“Yo veo mi trayectoria y me aplaudo a mí misma. Todo lo que he pasado… Miro hacia atrás y pienso que esto podría ser una película”. Quien habla es Laura Vilar, una mujer de 67 años, una “pionera” de la lucha trans en España, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona y trabajadora sexual.

Vilar empezó a alternar en un cabaret que se creó para que las mujeres trans y las travestis no tuvieran que andar solas y desprotegidas por la calle y dejó el oficio para cuidar de su madre cuando todavía era joven. Después de su muerte, se encontró con una casa vacía, sin ingresos y sin “motivaciones”.

Así que se propuso volver a trabajar, a pesar de la duda de si una mujer con sus años seguiría resultando atractiva. “No pongas mi edad. Pon que soy madura y ya está. Porque si digo cuánto tengo, no vendrá nadie”, vaticinaba Vilar mientras creaba su perfil en una web de contactos. Pero se equivocaba.

El teléfono no le para de sonar y está contenta. Por haber vuelto a trabajar, pero también por sentirse deseada, verse atractiva. “Sin esta coquetería, se me hace difícil vivir”, confiesa mientras se arregla ante el espejo. “Esta vieja no está muerta”, dice, pícara, levantándose el vestido y enseñando pierna.

En lo que sí tenía razón Vilar es en que su vida tanto parece una película que se ha convertido en un documental. Siemprevivas es un film que toma el retorno al ruedo de esta mujer como hilo conductor que va zurciendo la historia de otras cinco trabajadoras sexuales de Barcelona. Algunas son migradas, otras nacidas en la ciudad. Las hay que siguen trabajando y las hay que se han retirado. Lesbianas o heteros, cis o trans, lo que comparten todas es que tienen más de 60 años.

Siemprevivas, que se estrena el sábado 21 en el Festival D'A, es un documental protagonizado por trabajadoras sexuales, pero que no va de la prostitución. Va de la amistad entre ellas, de la libertad y de la sexualidad a todas las edades. Porque rompe tópicos y no muestra imágenes a contraluz de un neón rojo ni escenas en callejuelas nocturnas.

El film acompaña a seis señoras a la playa, a esparcir las cenizas de una madre fallecida o a tomar un vermut. Seis señoras que, mientras aprueban la pinta de las croquetas, hablan sin tapujos sobre el fist-fucking (aunque sin saber que se le llama así) que les pidieron o del striptease que le hicieron a un cliente de 95 años hace pocos días.

Una vida para la emancipación

“Cuenta la historia que han querido contar ellas. Y de la manera en que han querido”, explica a elDiario.es Mar López Zapata, directora del documental. Siemprevivas es capaz de adentrarse tanto en la vida de estas mujeres porque, de hecho, la relación entre la cineasta y sus protagonistas empezó hace años, cuando ella era, a penas, una niña. “Eran como mis tías. He hecho hasta de canguro de alguna de sus hijas”, explica López Zapata.

Todo viene de su madre, Diana, quien emigró desde Colombia y, una vez en Barcelona, empezó a ejercer de psicóloga con trabajadoras sexuales de la mano de un grupo de investigación que quería indagar sobre su vida y motivación. “Era algo que iba más allá de la academia. Queríamos entenderlas”, resume la terapeuta.

El film está lleno de declaraciones que pueden resultar incómodas y complicadas de comprender para alguien ajeno al trabajo sexual. “A mí me llamó el puterío porque yo lo que quería era estar con señores”, confiesa Vilar. Como mujer trans nacida en pleno franquismo, la prostitución fue la única manera que encontró de descubrir su sexualidad.

En un caso parecido se encuentra Vicenta. Nació en Venezuela hace 66 años y llegó a Barcelona para escapar de una familia que la repudió cuando salió del armario como mujer trans. “Mi padre me decía que me iba a lanzar al mar con una soga al cuello atada a una piedra muy, muy pesada para que en el fondo del mar se me comieran los tiburones”, dice.

Recuerda su juventud como un lugar oscuro, durante el cual, a pesar de ser maltratada por su familia, se dejaba la piel para cuidar de su madre. Pero un día se hartó y migró. La única salida que encontró fue recorrer las calles en busca de clientes. Las mismas calles que recorre junto a elDiario.es para esta entrevista. “Me hace venir recuerdos. Yo trabajaba aquí. Fueron buenos años”.

Vicenta no romantiza el trabajo sexual, que le valió diversas multas y alguna agresión física, pero sí reconoce que fue algo que le permitió “romper las cadenas de la sumisión. Las que me ataban a mi familia y a la sociedad y que me hacían estar escondida”. Hoy, muchos años después de aquello, asegura que es feliz. “De verdad que sí. Aquí tengo amigas y una familia”.

De la calle a Los Goya

Vicenta dejó la calle hace algunos años. Se hartó de recibir violencia, no sólo por parte de los clientes, sino también de las instituciones. “Cuando cambiaron la ordenanza de civismo y empezaron a prohibir los mueblés, me joden entera. No podía trabajar en bares, pero tampoco en la calle”, resume esta mujer. Los cambios normativos coincidieron con el momento en que conoció a su pareja, lo que le dio estabilidad suficiente como para “reinventarse” en otro trabajo.

Para Marga también ha sido difícil convivir con las normativas. Cuenta que acumula 3.000 euros en multas por “uso indebido e intensivo” del espacio público, el mismo concepto que sanciona los coches mal aparcados. “Es un gran ejemplo: dicen que las normas abolicionistas son para proteger a las mujeres, pero en realidad nos acaban tratando como objetos”.

Esta mujer, nacida y criada en Barcelona, se dedica al trabajo sexual desde que tiene 19 años y lo compagina con otros empleos. Ha sido camarera de piso, ahora limpia casas de “gente de mucha pasta” y, asegura, la manera en cómo se gana la vida no la define. “Yo soy Margarita Carrera Roy y trabajo de, dónde, cuándo y cómo me da la gana”.

Ella es una trabajadora sexual orgullosa, pero matiza y apunta que no se prostituye cuando hace la calle. “Los prostituidos son los que están explotados por sus jefes, los que no alzan la voz y no reivindican mejores condiciones”. E insiste: “El trabajo no me dignifica, yo dignifico al trabajo”.

Marga es, por encima de muchas cosas, una activista. Lleva años participando de entidades en las que se trabaja por la regularización del trabajo sexual, pero a la vez, ayuda a las prostitutas que han sido víctimas de trata. Porque, igual que sus compañeras, no romantiza su oficio y sabe que, al contrario de su caso, hay mucha gente que no lo ejerce en libertad.

“Yo he salvado a mucha gente, a muchas mujeres”, asegura. Ha alertado a la policía de pisos donde había mujeres retenidas y ejerciendo contra su voluntad. Y todo, exponiéndose y poniéndose a ella misma en peligro. “Después de eso, yo tengo que volver a la calle. Ese es el compromiso con el feminismo, el ayudar a las compañeras y mancharse las manos. Nunca se ha salvado a nadie desde un despacho en el que se niega nuestra realidad”, remacha.

Esta mujer no se esconde y no miente sobre la fuente de sus ingresos. Se significó ante España entera desde el escenario de los Goya. Fue en la gala de 2006, año en que Manu Chao ganó el premio a mejor canción original por ‘Me llaman calle’, de la película ‘Princesas’. Marga fue a recoger el premio en su nombre y la intrahistoria de esos minutos de gloria todavía la llenan de orgullo.

Marga no tenía nada en su armario digno para la ocasión, pero acudió con un vestido de gala. “Tenía una vecina trans, la Reina, que se llevaba bien con otra vecina, la Consuelo, que acababa de ir a una boda y se había comprado un vestidaco”, recuerda. Su amiga se ofreció a pedir la prenda prestada. “¿Qué le vas a decir?‘¿Oye, es que mi amiga puta necesita un vestido para ir a los Goya?”. Pues fue exactamente eso lo que le dijo.

A las pocas horas, Marga lucía ese vestido y mandaba un abrazo y un mensaje de dignidad para todas sus compañeras desde la televisión. Todo el barrio lo vio. Todas sus vecinas, que no sabían a lo que se dedicaba. Hasta las monjas del colegio de su hija. Pero ella no tuvo vergüenza. “Soy quien soy, y a mucha honra”, se limitó a decir.

El pasado 19 de febrero se anunció la creación de la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una red de “organizaciones de mujeres feministas comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo”. Se trata de una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La red, compuesta por asociaciones como Araba Abolicionista, Asociación Feminista Gafas Moradas, BerdinHezi, DoFemCo, Emargi, Garenak Emakume Feministak, La Mirada de Lilith, Partido Feministas al Congreso y Somos Ellas Euskadi, tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. En este sentido, convocan movilizaciones en Bilbao y en Pamplona para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema “En defensa de las mujeres”.

El anuncio de esta nueva coordinadora no ha gustado nada dentro del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que ha mostrado su “descontento e indignación” con un comunicado que lleva el título de “No en el nombre del Movimiento Feminista de Euskal Herria”, en el que han denunciado que se trata de una iniciativa “contra el camino que llevan tejiendo y cosiendo durante décadas”. “El Movimiento Feminista de Euskal Herria lleva más de medio siglo en marcha. En este largo camino han sido varios los espacios de coordinación, las formas que ha adoptado la estructura, los debates y temas tratados, las estrategias utilizadas, pero siempre hemos tenido clara una idea básica de que los espacios y sus denominaciones no se pueden utilizar a la carta y que debemos actuar dentro de una ética militante feminista”, recoge el escrito firmado por más de 100 colectivos de todo el territorio.

“El Movimiento de Euskal Herria no es putófobo, defendemos que el trabajo sexual es trabajo y reivindicamos en voz alta que las trabajadoras del sexo necesitan derechos al tiempo que apoyamos sus luchas. Además, no permitimos que nadie excluya a las putas de nuestros movimientos y asambleas”, sostienen en el comunicado. Y añaden un apartado en apoyo a las personas trans: “El Movimiento de Euskal Herria no es trans-excluyente, es más, lo formamos sujetos muy diversos. No entendemos las categorías de forma esencial y nadie niega las propias violencias y opresiones a las que están sometidas cada categoría y cada subalternidad. Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, reconocen.

Los movimientos abolicionistas de la prostitución y en contra de las personas transexuales hasta el momento han tratado de defender sus luchas dentro de la unidad del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Sin embargo, en esta ocasión, con su propia coordinadora han apostado por realizar convocatorias en lugares y horarios distintos para el próximo 8 de marzo. En Bilbao se concentrarán frente al Teatro Arriaga a las 12.30, mientras que en Pamplona lo harán a la misma hora en la Plaza San Francisco. “No es cómodo marchar aparte, pero tampoco es cómodo callar. No es cómodo señalar lo que incomoda. No es cómodo sostener una posición cuando prefieren que te diluyas. No es cómodo defender que el 8M es de las mujeres trabajadoras. Pero más incómodo es ir con miedo, autocensurarse y fingir que no pasa nada. Queremos un 8M sin miedo para las mujeres, claro, firme y sin silencios impuestos”, defienden desde la nueva coordinadora.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, marcharán desde el Sagrado Corazón en Bilbao, desde el tunel del Antiguo en Donostia y desde el Parque de Antoniutti en Pamplona a las 12.00 horas, mientras que en Vitoria desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas bajo el lema “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. “Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

Amelia Tiganus se describe a sí misma como una activista, escritora feminista, divulgadora y formadora. Eso es lo primero que dice al contar su historia para alejarse de la revictimización. También explica que es la directora de Emargi, asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde su dimensión local, nacional e internacional y presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas. Amelia es una de las caras más visibles de la lucha contra lo que ella llama el “sistema prostitucional” y el proxenestismo. “Hablo del sistema prostitucional porque mayoritariamente la gente cuando hablamos de prostitución tiende a creer que prostitución es sinónimo de prostituta y las más señaladas, cuestionadas y analizadas suelen ser las mujeres. Que si quieren, que si no quieren, que si ellas lo han elegido, que si son libres, que si no sé qué. Y de esta forma se invisibiliza a todos los demás actores del sistema prostitucional”, explica en una entrevista con este periódico.

Según detalla, para que la prostitución exista, hacen falta muchos más actores que las mujeres. “Hace falta que los estados tengan una legislación que facilite la exportación e importación de materia prima, que somos las mujeres y niñas principalmente de países del sur global, de países empobrecidos, de América Latina, África y países de Europa del Este. Después, bajo ese paraguas, están los proxenetas que se hacen pasar por respetables empresarios de la noche. Los grandes proxenetas de este país no son rumanos, colombianos o nigerianos, son autóctonos, son vascos, madrileños, andaluces, catalanes. Son ellos los que han creado a lo largo y ancho de este país un sistema para las mujeres empobrecidas. Y, por último, están los eternos invisibilizados, los puteros”, indica.

