas occidentales. Hace diez años no era nadie en el mundo, desde el punto de vista militar, y ahora tiene unas capacidades enormes. Por eso decide emprender grandes acciones militares como la guerra de Yemen”, subraya Calvo.

Seis de los diez países con mayor proporción de gasto militar del mundo en 2018 en relación al PIB, según SIPRI, están en Oriente Medio, una región salpicada por los conflictos: a Arabia Saudí (8,8% del PIB) le siguen Omán (8,2 %), Kuwait (5,1%), Líbano (5%), Jordania (4,7%) e Israel (4,3%).

Del lado contrario, el gasto militar en África cayó un 8,4% en 2018, la cuarta reducción anual consecutiva. Las principales bajadas se dieron en Argelia, Angola y Sudán. “Es destacable, porque hablamos de un continente con situaciones de conflicto armado o postconflicto. Puede deberse a que hay un aprendizaje de que los conflictos no se solucionan por la vía de dedicar tantos recursos a resolverlos de manera militarizada. Son países que durante muchos años los han dedicado. Puede haber un poco de esperanza de que quizás si se están abriendo otras vías”, opina el activista catalán.

¿Y España? Se sitúa en el puesto 16, con un gasto de 18.200 millones, según el cálculo del SIPRI. Desde el Centre Delàs subrayan que España es el séptimo exportador de armas del mundo, “con clientes preferenciales tan controvertidos como Arabia Saudí”. “Reducir el gasto militar se puede hacer de un año al otro, son decisiones que con voluntad política son posibles”, sentencia Calvo.

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Nota: SIPRI entiende por gasto militar todo el gasto de los Gobiernos en las fuerzas y actividad militares actuales, incluidos los sueldos y los beneficios, los gastos operacionales, las compras de armas y equipamientos, las estructuras militares, la investigación y desarrollo, y la administración central, mandos y apoyo.

Las 100 mayores empresas de armas en 2017, por países

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

398.200 millones de dólares. Es la cifra que facturaron los 100 mayores fabricantes de equipos militares y armas del mundo el año pasado, según los datos más recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). En 2017, las ventas de las principales compañías del sector armamentístico crecieron un 2,5% respecto al año anterior.

Se trata del tercer año de aumento consecutivo, de acuerdo con los datos del SIPRI, que desde 2002 elabora informes anuales sobre la industria mundial de armas. En total, las ventas de este centenar de empresas son un 44% mayores que hace 15 años.

Los ministerios de Defensa nacionales son los principales clientes de estas empresas y este nuevo repunte se debe, en gran medida, a la “demanda interna”, explica Aude Fleurant, directora del programa de armas y gasto militar del SIPRI, en una entrevista con eldiario.es. 

“Las empresas estadounidenses se beneficiaron directamente de la actual demanda de armas por parte del Departamento de Defensa norteamericano”, sostiene la investigadora, que descarta, sin embargo, un “efecto Trump” en este aumento. “Las ventas suelen producirse en el momento de la entrega del equipo, lo que significa que los programas se iniciaron hace varias años, a veces décadas. Tendremos que esperar unos años para ver si hay un aumento significativo en las ventas de armas de las empresas de EEUU tras los anuncios de grandes programas armamentísticos”.

El dominio de las compañías estadounidenses

Las compañías armamentísticas de Estados Unidos dominan el mercado y concentran más de la mitad de las ventas globales de armas, el 57%. 42 de las 100 empresas más poderosas del mundo son estadounidenses. En conjunto, sus operaciones se incrementaron un 2% en 2017. También lideran el ranking, con el gigante Lockheed Martin, un año más, a la cabeza. El año pasado, sus ventas de armamento crecieron hasta los 44.900 millones de dólares. Lockheed Martin es uno de los mayores proveedores de armamento del Departamento de Defensa de EEUU y comercializa aviones de guerra, misiles, helicópteros y tecnología espacial.

La segunda principal empresa de armamento es la también estadounidense Boeing, especializada en aeronaves, cuya división de defensa facturó 26.930 millones de dólares. Le sigue otra de las principales corporaciones de EEUU, Raytheon, líder mundial en fabricación de misiles. Entre los diez gigantes del negocio mundial de las armas figuran otras dos compañías estadounidenses más: Northrop Grumman, fabricante de aviones de guerra y General Dynamics, que comercializa aeronaves y tanques.

Evolución de las ventas de armas de cada país

Datos referidos a los ingresos por venta de armas o el departamento de Defensa de las 100 mayores compañías de cada año. Importes ajustados a inflación

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

A las compañías estadounidenses les siguen las empresas de armas rusas, con el 9,5% del total de las ventas mundiales. Rusia se convierte así en el segundo mayor productor y desbanca a Reino Unido de esta posición, que ocupaba desde 2002. Este país, sin embargo, se mantiene como principal fabricante de armas de Europa occidental con la compañía británica Bae Systems, especializada en aviones, buques de guerra y municiones, como cuarta en la lista anual del SIPRI.

Las ventas de las mayores empresas armamentísticas europeas, entre las que figuran el consorcio Airbus, la francesa Thales o la italiana Leonardo, aumentaron un 3,8% en 2017. Entre los gigantes de la industria no figuran empresas chinas por falta de datos contrastados.

A pesar de que la mayoría de la producción de las empresas tiene como destino los ministerios de Defensa y los ejércitos nacionales, también tienen un mercado internacional y se producen exportaciones de estas armas a países que no tienen una industria militar tan desarrollada, subraya Fleurant. “Sin embargo, las empresas no informan sobre ventas de exportación específicas y su valor. Hay una falta de transparencia por su parte”, precisa.

