Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de crisis políticas sucesivas y dio un nuevo giro con el nombramiento como mandatario interino hasta las elecciones de abril al octogenario y controvertido congresista José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.

Balcázar, un abogado de 83 años que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, pero que acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política, fue el más votado en la sesión extraordinaria del Congreso para reemplazar a José Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como presidente interino.

Con 64 votos frente a 46, el legislador se impuso a la derechista María del Carmen Alva, que a inicios del día partía como gran favorita para asumir temporalmente la Presidencia con la misión de conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el mando el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.

Sin embargo, en un enrevesado juego de intereses políticos y cálculos electorales de cara a los comicios que tendrán lugar en pocas semanas, Balcázar salió triunfante con el respaldo de un conjunto de partidos de derecha que inicialmente se preveía que votarían por Alva, pero a última hora variaron su voto.

Así, el Legislativo peruano, que destituyó a Jerí por las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias, acabó poniendo de presidente encargado a una figura igualmente polémica por los cuestionamientos e imputaciones en su contra, si bien él los rechaza y tilda de “leyendas negras”.

Como juez supremo, Balcázar fue sancionado por prevaricación al variar una sentencia que ya era firme, mientras que el colegio de abogados del que formaba parte lo expulsó por presuntamente haberse apropiado de fondos cuando fue su decano.

Como congresista destacó por haber dirigido la comisión en la que se nombran nuevos jueces del Tribunal Constitucional, pero por lo que más se le recuerda es por su postura contraria a prohibir el matrimonio infantil en Perú bajo el argumento de que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

También promovió un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo.

En los días previos a la votación, Balcázar llegó a insinuar en declaraciones a periodistas la posibilidad de indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 11 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022 para evitar precisamente ser destituido por el Congreso.

En su primer discurso como jefe de Estado, Balcázar garantizó a sus compatriotas “una transición democrática electoral pacífica” y pidió “que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones” generales que se celebrarán en abril próximo.

También aseguró que mantendrá la actual política económica, porque “no se puede llevar” a su país “a ensayos económicos” y que buscará fortalecer la seguridad ciudadana, que es la principal exigencia de la ciudadanía.

Balcázar deberá nombrar a lo largo de esta semana al Consejo de Ministros que lo acompañará en este nuevo periodo, tras el cisma provocado por su designación en los partidos de derecha como el fujimorismo y el ultraconservador Renovación Popular, que se acusan mutuamente de haber entregado el Gobierno a la izquierda.

De agitar el tablero electoral de Alemania a temer por su futuro. Esa ha sido la evolución de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, en sus siglas en alemán), un partido fundado en octubre de 2023 por la exintegrante de los poscomunistas de Die Linke y una de figuras más carismáticas y polarizadoras de la política alemana. Dos años después, BSW lucha por sobrevivir.

Wagenknecht anunció el pasado lunes en rueda de prensa que abandona la presidencia del partido. Aunque seguirá militando y formando parte de su directiva, la renuncia al liderazgo de una formación que lleva su nombre genera la sensación de que sin ella al frente, los días de BSW están contados. La hasta ahora vicepresidenta, Amira Mohamed Ali, y el eurodiputado de BSW y también exmiembro de Die Linke Fabio de Masi sucederán a Wagenknecht como tándem presidencial.

Las cosas han ido extremadamente rápidas para el partido más joven del país con presencia parlamentaria. Hace poco más de un año, en septiembre de 2024, la formación de Wagenknecht obtuvo unos resultados excepcionales en las elecciones regionales germanoorientales de Turingia y Sajonia. En ambos estados fue tercera fuerza con más del 15 y del 11% de los votos, respectivamente. En Turingia, incluso entró en un gobierno de coalición con los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD, una fórmula para evitar que la gobernabilidad del estado federado dependiese de la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD).

Pocos meses después, en las elecciones del estado de Brandeburgo, BSW volvió a ser tercera fuerza con más del 12% de los sufragios. Al igual que en Turingia, se convirtió en un actor clave para la gobernabilidad de la región que rodea Berlín y acabó coaligando con los socialdemócratas en un Ejecutivo que ahora está sumido en una crisis. Cuatro diputados de BSW en Brandeburgo han abandonado el partido denunciando tendencias autoritarias en la formación. Ello pone en peligro el futuro de la coalición de Gobierno regional y también la cohesión del partido de Wagenknecht.

Izquierda conservadora

A la postre, los resultados de esas tres elecciones regionales en el este de Alemania, con los grandes registros de BSW, desembocaron en el estallido de la Coalición Semáforo de Olaf Scholz. La consecuente convocatoria anticipada de elecciones federales parecía dar la razón a Wagenknecht sobre la existencia de un espacio electoral sólido en Alemania que combina una política económica y social de izquierdas con posiciones migratorias restrictivas y una oposición frontal al rearme frente a Rusia.

Ese perfil, que rompía el eje “conservadorismo-progresismo” tradicional desde una izquierda conservadora, parecía la fórmula perfecta para entrar en el parlamento federal en las elecciones anticipadas del pasado febrero.

Pero para sorpresa de la mayoría, Die Linke consiguió remontar durante las últimas semanas de campaña con una efectiva estrategia digital y gracias a figuras políticas jóvenes. Los poscomunistas rozaron el 9% de los votos, mientras que BSW se quedó a pocas décimas del umbral del 5% que permite tener representación en el Bundestag. Ahí comenzaron los problemas para el partido, que todavía hoy lucha a la desesperada por un recuento de los votos que le permita entrar en el parlamento federal. BSW incluso amenaza con llevar el caso ante el Tribunal Constitucional si la Junta Electoral rechaza el recuento.

Cinco retos para sobrevivir

Con la renuncia de Wagenknecht, BSW entra en una crisis existencial y se enfrenta a varios retos. Como explicó a la agencia DPA alemana el politólogo Jan Philipp Thomeczek, cinco son los peligros que acechan la existencia del partido. En primer lugar, el principal valor político de BSW, Sarah Wagenknecht, sale de la primera línea política. Si hasta ahora ella era la imagen y el principal gancho electoral, a partir de ahora el partido tendrá que construir otro liderazgo.

Otro escollo es que Wagenknecht no abandona del todo el partido. Ya ha anunciado que quiere presidir una “comisión de valores” y seguir formando parte del comité ejecutivo. Conociendo los precedentes de una figura con cientos de miles de fieles seguidores, con su nuevo rol se podría convertir en un verso libre y una voz incómoda con la nueva presidencia si comienza a mostrar críticas en público, como ya hizo con su expartido cuando todavía era diputada de Die Linke.

El riesgo de convertirse en un partido extraparlamentario podría generar una estampida de diputados y militantes de BSW

En tercer lugar, las tensiones ya existentes dentro de BSW —como muestran los abandonos de cuatro diputados del partido en Brandeburgo— podría aumentar tras la salida de la presidencia de Wagenknecht, hasta ahora el factor vertebrador de una formación muy joven que todavía busca su identidad política.

A esto se le suma un penúltimo factor: la formación necesita recuperarse urgentemente en las encuestas electorales de cara a las cinco elecciones regionales que celebra Alemania el próximo año. Si vuelve a quedar por debajo del umbral del 5% en algunas o todas ellas, el riesgo de convertirse en un partido extraparlamentario podría generar una estampida de diputados y militantes.

Y por último, si BSW fracasa ante la Junta Electoral y el Constitucional en su intento de un recuento electoral, este podría ser un golpe definitivo al futuro del partido, cuyas perspectivas ya no son halagüeñas tras la renuncia de Wagenkencht. La carismática política ya demostró en el pasado tener un olfato oportunista para abandonar proyectos abocados al fracaso, aunque esta vez se guarda la opción de marcar el camino ideológico del partido sin asumir la plena responsabilidad de la presidencia. La reportera del semanario Die Zeit Lisa Caspari, especializada en BSW, lo resume de la siguiente manera: “Wagenknecht se construye el mundo tal y como a ella le gusta”.

BSW celebrará los próximos 6 y 7 de diciembre un congreso decisivo para su futuro. En él, los delegados y las delegadas tendrán que confirmar a la nueva presidencia de la formación. También tendrá que elegir un nuevo nombre para un partido que aún se llama como la presidenta saliente. “Coalición para la Justicia Social y el Sentido Común Económico” es la propuesta de la nueva dirigencia. Ese nuevo nombre coincidiría con las siglas originales que responden al nombre de su fundadora.

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombrará un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas, anunció el Elíseo la noche del miércoles, confirmando las declaraciones previas de Sébastien Lecornu.

Cuando el primer ministro francés presentó su dimisión a Emmanuel Macron el lunes, el presidente le encargó llevar a cabo unas “negociaciones finales” para salir de la crisis política y sondear la posibilidad de un acuerdo de mínimos entre las fuerzas políticas. Con la fecha límite del miércoles por la noche.

Así que, tras esas consultas, el primer ministro dimisionario explicó en una entrevista en directo en el telediario de la televisión pública que en su opinión “hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución”. Y añadió: “Las formaciones políticas están dispuestas a ponerse de acuerdo sobre un presupuesto común”.

Las perspectivas de disolución se alejan. “Le he dicho al presidente que puede nombrar a un primer ministro en un plazo de 48 horas”, explicó. No obstante, lanzó una advertencia. “Tengo la íntima convicción de que el equipo que deberá asumir las responsabilidades, sea cual sea la elección del presidente de la República, deberá estar totalmente desconectado de las ambiciones presidenciales para 2027”, una referencia a los potenciales candidatos a suceder a Macron.

No obstante, Lecornu evitó pronunciarse sobre la orientación política que cree que puede tener ese nuevo jefe de Gobierno y subrayó que “corresponde al jefe de Estado decidir”.

El primer ministro –en funciones– había recibido a representantes de los partidos de izquierda, tras una primera jornada de negociaciones con los líderes del bloque centrista. La noche del martes los macronistas abrieron por primera vez la puerta a negociar una “suspensión” de la reforma de las pensiones. Fue precisamente la primera ministra encargada de pilotar la tramitación legislativa de la medida, Elisabeth Borne, la encargada de evocar esa posibilidad en una entrevista al diario Le Parisien, en la que apeló a “la estabilidad del país”.

Sobre esa cuestión de la reforma de las pensiones, el primer ministro evitó pronunciarse. “No estoy aquí para hacer anuncios, ya que he dimitido, pero este tema es, efectivamente, un verdadero punto de bloqueo”. La reforma ha sido uno de los caballos de batalla de los partidos progresistas en los últimos dos años, por lo que el gesto fue interpretado como positivo por socialistas, comunistas y ecologistas, que reclaman la posibilidad de gobernar tras el fracaso de tres gobiernos de centro-derecha. Su secretario general, Olivier Faure, había advertido que “ha llegado el momento de dar la opción a la izquierda”, tras haber probado sin éxito “tres primeros ministros de derecha consecutivos”.

Una exigencia compartida con Los Ecologistas y el Partido Comunista, que también se reunieron con Lecornu a lo largo de la mañana. No acudió a la cita LFI, que no quiso participar en las negociaciones. El partido de Jean-Luc Mélenchon sigue reclamando la dimisión de Emmanuel Macron. El miércoles su moción de destitución contra Emmanuel Macron fue rechazada por la mesa de la Asamblea Nacional, con el voto a favor únicamente de los representantes de la izquierda, el voto en contra de los macronistas y la abstención de la extrema derecha.

Reforma de las pensiones

A su salida del Hôtel de Matignon el miércoles, no obstante, los socialistas se mostraron más escépticos que en días anteriores. Faure lamentó no haber recibido “ninguna garantía sobre la realidad de la suspensión” de la reforma y evocó la posibilidad de que “toda esta historia podría ser un completo engaño” de los macronistas.

La reforma de las pensiones de 2023 que aumentó en dos años la edad de jubilación es la medida más importante y a la vez el mayor lastre del segundo mandato de Emmanuel Macron. La impopularidad de la ley –que tuvo que ser aprobada por decreto, sin voto en la Asamblea– ha mermado el margen de maniobra de la macronía.

Desde su anuncio en 2022, es uno de los motores de la creciente impopularidad de Macron y de la erosión de la coalición centrista, que perdió la mayoría absoluta en las elecciones de 2022 y pasó a ser el tercer bloque de la Asamblea (superado por la izquierda y la extrema derecha) en 2024.

Aún así, la posibilidad de dar marcha atrás, como única salida para el bloqueo político en el que está sumida Francia, divide a las tropas macronistas. Según Roland Lescure, el ministro de Economía –recién nombrado y ya en funciones– “modificar la reforma de las pensiones costará cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027”, en un contexto de fuerte endeudamiento público.

Un precio que algunas figuras de centro-derecha, Édouard Philippe, se niegan a pagar. “Nuestro país no se lo puede permitir”, sentenció el líder de Horizontes, que el día anterior había evocado la posibilidad de una dimisión del presidente como salida a la crisis.

Tampoco la derecha, que lo considera “una línea roja” según afirmó su presidente, Bruno Retailleau, cuyo enfrentamiento con los macronistas provocó la explosión del gobierno horas después de ser nombrado. En las consultas que se llevaron a cabo el lunes, Sebastien Lecornu aseguró al jefe del grupo parlamentario de Los Republicanos, Laurent Wauquiez (rival interno de Retailleau), que sin centro y derecha, las opciones del presidente se reducirían a nombrar un primer ministro de izquierdas o a una nueva disolución de la Asamblea.