Amelia habla en calidad de experta, como ella misma sostiene, por los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria como activista, pero también por su experiencia vivida como superiviviente del sistema prostitucional. “El origen de mi historia se remonta a 1984 en Rumanía, en el seno de una familia obrera. Esto es relevante porque estábamos resistiendo los últimos años de la Guerra Fría y había mucha pobreza, desesperación y hambre. Cinco años más tarde cae el muro de Berlín y, con la revolución rumana entra el siempre violento capitalismo. En ese momento, para poder incorporarse al mercado global, Rumanía convierte a sus mujeres y niñas en mercancía, en materia prima para la industria global de la explotación sexual. Ese es el contexto en el que yo nazco”, reconoce.

La única diferencia entre un violador y un putero es un billete

Amelia era una niña brillante que aspiraba a ser médico o profesora. Un sueño que se truncó cuando a los 13 años sufrió cinco violaciones simultáneas. Y ahí empezó el infierno. “No tanto por las violaciones en sí, que también, sino porque las personas adultas de mi alrededor no supieron ver indicadores de que algo grave me estaba pasando. No vieron el giro que dio mi forma de ser y dentro de ese mundo patriarcal los violadores salieron como ganadores, totalmente iimpunes y mi propio entorno se dedicó a estigmatizarme, a maltratarme, a no creerme, a poner en duda mi palabra, a considerarme una irresponsable. Me quedé en una situación de absoluta vulnerabilidad”, confiesa.

Cinco años después de la violación multiple, las mafias que se dedican a la explotación sexual en Rumanía la captaron a base de engaños. “Me prometen que en un par de años puedo conseguir solucionar mi vida. Juegan con mis ilusiones, con mis sueños. Me ponen como ejemplo a otras mujeres que supuestamente ganan mucho dinero. Es el mismo mensaje que a día de hoy reciben muchas niñas y adolescentes, el de 'no seas idiota, capitaliza tu sexualidad y tu intimidad'. Es algo que se ve de manera mucho más salvaje a través de Internet. A través de las aplicaciones estamos viendo el capitalismo más salvaje, el neoliberalismo más atroz”, describe.

Preguntada por cómo afectan las aplicaciones como OnlyFans o Instagram a la hora de favorecer la prostitución, Amelia sostiene que son “la herramienta estrella de los proxenetas”. “Ahora el proxetena no tiene que viajar a países lejanos ni invertir una gran cantidad de dinero en captar, traer o trasladar a mujeres vulnerables. Las encuentra en OnlyFans. La explotación sexual se está trasladando al mundo virtual. Nuestras hijas, las adolescentes, caen engañadas porque hay toda una cultura que banaliza la explotación sexual, la cosificación y la mercantilización de la sexualidad de las mujeres. Y esto sirve muchísimo a los proxenetas”, reconoce.

Necesitamos una ley abolicionista del sistema prostitucional que reconozca los derechos de las mujeres

Tras ser explotada sexualmente en Rumanía, las mafias la vendieron por 300 euros a un proxeneta español y, durante cinco años la obligaron a ejercer la prostición en más de 40 prostíbulos por toda España, lugares que ella considera “campos de concentración” en los que fue víctima de “torturas”. Finalmente, consiguió liberarse e irse a vivir a Euskadi donde desde hace más de diez años trabaja como activista contra el sistema prostitucional y abolicionista. Un término, que en su opinión, no se entiende del todo bien en la sociedad. “Las abolicionistas queremos abolir la prostitución, pero hay que entender que abolir no es sinónimo de erradicar. Abolir es el camino para llegar al fin. Necesitamos una ley abolicionista del sistema prostitucional que reconozca los derechos de las mujeres y por derecho no nos referimos a pagar impuestos por ejercer la prostitución. Nos referimos a una ayuda económica, a un acceso a la vivienda dígna, a formación, a terapia, a asesoramiento jurídico, papeles y trabajo. Y también que se persigan y castiguen todas las formas de proxenetismo y de consumo de la prostitución porque entendemos a los puteros como agresores sexuales. La única diferencia entre un violador y un putero es un billete”, señala.

Para Amelia, parte del problema se encuentra en que no hay un discurso feminista contundente contra esta situación. “Las mujeres no existimos para que ellos sientan placer sexual o para servirles en lo privado y lo público. Hay un discurso que se hace pasar por feminista y que es totalmente reaccionario que dice que las mujeres somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y ese querer resulta que es justamente lo que le va muy bien al sistema patriarcal y al sistema capitalista. Por supuesto no podemos dejar la responsabilidad sobre los hombros de las mujeres, pero tampoco hay que dejarlo en el crimen organizado. La sociedad tiene mucha responsabilidad en esto”, concluye.

La Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX), junto con el Colegio de Administradores de Fincas y de la Asociación de Apartamentos Turísticos han puesto en marcha una campaña para alertar del aumento de la prostitución en pisos y animar al vecindario a denunciar posibles casos de explotación sexual.

¡Según ADHEX, esta campaña está motivada por los cambios que se han producido en los últimos años en la prostitución y explotación sexual de las mujeres, que ha pasado de clubes a pisos, antes y después de la pandemia. En este sentido, recuerda las redada que ha habido recientemente en Cáceres, en la que se ha desmantelado una red y liberado a seis mujeres.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar al vecindario y hacerles ver que estas mujeres son víctimas, que se les intente ayudar pero sin poner en riesgo ni a ellas, ni a nadie, para lo que insta a contar con las entidades especializadas para abordar el tema y sobre todo con la Policía.

En lo que respecta a los alojamientos turísticos, reconoce que no se tiene constancia de que esté sucediendo, pero ADHEX cree conveniente “alertar para prevenir”.

La campaña se va a desarrollar principalmente en Cáceres, Plasencia y Badajoz y se anima a las asociaciones vecinales para que unan también, sobre todo por las zonas residenciales de viviendas unifamiliares.

Por su parte, las comunidades de vecinos denuncian la dificultad de actuación y que estas situaciones provocan cierta sensación de inseguridad, por mayor afluencia de hombres que no son del vecindario, ruidos, suciedad y molestias en horas de descanso. 

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España es el primer país de Europa y el tercero del mundo donde más prostitución se consume: un negocio que mueve cinco millones de euros al día en nuestro país. Según la última encuesta del CIS que preguntó por ello, en 2008, un tercio de los hombres reconocían haber pagado por sexo y el 98% de los consumidores de prostitución eran hombres. 

No hay números fiables sobre cuántas personas se dedican a ello en España, pero algunos colectivos de trabajadoras sexuales estiman que pueden alcanzar las 150.000. Y no hay datos porque la prostitución permanece en un limbo legal: no es una actividad económica aceptada pero tampoco lo opuesto. 

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Recientemente, el debate sobre cómo habría que legislar la prostitución en España se ha reabierto tras la propuesta del PSOE para ampliar el tipo penal y castigar todo tipo de proxenetismo. Una ley que persigue prohibir de facto la prostitución penalizando tanto a los clientes como a toda tercera persona que se lucre con esta actividad. Nunca a la persona que ejerce, que sería considerada automáticamente víctima de explotación. 

En este programa analizamos esta propuesta del PSOE contra el proxenetismo que ha sido rechazada y ahondamos en el tema del trabajo sexual desde diferentes aristas. Entrevistamos a Silvia Federici, una de las pensadoras e investigadoras feministas más relevantes del último siglo, autora del reconocidísimo libro “Calibán y la bruja”, a la que le preguntamos sobre prostitución, leyes y derechos. 

Escuchamos a las trabajadoras sexuales y sus demandas con voces de colectivos como el Sindicato OTRAS, Afemtras o Aprosex. Hablamos con expertas en torno al debate sobre trabajo sexual y su encaje en el debate feminista: nos acompaña Beatriz Gimeno, ex directora del Instituto de las Mujeres, y Estefanía Acién, socióloga e investigadora en la Universidad de Almería especializada en esta área.

El Parlamento valenciano trabaja en una modificación de las leyes de carreteras y espectáculos públicos para sancionar la prostitución. La medida fue propuesta por el PSPV, después de un intento de reformar estas normas por la entonces consellera Gabriela Bravo, al frente de Justicia, que provocó gran tensión con la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad, primero dirigida por Mónica Oltra y después por Aitana Mas, ambas de Compromís. Los partidos chocaron por una cuestión competencial, pero especialmente por la respuesta a la explotación sexual: no había unanimidad en determinar cuál era la mejor medida y la propuesta socialista se consideró punitivista y perjudicial.

Las socialistas decidieron presentar esta medida como Proposición de Ley para que pudiera debatirse en el Parlamento y llevar expertas, activistas y afectadas. Este miércoles, en la comisión de Igualdad, participaron más de una decena de mujeres en representación de entidades, con posturas diversas sobre el abordaje de la prostitución. El lenguaje importa, y mucho. También la perspectiva. En las Corts Valencianes comparecieron víctimas de explotación sexual, académicas, organizaciones de derechos humanos y también varias asociaciones que defienden la regulación de la prostitución. Sobre la mesa, cuestiones como regulación o sanción, abolicionismo, consentimiento, diferencia entre “trabajo sexual”, explotación sexual o violencia sexual, entre prostitución y trata; abusos, secuelas, educación sexoafectiva.

“Someterse para sobrevivir no puede equivaler a consentir”

Un testimonio sobrecogedor fue el de Amelia Tiganus. Escritora y activista, fue víctima de explotación sexual siendo menor de edad. Desde hace más de una década se dedica a pensar y divulgar sobre la abolición de la prostitución. Tiganus contó en la comisión cómo la “vendieron por 300 euros a un hombre que explotaba a mujeres de Rumanía”, su país de origen, cuando tenía 17 años. “Me convirtieron en la materia prima de esta industria criminal, para que hombres se divirtieran”, censuró. Tiganus sufrió abusos sexuales de niña, fue violada por cinco hombres de adolescente y después fue prostituida. “Las putas no nacemos putas, se nos fabrica”, apuntó ante los diputados, relatando cómo “aprendí que mi sexualidad no era mía, no era para disfrutar o crear vinculo”. “Someterse para sobrevivir no puede equivaler a consentir, es lo que tenemos las mujeres más pobres”, insistió, para denunciar que “los prostíbulos son campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas”. Preguntada por la prostitución voluntaria, indicó: “No podemos legislar sobre a lo que a algunas mujeres les va bien (...) No podemos convertir el acto sexual en un producto de mercado”.

“La penalización refuerza la marginación”

Tras Tiganus, que dejó a los parlamentarios casi sin aliento -tanto que se determinó un breve receso-, tomó la palabra la representante de Amnistía Internacional Carmen Soto. Soto, que lleva vinculada a la organización valenciana desde sus inicios, apunta que AI adopta una posición sobre el trabajo sexual -se referirá siempre al trabajo sexual- “al encontrarse de plano con graves violaciones de los derechos humanos en investigaciones sobre tortura, violencia contra las mujeres y penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo”. La experta recalca la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado, que tiene como obligación garantizarlos, sin dejar a nadie al margen.

Soto recalcó la importancia de diferenciar el trabajo sexual de la trata, la explotación sexual y la violencia sexual. “El consentimiento es fundamental”, subrayó, para abordar los perjuicios de una perspectiva punitivista. “Quienes ejercen el trabajo sexual se en obligadas a vivir al margen de la ley. No suelen tener acceso a un recurso efectivo ni a reparaciones”, denunció. La responsable de AI reclamó la despenalización de “todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso” y pidió que se elimine la regulación penal “del trabajo sexual consentido entre personas adultas”. “La penalización refuerza la marginación”, sentenció.

En paralelo, pidió a los Estados medidas para eliminar la discriminación y desigualdades estructurales: “Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual”, pero, recalcó, “la criminalización no es la respuesta”.

En la misma línea se mostró Carolina López, víctima superviviente del sistema prostitucional y miembro de la asociación Alanna, que trabaja con víctimas de violencia machista. López manifestó que “está muy bien legislar, perseguir al proxeneta y a la demanda, establecer leyes, pero no podemos dejar a las mujeres atrás”. “Necesitamos planes efectivos con la adecuada perspectiva. La prostitución es violencia extrema para las mujeres y hay que acompañarlas adecuadamente”, reivindicó, para reclamar que se escuche a las supervivientes. “Somos mujeres resilientes con una perspectiva real de lo que es el sistema y cómo daña a las mujeres y sabemos los pasos a seguir”, señaló.

Mercedes López, del movimiento Regularización Ya, recalcó que en luchar contra la trata “estamos todas de acuerdo”, pero defendió que, “en el capitalismo trabajar no representa una opción, es una obligación para la supervivencia”. Así, “las mujeres, aún en contextos de pobreza, tomamos decisiones en cuanto a nuestras estrategias de supervivencia (...) forma parte de nuestra dignidad que respeten nuestras decisiones, sean de vuestro agrado o no”. “La prostitución es el síntoma de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo de un país”, dijo, para indicar que, tras diez años ejerciendo la prostitución, ha visto que “este trabajo no es la última opción, sino la alternativa a empleos hiperexplotados”. Poner el foco en la demanda es apartarlo de las estructuras de desigualdad, señaló, para después reivindicar la derogación de la ley de extranjería.