El pasado marzo, otro informe del SIPRI constataba también el liderazgo de Estados Unidos en las exportaciones de armas mundiales. Oriente Medio, una región salpicada por los conflictos, ha doblado sus compras de armas a otros países en los últimos diez años. El Senado de Estados Unidos ha ratificado este jueves la ley para retirar su apoyo militar a la coalición que lidera Arabia Saudí en Yemen por 56 votos a 41 según ha informado The New York Times. Esta decisión, que no tendrá consecuencias inmediatas, da a la Casa Blanca un límite de 30 días para evacuar a las tropas estadounidenses que haya en el país árabe, a no ser que estén desplegadas para combatir a facciones locales de Al Qaeda. El presidente Donald Trump, por su parte, ya había anunciado previamente que vetaría esta medida. 

Evolución de las ventas de armas de las 100 mayores compañías del mundo

Datos referidos a los ingresos por venta de armas o el departamento de Defensa de cada compañía. Importes ajustados a inflación

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

La tendencia de la industria militar mundial comienza a invertirse, después de que en 2010 comenzaran a disminuir sus ventas debido, principalmente, a la crisis económica global. “Los planes de compra o pagos para las siguientes fases de los programas se pospusieron para hacer frente a la crisis”, explica la investigadora del instituto sueco. 

“Si se ven de forma conjunta los datos de las mayores empresas así como los de las exportaciones por países se demuestra que la industria armamentística está en fase de crecimiento y esto no es nada positivo: hay más armas en circulación, mas ventas, mas gasolina en conflictos armados que ya estas abiertos, más población refugiada, más perdida de vidas y más destrucción”, recalca por su parte Jordi Armadans, director de la ONG catalana Fundipau.

“Vivimos un cierto periodo de remilitarización y esto se nota también en el avance del discurso de la seguridad. Para parar las tragedias humanitarias que hay por ejemplo en Oriente Medio, que ha duplicado sus importaciones, hay que controlar el comercio de armas”, sentencia. 

La Agenda 2030 cumple ya tres años. Desde su investidura en junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha apostado públicamente por este plan de acción global “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia” aprobado el 25 de septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Así ha creado, por ejemplo, tal y como reclamábamos distintas organizaciones y plataformas, un Alto Comisionado, dependiente directamente de la Presidencia. Además, ha anunciado la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible.

Ahora bien, la implementación de la Agenda requiere además voluntad política para dejar de hacer las cosas como siempre y tomar decisiones valientes.

Entre sus 17 objetivos, la Agenda 2030 incluye uno ligado expresamente a la consecución de la paz, el 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

El modo en que se enunció este objetivo deja que desear. La paz se diluye al hallarse rodeada de otras aspiraciones a las que se coloca al mismo nivel. En un mundo en el que, según los datos recogidos en el informe anual de la Escola de Cultura de Pau, de la UAB, se registraron 33 conflictos armados en 2017 --una cifra demasiado similar a la de los años anteriores--, ¿no merecía el fin de la violencia una meta propia, un papel más destacado en un plan de acción llamado a transformar el mundo?

Además de esto, ni siquiera habla de lograr sociedades pacíficas, sino de promover. Un verbo bastante laxo. Ese no comprometerse se hace aún más palpable cuando nos adentramos en las metas ligadas al objetivo, en el cómo conseguir la paz. En ellas solo encontramos una referencia al comercio de armas, la meta 16.4: “De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”. Nada que apunte a los Estados y a la industria armamentística, como si estos no tuviesen responsabilidad en la violencia, las guerras o los ataques preventivos con daños colaterales.

Y, sin embargo, pese a estas limitaciones, la Agenda 2030 puede y debe servirnos para construir un mundo en paz. Una paz germinada en la lucha contra el cambio climático, la justicia fiscal, la equidad de género o las alianzas, sustratos que sí podemos encontrar en su articulado. Además, aquellas que creemos firmemente en el potencial transformador de este instrumento siempre hemos defendido que uno de sus elementos más potentes es que en ella se incluye el mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. Fórmula, que traducida a un lenguaje popular, equivaldría a un no poder estar a Dios rogando y con el mazo dando. Para ello, en la agenda se demanda el establecimiento de mecanismos.

El pasado julio, Futuro en Común, espacio que aglutina más de 50 entidades y redes, entre ellas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, publicó un informe con recomendaciones y propuesta para la implementación de la Agenda 2030 en España. En él se ponía especial énfasis en la coherencia de políticas y uno de los ámbitos a los que se apuntaba era al comercio de armas.

En concreto, se planteaba que España debía cumplir las obligaciones legales sobre control de la venta de material bélico a países en conflicto establecidas en la Ley española de Comercio de Armas y en el Tratado Internacional de Armas, ratificado en 2014. Ambos instrumentos jurídicos prevén la prohibición de vender armamento a países que puedan utilizarlos para vulnerar los derechos humanos o las leyes internacionales.

Arabia Saudí parece claro que sería uno de esos Estados. Y, sin embargo, España no solo suministra a este país, sino que además batió un récord en 2015, el año en que estalló la guerra de Yemen. Desde entonces, nuestro país ha vendido armas a Riad por valor de unos 925 millones de euros.

En estos tres años han muerto más de 10.000 personas y casi 18 millones de yemeníes --bastante más de la mitad de sus habitantes-- tienen graves dificultades para acceder a alimentos. De estos, 8,4 millones están en riesgo de morir de hambre, según la ONU, que ha acusado a la coalición de países liderada por los saudíes de ser responsable de violaciones de derechos humanos.

El Gobierno anunció en agosto que revisaría las ventas de armas españolas realizadas por el anterior ejecutivo a Arabia Saudí y sus aliados. Hace unos días, aclaró, sin embargo, que esa revisión no iba traducirse en la revocación de ninguna exportación de armamento a Riad, ni tampoco en una moratoria de la concesión de nuevas licencias.

Si Moncloa quiere cumplir con la Agenda 2030, habrá de ser coherente y no proporcionar material bélico o de doble uso a ningún país que vulnere los derechos humanos. La alta comisionada, Cristina Gallach, debería velar por ello. Sería un digno regalo de aniversario.

