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Amnistía urbanística, chalets más grandes y menos trámites: la receta del ladrillo del PP en Balears

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Marga Prohens, presidenta balear.

Nicolás Ribas

Eivissa —

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El Partido Popular ha sorprendido a propios y extraños después de anunciar una serie de medidas encaminadas a reducir la masificación turística en Balears, como la disminución de las plazas turísticas en Mallorca o la prohibición de nuevos alquileres turísticos en Palma. Sin embargo, en paralelo, ha aprobado el Decreto-Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa de las administraciones públicas de las Illes Balears, que modifica más de 50 leyes y que va en un sentido contrario a lo anunciado por el PP en otras instituciones.

El decreto entra en vigor por la vía de la urgencia, aunque deberá ser convalidado por el Parlament. Según el grupo ecologista GOB, con la aprobación de esta ley “habrá consecuencias graves para la protección de los recursos naturales y del suelo” en las Islas, cuyos ciudadanos se han movilizado masivamente en los últimos días para exigir cambios en una política económica basada en el monocultivo turístico. Por otro lado, el GOB considera que la fórmula utilizada (el Decreto-Ley) no justifica en absoluto la urgencia “más allá de evitar el debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo”.

La aprobación del Decreto-Ley tendrá consecuencias directas sobre la protección del territorio balear. Por ejemplo, se ha eliminado la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), un órgano colegiado que estaba formado por representantes de diferentes administraciones públicas, así como de la sociedad civil, y cuyo trabajo se circunscribía a realizar evaluaciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales estratégicas en relación a determinados proyectos, planes o programas.

Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria de un informe de la Dirección General correspondiente. Las funciones de la CBMA se integran en la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, lo que en la práctica supone que los proyectos que requieran de evaluación de impacto ambiental o estratégica deberán pasar por menos trámites. Así, el PP ha hecho suyo el posicionamiento de la patronal inmobiliaria. “Hay que quemarla y hacerla de nuevo”, afirmó Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA).

Los proyectos que requieran de evaluación de impacto ambiental o estratégica deberán pasar por menos trámites. Así, el PP ha hecho suyo el posicionamiento de la patronal inmobiliaria

Tanto la patronal inmobiliaria como los conservadores opinan que los informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente estaban ideológicamente condicionados. “No habrá un ente que condicione los informes”, aseguró Antoni Costa, vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, en la rueda de prensa en la que dio algunos detalles sobre el borrador que definiría el decreto ley. Así, el portavoz del Govern afirmó que, con la eliminación del organismo de control, los informes de impacto ambiental se evaluarán desde una perspectiva “estrictamente técnica”.

Amnistía urbanística en suelo protegido

En lo que se refiere a la protección del territorio, cabe destacar también que el Decreto-Ley incluye una amnistía urbanística que permite la legalización de construcciones ilegales en suelo rústico (es decir, reformas sin licencia o de forma irregular ejecutadas en casas de campo). La disposición adicional séptima de la norma especifica que, cuando ya no sea posible adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, “se pueden legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años sin que sean de aplicación las condiciones y los parámetros urbanísticos aplicables con carácter general en las edificaciones en suelo rústico, con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia”. Ello incluye también aquellas edificaciones irregulares que se encuentren en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), es decir, en espacios protegidos.

Para justificar esta amnistía urbanística, el Govern obliga a los propietarios que se quieran acoger a ella a presentar ante el ayuntamiento correspondiente un proyecto técnico de legalización que incorpore medidas ambientales (reducción de la contaminación lumínica; incremento de la eficiencia energética o hídrica de la edificación; la utilización de materiales, técnicas y sistemas constructivos; generación de energía renovable; instalaciones de depósitos de agua o “cualquier otro sistema de reducción de consumo energético o hídrico de la red, y también sistemas de depuración de agua adecuados en cada caso al Plan Hidrológico de las Illes Balears”).

El proyecto de legalización solo se podrá presentar previo pago de una sanción económica, cuyas cantidades deberán destinarse a la “adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de los espacios y recursos naturales, o a la dotación del patrimonio municipal del suelo”. El precio de la sanción se fijará en función del coste que tenga el proyecto de legalización (un 10% del total si se solicita durante el primer año; un 12,5% si se solicita durante el segundo y un 15% si se solicita durante el tercero). Asimismo, incluye la prohibición de que las casas de campo que se acojan a la amnistía puedan destinarse al alquiler turístico.

Costa justificó la necesidad de aprobar el decreto ley que permite la amnistía urbanística en suelo rústico –un extremo que el Govern del PP niega tajantamente– en el hecho de que las viviendas fuera de ordenación son “una realidad que afecta a muchas familias” en Balears. Una realidad que impide la posibilidad de realizar obras de mejora, ni de otro tipo. La regularización de las viviendas también permitirá la inclusión de otras partes de la misma, como las piscinas.

Del mismo modo, el Decreto-Ley aumenta la edificabilidad de la construcción en suelo rústico. Es decir, se podrán construir chalets y mansiones más grandes. Del mismo modo, permite la construcción de casas en Áreas de Prevención de Riesgos (APR) de inundación. En este sentido, el GOB ha lamentado las consecuencias que tuvo la ‘torrentada’ en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca) y lo que implica la construcción de casas en zonas con dichas afectaciones.