También asistió como experta Rosa Cobo, profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña y autora de numerosos estudios. La socióloga, que participó previamente en una concentración abolicionista, denunció: “La prostitución es una industria ilegal que genera millones de euros cada día, que está envuelta en economías ilícitas, en niveles altísimos de criminalidad y que deshace el tejido social”. El también sociólogo Antonio Ariño, autor del estudio de mayor alcance sobre prostitución en la Comunitat Valenciana, reclamó un plan integral para abordarla.

Enrique Javier Díez-Gutiérrez es ensayista y profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Ha impartido la conferencia “La demanda del putero: responsabilidad y socialización de los hombres en la violencia prostitucional contra las mujeres” en la jornada de análisis crítico del demandante de prostitución, organizada por Hombres por la igualdad, Aragón. 

En su intervención aseguró que, en la prostitución, no hay libre elección real en la relación por mucho que la mujer asegure que es prostituta por elección ¿por qué? 

El análisis neoliberal utiliza el argumento del “derecho” que tiene toda mujer a prostituirse, y para ello invocan el “derecho a la autodeterminación” sobre el propio cuerpo y la sexualidad personal. Pero esta cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal”, reposa sobre una visión neoliberal occidental que eleva la voluntad y las elecciones individuales en abstracto y fuera del contexto material que vivimos, así como por encima de los derechos humanos y de la noción de bien común. Por ejemplo; es cuestionable la libre elección real: ¿eres libre para comer si no tienes qué comer? En la prostitución solo existe el poder de imponer los deseos de los hombres a otras personas porque los puedes comprar, por eso no hay igualdad en la relación. Además, es el cuerpo, la voluntad y la personalidad de la mujer lo que se comercia, lo que se consume, la mercancía en sí, no sólo su fuerza de trabajo, o los bienes y servicios que pueda realizar, como sucede en otras actividades.  Pero, además, en nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien común, la colectividad ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud, ablación de clítoris, saltarse los semáforos en rojo, etc.). Según ese criterio del “libre consentimiento”, se habría podido admitir la esclavitud prestando atención a algunas voces de esclavos que se declaraban contentos de su suerte (como nos recuerda la “Mammy” esclava de Scarlett O'Hara en la película “Lo que el viento se llevó”, cuando los esclavos son liberados y ella reivindica “su derecho” a seguir siendo esclava).

¿Cuál es el límite que debería establecerse para comenzar a tomar decisiones en la estructura social, económica y política actual?

La posición del libre consentimiento manifiesta una clara incapacidad para discernir los desequilibrios estructurales actuales; nunca podrá ser objeto de un contrato de compraventa personas iguales en derechos y libertades. Más aún, trivializa el fenómeno masivo de la trata de mujeres y muchachas adolescentes, y tampoco tiene en cuenta el hecho de que los usuarios masculinos de la prostitución no se preocupan de saber si la “mercancía humana” que ellos adquieren consiente en ser puesta a su disposición sexual, cuestión que no les inquieta lo más mínimo. Los derechos humanos se establecieron para poner límites a determinadas formas de explotación (venta de órganos, esclavitud, …) a pesar de que algunos quieran mostrar que es una libre elección individual. Son derechos colectivos no sujetos a rebajarse ni interrumpirse ni eliminarse por deseos (ficticios o reales) individuales. Son una explotación y un abuso sexual, al margen del consentimiento de la víctima. 

Afirma también que España es una anomalía en Europa, por la elevada demanda de prostitución que tiene. 

España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Nuestro país es una anomalía porque en España casi un tercio de hombres ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Es decir, que casi la mitad de los varones españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema de violencia machista contra las mujeres y las niñas y niños. ¿Cómo es posible qué en una sociedad más abierta y libre, como la española tras la etapa de la dictadura franquista, sigue habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o con otros hombres?. Un reciente estudio realizado en la Comunidad Valenciana sobre la prostitución en esta autonomía y el conjunto de España, dirigido por el catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia Antonio Ariño [titulado La prostitución en la Comunidad Valenciana (una perspectiva sociológica)] refleja que casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Según datos de la ONU en 1990 cuatro de cada diez españoles consumían prostitución, es decir el 39% y esto no ha variado sustancialmente en más de tres décadas.

¿A qué se debe esta anomalía?

El problema de fondo es que España es uno de los países donde el “consumo” de prostitución está menos desprestigiado. Las encuestas indican que un número creciente de españoles acude de forma habitual a la prostitución, sin que se les reproche socialmente. 

¿Qué busca el hombre que paga por sexo? 

La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema confirman que un número creciente de hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. Parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres que acuden a la prostitución, tuviera un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación de igualdad con las mujeres, el 50% del género humano, que creen que debe de estar a su servicio. Como si cada vez que las mujeres consiguen mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran, cada vez con mayor frecuencia, a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva, regresando a la etapa infantil de egocentrismo intenso, y una relación que no conlleva necesariamente ninguna “carga” de responsabilidad, cuidado, atención o respeto y equivalencia.

En su intervención en la Jornada lanzó una frase al público asistente “No toda actividad humana es sindicable” ¿qué quiere decir poniéndola en el contexto de la prostitución?

Esta es una frase de Luis Rabell. Como él dice, nunca ha podido haber un sindicato de esclavos. Cuando se han rebelado y autoorganizado, ha sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían administrar. No hay acción sindical por debajo del umbral de los derechos humanos, cuya ausencia es característica fundamental de la prostitución. Por eso es el lobby proxeneta el que financia e impulsa el autodenominado “sindicato de putas”. Esos grupos que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales” se caracterizan por la escasa presencia de mujeres y por hacer propaganda de lo maravilloso que es ser puta.

Como dice una compañera: Sois tan machistas que ponéis continuamente el foco en el derecho de la mujer a ser prostituida. La legalización de la prostitución no da derechos a las mujeres. Lo que da es el derecho a los hombres de poder comprar y consumir mujeres. La prostitución es un privilegio masculino porque los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es irrelevante. En la prostitución, los únicos mal llamados “derechos” son los privilegios de los proxenetas y puteros.

Lo dice el “Informe sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género” del Parlamento Europeo, de febrero 2014, el cual afirma que la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra la mujer. Afirma que tiene un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad, así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género. Y explica que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad.

Si la regulación de la prostitución como profesión se llevara a cabo, como ha sucedido en otros países ¿cómo afectaría a las mujeres que ejercen? 

La pregunta es ¿a quién beneficia la regulación como profesión y un sindicato de prostitutas? Solo a los proxenetas que pasarían a ser “empresarios”, dándoles un baño de respetabilidad y promoviendo un nuevo marco jurídico más ventajoso para la expansión de sus negocios; a las redes de trata que ya podrían convertirse en corporaciones empresariales que cotizan en bolsa (como así ha sido en Australia); a los puteros, mal llamados «clientes», puesto que esto les colocaría en una situación de supuesta «normalidad» y, en definitiva, al patriarcado que refuerza y normaliza la prostitución como una opción para las pobres afirmando que así se mejoran las “condiciones en que se viola”. Lo que hay que hacer es abolir la explotación de la prostitución, no negociarla.

En cuanto al uso del lenguaje ¿qué peso tiene y cómo de importante sería empezar a cambiarlo?

Necesitamos cambiar el lenguaje para desinvisibilizar y nombrar a los responsables de esta forma de violencia machista: hablar de prostituidores o puteros, que son quienes con su demanda mantienen y sostienen la industria prostitucional. Necesitamos cambiar el lenguaje para hablar claramente de violencia machista al referirnos a la prostitución en vez de utilizar eufemismos como “servicio sexual” cuando se habla de una forma de violencia extrema sobre las mujeres y niñas. También para hablar de mujeres prostituidas que pone la responsabilidad en quien las prostituye y ejerce esa violencia y no hablar de putas o mujeres prostitutas, término que las sigue estigmatizando y las convierte de víctimas en culpables. El lenguaje construye la realidad y debemos empezar por empezar a nombrar aquello que se pretende ocultar o invisibilizar y que se hace para seguir justificándolo y justificándonos.

Hacemos una parada en esa idea: cambiar el foco de la mujer al hombre. ¿Darles visibilidad a ellos, demandantes de prostitución, sería el primer paso para hacer justicia, al menos, social?

Cuando se habla de prostitución se oculta, protege y minimiza el papel de los hombres, de los prostituidores. Pero es clave entender el punto de partida de esta situación: “si no existiera demanda, no habría oferta”. Es decir, somos los hombres los que mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento a esta violencia de género, con nuestra demanda y socializando a las nuevas generaciones en ella. La prostitución se justifica como una realidad social “inevitable” algo natural e inamovible. Los hombres de derechas prefieren que permanezca en la sombra para mantener su doble moral. Los de izquierdas desean que se legalice, alegando la defensa de los derechos de las trabajadoras y “para liberar al resto de los seres humanos del yugo de la moral retrógrada”. Ambos planteamientos eluden los mecanismos de poder patriarcales que lo fundamentan.

Las investigaciones que se dedican al tema los ignoran y a los prostituidores mismos les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. Cómo miraríamos en una reunión de trabajo a algunos de los hombres presentes en ella si supiéramos que son maltratadores. Qué exigiríamos si además han sido denunciados. Sin embargo, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres que están en las reuniones podrían ser prostituidores, clientes y usuarios de esta violencia de género, sin ruborizarnos. En las reuniones familiares y de amigos y amigas. En los talleres que hacemos con los jóvenes, cuando planteamos esto en algún momento, surgen comentarios “cómplices”, risitas, insinuaciones y alusiones, que se convierten en motivo de chascarrillo y que hacen que minimicemos el sistema prostitucional porque lo hemos “normalizado” demasiado. Este rechazo a afrontar un examen crítico sobre los usuarios de la prostitución, que constituyen de lejos el más importante eslabón del sistema prostitucional, no es otra cosa que una defensa tácita de las prácticas y privilegios sexuales masculinos. 

Es usted profesor ¿cómo está afectando este escenario a los y las jóvenes?

Los y las jóvenes son también reflejo de la sociedad adulta en la que viven. Somos el mundo adulto quienes construimos un mundo, inculcamos unos valores y generamos una estructura que les ofrecemos y les presentamos como el modelo a seguir. Y actualmente estamos socializando a las jóvenes generaciones en el consumo de la prostitución como si fuera una mercancía más. El consentimiento social, ya no tácito sino explícito, influye en el proceso de socialización de los chicos y jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. El problema de la socialización que se vive en nuestras sociedades sobre la prostitución sitúa a todo varón homo o heterosexual como un potencial “cliente” una vez que ha dejado de ser niño. Si a esto añadimos la regulación de la prostitución como una profesión estaríamos generando unas expectativas de socialización donde las niñas aprenden que la prostitución podría ser un posible “nicho laboral” para ellas, y los niños aprenden que sus compañeras pueden ser “compradas” para satisfacer sus deseos sexuales.

¿Tiene el profesorado herramientas para educar en este sentido desde las aulas? Y ¿cómo educar desde las familias si uno de cada tres españoles son usuarios de sexo de pago?

¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas en los colegios sabrán que su futuro laboral puede ser prostitutas, y sus compañeros de pupitres, los chicos, sabrán que puede “usarlas” si tienen el suficiente dinero para pagar por ello comprándolas? Pensemos que España es uno de los países donde el “consumo” de prostitución está menos desprestigiado, por eso cualquier intervención en este problema debería tener en cuenta las representaciones que en el imaginario social legitiman la prostitución. Las leyes de Códigos Penales o los tratados internacionales son necesarios, pero se necesita también contrarrestar prácticas convalidadas por las costumbres o que se legitiman regulándolas socialmente: derechos de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, derechos de los poderosos sobre el cuerpo de los débiles. Los hombres debemos resolver nuestros problemas de socialización para aprender a vivir sin servidoras sexuales y domésticas.

Para ello es necesaria la educación afectivo-sexual desde la infancia en la escuela y en la familia. Es crucial que los actores protagonistas de la educación afectiva, relacional y sexual de las futuras generaciones sean la familia y la escuela, y no la pornografía que es la pedagogía de la prostitución, como bien explica y desarrolla la profesora Rosa Cobo. Dejar únicamente la educación y la formación de los jóvenes en manos de la oferta y la demanda de internet, de los beneficios de la industria tecnológica y de la pornografía cada vez más violenta, cada vez más misógina y brutal, solo puede suponer una catástrofe en la vida afectiva y amorosa de las futuras generaciones que volverán a repetir nuestros mismos errores porque no hemos querido regular colectiva y socialmente una de las fuentes principales de influencia en su cosmovisión y en sus valores: los medios de comunicación y las redes sociales.

Usted, propone un decálogo con una serie de medidas para acabar con la prostitución en España. Una de ellas es tener en cuenta acciones que ya se han llevado a cabo con éxito en países como Francia o Suecia ¿cuáles son y porqué están surtiendo efecto?