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Marta Iglesias es vocal de Incidencia Política de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

El Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin y los grupos Foro Social y Bake Bidea quieren que la representación institucional en la conferencia internacional previa a la disolución de ETA, que se celebrará el próximo 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo, no se circunscriba a la del presidente de la Mancomunidad del País Vascofrancés y alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray. El objetivo, que ya se intentó sin éxito en la entrega de las armas por parte de ETA el 8 de abril de 2017, es que participen también el lehendakari, Íñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

Fuentes autorizadas de ambos Ejecutivos han confirmado a este periódico que no han recibido oficialmente “ninguna invitación”, según han coincidido en apuntar desde los entornos de Urkullu y de Barkos. El Ejecutivo vasco tiene previsto anunciar este martes, después de la reunión del consejo de Gobierno, qué va a hacer ante el anuncio de la desaparición definitiva de la organización terrorista, según han señalado fuentes de la Lehendakaritza.   

Casi la noticia de la comparecencia esta tarde en Bayona para presentar la 'conferencia internacional' previa al anuncio definitivo de la disolución de la organización terrorista ya desarmada ETA es que ni siquiera han nombrado a la organización que va a desaparecer, tras 60 años de existencia. Ya se conocía la fecha y la localización de la citada 'cumbre' internacional con la que el GIC, el Foro Social y Bake Bidea pretenden crear una pista de aterrizaje definitiva para la desaparición de ETA con eco internacional. Pero como detalle se ha apuntado que la conferencia se celebrará en la Villa Arnaga de Cambo, una casona de estilo neovasco que mandó construir el escritor Edmon Rostand, autor de la obra 'Cyrano de Bergerac'.

“Pacificación definitiva”

La presentación del 'Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco' la han realizado en Bayona el portavoz del Foro Social, Agus Hernán, la representante de Bake Bidea Anais Funosas y el miembro del GIC Raymond Kendall. En la conferencia de prensa ha estado presente el denominado 'grupo de apoyo de cargos electos de Iparralde', como Jean René Etchegaray, alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad de Iparralde; Kotte Ecenarro, alcalde de Hendaia; los senadores Max Brisson, senador y Frederique Espagnac, también senadora; los diputados Florence Laserre-David y Vicent tBru, además de Alain Iriart, alcalde de Saint Pierre d'Irube

Etchegaray ha apuntado que la Declaración de Aiete -la cumbre internacional que el 17 de octubre de 2011 precedió a la declaración, tres días más tarde, del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA en la que participaron, entre otros, el exsecretario general de la ONU Koffi annan,  el presidente del Sinn Féin Gerry Adams y el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, entre otros- “no fue en vano” y ha subrayado su apuesta por el logro de una “paz definitiva y duradera”. Por su parte, Kendall ha asegurado que este encuentro internacional será “primordial para el proceso de paz y para la pacificación definitiva”.

“Creemos que hay condiciones para nuevos pasos relevantes que pueden contribuir a avanzar en nuestro último objetivo”, se apunta en el documento al que se ha dado lectura sin posibilidad alguna de preguntas. En el texto no se llega a concretar que el objetivo es la ya anunciada desaparición de ETA.

David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, acaba de confirmar a un periódico francés que el debate entre los activistas de la organización terrorista -la práctica totalidad en prisión, como el mismo Pla- sobre la desaparición del último grupo terrorista de Europa está prácticamente terminado. No hay ninguna duda de que la franquicia del terror en Euskadi, que ha perdurado 60 años, cerrará definitivamente “su ciclo y función”, como se detalla en el documento que se ha discutido durante los últimos meses. Los resultados de la votación por la que ETA echará la persiana definitivamente serán presentados previsiblemente en mayo.

Un año después del desarme etarra, lo que pretendía ser la palanca del cambio en la política penitenciaria para los casi 300 presos que tiene aún ETA en las cárceles españolas y francesas, únicamente ha tenido efecto en las prisiones galas. Francia ha acercado desde el pasado mes de febrero a un total de nueve reclusos a cárceles próximas a Euskadi, los dos últimos este pasado viernes.

Por contra, en España, la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha movido ni un ápice en estos 365 días. Y todo hace pesar que las novedades puedan venir más de lo que pueda decidir el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que de iniciativas políticas del Ejecutivo popular o de Instituciones Penitenciarias. Más del 90% de los reclusos (unos 230) está en primer grado y sin visos de modificar esta situación para poder acceder a otro tipo de beneficios carcelarios, tras el rechazo a las solicitudes para pasar a segundo grado de quienes lo habían solicitado (la mitad del colectivo). Es previsible que esas denegaciones acaben en la mesa del magistrado Castro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse el anuncio anticipado de la disolución de ETA, ha descartado cambios en el régimen penitenciario de los reclusos etarras. “Hay mucho trabajo que hacer antes de poner el foco en los beneficios penitenciarios de quien tanto dolor ha causado”, ha indicado, en alusión a “la resolución de casos judiciales pendientes”, más de 300 en la Audiencia Nacional. Asediado por la corrupción, el empuje de Ciudadanos, el 'caso Cifuentes' y los reveses judiciales en relación al 'procés', el PP no puede permitirse enfadar a las siempre activas víctimas del terrorismo y abrir un nuevo frente de desgaste político.

ETA y el espejo internacional

En esta ocasión, ETA no ha querido mirarse en el espejo internacional, donde algunos grupos insurgentes se han mantenido vivos en la arena política tras abandonar las armas definitivamente. Es el caso reciente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, que pasó a denominarse a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (las mismas siglas, FARC), un nuevo partido conformado por excombatientes y colaboradores de la antigua guerrilla. En su estreno electoral, a mediados de marzo pasado, la formación heredera de la guerrilla sacó solo 52.532 votos (un 0,36% del voto) en el Senado. El partido ganador obtuvo 2,5 millones de votos (16,41%), la FARC, quedó penúltima.

