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ARAGÓN

La destrucción del segundo mayor yacimiento neolítico de España, a la espera de una condena “ejemplar”

En 2007 se excavó con maquinaria pesada, y sin permisos administrativos, el interior de la Cueva de Chaves, ubicada en un coto de privado de caza, para convertirla en un abrevadero. El acusado es el empresario leonés Victorino Alonso, ‘el rey del carbón’

La fiscalía pide para Alonso 2 años y 8 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico

“La noticia está teniendo mucho eco por el acusado, pero la gente no está siendo consciente del daño que se ha producido”

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Acceso a Bastarás, Huesca, finca donde se encuentra el yacimiento neolítico que fue expoliado. Foto: FGM

Acceso a Bastarás, Huesca, finca donde se encuentra el yacimiento neolítico que fue expoliado. FGM / Bastarás (Huesca)

La destrucción de la cueva de Chaves para el Neolítico equivale a lo que supondría la destrucción de Barcelona para la sociedad actual. Esta comparación, que concentra en apenas una frase la gravedad de los hechos, estremeció a la sala en el juicio celebrado por la destrucción del segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica poblado hace 6.000 años.

De él hay que hablar en pasado, porque ya no queda nada de esta joya prehistórica, de gran valor arqueológico, ubicada en el barranco de Solencio en Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca). En 2007, maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la Cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.  La razón es que este yacimiento está situado en un coto de caza privado, gestionado por la sociedad  Fimbas, que sigue organizando grandes monterías en la finca.

Este suceso sin precedentes sentó la semana pasada en el banquillo al empresario leonés Victorino Alonso, conocido como ‘ el rey del carbón’, para el que la fiscalía ha pedido 2 años y 8 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno de Aragón de 14,3 millones de euros por los daños causados.

“Salga lo que salga del juicio, el daño ha sido tan salvaje y tan brutal, que hemos perdido todo un conocimiento incalculable, que nunca sabremos”, manifiesta a este diario Chesús Ferrer, de Ecologistas en Acción, organización que ha ejercido de acusación particular junto a Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). 

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que antes del expolio faltaba por estudiar más del 90 % de su espacio. Indignado por los hechos, Ferrer insiste en que esta noticia está teniendo “mucho eco por el acusado, pero la gente no está siendo consciente del daño que se ha producido”. Por ello, la acusación particular confía en que, tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de Huesca, la sentencia sea “ejemplar”.

“Estamos convencidos de que la persona que dio la orden de destruir la cueva fue Victorino Alonso y lo hizo consciente, sabiendo exactamente lo que hacía y el valor que tenía la cueva”, donde se llevaban realizando excavaciones desde hace más de treinta años, explica.

Ecologistas en Acción y Apudepa han exigido una pena de 3 años de cárcel por la destrucción de patrimonio y una indemnización civil de 50,9 millones de euros, a lo que hay que sumar otra condena de 3 años por el daño ambiental, solicitada por los ecologistas.

También para Apudepa, han quedado demostrados los hechos con las declaraciones de los testigos, expertos y peritos que durante tres días han testificado en el juicio en Huesca. Uno de ellos fue el codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Este experto llegó a decir ante el juez que la destrucción de la Cueva de Chaves supuso una pérdida enorme para el conocimiento, porque era uno de los bienes fundamentales del Neolítico Peninsular, junto a la cueva de l'Or (Alicante).

El presidente de Apudepa, Carlos Bitrián, coincide con que lo ocurrido en Chaves es una de las mayores “desgracias patrimoniales de los últimos tiempos” y, tras el juicio, espera que la sentencia deje claro que el Estado castiga los atentados contra el patrimonio, sobre todo cuando son “tan graves e irreversibles”.

“En Chaves había depositado muchas preguntas relacionadas con la colonización neolítica en la Península y lamentablemente han quedado sin respuesta. Es un hecho aterrador y no creo sinceramente que la sociedad en su conjunto sea meramente consciente de lo que ha pasado en Chaves”, comenta.

