El operativo desplegado durante las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero —cuyo resultado aún no se ha traducido en la formación de un gobierno, a la espera de un acuerdo entre PP y Vox— ha supuesto un coste mayor a lo previsto: en torno a los 12 millones de euros.

La convocatoria de elecciones anticipadas tuvo como consecuencia que el Gobierno de Aragón se vio obligado a asumir el gasto en solitario, a diferencia de otras convocatorias en las que coincidían elecciones municipales y autonómicas y el Ejecutivo central se encargaba de la gestión de colegios electorales o la recogida de datos, tradicionalmente en manos del Ministerio del Interior. Así ocurrió en 2023, en cuyas elecciones el Ejecutivo autonómico gastó 3.930.260 euros, según consta en la liquidación del ejercicio.

De los 12 millones que supuso la convocatoria del 8F, casi cinco millones se destinaron al contrato con Indra para el tratamiento de datos; alrededor de 2,5 millones, a subvenciones electorales; otros 2,5 millones a infraestructuras (cabinas, papeletas o urnas). Y a eso hay que sumar unos dos millones a gastos de personal.

El Gobierno de Aragón ha evitado por el momento trasladar a elDiario.es el montante global del desembolso, aunque fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico lo confirman.

En relación con el último capítulo, los gastos de personal, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el pago de las gratificaciones a los funcionarios que participaron en el dispositivo electoral. Este importe, próximo a los dos millones de euros, incluye tanto al personal de las juntas electorales —Central, provinciales y de zona— como a las más de 6.500 personas que formaron parte de las mesas.

Malestar por el retraso

Aunque el retraso en los abonos ha generado malestar, el director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente, asegura a elDiario.es que los plazos son los habituales. Según explica, estos pagos se realizan una vez finalizado el proceso electoral y presentadas las liquidaciones correspondientes. Además, la Junta Electoral mantiene su actividad hasta 100 días después de los comicios, tal como establece el artículo 15 de la LOREG, para resolver recursos y completar trámites administrativos.

Lafuente subraya que se trata de miles de “micropagos” que se están tramitando desde los servicios de Intervención y Tesorería, y cuya demora responde a la necesidad de recopilar toda la documentación.

En la Junta Electoral de Aragón, las gratificaciones oscilan entre los 3.916 euros de la Presidencia, los 1.523 de la vicepresidencia, los 1.418 de los vocales y los 3.045 de la Secretaría. Por asistencia a sesiones, el presidente y el secretario perciben 82 euros, mientras que el vicepresidente y los vocales reciben 70 euros. El personal colaborador tiene un límite de 7.047 euros.

En las juntas electorales provinciales, las retribuciones en las más de mil mesas van desde los 3.617 euros del presidente hasta los 904 euros de los vocales no judiciales, pasando por los 1.582 euros del vocal judicial y delegado del censo y los 3.391 euros de los secretarios.

Más de 9.000 personas participaron en el dispositivo, procedentes de distintas administraciones y empresas. En total, se habilitaron 2.213 mesas en 999 locales electorales repartidos por 731 municipios, con un censo de 991.892 electores, además de 44.433 aragoneses residentes en el extranjero (CERA) distribuidos en 131 países.

Pagos y contrataciones

El resto del presupuesto se distribuye en una amplia variedad de gastos y contratos: desde los 455.000 euros destinados a compensar con 70 euros a cada una de las 6.500 personas que trabajaron durante la jornada electoral hasta la impresión de 15 millones de papeletas, actas y sobres, el transporte de urnas o la preparación de los materiales para las mesas.

También se incluyen los costes asociados a la seguridad, con la participación de 391 policías locales en 42 municipios, además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía autonómica.

Asimismo, más de 200 voluntarios de Cruz Roja, con unos 40 vehículos, facilitaron el traslado de personas con movilidad reducida. El operativo contó además con Protección Civil, bomberos, personal sanitario y técnicos especializados para garantizar el desarrollo de la jornada “con normalidad, seguridad y libertad”.

En paralelo, se impartió formación obligatoria a 1.300 representantes de la administración en 14 sedes, a quienes se entregaron tablets utilizadas por primera vez para la transmisión de datos.

Un reto organizativo en 54 días

La convocatoria anticipada —inédita en la comunidad— obligó a organizar todo el dispositivo en apenas 54 días, cuando lo habitual es disponer de cerca de un año.

Entre las novedades, destaca el envío de documentación en braille a personas con discapacidad visual, así como el diseño de cinco campañas institucionales: convocatoria electoral, instrucciones para mesas, voto por correo, voto CERA y voto accesible.

El despliegue técnico incluyó más de 3.000 metros de cableado, otros 2.000 de fibra óptica, dos grupos electrógenos y un equipo de más de 60 técnicos.

Los resultados se difundieron a través de una web alojada, por primera vez, en la nube de Amazon Web Services, con el objetivo de evitar colapsos y garantizar un acceso ágil.

Si los partidos catalanes tuvieran que ponerse de acuerdo en una sola cosa, seguramente sería en el carácter atípico que tiene esta campaña electoral. Sin grandes mítines, con actos telemáticos, sin un claro ganador y con un número de indecisos que puede inclinar la balanza hacia cualquier lado. Todo es diferente, salvo el dinero que se gastarán las formaciones, muy parecido al de los comicios de 2017 a pesar de la excepcionalidad de la situación.

De los partidos que han hecho públicos su presupuesto, el PSC es el que prevé invertir más dinero en la campaña para intentar que su candidato, Salvador Illa, se imponga en los comicios. Los socialistas prevén desembolsar 1.988.386 euros durante las semanas previas a las elecciones. Le sigue de cerca ERC, que tiene previsto invertir 1.901.000 millones en promocionar a su candidato Pere Aragonès. 

PP, Ciudadanos y Vox no han querido precisar su presupuesto a elDiario.es. Los populares aducen que todavía “no tienen la cifra”. La formación naranja señala que harán públicos sus números cuando la campaña esté “más avanzada”. Vox no ha respondido a las múltiples peticiones de esta redacción. 

Esta vez no habrá que alquilar grandes espacios ni tampoco gastar dinero en autobuses o personal de seguridad, pero son varias las formaciones que han aumentado su presupuesto respecto a los comicios del 21 de diciembre de 2017.

ERC prevé gastar un 10% más que en la anterior campaña y los socialistas aumentarán su gasto en un 15%. También la CUP ha incrementado su presupuesto y pasa de los aproximadamente 433.000 euros de 2017 a un presupuesto de 547.425 euros. Fuentes del partido precisan, sin embargo, que no prevén gastar todo lo presupuestado. “Los cálculos se hicieron pensando que tal vez se haría una campaña normal”, explican. “Al quedarnos sin actos el gasto será menor de lo previsto”.

Quién ha reducido sustancialmente la inversión en la campaña es En Comú Podem. La candidatura liderada por Jéssica Albiach ha pasado de gastarse 885.000 euros en las autonómicas de 2017 a tener un presupuesto de 595.000 euros para la campaña actual, lo que supone una reducción de más de un 30% del dinero presupuestado.

El PDeCat, que podría quedarse incluso fuera del Parlament –las encuestas le auguran una horquilla de entre 0 y 2 diputados– invertirá 1.243.000 euros en promocionar a sus candidatos. Una cantidad similar a la que invertirá el otro partido heredero de Convergencia, Junts, que gastará 1.293.750 euros para intentar aupar a Laura Borràs hasta el primer puesto en los comicios. 

Ambos partidos rivalizaron para ver cuál de los dos retenía los derechos electorales de Junts per Catalunya, que incluyen desde espacios electorales gratuitos en los medios hasta un remarcable anticipo electoral de 521.000 euros, según figura en la web de la Generalitat. Finalmente ha sido el PDeCat quien ha retenido estas ayudas y Junts, según aseguran en el partido, ha recaudado todo el dinero mediante una campaña de microcréditos a través de la red. “Ni subvenciones ni créditos a los bancos”, explican desde el partido de Carles Puigdemont. 

Entre las formaciones que han enviado un desglose de sus gastos –solo la CUP y el PSC, de manera parcial– se ve cómo buena parte de los recursos se destinarán al llamado mailing electoral, una vía de propaganda que suele absorber una parte considerable de los presupuestos electorales. El PSC prevé gastar 893.690 euros en enviar folletos a los domicilios catalanes. La CUP, por su parte, casi 200.000 euros. 

A finales de 2020 tanto algunos partidos como la Generalitat pusieron sobre la mesa la posibilidad de realizar un “mailing conjunto” que incluyera todas las papeletas electorales para ahorrar costes. La Generalitat finalmente gastará 5,2 millones de euros en enviar estas papeletas aunque, como se ve en algunos presupuestos, esto no ha logrado evitar que las formaciones empleen buena parte de su dinero en mandar propaganda a los buzones.  