La dirección de ETA tiene claro que es su desaparición la que va a permitir “fortalecer el proceso político en todos los ámbitos” y admite además que “nadie entendería que [ETA] se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista”. Por eso de manera mayoritaria sus militantes creen que les “corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (...) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie”. Ese es uno de los principales extractos de la propuesta de la dirección de ETA que se ha sometido a debate y votación en estos últimos meses.

Que ETA no se mire en el espejo internacional no significa que, al igual que lo intentara hace ahora justo un año con la entrega de su arsenal en Francia, vuelva a internacionalizar su última escenificación como grupo terrorista. En aquella ocasión, Ram Mannikalingam, máximo responsable de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), verificó la entrega, que finalmente fue menor de la anunciada en la comparecencia pública. También participaron dos religiosos -Mateo Zuppi, miembro de la Comunidad de San Egidio y arzobispo de Bolonia, y el expresidente de la iglesia metodista, Harold Good, quien colaboró en el proceso de desarme del IRA. El CIV dio por “completado” su trabajo el 16 de julio de 2017 y, por lo tanto, dio “por finalizada su actividad” en relación a este proceso.

Descartada la participación de Mannikalingam -quien asesoró en su día al presidente de Sri Lanka durante las negociaciones con los Tigres tamiles-, todas las miradas se han posado en el Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, que presumiblemente puede contar con la colaboración de algunos de los referentes internacionales que ya estuvieron hace un año en Bayona en el desarme.

Pero más allá de los pormenores del acta de defunción de ETA, a las víctimas del terrorismo y los partidos políticos que llevan exigiendo a ETA su desaparición sin concesiones les preocupa más el epitafio que la organización quiera dejar para su historia. Y en el documento a debate y en su último comunicado, difundido durante el pasado Aberri Eguna (Día de la patria vasca), la organización terrorista no envía ninguna señal de autocrítica o de reconocimiento del daño injusto causado. Más bien todo lo contrario.

“La izquierda abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco”, apunta en el documento a debate. Y en su ultimo comunicado, ETA ha glosado el “esfuerzo” y la “generosidad” de su militancia en estos 60 años de terror, sin hacer mención alguna a las más de 850 víctimas que ha dejado su actividad criminal. No parece la mejor carta de presentación para cerrar su “ciclo y función” y proceder a su “desmovilización definitiva” en junio.

Evolución de las ventas de armas de las 100 mayores compañías del mundo

Datos referidos a los ingresos por venta de armas o el departamento de Defensa de cada compañía. Importes ajustados a inflación

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

En 2016, el mapa del mundo estaba salpicado por decenas de conflictos armados. La mitad de ellos se intensificaron, otros se enquistaron. Aquel año, la cifra de personas desplazadas volvió a alcanzar un “máximo sin precedentes”: 65,6 millones. Ese mismo año, las ventas de los mayores fabricantes de armas repuntaron por primera vez después de seis años de descenso.

En total, las 100 compañías más importantes del sector vendieron equipos militares y armamento por valor de 374.800 millones de dólares, un 2% más que en 2015, según los datos más recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que desde 2002 elabora informes anuales sobre la industria mundial de armas.

El ránking lo lidera el gigante estadounidense Lockheed Martin. Y se debe, sobre todo, al alto volumen de aviones de combate F-35 que entregó aquel año. Se trata de uno de los mayores proveedores de armamento del Departamento de Defensa de EEUU y, además de aviones de guerra, comercializa misiles, helicópteros y tecnología espacial. En 2016 las ventas del mayor fabricante del mundo crecieron un 10,7% y alcanzaron los 40.830 millones de dólares.

Así, la renovación de los arsenales militares con armamento de última generación, como los caza F-35 de Lockheed Martin, explican gran parte del primer incremento mundial de las ventas desde 2010, según el think tank. “La tendencia indica que varios países grandes han comenzado a modernizar sus sistemas de armamento, en particular las aeronaves”, señala Aude Fleurant, directora del programa de armas y gasto militar del SIPRI.

“Esta modernización conlleva un aumento del gasto militar y, en varios casos, estos países se encuentran en regiones con tensiones políticas y estratégicas significativas”, comenta en una entrevista con eldiario.es. La tendencia, de no haber cambios significativos como los retrasos en los plazos de entrega, podría ser al alza en 2017, según apunta la investigadora.

Evolución de las ventas de armas de cada país

Datos referidos a los ingresos por venta de armas o el departamento de Defensa de las 100 mayores compañías de cada año. Importes ajustados a inflación

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

Después de Lockheed Martin, la segunda empresa más poderosa de armamento es la también estadounidense Boeing, que hasta 2007 lideró la lista anual del SIPRI. Durante 2016, la división de defensa de la compañía facturó 29.510 millones de dólares, sobre todo por la venta de aviones de combate. Le sigue Raytheon, otra de las principales corporaciones de EEUU y líder mundial en fabricación de misiles.

En total, las empresas armamentísticas del país norteamericano concentran más de la mitad de las ventas totales, casi el 58%. Se debe, explica el SIPRI, a las operaciones militares de EEUU fuera del país y a las compras de armamento por parte de terceros países. Entre los diez gigantes del negocio mundial de las armas figuran otras tres compañías estadounidenses más: Northrop Grumman, que comercializa aviones de guerra; General Dynamics, fabricante de aeronaves y tanques, y L-3 Communications, proveedor de sistemas de vigilancia y comunicación.

Las 100 mayores empresas de armas en 2016, por países

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

El cuarto mayor fabricante de armas del mundo es la compañía británica Bae Systems, productor de aviones, buques de guerra y municiones, con unas ventas que alcanzan casi los 23.000 millones de dólares. La división militar del consorcio europeo Airbus, dedicado al negocio de la aviación, se encuentra en séptimo lugar.

La novena posición es para la empresa italiana Leonardo, fabricante de helicópteros. La única corporación española, Navantia, se encuentra en el puesto 98 de la lista. En 2016, las ventas de las principales compañías europeas de armamento  se mantuvieron estables, en unos 91.600 millones de dólares.