Por otro lado, Govern progresista de Francina Armengol, mediante la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias de la actividad y la simplificación administrativa, fijó la capacidad de carga de visitantes por día en la isla de Cabrera en 300 personas en el ámbito terrestre y 150 personas en las aguas adyacentes. “Establecer un límite máximo diario (...) es importante tanto para la gestión de los recursos ambientales del Parque Nacional como para la calidad de la visita”, afirma el GOB. Con la modificación del Govern de Prohens se recuperan los límites de la época del presidente Jaume Matas (PP), cuando la capacidad de carga máxima en el ámbito terrestre de la isla se situaba en 300 personas de manera simultánea, y no al día, como ocurría hasta ahora.

Con la modificación del Govern de Marga Prohens se recuperan los límites de la época del presidente Jaume Matas (PP) en el Parque Nacional de Cabrera, cuando la capacidad de carga máxima en el ámbito terrestre de la isla se situaba en 300 personas de manera simultánea, y no al día, como ocurría hasta ahora

“Consideramos que esta medida, claramente clientelista (...) rema en la dirección contraria a la contención del impacto del uso público del Parque Nacional (incrementando el consumo de recursos y la producción de residuos y contaminantes) e impide una mejora de la calidad de la visita para que las personas que lleguen al Parque Nacional (...) puedan aprovechar su estancia y ser atendidos adecuadamente por parte del personal de Cabrera. Se prima el interés privado empresarial por encima del interés público general que debería regir la gestión del Parque Nacional”, critica el GOB.

El PP recorta la Ley Reserva de la Biosfera de Menorca

El Govern de Prohens también ha recortado las competencias del Consell Insular que regulan Menorca como reserva de la biosfera. El segundo punto del artículo tres, que establece los objetivos, reconocía anteriormente una mayor capacidad de intervención y decisión de la administración menorquina en las materias que afectan a la isla como reserva de la biosfera. Este punto ha sido sustituido por otro que solo reconoce la “coordinación, eficacia y participación” del Consell de Menorca en este ámbito.

En el punto siete, mientras que la ley anterior consideraba “vinculantes” los objetivos de descarbonización de la Estrategia Menorca 2023, con el cambio normativo, solo se “promueven” dichos objetivos. Lo mismo ocurre en el punto ocho, los objetivos de la Agenda Urbana de Menorca solo se promoverán, pero dejan de ser vinculantes. Además, mientras que antes había que garantizar “la dotación de recursos económicos suficientes para la financiación de actuaciones públicas y el establecimiento de incentivos a la actividad privada”, con el cambio solo se procurará “un esfuerzo inversor de las administraciones públicas afectadas tendiendo a conseguir los objetivos previstos en la declaración de reserva de biosfera”.

El punto dos, del artículo 5, referente a los principios inspiradores, ha sido eliminado. “Estos principios serán respetados tanto en la aplicación de la presente ley como en la aprobación y la aplicación de normas reglamentarias, disposiciones, instrumentos, planes y programas que afecten al ámbito de la reserva de biosfera”, destacaba la norma.

El artículo 23 de la mencionada norma también se ve afectado por un recorte de las competencias del Consell Insular. Anteriormente, la ley dictaba que las actuaciones –públicas o privadas– que puedan afectar al patrimonio natural, la biodiversidad o el paisaje, se debían someter a la normativa en materia de paisaje, a las Directrices de paisaje o a la Estrategia de Paisaje de Menorca (que elabora el Consell Insular). El cambio legislativo elimina las competencias del Consell Insular y determina que cualquier proyecto deberá someterse “a las disposiciones legales en materia de paisaje”, es decir, a la normativa autonómica.

“Es un Decreto-Ley que tiene afectaciones importantes sobre el suelo rústico. Desde el punto de vista menorquín nos impone un modelo que no es el nuestro: nos impone un modelo de ‘balearización’, en contra de un modelo de sostenibilidad”, ha lamentado Josep Pons, diputado autonómico de Més per Menorca, que ha opinado que, al menos desde el año 2003, Menorca cuenta con un modelo medioambiental y urbanístico diferenciado, cuando se aprobó el primer Plan Territorial Insular (PTI).

“Lo vivimos como una imposición mallorquina, de la política balear”, en contra de otro modelo que, según Pons, genera “un gran consenso” en Menorca. “Un ejemplo de esto, muy particularmente, es la modificación, con nocturnidad y alevosía, de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera. Una ley que la propuso el Consell de Menorca”, ha lamentado Pons y ha añadido que fue “fruto de un debate de dos años con todos los agentes de la sociedad civil”.

En campaña electoral, antes de convertirse en presidenta del Govern, Marga Prohens criticó que la Ley Reserva de la Biosfera estaba condicionada debido a “las políticas de izquierdas intervencionistas, que legislan en contra de los menorquines” y se comprometió a cambiarla. “Una norma que impulsó el PP para garantizar inversiones y recursos económicos para la conservación de la isla y que, al final, se ha convertido en una ley intervencionista, de prohibiciones e imposiciones”, aseguró y añadió que la reformaría para “garantizar los recursos suficientes para invertir y conservar el entorno natural”. “Eliminaremos los puntos más intervencionistas y prohibicionistas porque en demasiadas ocasiones se comete el error desde Mallorca de decir a los menorquines cómo debe ser Menorca y cómo se tiene que conservar. Yo no quiero cometer este error”, defendió. Desde el Consell Insular aseguran a elDiario.es que el decreto de simplificación administrativa no “recorta ninguna competencis”.

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