La expresión balsa minera ha sido escuchada o leída por primera vez por muchos/as andaluces, pues casi no la habían mencionado los medios desde la rotura de la de Aznalcóllar en 1998 y casi no la habían mencionado antes, aunque las primeras se construyeron en los años cincuenta del pasado siglo. De manera que mucha gente no sabe qué son, y se habrán quedado a dos velas cuando han oído pronunciar tal expresión al presidente de la Junta. Parecería que Moreno Bonilla hubiera abierto, no la compuerta de los millones de toneladas de lodos letales que contienen las balsas, sino la compuerta por donde ha entrado, siquiera por unos días, la expresión balsa minera al lenguaje autorizado o políticamente correcto, a la actualidad.

Las balsas mineras son instalaciones que contienen millones de millones de metros cúbicos de venenos letales, ocupan superficies de cientos de hectáreas, sus muros están hecho con escorias de mina, porque el cemento armado sería corroído por el ácido que albergan. Son depósitos dinámicos en los que la proporción de arenas, lodos y agua ha de variar en profundidad y desde los muros a la cola, por lo que necesitan vigilancia continua, hasta muchísimos años después de que los mineros se hayan ido; evacuan filtraciones normales (dicen los ingenieros que por debajo de un cierto nivel no son preocupantes) a los ríos y acuíferos, afectando en algún grado a la potabilidad de nuestras aguas y embalses. Pueden romperse y envenenar cuencas enteras, de lo que ya tenemos abundantes ejemplos en la península, el de Aznalcóllar el más grave. Pero, aunque no se rompan, permanecerán ahí, filtrando a cauces y acuíferos, acumulativamente, por decenios y decenios.

¿Cómo explicar que obras descomunales como estas, de tanta peligrosidad potencial y seguros efectos nocivos a medio y largo plazo, sean ignoradas? ¿Quién sabe de Rodalquilar, Gádor, Almagrera, Alquife, de las varias que asoman al río Rumblar? ¿Y de las más colosales, que se enseñorean entre el Guadalquivir sevillano y el Guadiana (Aguablanca, Aznalcóllar, Cueva de la Mora, Aguas Teñidas, las tres de Rio Tinto, Tharsis, la anunciada en Valdelamusa…)? A tal extremo llega el desconocimiento que casi nadie sabe que la balsa de Aznalcóllar sigue ahí, que contiene trece millones de metros cúbicos de lodos que están filtrándose al río Guadiamar, el aporte principal de agua dulce a Doñana, y al acuífero aluvial que discurre por debajo del río, conectado a su vez con el acuífero Almonte-Marismas. El colmo ha sido que bautizaran, sin protesta reseñable, como Corredor Verde del Guadiamar el marrón que ha dejado ahí la minería.

Explicar por qué no se sabe -o no se quiere saber- de estos sarcófagos requiere dejar la ingeniería de minas y pasar a la ingeniería lingüística de la actualidad, que es la que hace y rehace la opinión pública y aporta el combustible básico que da vidilla después a los corrillos, sean en el bar de la esquina o en las redes. Podemos definirla como un brebaje de informaciones, conceptos y valores de variada procedencia, pero cuyos ingredientes principales son suministrados por el ejército de siervos encuadrados en las grandes corporaciones mediáticas, sean privadas, estatales, eclesiales o cualquier combinación de ellas. Industria del entretenimiento la llama genéricamente Sánchez Ferlosio.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés

Si los minerales son importantes, las palabras que manipula la ingeniería lingüística lo son más, porque si con aquellos se elaboran lo mismo productos de provecho que cacharrería que será pronto basura irreciclable, con las palabras se construye la comunidad política, que es, según Aristóteles, obra humana hecha de palabras. Cada época, cada cultura, teje con palabras su propia trama de significación y sus valores, ellos mismos producto de la trama, pero que dan sentido y fuerza trascendente al conjunto, como ha sabido ver después Weber, que explica así la legitimidad.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés. Igual lo hacen esas inmensas pirámides jerárquicas que son las corporaciones mineras. Todo para que permanezca enhiesto el principio simbólico que les da legitimidad: más minería es mejor para acercar a la nación o a la humanidad al bienestar y la felicidad.

Este dogma minero está enlazado a un principio aún más general, el de la Producción incremental, es decir, la Productividad (una abstracción concebida por los filósofos económicos a finales del XVIII) que, aseguran, aupará a la humanidad al bienestar definitivo. Es el mesianismo de nuestra cultura, que se mantiene incólume desde su cristalización en el siglo XIX. Durante esa centuria declinará el secular desprestigio del quehacer minero, que se materializaba, por ejemplo, en que los operarios solo bajaban a la mina encadenados. En su lugar irá emergiendo un relato prometeico que insuflará respetabilidad a lo minero, sentándose las bases de lo que comenzamos a ver ya en el siglo XX: la estampa de varones que se identifican orgullosamente como mineros y que se encadenan numantinamente en las minas para seguir siéndolo.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento

En Andalucía, podemos considerar como fecha augural de este nuevo imaginario de respetabilidad y hegemonía minera la masacre del Año de los Tiros de 1888 (más de doscientas víctimas). Desde entonces, el axioma minero, y el prestigio que irradia, se ha mantenido igual de intocado por las opciones políticas que se han sucedido. Tal unanimidad permite que tal dogma siga otorgando prestigio e incluso ese halo que rodea en cada cultura a las instituciones consideradas trascendentes.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento. Y que muchos actores políticos, mediáticos y culturales adopten la ingeniería lingüística diseñada en los gabinetes de imagen de las corporaciones extractivistas.