En las anteriores elecciones, el partido que más dinero gastó fue Ciudadanos, que desembolsó 2,1 en la campaña que aupó a Inés Arrimadas a la victoria electoral. Le siguieron el PP y ERC, que desembolsaron 1,8 millones cada uno. El PSC gastó los mencionados 1,7 millones, Junts per Catalunya 1,4 millones, En Comú Podem 0,8 millones y la CUP 0,4 millones.

Coalición Canaria (CC) no escatimó en gastos durante la campaña de las elecciones autonómicas de mayo para tratar de contrarrestar el desgaste de 26 años en el Gobierno regional, de una vida anclada en el poder desde la fundación del partido en 1993 a través de una alianza de agrupaciones insulares, y de la imputación de su candidato a presidente, Fernando Clavijo, en el caso Grúas que investiga su gestión como concejal y alcalde del municipio de La Laguna.  

Según un informe publicado recientemente por la Audiencia de Cuentas, CC destinó 1,22 millones de euros a sufragar esa campaña, más del 40% de los gastos declarados por el conjunto de las formaciones políticas que obtuvieron representación en el Parlamento regional en esos comicios. Una cifra que supera en más de medio millón de euros la inversión realizada por la segunda fuerza que dispuso de más recursos, el PSOE (678.180,13 euros), y que multiplica por diez la del partido más austero, Sí Podemos, que dedicó 102.594,74 euros.

CC logró en esa cita 20 escaños, tres más de los que obtuvo en 2015. La proporción, sin embargo, es similar, ya que en 2019 eran 70 los diputados elegibles, diez más que en los anteriores comicios, tras la entrada vigor de la reforma electoral incluida en el Estatuto de Autonomía aprobado a finales de 2018.  Aún así, el escaño le salió caro a la formación que se define como nacionalista. Solo Nueva Canarias (NC), que gastó 394.347,88 euros y logró cinco diputados, y Ciudadanos, que invirtió 147.262,12 euros y consiguió colocar a sus cabezas de lista en Gran Canaria y Tenerife, rentabilizaron peor el dinero gastado en campaña a tenor de los resultados. Así, a la formación liderada por Román Rodríguez le ‘costó’ cada escaño 78.869,57 euros; al partido naranja, 73.631,06 euros, y a CC, 61.072 euros. 

En el lado opuesto se sitúa Sí Podemos, que consiguió cuatro representantes en el Parlamento con una campaña de poco más de 100.000 euros; el PSOE, que ganó los comicios con 25 diputados después de gastar 678.180,13 euros, y el PP, que logró 11 con una inversión de 343.410,38 euros. El ‘coste’ del escaño para estas tres formaciones se sitúa, por tanto, en 25.648,68, 27.127 y 31.219,12 euros, respectivamente, cantidades muy inferiores a la de los otros tres partidos que presentaron candidaturas en todas las islas. Un caso distinto es el de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que también logró representación en la Cámara regional (tres diputados), pero que solo se presentaba por la circunscripción de la isla colombina. El partido liderado por Casimiro Curbelo invirtió 12.509,04 euros en las autonómicas de mayo. 

El informe de la Audiencia de Cuentas revela que, de los aproximadamente 2,9 millones de euros declarados por estas siete formaciones políticas como gastos de campaña, tan solo 10.920,82 euros (un 0,4%) no fueron debidamente justificados. Los principales responsables de este pequeño desfase son el PP, que no acreditó a qué destinó 4.314 euros de su campaña, NC (3.301,17), el PSOE (1.979,43) y ASG (1.171,5). Ciudadanos y Podemos prácticamente cuadraron los números, con pequeños desbarajustes que ascendieron a 48 y 106 euros, respectivamente, mientras que CC justificó el 100% de los gastos que declaró ante el organismo auditor. 

CC y NC recurren a los préstamos bancarios

Según recoge el informe, los principales recursos financieros de las fuerzas políticas canarias en la campaña de las elecciones autonómicas de mayo provinieron de las propias aportaciones del partido, sin especificar su origen. De esta manera, Ciudadanos declaró que el 100% de sus fondos procedieron de esta vía, un porcentaje que se reduce al 85% en el caso de Podemos, al 67% en el del PP, y al 61% en el del PSOE. El peso de estas aportaciones fue muy inferior en las campañas de CC y NC, con un 14 y un 17%, respectivamente. Ambas formaciones pidieron créditos. El partido que tenía como candidato al actual senador Fernando Clavijo solicitó préstamos a entidades financieras por valor de 816.970,77 euros, es decir, aproximadamente dos tercios del importe que gastó en los comicios autonómicos. Por ello tuvo que pagar cerca de 16.000 euros de intereses. NC, por su parte, se financió en un 60% mediante la misma vía (213.450,50 euros), con unos intereses bastante inferiores (2.572,63). 

Otra fuente de financiación de las fuerzas políticas fue el adelanto de las subvenciones con cargo a los resultados obtenidos en las elecciones de 2015. Como ganadora en escaños -que no en votos, donde fue tercera-, CC recibió el mayor importe, 229.019,2 euros, el 19% de sus ingresos electorales, un porcentaje ligeramente inferior al de NC, que percibió 70.468,09 (un 19,7%). El peso porcentual de este recurso fue similar para PSOE y PP, en torno a un tercio de su financiación (212.348,67 para los socialistas y 114.201,26 para los populares), e inferior para Sí Podemos (15.908,01 euros, un 15%). Tanto el PSOE como ASG acudieron a la fórmula de los microcréditos, con los que lograron recaudar 50.900 y 5.350 euros, respectivamente. 

Aunque el informe no desglosa las cantidades declaradas como aportaciones de los partidos que derivan de donaciones de empresas, sí que hace referencia al caso de siete sociedades que, habiendo facturado más de 10.000 euros a algunas de las formaciones auditadas, no remitieron a la Audiencia la información sobre sus operaciones, como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Cinco de esas empresas financiaron la campaña del PP, una la de Ciudadanos y otra, la de Nueva Canarias. 

La confección de sobres y papeletas y la propaganda y publicidad dirigida a promover el voto a sus candidaturas constituyeron los principales gastos de los partidos en la campaña electoral. Si bien los porcentajes con respecto a la inversión total de cada uno de ellos no guardan demasiada diferencia, sí que destaca el gasto de 340.392,38 euros de CC en sobres y papeletas frente a los apenas 15.927,62 euros de Sí Podemos o los 55.114 del PP. La formación regionalista dedicó dos de cada tres euros de su campaña a publicidad y propaganda, un total de 813.646,26 euros, más del doble que la segunda en esta clasificación, el PSOE (386.206,1) y trece veces más que el partido más austero en este apartado, Sí Podemos (61.568,14). 

De los gastos declarados se desprende que solo el PSOE (10.897,44 euros), CC (8.421,06) y Ciudadanos (1.883) alquilaron locales de forma expresa para la campaña de las autonómicas de mayo. La formación naranja destinó además 18.138,75 euros a gratificar al personal no permanente que prestó sus servicios a las candidaturas. 

El PP de Castilla y León preveía su caída en las elecciones autonómicas de mayo y redujo su gasto de campaña a la mitad. Se destinó 277.256 euros en la campaña electoral de mayo, una cifra inferior a la que ha registrado en otras citas con las urnas. “Veníamos de obtener 66 diputados en el Congreso en las generales”, explica a eldiario.es el gerente de campaña del PP y responsable de publicidad y medios, Pedro Viñarás. Entre otros, por este motivo se decidió reducir la partida para las autonómicas. “En Madrid nos marcaron un límite de gasto y eso es lo que mantuvimos. El límite es lo que cumplimos”, añade. “Además, había elecciones autonómicas, municipales y europeas conjuntas... Hubo actos conjuntos y apostamos por poner más banderolas municipales que autonómicas”, asegura el 'popular'.

El PP rebajó a la mitad la inversión en publicidad y propaganda (hasta 93.083 euros) y los gastos por el alquiler de locales para mítines (hasta 9.634), según explica el informe sobre el examen de la contabilidad electoral elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

El partido podría haber emplado más dinero inicialmente y haberlo recuperado con las subvenciones que da la Junta y que le permitía aspirar hasta una subvención de 469.524 euros. “Yo creo que gastarse mucho dinero en campaña tampoco vale para tanto... se ha demostrado con las últimas elecciones generales, no se modifica realmente el voto por poner más dinero”, explica Viñarás.

La publicidad del PP en los medios de comunicación durante la campaña se redujo tanto que destinó menos presupuesto que el PSOE y Ciudadanos y superó a la partida de Podemos en apenas siete mil euros. Los 'populares', que en la pasada legislatura contaban con 42 procuradores (de 84), gastaron 27.377 euros en publicidad en prensa (un 70% menos), mientras que Podemos, que en esa legislatura contaba con 10 escaños, dedicó 20.043 euros.