El conjunto de las empresas rusas, como United Aircraft -en 13º lugar-, aumentaron sus ventas un 3,8%. Entre los gigantes de la industria no figuran empresas chinas por falta de datos contrastados, aunque desde el SIPRI creen que pueden encontrarse entre las 20 principales compañías. En 2016, cayeron las ventas de la sector armamentístico japonés y se registró un gran aumento de las empresas de Corea del Sur.

Los Gobiernos nacionales, los principales clientes

Y, ¿quién compra este armamento? Desde el instituto sueco insisten en que los ministerios de Defensa nacionales son los principales clientes. “Hay una creencia muy común y lamentablemente errónea de que esta industria vende sus armas principalmente a países extranjeros. Para las 100 empresas más grandes, las ventas nacionales representan más del 50%”, apunta Fleurant.

Pero también, apunta, “la gran mayoría de los países no cuentan con una industria armamentística nacional e importan de proveedores como Alemania, EEUU y Francia. En los últimos años, los países del Oriente Medio han estado importando una cantidad significativa de armas”.

Así ha cambiado el ranking de las 50 mayores empresas de armas

Sitúate encima de cada compañía para ver su posición en el ranking anual de ventas de armas. Importes ajustados a inflación

Compañías de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia y transeuropeas

Fuente: SIPRI Database

Destinos en conflicto de las exportaciones de armamento de la UE

Fuente: Centre Delàs d’Estudis per la Pau y Escola de Cultura de Pau

Ataques deliberados contra civiles, violencia sexual contra las mujeres, flujos históricos de desplazados y refugiados en todo el mundo, restricciones a la ayuda humanitaria. Y un negocio de armas que no para de crecer. Un nuevo dato lo confirma: 13 países que se hallaban en conflicto en 2015 recibieron aquel año armamento fabricado por los Estados miembros de la UE, según un informe reciente del Centre Delàs d'Estudis per la Pau y la Escola de Cultura de Pau. 

Egipto, India, Turquía, Irak, Tailandia, Argelia, Pakistán, China, Rusia, Israel, Ucrania, Nigeria y Colombia figuran entre los 50 principales importadores de armas y material militar europeo, datos que se desprenden del Informe Oficial que la Unión Europea publica anualmente sobre exportaciones y en el que se ha basado el estudio. Estas operaciones superaron los 4.500 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por la investigación.

Este grupo de países vivía hace dos años un total de 16 conflictos armados, cinco de ellos de “alta intensidad”, esto es, según el criterio de los autores, “aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales” y “afectan a porciones significativas del territorio y la población, e implican a un número importante de actores”.

Entre estos cinco puntos rojos de violencia en el mapa destaca la guerra contra el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, el conflicto al este de Ucrania o los enfrentamientos entre el ejército y el Estado Islámico en Irak, que causaron al menos 17.578 víctimas mortales civiles en 2015, según el Irak Body Count (IBC).

Evolución de las exportaciones armamentísticas de países de la Unión Europea

Fuente: Centre Delàs d’Estudis per la Pau y Escola de Cultura de Pau

Además, en 2015, las exportaciones de armamento europeas alcanzaron una “cifra récord de autorizaciones”. En total, se autorizó una venta de armas valorada en 195.720 millones de euros, el doble que el año anterior y un 400% más que en 2012. A diferencia de las exportaciones realizadas, que también aumentan, las autorizadas, explican, son aquellas que “pueden haber sido entregadas ese mismo año o lo serán, con mayor probabilidad, en años posteriores”.

Es decir, este dato permite prever que en los próximos años se elevará el flujo de armamento europeo a otras regiones “conflictivas” como Oriente Medio y Asia Central, cuyo crecimiento en los últimos años en autorizaciones y en exportaciones realizadas es exponencial. 

La principal potencia armamentística en Europa sigue siendo Francia, que acapara el 77% de las exportaciones autorizadas en 2015 y cuyas ventas han aumentado sobre todo en los dos últimos años. Le siguen las industrias militares de Reino Unido (4%) y España (5%), del que los autores destacan su “creciente rol” desde 2010.

Las siguientes posiciones las ocupan Italia y Alemania, que desde hace años no informa de las exportaciones realizadas, según explican en el informe. Así, las cifran podrían ser mayores debido a estas reticencias de algunos Estados miembros, alertan los investigadores.

Contrarias a la normativa internacional: “No pasa nada”

Las exportaciones europeas aterrizaron en 13 países que padecen guerras o crisis sociopolíticas a pesar de que la legislación internacional regula la venta de armas a países en conflicto armado y obliga a las potencias exportadoras a evaluar los riesgos, recuerdan los investigadores en el informe. Un año antes de estas transferencias había entrado en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado y ratificado posteriormente por los veintiocho. 

Asimismo, la UE adoptó en 2008 una Posición Común que establece, tal y como considera el Parlamento Europeo, “un marco jurídicamente vinculante” por el que se establecen ocho criterios que deben verificar los países exportadores. El tercero hace referencia a la “situación interna” del destino final de las armas europeas: “Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final”.

“La legislación en Europa es la más avanzada del mundo porque establece criterios, uno tras uno”, explica Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs en una entrevista con eldiario.es. “Es interesante, pero su interpretación que si no hubiera ley, con el único límite de los embargos del Consejo de Seguridad. El problema está en que los grupos de personas que aplican los criterios en los Estados miembros no tienen una autoridad que le dé una respuesta sobre si un país está en conflicto armado. La decisión final es una respuesta de índole política, es totalmente arbitrario”, añade.

Al final, en la práctica, esta normativa “no tiene ningún efecto”, lamenta el investigador. “No pasa nada de nada, lo único que puede ocurrir es que una autorización de exportación que pueda haber sido correcta, con el tiempo pueda convertirse en algo más delicado. Cuando hay seguimiento de estas operaciones y se hace presión, se reconsideran. En la venta de cada año hay responsabilidad política, se pueden parar porque es una decisión de los gobiernos de cada país”, reitera.