Recuperar materiales extraídos

Al menos desde Apudepa vislumbran una medida para paliar el daño, aunque en menor medida. En concreto, reclaman que la indemnización vaya destinada a recuperar en la medida de lo posible los materiales extraídos del yacimiento durante la excavación, que quedaron depositados junto a la cueva. Son conscientes de que una parte de esos materiales, al estar descontextualizados pierden todo su valor, pero hay otros que deben ser limpiados, tratados y estudiados.

“Si se encuentra una costilla descontextualizada no tiene ningún interés, pero si forma parte de un esqueleto y al lado hay cantos rodados que indican un ritual tiene mucha información científica. Eso se ha perdido, pero hay otros bienes que por sí mismos sí que tienen valor”, precisa.

La destrucción del yacimiento tardó en trascender casi dos años

Los hechos ocurrieron en 2007, aunque trascendieron dos años más tarde, en 2009, cuando el director de las excavaciones arqueológicas de Chaves, el investigador Vicente Baldellou, ahora fallecido, denunció la destrucción del nivel Neolítico y parte del Paleolítico.  Maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó la cueva, sin permisos administrativos, extrayendo  2.247 metros cúbicos de sedimentos, según consta en el auto judicial. Prácticamente la mitad (1.017) correspondía al nivel arqueológico del Neolítico.

El resultado fue que el segundo yacimiento más importante habitado por el hombre durante el Neolítico pasó a convertirse en un abrevadero para animales. Cuando la Guardia Civil se presentó en la Cueva de Chaves descubrió en su interior pesebres, bebederos y cuadros para los animales, apunta Chesús Ferrer, quien aclara que, en estas fincas, los animales son criados como ganado doméstico.

La finca cinegética, por la que se llega a pagar más de 3.000 euros por puesto de tiro, fue cercada en 1974, cuando un grupo de empresarios compró el término municipal de Bastarás, entonces deshabitado, para convertirlo en un coto de caza. Un reportaje publicado en 1973 por el diario ABC da cuenta de los hechos e indica que el pueblo de Bastarás fue vendido a 35 céntimos metro cuadrado y a 3.300 pesetas la hectárea. 

Con esta operación, quedó cercada la Cueva de Chaves, un lugar de atracción y esparcimiento al que acudían los vecinos de la zona los días de fiesta. A partir de entonces, para visitarla había que pedir permiso, algo que se complicó con la actual  gestora, la empresa Fimbas. En los últimos años, solo entraban arqueólogos para continuar con las investigaciones.

Victorino Alonso niega haber dado la orden de destruir Chaves

Aunque para la acusación la vinculación de Victorino Alonso con la empresa Fimbas, desde donde supuestamente salió la orden de excavar la cueva, está clara, el único acusado, el empresario leonés, niega la mayor.  En el juicio, Alonso, que se enfrenta a penas de 2 años y 8 meses de prisión, se desvinculó de los hechos y aseguró que él no tenía ninguna relación administrativa con la empresa que gestiona el coto, Fimbas. Incluso, llegó a afirmar que desconocía la existencia del yacimiento hasta su denuncia en 2007.

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción indican que la relación de Alonso con Fimbas ha quedado demostrada en el juicio con el testimonio de varios testigos, que aseguran que cerraron varias operaciones de arrendamiento y de permutas con el propio Victorino Alonso, a quien en todo momento consideraron el propietario. También la persona que ejerció de apoderado en Fimbas hasta el año 2005, Alejandro Millet, afirmó que quien mandaba en el coto era Victorino Alonso.

Tras estos hechos, las organizaciones, que han ejercido de acusación particular y que han vivido tres días intensos de juicio, esperan que la sentencia llegue antes de Navidad y sea, sobre todo, “ejemplar” para que lo que consideran una “desgracia patrimonial” no vuelva a ocurrir.

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