El PP también recortó a la mitad la inversión en publicidad exterior como banderolas en postes o farolas y carteles en vallas, entre otros. El partido que dirige Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico, destinó 28.107 euros a la publicidad exterior. “Si tú llenas la ciudad de banderolas, parece que ese es el candidato ganador y hay gente que se puede sumar al carro, pero yo creo que no modifica mucho el voto. Cuanto menos se pueda gastar, mejor”, indica Viñarás. Lejos queda la época en la que el PP de Castilla y León declaraba invertir más de un millón de euros en la campaña electoral, como se destinó en los comicios autonómicos de 2007 y 2011. El año anterior a la crisis económica, el PP desembolsó 1,19 millones de euros y, en plena crisis, 1,08 millones de euros.

Los costes derivados del envío de propaganda y publicidad directa del PP no supera los 100.000 euros porque el partido decidió incluir los sobres y papeletas autonómicos al mailing municipal para reducir los desembolsos. “Somos más ahorradores que el PSOE. Podríamos haber mandado dos cartas sin ningún problema [la Junta también lo subvenciona] , pero no nos parecía muy bien, estaría mal visto”, explica el gerente de la campaña electoral. “Hacemos un servicio a la Comunidad no gastándonos ese dinero”, agrega.

El partido que más desembolsó para la campaña electoral del 26-M fue el Partido Socialista de Castilla y León: 813.460,71 euros, un 5,45% más que en las anteriores elecciones. Más de la mitad de este presupuesto se destinó a la publicidad y propaganda. De los 499.519 euros de publicidad, 82.973 se dedicaron a banderolas y carteles; y 83.272 a publicidad en los medios de comunicación, cifras ligeramente superiores a las que se contabilizaron en 2015. Los socialistas han reducido su gasto en las últimas elecciones un 14,75% en las últimas cuatro campañas electorales, puesto que en 2007 destinaron 954.162 euros.

Fuentes socialistas explican que el partido preveía mejorar sus resultados por eso plantearon una campaña “ambiciosa y exigente”. “Se puso el acento en una campaña, muy centrada en nuevas tecnologías, redes sociales y publicidad digital, que es cara. Eso ha diferenciado al PSOE respecto a otros partidos”, aseguran estas mismas fuentes, que destacan “la experiencia” del partido “a la hora de explorar las posibilidades legales de los gastos de Castilla y León”.

Con una redistribución de los recursos económicos, el PSOE prácticamente duplicó el desembolso en transporte hasta 36.825 euros. También incrementó un 761% la partida para correspondencia y franqueo, según los datos declarados por el PSOE, que gastó en este concepto 14.258 euros en 2015 y 123.049,27 euros en la campaña de este año. El PSOE también ha remunerado al personal vinculado a la campaña con 14.968 euros.

Todas estas cantidades las han pagado los ciudadanos y no los partidos, debido a que las formaciones y coaliciones políticas únicamente adelanta el dinero. Después, la Junta de Castilla y León otorga subvenciones para sufragar el precio de la campaña. La de mayo, en total, ha costado 1,3 millones de euros que han recibido los partidos en concepto de subvención. Ni PP ni PSOE superaron el gasto máximo previsto ni la subvención máxima a la que podían aspirar, por lo que la Junta ha subvencionado todas las inversiones de 'populares' y socialistas.

Las ayudas públicas se fijan en función de los resultados. Se entregan 10.205,62 euros por cada escaño obtenido y 0,40 euros por cada voto conseguido en cada circunscripción en la que se ha obtenido un escaño como mínimo. Además, Castilla y León subvenciona a los partidos y coaliciones los gastos originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral: 0,19 euros por elector, siempre que la candidatura de referencia haya obtenido representación parlamentaria. Además, la Junta proporciona un anticipo de la subvención en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones: el 30% de la subvención de 2015 como máximo.

Partidos que pierden dinero

Así, PP, PSOE, Vox y Por Ávila han recibido la totalidad de los gastos de campaña que han declarado. Sin embargo, otros partidos han perdido dinero. Entre ellos, Ciudadanos y Podemos. El partido de Francisco Igea destinó 237.129 euros en las dos semanas de campaña, que se tradujo en 12 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El presupuesto de Ciudadanos aumentó un 335,12% respecto a la cita de 2015, cuando desembolsaron 54.497 euros. Desde el partido atribuyen este incremento a que hace cuatro años Ciudadanos no contaba con una implantación en España ni diputados.

En mayo la estructura se había consolidado con presencia política en casi todas las comunidades y el partido tenía más capacidad económica, que de nuevo se verá reducida tras las elecciones de noviembre que les dejaron con 10 diputados en el Congreso. Por otra parte, Ciudadanos Castilla y León no ha declarado ningún coste por envíos directos de propaganda y publicidad electoral. A pesar de todo, Ciudadanos ha superado el desembolso económico con respecto a la subvención máxima. El límite de esta ayuda para gastos ordinarios de Ciudadanos es de 202.619 euros, por lo que el partido ha tenido que asumir 34.510 euros.

La coalición de Podemos con Equo, encabezada por Pablo Fernández, también ha tenido que asumir gastos, puesto que la subvención de la Junta solo ha bastado para cubrir la mitad del coste de la campaña. Como solo obtuvo dos procuradores y, en correspondencia con los votantes conseguidos, Podemos aspiraba a una subvención máxima de 31.753 euros, pero destinó 61.617 euros en las dos semanas previas a las elecciones autonómicas.

El gasto de la Unión del Pueblo Leonés (63.270 euros) también ha superado la subvención (57.011 euros) que le ha asignado la Junta de Castilla y León en función de sus resultados en las autonómicas, con un solo procurador.

Financiación de las campañas

El Consejo de Cuentas también hace públicos los datos de la financiación de las campañas. ¿De dónde procede el dinero? De los anticipos que proporciona la Junta de Castilla y León, de los propios partidos y coaliciones o incluso de créditos, como el PSOE. Los socialistas recibieron un anticipo de la subvención (231.416 euros), dos créditos concedidos por Caja Rural de Zamora (con límites de 241.000 y 259.000 euros), y fondos provenientes de aportaciones de la formación (76.21 euros). Ambos crétidos tenían un tipo de interés del 2,5% fijo, y del 0,5% del saldo no dispuesto.

El PP solo pidió un anticipo de 160.797 euros, y el partido aportó la cantidad restante: 118.038 euros. Ciudadanos percibió un anticipo de 16.349 euros y la formación depositó 222.300 euros. Podemos y UPL también obtuvieron un anticipo de las subvenciones, de 18.553 y 17.291 euros, respectivamente. Podemos-Equo también financió su campaña con fondos propios (45.321 euros) , algunos procedentes de microcréditos de particulares (39.250 euros). La UPL recibió, además del anticipo, un préstamo con garantía personal a la Caja Rural de Zamora para la financiación de capital circulante por importe de 75.000 euros. El 50% fue destinado a financiar el proceso electoral autonómico, con una duración de 48 meses desde su formalización y un tipo de interés deudor anual del 2,25%.

Izquierda Unida, obligada a devolver el anticipo de la subvención

La coalición de Izquierda Unida no obtuvo los resultados deseados en los comicios de mayo, que aspiraba a tener grupo propio y perdió su único procurador, José Sarrión, que dimitió poco después del 26-M. IU gastó en las dos semanas de campaña 85.594 euros, la mayoría de los cuales fueron destinados a costes de publicidad y propaganda (54.738 euros). Sin embargo, al no obtener representación en las Cortes de Castilla y León, no ha recibido ninguna subvención. De hecho, ha tenido que devolver el anticipo de 10.000 euros que adelantó la Administración autonómica. El resto de la financiación necesaria ha procedido de los fondos de IU, Anticapitalistas y Partido Castellano, además de un particular que aportó 600 euros.

Los partidos políticos no han sido capaces de pactar una reducción del gasto que acarreará la repetición electoral del 10 de noviembre. Cada uno, por sus propios motivos. Los cuatro grandes sí suscribieron un acuerdo limitado a la llamada propaganda exterior (carteles, banderolas,...). Pero una parte muy importante del coste que asumen las candidaturas ha quedado fuera: el envío de propaganda y papeletas electorales por correo a cada hogar de España, el denominado mailing electoral. Una partida del gasto que ha ido incrementando su presencia con el paso de los años y las citas electorales. De los ocho millones de euros de 1986 (actualizado según el IPC) a los 26 millones de 2016, los últimos comicios fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Ciudadanos y Unidas Podemos se sumaron a regañadientes a la propuesta lanzada por el PSOE para evitar quedar señalados como responsables de no alcanzar un acuerdo para reducir el coste de la campaña. Pero ambos proponían añadir un sistema de envío único que reduciría los costes de forma sustancial. Además, lograrían uno de sus principales objetivos: colocar su papeleta en la mayoría de los hogares de España, algo a lo que ahora no pueden aspirar. PP y PSOE, por su lado, son conscientes de la gran ventaja que obtienen al dominar ese mailing electoral. Y no están dispuestos a perderla en unas elecciones que prometen ser muy reñidas.

La clave está en las subvenciones postelectorales. Es decir, el dinero que el Estado devuelve a los partidos en función de los resultados electorales obtenidos. Porque solo se reintegra el gasto generado en los envíos hechos en las circunscripciones donde una determinada candidatura ha obtenido representación (diputado o senador).