La decisión final reposa en el presidente Emmanuel Macron, al que la Constitución da el poder total para elegir el primer ministro o para decidir la disolución de la Asamblea. A las 18 h, el primer ministro en funciones se dirigió al Palacio del Elíseo para informarle del estado de las negociaciones. A continuación, el presidente de la República “asumirá sus responsabilidades” y “se pronunciará para anunciar sus decisiones”, hizo saber el Elíseo.

“Nunca hemos estado tan cerca de tener un primer ministro de izquierdas y ecologista”, aseguraba Marine Tondelier, líder de Los Ecologistas. Tras ser recibida por el primer ministro dimisionario, Tondelier advirtió contra la tentación de nombrar de nuevo a un primer ministro macronista, una “provocación definitiva. No duraría ni un minuto”.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha dimitido esta mañana. Lecornu presentó la renuncia ante el presidente galo, Emmanuel Macron, que la aceptó, solo un día después de anunciar la formación de su gobierno, y tras menos de un mes en el cargo. Ambos se habían reunido durante una hora en el palacio del Elíseo, según la BFMTV.

“Los partidos políticos siguen comportándose como si tuvieran mayoría absoluta. Me he encontrado en situaciones en las que el acuerdo estaba cerca, pero en que cada partido quería que los otros adoptasen enteramente su programa”, ha explicado Lecornu tras la decisión en una intervención sin preguntas en la que ha dicho que, a medida que negociaba con las diversas formaciones —que no ha citado por el nombre— y se avanzaba en compromisos, “la línea se movía”.

“Yo soy un militante, pero siempre hay que preferir al país antes que al partido”, ha terminado, antes de asegurar que para llegar a un acuerdo hace falta “humildad” puesto que, en realidad, las diferencias no son tantas.

Lecornu debía presentar el martes su programa de gobierno en la asamblea. La oposición había ya amagado con presentar una moción de censura exprés por la composición continuista del Ejecutivo.

Macron ha encomendado a Lecornu la tarea de tantear a las fuerzas políticas para decidir qué hacer a continuación y dar una salida a la crisis. Según ha informado El Elíseo por la tarde, el presidente frances le ha confiado “la responsabilidad de llevar a cabo, antes del miércoles por la noche, las negociaciones finales para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país”. “He acordado (...) llevar a cabo las conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país. Informaré al jefe de Estado el miércoles por la noche si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias”, ha reaccionado Lecornu en X.

El presidente francés ha declarado estar dispuesto a “asumir la responsabilidad” en caso de un nuevo fracaso del primer ministro saliente, un mensaje que parece amenazar con una nueva disolución de la Asamblea Nacional.

La presión sobre Macron

El efímero primer ministro se había mostrado dispuesto a suavizar las medidas de austeridad anunciadas por su predecesor, François Bayrou, rechazadas unánimemente por la oposición. Aunque sin renunciar a la reducción de la deuda y el déficit públicos; la incógnita radicaba en si Lecornu será capaz de encontrar un compromiso aceptable entre macronistas y socialistas. El sábado, el primer secretario del PS, Olivier Faure, aseguraba en una entrevista en Le Parisien: “Nos dirigimos directamente hacia una censura si la situación no cambia”. La duda se ha resuelto velozmente en sentido negativo.

La presión se dirige ahora directamente sobre Macron. La líder de La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea de la República, Mathilde Panot, ha publicado un mensaje en X en el que señala que “Macron debe marcharse” y que la “cuenta atrás ha comenzado”.

La crisis permanente en la política francesa experimenta una nueva vuelta de tuerca. Macron tiene la opción de nombrar un nuevo primer ministro —sería el cuarto en un año, tras los fallidos Michel Barnier y François Bayrou, además del propio Lecornu— o incluso disolver el parlamento y convocar elecciones. LFI plantea, por su parte, un voto parlamentario de destitución del propio presidente de la República, previsto en la Constitución francesa en caso de “incumplimiento de los deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio del su mandato”.

El presidente de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha pedido también la disolución de la cámara y la celebración de nuevas elecciones legislativas. “No se puede recuperar la estabilidad sin volver a las urnas”, ha escrito en X. “Hemos llegado al final del camino. No hay otra solución”, ha corroborado la líder, Marine Le Pen.

La Cámara de Representantes de Tailandia ha elegido este viernes al conservador Anutin Charnvirakul, magnate y exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera del cargo a Paetongtarn Shinawatra por haber criticado al Ejército del país en unos audios filtrados.

Anutin Charnvirakul se convierte en el 32º primer ministro de la nación y el tercero en dos años, después de que su partido abandonara hace cerca de tres meses el Gobierno de coalición encabezado por Shinawatra al conocerse las críticas que vertió contra el Ejército en el marco del conflicto territorial con Camboya.

Charnvirakul, líder de la formación Bhumjaithai, ha obtenido 311 votos, superando los 247 necesarios en el Parlamento de 492 escaños, gracias sobre todo al apoyo del partido con mayor representación parlamentaria, el reformista Partido del Pueblo (PP) –cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero no pudo gobernar–.

El nuevo jefe del Gobierno, de 58 años, lleva mucho tiempo en política, fue viceprimer ministro, ministro de Interior y de Sanidad en la época de la pandemia de la COVID, y estuvo al frente de la empresa de construcción de su familia.

Este viernes, el Ejecutivo ha retrasado la votación del nuevo primer ministro unas horas e, incluso, había intentado disolver el Parlamento con vistas a convocar elecciones anticipadas, pero finalmente el proceso se ha celebrado y Anutin Charnvirakul ha obtenido el apoyo mayoritario de los diputados.

El hasta ahora gobernante Pheu Thai propuso como candidato a primer ministro a Chaikasem Nitisiri (ministro de Justicia en 2013), que obtuvo 152 votos de los parlamentarios, 159 menos que el ganador.

Chaikasem Nitisiri compitió con la promesa de disolver la Cámara y convocar elecciones apenas tomase el poder, mientras que el nuevo primer ministro se había comprometido a convocarlas llegado enero. Esa fue una de las condiciones para que obtuviera el respaldo del PP, que no pudo presentar un candidato propio.

Está previsto que Anutin Charnvirakul gobierne cuatro meses, en los que se espera que interfiera en reformas planeadas por el Pheu Thai, entre ellas el control de la venta de marihuana, cuya legalización abanderó el líder conservador.

Tras la votación, el nuevo jefe del Gobierno ha asegurado que trabajará sin descanso: “Trabajaré muy duro, cada día, sin vacaciones, porque no hay mucho tiempo”.

El político conservador y monárquico fue el impulsor de la despenalización del cannabis en Tailandia en 2022 y asume hoy el timón de la segunda economía del Sudeste Asiático, golpeada en agosto por la entrada en vigor de unos aranceles del 19% impuestos por Estados Unidos.

Su elección vuelve a acercar al Ejecutivo con la monarquía y pone fin a otra Administración del clan de la familia Shinawatra, que ha tenido numerosos problemas con la Justicia de Tailandia en su pugna por el poder.

Aunque pueda parecer lo contrario, el intento de Donald Trump de hacerse con los recursos naturales de Ucrania es otro síntoma del declive del poder de Estados Unidos. Exigir la mitad de todos los ingresos (y no solo los beneficios) que generan en Ucrania los minerales, el petróleo, el gas y las infraestructuras recuerda al comportamiento de un matón, con la fanfarronería y la fuerza como únicos argumentos. Se está hablando de 400.000 millones de libras esterlinas [unos 483.000 millones de euros] y aceptar el trato reduciría a Ucrania al estatus de colonia económica de Estados Unidos.

Es el abandono absoluto de uno de los tres pilares que han sostenido la hegemonía estadounidense hasta ahora. El primero es la superioridad militar, en añicos tras los desastres de Irak, Libia y Afganistán. El Ejército estadounidense se asocia desde entonces a atrocidades, violencia, caos y humillantes derrotas estratégicas. Una lista a la que ahora se podría añadir la defensa de Ucrania respaldada hasta hace poco por EEUU.

La segunda base es la superioridad económica. Sigue existiendo, pero gravemente debilitada por el derrumbe financiero de 2008 y por la prolongada incapacidad del modelo estadounidense para lograr aumentos sostenidos en los salarios reales. Y la tercera, cuyos restos Trump está esparciendo a los cuatro vientos, es la superioridad moral. Siempre fue una ficción, pero era importante como forma de legitimar el dominio de EEUU. Ahora está en ruinas.

En contraste con las tiranías del Viejo Mundo, Estados Unidos siempre se ha definido como una tierra de libertad, a pesar de que hace solo dos generaciones esclavizaba al 89% de su población negra. Cuando Washington se atrevió a seguir el modelo europeo de colonialismo, con la anexión de Filipinas tras la guerra hispano-estadounidense, miembros de la elite de EEUU fundaron la Liga Antiimperialista para alertar del intento del Gobierno de “extinguir el espíritu de 1776” y “transformar la República en un imperio”.

Lo de Filipinas resultó ser una aberración. En lo sucesivo, Washington buscaría medios indirectos de control. En 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson llevó al país a la Primera Guerra Mundial junto a los aliados, acusó a la Alemania imperial de abandonar “prácticas humanas de naciones civilizadas” por el hundimiento indiscriminado de barcos por parte de los submarinos alemanes. “El mundo debe ser seguro para las democracias”, dijo. “Nunca podrá mantenerse un concierto firme por la paz si no es con la asociación de naciones democráticas”.

Cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt también habló desde las alturas sobre “la lucha de la democracia contra la conquista del mundo”. El presidente Harry Truman alertaba al comienzo de la Guerra Fría del riesgo de que los pueblos del mundo se rindieran ante “la falsa seguridad que de forma tan tentadora ofrecen los regímenes totalitarios, a menos que podamos demostrar la superioridad de la democracia”. 

De hecho, y por mucho que fuera engañoso, Estados Unidos y la Unión Soviética presentaban su gran conflicto como un choque de dos filosofías universalistas que prometían la liberación de la humanidad. “Libertad y democracia”, por una parte; terminar con el capitalismo y con el colonialismo para lograr la igualdad, por otra.

Ronald Reagan, un republicano de derechas, decía que Estados Unidos solo libraba guerras “para defender la democracia y la libertad”, que era “una fuerza de paz, no de conquista” y que podría “haber logrado la dominación del mundo”. “Pero eso no se correspondía con el carácter de nuestro pueblo”.

Sí, todo se basaba en una mentira. Las pretensiones de democracia se vieron fatalmente comprometidas con la prolongada limitación de derechos para los afroamericanos del sur, que lucharon duramente para conquistarlos. 

En el extranjero, Estados Unidos fue responsable de horrores innumerables. En las décadas de los sesenta y los setenta, bombardeó el sudeste asiático e intervino para apuntalar una dictadura militar brutal en Vietnam del sur. Solo en Camboya, los bombardeos estadounidenses puede que mataran a hasta 500.000 civiles. Una de esas campañas se llamó Operación Pacto por la Libertad, un claro ejemplo de lenguaje orwelliano para justificar una dominación criminal.

En América Latina, Estados Unidos ayudó a instigar despiadados golpes de Estado y a mantener dictaduras tan crueles como la de la Junta Militar en Argentina. “No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”, dijo en una ocasión Henry Kissinger hablando de Chile. 

En Oriente Medio, el pacto con los tiranos de Arabia Saudí y armar a Sadam Huseín en Irak, antes de derrocarlo en la desastrosa invasión del país en 2003, ponen de relieve el cinismo de Estados Unidos. De la misma manera que el apoyo constante a la subyugación de los palestinos por parte de Israel dejó al descubierto la hipocresía estadounidense, incluso antes de que facilitara el genocidio enterrando en los escombros de Gaza cualquier pretensión de superioridad moral. 

Pero el apoyo abierto de Trump a la limpieza étnica en Gaza y su sugerencia de que Estados Unidos debería tomar el enclave con avaricia manifiesta; su deseo descarado de reducir Ucrania a una colonia e, incluso, su deseo evidentemente sincero de anexionar Canadá se basan simplemente en la fuerza bruta y la avaricia sin complejos, sin pretensión de ninguna causa moral majestuosa.

Esto representa un problema para la derecha en Occidente. Esta semana hubo una reunión derechista en el este de Londres, llamada de forma grandilocuente Alianza para la Ciudadanía Responsable. El periódico The Daily Mail resumió así el discurso de la líder conservadora, Kemi Badenoch: “Es hora de levantarnos de rodillas y empezar a luchar por los valores occidentales”. ¿Cuáles son exactamente esos “valores”, ahora que la principal nación occidental –dirigida por un hombre al que Badenoch considera un aliado político– se ha despojado de sus viejas pretensiones?

Que Estados Unidos deje de molestarse en disfrazar de principios altruistas sus descarnados intereses es un grave error estratégico. Esta reivindicación moral mítica sirvió para obtener el consentimiento, o al menos la aquiescencia, de la opinión pública estadounidense en la proyección global del poder estadounidense. La visión hollywoodiense por la que Estados Unidos siempre es “el bueno” viene de una autopercepción que para muchos estadounidenses es algo relevante. Una afirmación que también sirvió para seducir a un gran número de personas por todo el mundo, construyendo aliados naturales de Estados Unidos en todos los continentes.

Todo eso se ha terminado ahora. Lo único que queda es una superpotencia que se tambalea, con un poderío militar menguado, un modelo económico quebrado, una democracia en crisis y un comportamiento claramente de matón. La caída del poder estadounidense es de todo menos digna.

