Especialistas en explosiones y técnicos de minas inspeccionarán mañana, martes, el interior de la mina de Cerredo, en la que el pasado lunes cinco trabajadores murieron y otros cuatro resultaron heridos de gravedad a causa de una explosión.

En esta inspección participarán la Policía Judicial de la Guardia Civil, junto a la unidad especializada en incendios y explosiones con base en A Coruña, la Brigada de Salvamento Minero y técnicos de minas, ha detallado este lunes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha resaltado que el Estado ha puesto “todos los recursos necesarios” para la investigación del siniestro.

“Queremos saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y quiénes son los responsables, y no descansaremos hasta que se depuren todas las responsabilidades”, ha remarcado Lastra en su intervención en la apertura del 14º Congreso de CCOO de Asturias, que se celebra en Gijón.

La explosión se produjo el pasado lunes 31 de marzo por la presencia de una bolsa de gas grisú, según la principal hipótesis que se maneja en la investigación, que trata ahora de dilucidar si la actividad de la empresa concesionaria en el interior de la mina, Blue Solving, situada en el concejo asturiano de Degaña, en el extremo suroccidental de Asturias, se ajustaba a las licencias concedidas.

La empresa Blue Solving tiene desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel uno de la mina de Cerredo usos minerales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel tercero de la explotación, en el que tuvo lugar la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para explotarla para sacar carbón. El empresario que impulsó la mina de Cerredo en 2009, el magnate Victorino Alonso, denunció semanas antes del accidente que se extraía carbón de forma irregular y ha llevado esas denuncias a la Fiscalía tras el suceso mortal.

Tras el accidente la mina fue clausurada temporalmente mientras se desarrolla la investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil, en una investigación que ha asumido el Juzgado de Cangas de Narcea.

Paralelamente el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha una comisión de investigación específica, dentro del marco de la Comisión Regional de Seguridad Minera, y además ha anunciado que abre un expediente “urgente” para analizar el funcionamiento de su Servicio de Minas ante las dudas sobre los avisos de actividad en esta mina.

Los sindicatos CCOO y SOMA-UGT han coindicido este viernes, tras mantener sendas reuniones y por separado, con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, en que se investigue hasta el fondo en el accidente minero que costó la vida a cinco personas el pasado lunes y dejó otras cuatro heridas de gravedad.

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha avanzado este viernes que su sindicato, al igual que anunció ayer el Gobierno del Principado, se personará como acusación particular en la causa por el accidente en las instalaciones que llevaba la empresa Blue Solving.

Tras mantener una reunión con la consejera, Alperi ha apostado por “trabajar con rigor” en el seno de la comisión especial de investigación acordada este jueves por la Comisión Regional de Seguridad Minera.

El dirigente sindical ha pedido que se pongan a disposición de dicha comisión todos los informes y la documentación que disponga la consejería en torno a los permisos y los trabajos que se han desarrollado en esta mina del suroccidente asturiano. Alperi también ha subrayado que si de todos los informes que hay que analizar se derivan “responsabilidades concretas” tendrán que “depurarse”.

Preguntado por el hecho de que hubieran pasado seis meses desde la última inspección, Alperi ha precisado que las inspecciones se realizan de acuerdo a “un criterio técnico” y por tanto es el experto en minería el que sabe “cuándo tiene que inspeccionar y cuándo no”.

A este respecto, ha expresado su confianza en el trabajo que hacen los actuarios de minas que hay en Asturias, y que, según ha dicho, son “los mejores del país”.

CCOO pide “cautela” pero depurar cualquier “responsabilidad”

El sindicato CCOO ha defendido este viernes mantener “cautela” tras el accidente en la mina de Cerredo, en el que el pasado lunes murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, si bien ha subrayado que si se detectan irregularidades se deberán “dirimir responsabilidades a quien competa”.

Así lo ha dicho este viernes el responsable Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO, Javier Vázquez, antes de mantener una reunión con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, para analizar la situación tras el accidente.

“Cautela, tampoco vamos a criminalizar”, ha dicho en respuesta a preguntas de los periodistas antes de explicar que el sindicato aún no ha determinado si se personará como acusación particular en la causa abierta, como sí lo hará el Gobierno del Principado y UGT.

El dirigente sindicato ha explicado que la organización sindical se personará “si hubiese irregularidades en concesiones” o “en cualquier tipo de permisos”

Curso a la denuncia de Victorino Alonso

La Dirección General de Energía, Minería y Reactivacion dio el “curso administrativo normal” a la denuncia de la empresa minera Promining sobre actividades irregulares en la mina de Cerredo, según la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que ha incidido en que el Principado está centrado en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente que elunes costó la vida a cinco trabajadores.

Tras el encuentro con los sindicatos CCOO y SOMA-UGT la consejera ha indicado que durante el mes de marzo se recibieron en la Dirección General dos “escritos de empresas privadas contra empresas privadas” en los que se indicaban “cuestiones muy variadas” y entre los que figuraba la denuncia por supuestas actividades irregulares en la mina de Cerredo.

“Son unos escritos presentados por empresas privadas contra otras empresas privadas. Les repito, mi prioridad ahora mismo, nuestra prioridad ahora mismo, es aclarar las circunstancias del accidente, la investigación, eso es lo prioritario”, ha subrayado Díaz.

La consejera también ha indicado que todavía no está confirmado que la explosión la haya causado una fuga de gas grisú ni que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal de la mina.

“Necesitamos confirmar muchos datos todavía, es una explosión grande, eso es lo que se sabe con certeza”, ha recalcado Díaz, que ha aclarado que solo se ha realizado una entrada en la mina tras el accidente, efectuada por la Brigada de Salvamento Minero con inspectores, y que la Consejería está a la espera de que la próxima semana se amplíe la recogida de pruebas con la llegada de una unidad especial desde A Coruña

Este lunes 31 de marzo ha tenido lugar uno los más graves accidentes mineros de España, al confirmarse que una explosión ocurrida en una mina ubicada en Cerredo (municipio de Degaña), en Asturias, se saldó con cinco trabajadores muertos, algunos de ellos tras quedar atrapados, y cuatro heridos graves.

Todos los trabajadores muertos son de la vecina provincia de León, cuatro de diferentes pueblos de la comarca de Laciana y otro de Torre del Bierzo, todos ellos núcleos de honda tradición minera. A media tarde se confirmaron las identidades de todos ellos: los fallecidos fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y sus edades oscilan entre los 32 y los 54 años. Varios de ellos eran “mineros muy experimentados”, señalan fuentes de personas allegadas familiar y profesionalmente.