Si un partido remite decenas de miles de cartas a los habitantes de una provincia y luego no logra al menos un diputado tiene que asumir el coste de dichos envíos. Algunas de las grandes deudas que han acumulado los partidos medianos en las últimas décadas, con IU como paradigma, tienen precisamente su origen en unas expectativas demasiado altas en unos resultados que luego no se produjeron, lo que redujo mucho las subvenciones a recibir.

De 8 a 26 millones en tres décadas

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar los gastos de las distintas candidaturas. Aunque todavía no se han publicado los datos de las elecciones generales del 28 de abril, los últimos informes accesibles dan cuenta de la importancia creciente del mailing electoral.

En junio de 2016, los partidos políticos justificaron un gasto electoral de 26 millones de euros. En diciembre de 2015, el costo fue de 36 millones. En esas mismas citas electorales, el gasto en el envío de propaganda electoral fue de 26 y 19 millones, respectivamente. En 2011, otra vez de 26 millones.

En el desglose por partidos del cuadro inferior se puede apreciar cómo algunos partidos mucho gastan más dinero en el envío de propaganda electoral que en los gastos ordinarios. En otros, es casi lo mismo. Y en los dos mayoritarios, un tercio del total. En todos ellos, en cualquier caso, el mailing es uno de los epígrafes que más dinero supone.

El repositorio de informes del Tribunal de Cuentas permite acceder a la fiscalización que el organismo ha hecho de las diferentes elecciones generales desde 1986. Aquél año, los partidos se gastaron alrededor de 5.880 millones de pesetas, unos 35 millones de euros que, ajustado al IPC de 2019, supone un total de 95 millones de euros.

Es preciso recordar que en los años 80 y principios de los 90 la inflación (el aumento de los precios) se convirtió en uno de los grandes problemas de la economía española. 

En aquellas elecciones que el PSOE de Felipe González ganó por mayoría absoluta, los partidos destinaron ocho millones de euros (a precio de 2019) en el mailing. Solo el gasto del PSOE en “propaganda y publicidad” en 1986 fue equivalente a 25 millones de euros de hoy en día. 

Los informes del Tribunal de Cuentas confirman que el interés por el envío de propaganda fue en aumento. Los datos de 1989 no están desagregados, pero en 1993 la cuantía ascendió a 25 millones de euros. En 1996, uno más. Unas cifras que se han mantenido más o menos constantes a partir de entonces, con oscilaciones entre los 25 y los 30 millones de euros. Salvo en 2015, cuando ascendió a los 36. El dato de 2019 está pendiente de auditar.

De casa a la urna, con la papeleta preparada

La lucha por regular el envío de información electoral de los partidos revela su incidencia real en los resultados que logran las formaciones. “No hay que perder el objetivo de que los ciudadanos puedan disponer de toda la información y llevar las papeletas desde casa”, declaró el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en esRadio a cuenta del acuerdo para reducir el coste electoral.

Ese “llevar las papeletas desde casa” es clave, sobre todo, en el mundo rural. En las provincias menos pobladas y que reparten menos escaños. Es ahí precisamente donde más difícil tienen su penetración los partidos medianos, ya que el sistema electoral prima a las candidaturas mayoritarias. Fue donde se estrelló de forma reiterada IU y donde Podemos y Ciudadanos han logrado pequeños triunfos muy fáciles de perder, como le ocurrió al partido de Pablo Iglesias entre 2015-2016 y 2019.

En el PSOE tienen una opinión similar. En una nota de prensa remitida el pasado 2 de octubre reconocía que el 44,2% de los electores acudió a votar con la papeleta preparada desde casa, según los datos del CIS postelectoral tras el 28A. Si esos electores solo reciben dos papeletas es más probable que opten por una de ellas que si reciben cuatro, cinco o seis.

También en Ciudadanos defienden que el mailing electoral “sirve para acercar las propuestas de los partidos políticos a todo el censo” y creen que “debe hacerse de acuerdo a criterios de eficiencia y racionalidad. En el partido de Albert Rivera señalan que el envío único ”se practica en países como Francia“ y calculan ”un ahorro de en torno a 20 millones de euros“.

En Podemos, como en Ciudadanos, recuerdan que son los dos grandes partidos los que acumulan la mayoría del gasto en envío electoral. Y denuncian que “PP y PSOE prefieren que el Estado acumule un gasto de decenas de millones de euros en lugar de hacer un único envío. Así se garantizan que las papeletas del resto de partidos no llegan a todos los hogares”.

Con información de Irene Castro, Carmen Moraga y Sofía Pérez Mendoza.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes un suplemento de crédito destinado a dar cobertura al gasto que generará en Aragón la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, previstas para el próximo 26 de mayo. El gasto estimado, han apuntado, que deberá ser ejecutado por el Departamento de Presidencia del Ejecutivo autonómico, asciende a 3.927.447,00 euros, que se financiará con baja en una partida de “intereses de operaciones financieras con el Estado”.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, determina que será competencia de los consejos de gobierno de las respectivas comunidades autónomas cubrir las necesidades personales y materiales de la Administración Electoral encargada de llevar a cabo las elecciones a las Asambleas Legislativas de dichas comunidades. Por lo tanto, es necesario prever las necesidades que se derivarán de la aplicación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, a fin de garantizar el ejercicio del sufragio en los comicios previstos para el 26 de mayo.

Dado que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018 se ha visto prorrogado, han explicado desde el Gobierno autónomo, el Departamento de Hacienda y Administración Pública debe adoptar las medidas que garanticen la existencia de crédito en las aplicaciones presupuestarias del programa de gasto electoral.

“Puesto que la dotación contemplada en el presupuesto prorrogado asciende a 12.000 euros -importe insuficiente para dar cobertura al gasto derivado del proceso electoral previsto- se hace necesaria la aprobación de un suplemento de crédito que permita la dotación del crédito adecuado y suficiente para afrontar dicho gasto”, han concluido.

Durante la larga campaña que precedió a las elecciones generales de junio de 2016, los diferentes partidos políticos se esforzaron en proponer medidas de ahorro para restar dramatismo a la repetición de los comicios y paliar el hartazgo de la ciudadanía que empezaban a airear las encuestas. Se filtró en pleno proceso de negociaciones, en el que Mariano Rajoy intentaba buscaba el apoyo del PSOE para formar Gobierno, que el coste para el Estado de unas generales es de 130 millones de euros. Eso, sin apuntar las asignaciones a los partidos.

El final es conocido, pero durante aquellos días hubo reuniones de las distintas formaciones políticas en las que se habló de rebajar la inversión en publicidad y propaganda y se esgrimieron vanos compromisos para realizar actos más austeros.

Incluso se valoró acortar la campaña, una idea que en principio pareció bien a dirigentes de todas las siglas, incluido el ministro de Justicia, de entonces y de ahora, Rafael Catalá, quien defendió “no torturar” a los votantes “con dos semanas de mítines”. Al final no hubo acuerdo y fue una campaña de 15 días, como las de toda la vida... a la que hubo que sumar la larguísima precampaña. 

La factura de todo aquello la acaba de revelar el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos. Según los gastos que declararon al órgano de control las 18 formaciones que concurrieron a los últimos comicios -siete menos que en las de 2015- el ahorro global en los costes de campaña fue de 12 millones de euros: pasó de 57,7 millones a 45, una caída del presupuesto del 22%.

La doble convocatoria supuso una inversión a los partidos de 102 millones de euros. Como siempre, la gran mayoría se cubrió con subvenciones y deudas bancarias, salvo Podemos que recurrió a microcréditos para completar el presupuesto de las ayudas públicas.

Por siglas, el ahorro en la segunda cita electoral no ha sido uniforme. El Partido Popular fue el que más recortó, al pasar de los 18,8 millones que invirtió junto con sus coaliciones en los comicios de diciembre a pagar 12,1 el 26-J. La rebaja no impidió, una vez más, que fuera el partido que contó con más fondos.

Ciudadanos, tal vez la formación más esforzada en vender las bondades de la austeridad electoral durante la precampaña, fue el único de los grandes partidos que engordó su factura en junio. Según el Tribunal de Cuentas pasó de invertir 7.724,534 euros en diciembre de 2015 a gastar 8.189.532, seis meses más tarde. El PSOE rebajó sus pagos de 13,6 millones a 11,5. Y Unidos Podemos gastó casi cuatro millones de euros en junio, frente a los cinco que habían gastado en 2015 por separado el partido de Pablo Iglesias (2,8 millones) e Izquierda Unida (2,2 millones).

Pese a los repetidos intentos en el Congreso para suprimir el buzoneo de las papeletas, que ya venía intentando sin éxito UPyD desde 2008, ese envío de propaganda electoral sigue comiéndose una porción ingente del presupuesto de los partidos. En él apenas se ahorraron 700.000 euros, un 3,6% de la partida. La factura de esos millones de cartas que se mandan a los domicilios pasó de 19.151.260 euros en diciembre de 2015 a 18.454.56 en junio de 2016.  