Suecia y Francia han abordado el problema de raíz con leyes abolicionistas de la prostitución. Estas leyes sitúan el foco en los hombres. Centran las medidas en la erradicación de la demanda a través de dos estrategias fundamentales: la denuncia, persecución y penalización del prostituidor o putero: Suecia y Francia penalizan con cárcel de hasta 6 meses o multa de hasta 1.500€ (3.750€ si se reincide); y segunda, deslegitimar social y públicamente a los prostituidores/clientes: mandando una carta a su domicilio familiar en la que se explica por qué se le sanciona. A la vez establecen programas sociales con una alta financiación (que en buena parte viene de lo embargado a la industria prostitucional y de trata que es la segunda industria ilegal que más dinero mueve en el mundo tras el comercio de armas) para dar alternativas a las mujeres prostituidas: dotación económica suficiente y embargo de bienes de la industria del sexo para ofrecer alternativas laborales y sociales dignas y estables a las mujeres. Este es el enfoque y las medidas que se contemplan en la Propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional -LOASP- que han hecho llegar las organizaciones feministas del Estado al Gobierno y que éste tiene encima de su mesa (si no la ha guardado en un cajón) y que solo hace falta que tenga voluntad política para aprobarla en el Parlamento y aplicarla en España.

Lanza el guante a las ciudades aragonesas para que entren a formar parte de la red de municipios libres de trata ¿Quiénes forman parte y cuál es su finalidad? 

La Red de Municipios libres de Trata y Prostitución son municipios, diputaciones, organismos públicos, organizaciones y personas individuales que luchamos por abolir la demanda de prostitución que provoca el tráfico y la prostitución de mujeres, niñas y niños. Nuestra propuesta se basa en el modelo sueco y francés de persecución de quienes ejercen este tipo de violencia machista contra las mujeres y las niñas y denuncia de una sociedad que es cómplice cuando mira para otro lado o lo quiere integrar en la economía neoliberal del mercado como un «servicio» de las mujeres pobres a disposición de los hombres que pueden comprarlas. Porque si la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no sería necesario remover las causas ni las condiciones sociales que la posibilitan. Así se refuerza la normalización de la prostitución como «opción para las pobres».

¿Cuántos municipios hay adscritos hasta la fecha en España?

La Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución se inició en 2015 en el Ayuntamiento de Zamora y agrupa actualmente a 214 Ayuntamientos e Instituciones Públicas que han aprobado mociones y ordenanzas, con enfoque abolicionista, con compromisos claros y medidas concretas para regular el espacio comunitario de los municipios para erradicar esta forma extrema de violencia machista. Cualquier grupo municipal o colectivo social puede presentar al pleno municipal la moción de la Red que está en su web y una vez que es aprobada por el Pleno municipal y se articulan las medidas propuestas en la moción puede unirse y ser parte de esta Red.

El Tribunal Supremo valida los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. El Alto Tribunal ha anunciado este miércoles una sentencia en la que anula la decisión que la Audiencia Nacional tomó en noviembre de 2018 de anular los estatutos del sindicato porque entendía que la prostitución no es un trabajo y, por tanto, no podían regularse sus condiciones laborales. La sentencia del Supremo, que se conocerá de forma íntegra en unos días, establece que los estatutos sindicales no determinan la legalidad o ilegalidad de una actividad, sino que esa tarea corresponde al legislador. Añade además que el ámbito al que se refieren esos estatutos es legal, pues la prostitución no aparece mencionada en ellos.

En noviembre de 2018, la Audiencia Nacional anulaba los estatutos del sindicato OTRAS. La sentencia echaba para atrás el artículo 4 de esos estatutos, que definía el “ámbito funcional” del sindicato y en el que se mencionaba el trabajo sexual. La prostitución, argumentaban los magistrados, no puede ser una relación laboral y, por tanto, quien la ejerce no tiene la condición de trabajador y no puede ejercer el derecho a la libertad sindical. La sentencia, sin embargo, no disolvía el sindicato, puesto que, decían, el procedimiento que se inició no es el adecuado para hacerlo.

OTRAS recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que ahora les da la razón. La sentencia subraya que unos estatutos sindicales no pueden determinar si una actividad es o no legal, puesto que esa competencia es exclusivamente legislativa. El enfoque de este caso, por tanto, es comprobar si las personas que se sindican en OTRAS tienen derecho a la libertad sindical en el ordenamiento jurídico actual. La respuesta del Supremo es que sí.

“El examen debe ser y es, el del contenido de los Estatutos, no el de realidades paralelas o conexas, siendo por completo ajeno a este litigio el debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los Estatutos, y con arreglo a nuestro Derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena debe reputarse nulo”, dice el Tribunal.

El análisis de los estatutos que hace el Supremo muestra que la prostitución no aparece mencionada en ellos y que el ámbito funcional al que se refieren “es conforme a Derecho”. “Las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse”, concluye el tribunal, que subraya que dentro de los Estatutos no tiene cabida la prostitución, donde la relación laboral no es válida.

El artículo 4 de los Estatutos de OTRAS mencionaba “el trabajo sexual en todas sus vertientes”, como la pornografía, la participación en espectáculos eróticos o el alterne (que sí es reconocida como una actividad laboral en la que debe existir un alta en la Seguridad Social). Las demandantes, la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, y también la Fiscalía, entendían que esa expresión se refería claramente a la prostitución y así lo defendieron en el juicio en la Audiencia Nacional.

Ahora el Tribunal Supremo anula esa sentencia y estima que los Estatutos del sindicato OTRAS son ajustados a derecho.

Una veintena de universidades públicas de todo el país van a celebrar durante este curso 2019-2020 jornadas sobre prostitución con el objetivo de ofrecer “debate y reflexión feminista” sobre esta realidad. La iniciativa, llamada Debates Universitarios sobre Trabajo Sexual, ha surgido y ha sido coordinada por personal académico de los centros tras lo ocurrido en la Universidad de A Coruña, que acabó suspendiendo unas jornadas sobre “trabajo sexual” hace un mes tras las fuertes críticas de colectivos feministas.

La acción, que sus promotores etiquetan como #UniversidadSinCensura, parte de la convicción de que existe “debate en el seno del feminismo en torno a estas cuestiones” y de que “en los debates públicos de toda sociedad democrática se han de poder ofrecer y representar los argumentos de las distintas posiciones”, señalan en un comunicado. Además de ello, apuestan por incluir en ellos “la voz de las personas trabajadoras sexuales que reclaman respeto y derechos”.

Entre las universidades participantes se encuentra la ya mencionada Universidad de A Coruña, que empezará el ciclo, junto a la Carlos III de Madrid, la de Sevilla, la del País Vasco, la de Granada o la Pompeu Fabra de Barcelona, que cierra el programa hecho público este jueves. Una oportunidad, explican, “para estimular el encuentro, el diálogo y la interlocución de la sociedad con sus protagonistas”.

Los debates, programados desde este viernes hasta el 10 de junio de 2020, han sido organizados en el seno de diferentes departamentos en cada uno de los centros y versan sobre asuntos distintos. Aunque aún no han especificado el contenido, hay jornadas que cuentan con nombres genéricos como “Prostitución, trata y trabajo sexual a debate”, “Universidad sin censura: debatir en libertad sobre trabajo sexual”, como ha llamado a su debate la Universidad de Salamanca, “Perspectivas sobre trabajo sexual”, en la Pablo de Olavide de Sevilla o “Prostitución y trabajo sexual. Debate desde los derechos humanos”, en la Carlos III de Madrid.

Otras jornadas son más específicas. En la Universidad del País Vasco, por ejemplo, tendrá lugar el próximo 15 de noviembre una denominada “Derechos vs estigma” a partir de la proyección de un documental; en Granada una sobre “Trabajo sexual. Ordenanzas municipales y fronteras legales” y en la Universidad de Jaén analizarán ya en febrero el fenómeno de la prostitución “como rehén de la trata”. “Masculinidades y prostitución” será el título del coloquio que culminará la acción el 10 de junio en la Universitat Pompeu Fabra.

Algunas de las jornadas adelantan en el nombre una postura determinada en el debate que existe entre abolición y regulación -“Feminismo proderechos: violencias institucionales y simbólicas sobre las trabajadoras sexuales”, que se celebrará en Sevilla-, pero fuentes organizadoras de la iniciativa aclaran que entre los promotores “existen distintas sensibilidades” y lo que les une es la concepción de la universidad como un espacio en el que mostrar diferentes posiciones.

Otros muchos coloquios, de hecho, se plantean directamente la cuestión: “Trabajo sexual y prostitución. ¿Dos respuestas para dos realidades?”, se pregunta la Universidad de Lleida. “Prostitución: ¿Abolición o regulación?”, titula su jornada la Universidad de Zaragoza. La de Córdoba, por su parte, hace algo similar y debatirá sobre la “respuesta del derecho al fenómeno de la prostitución: Abolicionismo vs legalización”.

Aunque las organizaciones criminales de trata suelen ir asociadas a la prostitución, los promotores de la acción aclaran en el comunicado la diferencia entre las dos realidades. La prostitución no recibe sanción penal en nuestro país y tampoco se considera actividad laboral, “de tal modo que las personas trabajadoras del sexo están desprovistas de derechos y de herramientas jurídicas para, por ejemplo, combatir el estigma que acompaña a la actividad”. Por el contrario, señalan, la trata con fines de explotación sexual “claramente está perseguida y castigada” ya que está recogida como delito en el Código Penal.

Este mismo jueves, también ha tenido lugar la presentación oficial de la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, conformada por una treintena de profesoras universitarias que pretenden ofrecer investigaciones sobre estas realidades desde una perspectiva abolicionista. “No queremos ofrecer opiniones, sino aportar evidencias científicas” y “crear una masa crítica” frente a esta realidad, defienden.

“Tiene que hacer lo que ofrece. Da igual quién venga”. Santi, 19 años. “Las estoy probando de todos los colores y sabores”. Paco, 45 años. “La prostitución evita violaciones. Si los hombres no pueden consumir prostitución se verán forzados a violar a mujeres de verdad”. Jose, 34 años. Que los hombres que escuchan en sus entornos masculinos este tipo de comentarios sobre la prostitución intercedan y llamen la atención a sus autores. Es el objetivo de #SerPuteroNoMola, la campaña con la que Médicos del Mundo pretende poner el foco en el papel que juegan los hombres que no pagan dinero por sexo, pero sí son testigos de esta realidad.

“Todos los hombres nos hemos encontrado con que otros bromean, presumen o proponen acudir a prostitución. La reacción del resto, aunque no estén de acuerdo, es quedarse callados. Queremos animarles a que rompan el silencio”, explica Francisco Carrasco, director de Comunicación e Incidencia Política de la ONG, que se declara abolicionista. Son estos hombres, de hecho, una mayoría a la que “no queremos culpabilizar, sino concienciar”.

El estudio más reciente, de tres investigadores de la Universidad Pontificia Comillas, concluyó en base a 1.000 encuestas a hombres de entre 18 y 70 años que el 20,3% pagó por sexo en el último año. Las cifras oficiales, sin embargo, llevan años sin actualizarse. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre hábitos sexuales de la población, de 2003, 25,4% de los hombres había consumido prostitución alguna vez en su vida.

El resto, que escuchan habitualmente frases como las rescatadas por Médicos del Mundo de varios blogs y foros, “tienen un papel clave” incluso en los grupos de Whatsapp, donde “muchas veces se hacen chistes sobre prostitución”, señala la investigadora Beatriz Ranea. Para la socióloga, el consumo de prostitución está íntimamente relacionado con la socialización masculina, marcada por “la jerarquía de género, el poder y una serie de mandatos de la masculinidad que han de seguir para demostrar que son 'hombres de verdad”, reflexiona Ranea.

Comparte el análisis Silvia Pérez Freire, socióloga y docente de la Universidad de Vigo, que aclara que “no todos los hombres compran sexo”, pero sí “comparten una misma cultura en la que se es connivente con esa conducta y eso es lo que tiene que empezar a cambiar”. La coautora de El putero español (Editorial Catarata) apunta además al consumo de prostitución por parte de chicos jóvenes, aunque lamenta que no haya datos oficiales actualizados al respecto.

Cuestionar “la normalización” de la prostitución, sobre todo entre la juventud, es también un objetivo fundamental de Médicos del Mundo, que ha elegido el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, celebrado este 23 de septiembre, para visibilizar al máximo su campaña. “No podemos normalizar que los hombres se sientan con el derecho de acceder al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero. No puede concebirse como un bien más de consumo”, incide Carrasco, que vincula la prostitución y la trata: “Sin una no existiría la otra”. Otras organizaciones, como Amnistía Internacional, reclaman diferenciar ambas realidades.

El perfil del cliente

Aunque no hay un perfil sociodemográfico concreto del cliente de prostitución, varias investigaciones han intentado detallar los diferentes tipos de clientes y los han clasificado en diferentes grupos. Así, el informe Explorando los motivos para pagar servicios sexuales desde las opiniones sobre la prostitución, publicado en 2018, catalogó a los usuarios en seis categorías en función de sus razones para pagar por mantener sexo.

La más numerosa, los llamados Funners –Ociosos– (24,1%), buscan ocio y diversión y acuden a la prostitución para pasárselo bien. Según las investigación, en este se incluyen grupos de jóvenes que pagan por sexo al final de una noche de fiesta como una forma de invertir su tiempo libre. La “experiencia grupal” también ha sido una de las tipologías frecuentes que se ha encontrado Beatriz Ranea en sus investigaciones: “Que haya otros hombres que propongan acudir a la prostitución y para demostrar que se es un hombre frente al grupo, hay que 'ir de putas' como hace el resto”, afirma.