Arabia Saudí, primer importador de armas europeas

De acuerdo con el documento, Egipto, escenario de episodios de violencia en la península del Sinaí, fue el segundo principal receptor de armamento europeo, cuyo valor ascendió en 2015 a 1.376 millones de euros. China, con focos de violencia en la región Autónoma de Xinjiang (Turquestán Oriental), es otro de los principales compradores de armas a la UE. Un año después de la ofensiva en Gaza que dejó 2.251 víctimas palestinas, Israel recibió 293 millones de euros en material militar europeo.

En 2015, Turquía reinició la guerra en las áreas kurdas, “con graves impactos sobre población civil”, señala el informe. Aquel año, el país recibió armamento de la UE valorado en 414 millones de euros. Otros importadores como India y Pakistán fueron, explican, escenario de más de un conflicto armado hace dos años.

Por otro lado, tres de los principales destinos del armamento europeo estaban siendo escenario de violencia sexual y de género vinculada a los conflictos, según el informe del secretario general de la ONU. Son los casos de Irak, Nigeria y Colombia, –previo a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-ECP–, pero también de Yemen, donde en 2015 se documentaron violaciones, acoso sexual y matrimonio forzado. 

Aunque Yemen no figura entre los 50 principales países importadores de armas procedentes de la UE, sí es escenario de la guerra en la que está implicada militarmente Arabia Saudí liderando la coalición internacional a la que la ONU responsabiliza de un alto número de ataques a víctimas civiles. El país árabe es el primer receptor de armas europeas: en 2015 compró material militar valorado en casi 1.900 millones de euros.

El negocio de armas con Arabia Saudí ha despertado en los últimos años una oleada de críticas a los Gobiernos europeos. En España, la campaña Armas bajo control de ONG como Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional ha exigido al Ejecutivo en las últimas semanas detener las exportaciones de armamento al país árabe. Pero el Gobierno no dejará de hacerlo. Este jueves, la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha defendido que estas operaciones se realizan con “garantías de uso final y estrictas cláusulas de no reexportación”. 

Por tanto, según se desprende del documento, los países europeos abastecen a Estados con conflictos armados dentro sus fronteras y a otros que participan activamente en contiendas en terceros países. La cuarta potencia que más equipos militares importó desde Europa en 2015 es Estados Unidos, por valor de casi 1.200 millones. EEUU lidera la coalición internacional contra el ISIS junto a otros países importadores como Australia, Jordania, Rusia y algunos Estados de la UE, recuerda el documento.

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Nota: Desde la UE se exporta todo tipo de equipamiento y material militar, pero sobre todo se venden armas pequeñas y ligeras, aeronaves y buques militares, así como productos electrónicos y tecnológicos de carácter militar, según aclara el informe.

Cuando alguien mata a una persona o a diez o a doscientas puede pasar a la historia como un héroe o como un asesino. Por algún motivo, casi nadie espera pasar como lo segundo.

En ETA se estarán oliendo que, desde un punto de vista histórico, las cosas pintan bastante mal para ellos. Se mire como se mire, han sido derrotados (Euskal Herria no es socialista, ni independiente, ni suya), y ya se sabe cómo tratan los libros de historia a los perdedores.

Las probabilidades de que ETA quede para la posteridad como una banda terrorista (y no como el “movimiento vasco de liberación”, palabras de Jose María Aznar) deben de rozar el 100%. Pero ellos, los etarras, se niegan a tirar la toalla. Es normal. Muchos se han pasado media vida entre zulos y pisos francos y la otra media en el trullo. ¿Qué menos que un poco de respeto en los libros escolares de 2030?

Los mediadores, tras una brainstorming demasiado corta, optaron por el pomposo nombre de “artesanos de la paz”. Se ve que el nombre anterior, aquello de “representantes de la sociedad civil” quedaba largo y un tanto jurídico-administrativo para tan épico evento.

Como contrapeso, ETA acuñó otro concepto, el de “enemigos de la paz”, y se lo endosó a quienes podían impedir el desarme, es decir, a los Estados español y francés. Los enemigos de la paz contra los artesanos de la paz. Ingenioso, ¿no es cierto? El marco semántico estaba lanzado, pero la cosa no fue demasiado bien.

El lehendakari pasó de todo y se fue a inaugurar una línea de metro en Bilbao (ya tienen tres). El diario El País se perdió en la traducción y a los “artesanos de la paz” los llamó “orfebres de la paz”, dotándoles de un inquietante y del todo incomprensible matiz joyero. Y el Telediario, que es muy digno cuando se pone, relegó el Festival de Desarme a la cola de nacional, como diciendo: “En un Estado democrático, la agenda de un medio público la dicta Soraya, no los terroristas”.

Este tira y afloja, a mitad de camino entre George Lakoff y Rafel Azcona, es lo que algunos épicamente llaman “la batalla del relato”, que, a grandes rasgos, consiste en debatir de manera civilizada quién fue más malo, si los terroristas o España y los españoles. ETA lo tiene difícil para argumentar que los más de 800 asesinados fueron un mal menor, un detalle sin importancia con el que no debemos obsesionarnos. Lo intentarán, por supuesto. Dirán que víctimas somos todos. Que las torturas. Que la dispersión. Harán juegos de manos y de palabras para que, cuando les demos la razón en algo (en las torturas, en la dispersión) puedan decir: “¿Lo ves?, ¡solo nos defendimos!”.

Mientras tanto, sin mediadores franceses pero con un presupuesto de marketing considerablemente mayor, Patria se ha convertido en el libro más vendido de 2017. En los meses venideros, su autor será sepultado en honores literarios y de los otros. Eso generará una tendencia que dará lugar a más novelas y a películas (una está ya en preproducción y es, atención, una comedia). Y así, como quien no quiere la cosa, la historia se irá escribiendo. Día a día y letra a letra.