Una línea roja para el PP

El PP,  que siempre ha considerado una línea roja la eliminación de las papeletas por correo, ha mantenido prácticamente intacta esa partida, que pasó de 6,2 millones a 5,9 en la repetición de las generales, incluyendo todas las coaliciones a las que se presentó. Invierte en esas remesas de propaganda electoral el doble que Unidos Podemos, pese a que la coalición también incrementó su inversión en ese capítulo hasta los 2,8 millones en la última campaña, frente a los 1,9 que Izquierda Unida y Podemos habían gastado por separado en 2015.

Gasto en propaganda electoral de los cuatro principales partidos en las dos últimas elecciones generales

Fuente: Tribunal de Cuentas

Ciudadanos, que también había reclamado un envío conjunto de todos los partidos para abaratar el precio en Correos, aumentó el gasto en el envío postal de papeletas 100.000 euros escasos, hasta los 3,4 millones de euros. El PSOE, en cambio, rebajó esta partida de su presupuesto, que pasó de 6,2 millones hasta 5,2 en las segundas elecciones de Pedro Sánchez.

La edición y venta del programa-catálogo con el que Podemos intentó aumentar la difusión de su propuestas ante las elecciones generales de 2016 no formó parte de los gastos electorales del partido. Es la respuesta a la publicación este martes por parte de Abc de una información que apunta a un supuesto fraude de ley de Podemos el 26J. Un portavoz del partido partido ha asegurado que el programa Ikea formó parte de un sistema de financiación de la fundación Instituto 25M, junto con otros productos de mercadotecnia, y recuerdan que todavía hoy se pueden comprar.

“La noticia es falsa. Confunde gastos electorales y la actividad de la fundación”, ha señalado la dirigente del partido, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. Montero ha recordado que toda la información económica, tanto de la fundación como del partido o de los distintos grupos parlamentarios, está publicada en la página web de Podemos.

“Las facturas a las que hace referencia Abc no son gastos electorales en ningún caso”, ha explicado de forma oficial el partido de Pablo Iglesias a eldiario.es. Una portavoz de Podemos recuerda que “la venta del programa electoral del 26J se llevó a cabo desde el Instituto 25M , desde la tienda donde la fundación proporciona distintos productos de merchandising, libros, etcétera”.

Podemos rechaza ningún tipo de financiación ilegal ya que los ingresos de la venta del catálogo así como de otros productos “repercuten solo en la propia fundación” y sirve para financiar las sedes culturales del partido, las llamadas moradas, la universidad de Podemos y demás actividades de la fundación.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en una entrevista en Rne que “todo es perfectamente legal”. “Nosotros el famoso catálogo de Ikea lo vendíamos a 1,80 euros y uno no puede vender material con dinero subvencionado por la subvención electoral”. Por eso, ha insistido en que el método que utilizó Podemos es “perfectamente legal”, informa Europa Press.

“Mi experto del partido en financiación me explica que hemos hecho las cosas bien. Se nos acusa de nuevo desde un medio de comunicación, no desde un juzgado de haber hecho las cosas mal”, ha argumentado.

Ciudadanos no consigue zafarse de las sospechas de que ha financiado ilegalmente sus campañas electorales, justo cuando está a punto de que comience la del 26J para la que el propio partido naranja reclama “austeridad”. La última denuncia ha afectado directamente al propio Albert Rivera. Según publica el diario La Razón, la Cámara de Cuentas de Madrid detectó a finales de 2015 que el partido había pasado la factura de 35 plazas de hotel, entre ellas la de Rivera, correspondientes a la noche electoral de las autonómicas del 24-M, al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid. Una ilegalidad en toda regla.

La dirección del partido lo niega y asegura a eldiario.es que “el pago del hotel se facturó a la cuenta del partido abierta específicamente para la campaña, no desde el grupo parlamentario”. “Nuestra propia factura explica los conceptos con claridad, sin ningún animo de ocultar nada, nosotros entendemos que es gasto electoral, aunque la Asamblea no”, afirman.

Esta denuncia se une a otras que han ido surgiendo y que vulneran la ley de financiación de partidos y la de Bases de Régimen Local, que prohíbe a los partidos pagar sus gastos de campaña con las subvenciones que reciben los grupos municipales o parlamentarios, que deben ser destinados únicamente para el funcionamiento de dichos grupos y nunca para otros fines.

Sin embargo, se ha comprobado que la dirección de Ciudadanos obliga a sus cargos a la firma de una “carta ética” en la que se comprometen a ceder el control y la fiscalización del dinero de estas subvenciones a la propia dirección del partido que, según han denunciado diversos cargos, lo utiliza en lo que le parece oportuno. Entre otras cosas, para pago de créditos bancarios contraídos por las campañas. Los administradores de estas cuentas son el vicesecretario general y número dos del partido, José Manuel Villegas, y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado.

La información de La Razón abunda ahora en estas ilegalidades. En concreto, explica que el gasto de 2.700 euros de habitaciones de hotel durante la noche del cierre de la campaña autonómica madrileña, “permitió que Rivera pernoctara (en una habitación triple) y también diez de sus diputados en esta comunidad (los primeros de la lista y miembros de su equipo, en 14 dobles y 4 individuales) en un hotel de la capital la noche de los comicios” que se facturó al grupo de la Asamblea. Algo que según explica en su informe la Cámara de Cuentas no debió hacer. “Los gastos anteriores no son propios de la campaña, ya que se producen una vez finalizada ésta, ni tampoco son necesarios e inherentes al proceso electoral, ya que se trata de alojamientos en la propia ciudad de Madrid para los candidatos a la Asamblea de Madrid, y para otras personas, que ni siquiera reúnen la condición de candidato”, les amonesta. 

Ciudadanos se defiende diciendo que “el informe de tribunal informa que gastamos apenas el 60% del valor que teníamos derecho por subvención de los resultados electorales”. “Nos descuenta del valor a recibir como subvención un concepto de una factura por valor de 2.700 euros” que fue el coste de las habitaciones de la noche electoral“.

“La subvención de los gastos electorales –explican fuentes del partido a eldiario.es– termina a las 24.00 horas del día de las elecciones y entienden que ese gasto está fuera de plazo”. “El resultado es que nos descuentan este valor, y no lo cobramos como subvención, es decir, no tenemos que devolverlo, porque no lo llegamos a recibir”.

No obstante, en el partido de Rivera aseguran que “aceptamos la resolución y no presentamos recurso a la decisión” ya que “nuestra propia factura explica los conceptos con claridad, sin ningún animo de ocultar nada, nosotros entendemos que es gasto electoral, la Asamblea no”. “Lo aceptamos y punto”, concluyen.    

Se da la circunstancia de que también se acaba de destapar que el partido pasó a su grupo parlamentario de Murcia los gastos tanto del acto central de la campaña a las generales celebrado en Cartagena como del acto de presentación de los candidatos en precampaña. Incluso facturó un reportaje fotográfico de Rivera. Precisamente, el 22 de abril, el partido destituyó al delegado territorial de Murcia, Mario Gómez, por pagar de forma irregular facturas de la campaña electoral a través de grupo parlamentario y no a través del partido.

También hubo denuncias de pagos irregulares en La Rioja. En concreto, se contrató de forma ilegal a la delegada territorial, María Luisa Alonso, cuya nómina se pagaba a cargo del grupo municipal. Asimismo se destapó que se pagaba al delegado del País Vasco, Nicolás de Miguel, a costa del grupo parlamentario. La dirección de Ciudadanos achacó estas irregularidades a “errores administrativos”. Sin embargo, la dirección nacional del partido decidió poco después cesar a toda la cúpula riojana, algo que fuentes de los propios cesados atribuyeron a “represalias por haber denunciado estos pagos”.

Antiguos militantes del partido de Rivera han llevado estos casos ante la Fiscalía Anticorrupción para que determine si incurren en financiación ilegal.

La nueva reunión de los partidos para cerrar un pacto sobre la rebaja de gastos electorales se ha saldado sin acuerdo. “Ha sido un fracaso en toda la regla”, ha reconocido Jorge Esparza, secretario de Organización de UPN, partido impulsor de las reuniones que los representantes de las formaciones políticas han celebrado en el Congreso. El único compromiso alcanzado ha sido el de reducir voluntariamente los gastos que realizó cada partido en la campaña del 20D. El PP gastó 12 millones de euros en las anteriores elecciones, el PSOE, 9 millones, mientras Ciudadanos invirtió 4 millones, Podemos, 3,6 millones y Unidad Popular-IU, 2,5 millones de euros.

Los partidos habían asegurado la semana pasada que intentarían reducir la publicidad exterior, que fue de seis millones de euros de gasto total para los cuatro grandes partidos en la última campaña. Aunque no todos los grupos están de acuerdo en este punto, tanto José Manuel Villegas, de Ciudadanos, como Óscar López, del PSOE, y Fernando Martínez Maillo, del PP, han adelantado la disposición de sus respectivos partidos a prescindir de la cartelería exterior. Segundo González, portavoz de Podemos, ha reconocido que para su partido esto no supone ningún problema ya que no hacen ese tipo de inversión electoral.