Un 21,7% fue englobado en la categoría de los Thingers –Cosificadores–, que desean sexo sin implicación ni compromiso y conciben a las mujeres como instrumentos a su servicio. En tercer lugar, los Couple Seekers –Buscadores de pareja–, formada por un 21,7% de los hombres que recurren a servicios de prostitución. En este grupo, se integran aquellos que buscan sexo, pero también compañía e incluso una relación sentimental.

A los Riskers –Arriesgados– (19,8%) les atraen los comportamientos de riesgo asociados, consumen drogas o suelen pedir sexo sin protección, señala el estudio. En último lugar, los Personalizers –Personalizadores–, que representan al 12,6% de los clientes, y que serían aquellos que desean sexo con intimidad, pero también estar acompañados o ser escuchados.

La investigación señala que habría una sexta tipología formada por aquellos hombres que agreden a las mujeres, que recurren a la prostitución para ejercer violencia directa. Una realidad que también existe y que apenas se visibiliza ni se cifra. Según el informe El feminicidio en el sistema prostitucional del Estado español 2010-2015, elaborado a partir de publicaciones de medios de comunicación y sentencias, 22 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas por clientes durante ese lapso temporal.

En base a su experiencia, Ranea también ha entrevistado a muchos clientes que siguen viendo en la prostitución “la posibilidad de tener su primera experiencia sexual con mujeres”, a otros que quieren “probar” –palabra utilizada por ellos mismos– “mujeres con diferentes características físicas, orígenes o prácticas sexuales”, tal y como ejemplifica una de las frases recogidas por Médicos del Mundo –“Las estoy probando de todos los colores y sabores”–. Para Ranea, en el fondo, existe “un poder de decisión” de los hombres, es decir, pagan para decidir “cómo, dónde, cuándo y con quién”.

“Y esto no quiere decir que las mujeres en prostitución vayan a decir a todo que sí, pero ellos pagan esperando eso”, explica. Algo que provoca que “cuando las mujeres en prostitución ponen límites, las experiencias no son del todo satisfactorias” porque “esperan límites fuera de la prostitución, no dentro”. “Los límites que ponen las mujeres fuera de la prostitución se traspasan mediante el uso de la violencia explícita o la intimidación y a nivel social, hemos conseguido nombrarlo como violencia sexual”.

Sin embargo, el debate sobre qué hacer con los clientes de prostitución está todavía abierto. Las posiciones abolicionistas apuestan por establecer un sistema de multas y convertir el consumo de sexo por dinero en un delito. Algo con lo que actual Gobierno en funciones se ha mostrado de acuerdo y que el PSOE incluyó en el programa para las elecciones generales del pasado mes de abril.

En el otro lado, las voces regulacionistas y, en muchos casos, las propias prostitutas declinan esta opción por considerar que acabaría desplazando la actividad con el consiguiente riesgo de que se ejerza en lugares ocultos.

Tras días de polémica, la Universidad de A Coruña ha suspendido finalmente las jornadas sobre “trabajo sexual” que iba a celebrar la próxima semana. La decisión responde a las fuertes críticas que desde un sector del feminismo se han lanzado contra el encuentro, en el que estaba previsto que participaran varias prostitutas y dos docentes e investigadoras. Una de ellas, Estefanía Acién, profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería y miembro de la ONG Acción en Red lamenta que el centro haya dado este paso y apuesta por un debate “sosegado y tranquilo” sobre una realidad, la de la prostitución, que define como compleja.

¿Cómo calificaría la decisión de la Universidad de A Coruña de cancelar la jornada?

Me parece sorprendente porque unos días antes había publicado un comunicado diciendo que a pesar de que no compartía del todo ideológicamente el contenido o la orientación de la jornada, la Universidad era una institución democrática donde se celebra la libertad de expresión. Es entonces cuando fueron pasando las horas y veíamos que la presión desde el sector abolicionista no cesaba. Es sorprendente, pero también muy desagradable y decepcionante.

La decisión es una muy mala noticia para la democracia y para la institución universitaria en general. Yo, como profesora y perteneciente a este ámbito desde hace más de diez años, siempre he considerado que se trataba de un espacio seguro en el que debatir y exponer ideas. Que haya sido posible que a partir de presiones de un sector ideológico, una universidad pública cancele una jornada por la no orientación abolicionista de la misma es muy grave. Es un atentado contra la libertad de expresión. Y es muy peligroso porque abre la puerta, y más en los tiempos que corren, a que cualquier debate que resulte ofensivo para un grupo poderoso, sea censurado.

Las voces feministas que han pedido la cancelación parten de la idea de que este tema no debe ser objeto de discusión. ¿Todo es debatible?

La cuestión aquí es que con este tema hay un debate abierto y es innegable que hay que intercambiar puntos de vista para, al menos, llegar a un acuerdo de mínimos, porque de alguna manera tendremos socialmente que afrontar el fenómeno de la prostitución. Hay un sector del abolicionismo que parte de la idea de que es en sí una violación de los derechos humanos y por eso no es debatible, pero esta premisa de partida no está en absoluto clara para casi nadie. Es una cuestión que lleva debatiéndose desde el siglo XIX y todavía no hemos llegado a un acuerdo ni dentro del feminismo ni en la sociedad. El consenso sí es en contra de forzar y obligar, está claro, pero la prostitución es en sí tan diversa que es necesario tener un debate teniendo en cuenta su complejidad y, sobre todo, la voz de las personas que están inmersas en esta realidad.

Una parte importante del cartel lo forman prostitutas que se consideran trabajadoras sexuales...

Sí. Por eso también es incomprensible que no se permita que haya una jornada donde la mayoría de la gente que va a hablar lo va a hacer en primera persona, sobre sus problemas. Los títulos de las ponencias están centrados en problemas concretos que sufren las trabajadoras sexuales y que irremediablemente tenemos que abordar en esta sociedad y ver cómo le damos solución: sobre las particularidades de las mujeres migrantes, sobre la salud mental, sobre el estigma y la violencia institucional que viven las prostitutas o sobre las posibilidades de autorganización de las propias mujeres.

Se ha llegado a calificar el encuentro de estrategia del “lobby proxeneta”, pero ¿cuál es su objetivo? ¿de qué se iba a hablar allí?

De lo que he comentado. Por eso es especialmente doloroso que hagan esas acusaciones, que hablen de proxenetismo, que son directamente difamaciones. Se ha llegado incluso a decir que vamos allí a captar jóvenes para los clubs. Es muy grave, porque la intención era escuchar las voces de las propias trabajadoras sexuales y hablar de los problemas que sufren y viven y que como sociedad hay que abordar.

También se ha especulado con la financiación y la organización de la jornada. ¿Cómo surge?

La idea emerge de María Martínez, una estudiante de la Universidad de A Coruña que también es trabajadora sexual, y que tuvo la iniciativa de pedir una subvención en el marco de una convocatoria pública de la Facultad de Sociología. Le concedieron 500 euros y allá por primavera de este año nos llamó a las personas que quería que participáramos en el encuentro. Para mí fue un honor y me pareció súper interesante desde el principio. Se nos ha acusado de todo, pero incluso hemos puesto de nuestro bolsillo dinero para contribuir con las ponentes que tienen más dificultades económicas. Y luego escuchas que la jornada la paga el proxenetismo internacional y te sientes muy violentada.

¿Qué iba a exponer usted en concreto?

Bueno, debo matizar que las jornadas van a celebrarse, pero no en la Universidad de A Coruña. Se harán en otro espacio y, de hecho, ya hay varias iniciativas privadas, entre ellas una librería o un espacio activista alternativo, ofreciéndose solidariamente a albergarlas. Eso es muy buena noticia. Así que el tema en el que yo me voy a centrar, porque así me lo pidieron, es en lo que ya investigué en mi tesis: la situación y los problemas de las trabajadoras sexuales nigerianas en el Poniente Almeriense. Estuve diez años trabajando con ellas y lo que vi es que era una realidad mucho más diversa y compleja de lo que se muestra y muy pocas veces se aborda desde la perspectiva de derechos humanos, es decir, qué circunstancias políticas, sociales y jurídicas hacen que sean tan vulnerables que la única opción que tengan en nuestra sociedad sea el trabajo sexual.

Antes comentaba que el abordaje de la prostitución debe ser algo sobre lo que debatir, pero el encuentro no cuenta con voces abolicionistas, otra de las críticas más reiteradas de estos días.

Sí, se nos ha acusado de ello, sobre todo a la organizadora. La idea del encuentro era exponer ideas en un espacio seguro, pero de todas formas es muy curioso porque cuando el abolicionismo organiza jornadas, tampoco cuenta con otros puntos de vista y no se cuestiona. Afortunadamente estamos en un país en el que se pueden organizar encuentros en libertad, que pueden resultar o no interesantes, pero que están abiertos al público para que en la parte de debate se puedan exponer posturas y lo que sea necesario. Así es como funciona una universidad democrática. Yo he estado en jornadas sobre prostitución con todos los puntos de vista y está fenomenal, pero ¿por qué hay que boicotear o limitar un evento porque la gente que habla no va a decir lo que tú quieres escuchar? Es que es tremendo.

¿Cuál es la solución a este encontronazo tan profundo que vivimos en el movimiento feminista?

Hablar, hablar y hablar. Y leer lo que escriben unas y otras. Debatir y discutir los pormenores del asunto y, para mí, la clave está en poner en el centro la realidad que viven las propias mujeres que ejercen la prostitución. Debemos hacer un análisis complejo de la realidad, pero sosegado y tranquilo. Tenemos que ir viendo cómo generamos una sociedad más igualitaria y más justa, donde las personas tengamos cada vez más acceso a la libertad de elección. Si caminamos en este sentido seguramente vamos a avanzar mucho más que con esta situación tan polarizada.

El colectivo social Antirepresión RM organiza una charla-debate sobre el trabajo sexual. El evento está fechado para el viernes 1 de marzo tendrá lugar en el edificio Moneo y lleva por título  “Ni víctimas ni traidoras al feminismo, hablan las trabajadoras sexuales”.

El acto contará con las intervenciones de Conxa Borrell (Secretaria General del Sindicato OTRAS), Ariadna Riley (Cofundadora Colectivo Prostitutas de Sevilla) y Vera (trabajadora sexual migrante).

En este sentido, según las organizadoras de la charla “son varios los motivos que nos llevan a los colectivos de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales) y Anti Represión Región de Murcia a organizar este evento”.

Asimismo,  han señalado “la necesidad de debate interno dentro de los feminismos en torno a un asunto que tiene dividido al Movimiento Feminista como es la prostitución y las mujeres en situación de prostitución”.

Por otro lado, han criticado que “las políticas punitivistas del PSOE que, bajo el falso pretexto de castigar al cliente de la prostitución, condena en realidad a las trabajadoras sexuales a la marginalidad y las deja expuestas a una mayor vulneración de sus derechos”.

Por último, han lamentado que “la decisión de la Audiencia Nacional de ilegalizar el sindicato OTRAS aludiendo que la prostitución no es un trabajo y malinterpretando que dotar a las trabajadoras sexuales de un marco laboral de derechos equivaldría a legalizar el proxenetismo”.

Cualquier política pública que pretenda abordar la prostitución debe cumplir un mínimo de respeto por los derechos de las personas que la ejercen, máxime cuando estas políticas tienen en la protección y defensa de la libertad de las mujeres su principal motivación. La igualdad y la lucha contra la violencia de género no puede ser un mero ornamento dentro de estas políticas, exige coherencia, responsabilidad y verdadero compromiso respecto a la realidad de todas las mujeres.

En este sentido, nos hemos ido acostumbrando a políticas irresponsables, que dicen legislar para las prostitutas y su seguridad, pero posteriormente son incapaces, y no les conviene, evaluar las consecuencias reales que este espíritu de salvaguardia de la integridad de las mujeres tiene sobre sus vidas reales: una mayor exclusión, precariedad, inseguridad y pérdida de autonomía. Un ejemplo de esta falta de responsabilidad y coherencia lo podemos tomar de las políticas que el PSOE está desarrollando en la ciudad de Sevilla.

El partido socialista ha expresado, en muchas ocasiones, su postura manifiestamente abolicionista sobre la prostitución. El 30 de noviembre presentó una moción en el ayuntamiento de Sevilla que así lo reiteraba, y lo articula a través de políticas públicas sustentadas bajo este marco ideológico. Pero no solo hablamos de ideología, hablamos de una constante contradicción y falta de responsabilidad.