Un grupo de militantes de la izquierda abertzale se arremolina bajo una sombrilla que cubre la mesa de uno de los bares situado en la plaza Pau Bert de Bayona. Están cerca de donde por la mañana se ha procedido a la entrega a los verificadores internacionales de los documentos con los ocho zulos de ETA, su localización exacta y el contenido. Son las 15.15 y el acto central del día para los artesanos de la paz no termina de arrancar. El sol quema a esta hora como si fuera napalm. La sombra es un bien escaso en la plaza de la capital labortana. 

En el escenario, habla en euskera uno de los autoproclamados artesanos de la paz. Michel Berhokoirigoin. Sobrio, sin aspavientos, con un tono medido, alejado de todo triunfalismo. Recuerda algo que a la “organización desarmada” ETA le ha costado entender 58 años... y más de 860 víctimas a sus espaldas: hay que “aprender a vivir todos juntos” y resolver las “diferencias de manera democrática”. Y dicen los artesanos de la paz que hay que poner “a todas la víctimas” en el centro. “Sobre cada una de ellas, sobre todas estas víctimas, pesa una tragedia”, se afirma en el manifiesto firmado por partidos y sindicatos.

Una mujer toma la palabra. Habla mucho más alto que Berhokoirigoin. Sube la temperatura en la plaza de la capital labortana. El grupo de abertzales del bar cercano apura la sombra y una cerveza. Parecen salir de letargo en el que les ha sumido el discurso en inglés -traducido al euskera y al francés- del padre metodista Harold Good, quien participó en el proceso de desarme del IRA. 

A lo lejos, desde los altavoces del escenario la voz femenina toma un tono casi mitinero. Y tras asegurar que tras el desarme de ETA “para nosotros nadie ha perdido, todos somos ganadores”, apunta la clave. Habla de lo que todo el mundo que se ha reunido en Bayona este sábado 8 de abril tiene en mente. “Es posible la vuelta de los presos para casa”. Antes que ella otro artesano había denunciado el doble castigo que supone para los presos de ETA el alejamiento de sus lugares de origen. “Queremos creer que su vuelta a casa se producirá lo antes posible. Porque lo que es necesario debe ser posible”.

Como si se hubiese activado un resorte invisible, los miles de asistentes al acto -20.000 según los organizadores, unos 7.000 según la policía- empiezan a corear un lema que se volverá a repetir en varias ocasiones a lo largo de la hora larga que dura el acto organizado por los mediadores de la sociedad civil. “¡Euskal presoak, etxera, Euskal presoak, etxera! (Los presos vascos a casa). Los de ETA se sobreentiende, como tantas otras cosas en el ”conflicto vasco“. En la plaza se respira sobre todo alegría.

Esta es la clave a partir de ahora: el futuro de los 342 presos de ETA. Hasta Arnaldo Otegi, presente también en esta “jornada histórica”, lo ha repetido en su comparecencia ante los medios para que no queden dudas de lo que la izquierda abertzale espera tras la entrega de las armas de ETA. Hay que “poner encima de la mesa” y del “tablero político” los “graves” problemas que, en su opinión, se tienen “como pueblo, como nación”: el futuro de los presos, las víctimas y su reparación y la desmilitarización (se sobreentiende, de nuevo, que es la salida de la Policía y Guardia Civil de Euskal Herria). “Son los retos a los que se enfrenta el país y el independentismo vasco”, remarca el líder de Sortu y EH Bildu.

El futuro de los presos de ETA, en realidad, les compete primero a ellos, a los reclusos, inmersos en un debate que conducirá en los próximos meses a la aceptación de la legalidad penitenciaria (sin arrepentimiento, ni delación, esas son las líneas rojas que el propio colectivo se ha marcado). Lo mismo que el desarme le competía a ETA desde que bajó la persiana el 20 de octubre de 2011. Pero ha tardado cinco años y medio en percatarse de que o se desarmaba o la Policía y la Guardia Civil la desarmaban.

Lo que queda de la ahora “organización desarmada” sabe que lo que toca poner en la mesa, en el tablero político al que se refiere Otegi, es el debate sobre su desaparición como “agente”. Su disolución. Tras el desarme, todas las fuerzas políticas que siempre han puesto pie en pared frente al terror y la violencia se lo han recordado, desde el PNV, pasando por el PSE-EE, hasta llegar al PP. Y a los Gobiernos del lehendakari Urkullu y de Mariano Rajoy.

Y los reclusos etarras no pueden esperar otros cinco años. La ecuación es clara: saltar del desarme a la disolución para que el Gobierno modifique su política penitenciaria en relación a los presos de ETA. El Ejecutivo de Urkullu, que tiene sus propios planes en relación a esta materia -incluida la reclamación con carácter prioritario de la competencia de Prisiones- ha diseñado un itinerario en relación a este asunto. Algo que respalda sin fisuras el PSE-EE de Idoia Mendia y que está incluido en el acuerdo de Gobierno sellado entre peneuvistas y socialistas vascos. Mariano Rajoy lo sabe, porque tiene los planes y documentos que el lehendakari le ha remitido en varias ocasiones sobre el tema. Probablemente los tiene metidos en algún cajón de su despacho en Moncloa.

Y aunque ahora toca el discurso de aquí todo sigue igual, en su fuero interno el presidente del Gobierno sabe que, en algún momento, sin necesidad de retorcer la legalidad penitenciaria, tendrá que trinchar ese pavo. Flexibilizar su política en las cárceles, empezando con los presos enfermos y siguiendo con el paulatino acercamiento de los reclusos a las prisiones vascas o de las comunidades limítrofes. Ya no restan más partidas que jugar en relación a lo que queda de ETA. La única duda es cuánto va a durar aún esta partida.

La banda armada ya es una banda desarmada. No existe el concepto jurídico de banda desarmada que ya no delinque. Es evidente que las circunstancias han cambiado y no tiene sentido pretender que no lo han hecho y menos asegurar que esto no sucederá hasta que se cumplan una serie de requisitos que el Estado de Derecho no exige a nadie.