El accidente ha sumido en la tristeza las cuencas mineras de Asturias y León, que ven como pese a ser minúscula la minería del carbón, tienen que llorar de nuevo a los fallecidos en el tajo. La tragedia ha provocado todo tipo de reacciones institucionales, desde los Gobiernos de España y Portugal, a las autonomías del Principado de Asturias y Castilla y León, decretándose distintas jornadas de luto oficial –tres en Villablino, el municipio de Laciana más afectado– y actos de silenciosa protesta convocados para este martes. En ambas autonomías habrá luto oficial en dos jornadas.

El accidente y el grisú

Según el primer aviso oficial al 112 de Asturias, el siniestro tuvo lugar a las 9.32 de la mañana de la última jornada del mes de marzo. La única versión oficial por ahora indica que se habría originado por una deflagración en una máquina en el interior de la mina, que a su vez habría prendido una bolsa de gas grisú, presente en las minas de hulla. Es la hipótesis que barajan tanto la Brigada de Salvamento Minero como la Policía Judicial. El último gran accidente minero en España, ocurrido hace doce años en el Pozo Emilio del Valle de León, el grisú también estuvo detrás de la tragedia que se llevó seis vidas.

El cómputo final de personas heridas en Cerredo, junto a otros dos empleados que resultaron ilesos, ascendió a cuatro trabajadores. Dos de ellos, en estado grave, fueron trasladados en primera instancia al centro de salud de Laciana para posteriormente ser remitidos uno al Hospital de León y otro al Hospital El Bierzo de Ponferrada, en helicóptero y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente.

Otro herido, de 36 años, vecino de Degaña, más fue trasladado al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Sufría un fuerte traumatismo en la cabeza y para practicarle más pruebas se le remitió después al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En este centro de Oviedo ingresó otro herido más, con carácter grave por un politraumatismo.

Grupo Cerredo, una invención del 'rey del carbón'

El llamado 'Coto Minero Cerredo' o 'Grupo Cerredo', surgió en el año 2009 de la fusión de derechos de las empresas Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, ambas del magnate Victorino Alonso, y contemplaba la continuidad de la explotación de interior más allá del 2018 según la documentación en poder de elDiario.es. De hecho consideraban que las reservas por extraer ascendían a 30.000.000 de toneladas de carbón, sacando anualmente unas 575.000 toneladas entre las dos empresas y estimando que si el precio del carbón internacional rondaba los 115 euros por tonelada máximo serían rentables. Hoy ese precio se sitúa en torno a los 500 euros.

Victorino Alonso, conocido como el 'rey del carbón' cumple pena de prisión, ahora en tercer grado, por sus condenas por graves atentados ambientales con sus minas en la provincia de León. El empresario minero, insolvente pese a su supuesto patrimonio millonario, sigue abonado a la polémica, bien por intentar apropiarse de terrenos de vecinos en la comarca de El Bierzo o bien por bloquear salida de carbón de sus almacenes comprados por otras empresas en la liquidación de las suyas.

Este grupo minero tiene su antecedente en la histórica empresa minera asturiana Hullas del Coto Cortés, que se hizo con los derechos mineros de la zona en la segunda década del S. XX. Esta empresa estuvo controlada por la familia Barrié de la Maza y su banco, el Pastor, hasta que se la vendieron a Victorino Alonso en el año 2005 por algo más de 20 millones de euros. Alonso fusionó entonces la Minero Siderúrgica de Ponferrada, la principal empresa minera del país, con Hullas del Coto Cortés para crear otro gigante, Coto Minero Cantábrico.

Pero la trayectoria de Coto Minero Cantábrico no fue demasiada tras las crisis del carbón abierta por los recortes al carbón efectuados bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y ya con el acuerdo de cierre de explotaciones no rentables sin ayudas. En el año 2014 Coto Minero Cantábrico se declara en quiebra y sus activos acaban en manos de la Compañía Minera Astur Leonesa, de otro polémico empresario, Rodolfo Cachero. Fallecido en 2024, estuvo en la cárcel tras una fuga posterior a su condena a 30 meses de prisión por varios delitos fiscales cometidos con otra empresa minera. La Compañía Minera Astur Leonesa acabó subastando sus activos en el año 2018 tras su quiebra y no ser capaz de poner en orden y rentabilidad los activos que se quedó de Coto Minero Cantábrico, que recuperó parte de ellos por los impagos previos.

Una mina moderna

Aunque la explotación de carbón en la zona de Cerredo se remonta a un siglo atrás cuando se funda Hullas del Coto Cortés, la actual mina de interior se abrió a la explotación en el año 2009 tras una inversión de 40 millones de euros de las sociedades del llamado grupo Alonso, las empresas vinculadas al condenado magnate minero. Por tanto, la mina donde ha ocurrido el accidente es de “última generación”, una de las más modernas de España.

En noviembre de 2009 se inauguró el Plano Inclinado de la nueva mina de Cerredo, tras unas obras que se iniciaron en 2007, con un gigantesco túnel de 60 metros de sección para la entrada de maquinaria pesada para la extracción del carbón en 3.500 metros de longitud. Una gigantesca obra de ingeniería de la que incluso presumió en un video la empresa Ferpi, otra empresa vinculada a Victorino Alonso.

¿Se puede extraer carbón de Cerredo?

La práctica totalidad de las minas de carbón del país acabaron cerrando en el año 2018 dentro del proceso de reordenación del sector minero pactado por el Gobierno de España y la Unión Europea, que en el año 2010 había establecido que “La política de la Unión de fomento de las fuentes de energía renovables y de una economía sostenible y segura de baja producción de carbono no justifican el apoyo indefinido a las minas de carbón no competitivas”. Esto supuso la aprobación de un plan de cierre con cuantiosas ayudas públicas, pero no impidiendo la continuidad de la actividad minera de carbón más allá de 2018, solamente que tendría que ser sin ayudas públicas o devolver las que hubiera recibido una explotación que quisiera seguir. El sector minero privado optó por un cierre masivo por unas u otras circunstancias, pero la empresa dueña de Cerredo dejó fuera de su plan de cierre esta explotación de interior.

Es decir, por tanto, en principio la explotación de carbón en el interior de Cerredo estaría permitida sin tener que devolver ayudas públicas, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones pertinentes, que en este caso no constan. Según la consejería de Industria de Asturias la empresa Blue Solving tenía desde el pasado verano una autorización de extracción para investigación de carbón con el objetivo de buscar el mejor mineral para usos industriales o para 'grafitar', es decir, estudiar su uso en la generación de materiales como grafito o grafeno.