En primer lugar, nos sorprende este férreo convencimiento abolicionista del PSOE, especialmente cuando desde los años 80 ha ido regulando la prostitución ejercida a través de terceros con medidas que han venido a “proteger” y delimitar el ejercicio de ésta por la regulación del “alterne”. Con ello, las wiskerías, que años más tarde pasaron a denominarse clubes de alterne, quedaron como único espacio en el que terceras personas se pueden lucrar con el negocio de la prostitución sin responsabilidad en materia de derechos laborales hacia las personas que trabajan allí. La única obligación impuesta a estos clubes, respecto a las trabajadoras, es la de poseer licencias de hotel adecuado al pago del hospedaje que realizan ellas mismas. Pero ni siquiera esta obligación mínima se cumple en Sevilla, y este hecho lo conoce el mismo Ayuntamiento, a través de una lista que la APDHA le entregó y en la que tan sólo un club del municipio consta como cumplidor de este requerimiento.

El PSOE en Andalucía instó al Gobierno de España para que anulara la constitución del Sindicato OTRAS, organización que pretende ser un medio legítimo a través del cual las trabajadoras sexuales puedan exigir derechos y protegerse de las injusticias que se desprenden de esta desigualdad estructural entre las trabajadoras y el empresariado. Todo ello, cuando fue el propio partido socialista el que permitió en el 2004 la creación de la asociación Nacional de Empresarios Mesalina (ASNEM).

El PSOE en Andalucía quiere asumir e instar a las administraciones públicas del Estado español el compromiso de desarrollar medidas centradas en la formación y la inclusión laboral que favorezcan a las mujeres que se encuentran ejerciendo la prostitución, así como proporcionarles atención y apoyo jurídico, social y sanitario. Propósito que, si volvemos de nuevo a la realidad de las políticas que este mismo partido está desarrollando en la ciudad de Sevilla, no podemos más que interpretar como una política basada en declaraciones paternalistas y de falsa caridad.

Finalizado el periodo de desarrollo del Primer Plan contra la Prostitución de Sevilla (elaborado e implementado por el partido socialista), no se ha realizado siquiera una evaluación pública del mismo, a pesar de contar para ello con una inyección presupuestaria. Sin embargo, sabemos a través de la respuesta de la delegada de igualdad, Myriam Díaz Rodríguez, a la pregunta realizada en Pleno del grupo político de Participa Sevilla, que el propio Gobierno local reconoce que “los programas de atención han sido insuficientes y no se ha facilitado el acceso de las mujeres a los recursos, debido a diferentes cuestiones relacionadas con la situación administrativa irregular de las mujeres, la imposibilidad de gestionar la asistencia sanitaria o el empadronamiento, la no adecuación de recursos a las necesidades de las mujeres, la no adaptación de los horarios de los servicios de atención municipales a la situación y características de las mujeres en prostitución…”. Además, como colofón de la incoherencia y desfachatez, la misma consejera alababa la actuación de la policía, aunque reconocía que el hostigamiento en la calle ha recaído sobre las trabajadoras migrantes y las ha obligado a trabajar para terceros, intentando solucionar esta cuestión ofreciendo una mayor formación al cuerpo de policía.

Desde la APDHA manifestamos que el PSOE continúa enarbolando la lucha por instaurar las políticas abolicionistas sin coherencia ni un mínimo de responsabilidad, porque no es coherente hablar de protección de las mujeres privando de derechos fundamentales a las trabajadoras del sexo. Hacia la igualdad se camina aplicando leyes que favorezcan la autonomía y los derechos; no por la miseria moral de discursos ideológicos irresponsables.

La prostitución no puede ser un trabajo. La sentencia de la Audiencia Nacional que anula los estatutos del sindicato OTRAS entra al fondo de un asunto que sentará un precedente clave. La sentencia no es firme, y OTRAS ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, pero los argumentos y los razonamientos jurídicos que utiliza hacen difícil prever un resultado sustancialmente diferente en el Supremo. Estas son algunas de las claves y consecuencias de la decisión que la Audiencia ha hecho pública este miércoles.

El tribunal sostiene que la prostitución no puede ser objeto de un contrato laboral, es un “objeto ilícito” en lenguaje jurídico. Asegura que, como sostuvieron las demandantes (la Plataforma 8 de marzo y la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que forman parte de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución) y la Fiscalía, en España es ilícito “el desarrollo de una actividad empresarial cuyo objeto sea la oferta de servicios sexuales prestados por terceras personas, contratadas al efecto”.

“Hemos de concluir con las partes que no resulta posible con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, esto es, un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario, con las personas que este determine a cambio de una remuneración, y el contrato que así se celebre debe reputarse nulo”, reza la sentencia.

El siguiente paso aborda ya la libertad sindical: aunque se trata de un derecho fundamental, para ejercerlo tiene que existir una relación laboral, apuntan. Si no hay contrato ni relación laboral posible, no hay sindicato válido. Los estatutos de OTRAS quedan, por tanto, anulados. Si el Supremo confirmara esta decisión, esta anulación supondría la eliminación de OTRAS del registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que ya actualmente y con la sentencia de la Audiencia, el sindicato queda desmantelado como tal y sus hipotéticas negociaciones o actuaciones no tendrían validez jurídica.

De haber aceptado quitar la prostitución de su ámbito de actuación, el pronunciamiento habría sido muy diferente. Así lo sugiere la sentencia cuando detalla lo que sucedió al comienzo del juicio, cuando el magistrado interrogó a la abogada de las demandadas por la posibilidad de que “trabajo sexual” no incluyera la prostitución, pero sí otras actividades. La abogada de OTRAS reiteró que bajo esa expresión se incluían también las prostitutas.

La sentencia explica que, mientras no es posible entender relación laboral en la prostitución, sí cabe en la pornografía, “la participación en espectáculos públicos con connotaciones eróticas” o el alterne, que define como “la incitación al consumo en establecimientos abiertos al público mediante la provocación del deseo sexual en el cliente”. Es decir, las personas dedicadas a esas actividades sí pueden ser consideradas trabajadoras y sí tendrían derecho a ejercer la libertad sindical, por lo que un sindicato que hable de trabajo sexual sin mencionar la prostitución tendría visos de prosperar.

El límite del “acceso carnal”

La Sala de lo Social alude a la jurisprudencia que repetidamente ha marcado la división de la actividad laboral en el “acceso carnal”: son muchas las sentencias que han reconocido derechos laborales a mujeres que ejercían alterne, pero que han subrayado que no podían hacerlo en el caso de la prostitución. Hay incluso pronunciamientos que, ante casos en los que una misma mujer ejercía de alternadora y prostituta, han reconocido los derechos derivados de la primera actividad pero no de la segunda. Así lo recuerda ahora el Supremo, que considera que el alterne es una “actividad por cuenta ajena lícita y perfectamente separable del ejercicio de la prostitución”, aunque reconoce que esta actividad se ejerce incluso “en instalaciones propias del empleador destinadas a la habitación del trabajador”.

Desde el momento en que un sindicato incluye en sus estatutos la prostitución, admitirlo supondría cuatro cosas, explica la sentencia. En primer lugar, dar carácter laboral “a una relación contractual con objeto ilícito”. En segundo, admitir que el proxenetismo, prohibido en nuestra legislación, es “una actividad empresarial lícita”. En tercer lugar, admitir el derecho de los proxenetas a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo.

Por último, asumir que de forma colectiva tanto esta organización como las patronales pudieran negociar las condiciones en las que debe desarrollarse la prostitución, “disponiendo para ello de forma colectiva de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual, entendiendo por tal el derecho de toda persona de decidir con qué persona determinada se quiere mantener una relación sexual, en qué momento y el tipo de práctica o prácticas que dicha relación debe consistir”.

La sentencia también menciona a las asociaciones de empresarios de alterne que ya están constituidas y registradas legalmente como tal. Dice, sin embargo, que su actividad no implica el ejercicio de la prostitución por cuenta ajena, como ya dijo otra sentencia anterior, puesto que solo son dueños de establecimientos hoteleros y sí pueden ejercer la potestad de negociar condiciones laborales con, por ejemplo, camareros, limpiadores o chicas de alterne. Si hay fraude y se ejerce la prostitución, proseguían, se habrán de adoptar las medidas oportunas. La sentencia permitió el registro de la asociación, dedicada a “la tenencia o gestión o ambas de establecimientos públicos hosteleros destinados a dispensar productos o servicios que tengan como público objetivo terceras personas, ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”.

Un manifiesto que pide la ilegalización del sindicato de prostitutas OTRAS ha recogido casi 3.400 firmas, entre feministas a título individual y organizaciones, en poco más de 24 horas. Como respuesta al manifiesto apoyado, por el momento, por 1.600 feministas lanzado el lunes y que exige la retirada de las demandas contra el sindicato, que se enfrenta este miércoles al juicio en la Audiencia Nacional, este nuevo escrito alega que “el feminismo ha sido abolicionista desde su raíz” y asegura que la legalización de OTRAS, registrado el pasado agosto, “es una maniobra para legalizar de facto el proxenetismo en nuestro país”.

Entre los apoyos, políticas del PSOE como la exministra Cristina Narbona, la concejala del grupo municipal en Madrid, Purificación Casuapié, o la diputada Ángeles Álvarez. También firman académicas feministas como Rosa Cobo y Ana de Miguel, juristas como Cristina Almeida, la actriz Leticia Dolera o la diputada de Podemos y activista feminista y LGTBI Beatriz Gimeno. Entre las entidades, destacan la Asociación de Juritas Themis, Feminicidio.net, la Federación de Mujeres Progresistas, Stop Vientres de Alquiler o Médicos del Mundo.

“Si se reconoce la existencia de un sindicato de prostitutas como tal, se estará reconociendo que hay un tercero, legal, que las contrata para enriquecerse con su explotación. Y eso es precisamente la definición de proxenetismo”, apunta el texto, que considera “innegable” que la prostitución “tiene un fuerte sesgo de género”. Por lo tanto, prosigue, “la prostitución es una institución machista que perpetúa el sistema patriarcal que denunciamos y contra el que luchamos las feministas y que viola la dignidad humana”.

El manifiesto considera que decir que la prostitución es un trabajo “condena a las más pobres a tomar una salida que, las que tenemos más recursos y derechos, no queremos para nosotras” y apunta a la necesidad de enfocar el debate en “que los puteros no tienen derecho a acceder a nuestros cuerpos por dinero, ni los proxenetas pueden legalizar su enriquecimiento, aprovechándose y alimentando un sistema desigual. El abolicionismo se solidariza con todas las mujeres y jamás penaliza ni persigue a las mujeres prostituidas”.

Opina, además, que bajo los sindicatos de trabajadoras sexuales legalizados en otros países “se esconden los intereses de proxenetas que pretenden legalizar y, de paso legitimar socialmente, la actividad de explotación que llevan a cabo para seguir enriqueciéndose”. 

Por otro lado, las firmantes cuestionan la diferencia que parte del feminismo hace entre prostitución y trata por considerarlo dos realidades diferentes y sostienen que se trata de una afirmación “demagógica” que “no se sostiene” porque “la trata existe porque la prostitución existe”. El manifiesto difundido el lunes que pide la retirada de las demandas contra OTRAS, sin embargo, subraya que equiparar ambas realidades es un error y hacerlo perjudica, en última instancia, la lucha contra la trata y la protección de las víctimas.

Este primer texto, al que se ha sumado la escritora Silvia Federici y cuenta con los apoyos de escritoras y periodistas como Elena Poniatowska o Virgine Despentes, activistas feministas como Yayo Herrero, Justa Montero o Empar Pineda y políticas como la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez “Pam”o la concejala de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, pide la retirada de las demandas contra OTRAS al considerar que “no puede impedirse en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad”.

Este miércoles, la Audiencia Nacional acoge en Madrid el juicio en el que se dirimirá la legalización del sindicato de prostitutas tras la demanda de varias asociaciones feministas, entre las que están la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla.

Este miércoles 14 de noviembre la Audiencia Nacional celebra el juicio para dirimir la ilegalización del sindicato de prostitutas OTRAS, registrado el pasado agosto, tras la demanda de varias asociaciones feministas, entre las que están la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla. Este lunes, más de 350 feministas y organizaciones lanzan un manifiesto para pedir la retirada de esas demandas y contra la ilegalización del sindicato. “El feminismo como tal no tiene una postura unánime; está recorrido por múltiples posiciones y perspectivas que a lo largo de su historia han dado lugar a numerosas corrientes, infinitamente más complejas, ricas e interesantes que un estar a favor o en contra del trabajo sexual”, defienden.

Entre las firmantes, las escritoras y periodistas Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta y Virgine Despentes, directoras de cine y artistas como Isabel Coixet, Lucía Egaña y María Galindo, activistas feministas como Yayo Herrero, Justa Montero, Empar Pineda y Begoña Zabala, la economista Amaia Pérez Orozco o docentes e investigadoras como Dolores Juliano o María Jesús Izquierdo. También firman el manifiesto políticas, como la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, la concejala de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, o la concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez Castaño. Colectivos como COGAM, la Fundación de los Comunes, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla o la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia suscriben el manifiesto.

“Creemos que no puede impedirse en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos”, dicen en el texto.

Las firmantes insisten en que el feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución y que el manifiesto pretende reivindicar “la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades respecto a este debate”. “Y pedimos que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, etc…–. No sin al menos abrir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones”, señalan.