Sobre el mailing el desacuerdo ha sido también absoluto dada la oposición del PP y del PSOE a que sea el Estado el que haga un único envío como proponen Podemos y Ciudadanos para adelgazar considerablemente los cerca de 50 millones de euros que cuesta el buzoneo. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conjunto en este punto, la propuesta del PSOE era rebajar la subvención por envío de 0,18 euros actuales a 0’15. Compromís ha planteado enviar las papeletas sin sobres electorales, lo que a juicio de Joan Baldoví rebajaría considerablemente el coste del envío.

El portavoz del PP, Martínez Maillo, ha llegado a decir que sería “ilegal” que haya un único envío de mailing y ha ironizado con que la única solución entonces sería que “hubiera tras la elecciones un único grupo parlamentario en el Congreso”.

Por su parte, la diputada de IU, Sol Sánchez ha destacado que “no todos los partidos entienden la austeridad de la misma manera”.“El enfoque para reducir los gastos generales es distinto pero tampoco creo que haya sido una gran sorpresa para nadie que no hayamos llegado a un acuerdo”, ha lamentado Sánchez, cuyo partido arrastra una deuda importante por lo que ya hizo una fuerte contención de gasto en la campaña del 20D, en la que invirtió menos de 2,5 millones de euros.

PP, PSOE, UPN y PNV llegaron a la nueva reunión en el Congreso con propuestas concretas. Los populares y sus socios navarros de UPN, impulsores de las reuniones, han planteado que la rebaja del gasto total en campaña sea proporcional al tamaño de cada fuerza política. Es decir, que para los dos principales partidos, PP y PSOE, sea entre el 25 y el 30% sobre lo que gastaron en la campaña del 20D; que para Podemos y Ciudadanos suponga entre el 10 y el 20%; y que el resto rebaje únicamente un 10%. La propuesta no ha sido bien vista por Ciudadanos y Podemos.

Ciudadanos sugería una rebaja general del 50% que dejaría el límite del gasto por partidos en seis millones y medio de euros. Podemos, ha propuesto dejarlo en algo más de tres millones, es decir, rebajar el 70% del límite del gasto electoral de los 12,5 millones de tope que tiene cada partido, algo que para el PP es una “propuesta trampa”.

El PNV, partido que solo se presenta en Euskadi al igual que otros partidos nacionalistas y regionalistas, ha propuesto escalonar la rebaja del techo de gasto en función del número de habitantes ante los que cada fuerza presente listas: 30% para 20 millones o más; 20% para entre 10 y 20 millones; y 10% para el resto. Los nacionalistas vascos son reacios a una reducción drásticas de los gastos electorales porque consideran que no pueden competir en cuanto a “visibilidad” con los cuatro grandes partidos, y así lo ha expresado el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, al término de la reunión.

Al final, se ha constatado el fracaso por lo que no habrá más reuniones y cada partido acometerá los recortes en la campaña del 26J que considere oportunos.

El desacuerdo que hubo el pasado jueves entre los partidos sobre la reducción global de los gastos electorales ha vuelto a poner en tela de juicio si realmente hay voluntad política para recortar drásticamente la gran inversión que se realiza en las campañas electorales. La reunión se saldó con importantes discrepancias tanto sobre el techo de gasto como sobre el mailing o buzoneo con la propaganda de las candidaturas que reciben en sus domicilios todos los ciudadanos antes de la cita con las urnas.

¿Es posible realmente rebajar gastos en esta campaña del 26J? Todos los portavoces de los grupos parlamentarios reconocen que sí, aunque luego les cueste concretar en qué partidas. Ante esta pregunta lo primero que conviene saber es que las elecciones generales del pasado 20 de diciembre de 2015 costaron al Estado nada menos que 130 millones de euros, que desglosados fueron a parar -euro arriba o abajo- a las siguientes partidas: 48 millones de Correos, para el voto a distancia y envío de propaganda electoral; 12,8 millones en escrutinio y la difusión de los datos; otros 12,5 millones de logística, para urnas, cabinas,papeletas, locales y campañas de difusión; y 55,1 millones que se dejaron en total las diferentes administraciones públicas en todo el proceso. De esa cifra, Interior asegura que el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones de euros.

En qué se gastaron los 130 millones de las elecciones generales del 20D

Fuente: Ministerio del Interior

En las pasadas elecciones el límite de gasto para cada partido quedó establecido en 13,5 millones de euros. Para estas nuevas elecciones el Gobierno acaba de establecer un techo de financiación de algo más de 120 millones de euros. El PP fue el partido que más gastó el pasado 20D, rondando casi el tope con 12,7 millones de euros. La formación de Mariano Rajoy no ha ofrecido más datos, es decir, que no ha precisado posteriormente cuánto destinó a cartelería, vallas, banderolas, organización de mítines o para publicidad en medios. Tampoco desglosa sus gastos Ciudadanos, que invirtió en aquella campaña cuatro millones de euros.

Sí los ofrece el PSOE, que se gastó en total cerca de 9 millones de euros. Los de Sánchez afirman en su página web que destinaron 8.651.155,34 a “gastos electorales ordinarios”. Entre los datos que dan a conocer destacan los de publicidad, propaganda y relaciones públicas para los que destinaron 5.255.198,38 euros. Para publicidad en prensa y radio, 1.993.853,25 de euros y para publicidad exterior 2.012.892,79 de euros.

Podemos se gastó con las confluencias en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana cerca de tres millones de euros. La formación de Pablo Iglesias también ofrece datos en su web.Por ejemplo, explica que en publicidad en prensa invirtió 16.000 euros; en radio 6.000 euros, mientras en redes sociales la cifra llegó a los 56.000 euros, mientras que en publicidad exterior destinó 8.500 euros. IU se gastó por su parte en la campaña 2,5 millones de euros.

Cuánto gastaron los partidos en el 20D

Fuente: partidos

Precisamente, uno de los puntos de discrepancias en la reunión de los partidos ha sido si se rebaja el gasto global permitido en las campañas o se reduce el gasto real que realizaron los partidos. El PP y el PSOE proponen reducir un 30% lo que cada formación invirtió en la campaña electoral del 20D. Podemos sugiere que el tope se establezca en tres millones de euros por cada partido, y Ciudadanos propone reducir a la mitad el límite actual, es decir, de 13 millones de euros, hasta 6,5 millones.

Con todo, la mayor fricción en la reunión de los partidos se centró en el buzoneo. En la actualidad, cada formación envía al domicilio de cada elector las papeletas de sus candidaturas. El Estado abona posteriormente al partido 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista, tanto al Congreso como al Senado, siempre que obtenga votos suficientes para constituir luego grupo parlamentario. Esto supone un desembolso público de más de 50 millones de euros. Esta subvención estaba antes en 0,22 euros por elector pero se rebajó en las últimas elecciones a 0,18 euros.

El PP y el PSOE quieren que se sigan enviado cartas a todos los ciudadanos. Los socialistas, no obstante, están dispuestos a valorar nuevos cambios en el mailing y dejar la subvencion en 0,15 euros por elector, una rebaja . Podemos y Ciudadanos plantean que haya un único envío por parte de Estado con la propaganda de todos los partidos lo que ahorraría mucho dinero.

Subvenciones del Estado

Subvenciones del EstadoAdemás de devolver el dinero invertido en mailing y propaganda electoral, el Estado subvenciona a los partidos con 21.167,64 euros cada escaño que obtienen en el Congreso y en el Senado. Asimismo, en el Congreso se subvenciona con 0,81 euros cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura mientras en el Senado la subvención es de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que obtenga escaño de senador.

Tras el 20D, según el Portal de la Transparencia, estas subvenciones supusieron para el PP 4.153.262,84 de euros; para PSOE, 3.083.128,36, más otros 320.574,19 euros para el PSC, el partido en Cataluña; aunque el portal no da cifras, se calcula que para Ciudadanos fue de 850.000 euros y para Podemos 870.000 (también, sin sus coaliciones autonómicas). IU-Unidad Popular recibió únicamente 247.207,02 euros. A estas cantidades hay que sumar lo que les devolvió el Estado por los gastos de envío de propaganda electoral. IU, al no conseguir grupo parlamentario, no pudo recuperar el gasto en buzoneo que realizó.

En lo único que hubo cierto entendimiento entre los partidos fue en eliminar la publicidad exterior aunque también hubo discrepancias sobre qué se considera publicidad exterior. El PSOE y el PP creen que todo lo que sean vallas, banderolas y carteles, mientras los partidos emergentes y los minoritarios consideran que no debe eliminarse toda la publicidad porque para ellos es necesaria, sobre todo en donde no tienen una gran implantación.