Otra cosa distinta es el cielo abierto de Cerredo, anexo a la mina de interior, y cuya explotación ya no es posible sin devolver las millonarias ayudas que recibió. El Gobierno ha tenido que invertir mientras tanto varias decenas de millones de euros en su restauración junto a otros cielos abiertos en Asturias.

La empresa actual

La sociedad que gestionaba actividad actualmente en la mina de interior de Cerredo es Blue Solving SL, domiciliada en la propia explotación de Degaña. Está administrada por el empresario leonés Adrián Rodríguez Rodríguez, con vinculaciones familiares y profesionales con el sector y el grupo de empresas que explotan minería de carbón no térmica en Asturias, que han solicitado reabrir otra en la provincia de León con bastante controversia.

El progenitor de Adrián Rodríguez es un conocido empresario del carbón y del gasóleo de León, Jesús Manuel Rodríguez Morán, de una saga con negocios en el sector. Aparece como administrador de Carbones de la Vega, que mantiene una explotación de minería de carbón en Ibias, en la conocida como Mina Miura basada en una vieja explotación minera de Coto Minero Cantábrico adquirida en la quiebra de la compañía. Su nombre apareció vinculado en el año 2009 en un caso de narcotráfico por tratar de introducir hasta 400 kilos de cocaína en un cargamento de carbón vegetal importado en el puerto asturiano de El Musel.

Blue Solving, una sociedad creada en el año 2022, ha sido receptora de una ayuda del Instituto para la Transición Justa encargado de la reindustrialización de las zonas mineras por un proyecto del año 2023. En total suponían 927.668,72 de ayudas para una inversión de 3,8 millones de euros para la “Instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción”.

elDiario.es ha intentado contactar con Blue Solving y el ingeniero responsable de la mina para conocer su versión de lo ocurrido, sin haber logrado obtener respuesta hasta el momento de publicación de esta información.

El conocido empresario leonés Victorino Alonso, potentado minero hasta el punto de ser identificado en España con el sobrenombre del Rey del Carbón, ha aparecido en la reciente filtración de calado internacional de los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta.

Ha sido el periódico el que ha destacado la aparición del nombre de Alonso en la investigación con varias sociedades opacas en refugios fiscales, resaltando que al mismo tiempo no pocas veces se ha declarado insolvente a la hora de hacer frente a algunas condenas judiciales en España.

Una de ellas, por ejemplo, fue tras ser condenado en Huesca (Aragón) en 2016 por arrasar una cueva del Neolítico protegida, dentro de un terreno que utilizaba como coto de caza.

La condena, ratificada después por la Audiencia Provincial, ascendió a dos años de cárcel, aunque nunca ingresó en ella, y el pago de 25,5 millones de euros. Entonces, el magnate fue declarado “insolvente” por el Juzgado y únicamente se consiguió que pagara durante tres años 17.538 procedentes de su pensión, una mínima parte de la millonaria indemnización. De hecho, no ha sido hasta ahora que la Audiencia, harta del impago, como el propio Gobierno de Aragón, ha decidido embargar el coto de Alonso para hacer frente al pago, que este trató de impedir alquilándolo poco antes de la sentencia.

Pues bien, antes de esta declaración de insolvencia, según El País, Victorino Alonso abrió cuentas en paraísos fiscales, lo cual no presupone ninguna ilegalidad a priori.

Arranca en 1996

En concreto, los 'Papeles' identifican ya a Alonso en septiembre del año 1996 cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018, según la investigación.

También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcan en el periódico. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.

Sólo en una, un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares

Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, sólo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.

Fue en ese año cuando recibió la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves (Huesca), a pesar de que él desde el banquillo de los acusados, donde se ha sentado innumerables veces sin pisar nunca la cárcel, se declaraba “un chivo expiatorio”.

Condena tras condena

En otra ocasión los términos elegidos por Alonso para criticar otra sentencia en contra más, en aquel caso por la 'desaparación' de 577.924 toneladas de carbón de Hunosa en Asturias, por lo que fue condenado a pagar 46 millones de euros por sus compañías Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), fue que que había una “conspiración paranoica” contra sus empresas.

Más recientemente, también Alonso ha sido condenado por la Audiencia Provincial de León a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros por la explotación durante años de la mina a cielo abierto ilegal de 'Nueva Julia', entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana, como también lo fue en 2019 por la explotación minera de El Feixolín, igualmente sin autorización alguna, por lo que se le sentenció a dos años y medio de prisión de los ocho que se pedían inicialmente, con indemnización de 135.000 euros al denunciante, el empresario local Antonio Arias Tronco, y multa de 8.500 euros por arrasar el monte.

Antonio Arias Tronco, hostelero leonés de origen asturiano, lleva décadas peleando en los tribunales contra 'el rey del carbón', Victorino Alonso. Ha conseguido que la Audiencia Provincial de León le dé la razón y el empresario está cada vez más cerca de prisión después de su segunda condena de cárcel. Hace unos días la Audiencia Provincial de León resolvía en su favor y reconocía la ilegalidad de la mina a cielo abierto 'El Feixolín', en Villablino (León), que extrajo carbón entre 1995 y 2008 a pesar de que en 2005 un juzgado ordenó la paralización de la actividad.

Todo comenzó hace más de 25 años. El empresario leonés llegó a Villablino y presentó el proyecto en 1986. Inició la explotación minera en 1994, en un terreno de suelo no urbanizable de 1.771,662,50 metros cuadrados, de los que 545.700 correspondían a suelo rústico y calificado de “protección forestal”.

Victorino Alonso quiso comprar una finca anexa propiedad de Antonio Arias Tronco, donde tenía una cabaña. “Esa finca la compramos mi mujer y yo recién casados, con el dinero que ganamos trabajando, con treinta años. Y no quise venderla”, explica a este diario.

En ese momento llegaron las dificultades para Antonio y su familia, que denuncia cómo le impedían acceder a su propiedad guardias de seguridad contratados por la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), propiedad de Victorino Alonso. “Al principio vino amenazando... Realizaban voladuras de 5.000 kilos de explosivos a cien metros de la cabaña... no nos mató de milagro”, lamenta Antonio, que ahora tiene que recibir una indemnización de 135.631,1 euros “por los daños sufridos en la cabaña y los perjuicios por imposibilidad de cultivar la finca”.