El manifiesto subraya que es un error equiparar la trata con fines de explotación sexual con la “prostitución decidida” así como con la diversidad de trabajos sexuales que actualmente se ejercen legalmente. Esa confusión, añaden, perjudica la lucha contra la trata y la defensa de las víctimas: “Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes): medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo”.

“Entender que la sindicación de quien realiza trabajos sexuales favorece al proxenetismo es obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente. La existencia puntual de sindicatos amarillos, de falsos sindicatos, no es un argumento para impedir el derecho a la libertad sindical. Al contrario, la mejor defensa contra ese fenómeno es la proliferación de organizaciones sindicales en todos los sectores laborales”, argumentan.

La legalidad del trabajo sexual “bajo múltiples modalidades” (servicios telefónicos o vía web, actores y actrices porno...) está avalada, aseguran, en nuestro ordenamiento jurídico, “como se refleja en múltiples sentencias tanto nacionales como europeas”: “Por tanto, privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad supone un ataque frontal a un derecho democrático básico de nuestro sistema constitucional, que no debe estar sometido a la intervención previa de la administración en ningún caso. Un derecho consolidado tras siglos de lucha a escala global y consagrado en el derecho internacional. La ilegalización de OTRAS puede sentar un mal precedente que puede utilizarse contra cualquier iniciativa de autoorganización sindical”.

Las firmantes piden a administraciones, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones sindicales que reconozcan la diversidad de argumentos y sensibilidades alrededor de este debate. Hacen también un llamamiento para que las asociaciones que demandaron al sindicato OTRAS retiren su denuncia. “Nos entristece y creemos impropio que desde el movimiento feminista haya organizaciones que emprendan acciones legales contra otras mujeres, recurriendo sus decisiones ante órganos jurisdiccionales solicitando medidas contra su legítimo derecho a la libre sindicación”, concluyen.

Varias organizaciones aseguran que la ordenanza municipal contra la prostitución que se está debatiendo en Madrid aumentaría la vulnerabilidad de las propias trabajadoras sexuales. Es una de las conclusiones del informe emitido por la Mesa Técnica de Prostitución y Trata con fines de explotación sexual de la Comunidad de Madrid, un grupo de trabajo al que pertenecen varios colectivos que trabajan con prostitutas. Aunque no todos han firmado el documento –lo han hecho 8 de 14–, se trata del primer posicionamiento público de la Mesa sobre la ordenanza contra la prostitución registrada por el grupo municipal del PSOE el pasado mayo.

Los colectivos firmantes, entre los que se encuentra Hetaira, Cogam, la Fundación Cruz Blanca, el Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal (Ayuntamiento de Madrid) o la Congregación de Hermanas Oblatas, muestran su preocupación “por el impacto negativo en la vida de las mujeres” que, aseguran, ha supuesto la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la ordenanza que sanciona la prostitución en Alcalá de Henares, aprobada en 2010, “así como el que pueda suponer” la normativa que se está actualmente debatiendo en Madrid.

“La sanción al cliente propuesta en dicha ordenanza tendrá un impacto negativo en sus condiciones de vida, aumentando su vulnerabilidad y la posibilidad de sufrir agresiones”, asegura el documento, que hace un recorrido por las consecuencias que han tenido las normas citadas para las prostitutas. Otros colectivos pertenecientes a la Mesa, constituida en 2015 a iniciativa de las organizaciones, no han firmado el informe. Desde la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, por ejemplo, aseguran que no están de acuerdo con que las sanciones a clientes perjudiquen a las propias trabajadoras.

Este es, de hecho, el objetivo de la ordenanza propuesta por el PSOE municipal, que contempla un mínimo de 750 euros de multa para sancionar la demanda de prostitución en la vía pública. Además, incluye medidas preventivas dirigidas a la sensibilización, la defensa y el apoyo de las mujeres para diseñar alternativas vitales y el control de la publicidad sobre prostitución en la ciudad. Los grupos municipales están debatiendo actualmente la norma, a la que Ahora Madrid y varios partidos más han presentado enmiendas y sobre la que no hay consenso actualmente.

Al igual que el informe del grupo de investigación Antígona (Universidad Autónoma de Barcelona) hecho público la semana pasada, el estudio de la Mesa de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto que la Ley Mordaza ha sido utilizada con ánimo sancionador en el polígono de Villaverde, zona de la capital en la que se concentra un alto número de trabajadoras sexuales. Con esta norma, en toda España la Policía denuncia de media a una prostituta cada día por “ejecutar actos de exhibición obscena”o por “desobediencia a la autoridad” con multas que van de 100 a 30.000 euros.

Por su parte, la ordenanza actualmente en vigor en Alcalá de Henares fue modificada en 2015 para dejar de sancionar a las prostitutas, pero mantiene las sanciones a clientes. Un extremo que, junto a las multas a las mujeres, concluyen las organizaciones firmantes, “han incidido de negativamente y de manera preocupante en sus condiciones de vida”.

Desplazamiento de la prostitución

Según el informe, el aumento de la presencia policial a raíz de la entrada en vigor de este tipo de normativas ha provocado que los clientes busquen lugares más aislados para demandar servicios de carácter sexual. Esto hace que las mujeres cambien “las zonas más conocidas y cercanas en las que se sienten más seguras por zonas en las que aumenta su vulnerabilidad y posibilidad de sufrir agresiones”, lo que al mismo tiempo hace más difícil la atención por parte de las organizaciones.

En este sentido, el miedo del cliente a ser sancionado, prosigue el documento, hace que las prostitutas se vean obligadas a negociar “las condiciones del servicio de manera más rápida y clandestina, lo que supone una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio o las prácticas. Incluso en ocasiones, ante el nerviosismo del cliente por no ser visto por la policía, las mujeres tienen que subir directamente en el coche y negociar en los lugares alejados que el cliente demanda”.

Este tipo de sanciones lejos de haber logrado el fin del trabajo sexual, como uno de los objetivos que se marcan las normas, han conseguido su desplazamiento. Así lo corroboran los colectivos, que ha comprobado el traslado de las trabajadoras de la calle a lugares cerrados como pisos, clubs, Internet o sus propios domicilios. 

Una movilidad que en opinión de las firmantes “aumenta la vulnerabilidad” de las mujeres “debido a que se encuentran más aisladas y las condiciones en las que ejercen están sujetas a la arbitrariedad de quién dirige” los clubs o los pisos. Por otro lado, identifican como efecto de las normativas “la falta de confianza” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son vistas “como una amenaza a su integridad” y muestran su preocupación por la situación en la que se encuentran las víctimas de trata con fines de explotación sexual que pueden estar siendo multadas por la Ley Mordaza. Algo que, además de sumarse a la deuda que tienen que saldar con sus explotadores, dificulta que puedan acceder a la justicia.

Aumento de pisos en Madrid

El estudio también hace un repaso por el contexto de la prostitución en la comunidad, sobre el que declina ofrecer datos debido a la dificultad de abordar de forma cuantitativa una realidad tan cambiante. Aún así, y partiendo de la heterogeneidad de mujeres con las que trabajan las organizaciones, hay varias situaciones comunes como la falta de conocimiento de sus derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con el estatus migratorio, problemas de acceso al empadronamiento, demandas de atención sanitaria y jurídicas y, en muchos casos, solicitan alternativas al ejercicio de la prostitución y apoyo psicológico.

Sobre los espacios en los que mayoritariamente ejercen, los colectivos han comprobado que la presencia en la calle ha descendido en los últimos años, algo que “no se puede traducir ni mucho menos en que haya disminuido el número de mujeres que ejercen”, si no que se ha desplazado a lugares cerrados, donde muchas de estas mujeres tienen un contrato como camarera, limpiadora o categorías similares. 

En referencia a los pisos, las organizaciones han detectado un incremento significativo, aunque no es posible determinar un número exacto porque algunas de sus características son la invisibilidad y clandestinidad. Al tratarse de espacios privados, pasan desapercibidos y no están obligados a gestionar ninguna licencia como sí ocurre en el caso de los clubs, por lo que el acceso de las entidades se dificulta. Todas las organizaciones coinciden en que esto “hace que las mujeres se encuentren en situaciones mucho más vulnerables” porque su nivel de aislamiento es más alto. 

Ello se suma en muchas ocasiones a una serie de “normas de la casa” que imponen los dueños y que las mujeres, muchas de ellas migrantes en situación irregular, deben aceptar para permanecer en el piso, en el que muchas veces también viven. “Dichas normas hacen que no puedan negociar precios, uso de preservativo, incluso prácticas sexuales, pues ya están establecidas por la casa”, concluye el estudio, que además califica de “riesgo altísimo” el que viven las prostitutas que ejercen en sus propios domicilios o se desplazan a hoteles. “En caso de sufrir cualquier tipo de agresión, salvo el cliente, que suele ser quien realiza tal agresión, nadie más conoce el paradero de la mujer”.

Las ordenanzas que en los últimos años han aprobado varios ayuntamientos en España para perseguir la prostitución callejera no logran terminar con su ejercicio. Es una de las conclusiones principales de un informe elaborado por el grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que cuestiona que este tipo de normativas sancionadoras sean el instrumento adecuado para abordar la realidad de la prostitución. El estudio, a cuyo borrador ha tenido acceso eldiario.es y que se hará público a finales de noviembre, revela que las ordenanzas son una herramienta “inadecuada” para acabar con la prostitución o luchar contra la trata con fines de explotación sexual. 

Aunque el grupo ya había avanzado algunos detalles de la investigación, el documento califica de “claro fracaso” las ordenanzas municipales concebidas con el ánimo de terminar con la prostitución, que es uno de los argumentos que suelen desgranarse desde los consistorios para ponerlas en marcha. “Con la aplicación de las ordenanzas se sigue ejerciendo el trabajo sexual y se está revictimizando a las mujeres víctimas de trata”, explica el estudio, realizado a partir de 32 entrevistas en profundidad a trabajadoras sexuales, ONG, expertas, representantes políticos, técnicos municipales y agentes de varias ciudades, entre ellas, Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza o Bilbao.

Las ordenanzas municipales se reparten por toda la geografía española –Málaga, Valencia, Alcalá de Henares...– con diferente intención: algunas persiguen y multan a clientes y prostitutas y otras solo a ellos. Así, la ordenanza de Sevilla, reformada en 2017, considera la prostitución como una forma de violencia de género y persigue y sanciona al cliente con multas de entre 750 y 1.500 euros. Otras, como la de Barcelona, castigan también a las mujeres con multas de unos 300 euros. Aunque según reconocen desde Antígona, las sanciones a las trabajadoras en la ciudad condal se han reducido en los últimos años, entre 2012 y 2015 el consistorio multó a 2.200 mujeres y 800 clientes, según recoge el informe.

Por su parte, en algunos sitios se trabaja para la puesta en marcha de este tipo de normativas. El pleno de Elche aprobó la semana pasada iniciar los trabajos y en Madrid, el Ayuntamiento está inmerso en un debate sobre la pertinencia de una ordenanza que multa a clientes impulsada por el PSOE municipal. Además, las prostitutas de toda España se enfrentan a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con la que la Policía denuncia de media a una prostituta cada día por “ejecutar actos de exhibición obscena”o por “desobediencia a la autoridad” con multas que van de los 100 a 30.000 euros.

“Muchas de estas ordenanzas se han justificado en que el objetivo es acabar con la prostitución, pero no se ha logrado. Utilizar un instrumento sancionador para ello no es realista. Mucha de la prostitución se ejerce en pisos y se fragua en Internet o redes sociales. Al contrario, hemos visto que lo que han hecho es clandestinizar la actividad y volverla más opaca y precaria”, explica una de las integrantes del grupo Antígona, que ha elaborado el estudio en el marco del proyecto titulado El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género.

“Más estigmatizadas”

La investigación pone sobre la mesa que este tipo de normativas municipales, muchas diseñadas para regular “la seguridad ciudadana”, el “incivismo” o el “orden público”, no son el instrumento idóneo para abordar la prostitución porque “no han sido otra cosa que una herramienta de control social y policial” que ha llevado a la “criminalización” del trabajo sexual y de las mujeres que lo ejercen. Según el informe, esto ha provocado “el empeoramiento de sus condiciones” quedando “relegadas a una posición más débil y más estigmatizadas”.

Las ordenanzas, prosigue el estudio, “han supuesto una vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales” y el miedo a las posibles sanciones “tanto por parte de las trabajadoras sexuales como de los clientes” ha empeorado “la capacidad de negociación de las trabajadoras” y ha conducido “al desplazamiento de la zona de ejercicio incluso al espacio privado directamente”. Ante este escenario, el informe concluye que el enfoque deseable para debatir sobre la prostitución sería el de derechos humanos “en lugar de sancionar y criminalizar al colectivo de trabajadoras sexuales”. 

En este sentido, el estudio también pone énfasis en cómo las normativas sancionadoras también han multado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Así, algunas de las profesionales entrevistadas afirman que esto puede estar ocurriendo, tal y como se tuvo constancia en Madrid al poco de entrar en vigor la Ley Mordaza, “hecho que supone una doble y triple discriminación”. El informe pone sobre la mesa la paradoja de que, en estos casos, las mismas administraciones que deberían proteger a estas víctimas, las están criminalizando.