El grupo rebelde M23, con el apoyo inestimable del Ejército de Ruanda, sigue con su avance por el este de la República Democrática del Congo sin encontrar resistencia. En cuestión de dos semanas se han hecho con el control de las dos capitales de las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, Goma y Bukavu respectivamente, ciudades que suman más de 3,5 millones de habitantes.

En su entrada en Bukavu se ha enfrentado a menos resistencia que en Goma, donde unas 3.000 personas murieron en la ofensiva y 700.000 tuvieron que huir de la zona.

Aunque no hay datos oficiales, la ONU ha denunciado la muerte de tres niños de entre once y quince años, según informó desde Ginebra la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani. “También estamos documentando casos de malos tratos, violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, reclutamiento infantil y forzado, intimidación y amenazas de muerte”, señaló la portavoz.

Además, al menos 150.000 personas han huido en Kivu Sur ante el avance del M23, lo que eleva a casi un millón los desplazados por la ofensiva rebelde en menos de un mes. “La crisis va a peor a medida que las personas huyen a áreas donde la ayuda humanitaria no puede llegar debido a la inseguridad”, lamentó recientemente el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eujin Byun.

La organización Médicos sin Fronteras informó el jueves de que uno de sus trabajadores y un niño habían sido heridos de gravedad por las balas que alcanzaron su centro de Masisi, en Kivu Norte, donde los ataques de las fuerzas gubernamentales continúan de forma puntual para intentar recuperar sus posiciones. Este sábado, MSF ha confirmado en un comunicado que Jerry Muhindo Kavali, el trabajador herido, ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas.

Además, la ONG asegura que atendió a 48 personas con heridas de bala en Bukavu, que suman un total de 315 en toda la provincia de Kivu Sur, y expresó su preocupación por posibles brotes de enfermedades infecciosas como el cólera.

Tras entrar en Bukavu, el líder del M23, Corneille Nanga, reiteró la amenaza de llegar hasta la capital Kinsasa y deponer al Gobierno del presidente Félix Tshisekedi, si este no se sienta en la mesa a negociar una paz: “Vamos a por la liberación total del pueblo congoleño”, dijo el líder rebelde.

El martes, los insurgentes llegaron sin contestación a Kamanyola y comenzaron a desatar el pánico en Uvira, la siguiente gran ciudad en su camino, a 80 kilómetros de distancia y con más de 700.000 habitantes. En esa urbe, los vecinos reportaron el miércoles disparos entre soldados de la RDC y el grupo aliado de autodefensa wazalendo por desavenencias sobre cómo se están enfrentando al imparable M23.

Una ofensiva con implicaciones regionales

La llegada a Uvira podría implicar nuevas dimensiones regionales. La ciudad se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Buyumbura, capital de Burundi, situada al otro lado del Lago Tanganica, situado entre la RDC y Burundi y otros países. El Gobierno de Ruanda es enemigo del de Burundi, liderado por Evariste Ndayishimiye, quien acusó a principios de mes a su homólogo ruandés, Paul Kagame, de aplicar un plan “expansionista” en la región mediante la “anexión de territorio vecino”.

De momento, ningún indicio hace pensar que el M23 podría entrar en territorio de Burundi buscando llegar a su capital, pero los 10.000 soldados burundeses desplegados en apoyo de la RDC se han retirado a su país, tras ser incapaces de proteger el aeropuerto de Kavumu, a las afueras de Bukavu, ante la llegada de los rebeldes. Además, se ha informado de que al menos 500 soldados congoleños también habrían cruzado la frontera para refugiarse en Burundi, al igual que más de 40.000 civiles, según datos de ACNUR. Los refugiados “llegan en muy mal estado”, según ACNUR, y “en muchas ocasiones ya han sido desplazados internos en varios sitios de la RDC antes de llegar a Burundi”.

El nivel de ansiedad por la ofensiva del M23 es tal que a 1.600 kilómetros de distancia, en Kinsasa, algunas embajadas extranjeras están empezando a mover a su personal en vehículos blindados y trasladando a algunos al otro lado de la frontera hacia Brazzaville, capital de la vecina República del Congo.

El avance imparable de los rebeldes ha generado rumores en la capital de un alzamiento contra el Ejecutivo de Tshisekedi, que se niega a sentarse a negociar con el grupo armado y pide hacerlo directamente con el Gobierno ruandés que, a su vez, niega cualquier involucración directa en el conflicto. El presidente de la RDC negó la caída de Bukavu, cuando ya se había producido a lo largo del fin de semana, para después admitirlo, lo cual denotó su falta de control sobre la situación y le colocó en una posición de debilidad.

El Gobierno ha negado cualquier rumor de golpe de Estado y ha pedido no dar pie a la “desinformación” que pretende debilitar al país. “El presidente Tshisekedi fue elegido por el pueblo congoleño para un mandato de cinco años. No aceptaremos ningún golpe de Estado que involucre al Ejército ruandés para desestabilizar las instituciones del país, legal y legítimamente establecidas”, dijo en la red social X el ministro de Justicia, Constant Mutamba.

Por el momento, las peticiones de la RDC para que los socios de Ruanda presionen al país no ha surtido el efecto deseado. Kinsasa acusó a los equipos de fútbol Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich de llevar camisetas “manchadas de sangre” porque en ellas aparecía el logo turístico de Visit Rwanda, pero ninguno ha cancelado el acuerdo con Ruanda y solo representantes del equipo muniqués dijeron que enviarán delegados a Kigali para monitorizar la situación. Por su parte, el Gobierno ruandés ha dicho que esas presiones amenazan con crear una guerra regional.

En la última semana, la presión sobre Kigali ha aumentado. El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra James Kabarebe, ministro de Estado de Ruanda, a quien acusa de controlar el recurso de los minerales para financiar al M23. Días antes, Bélgica denunció que Ruanda estaba atacando la integridad territorial de la RDC y el Gobierno laborista de Reino Unido llamó a filas al Alto Comisionado de Ruanda, el máximo representante diplomático del país ante Londres.

La contestación de Kigali ha sido muy distinta: ha decidido unilateralmente suspender su acuerdo de cooperación con Bélgica, acusando al país de aliarse con la RDC; mientras que solo ha “lamentado” en un comunicado las palabras del Gobierno británico, lo mismo que con Estados Unidos, cuyas sanciones calificó de “injustificadas” sin adoptar más medidas.

El cambio de Gobierno en Londres en julio de 2024 paralizó el acuerdo para enviar a migrantes que llegaran a Reino Unido de forma irregular a Ruanda, a cambio de más de 600 millones de euros, de los cuales la mitad ya se habían desembolsado a pesar de no haber llegado todavía ningún migrante a Kigali. El 40% del presupuesto anual del Gobierno ruandés viene de los cerca de 1.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo que recibe de sus socios internacionales.

Santiago Abascal y el secretario general del partido, Ignacio Garriga, han presentado este lunes a 12 nuevos portavoces nacionales de Vox designados por la dirección, a los que han encomendado la misión de “recorrer toda España pueblo a pueblo y calle a calle para trasladar las soluciones reales que tenemos para los graves problemas que afrontan los españoles”. A juicio de ambos dirigentes con ello quieren demostrar que “Vox es un partido de Gobierno y está preparado para ello”.

Los nombramientos se producen justo cuando la formación de extrema derecha afronta una nueva crisis interna tras las recientes expulsiones de dos procuradores en Castilla y León y la inesperada dimisión del exvicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. Todos ellos se han ido denunciando el “autoritarismo” de la dirección y la “falta de democracia interna” que sufre la formación de extrema derecha, que acaba de celebrar como “un gran éxito” la cumbre de Patriots, el partido de su grupo en la Eurocámara, que ha reunido este fin de semana en Madrid a varios líderes de la ultraderecha europea invitados por su presidente, Santiago Abascal.

Esa mesa de portavoces sectoriales nacionales estará liderada por portavoz nacional, José Antonio Fúster, e integrada por la portavoz en el Congreso de los diputados, Pepa Millán y por el líder de la delegación en Europa, Jorge Buxade. Además figuran en ella José María Figaredo, asumiendo la portación nacional de emergencia y economía; Samuel Vázquez como portavoz nacional de Seguridad e inmigración; Rodrigo Alonso como portavoz de trabajo y campo; Alberto Rodríguez Almeida, diputado en el Congreso, como portavoz nacional de industria; Rocío de Meer, en emergencia demográfica y políticas sociales; Isabel Pérez Moñino al frente de la Agenda España; Carlos Hernández Quero, como portavoz en materia de vivienda, y Julia Calvet, como portavoz de juventud, a la que Garriga ha definido como “una joven promesa que se ha forjado en las calles de Cataluña defendiendo la libertad”. El elenco lo cierra Ainhoa García como portavoz nacional de familia, que asume también ahora asuntos locales. Sobre la ausencia de una portavocía de cultura, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, lo ha justificado posteriormente diciendo que “todo es cultura”, “la batalla cultural lo impregna todo”. “Cuando lleguemos al gobierno ya veremos que hacemos con el ministerio de Cultura”, ha advertido.

Según ha adelantado Garriga, esta docena de dirigentes “son personas comprometidas, con fuertes conocimientos y con mayor entusiasmo que van a recorrer toda España calle a calle junto a todos los cargos de Vox para explicar qué es lo que vamos a hacer cuando más pronto que tarde lleguemos al gobierno”.

Abascal, previamente, ha destacado el auge que está experimentando Vox que “sigue creciendo en intención de voto, sigue creciendo en afiliación y sigue creciendo en influencia nacional e internacional”, “a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la puerta del Sol y de Génova 13”. A su juicio, “esa influencia tanto en España como en Europa y en el resto del mundo ha quedado muy acreditada con los eventos de este fin de semana tanto en Madrid de Patriots, como el acto en Murcia”, que protagonizó Abascal y se jactan de haberlo llenado. Según ha apostillado luego Fúster, el objetivo de Patriots es “convertirse en el primer grupo del Parlamento europeo para ser la alternativa real a populares y socialistas en Bruselas”.

En el partido aseguran que “todos los ataques” que están sufriendo por parte del PP tienen que ver con las negociación de los presupuestos en las autonomías en donde antes gobernaban conjuntamente. “Se lo decimos a Génova y a la Puerta del Sol, nosotros no cedemos ni renunciamos a nuestros principios que son los mismos que los de nuestros votantes. El mensaje de Santiago Abascal fue nítido: si el Partido Popular no se desmarca de las políticas del Partido Socialista en Europa, de la inmigración, del.fanatismo del cambio climático o de las políticas que nos roban la prosperidad, que no cuenten con nosotros para probar los presupuestos regionales”.

Curiosamente, y pese a este fracaso en esas autonomías, el miércoles que viene Vox dará una rueda de prensa para explicar “el éxito de las negociaciones presuestarias en los ayuntamientos”, en donde ambos partidos sí han sido capaces de llegar a un entendimiento.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido este domingo la renuncia protocolaria a todos sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno, en medio de la crisis que vive su gabinete tras una polémica reunión que el pasado martes puso en evidencia las discrepancias dentro del Ejecutivo.

“He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”, ha informado Petro en la red social X.

El mandatario ha agregado que, a partir de ahora, cuando faltan 18 meses para que termine su mandato, el Gobierno “se concentrará completamente en el cumplimiento del programa”.

Minutos después de que Petro publicara este mensaje, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó su “renuncia irrevocable” al cargo y agradeció al presidente por haberle permitido trabajar en una “agenda política a favor de millones de trabajadores y trabajadoras, en la necesidad de cumplir con el mandato popular del Gobierno del Cambio”.

“Seguiremos trabajando por una Colombia más justa y cada día más democrática, entendiendo que la política debe transitar sin sectarismos, pero sin ambigüedades”, añadió Ramírez, que había estado en el Gobierno desde que Petro asumió la presidencia.

La polémica reunión

La reunión del Consejo de Ministros del martes pasado duró seis horas y en ella el mandatario y diferentes miembros del Gobierno se acusaron y recriminaron por fallas en la gestión; al día siguiente, se produjo la renuncia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y del ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Luego dejó su cargo la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo, y el domingo anunció su salida la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien trabajó con Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015). Muhamad es una de las funcionarias de toda la confianza del presidente y también una de las figuras de mejor calificación en las encuestas sobre el funcionamiento del Gobierno.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya había propuesto el miércoles la renuncia de todo el gabinete por considerarlo “insostenible” tras el consejo de ministros del día anterior, pero hasta la fecha se mantiene en el cargo.

Durante el consejo de ministros del martes, Muhamad y otros funcionarios apoyaron a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en sus críticas al nombramiento como jefe del despacho presidencial del exembajador Armando Benedetti.

Benedetti, que también ha sido senador, tiene varios procesos por corrupción y protagonizó un escándalo de violencia machista en julio pasado, cuando siendo embajador ante la FAO en Roma su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por agresiones físicas durante un viaje a Madrid. “Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”, dijo Muhamad en el consejo de ministros, que fue transmitido en vivo por televisión y por redes sociales.

Sin embargo, Petro ha defendido la permanencia en el cargo de Benedetti, quien fue pieza clave en la financiación de su campaña electoral de 2022 en la costa atlántica, por lo que hoy Muhamad añadió que “al no estar de acuerdo con esa decisión del presidente hay que renunciar”.

Entre tanto, el ahora exministro de Culturas dijo, en referencia a Benedetti, que “no podía tener de jefe a un maltratador de mujeres”.