El próximo miércoles, día 11, los partidos volverán a sentarse en busca de un acuerdo que en estos momentos se antoja bastante complicado.

El debate sobre el coste que para los ciudadanos supondrá la nueva campaña electoral para las elecciones del 26 de junio ha llegado hoy a las Cortes de Castilla-La Mancha. El diputado regional y secretario general de Podemos en esta comunidad autónoma, José García Molina, ha presentado una propuesta dirigida a los diferentes partidos políticos en la que ha defendido que esta región sea “territorio libre de gasto electoral”. 

García Molina ha comenzado exponiendo cómo durante la campaña del 20D, Podemos gastó algo más de 12.000 euros obtenidos mediante microcréditos y no a través de los bancos. Así, ha incidido en la intención de su formación de proponer que esta comunidad se apunte al “gasto 0,0”. Su intención, ha adelantado, es enviar una carta a todos los partidos políticos de la región emplazando a una reunión el próximo 9 de mayo en la cual Podemos les hará llegar esta propuesta.

En este sentido, el diputado ha manifestado su firme intención de que “a esa mesa asistan todos los partidos y que de ella aparezca un acuerdo para que la ciudadanía no tenga que seguir pagando aquello que los partidos políticos, quizá, no hemos sabido hacer”. Finalmente, se ha mostrado convencido de que “la ciudadanía ya sabe cuáles son nuestros programas y, en el caso de Podemos, la ciudadanía sabe con quién queremos gobernar y qué queremos hacer. Entendemos que sería bueno no gastar dinero en algo que ya ha sido expuesto”.

Los otros dos partidos con representación en las Cortes regionales han valorado rápidamente esta medida. La portavoz parlamentaria del PSOE, Blanca Fernández, ha tachado de “demagógica” la propuesta y ha dicho que pese a que la formación morada defiende que solo gastaron 12.000 euros en la pasada campaña electoral, “se gastaron bastante más” por el coste de los envíos postales de papeletas. Ha pedido a este partido que “hable con propiedad” sobre este tema, ya que “debería saber que el Gobierno de Castilla-La Mancha no pone ni un solo euro, ya que es competencia del Gobierno de España”.

PSOE: la culpa es de Podemos por poner “palos en las ruedas”

Por lo tanto, considera la socialista que la propuesta de no gastar nada en campaña no debe salir de Podemos a nivel regional, sino que ha de ser el propio Pablo Iglesias quien tenga “una propuesta estatal”. “Lo demás son brindis al sol”. En todo caso, ha recordado a Podemos que la mejor manera de no gastar en campaña electoral habría sido no tener que acudir de nuevo a las urnas, algo de lo que ha culpado a Iglesias, “que es quien ha puesto palos en las ruedas” para que el PSOE no formara Gobierno. No obstante, sí comparte la socialista que la campaña sea más austera, por lo que valorará acudir a la reunión del 9 de mayo planteada por Podemos para abordar el gasto electoral.

Otro argumento han esgrimido desde el PP. La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha rechazado la propuesta y ha pedido a los dirigentes de la formación morada que no hablen de austeridad cuando “no dan ejemplo” en ese sentido. Ha dicho que el PP hará una campaña “austera” pero “no porque lo diga Podemos, sino porque es lo que procede” y se ha preguntado “cómo pueden tener tanta cara en hablar de austeridad cuando sus dos diputados cobran un sueldo y tienen más asesores que el propio PP”.

Además, ha aprovechado para criticar que Podemos “solo lleva 55 iniciativas parlamentarias” mientras que el PP ya ha planteado más de 7.100. “Si lo que quieren es trabajar, que se pongan a trabajar, pero no les aceptamos ningún tipo de lección de los que cobran y reciben subvenciones de Irán y Venezuela”, ha enfatizado. Ha insistido además en que los miembros de Podemos en las Cortes “no han renunciado a nada, ni a los teléfonos, ni a las tablets ni a ordenadores” y les ha llamado la “casta más radical”.

La austeridad del gasto de la campaña electoral vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez en un escenario inédito: Zarzuela. El rey compartió con algunos de los portavoces que acudieron este lunes a la tercera ronda de consultas la preocupación por el coste que supondrá para las arcas públicas la repetición de los comicios el próximo 26 de junio. Los partidos coinciden en que deben rebajar lo que cuesta la propaganda de los quince días que dura la campaña y se emplazan para llegar a un acuerdo que se antoja complicado porque cada uno plantea distintas reducciones. 

A pesar de que en los últimos dos meses las declaraciones públicas de los líderes políticos sostenían que debían llegar a un pacto para formar Gobierno, la vista ha estado puesta en el 26J. Hace un par de semanas, el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó que se acortara el tiempo de campaña, que está establecido en la ley orgánica de régimen electoral. “Sería una buena noticia para no atormentar a los ciudadanos con dos semanas de mítines y no dar tanto la lata”, expresó. Para acortarlo “haría falta un gran acuerdo”, agregó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los partidos afearon al titular de Justicia su planteamiento porque conllevaría una modificación que no se puede llevar a cabo en el periodo de interinidad en el que no tiene plenas competencias por estar en funciones. Pero todos se vieron obligados a decir 'sí' a una reducción del gasto, que para el 20D ascendió a 130 millones de euros sin contar con lo que se fue en la campaña de cada formación. A esa cifra hay que sumar, por tanto, los doce millones que se gastó el PP; nueve, del PSOE; cuatro, Ciudadanos; 3,6, Podemos y sus confluencias; y 2,5, IU-Unidad Popular. Los de Alberto Garzón son los únicos que no han recuperado el dinero del buzoneo al no tener grupo parlamentario propio. 

Para el mailing, el Estado subvenciona con 0,18 euros por cada elector en cada una de las circunscripciones siempre que el resultado les permita formar grupo parlamentario propio. Además, por cada escaño conseguido en las Cortes, los partidos reciben 21.167 euros y 0,81 euros por cada voto obtenido para las candidaturas del Congreso y 0,32, para las del Senado. 

El debate se ha vuelto a reabrir ahora que los partidos dan por hecho la repetición de los comicios y tras las primeras visitas de los portavoces a Felipe VI. “Ha expresado su deseo de que los partidos no cansemos a los electores y no hagamos una campaña especialmente gravosa para la economía del país”, dijo el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez, tras su encuentro con el monarca. 

Más concreta ha sido la petición del rey en su conversación con el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha revelado que Felipe VI ha valorado como “muy positiva” su propuesta de reducir en un 30% los gastos electorales, lo que supondría un ahorro de 45 millones de euros. 

La revelación de ese comentario ha obligado al resto de formaciones a sumarse de nuevo con entusiasmo a la iniciativa, aunque ninguna ha sido capaz de comprometerse en los detalles. Además, sus planteamientos difieren por lo que parece complicado que puedan ponerse de acuerdo antes de que arranque la campaña. Mientras que el PSOE propone, por ejemplo, que “no se pague el buzoneo electoral”, Ciudadanos lo rechaza. Frente al planteamiento de Nueva Canarias de eliminar las cuñas radiofónicas, su principal rival regional, Coalición Canaria, lo defiende. 

“Habrá que ver qué se puede hacer”, ha dicho el vicesecretario del PP Pablo Casado, que ha contestado que ve “positivo lo de reducir los gastos”. “Podemos plantearnos qué tipo de campaña se hace, ya que todos tienen muy claras las propuestas programáticas”, ha expresado el dirigente conservador, que deja en el aire la toma de decisión tanto de la dirección del PP como el posible acuerdo con el resto de fuerzas. 

“Hemos apoyado que haya una campaña más austera”, ha afirmado Alberto Garzón, que aboga por enviar un “mensaje a la ciudadanía de que este fracaso” de los líderes políticos ante la imposibilidad de formar Gobierno no revierta en un mayor gasto público. No obstante, el portavoz de IU-Unidad Popular ha avisado de que la reducción puede encontrarse “dificultades técnicas” porque supondría hacer cambios legislativos en un periodo de interinidad del Ejecutivo y ante la inminente disolución de las Cortes.

En Podemos, que hicieron la campaña más austera de las cuatro principales formaciones, volverán a confiar en los microcréditos y mantienen su intención de no recurrir a las entidades bancarias para que les presten dinero. El portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, también ha dicho que su formación pretende reducir los gastos, aunque no ha desvelado cómo: “Me parece sorprendente la pregunta. Entiendo que haya debate pero evidentemente íbamos a limitar el gasto porque no está el horno para bollos”, ha contestado. 

IU es la que con más dificultad ha conseguido equilibrar lo que ha justificado como desembolso para la campaña las últimas elecciones autonómicas con la subvención que recibirá en función a los diputados conseguidos.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas detecta falta de información de un proveedor de Podemos y que pagó facturas después de los 90 días del tope fijado.

Los de Pablo Iglesias son los únicos que no han pedido dinero a los bancos, gracias a su sistema de microcréditos por el que recaudaron menos de lo esperado.