Además, el estudio vincula la aplicación de las ordenanzas municipales con una mayor presencia y presión policial en las zonas donde habitualmente se ejerce la prostitución. Algo que ha perjudicado en mayor medida a las mujeres en situación administrativa irregular, que en algunos sitios son identificadas e incluso detenidas. “Actualmente, la condición de mujer en situación administrativa irregular prevalece ante cualquier otra circunstancia que requiera protección por parte de los cuerpos policiales, en todas las ciudades excepto en Sevilla”.

Prostitución invisible

Estas conclusiones se suman a los efectos que las propias prostitutas entrevistadas –todos los encuentros se produjeron en julio de 2016– han desgranado, entre ellas, la reducción de la capacidad negociadora o la sensación de persecución y “acoso policial”.

“No, a ellas no las multan, pero si persiguen al cliente es como si las multaran a ellas. Vamos a ver, si resulta que esta ordenanza, si de hacerme 10 clientes a la semana, esta ordenanza me está dando para hacerme dos clientes…”, explica Ana, de Sevilla. En este sentido, la prostituta habla del cambio de lugar del ejercicio de la prostitución a la que ha conducido en la ciudad andaluza la norma que persigue solo a los clientes. En Sevilla, ejemplifica el estudio, “la aplicación de la ordenanza ha movido a las mujeres del espacio público al espacio privado, o bien, las ha llevado a otros espacios más hostiles del espacio público”.

Desde el consistorio aseguran que “no hay prostitución en los espacios públicos de la ciudad, para eso hay una ordenanza que es abolicionista”. Por su parte, la prostituta entrevistada explica que “lo único que han hecho ha sido desplazar clientes de un sitio a otro. Me sacan de un sitio donde me multan y me voy a un sitio donde no me multan. Y ya está. Y las mujeres lo mismo”. En el momento de realizar las entrevistas, en la ciudad andaluza no existía ningún colectivo de trabajadoras sexuales, que a día de hoy se han organizado en el Colectivo de Prostitutas de Sevilla para pedir, entre otras cosas, la derogación de la ordenanza.

En la mayoría de lugares, explica la experta entrevistada en Lleida –la investigación no incluye los nombres de las personas consultadas, pero sí que se trata de una profesora de la Universidad de Lleida– “habrá pasado como aquí. Que al final, sí, hemos sancionado durante unos años, pero, ¿qué hemos hecho? Tal vez ya no se ve, las hemos sacado de la calle. Pero sigue habiendo clientes, y sigue habiendo trabajadoras”. Sobre el objetivo de acabar con el trabajo sexual, la docente asegura que “si se pretendía reducir el trabajo sexual en la calle, lo que ha logrado es invisibilizarlo. El trabajo sexual se sigue realizando. El efecto básicamente es de control, de hacer percibir a las trabajadoras sexuales el control policial, pero no de reducir el trabajo sexual. Y respecto de la percepción, ellas refieren siempre control y sentirse menos arropada por la oficialidad, evidentemente”.

El sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS promete seguir en su empeño de autoorganizarse y esquivar la amenaza de ilegalización por parte del Gobierno. Así lo ha reafirmado en su presentación oficial en Madrid, donde varias integrantes han definido las principales líneas de actuación de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Las trabajadoras han comunicado que ya cuentan con CIF, por lo que continúan con sus pasos previstos: “No hemos sido ilegalizadas”, han asegurado.

La presentación ha contado con varias trabajadoras sexuales –seis mujeres, entre ellas dos actrices porno, y dos hombres–, que han reivindicado su actividad como un trabajo. “Vamos a exigir nuestros derechos, denegados durante tanto tiempo por el moralismo imperante de una supuesta izquierda” a la que critican por permitir “un escenario que beneficia al empresariado” ante la “vulneración de los derechos laborales”.

El pasado 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluía la constitución del sindicato en una resolución de la Dirección General de Trabajo que ha motivado el cese de la directora que autorizó esta inscripción por parte del Ministerio de Trabajo. La noticia ha generado gran polémica en las últimas semanas y el departamento dirigido por Magdalena Valerio ha decidido iniciar los trámites para impugnar el sindicato tras reconocer que “me han metido un gol”.

Ante la habitual lentitud de este tipo de procedimientos, OTRAS continúa con su actividad después de que, tal y como ha confirmado la secretaria general, Conxa Borrell, la organización no ha recibido ninguna comunicación oficial o extraoficial por parte del Gobierno. Con quien sí ha mantenido diálogo es con Ciudadanos y Unidos Podemos, han comunicado las trabajadoras sexuales lamentando que el resto de grupos parlamentarios “ni siquiera hayan contestado a las cartas que les hemos enviado”.

Responden a las acusaciones

El sindicato ha aprovechado para denunciar la vulnerabilidad a la que suelen enfrentarse las trabajadoras sexuales, que aseguran ser “atacadas en las calles de nuestras ciudades con ordenanzas municipales”, explican señalando directamente a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. “Está siendo el pretexto perfecto donde se esconden el Gobierno y los ayuntamientos para perseguir a las mujeres migrantes”. Según datos del Ministerio de Interior, la policía usa esta norma para tramitar una denuncia diaria contra prostitutas por “exhibición obscena”.

OTRAS hace hincapié en que identifica el trabajo sexual con un concepto amplio del mismo, en el que incluye no solo la prostitución, sino también, entre otras, las actrices porno: “Estamos a la merced de productoras y directores, de la industria. Necesitamos un marco legal que permita que denunciemos situaciones de abuso y podamos trabajar en condiciones normales”, ha incidido la actriz Anneke Necro, presente en la rueda de prensa.

Sobre la polémica generada a raíz de la presencia de hombres como suscriptores de los estatutos, OTRAS insiste en que “hay hombres formando el sindicato porque hay hombres trabajadores sexuales”. Por otro lado, el sindicato ha respondido a las críticas vertidas sobre que uno de los firmantes sea Joaquin Pedro Donaire, vinculado a Aprosex, una asociación cuestionada por ofrecer cursos de formación para trabajadoras sexuales. “No tenemos nada que esconder. Simplemente alguien tenía que hacer la gestión ante el Ministerio de Trabajo y se ofreció. No creo que pase nada por que un hombre forme parte de un sindicato”, ha explicado Borrell.

“Respetamos lo suficiente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como para saber que ellos no permitirían que siguiésemos en libertad si tuviésemos que estar entre rejas”, matiza el sindicato, que ha puesto sobre la mesa la paradoja relativa a que los dueños de locales y clubes donde se ejerce el alterne sí puedan inscribirse en la Dirección General del Trabajo: “Intentan que no creemos un sindicato, pero no han tenido demasiados problemas con dejar que la patronal se asocie y haga lobby, que las personas que ejercemos trabajo sexual seamos explotadas laboralmente con el beneplácito de quienes pueden impedirlo y no lo hacen”.

Por último, han querido dejar claro su posicionamiento de condena frente a la trata de seres humanos y han reclamado una “clara diferenciación entre el libre ejercicio de la trabajadora y el tráfico y la trata”. “Ni le hemos colado un gol –mencionan en referencia a las palabras de la ministra Valerio– ni nos han ilegalizado, ni pueden hacerlo en base a la legalidad y ateniéndose a las reglas del juego legal, que no es lo mismo que el juego moral”, concluyen.

Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Con este nombre, este sindicato dedicado a “las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes” conseguía que la Dirección General de Trabajo aprobara sus estatutos hace unas semanas. Sin embargo, y tras saltar la noticia a los medios, el Ministerio de Trabajo anunciaba este jueves que ya ha iniciado los trámites para impugnar este sindicato por problemas “de fondo”. Paradójicamente, los dueños de locales y clubes donde se ejerce el alterne y la prostitución sí están registrados como asociación en la misma Dirección General: una sentencia de Tribunal Supremo de 2004 obligó a este organismo a hacerlo.

Después de un proceso de asambleas y debates en Cataluña en el que participaban mujeres que ejercen la prostitución, este julio sucedieron dos cosas. Por un lado, un grupo de quince mujeres creaban la sección sindical de trabajadoras sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Cataluña. Por otro, otro grupo decidía constituirse como sindicato propio y así iniciaba su andadura OTRAS, cuyos estatutos se publicaron en el BOE a comienzos de agosto después de su aprobación por la Dirección General de Trabajo.

“Me han colado un gol”, decía este jueves la ministra de Trabajo, Magadalena Valerio. “La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadores y trabajadoras del sexo, se dé cabida a la prostitución”, decía su departamento. En los estatutos de OTRAS, sin embargo, no aparece la palabra prostitución, sino trabajo sexual. Lo que parece un matiz sin tanta importancia no lo es: en España la prostitución no es ilegal, pero no se admite como relación laboral, mientras que otras actividades sexuales, como el striptease o el cine porno, sí son reconocidas como tal y quienes las ejercen pueden estar dadas de alta y cobrar legalmente por ello.

eldiario.es ha intentando contactar sin éxito con alguna portavoz de OTRAS. En un comunicado, el sindicato critica la decisión del Gobierno de impugnar sus estatutos: “Un gobierno que se declara feminista, pero que intenta impedir a toda costa que un grupo de mujeres españolas y migrantes se auto-organice y tenga mejores herramientas legales para luchar contra las condiciones abusivas de los empresarios”, dicen.

“La prostitución no es ilícita siempre que no se haga bajo la explotación que contempla el Código Penal. No se puede denegar el acceso a la sindicación previendo que se va a hacer algo ilegal. Es un derecho fundamental protegido por la Constitución”, aseguran fuentes jurídicas consultadas. Es decir, la impugnación preventiva de unos estatutos que no mencionan actividades ilícitas es cuestionable. De suceder a posteriori, explican, siempre podrían iniciarse las acciones para impugnar al sindicato.

Los empresarios de clubes de alterne y prostitución por cuenta propia sí están legalmente organizados. Dos sentencias diferentes reconocieron su naturaleza y obligaron a la Dirección General de Trabajo a inscribirles en 2004. Es el caso de la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, dedicada a a proveer y gestionar locales hoteleros destinados a ofrecer “servicios o productos” a terceras personas “que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”.

Esto es, en un sector que, de facto, funciona, la parte patronal está reconocida legalmente, pero quien ejerce esos trabajos no tiene el mismo reconocimiento. La sección sindical de trabajadoras sexuales de Intersindical Alternativa Cataluña pretende empezar a dar pasos este otoño para mejorar las condiciones de las mujeres que ejercen el alterne y la prostitución. “Queremos interpelar a los empresarios. Los puticlub están reconocidos pero ellas no tienen contratos”, dice Paula Ezkerra, una de sus portavoces.

“Empresarios que bajo licencia de funcionamiento expedida por el Reino de España se llevan una buena tajada de lo que producimos a cambio de ninguna prestación de ley por no estar reconocido como trabajadoras, pero el Reino de España no duda en contabilizar los ingresos derivados de nuestra actividad dentro del PIB, eso parece que no les genera el menor conflicto ético, pero que un grupo de mujeres estigmatizadas e históricamente denostadas intente organizarse de manera autónoma, eso sí parece que les genera un conflicto grave”, prosigue OTRAS en el comunicado.

“Quieren alternativas”

Ahí entra en juego otro de los matices legales que conforman este escenario. Para la justicia, la barrera que marca el límite entre la relación laboral o no es el “acceso carnal”. En 2017 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que marcaba la diferencia entre una actividad y otra: si hay sexo no es posible reconocer una relación laboral, es decir, esa persona no es una trabajadora. Si no hay sexo y solo alterne, esto es, captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas, sí existe relación laboral entre quien ejerce la actividad y quien regenta el local donde se produce

En la sección sindical, cuya creación no requiere de ninguna autorización administrativa, hay mujeres que se dedican a la prostitución, pero también, por ejemplo, al 'pole dance' (barra americana) o a la “asistencia sexual” de personas con diversidad funcional. Buscan, dice Ezkerra, abrir secciones similares en otros sindicatos y extender su actividad a todo el país. Pero es consciente de las limitaciones: “Estas cosas nos obligan a ser muy cautas con los pasos que damos. Pero tenemos una demanda básica, que son los derechos laborales como los que puede tener cualquier otra persona y que el Estado luche contra el estigma puta que nos atraviesa a todas las mujeres”.

La socióloga y experta en el campo de la prostitución Beatriz Ranea duda de que el sindicato sea un instrumento necesario y útil para las mujeres que la ejercen y cree que este tipo de acciones legitiman, en la práctica, su regularización. “Dar luego marcha atrás es muy difícil”, dice la investigadora, que sí apuesta por la impugnación de un sindicato que se dedica principalmente a una actividad, la prostitución, que no está reconocida como relación laboral.

Ranea sostiene su posición con dos argumentos principales: “Muchas prostitutas están en situación irregular y están en la prostitución por eso, por lo que no se podrían sindicar. Además, muchas no quieren quedar registradas como tal. En mi experiencia trabajando con ellas veo que muchas están vinculadas a la prostitución por cuestiones socioeconómicas y de forma temporal. No quieren ser reconocidas como trabajadoras sexuales sino tener otras opciones”.