En 2001 presentó este hostelero una denuncia contra 'el rey del carbón' por graves daños causados en su propiedad como consecuencia de la explotación minera de 'El Feixolín'. Dieciocho años después, la Audiencia resuelve a su favor, como ya han hecho anteriormente otras instancias judiciales.

La sentencia reconoce que alguna piedra procedente de las voladuras “traspasó, dañando la cubierta de la cabaña”, el “deterioro de la cabaña” y provocando “oquedades,  hundimientos, escombros, peligrosidad e inestabilidad en la finca” por la actividad minera desarrollada por MSP. “Construyeron galerías por debajo y lo hundieron todo. Yo sabía que tenía la razón, y ahora el juez también lo dice. Y dice que ese dinero es mío”, agrega Antonio. Sin embargo, tampoco espera recibir la indemnización que le corresponde: “¿Cómo voy a cobrar si [Victorino Alonso] se declara insolvente, a pesar de que tiene decenas de empresas con testaferros?”, se pregunta.

Hijo de mineros asturianos migrantes a las cuencas leonesas, este “peleón” -como se define a sí mismo- está a punto de cumplir 70 años. Arropado por sus tres hijos y su mujer, lleva 25 años pleiteando contra Victorino Alonso.

“Mis padres me criaron bien, yo sigo sus directrices: hay que luchar, pelear y defender lo tuyo por encima de todo”, sentencia este hostelero, con un tesón que se ha transmitido de generación en generación. “Aunque yo me muera, tengo hijos que están más preparados que yo y que seguirían luchando”, promete.

Antonio solo tiene miedo “a Dios y a las enfermedades”, y por eso no se ha achantado ante la adversidad. “Soy muy duro de cabeza, y no trago con las injusticias. Me crié trabajando toda la vida, y nadie me va a quitar lo que es mío”, asegura este hostelero leonés, que reflexiona: “La vida es una pelea. Y el que no pelea... Casi todas las guerras las pierdes. Pero para ganar alguna, las tienes que pelear todas. Si no peleas, no ganas nunca. Y si peleas, pierdes casi siempre, pero de vez en cuando no se pierde del todo”.

David frente a Goliat

Cuando comenzó la batalla de Antonio contra 'el rey del carbón', solo tuvo un apoyo, puesto que en Villablino (León) “todos trabajaban de forma directa o indirecta” para 'el rey del carbón'. El entonces procurador del Común (el equivalente al defensor del pueblo en Castilla y León), Manuel García Álvarez no daba crédito al principio: “Me decía: 'esto es imposible, no puede hacer voladuras al lado de tu finca y contigo dentro'”. “Así que vino personalmente a ver la explotación y presentó una denuncia a la Fiscalía”, recuerda el hostelero, que se ha enfrentado a Victorino Alonso como David hizo frente a Goliat.

Interviene entonces la Fiscalía, que se ve obligada a archivar el proceso porque el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León aseguran que la mina de 'El Feixolín' tiene toda la documentación en regla. Algo que, se confirma, era mentira. 'El Feixolín' era una mina a cielo abierto que carecía de los permisos pertinentes. Poco a poco, se incrementan los intercambios de denuncias. “Me arruinó y me preparó la de San Quintín”, lamenta Antonio, que asegura que el empresario solo le denunciaba para hacerle gastar dinero y arruinarle. 

El septuagenario agradece el trabajo de la jueza Raquel Nieto, “que empezó a pedir documentación a León” y ayudó a impulsar este caso, dilatado durante 17 años de diligencias, retrasos, citaciones a las que no acudía, cambios de dirección... “Los papeles no aparecían, le llamaban a declarar, no venía... era increíble”, añade. A pesar de todo, la sentencia de la Audiencia Provincial no es en firme y cabe un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El abogado de Victorino Alonso no ha atendido las reiteradas llamadas telefónicas de este diario.

'El rey del carbón' suma ya dos condenas a prisión: por destruir el yacimiento neolítico en la cueva de Chaves (Huesca) y por explotar ilegalmente la mina El Feixolín, en Villablino (León). Se declaró insolvente y se le han embargado 600 euros de su pensión de 2.500 euros, sus únicos ingresos según él, hasta que pague la parte de los 25 millones de euros que le corresponde de indemnización.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Huesca ratificó hace meses la suspensión de la condena de dos años de cárcel y el pago de los 25 millones por la falta de antecedentes penales y por “dilaciones indebidas” en un caso que se inició en el año 2007. Un motivo, estas “dilaciones indebidas”, por el que también se le ha rebajado la pena en el proceso de 'El Feixolín'.

Victorino Alonso tiene todavía otro juicio pendiente por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente en la explotación de La Mora y Nueva Julia y la construcción de una cantera de Cabrillanes, Villablino (León). El empresario -que acumula penas de cuatro años y medio de cárcel- y el jefe de la explotación se enfrentan a ocho años de prisión.

Otra de las compañías del 'rey del carbón' estuvo en un proceso judicial por las 577 toneladas de carbón de Hunosa desaparecido de las instalaciones de Victorino Alonso. La Audiencia Provincial de Oviedo apuntó a que este carbón desaparecido “fue utilizado o vendido por las mineras”, por lo que “incumplieron con las obligaciones de guarda y custodia del depósito, así como con la prohibición de uso del carbón adquirido y depositado por Hunosa”.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca acordó este lunes suspender la condena de 2 años de cárcel y 25,5 millones de euros de indemnización al empresario leonés Victorino Alonso (conocido como ‘el rey del carbón’) por destruir el yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica.

En el auto, según informa EFE, se apunta que la decisión está basada en la “insolvencia económica para hacer frente a la indemnización”, además de otras cuestiones como la inexistencia de antecedentes penales o el hecho de que la condena no supere los dos años de cárcel.

En un primer momento, la condena fue de 2 años y 6 meses de prisión y el pago de la mencionada indemnización al Gobierno de Aragón. Eso fue lo estipulado por el Juzgado en noviembre de 2016.

En enero de 2018, tras el recurso de apelación presentado por la defensa el empresario, la Audiencia Provincial de Huesca ratificó el delito cometido por Alonso y mantuvo el pago de los 25,49 millones de euros, pero rebajó la pena de cárcel a 2 años por “dilaciones indebidas”, es decir, por el tiempo (siete años) que transcurrió desde que comenzó la instrucción –consecuencia de una denuncia de la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (Apudepa) y Ecologistas en Acción– hasta la celebración del juicio.