Seis meses después de las elecciones autonómicas del 22 de marzo en Andalucía, la Cámara de Cuentas han hecho público su informe de fiscalización de gastos electorales de los partidos que han obtenido escaño. Más o menos, a la hora de invertir en la campaña, sus gastos se han ajustado con las subvenciones que recibirán, con la excepción de IU a la que se le ha ido un poco la mano. Básicamente porque sus resultados han estado por debajo de lo esperado. Ha caido de 12 a cinco escaños, y eso determina la subvención que recibirán: 22.299,12 euros por escaño y 82,29 céntimos por voto.

De este modo, IU ha declarado gastos por 1.103.340,27 euros (los justificados son ligeramente menos porque le han echado atrás una factura) y la subvención que le corresponde es de 1.043.596,33. Es decir, unos 60.000 euros de diferencia, que para las maltrechas arcas del partido suponen una cantidad importante, y eso que habían optado por una campaña muy modesta. De hecho, las estimaciones iniciales de la coalición de izquierdas era no llegar a un millón de euros en gastos electorales.

Es más, si se miran las previsiones que los partidos hacían en vísperas de los comicios, el PSOE-A es el que más calculado tenía cuánto le iba a costar, porque en su día hablaron de 4,5 millones de euros. Por el contrario, de los cuatro millones que calculaba que iba a gastar el PP-A,y los 600.000 euros que calculaba Podemos, terminaron ajustando a la baja, si se observa lo que finalmente han justificado en la Cámara de Cuentas. Por el contrario, C's hablaba de gastar unos 200.000 euros en la campaña y finalmente ha justificado unos 50.000 más. Pero en general, salvo la excepción referida de IU, han estado bastante equilibrados entre lo que han justificado y lo que recibirán, como se observa en la tabla:

¿Para cuál partido ha sido más rentable la campaña en función de los resultados? Consideremos lo que dicen haber gastado y los escaños obtenidos: PSOE-A, 4,43 millones de euros en la campaña y 47 escaños en el Parlamento de Andalucía; el PP-A, 3,18 invertidos y 33 diputados; Podemos, 416.119,26 euros y 15 parlamentarios; C's, 255.160,99 euros para sus 9 asientos; e IU, 1,10 millones de euros para quedarse en 5. La media mejor le sale a Podemos, con poco más de 27.000 euros por escaño y de cerca, le sigue C's. La peor, la de IU, que le ha costado cada uno más de 200.000 euros, mientras que para el PSOE-A y el PP-A ha sido prácticamente igual la rentabilidad.

Faltas y deficiencias

Pero más allá de esto, sobre lo que sí llama la atención el informe es sobre el hecho de que un proveedor de Podemos, una empresa de eventos cuya facturación asciende a 58.599,36 euros, y que está obligado a informar a la Cámara de Cuentas según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), no ha remitido la documentación como hubiera debido.

De igual modo, la Cámara de Cuentas ha advertido que este mismo partido pagó una pequeña cuantía de gastos electorales (2.179,70 euros) después de los 90 días posteriores a los comicios que la Loreg fija como límite para disponer de estos fondos. Lo mismo alerta sobre IU, en su caso por una factura de mayor cuantía: 74.071,41 euros. “Se recomienda a las formaciones que adopten cuantas medidas sean necesarias para que sus proveedores cumplan con la obligación de informar a la Cámara de Cuentas de la facturación”, recuerdan los técnicos.

Por lo demás, deficiencias menores, como que en relación con la naturaleza de las facturas presentadas por los partidos hay seis de Podemos (por un total de 16.615,82 euros), una de C's (1.577,84) y otra de IU (4.000,00) que no responden a los conceptos establecidos por la Loreg para tener derecho a estas subvenciones. De manera que no han sido consideradas a efectos de su financiación, como tampoco han contado para el límite de gastos electorales que se les imponen en cada caso en función de su representatividad.

Las vías para financiarse

Destacar también que Podemos ha cumplido su compromiso de no pedir dinero a la banca, y que inició una campaña de microcréditos para financiarse, por la que los ciudadanos que han querido le han adelantado el dinero y ahora los devolverá el partido en cuanto reciban la subvención. En concreto, Podemos recaudó 397.900,00 euros por esta vía. Del partido, apenas gastó unos 20.000 euros, mientras que tampoco podía pedir un anticipo de las subvenciones porque no tenía representación en la legislatura pasada, y que junto con los préstamos de los bancos son las tres fórmulas para financiarse hasta que reciben todo el dinero público.

C's tampoco pudo por tanto solicitarlos, mientras que cabe recordar que el Parlamento de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero los anticipos para el resto (PSOE-A, PP-A e IU) que en ningún caso podían superar el 30% del máximo de subvención recibido en la campaña previa. Todo eso queda reflejado en esta tabla:

Finalmente, la Cámara de Cuentas detalla que todos han cumplido en plazo con la obligación de ofrecer esta información y que ninguno ha excedido los gastos electorales que impone la ley, por lo que en ningún caso propone que se le reduzca la subvención que le corresponde a cada uno.

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, ha aprobado las contabilidades electorales de los principales partidos políticos de esta comunidad -PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos (C's), Podemos y Esquerra Unida (EU)- para los últimos comicios autonómicos, celebrados el pasado 24 de mayo, por lo que podrán recibir las subvenciones correspondientes.

Tras la emisión del informe de la Sindicatura de Comptes al respecto, estas formaciones políticas podrán recibir la subvención correspondiente. El PP justifica gastos regulares por valor de 739.117 euros; PSPV, por 668.510 euros; Compromís, 399.733 euros; Ciudadanos, 205.065 euros; Podemos, 211.824 euros, y EU y otros (Coalición Acord Ciutadà), 84.863 euros. En total, estos gastos suman un importe de 2.309.112 euros.

La Sindicatura de Comptes señala que ninguna de estas formaciones ha superado el límite máximo de gastos electorales establecido en la Ley Electoral Valenciana. Así se desprende de la Declaración sobre la Regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a las Cortes Valencianas de 24 de mayo de 2015 realizada por esta institución, consultada por Europa Press y remitida este miércoles a la Cámara autonómica, a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana y al Consell de la Generalitat.

El informe explica que la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, como indica el apartado 2 de la orden 5/2015 de 1 de abril, fijó las cantidades actualizadas para el cálculo de las subvenciones de gastos electorales que se establecen de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 42.1 de la Ley Electoral Valenciana. Así, se establecieron 12.786,29 euros por escaño; 0,64 euros por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escaño y 0,64 euros por cada voto conseguido por la candidatura que haya obtenido al menos el 3 por ciento de los votos emitidos válidamente en la Comunidad.

De este forma, el análisis del Síndic de Comptes detalla que las subvenciones electorales que como máximo podrían obtener las fuerzas políticas -por escaños y votos- son PP, 817.887 euros; PSPV, 619.907 euros; Compromís, 535.306 euros; Ciudadanos, 364.059 euros; Podemos, 346.951 euros, y EU y otros, 68.427 euros. En total, estas ayudas ascienden a 2.752.537 euros. En ningún caso la subvención podrá sobrepasar la cifra de gastos declarados justificados por la Sindicatura de Comptes en su labor fiscalizadora.

Finalmente, la Sindicatura de Comptes declara un importe subvencionable de 739.117 euros para PP; 619.907 euros para PSPV; 399.733 euros para Compromís; 205.065 para Ciudadanos; 211.824 para Podemos y 68.427 para EU.

La realización de este informe está prevista dentro del Plan Anual de Actuación de 2015 de la Sindicatura de Comptes atendiendo a lo establecido en la normativa electoral valenciana. Esta norma establece en su artículo 45 que la institución consultiva “se tendrá que pronunciar sobre la regularidad de las contabilidades electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hayan conseguido los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Generalitat o que hayan solicitado avance con cargo a éstas”.

Asimismo, dicha ley señala, como recoge la declaración de la Sindicatura de Comptes que “en el supuesto de que hubieran apreciado irregularidades o violación de los límites establecidos en la materia de ingresos y gastos electorales”, esta institución “podrá proponer la no adjudicación o la reducción de la subvención”.

Dentro del límite permitido

No obstante, de lo recogido en el informe se desprende, como apunta el Síndic de Comptes, que “todas las formaciones políticas analizadas han justificado sus gastos electores y los han mantenido dentro del límite permitido” y que, en consecuencia, “podrán recibir las subvenciones correspondientes”.

Para llevar a cabo esta fiscalización, la Sindicatura de Comptes ha tenido en cuenta, a la hora de hacer las “comprobaciones formales”, aspectos como la revisión de la documentación contable y justificativa; la adecuación de los registros contables a la naturaleza económica de cada operación y exactitud de las cantidades; la adecuación de la contabilidad presentada a los principios generales contenidos en el Plan General de Compatibilidad vigente.

Igualmente, se han tenido en cuenta los recursos de la campaña electoral, los gastos electorales, el límite de gastos, el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la ley, y la tesorería de la campaña, como apunta el documento elaborado por la Sindicatura de Comptes.