Más allá de los muertos y la sangre y el terror y la división de una sociedad, el terrorismo de ETA nos ha infligido otros daños. No es el menor de ellos la creación de toda una estructura legal excepcional para combatirlo. En España se ha plantado cara al terrorismo con las leyes -la mayoría de las veces- pero es necesario recordar que con leyes especiales y con restricciones de derechos y libertades excepcionales y diferentes. En otras ocasiones, bochornosas y dolorosas, se ha hecho saltándose el Estado todas esas barreras de la legalidad para comportarse como un delincuente tan terrible como ellos. El terrorismo de Estado fue un episodio terrorífico del que sí parece haber muchos dispuestos a pasar página.

No es baladí recordar que de alguna manera nuestras instituciones jurídico-políticas dieron por bueno que en la lucha contra ETA el fin justificaba los medios, y que muchos de esos medios pasaron por armar una legalidad ad hoc que resultara práctica y efectiva para defender a la sociedad de un ataque que pretendía subvertir nuestros propios principios de convivencia. Se creó un tribunal especial, se adaptaron las leyes para permitir periodos de detención e incomunicación especiales, se admitieron cuestiones que se salvaron constitucionalmente con mucha voluntad -como las escuchas a los presos cuando comunicaban con sus abogados- y se saltó sobre el reglamento penitenciario para distribuir a los presos de forma dispersa y alejada de su lugar de origen.

Si toda esa armazón de lucha contra el terror producía aún algún efecto socialmente inaceptable -como la llegada legal de la excarcelación de algunos sanguinarios terroristas- se creaban doctrinas especiales que eran tan ad hominem que recibían nombre como la “Doctrina Parot”.

Cuando se descubrió que una parte importante del éxito de los asesinos tenía que ver con la existencia de una población de referencia que les proporcionaba sustento logístico, económico y moral; nació la teoría de los círculos de apoyo. Las actividades policial y judicial se dirigieron hacia el entorno para cegar vías de financiación y estrangular las actividades terroristas. El avance en los círculos fue muy eficiente, pero llegó a expandirse tanto que se precipitó a terrenos pantanosos, llegando incluso a aproximarse a una identificación entre quienes tenían una determinada ideología y quienes mataban para imponerla. Hubo episodios vidriosos y se llegó al cierre preventivo de diarios y otros negocios de los que luego los propios tribunales afirmaron que nada tenían que ver con ETA.

La banda está desarmada e inactiva. La disolución puede producirse de forma explícita o convertirse en una dilución. La cuestión es si vamos a comenzar ya -ahora que el Estado de Derecho no está amenazado- a recobrar la normalidad y a recuperar esos fragmentos de legalidad y de derechos y libertades que hemos dejado por el camino. Lo digo porque tipos penales con un encaje muy forzado en democracia se están aplicando ahora alegremente a ciudadanos que no tienen nada que ver ni lo han tenido nunca con la ya banda desarmada. Comenzamos haciendo un artículo para evitar que les bailen aurreskus a los ex presos y terminamos mandando a la cárcel a Cassandra. 

Por supuesto, está la cuestión de las víctimas que en ocasiones también se han sentido víctimas del sistema. Empatía, amor y cariño para ellas porque soportaron sobre sus espaldas el peso de no consentir que el asesinato cambiara nuestra forma de vida. Honor a ellas. No obstante, eso no significa que, como actores políticos o jurídicos, sus opiniones deban tener más peso o regir las decisiones que se adopten. Una víctima de cualquier delito nunca puede ver la realidad de forma objetiva ni se lo vamos a pedir.

No obstante, es preciso recordar que el objeto de la Justicia no es ni debe ser la venganza, y que muchas veces las decisiones que se deben tomar en términos de Derecho no son las que más agradan a la víctima de ningún delito.

Hubo un momento histórico en el que las víctimas se convirtieron en actores políticos y se dotaron de una voz común para intervenir en la vida pública. También hubo responsables políticos que utilizaron tal activo en su favor. Ahora que la violencia ha cesado, hay voces que afirman que el proyecto totalitario de ETA está “presente en las instituciones” o que “si no se derrota el proyecto político que sirve para matar, estaremos enseñando que matar sirve para algo”. Siento disentir en esto, que es pura política, de esas voces. La frase que nos ha acompañado en todo el valle de lágrimas que hemos atravesado como sociedad y como individuos ha sido: “en democracia no se puede matar para defender una idea”, pero nada sobre que algunas ideas estén proscritas en sí. Conviene pues no confundir que ETA quisiera imponer una idea matando -algo inaceptable- con el hecho de que tal idea no sea legítima y pueda defenderse de formas democráticas.

Veremos si los presos de ETA acaban por aceptar las posibilidades legales que les ofrece el sistema -hasta ahora la propia organización les instaba a no hacerlo- y en ese caso, la sociedad asistirá a cómo sus realidades penitenciarias se van aproximando a la del resto de los presos. Es preciso también acabar con una medida de conveniencia y utilitarista pero anómala como es el alejamiento de las cárceles próximas al País Vasco de estos reclusos. Deberíamos asumir también que personas sin delitos de sangre puedan acercarse a la jurisdicción para obtener sentencias de acuerdo y poder regularizar su situación.

A ningún preso se le exige que se arrepienta. Cada día salen de las cárceles asesinos que no han mostrado el mínimo atisbo de arrepentimiento y empatía pero que han cumplido su condena. Eso mismo es predicable también de los presos etarras. Si lo hacen, si colaboran de alguna manera, podrán obtener los beneficios al uso. La normalidad debe instalarse. No por ellos, no me malinterpreten, si no por todos los demás.

No escribo esto para defender el bienestar o los intereses de los terroristas si no los de una sociedad que ha tenido en su seno un tumor que ha sido extirpado y cuyo sistema inmunológico debe volver, poco a poco, a ser el de una sociedad sana. El camino está por andar, pero estamos ya en marcha.