Los cimientos de Vox vuelven a tambalearse. La inesperada dimisión de Juan García-Gallardo de todos sus cargos orgánicos que el ya exvicepresidente de Castilla y León anunció este lunes a través de una dura carta ha vuelto a destapar el fuerte malestar interno que se lleva fraguando en el partido de extrema derecha contra la dirección de Santiago Abascal. La crisis se remonta a cuando Vox decidió eliminar las primarias tras un cambio estatutario llevado a cabo justo antes de las elecciones generales, municipales y autonómicas de 2019, lo que les permitía nombrar a dedo a los cargos orgánicos y dirigentes que iban a encabezar las candidaturas electorales. El PP, principal competidor de Vox, se apresuró este mismo lunes a intentar aprovechar esta nueva marejada en el partido con el que aún comparte varios gobiernos municipales, todo ello dentro de la permanente guerra que mantienen por el electorado más derechista.

Después de aquella maniobra Abascal y su núcleo duro tienen las manos libres para elaborar a su antojo las listas que concurren a las urnas a pesar de las numerosas quejas recibidas por la exclusión en ellas de gente “valiosa” y “trabajadora”. También desde entonces el partido ha sido implacable con todos aquellos que se han atrevido a cuestionar las decisiones o que se han quejado del “ordeno y mando” que ejerce habitualmente la dirección nacional con Abascal al frente. Los que no eran expulsados se iban dando un portazo entre denuncias de “purgas” y “cribas”. Ese goteo de bajas por “falta de democracia interna” nunca se ha llegado a frenar del todo.

El último exponente ha sido García-Gallardo, que anunció su dimisión a través de una dura carta en la que acusa de “injerencias” a Abascal, al que se vio obligado a obedecer cuando en julio del año pasado decidió romper todos los pactos autonómicos que tenían con el PP. En realidad, esa decisión privó al ya exdirigente de su estatus institucional y de su jugoso sueldo como 'número dos' del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente autonómico del PP. La nueva situación de García-Gallardo ensombreció las relaciones con el líder, al que ahora critica sin tapujos.

“Entré en política activa con grandes dosis de ilusión y entusiasmo. Entré en un proyecto unido, pero ancho, en el que existían y cabían pluralidad de liderazgos y carismas. Esa situación ha cambiado. La dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacios en detrimento de los demás”, lamenta en su carta.

Aunque no critica esa decisión de Abascal de dar carpetazo a las primarias, sí explica en su carta que “el intento por acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera”. García- Gallardo además puntualiza que su decisión es “personal e independiente” de “quienes han desafiado públicamente a la dirección del partido con exhibiciones de rebelión” o “constituyendo plataformas de afiliados para cuestionar decisiones relevantes de la dirección en política internacional”.

El exvicepresidente de Castilla y León se refería con ello a las expulsiones fulminantes de dos procuradores de Vox, sucedidas el fin de semana: la de la burgalesa Ana Rosa Hernando Ruiz y la del salmantino Javier Bernardo Teira Lafuente. Ambos habían pedido a la dirección nacional que se celebraran primarias para “volver a los principios fundacionales y raíces” del partido. Horas después de conocerse la carta de García-Gallardo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, desvelaba que el dirigente castellano leonés se había negado a condenar la actitud de los dos procuradores díscolos y a firmar sus ceses, a los que el partido acusa de ser “dos oportunistas” que se dedicaban a “socavar” a Vox. “Han tratado de dañar al partido con argumentos absurdos y peregrinos”, sentenció Fúster. 

Por contra, en defensa de García-Gallardo salió Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo de Vox y una de las figuras más cercanas al exdirigente Iván Espinosa de los Monteros, que llegó a ser diputada en el Congreso en la legislatura anterior, pero posteriormente fue descabalgada de las listas en las últimas elecciones generales. “Creo que el mensaje que ha trasladado [García-Gallardo] es impecable. Él habla de discrepancias con la dirección. Creo que ha sido siempre una persona ejemplar en cómo ha desempeñado todos los cargos”, aseguraba. Tras medir mucho sus palabras, Cañizares recordó en rueda de prensa que en su día el propio Abascal abandonó el PP, entre otras cosas, por “falta de democracia interna”, exactamente la misma acusación que lanza ahora García-Gallardo a Abascal. Cañizares defendió luego las primarias: “Hay que consultar a las bases, porque las bases de un partido son las que lo sostienen. Si no damos participación política real a las bases del partido, estamos convirtiendo a la afiliación en meros financiadores del partido”, opinó. 

Otra de las pocas dirigentes que se atrevió este lunes a hacer declaraciones fue la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, que en declaraciones a Libertad Digital sentenció: “Han secuestrado al partido”. Su opinión la comparte la procuradora de Vox por Burgos en las Cortes de Castilla y León, Ana Rosa Hernando, que según ese medio está liderando al grupo de descontentos con la vida interna de Vox , que quieren que haya de nuevo primarias.

Mientras, en Ciudad Real, dimitía otra dirigente de Vox: la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Milagros Calahorra. La razón esgrimida por el partido fue que dejaba el cargo por “acumulación de trabajo”.

Monasterio ya criticó las designaciones “a dedo”

Otra de las dirigentes que se marchó denunciando esa “falta de democracia interna” fue la exportavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que vio cómo de la noche a la mañana el partido la sustituyó al frente de la organización en Madrid por el también diputado autonómico, José Antonio Fúster, hombre de la absoluta confianza de Abascal al que le ha colocado como portavoz nacional.

La reacción de Monasterio fue abandonar al día siguiente su puesto de portavoz en la Asamblea regional y su escaño. En su comparecencia ante los medios para dar a conocer su decisión recordó que el de Vox Madrid era “el único Comité Ejecutivo Provincial que quedaba en España votado y dirigido por todos sus afiliados”, mientras enfatizaba que estos afiliados componían “el grupo más numeroso de todo Vox”. “El secretario general y el presidente tienen la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid gracias a las sucesivas enmiendas que se han ido presentando de nuestro estatuto”, añadió, en tono crítico. Sobre la elección a dedo de su sustituto opinó que dejaba “en el olvido la democracia interna de los partidos” que al principio se defendía en Vox. “La política para mí ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles, intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente”, zanjó Monasterio. 

Los recientes movimientos se enmarcan de momento en una pequeña rebelión en Castilla y León pero que, según las fuentes consultadas por elDiario.es, podría extenderse a más territorios. Según estas fuentes, ese malestar está a punto de estallar en Extremadura, Castilla La Mancha, Balears o Catalunya, entre otros lugares, para reclamar que se reinstauren las primarias y se dé voz a las bases. “Hay bastantes frentes abiertos y aunque no todos están unificados terminarán por unificarse”, vaticina uno de los dirigentes críticos de Vox, que no quiere vincularlos a la reaparición del exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que hace unos días decidió romper su silencio concediendo diversas entrevistas a diferentes medios de comunicación.

El PP intenta rentabilizar la nueva crisis de Vox

El nuevo terremoto interno llega justo cuando todas las encuestas apuntan a que la formación que lidera Abascal parece que empieza a remontar electoralmente a costa del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, según la dirección de Vox, ha renunciado a ser el líder de la oposición y se ha convertido en “cómplice de Pedro Sánchez”.

De ahí que el dirigente gallego quiera ahora rentabilizar al máximo la debilidad interna de su principal rival y está aprovechando esta nueva crisis para devolverle a Santiago Abascal todos los ataques de los que han sido víctimas en las últimas semanas. Este mismo lunes, ante la Junta Directiva Nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo señaló a su socio municipal y autonómico como “oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado”. “Nosotros vamos a darle propuestas y soluciones a los españoles”, contrapuso. Fuentes de la dirección confirmaron posteriormente a elDiario.es que el destinatario de la frase era Abascal. “Es una respuesta de baja intensidad a los ataques continuados” de Vox, apuntaron las mismas fuentes, que reclaman el “derecho” del partido a “defenderse”.

Ya la semana pasada Feijóo le dedicó una duras y explícitas palabras a Vox. El líder del PP reprochó a Abascal haber apoyado en 2023 la anterior reforma del sistema de pensiones, además de dar “vía libre a Sánchez para mangonear con los fondos europeos sin control alguno”, en referencia a un decreto del anterior Gobierno de coalición en 2021. “De quien a menudo parece que tiene más interés en sustituir al PP que en sustituir al PSOE”, dijo, “no podemos aceptar lecciones, ni chantajes, ni presiones”.

En el PP contemplan la posibilidad de que Vox pierda poder territorial en el próximo ciclo electoral. Aunque las encuestas a nivel nacional fijan un suelo robusto para los de Abascal, a nivel autonómico y municipal no está tan claro. La actual crisis en Castilla y León no parece haber animado a adelantar las elecciones al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Los comicios en la comunidad están previstos para el primer trimestre de 2026. También en Andalucía se tendrán que convocar las urnas como tarde en junio de ese mismo año. Pero otros líderes autonómicos sí pueden activar el botón electoral si Vox cumple su amenaza de tumbarles los presupuestos. Es el caso de Murcia, donde Fernando López Miras ya quiso repetir en 2023 y cuenta con sondeos que le dan la mayoría absoluta.

Sin embargo, en la calle Bambú ni se inmutan y presumen del liderazgo internacional de Abascal tras su viaje a Washington para acudir a la toma de posesión de Donald Trump, en su calidad de presidente de Patriotas por Europa, a cuyos líderes han citado el próximo fin de semana en Madrid a una cumbre a la que asistirán, entre otros, el primer ministro de Hungría, Víktor Orban, y la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, con el objetivo de “trazar la estrategia a seguir para consolidar la alternativa al consenso que gobierna en Bruselas desde hace una década entre 'populares' y socialistas”.

Nada es fácil en un país tan convulsionado y fragmentado como Líbano, que visitó la semana pasada el ministro español de Exteriores. Por eso mismo resulta extraordinario que en tan solo cuatro días de enero haya sido posible nombrar un nuevo presidente de la República y un nuevo primer ministro, poniendo fin a un bloqueo político que se inició en noviembre de 2022 con el fin del mandato de Michel Aoun.

Y aunque ni siquiera así es posible garantizar que el país sea capaz de superar todos sus problemas, resulta tentador imaginar que lo que viene puede ser más esperanzador para una población sumida en una grave crisis económica desde 2019, a la que se suma el desastre provocado por la explosión del puerto de Beirut, en agosto de 2020, y una nueva invasión militar de Israel, a la espera de que ver lo que ocurre a partir del próximo día 26, cuando se cumplan los sesenta días del cese de hostilidades entre el país hebreo y la milicia Hizbulá.

El nombramiento de Joseph Aoun, el 9 de enero, y de Nawaf Salam, el 13 de enero, responde a un significativo cambio en la relación de fuerzas, con Hizbulá a la baja y con Arabia Saudí al alza. En el primer caso, el nuevo presidente (sin relación familiar alguna con el anterior) ha logrado acumular un notable capital político como jefe de las Fuerzas Armadas libanesas desde 2017, no tanto por demostrar su capacidad para garantizar la seguridad del país –ya que no pudieron hacer nada ante la embestida israelí– como por evitar que el sectarismo haya contaminado a los uniformados.

Por su parte, el nuevo primer ministro, representante libanés en la ONU en el periodo 2007-2017 y presidente de la Corte Internacional de Justicia desde febrero pasado (aunque ya era juez de dicha corte desde 2018), presenta un perfil alejado de las disputas internas entre los diferentes bloques políticos y alcanza ahora una posición a la que ya aspiró infructuosamente en 2022.

El factor principal que explica ambas elecciones es la debilidad política y militar de Hizbulá, tras haber sufrido el castigo al que las Fuerzas de Defensa de Israel han sometido a la milicia chií en estos últimos 14 meses y, especialmente, desde el inicio de la invasión de Líbano el pasado 1 de octubre. En un plano superior, el desgaste sufrido por Irán en el escenario regional ha permitido que otros actores, desde Arabia Saudí a Estados Unidos, hayan podido aumentar su influencia en los asuntos internos libaneses hasta el punto de quebrar el control que Hizbulá y los grupos afines ejercían desde hacía años. De ese modo, incluso “comprando” voluntades políticas entre los 128 parlamentarios, tanto Aoun como Salam han conseguido sus objetivos iniciales.

Superar las divisiones y las resistencias al cambio

Por supuesto, no terminan ahí los problemas. En lo inmediato el desafío más espinoso de Salam es conformar un nuevo gobierno, una tarea que en ocasiones anteriores ha necesitado meses y ha supuesto la renuncia de varios primeros ministros ante la imposibilidad de poner de acuerdo a fuerzas tan ancladas en sus propios privilegios, aun a costa del interés general. Y ya cabe imaginar que tanto Hizbulá como Irán tratarán de evitar por todos los medios su propia marginación política y militar, mientras que Riad y otras capitales del golfo Pérsico procurarán aprovechar la oportunidad para dejar fuera de juego a Teherán.

Todo ello contando con que Salam sabe que dispone de muy poco tiempo para generar esperanzas en una población harta de una clase política que ha defraudado todas sus expectativas desde hace mucho tiempo, dado que, como tarde, en la primavera de 2026 se tendrán que celebrar elecciones parlamentarias. La agenda del primer ministro, con muchos más poderes ejecutivos que el presidente de la República (en todo caso, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas), se complica aún más por la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma del modelo político que hasta ahora establece un reparto sectario de todas las instancias del poder [el primer ministro debe ser suní; el jefe de Estado, cristiano maronita; y el presidente del Parlamento, chií], lo que ha derivado en la creación de feudos partidistas aferrados a la conservación a toda costa de los privilegios alcanzados y de la lealtad de sus fieles.