La historia

Para conocer los orígenes de esta historia hay que remontarse a 2007, cuando maquinaria pesada de la empresa Ferpi entró, y arrasó, la Cueva de Chaves. ¿Por qué? Para convertirla en un comedero y abrevadero para la cría de cabras. El destrozado tesoro se encontraba en la Finca de Bastarás, en el término municipal de Casbas (Huesca). Era un coto privado de caza situado en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

La empresa Fimbas S. A. es la propietaria de la Finca de Bastarás y Maderas Bodelón S.L. su accionista mayoritaria desde agosto de 2006. Alonso es el administrador único de esta segunda empresa. Queda demostrado, según apuntaba el escrito de la Audiencia de Huesca, “que el Sr. Alonso, a pesar de no ocupar ningún cargo visible en la sociedad Fimbas S.A, era la persona que mandaba en la finca sobre cualquier otro empleado y era quien tomaba las decisiones en la misma”.

En el auto que ahora suspende la ejecución de la sentencia, se aprecia también que Fimbas ha ofrecido como “dación en pago” la finca de Bastarás.

Un daño salvaje y brutal

“La destrucción de la cueva de Chaves equivale para el Neolítico a lo que supondría la destrucción de Barcelona para la sociedad actual”, esta frase, escuchada en la sala donde se celebró el juicio en septiembre de 2016, como apuntó eldiario.es, resume la magnitud de lo sucedido.

En esa misma información, Chesús Ferrer, de Ecologistas en Acción, aseguró que, “salga lo que salga del juicio, el daño ha sido tan salvaje y tan brutal, que hemos perdido todo un conocimiento incalculable, que nunca sabremos”. Afirmación que se sustenta en el hecho de que antes del expolio faltaba por estudiar más del 90% de su espacio. Para Ferrer, la noticia estaba teniendo “mucho eco por el acusado, pero la gente no está siendo consciente del daño que se ha producido”.

Victorino Alonso, un empresario minero leonés conocido como ‘el rey del carbón’, ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 25,4 millones de euros por destruir la Cueva de Chaves . El que se consideraba segundo mayor yacimiento neolítico de España.  Alonso, sin embargo, queda absuelto del delito contra el medio natural que le imputaba la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción.

Según informa EFE, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le responsabiliza de un delito contra el patrimonio histórico y le hace responsable subsidiario del pago de la indemnización impuesta a la empresa que gestionaba el coto, Fimbas. Por el contrario, absuelven a la empresa ejecutora de las obras, Ferpi.

El juez, apunta para fundamentar la condena, da absoluta credibilidad al testimonio prestado por la persona encargada de gestionar Fimbas, “que aseguró haber recibido órdenes directas del empresario para actuar en el lugar donde se ubicaba el yacimiento”, informan desde EFE.

La historia

En 2007, maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la Cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.  La razón es que este yacimiento está situado en un coto de caza privado, gestionado por la sociedad  Fimbas.

Este suceso sin precedentes sentó en el banquillo al ‘rey del carbón’, para el que la Fiscalía pedía 2 años y 8 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno de Aragón de 14,3 millones de euros por los daños causados.

La destrucción de la cueva de Chaves para el Neolítico equivale a lo que supondría la destrucción de Barcelona para la sociedad actual. Esta comparación, que concentra en apenas una frase la gravedad de los hechos, estremeció a la sala en el juicio celebrado por la destrucción del segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica poblado hace 6.000 años.

De él hay que hablar en pasado, porque ya no queda nada de esta joya prehistórica, de gran valor arqueológico, ubicada en el barranco de Solencio en Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca). En 2007, maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la Cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.  La razón es que este yacimiento está situado en un coto de caza privado, gestionado por la sociedad  Fimbas, que sigue organizando grandes monterías en la finca.

Este suceso sin precedentes sentó la semana pasada en el banquillo al empresario leonés Victorino Alonso, conocido como ‘el rey del carbón’, para el que la fiscalía ha pedido 2 años y 8 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno de Aragón de 14,3 millones de euros por los daños causados.

“Salga lo que salga del juicio, el daño ha sido tan salvaje y tan brutal, que hemos perdido todo un conocimiento incalculable, que nunca sabremos”, manifiesta a este diario Chesús Ferrer, de Ecologistas en Acción, organización que ha ejercido de acusación particular junto a Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). 

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que antes del expolio faltaba por estudiar más del 90 % de su espacio. Indignado por los hechos, Ferrer insiste en que esta noticia está teniendo “mucho eco por el acusado, pero la gente no está siendo consciente del daño que se ha producido”. Por ello, la acusación particular confía en que, tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de Huesca, la sentencia sea “ejemplar”.

“Estamos convencidos de que la persona que dio la orden de destruir la cueva fue Victorino Alonso y lo hizo consciente, sabiendo exactamente lo que hacía y el valor que tenía la cueva”, donde se llevaban realizando excavaciones desde hace más de treinta años, explica.

Ecologistas en Acción y Apudepa han exigido una pena de 3 años de cárcel por la destrucción de patrimonio y una indemnización civil de 50,9 millones de euros, a lo que hay que sumar otra condena de 3 años por el daño ambiental, solicitada por los ecologistas.

También para Apudepa, han quedado demostrados los hechos con las declaraciones de los testigos, expertos y peritos que durante tres días han testificado en el juicio en Huesca. Uno de ellos fue el codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Este experto llegó a decir ante el juez que la destrucción de la Cueva de Chaves supuso una pérdida enorme para el conocimiento, porque era uno de los bienes fundamentales del Neolítico Peninsular, junto a la cueva de l'Or (Alicante).

El presidente de Apudepa, Carlos Bitrián, coincide con que lo ocurrido en Chaves es una de las mayores “desgracias patrimoniales de los últimos tiempos” y, tras el juicio, espera que la sentencia deje claro que el Estado castiga los atentados contra el patrimonio, sobre todo cuando son “tan graves e irreversibles”.

“En Chaves había depositado muchas preguntas relacionadas con la colonización neolítica en la Península y lamentablemente han quedado sin respuesta. Es un hecho aterrador y no creo sinceramente que la sociedad en su conjunto sea meramente consciente de lo que ha pasado en Chaves”, comenta.

Recuperar materiales extraídos

Al menos desde Apudepa vislumbran una medida para paliar el daño, aunque en menor medida. En concreto, reclaman que la indemnización vaya destinada a recuperar en la medida de lo posible los materiales extraídos del yacimiento durante la excavación, que quedaron depositados junto a la cueva. Son conscientes de que una parte de esos materiales, al estar descontextualizados pierden todo su valor, pero hay otros que deben ser limpiados, tratados y estudiados.