Tampoco es menor el desafío de sacar a Líbano de la penuria en la que lleva demasiado tiempo metido como consecuencia de una corrupción rampante, que ha derivado en una crisis que va más allá de su sistema bancario y que, además, coloca al país en una situación de dependencia que ofrece muchas oportunidades a otros actores externos para seguir inmiscuyéndose en sus asuntos internos.

Basta con recordar que Líbano tiene una deuda externa que supera el 350% de su PIB (lo que lo convierte en el país más endeudado del mundo), una inflación que tan solo en noviembre pasado subió un 15,4%, una tasa de desempleo que ya ronda el 40% y un déficit comercial en torno al 68% del PIB. Eso se traduce en que más del 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, apenas hay dos horas diarias de suministro eléctrico en muchos rincones del país y la moneda local ha sufrido una pérdida del 95% de su valor desde octubre de 2019.

Una variable que dificulta aún más la agenda de Salam en el terreno socioeconómico es la realidad de una sociedad tan fragmentada por claves étnicas y religiosas, compuesta por 5,3 millones de libaneses, a los que se añaden unos 450.000 refugiados palestinos y no menos de un millón de sirios. Y lo mismo cabe decir ante una situación de inseguridad manifiesta, a la espera de ver lo que ocurra tras el inminente final del plazo establecido para que Israel y Hizbulá cesen el fuego y se retiren de sus posiciones en el sur de Líbano. Hasta hoy, nunca ha dado la impresión de que las Fuerzas Armadas libanesas estén en condiciones de imponerse ni a sus enemigos externos ni tampoco a la milicia chií, que ha dominado hasta ahora amplias zonas del país, incluida la frontera con Israel.

Cuando Emmanuel Macron ganó por primera vez las elecciones presidenciales en Francia en la primavera de 2017 nos dijeron que era el futuro del pluralismo liberal. La BBC dijo que su victoria era “un repudio de la ola populista y antisistema” de entonces. Según la portada de Time Magazine, era “el próximo líder de Europa”. The Economist fue incluso más lejos: en su portada se preguntaba si era el “salvador” de Europa y declaraba que estaba montando una revolución en la política democrática “sin pica ni horca”.

Siete años después, la “revolución” “pacífica” y “democrática” de Macron está en ruinas y el presidente de Francia lucha por sortear una crisis política e institucional que creó él solo. En junio convocó unas elecciones legislativas innecesarias, las perdió y se negó a reconocer su derrota. Durante el verano, Francia atravesó el segundo periodo más largo sin Gobierno de su historia reciente.

El Gobierno resultante, dirigido por Michel Barnier, sólo pudo sobrevivir el tiempo que lo hizo gracias a un pacto con la extrema derecha, antes de desmoronarse tras una moción de censura celebrada el 4 de diciembre. Aunque Macron ha nombrado ahora primer ministro a François Bayrou, no está claro cómo esto resuelve el problema fundamental de que tanto el presidente como su programa son detestados a lo largo y ancho del país, y cuentan con una fuerte oposición en el Parlamento.

El balance (negativo) del macronismo

El balance del macronismo explica su mala racha. Cuando tomó posesión, el déficit de Francia era del 2,6% del PIB, en octubre de 2024 había subido al 6,2%. ¿Quiénes son los beneficiarios de semejante derroche? Desde luego no son los alumnos de las escuelas públicas ni sus estresados profesores, que tienen que enfrentarse a las clases más numerosas de Europa. Tampoco son el creciente número de personas que viven en “desiertos médicos”, donde no hay acceso suficiente a médicos o cirujanos.

Sin embargo, a los ultrarricos les ha ido muy bien: las cuatro mayores fortunas de Francia han aumentado un 87% desde 2020, según Oxfam. La Macronomía se parece a la Trussonomía (en referencia a la ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss) a cámara lenta. Fue un programa de recortes fiscales sin financiación para los ricos que los macronistas supusieron erróneamente que aumentaría la actividad económica y, por tanto, la recaudación fiscal. Según el gurú económico de Macron, Jean Pisani-Ferry, “no era una mala estrategia, simplemente no funcionó”.

Si su trayectoria económica socava la narrativa de que Macron era el candidato de la innovación y las finanzas saneadas, su historial social y político demuestra que la revolución de Macron no fue ni pacífica, ni particularmente democrática, y pone en tela de juicio las etiquetas de “progresista” y “centrista”, tan a menudo aplicadas al presidente francés.

La violencia policial se ha recrudecido notablemente bajo el mandato de Macron, con un número cada vez mayor de disparos y de personas muertas a manos de la policía y con un incremento vertiginoso del número de balas de goma disparadas contra multitudes.

También ha contribuido a normalizar a la extrema derecha, hablando de sus temas preferidos, utilizando su lenguaje y aprobando una ley migratoria que Marine Le Pen saludó como una “victoria ideológica”.

Además, ha gobernado de una forma cada vez más antidemocrática, impulsando medidas muy impopulares y utilizando el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar leyes sin votación parlamentaria. Asimismo, ha intentado dejar fuera del gobierno a la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular (NPF), a pesar de haber ganado la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas de este verano.

El activista Ugo Palheta ha escrito sobre el proceso de fascistización de la sociedad francesa hablando de cómo parte de los medios de comunicación, la función pública y la élite empresarial se radicalizan hacia la derecha. Macron ha contribuido en gran medida a este proceso, y la extrema derecha ha logrado este verano los mejores resultados electorales de su historia.

Recientemente, Macron ha estado luchando para intentar mantener en Francia la exitosa serie de Netflix Emily en París, que amenaza con cambiar de localización y apostar por Roma, donde ya se han rodado algunos capítulos de la cuarta temporada. Es una misión absurda. Emily en París, como los Juegos Olímpicos de verano, proyecta una imagen de fantasía de la Francia que Macron quiere gobernar, y que pretendía crear.

Pero el arquetipo de la Francia de Macron no es la estadounidense Emily Cooper, la habitante de una nación boyante habitada exclusivamente por ricos y atractivos, sino más bien Vanessa Langard, una participante en las manifestaciones de los chalecos amarillos que conocí hace poco. Langard había sido decoradora y tuvo que aceptar un segundo empleo para ayudar a pagar los cuidados de su abuela.

Langard recibió un disparo en la cara y quedó ciega por una bala de goma en una protesta en diciembre de 2018. Cuando hablamos, estaba angustiada, sollozando mientras describía su ira por la negativa del Estado francés a designarla víctima de la violencia policial. Su madre comentó que se había vuelto más sumisa desde la agresión.

Su vida nos muestra los efectos del macronismo a pequeña escala. Langard ha sido presa de la estrategia represiva de Macron contra la disidencia y cegada por las armas cada vez más militaristas que el Estado despliega contra sus ciudadanos. Ahora, con 40 años, no puede trabajar y vive de las escasas prestaciones que se pagan a las personas con discapacidad en Francia; una persona de los cientos de miles de ciudadanos empujados a la precariedad bajo Macron. Necesita cuidados, por lo que depende de un sistema sanitario cada vez más sobrecargado que el Gobierno quiere recortar aún más.

Langard forma parte del 56% de franceses que dicen que la vida se ha vuelto más difícil debido a sus bajos ingresos y al aumento de los costes de vida, del 85% de personas que temen que el próximo presupuesto afecte negativamente a su situación financiera y del 77% que entienden que esto es el resultado de decisiones políticas.

A Macron le quedan más de dos años para las próximas elecciones, pero nada parece indicar que vaya a cambiar de rumbo. Durante el verano, Libération reveló que se habían celebrado una serie de reuniones secretas entre macronistas y miembros del partido de extrema derecha Agrupación Nacional con la mediación del asesor de confianza de Macron, Thierry Solère, lo que ayudó a normalizarlos aún más. Edouard Philippe, aliado de Macron y posible sucesor, habría dicho a Marine Le Pen que quiere que las próximas elecciones sean una competición de “proyecto contra proyecto” sin “crítica moral”.

No es un buen augurio para el liberalismo que su chico del cartel pro-UE se haya convertido en el rey Lear, cegado por el narcisismo y entregando voluntariamente el reino a una fuerza destructiva que él mismo ayudó a crear. Macron ofrece una lección objetiva sobre el agotamiento del liberalismo. Cuando la forma y la apariencia del liberalismo permanecen, pero su contenido y sus valores se desvanecen, lo que queda es algo vacío y quebradizo. Se vuelve incapaz de mejorar la vida de nadie más que de los ricos, incapaz de responder a hechos inconvenientes como unos resultados electorales decepcionantes, incapaz de articular siquiera una crítica moral a la extrema derecha que pretende usurparlo e incapaz políticamente de detener su ascenso. El macronismo ha fracasado.

 Oliver Haynes es periodista y copresentador del podcast Flep24

Traducción de Emma Reverter

Balears ja no retrocedirà fa dècades en matèria de normalització lingüística i medi ambient. El Parlament ha tombat aquest dimarts les 34 esmenes que Vox va presentar a la Llei autonòmica de simplificació administrativa i que el PP va validar per error el 26 de novembre passat, sumint conservadors i extrema dreta -davant la negativa dels de Santiago Abascal a repetir la polèmica votació- en una profunda crisi que ha desembocat a la retirada dels Pressupostos de 2025 i amb els populars tirant per terra, de la mà de l'esquerra, una de les mesures més ambicioses de Vox: la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica.

El debat no ha estat exempt de dures acusacions, com les que ha efectuat la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, que ha acusat el PP, amb el PSOE, de ser “el càncer d'Espanya”. La diputada ha recriminat que el suport de l'esquerra a l'hora de suprimir les esmenes aprovades per equivocació és “la més pura evidència” que el PP “prefereix agenollar-se davant l'esquerra i els seus lobbies separatistes” i “sotmetre's davant dels que volen imposar-ne una ideologia excloent”. “El més vergonyós és que el PP traeix els seus propis compromisos d'igualtat i no discriminació per tenir contents els seus nous socis esquerre”, ha dit.

De manera unànime, la resta de partits han condemnat les paraules de Cañadas i la bancada del PP ha aplaudit diversos dels diputats d'esquerres que han recriminat l'actitud de la portaveu de Vox. La dirigent d'extrema dreta ha prosseguit el seu discurs mostrant-se “farta d'aguantar les ximpleries”, en al·lusió als conservadors: “Han governat com si tinguessin majoria absoluta, quina prepotència”. “Des d'ara mateix auguro el pitjor en aquest Parlament durant el 2025”, ha advertit, escenificant el malestar de l'extrema dreta amb les decisions adoptades pel PP les últimes setmanes.

Amb 55 vots a favor del PP, el PSIB-PSOE i els ecosobiranistes de Més, cinc en contra de Vox i dues abstencions d'Unides Podem i un díscol de Vox, els populars han tirat endavant el decret impulsat d'urgència per impedir que les mesures que l'extrema dreta pretenia 'colar' a la normativa de simplificació administrativa puguin entrar en vigor. Entre elles, la supressió del català a la funció pública i com a llengua vehicular a l'educació o l'autorització per construir en àrees de màxima protecció, a més de la possibilitat d'edificar en zones de servitud de Costes, legalitzar camps de polo en zones especialment vulnerables i retrocedir en àmbits d'igualtat i identitat de gènere en l'educació.

Després de negar-se els d'Abascal a repetir la votació a la mateixa sessió plenària en què el PP va validar les seves esmenes per equivocació, el vicepresident econòmic de l'Executiu, Antoni Costa, va anunciar immediatament l'aprovació del decret aquest dimarts aprovat. La intenció de tombar aquestes incorporacions no va agradar a Vox, que va decidir tirar per terra en primera votació els comptes de 2025 i va buidar de contingut tant l'articulat com les seccions que componen el text dels pressupostos.

La feblesa de l'Executiu de Prohens va tornar a quedar evidenciada davant d'un Vox que mai ha deixat de tensar les cordes per aconseguir els seus objectius. Línies que la popular no estava disposada a traspassar, veient-se obligada amb això a prorrogar els comptes de 2024 fins que “es donin els condicions” per aprovar les del proper any -els 26 escons que sumen el PP i un diputat de la dreta local de Formentera no li donen la majoria suficient- i s'arribi a un nou acord que permeti treure el projecte endavant.

Durant la seva intervenció davant de l'hemicicle, la diputada popular Marga Durán s'ha atribuït la votació errònia de les esmenes de Vox i ha demanat disculpes als seus companys: “Em dol especialment pel vicepresident Antoni Costa, que després de gairebé un any de treball es va veure afectat per l'error i perquè està sent, sense tenir-ne culpa, diana de les crítiques. Però especialment em dol el mal causat a la presidenta Prohens, que és la primera perjudicada i víctima dels atacs sense cap mena de lleialtat ni ètica per obtenir un benefici polític”, ha afegit en referència a l'actitud de Vox.

Durán ha recriminat amb duresa la negativa dels d'Abascal a repetir la votació en el mateix instant en què la popular va anunciar que s'havia equivocat -a penes uns segons després de la validació-, una repetició que, ha assenyalat, es troba contemplada al reglament de la Cambra. “Fins ara, per cortesia parlamentària, sempre s'havia permès repertir les votacions efectuades per confusió”. Per a la portaveu adjunta popular, és “ofensiu i profundament injust” que Vox no ho permetés, recordant que “s'havia treballat durant mesos per aprovar el màxim nombre de les esmenes i fruit d'això es van aprovar en comissió”.