“Si se encuentra una costilla descontextualizada no tiene ningún interés, pero si forma parte de un esqueleto y al lado hay cantos rodados que indican un ritual tiene mucha información científica. Eso se ha perdido, pero hay otros bienes que por sí mismos sí que tienen valor”, precisa.

La destrucción del yacimiento tardó en trascender casi dos años

Los hechos ocurrieron en 2007, aunque trascendieron dos años más tarde, en 2009, cuando el director de las excavaciones arqueológicas de Chaves, el investigador Vicente Baldellou, ahora fallecido, denunció la destrucción del nivel Neolítico y parte del Paleolítico.  Maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó la cueva, sin permisos administrativos, extrayendo  2.247 metros cúbicos de sedimentos, según consta en el auto judicial. Prácticamente la mitad (1.017) correspondía al nivel arqueológico del Neolítico.

El resultado fue que el segundo yacimiento más importante habitado por el hombre durante el Neolítico pasó a convertirse en un abrevadero para animales. Cuando la Guardia Civil se presentó en la Cueva de Chaves descubrió en su interior pesebres, bebederos y cuadros para los animales, apunta Chesús Ferrer, quien aclara que, en estas fincas, los animales son criados como ganado doméstico.

La finca cinegética, por la que se llega a pagar más de 3.000 euros por puesto de tiro, fue cercada en 1974, cuando un grupo de empresarios compró el término municipal de Bastarás, entonces deshabitado, para convertirlo en un coto de caza. Un reportaje publicado en 1973 por el diario ABC da cuenta de los hechos e indica que el pueblo de Bastarás fue vendido a 35 céntimos metro cuadrado y a 3.300 pesetas la hectárea. 

Con esta operación, quedó cercada la Cueva de Chaves, un lugar de atracción y esparcimiento al que acudían los vecinos de la zona los días de fiesta. A partir de entonces, para visitarla había que pedir permiso, algo que se complicó con la actual  gestora, la empresa Fimbas. En los últimos años, solo entraban arqueólogos para continuar con las investigaciones.

Victorino Alonso niega haber dado la orden de destruir Chaves

Aunque para la acusación la vinculación de Victorino Alonso con la empresa Fimbas, desde donde supuestamente salió la orden de excavar la cueva, está clara, el único acusado, el empresario leonés, niega la mayor.  En el juicio, Alonso, que se enfrenta a penas de 2 años y 8 meses de prisión, se desvinculó de los hechos y aseguró que él no tenía ninguna relación administrativa con la empresa que gestiona el coto, Fimbas. Incluso, llegó a afirmar que desconocía la existencia del yacimiento hasta su denuncia en 2007.

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción indican que la relación de Alonso con Fimbas ha quedado demostrada en el juicio con el testimonio de varios testigos, que aseguran que cerraron varias operaciones de arrendamiento y de permutas con el propio Victorino Alonso, a quien en todo momento consideraron el propietario. También la persona que ejerció de apoderado en Fimbas hasta el año 2005, Alejandro Millet, afirmó que quien mandaba en el coto era Victorino Alonso.

Tras estos hechos, las organizaciones, que han ejercido de acusación particular y que han vivido tres días intensos de juicio, esperan que la sentencia llegue antes de Navidad y sea, sobre todo, “ejemplar” para que lo que consideran una “desgracia patrimonial” no vuelva a ocurrir.

Victorino Alonso, conocido como 'el rey del carbón', no ha empezado 2015 con buen pie. Primero, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Aragón que ordenaba cerrar su coto de caza y eliminar el vallado, un asunto que da vueltas por la Administración y los tribunales desde septiembre de 2009. Después, un juez de Huesca abrió juicio oral contra el empresario y le impuso una fianza de 66,2 millones de euros por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves. Mientras tanto se siguen celebrando cacerías en la finca de Huesca que ha dado a Alonso algunas satisfacciones y muchos problemas.

El domingo 22 de febrero a las 11 de la mañana, el sonido de un cohete anunció el comienzo de una montería. “¡Tiros, tiros y más tiros!”, explican para resumir el día de caza en la revista digital Cazawonke.com. El resultado de la jornada fue que los cazadores abatieron 218 jabalíes desde los 17 puestos de la finca cerrada de Bastarás, Huesca, donde se han llegado a pagar, según se anuncia en internet, hasta 3.800 euros por puesto.

Cuatro días después de la “montería cochinera”, el titular del juzgado número 3 de Huesca abría juicio oral contra el empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento de Chaves, en la finca de Bastarás.

Las excavaciones arqueológicas, que se iniciaron en 1975 en la cueva de Chaves, revelaron que se trataba del yacimiento neolítico más importante de Aragón y el segundo de mayor relevancia de España, tras la cueva valenciana del Or. Hace más de 35 años, una empresa compró el pueblo deshabitado de Bastarás y su termino municipal para convertirlo en coto privado de caza. Una valla de más de 20 kilómetros delimitaba la propiedad. En 2009 se conoció que una máquina había destrozado el importante yacimiento neolítico.

El pasado 6 de febrero, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso de Fimbas SA, la empresa que gestiona la finca de Bastarás, contra la sentencia de 23 de enero de 2013 de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Así, el Supremo ratificaba que se deben “capturar o sacrificar todos los ejemplares de arruí que hay dentro del coto de Bastarás”, la “anulación de coto de caza HU-10.134P” y, después de asegurarse de que no quedan especies no originarias del lugar, “eliminar el vallado”.

Posteriormente, a través del director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón se ha conocido la intención de los representantes legales de Fimbas de recurrir la sentencia ante el Constitucional y solicitar la suspensión cautelar para dilatar el cierre del coto. Chesús Ferrer, coordinador de Ecologistas en Acción en Aragón, explica que “como las anteriores sentencias están muy bien fundamentadas, tenemos la esperanza de que el Constitucional no admita a trámite el recurso y se acelere el proceso. Llevamos muchos años esperando que esto tenga su fin”.

“Se han cargado todo el depósito de tierras neolíticas”, decía el arqueólogo Vicente Baldellou, fallecido en octubre de 2014, quien investigó el yacimiento neolítico de 1984 a 2000. En 2007, los propietarios de la finca retiraron más de mil metros cúbicos de restos arqueológicos. En el mismo documental, Chaves, la memoria expoliada, realizado en 2009 por Ecologistas en Acción, donde intervenía Baldellou, el alcalde de Casbas de Huesca, ayuntamiento al que pertenece Bastarás, reconocía que “no han dado permisos para las obras. No los pidieron porque no se los habrían dado”.