“Sabien perfectament que les 34 esmenes no s'aprovarien. No van fer abans cap defensa pública de les mateixes. No és ètic ni honest”, ha prosseguit Durán, que ha apel·lat a la necessitat d'impedir que les mesures entrin en vigor. , com així s'ha aprovat, ja que “no reflecteixen la voluntat popular” i per tal de “garantir la seguretat jurídica”. La dirigent popular ha criticat l'“oportunisme i el menyspreu als ciutadans” per part de Vox, així com el fet que els d'Abascal hagin aprofitat un error “per obrir la porta a la desconfiança i la polarització”.

El Govern balear del PP ha acusat aquest dimarts Vox de “mentir” -en paraules de la presidenta de l'Executiu, Marga Prohens- i de “preferir ser un agent desestabilitzador que consolidar el canvi a Balears” -segons el vicepresident econòmic, Antoni Costa -, asseverant que els qui fossin els socis d'investidura de la líder popular han posat per davant dels interessos dels ciutadans el tacticisme dictat des de la direcció nacional.

Durant la seva intervenció al ple que se celebra al Parlament balear, Prohens ha advertit a la formació d'extrema dreta que no acceptarà “mentides” en relació amb les 34 esmenes que Vox va presentar a la Llei autonòmica de simplificació administrativa i que els populars van incorporar per error durant la validació de la normativa el 26 de novembre passat. La intenció de tombar les esmenes de Vox es va convertir en la gènesi d'una crisi entre PP i Vox que va detonar aquella mateixa tarda, quan els de Santiago Abascal van decidir tirar per terra en primera votació els Pressupostos autonòmics de 2025.

Davant l'enduriment de les exigències de Vox a canvi de donar suport als pressupostos -entre elles, la supressió del català com a llengua vehicular a l'educació-, Prohens es va veure obligada a retirar el projecte i a prorrogar els comptes de 2024 fins que “es donin les condicions” per aprovar les del proper any. “Una cosa és parlar de dues llengües i una altra eliminar el català. Crítiques i diferències, totes les que vulgui, però mentides i confondre la ciutadania, això no”, ha asseverat dirigint-se a la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas.

Cañadas, per la seva banda, ha manifestat que, després de dos mesos de negociació, l'únic objectiu del Govern i el PP ha estat “enganyar i mentir” la ciutadania per a “fer-se als braços de l'esquerra” -en al·lusió als acords que permetran tant suprimir les esmenes validades per equivocació i mantenir vigent la Llei balear de memòria democràtica, la derogació de la qual pretenia Vox- “Ja ho explicarà en la pròxima campanya electoral”, ha lliscat la portaveu d'extrema dreta.

La presidenta balear, per la seva banda, ha rebutjat que el PP hagi de trair el seu programa electoral després que Vox hagi trencat els acords amb els conservadors “fins tres vegades”.

Per la seva banda, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit que el Govern no renuncia a aprovar els comptes: “Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè s'aprovin uns pressupostos el 2025, a diferència del que ha fet Pedro Sánchez”.

En resposta a la diputada del PSIB Mercedes Garrido, que havia acusat l'Executiu de trencar l'estabilitat a les institucions, Costa ha aprofitat per traslladar aquesta responsabilitat als de Santiago Abascal, si bé sí que ha assumit la decisió última -i derivada d'aquella- de retirar el projecte de llei de pressupostos autonòmics per al 2025 davant la falta de suports per tirar-lo endavant. “absoluta tranquil·litat” augmentant que prorrogar els pressupostos “no és un fet inèdit”.

Balears ya no retrocederá décadas atrás en materia de normalización lingüística y medio ambiente. El Parlament ha tumbado este martes las 34 enmiendas que Vox presentó a la Ley autonómica de simplificación administrativa y que el PP validó por error el pasado 26 de noviembre, sumiendo a conservadores y extrema derecha -ante la negativa de los de Santiago Abascal a repetir la polémica votación- en una profunda crisis que ha desembocado en la retirada de los Presupuestos de 2025 y con los populares echando por tierra, de la mano de la izquierda, una de las medidas más ambiciosas de Vox: la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática.

El debate no ha estado exento de duras acusaciones, como las que ha efectuado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha acusado al PP, junto al PSOE, de ser “el cáncer de España”. La diputada ha recriminado que el apoyo de la izquierda a la hora de suprimir las enmiendas aprobadas por equivocación es “la más pura evidencia” de que el PP “prefiere arrodillarse ante la izquierda y sus lobbies separatistas” y “someterse ante quienes quieren imponer una ideología excluyente”. “Lo más vergonzoso es que el PP traiciona sus propios compromisos de igualdad y no discriminación por tener contentos a sus nuevos socios izquierda”, ha espetado. 

De forma unánime, el resto de partidos han condenado las palabras de Cañadas y la bancada del PP ha aplaudido a varios de los diputados de izquierdas que han recriminado la actitud de la portavoz de Vox. La dirigente de extrema derecha ha proseguido su discurso mostrándose “harta de aguantar sus tonterías”, en alusión a los conservadores: “Han gobernado como si tuvieran mayoría absoluta, qué prepotencia”. “Desde ahora mismo auguro lo peor en este Parlament durante 2025”, ha advertido, escenificando el malestar de la extrema derecha con las decisiones adoptadas por el PP en las últimas semanas.

Con 55 votos a favor de PP, PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de Més, cinco en contra de Vox y dos abstenciones de Unides Podem y un díscolo de Vox, los populares han sacado adelante el decreto impulsado de urgencia para impedir que las medidas que la extrema derecha pretendía 'colar' en la normativa de simplificación administrativa puedan entrar en vigor. Entre ellas, la supresión del catalán en la función pública y como lengua vehicular en la educación o la autorización para construir en áreas de máxima protección, además de la posibilidad de edificar en zonas de servidumbre de Costas, legalizar campos de polo en zonas especialmente vulnerables y retroceder en ámbitos de igualdad e identidad de género en la educación.

Tras negarse los de Abascal a repetir la votación en la misma sesión plenaria en que el PP validó sus enmiendas por equivocación, el vicepresidente económico del Ejecutivo, Antoni Costa, anunció de inmediato la aprobación del decreto este martes aprobado. La intención de tumbar estas incorporaciones no gustó a Vox, que decidió echar por tierra en primera votación las cuentas de 2025 y vació de contenido tanto el articulado como las secciones que componen el texto de los Presupuestos. A partir de ese momento, la extrema derecha endureció sus condiciones a cambio de dar su respaldo definitivo a los presupuestos, exigiendo, entre otras cuestiones, desmantelar la lengua catalana de la enseñanza aprovechando que esta medida ya se había aprobado vía enmienda.

La debilidad del Ejecutivo de Prohens volvió a quedar evidenciada ante un Vox que nunca ha dejado de tensar las cuerdas para lograr sus objetivos. Hasta que la líder balear dijo 'basta' a las “exigencias inasumibles y chantajes inaceptables” planteados desde Bambú. Fulminar el catalán es una línea roja que la máxima dirigente popular no estaba dispuesta a traspasar, viéndose obligada con ello a prorrogar las cuentas de 2024 hasta que “se den las condiciones” para aprobar las del próximo año -los 26 escaños que suman el PP y un diputado de la derecha local de Formentera no le dan la mayoría suficiente- y se alcance un nuevo acuerdo que permita sacar el proyecto adelante.

Este martes se ha escenificado el pacto alcanzado días atrás por el PP y los grupos de izquierdas para evitar que las medidas de Vox se materialicen. A cambio, los populares se comprometieron a abstenerse cuando esta tarde se vote la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, entre otras medidas, impusieron los de Abascal al inicio de legislatura a cambio de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recuerda a las víctimas del franquismo seguirá, por tanto, vigente en Balears.

Durante su intervención ante el hemicilo, la diputada popular Marga Durán se ha atribuido la votación errónea de las enmiendas de Vox y ha pedido disculpas a sus compañeros: “Me duele especialmente por el vicepresidente Antoni Costa, que después de casi un año de trabajo se vio afectado por el error y porque está siendo, sin tener culpa, diana de las críticas. Pero especialmente me duele el daño causado a la presidenta Prohens, que es la primera perjudicada y víctima de los ataques sin ningún tipo de lealtad ni ética para obtener un beneficio político”, ha añadido en referencia a la actitud de Vox.

Durán ha recriminado con dureza la negativa de los de Abascal a repetir la votación en el mismo instante en el que la popular anunció que se había equivocado -apenas unos segundos después de la validación-, una repetición que, ha señalado, se encuentra contemplada en el reglamento de la Cámara. “Hasta el momento, por cortesía parlamentaria, siempre se había permitido repertir las votaciones efectuadas por confusión”. Para la portavoz adjunta popular, es “ofensivo y profundamente injusto” que Vox no lo permitiera, recordando que “se había trabajado durante meses para aprobar el máximo número de sus enmiendas y fruto de ello se aprobaron en comisión”.

“Sabían perfectamente que las 34 enmiendas no iban a aprobarse. No hicieron antes ninguna defensa pública de las mismas. No es ético ni honesto”, ha proseguido Durán, quien ha apelado a la necesidad de impedir que las medidas entren en vigor, como así se ha aprobado, puesto que “no reflejan la voluntad popular” y en aras a “garantizar la seguridad juridíca”. La dirigente popular ha criticado el “oportunismo y el menosprecio a los ciudadanos” por parte de Vox, así como el hecho de que los de Abascal hayan aprovechado un error “para abrir la puerta a la desconfianza y la polarización”.

El Govern balear del PP ha acusado este martes a Vox de “mentir” -en palabras de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens- y de “preferir ser un agente desestabilizador que consolidar el cambio en Balears” -según el vicepresidente económico, Antoni Costa-, aseverando que quienes fuesen los socios de investidura de la líder popular han puesto por delante de los intereses de los ciudadanos el tacticismo dictado desde su dirección nacional.

Durante su intervención en el pleno que se celebra en el Parlament balear, Prohens ha advertido a la formación de extrema derecha de que no aceptará “mentiras” en relación a las 34 enmiendas que Vox presentó a la Ley autonómica de simplificación administrativa y que los populares incorporaron por error durante la validación de la normativa el pasado 26 de noviembre. La intención de tumbar las enmiendas de Vox se convirtió en la génesis de una crisis entre PP y Vox que detonó esa misma tarde, cuando los de Santiago Abascal decidieron echar por tierra en primera votación los Presupuestos autonómicos de 2025. Ante el endurecimiento de las exigencias de Vox a cambio de apoyar los presupuestos -entre ellas, la supresión del catalán como lengua vehicular en la educación-, Prohens se vio obligada a retirar el proyecto y a prorrogar las cuentas de 2024 hasta que “se den las condiciones” para aprobar las del próximo año.

“Una cosa es hablar de dos lenguas y otra eliminar el catalán. Críticas y diferencias, todas las que quiera, pero mentiras y confundir a la ciudadanía, eso no”, ha aseverado dirigiéndose a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

Cañadas, por su parte, ha manifestado que, después de dos meses de negociación, el único objetivo del Govern y el PP ha sido “engañar y mentir” a la ciudadanía para “echarse en los brazos de la izquierda” -en alusión a los acuerdos que permitirán tanto suprimir las enmiendas validadas por equivocación y mantener vigente la Ley balear de memoria democrática, cuya derogación pretendía Vox-. “Ya lo explicará en la próxima campaña electoral”, ha deslizado la portavoz de extrema derecha.

En esta misma línea, Cañadas ha criticado que la agenda del Ejecutivo autonómico la dirijan la Obra Cultural Balear y la izquierda, augurando que al Govern de Prohens solo le queda pactar dos años “con los enemigos de España o convocar elecciones”.

La presidenta balear, por su parte, ha rechazado que el PP tenga que traicionar su programa electoral después de que Vox haya roto los acuerdos con los conservadores “hasta en tres ocasiones”.

Por su parte, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha insistido en que el Govern no renuncia a aprobar las cuentas: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se aprueben unos presupuestos en 2025, a diferencia de lo que ha hecho Pedro Sánchez”.

En respuesta a la diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien había acusado al Ejecutivo de romper la estabilidad en las instituciones, Costa ha aprovechado para trasladar esta responsabilidad a los de Santiago Abascal, si bien sí ha asumido la decisión última -y derivada de aquélla- de retirar el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2025 ante la falta de apoyos para sacarlo adelante.

El vicepresidente ha trasladado un mensaje de “absoluta tranquilidad” agumentando que prorrogar los presupuestos “no es un hecho inédito”. Igualmente, ha remarcado que el Ejecutivo tiene “claro” que no “traspasará sus líneas rojas” para aprobar unos presupuestos. “Negociaciones siempre pero respetando las líneas rojas”, ha agregado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado la “dejadez y falta de capacidad para valorar las consecuencias de sus decisiones” del vicepresidente del Govern. “Ninguna iniciativa de Costa sale limpia, siempre hay lío”, ha sentenciado.

El diputat no adscrit Agustín Buades, que el passat mes d'agost abandonava el grup de Vox al Parlament balear, s'ha col·locat aquest dilluns un pegat pirata per desmentir la portaveu parlamentària de la formació d'extrema dreta, Manuela Cañadas, després que la setmana passada aquesta afirmés que la Cambra autonòmica “és un vaixell de pirates”. Unes paraules que, segons el parer de Buades, no es correspon amb la realitat perquè “aquest diputat no es considera pirata”: “Els 59 diputats d'aquest Parlament no són pirates, sinó gent democràtica que, amb el seu vot, ha de ser com a mínim ajudar la ciutadania”.