Sobre el juicio por el expolio de la cueva de Chaves, Ferrer recuerda que “hace unos meses no teníamos nada claro porque sabíamos qué persona estaba detrás. No pensábamos que quien resultara imputado fuera Victorino Alonso. Conocíamos que era muy difícil llegar hasta él y su forma de actuar. Primero, un apoderado de Fimbas asumió la responsabilidad, pero fue apartado de la empresa y aportó la documentación que muestra que Victorino Alonso está detrás de las dos empresas que intervinieron en lo de la cueva: Fimbas, como propietaria del coto, y Ferti, que es la empresa que hizo el aeropuerto de Huesca y dos tramos de la autovía Huesca-Pamplona, como propietaria de las maquinas”.

Don Vito, el rey del carbón

Victorino Alonso (La Vid de Gordón, León, 1952) es un empresario al que llaman en León 'Don Vito', que tiene mucha experiencia en pleitos y siente pasión por la caza. Convencido, como se dice en La escopeta nacional, de que “la vida social tiene sus momentos estelares en las cacerías”, ha convertido su finca en un parque temático para los cazadores, donde disponen, según la oferta que realiza la empresa 'Cabezas, servicios de caza', de una extensión de 500 hectáreas. El coordinador en Aragón de Ecologistas en Acción considera que personas como Alonso “pueden ser muy seguros en los negocios, pero la caza les apasiona y se pierden. Tal vez entre los pocos documentos que ha debido firmar en su vida se encuentran los que tienen que ver con la caza”.

“Les han dejado hacer lo que han querido”

La Finca de Bastarás está situada en el Parque Natural de la Sierra y cañones de Guara, que fue creado en 1990 y ocupa una extensión de 47.453 hectáreas y 33.286 más de zona de protección. Es habitual escuchar las quejas de los vecinos de los pueblos que están dentro del parque a la hora de hablar de Bastarás. Mientras ellos para realizar sus labores se ven obligados a cumplir toda la legislación del Parque de Guara, en el coto se han llevado a cabo obras continuadas de acondicionamiento sin que la Administración tomara medidas. “Durante decenas de años a los propietarios les han dejado hacer lo que han querido, pero los de los pueblos de alrededor debemos pedir permiso hasta para cortar leña”, dice un vecino.

Toda la finca está totalmente vallada y en las entradas han colocado distintos carteles que avisan de que está prohibido el acceso por tratarse de una propiedad particular y que se debe tener “Cuidado con los perros”. En distintos puntos del vallado también han colocado carteles que advierten de que es una “Finca protegida por detector de presencia humana”. Paradójicamente, en algunos casos los carteles de la valla están situados detrás de unos de mayor tamaño que ha instalado el Gobierno de Aragón donde se indica que es un “Espacio Natural Protegido”.

Si se observa desde lo alto de la carretera el antiguo pueblo de Bastarás se aprecia que gran parte de la finca está roturada y despoblada de vegetación, salvo unas carrascas que ponen puntos de color a un paisaje árido que contrasta con el verde de los campos que rodean la finca. Desde hace años, los gestores de Bastarás han preparado el terreno para convertirlo en un parque de caza donde pueden garantizar, por ejemplo, que en un día se abatirán 150 jabalíes. No resulta extraño que la empresa 'Cabezas, servicios de caza', utilice como reclamo que “es una de las mejores fincas que en la actualidad se puede montear en España”. En 2014, Bastarás obtuvo el primer y segundo premio a la mejor montería de jabalí en cercado que otorga Todomonteria.com.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un varapalo judicial a Victorino Alonso, conocido como el ‘rey del carbón’ por tener las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores. La Sala de lo Social de este órgano judicial ha declarado nulo el despido colectivo de 29 trabajadores del Grupo Salgueiro de Unión Minera del Norte (UMINSA), sociedad del Grupo Alonso. Además, ha obligado a la empresa a readmitirles en las mismas condiciones en las que estaban antes, mientras que a los empleados les obliga a que devuelvan las indemnizaciones, si las hubieran percibido.

El Tribunal además obliga al grupo a que abone a los empleados los salarios que han dejado de percibir desde que fueron despedidos el pasado 5 de febrero, según la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta.

El 4 de enero de 2013, se comunicó a los trabajadores del grupo Salgueiro, ubicado en Torre del Bierzo (León), la apertura del expediente de consultas para despedir a 29 trabajadores por causas económicas y productivas. Los representantes sindicales, de UGT y CCOO, reclamaron la nulidad del despido colectivo decidido por la empresa UMINSA para sus trabajadores del Grupo Salgueiro, basándose en tres motivos: “la no realización del período de consultas y no entrega de la documentación prevista”; “la adopción de la decisión extintiva con fraude, dolo o abuso de derecho (alegan los actores que la empresa ha ocultado su auténtica dimensión en cuanto integrante de un grupo de empresas, viciando con ello el proceso de despido colectivo); y ”la vulneración de derechos fundamentales y libertados públicas“.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce, en su sentencia, que las causas de la decisión extintiva “afectan a toda la empresa, puesto que se basa en la obligada disminución en la producción del carbón impuesta por las Resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Y, además, incide en que se ha comprobado que las causas invocadas para la finalización de los contratos giran en torno a la bajada de la producción del carbón en la totalidad de la empresa UMINSA.

“Las causas económicas y productivas afectaban a la empresa en su conjunto pese a lo cual el período de consultas no se llevó a cabo con el Comité Intercentros, sino con los representantes del personal de cada uno de los centros afectados, lo cual, por una parte, debilita la defensa de los trabajadores afectados y, por otra, constituye un fraude indudable porque, como señalan los actores, la empresa oculta su verdadera dimisión y la generalidad de las causas extintivas”, añade la sentencia.

La empresa UMINSA, junto a otra de sus sociedades Coto Minero Cantábrico, se declaró en preconcurso de acreedores ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid en marzo pasado, justificando esta decisión en que el ministerio de Industria denegó 49 millones de euros en ayudas, (29,3 millones a Uminsa y 19,8 a Coto Minero) por impagos a la Seguridad Social. Un comunicado de las dos empresas alegó a que la sanción del Ministerio y la reducción de la producción que pueden vender en 2013, así como la impugnación por las eléctricas de las cantidades, calidades y precios del carbón que están obligados a quemar, le hacía imposible colocar su producción y obtener ingresos.