Buades s'ha pronunciat així en una roda de premsa en què ha recordat que “pirata és el que s'apropia del que és aliè, amb males arts, amb mentides i amb enganys”. I, en aquest sentit, ha retret que Vox celebrés com un “gran èxit” el fet que el PP validés per error 34 esmenes presentades pels de Santiago Abascal a la seva Llei de simplificació administrativa. Entre les mesures que l'extrema dreta volia 'colar' al text hi ha la supressió del català a la funció pública i l'autorització per construir en àrees de màxima protecció, a més de la possibilitat d'edificar en zones de servitud de Costes, legalitzar camps de polo en zones especialment vulnerables i retrocedir en àmbits digualtat i identitat de gènere en l'educació.

Després de negar-se els d'Abascal a repetir la votació a la mateixa sessió plenària, el vicepresident econòmic de l'Executiu, Antoni Costa, va anunciar immediatament l'aprovació d'un decret que invalidi les esmenes, aprovades, com va precisar diverses vegades, per un “error humà”. L'esquerra s'ha compromès a abstenir-se, en la votació que tindrà lloc aquest dimarts, tant a la validació d'aquest decret com a la del text que impedirà construir i legalitzar noves edificacions a zones inundables com tampoc permetrà que els seus propietaris realitzin obres als habitatges ja edificats, entre els quals els dirigits a evitar possibles desbordaments, com reclamava l'oposició.

A canvi, el PP també s'abstindrà quan es voti la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica, la supressió del qual, entre altres mesures, van imposar els d'Abascal a l'inici de legislatura a canvi de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recorda les víctimes del franquisme seguirà, per tant, vigent a les Balears.

En aquest context, Vox ha acusat aquest dilluns el PP de “consumar una gran traïció” a Balears després de pactar amb els grups d'esquerres no derogar la Llei de memòria, però ha assegurat que continua amb “la mà estesa” per parlar i negociar. Els populars, per part seva, consideren “ridícules” les acusacions de l'extrema dreta, lliscant que, després de la seva postura de no recolzar els pressupostos autonòmics per al 2025, “només hi ha excuses” perquè “qui mana” sobre aquest grup parlamentari “és el president de Vox, Santiago Abascal”, i els que estan al capdavant del partit “a Madrid, al carrer Bambú”.

La portaveu adjunta de Vox al Parlament, María José Verdú, ha asseverat que la seva formació “no s'ha tancat mai a parlar i negociar” i que continuaran així. “De moment sembla que les coses no van pel bon camí”, ha reconegut. En aquest sentit, per a Vox el PP ha dut a terme “la traïció política més gran de la història recent”, tant als seus votants, a les famílies i als joves com al seu programa electoral. Igualment, ha apuntat que la presidenta del Govern, Marga Prohens, “aguantarà” tota la legislatura i, preguntada per un escenari d'eleccions, ha reiterat que “si necessita un sol vot de Vox” la formació “no ho regalarà”.

Per a Verdú, els populars han traït els seus votants ja que van prometre “acabar amb vuit anys de polítiques d'esquerres i l'únic que han fet és pactar-hi”. També han traït, a parer seu, el programa electoral en què defensaven la vehicularitat del castellà i l'equilibri entre castellà i català i, contràriament, “han lliurat l'educació de Balears als defensors de la immersió lingüística”.

El PP: “La derogació de la Llei de memòria mai va ser la nostra prioritat”

Per part seva, la portaveu parlamentària adjunta del PP, Marga Durán, ha reivindicat que el PP “compleix la seva paraula” i el Govern “fa el que diu i promet”, després del “gust agredolç” que se'ls va quedar després del ple del passat 26 de novembre, quan es van aprovar per error les 34 esmenes de Vox, anunciant-se “immediatament després” dos decrets llei per “donar seguretat jurídica a les construccions a les zones inundables i corregir les 34 esmenes de Vox incorporades a la llei de simplificació d'administrativa per un error”. Dos decrets llei que divendres passat el Govern va aprovar i que, previsiblement, quedaran convalidats “en temps rècord” aquest dimarts en sessió plenària. Per tant, ha subratllat, “s'acaba el període ordinari de sessions amb la feina feta”.

En aquesta línia, la portaveu parlamentària adjunta del PP també ha posat en valor que els populars s'abstindran aquest dimarts en el debat i votació de la proposició de derogació de la llei de memòria democràtica de Balears. Una derogació que, ha expressat Durán, “mai va ser una prioritat del PP”, ja que “no es portava al programa de govern del partit”. Ara bé, segons ha reconegut, “el PP no tenia problema a derogar la llei de memòria democràtica perquè els seus plantejaments estaven contemplats i coberts a la llei de memòria democràtica estatal i, a més, s'anava a mantenir la llei de fosses, posant-se molt aviat en marxa el V Pla de Fosas”.

Finalment, i “fruit de la ruptura amb Vox”, el PP finalment ha decidit que s'abstindrà a la sessió plenària d'aquest dimarts, en què es debatrà i votarà la proposició de derogació de la llei de memòria democràtica de les Illes, ha assenyalat Marga Durán.

Així mateix, quant a l'aprovació dels pressupostos de la comunitat per al 2025, Durán ha lamentat que “no s'han donat les condicions per poder aprovar els comptes”, ja que “la postura de Vox, que havia votat en contra de les esmenes a la totalitat als comptes ia favor del sostre de despesa, va canviar la seva postura quan el PP va aprovar per error els seus 34 esmenes a la llei de simplificació i, immediatament després, el Govern va dir que ho corregiria”.

“Segurament Vox hauria continuat amb la tramitació dels pressupostos però s'han aferrat que no es deroguessin les seves 34 esmenes a la llei de simplificació, aprovades per un error del PP”, ha continuat exposant la seva opinió la portaveu adjunta del PP. Tot i això, ha precisat, “no sabem si és una excusa, perquè qui mana és Abascal”, qui aquest cap de setmana ha dit, ha recordat, que “és una fantasia pensar que els pactes amb PP es poden arreglar”, i qui està al capdavant del partit “a Madrid, al carrer Bambú”.

“Tota la resta --en relació amb les paraules de la portaveu parlamentària adjunta de Vox, Maria José Verdú, acusant el PP de ”consumar una gran traïció“-- són fal·làcies. Aquest PP és el mateix que era al mes de novembre, el que s'ha assegut amb la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, a negociar els pressupostos, i el que en va transaccionar 19 esmenes de Vox, que van ser incorporades a la llei de simplificació administrativa”, s'ha defensat la 'popular', considerant que, per tant, “són els diputats de Vox els que hauran d'explicar perquè no han permès aprovar uns pressupostos que beneficiarien a la ciutadania”.

El PSIB insta el PP a “posar-se a treballar de debò”

Mentrestant, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticat la situació d'“inestabilitat” en què, segons la seva opinió, estan immersos el Govern i les Balears i ha reclamat al PP que “es posi a treballar de debò” per aprovar uns pressupostos per al 2025.

A la roda de premsa prèvia al ple d'aquest dimarts, Negueruela ha subratllat que els grups de l'esquerra “no salven el PP, sinó la ciutadania”. Segons el portaveu, la seva formació ha fet “un exercici de responsabilitat” i els populars al seu lloc “haguessin fet com pitjor millor”. Preguntat per l'escenari que s'obre ara, el socialista ha remarcat que és el PP qui governa i que “és el que s'ha de posar a treballar” i “aviat” perquè no hi ha pressupostos. A més, ha recordat que a l'escenari actual hi ha 25 diputats del PP i 25 de l'esquerra, tot afegint que la ciutadania “no ha votat que es faci tot el que vulgui el PP”.

El diputado no adscrito Agustín Buades, quien el pasado mes de agosto abandonaba el grupo de Vox en el Parlament balear, se ha colocado este lunes un parche pirata para desmentir a la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas, después de que la pasada semana ésta afirmase que la Cámara autonómica “es un barco de piratas”. Unas palabras que, a juicio de Buades, no se corresponden con la realidad porque “este diputado no se considera pirata”: “Los 59 diputados de este Parlament no son piratas, sino gente democrática que, con su voto, tiene que por lo menos ayudar a la ciudadanía”.

Buades se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la que ha recordado que “pirata es el que se apropia de lo ajeno, con malas artes, con mentiras y con engaños”. Y, en este sentido, ha reprochado que Vox celebrara como un “gran éxito” el hecho de que el PP validase por error 34 enmiendas presentadas por los de Santiago Abascal a su Ley de simplificación administrativa. Entre las medidas que la extrema derecha quería 'colar' en el texto se encuentran la supresión del catalán en la función pública y la autorización para construir en áreas de máxima protección, además de la posibilidad de edificar en zonas de servidumbre de Costas, legalizar campos de polo en zonas especialmente vulnerables y retroceder en ámbitos de igualdad e identidad de género en la educación.

Tras negarse los de Abascal a repetir la votación en la misma sesión plenaria, el vicepresidente económico del Ejecutivo, Antoni Costa, anunció de inmediato la aprobación de un decreto que invalide las enmiendas, aprobadas, como precisó en varias ocasiones, por un “error humano”. La izquierda se ha comprometido a abstenerse, en la votación que tendrá lugar este martes, tanto en la validación de este decreto como en la del texto que impedirá construir y legalizar nuevas edificaciones en zonas inundables como tampoco permitirá que sus propietarios realicen obras en las viviendas ya edificadas, entre ellas las dirigidas a evitar posibles desbordamientos, como reclamaba la oposición.

A cambio, el PP también se abstendrá cuando se vote la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, entre otras medidas, impusieron los de Abascal al inicio de legislatura a cambio de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recuerda a las víctimas del franquismo seguirá, por tanto, vigente en Balears.

En este contexto, Vox ha acusado este lunes al PP de “consumar una gran traición” en Balears tras pactar con los grupos de izquierdas no derogar la Ley de memoria, pero ha asegurado que continúa con “la mano tendida” para hablar y negociar. Los populares, por su parte, consideran “ridículas” las acusaciones de la extrema derecha, deslizando que, tras su postura de no apoyar los presupuestos autonómicos para 2025, “solo hay excusas” porque “quien manda” sobre este grupo parlamentario “es el presidente de Vox, Santiago Abascal”, y quienes están al frente del partido “en Madrid, en calle Bambú”.

La portavoz adjunta de Vox en el Parlament, María José Verdú, ha aseverado que su formación “no se ha cerrado nunca a hablar y negociar” y que continuarán así. “De momento parece que las cosas no van por buen camino”, ha reconocido. En este sentido, para Vox el PP ha llevado a cabo “la traición política más grande de la historia reciente”, tanto a sus votantes, a las familias y a los jóvenes como a su programa electoral. Igualmente, ha apuntado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, “aguantará” toda la legislatura y, preguntada por un escenario de elecciones, ha reiterado que “si necesita un sólo voto de Vox” la formación “no lo regalará”.

Para Verdú, los populares han traicionado a sus votantes puesto que prometieron “terminar con ocho años de políticas de izquierdas y lo único que han hecho es pactar con ellos”. También han traicionado, a su parecer, el programa electoral en el que defendían la vehicularidad del castellano y el equilibrio entre castellano y catalán y, contrariamente, “han entregado la educación de Balears a los defensores de la inmersión lingüística”.

El PP: “La derogación de la Ley de memoria nunca fue nuestra prioridad”

Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, ha reivindicado que el PP “cumple su palabra” y el Govern “hace lo que dice y promete”, tras el “gusto agridulce” que se les quedó después del pleno del pasado 26 de noviembre, cuando se aprobaron por error 34 enmiendas de Vox, anunciándose “inmediatamente después” dos decretos ley para “dar seguridad jurídica a las construcciones en las zonas inundables y corregir las 34 enmiendas de Vox incorporadas a la ley de simplificación de administrativa por un error”. Dos decretos ley que el pasado viernes el Govern aprobó y que, previsiblemente, quedarán convalidados “en tiempo récord” este martes en sesión plenaria. Por tanto, ha subrayado, “se acaba el periodo ordinario de sesiones con el trabajo hecho”.

En esta línea, la portavoz parlamentaria adjunta del PP también ha puesto en valor que los populares se abstendrán este martes en el debate y votación de la proposición de derogación de la ley de memoria democrática de Balears. Una derogación que, ha expresado Durán, “nunca fue una prioridad del PP”, ya que “no se llevaba en el programa de gobierno del partido”. Ahora bien, según ha reconocido, “el PP no tenía problema en derogar la ley de memoria democrática porque sus planteamientos estaban contemplados y cubiertos en la ley de memoria democrática estatal y, además, se iba a mantener la ley de fosas, poniéndose muy pronto en marcha el V Plan de Fosas”.

Finalmente, y “fruto de la ruptura con Vox”, el PP finalmente ha decidido que se abstendrá en la sesión plenaria de este martes, en la que se debatirá y votará la proposición de derogación de la ley de memoria democrática de las Islas, ha señalado Marga Durán.

Asimismo, en cuanto a la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2025, Durán ha lamentado que “no se han dado las condiciones para poder aprobar las cuentas”, ya que “la postura de Vox, quien había votado en contra de las enmiendas a la totalidad a las cuentas y a favor del techo de gasto, cambió su postura cuando el PP aprobó por error sus 34 enmiendas a la ley de simplificación e, inmediatamente después, el Govern dijo que lo corregiría”.

“Seguramente Vox hubiera continuado con la tramitación de los presupuestos pero se han aferrado a que no se derogaran sus 34 enmiendas a la ley de simplificación, aprobadas por un error del PP”, ha continuado exponiendo su opinión la portavoz adjunta del PP. No obstante, ha precisado, “no sabemos si es una excusa, porque quien manda es Abascal”, quien este fin de semana dijo, ha recordado, que “es una fantasía pensar que los pactos con PP se pueden arreglar”, y quien está al frente del partido “en Madrid, en calle Bambú”.

“Todo lo demás --en relación a las palabras de la portavoz parlamentaria adjunta de Vox, Maria José Verdú, acusando al PP de ”consumar una gran traición“-- son falacias. Este PP es el mismo que era en el mes de noviembre, el que se ha sentado con la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, a negociar los presupuestos, y el que transaccionó 19 enmiendas de Vox, que fueron incorporadas a la ley de simplificación administrativa”, se ha defendido la 'popular', considerando que, por tanto, “son los diputados de Vox quienes tendrán que explicar porque no han permitido aprobar unos presupuestos que iban a beneficiar a la ciudadanía”.

El PSIB insta al PP a “ponerse a trabajar en serio”

Mientras tanto, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticado la situación de “inestabilidad” en la que, a su parecer, están inmersos el Govern y Balears y ha reclamado al PP que “se ponga a trabajar en serio” para aprobar unos presupuestos para 2025.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, Negueruela ha subrayado que los grupos de la izquierda “no salvan al PP, sino a la ciudadanía”. Según el portavoz, su formación ha hecho “un ejercicio de responsabilidad” y los 'populares' en su lugar “hubiesen hecho cuanto peor mejor”. Preguntado por el escenario que se abre ahora, el socialista ha remarcado que es el PP el que gobierna y que “es el que tiene ponerse a trabajar” y “pronto” porque no hay presupuestos. Además, ha recordado que en el escenario actual hay 25 diputados del PP y 25 de la izquierda, agregando que la ciudadanía “no ha votado que se haga todo lo que quiera el PP”.

Triunfar allí donde Michel Barnier fracasó. Ese es el reto del nuevo primer ministro francés, François Bayrou, que debe lograr acuerdos en una Asamblea Nacional profundamente dividida para evitar la votación por mayoría absoluta de una posible moción de censura —como la que tumbó a Barnier— y para lograr la aprobación de nueva legislación, en particular los textos relativos a los presupuestos.

¿Cuál es el plan de Bayrou?

Bayrou contará, en principio, con el apoyo de los 163 diputados de la coalición centrista: los 36 diputados MoDem, los 93 de Renacimiento (partido de Emmanuel Macron) y los 34 del grupo Horizontes. Y en sus primeras declaraciones ha dado a entender que tratará de convencer a los grupos parlamentarios de tres partidos de izquierda —socialistas, ecologistas y comunistas— para que no hagan caer su gobierno.

Un cambio de estrategia respecto a Michel Barnier que durante su breve mandato en la jefatura de Gobierno se concentró en asegurarse la abstención de Marine Le Pen en caso de censura, algo que finalmente no consiguió.

Poco después de las elecciones legislativas del pasado julio que resultaron en una Asamblea Nacional fragmentada en tres grandes bloques (izquierda, centro y extrema derecha) el propio Bayrou había pronosticado que el primer jefe de gobierno de la nueva legislatura sería rápidamente censurado, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios.

Pero añadió que sería difícil hacer caer al segundo, debido a la presión de la opinión pública. En una entrevista en el diario Le Figaro este verano aseguró que “el único camino posible —y el que prevalecerá— no es un gobierno de un bando que se oponga a otro, sino un equipo unido para abordar los gravísimos problemas a los que se enfrentan nuestro país, el mundo y el planeta”.

En esa misma línea han ido sus primeras declaraciones como primer ministro este viernes. Minutos después de conocerse su nombramiento, afirmó que ahora mismo “todo el mundo es consciente de la dificultad de la tarea. Todo el mundo dice que hay que encontrar la manera de unir a la gente en vez de dividirla. La reconciliación es necesaria”.

Antes de hacerse público el nombramiento de François Bayrou, esta semana Emmanuel Macron había invitado a los principales líderes de los partidos con representación en la Asamblea —salvo a Francia Insumisa y a la extrema derecha— a una reunión en el Elíseo. Entre las opciones evocadas en la cita, la posibilidad de un gobierno que agrupase partidos de izquierda, centro y derecha, una opción que en el contexto actual parece lejana.

Más probable se antoja la construcción de un “pacto de no censura”, un acuerdo de mínimos con formaciones de distintas tendencias que estarán en la oposición, pero que se comprometen a no hacer caer al nuevo Ejecutivo.

¿Con qué apoyos puede contar el nuevo primer ministro?

Por el momento, los socialistas han abierto la puerta a no censurar a François Bayrou y le han pedido que a cambio renuncie al uso del artículo 49.3, diseñado para aprobar leyes sin voto del parlamento. Al mismo tiempo, los socialistas descartaron la participación en el Gobierno y aseguraron que “permanecerán en la oposición”.

De la misma forma, Marine Tondelier, secretaria nacional de Los Ecologistas, afirmó que su grupo “estará atento para ver si el primer ministro se compromete a no utilizar el 49,3” y “el señor Bayrou parecía abierto a ello [en la reunión], así que veremos lo que hace”.

Por otro lado, el viernes se mantenía la incertidumbre sobre la posición de los 47 parlamentarios de derecha del partido Los Republicanos, que habían apoyado a Barnier al ser miembro de su partido. De momento, el líder del grupo parlamentario LR, Laurent Wauquiez, ha afirmado que esperarán a conocer los detalles del “proyecto” de Bayrou para pronunciarse sobre una posible entrada en el Gobierno.

En todo caso parece improbable que voten a favor de una censura contra el próximo Ejecutivo. “Siempre hemos dicho que no bloquearíamos. Lo que cuenta es la hoja de ruta del Gobierno”, declaró.

¿Puede haber otra moción de censura?

A pesar de que su partido ha sido excluido de esta ronda de negociaciones Jordan Bardella, Presidente del ultraderechista Agrupación Nacional, declaró que “no habrá censura a priori” del próximo gobierno. “Nuestras líneas rojas se mantienen”, añadió. “Ningún cambio en el reembolso de medicamentos, ningún debilitamiento de la situación económica y social de los pensionistas”.

Como ya habían anunciado en los últimos días, antes de conocerse el nombre del nuevo primer ministro, Francia Insumisa presentará una moción de censura contra François Bayrou. “Una candidatura más para dar aire a Emmanuel Macron. El país tiene dos opciones claras: continuidad de las políticas nefastas con François Bayrou o ruptura”, escribía en X la presidenta del grupo parlamentario Mathilde Panot.

Por otro lado, el nuevo primer ministro aún espera una decisión judicial sobre la causa que pesa sobre él relativa a la utilización de fondos procedentes de los asistentes del MoDem en el Parlamento Europeo para financiar el partido de forma indebida (un caso similar al que afronta estas semanas Marine Le Pen). En febrero un tribunal de París consideró que no había pruebas suficientes que atesten su implicación en el sistema, en un caso en el que 11 miembros de su partido sí fueron condenados. Todavía no se ha fijado una fecha para un juicio en apelación, después de que el fiscal recurriera la absolución de Bayrou.  

¿Podrá aprobar los presupuestos?

Pese a que parte en mejores condiciones que su predecesor, en el estado actual de la política francesa y dado el deterioro de la deuda pública, la tarea a la que se enfrenta François Bayrou se antoja extremadamente difícil. Debe sacar adelante unos presupuestos que cuenten con el visto bueno de partidos políticos de ideologías muy diferentes.

De entrada, las distintas formaciones tienen visiones opuestas sobre cómo frenar el crecimiento de la deuda. Hasta ahora los diputados macronistas se han opuesto a cualquier tipo de subida de impuestos, mientras que los progresistas no quieren recortes que deterioren los servicios públicos y exigen que los nuevos impuestos graven a las rentas más altas y a multinacionales.

En este sentido, el partido de Bayrou se ha distinguido en varias ocasiones de sus aliados macronistas al votar a favor de varios intentos para aumentar los impuestos sobre los superdividendos de las grandes empresas.

El Govern balear liderat per la popular Marga Prohens no permetrà construir ni legalitzar noves edificacions a zones inundables, com ja tenia previst l'Executiu. Tot i això, després d'un acord aconseguit amb els partits d'esquerres, tampoc autoritzarà que els seus propietaris realitzin obres als habitatges ja construïts, entre els quals els dirigits a evitar possibles desbordaments, com reclamava l'oposició. Tal com han confirmat fonts del Govern a elDiario.es, les mesures seran aprovades aquest mateix divendres via decret que corregirà la Llei balear de simplificació administrativa impulsada pels conservadors i que preveu agilitzar els tràmits urbanístics a les illes.

El gabinet autonòmic també preveu donar llum verda aquest divendres a un altre decret, el que suprimirà les 34 esmenes que Vox va presentar al text d'aquesta normativa i que els populars van incorporar per error durant la validació de la Llei al ple del Parlament del passat 26 de novembre. Entre les mesures que l'extrema dreta volia incloure al text hi ha la supressió del català a la funció pública i l'autorització per construir en àrees de màxima protecció, a més de la possibilitat d'edificar en zones de servitud de Costes, legalitzar camps de polo a zones especialment vulnerables i retrocedir en àmbits d'igualtat i identitat de gènere a l'educació.

Després de negar-se els de Santiago Abascal a repetir de nou la votació en la mateixa sessió plenària, el vicepresident econòmic de l'Executiu, Antoni Costa, va anunciar immediatament l'aprovació d'un decret que invalidi les esmenes, aprovades, com va precisar en diverses ocasions, per un “error humà”. L'esquerra s'ha compromès a abstenir-se en la votació que previsiblement tindrà lloc la setmana vinent, quan la Cambra autonòmica validi els dos decrets. A canvi, el PP també s'abstindrà quan es voti la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica, la supressió de la qual van imposar els d'Abascal a l'inici de legislatura a canvi de facilitar la investidura de Prohens. La normativa que recorda a les víctimes del franquisme seguirà, per tant, vigent en Balears.

La intenció de tombar les esmenes de Vox a l'articulat de la Llei de simplificació administrativa es va convertir en la gènesi d'una crisi entre PP i Vox que va detonar quan l'extrema dreta va decidir tirar per terra en primera votació els Pressupostos autonòmics de 2025 i va buidar de contingut tant l'articulat com les seccions que componen el text d'aquests comptes. Davant la falta d'acord, Prohens s'ha vist obligada a retirar el projecte i a prorrogar els comptes de 2024 fins que “es donin les condicions” per a aprovar les del pròxim any -els 26 escons que sumen el PP i un diputat de la dreta local de Formentera no li donen la majoria suficient- i s'arribi a un nou pacte que permeti treure els números avanci.

Cal recordar que el decret de simplificació administrativa va ser impulsat el mes de maig passat, abans, per tant, que la DANA devastés a finals d'octubre diversos municipis de la Comunitat Valenciana i deixés més de 200 morts. El text permetia inicialment la legalització i la construcció d'habitatges en zones de risc, però el que va passar amb la DANA va portar els populars a replantejar la normativa. Fins ara, els conservadors mantenien la seva intenció, si bé no de legalitzar ni construir en aquests llocs, sí de permetre la realització d'obres a les edificacions ja existents. Unes mesures que ha fet enrere, tal com han assenyalat fonts de la negociació a elDiario.es.

L'aprovació de la Llei va ser ferventment criticada pels grups d'esquerres, que hi veuen, més enllà de l'acord assolit sobre zones inundables, una “ruptura del consens” en matèria de disciplina urbanística a les illes així com una successió de les polítiques de “perversió i abús territorial” impulsades pels expresidents populars Gabriel Cañellas, Jaume Matas i José Ramón Bauzá, de les quals, en paraules de la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, Prohens és “una digna successora”.

Per la seva banda, la diputada socialista Mercedes Garrido va recriminar que aquesta Llei persegueix en realitat beneficiar els negocis privats, que es veuran “afavorits” per la supressió de la Comissió balear de Medi Ambient, la legalització “a la carta” del polígon del municipi mallorquí de Campos -la situació irregular dels quals va motivar una àrdua investigació per part de l'extinta Oficina Anticorrupció, denuncia avui en mans de la Fiscalia- i la “legalització dels negocis en mans dels especuladors, que veuen com puja de preu el seu habitatge”. Pel que fa a les disquisicions sobre les zones en risc de desbordament, la parlamentària va lamentar que, “sense la desgràcia” ocorreguda a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la DANA, “avui [al PP] veurien totalment normal construir en zones inundables, legalitzar i reformar cases il·legals”.

Finalment, la diputada d'Unides Podem Cristina Gómez va recriminar que, amb aquesta normativa, “s'afavoreixin els 'pelotazos' urbanístics” i es beneficiï “als de sempre mitjançant un urbanisme a la carta”. “I no és una manera de parlar: tota la gent que té cases que haurien de ser per als agricultors de sobte són casoplons. Han eliminat la Comissió de Medi Ambient en considerar-la un òrgan polític i l'han substituïda per un únic càrrec polític”. Segons el grup ecologista GOB, amb l'aprovació d'aquesta Llei “hi haurà conseqüències greus per a la protecció dels recursos naturals i del sòl” a les Illes, els ciutadans dels quals es van mobilitzar massivament a mitjans d'aquest any per exigir canvis en una política econòmica basada en el monocultiu turístic.