Además, y tal y como informó el día 21 www.eldiario.es, Victorino Alonso guarda más de 800.000 toneladas de carbón mientras el Estado, a través de la empresa pública Hunosa, busca 500.000 que le compró para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). El mayor patrono del sector en España apila en menos de una decena de emplazamientos cerca del doble del carbón que el encargado de velar por su custodia y destino ahora no encuentra.

El empresario minero Victorino Alonso guarda más de 800.000 toneladas de carbón mientras el Estado, a través de la empresa pública Hunosa, busca 500.000 que le compró para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). El mayor patotrono del sector en España, con las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores vinculados a ellas, apila en menos de una decena de emplazamientos cerca del doble del carbón que el encargado de velar por su custodia y destino ahora no encuentra.

El empresario tiene colocadas tablillas visibles en emplazamientos como el viejo pozo abandonado de Caleyo, dos en el cielo abierto de Gran Corta, uno en el lavadero de Fabero, otro en el de Alinos, uno más en la vieja mina cerrada de San Luis en Toreno y uno de grandes dimensiones en Cubillos del Sil, cerca de la central térmica de Endesa. Aquí Hunosa le acusa de haber marcado con una tablilla de la eléctrica una pila que se supone pertenece al AETC.

Hunosa, a la postre el Estado a través del Ministerio de Industria, pagó por ese carbón. Y también por el alquiler del emplazamiento en instalaciones de Victorino Alonso y sus empresas: Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC). Pero es comprobable que nada hay en los de Santa Cruz y Recuelga, poco en Alinos, falta una parte en Caleyo y Jarrina y bastante en Cubillos.

Alonso niega haberlo vendido dos veces. Pero ha dado explicaciones distintas, que van desde increíbles pérdidas por viento y lluvia del 10% de los tres millones de toneladas que le compró el AETC en 2010 a que movió el mineral para ajustar calidades y mezclas. O que Hunosa no lo ha contabilizado bien. Ha ofrecido entregar del que tiene apilado en otros puntos. Pero niega fraude o que lo haya vendido dos veces, o que no esté donde debiera. Incluso ha demandado a Hunosa en los tribunales por paralizarle pagos, perjuicios y acusarle de fraude.

Sea como fuere, el caso es que el Estado ha perdido medio millón de toneladas de carbón comprado al empresario y que parece que no custodió debidamente.

El caso de la desaparición de tal cantidad de carbón está a punto de llegar a los tribunales. De momento Hunosa ha pignorado ayudas públicas, a través de un Juzgado de Oviedo, por 26 millones de euros. Pero además reclama otros 20 millones más, hasta sumar 46, por ese medio millón de toneladas que no encuentra donde supuestamente debería estar.

Fuentes del holding público Sepi, del que forma parte la minera estatal, confirman que esta semana tiene previsto presentar una querella criminal y una demanda civil contra el controvertido empresario. Incluye peritajes independientes del Colegio de Ingenieros de Minas y de la Guardia Civil, dado que el carbón del AETC es bien público. Acusará a Victorino Alonso de fraude y apropiación indebida, y le reclamará el reintegro de las cantidades abonadas por el carbón que le compró en 2010.

Eldiario.es ha visitado los emplazamientos en los que Hunosa dice que debería estar el carbón, y efectivamente no está. Pero también ha estado en los que Alonso almacena más de 800.000 toneladas, según cifras que facilitan sus propios trabajadores y cálculos de un ingeniero de minas en base a imágenes. Y en esos emplazamientos hay miles de toneladas de carbón. Parte de esas inmensas pilas están marcadas con tablillas, curiosamente nuevas e impolutas, que muestran la leyenda ‘Sepi’ y ‘AETC’. Pero los lugares no coinciden, según Hunosa, con los indicados en los partes mensuales enviados hasta principios de año.

Desde entonces no se ha movido una tonelada: las térmicas mantienen una disputa con el Gobierno y hasta esta semana estaba paralizada la adquisición y consumo de carbón nacional. Eso ocurre, a pesar de que un decreto les obliga a utilizarlo, por 6,5 millones de toneladas anuales más cantidades del AETC, creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono, debido a la crisis energética, la caída del consumo eléctrico y -sobre todo- a otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Desde entonces no se ha movido una tonelada, y las minas privadas de León y Asturias llevan paradas desde el 4 de marzo, con un ERE de seis meses que afecta a 3.000 trabajadores. El motivo, una errática política del Gobierno para un sector que el PP ya intentó liquidar en época de Aznar. Pero sobre todo, el carbón no se mueve porque el lobby las eléctricas mantiene una disputa más amplia con el Gobierno. Todo a pesar de que un decreto les obliga a comprar cantidades que suman hasta 6,5 millones de toneladas anuales a las minas, más el que deben adquirir del AETC y que se fija ahora mensualmente.

Este almacenamiento estratégico fue creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono por la caída del consumo eléctrico y de otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Miles de trabajadores pendientes

Ese medio millón de toneladas mantiene en vilo a los cerca de 2.200 empleados del Grupo Alonso vinculados a la minería, el transporte de carbón, los suministros, la seguridad privada, las excavaciones y las contratas auxiliares. Les adeuda entre dos y cuatro meses de salario –según los casos– y la mayoría está en paro por seis meses, desde principios de marzo, mediante un ERE temporal. Para unos 250 mineros, la regulación de empleo es definitiva.

La disputa entre el Ministerio de Industria –que controla Hunosa– y Victorino Alonso va más allá del sector. En las cuencas mineras de León y Asturias, en territorios como el Bierzo, Laciana, Degaña, Ibias o Tineo absolutamente toda la actividad económica gira en torno al sector carbonero. Hay un monocultivo económico con el que no se ha acabado desde hace tres décadas, pero que ha pasado de una atomización patronal a un oligopolio de menos de una decena de empresarios. Uno es el Estado a través de Hunosa, a la que en todo este proceso se ha inyectado ayudas por 26 millones de euros. Evita así un conflicto social en la empresa con mayor plantilla directa, dos millares de mineros.

En la actualidad hay 3.000 mineros en ERE en León y Asturias, que se manifestaron masivamente este miércoles en la capital leonesa y Mieres. El conflicto cruzado entre mineras y Estado –Alonso y Hullera Vasco Leonesa tienen retenidas las ayudas estales supuestamente por no pagar a Seguridad Social–, Industria y eléctricas –por la obligación que rechazan de quemar carbón nacional–, y todos contra todos por el nuevo marco energético nacional que se diseña o la adaptación a directrices europeas, tiene al límite de la asfixia económica y social a la mitad de estas dos provincias. A miles de familias: se calcula que unas 60.000 personas.