Es tal la asunción general del emblema “más minería es mejor”, que casusa asombro -o estupefacción- comprobar que la expresión balsa de lodos mineros fuera tabú en los medios hasta que se rompió la de Aznalcóllar, que recuperase desde el 2000 su condición impronunciable y que estos días, tras ser pronunciada por el presidente de la Junta, la hayan recuperado los noticiarios, siquiera por unos días. Y es una maravilla escandalosa que las televisiones no las hayan mostrado ni antes ni después de mostrarnos el muro roto de Aznalcóllar. Y que ni siquiera esta, tan mediática un tiempo, hayan vuelto a mostrárnosla más, como si la hubiera engullido el follaje (contaminado) del corredor verde. Todo ello mientras se sucede, desde que comenzó a operar Cobre las Cruces en 2008, una riada de noticias, reportajes (publirreportajes la mayoría) que nos aturden con lluvia de millones, puestos de trabajo sin cuento, tecnología ultimísima, impecables restauraciones y sellados de residuos, capacidad tractora, etc, etc.

Una de estas multinacionales ha tenido la chulería de bautizar a su proyectada mina, que quiere verter al estuario del Guadalquivir miles y miles de kilos de metales pesados, como Un proyecto ambiental amparado en minería. ¿Es burla, sarcasmo, desprecio?

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados --entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Administración autonómica-- por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al considerar que “no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada”.

En la sentencia fechada el día 4 de diciembre y notificada este viernes a las partes, la Audiencia absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, ha informado el TSJA en una nota de prensa.

Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia absuelve a la Junta de Andalucía y a las entidades Minera Los Frailes S.L., AMC Mining Iberia S.L.U., Grupo México, Minorbis S.L. y Magtel S.L. de la responsabilidad civil que se les reclamaba. De otro lado, condena al pago de las costas procesales a las tres entidades acusadoras “al apreciarse una connivencia” entre ellas “en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada”. La Fiscalía solicitó la absolución de todos los encausados.

En este sentido, los magistrados consideran que la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

El tribunal agrega que, frente a la postura de las acusaciones privadas y popular, “la posición del Ministerio Fiscal ha sido ”diáfana“ a lo largo de la causa invocando su conclusión absolutoria, cuyo fundamento basaba en pruebas de especial consistencia”, como son el informe de los interventores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “de los que no cabe inferir la comisión de los delitos por los que han sido acusadas 16 personas, en su mayoría funcionarios de alto nivel profesional, quienes, desde un principio, se han mostrado propicios a explicar su participación y actuación en el desarrollo y resolución del concurso minero, que a juicio de este tribunal lo han realizado con profesionalidad e imparcialidad (...)”.

Los magistrados consideran que no se ha probado que “hubieran presionado o tratado de influir en las decisiones a adoptar por sus interlocutores para conseguir sus propósitos y menos que éstos hubieran intentado prevalerse de sus cargos para presionar a los componentes de la Mesa del Concurso y Comisión Técnica a fin de modificar sus valoraciones y propuestas”, dice la Audiencia Provincial, que hace mención en este punto al informe de la UCO, que concluye que “no se ha detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante”.

Además, los magistrados ponen de manifiesto que “no resulta concluyente ni convincente, al existir dudas sobre su realidad, la prueba a la que otorgan mayor valor incriminatorio las acusaciones sobre la posible connivencia de los acusados con la empresa Minorbis”, como es la relativa a la reunión del 11 de abril de 2014 supuestamente celebrada en las oficinas de Emerita en Sevilla.

Por ello, “no cabe inferir la comisión del delito de tráfico de influencias, pues ni consta acreditada con la certeza que una sentencia condenatoria exige la supuesta reunión, ni de dichos actos por sí solos considerados cabe concluir la comisión de dicho delito, cuando no aparecen conectados con cualquier acto de sugerencia, indicación o influencia sobre las personas encargadas de valorar la documentación y proyectos de las empresas licitadoras, sobre lo que ni se ha practicado prueba alguna, ni existe siquiera indicio alguno y sólo meras sospechas y especulaciones perfectamente desvanecidas por el comportamiento y las explicaciones ofrecidas desde un principio y de forma persistente a lo largo de la causa por los acusados, avaladas por los servicios jurídicos de la Junta, la UCO y la IGAE, así como por cualificado profesionales que han contradicho los informes de los peritos propuestos por la acusación”.

Según exponen a lo largo de la sentencia, “de las diligencias practicadas entendemos que no pueden inferirse indicios sólidos de que haya habido algún tipo de indicación, instrucción o recomendación dada o presión moral ejercida sobre los miembros de la Comisión o de la Mesa, ni de que se hubiese hecho a ninguno” de los dos hermanos acusados, representantes de Magtel, “promesa o gesto de ganar el concurso, ni existe la evidencia de ventajas económicas o profesionales que hubiesen servido de incentivo para tal fin, pues no se aprecia de forma tangible ni la voluntad de favorecer ni la razón de dicho interés”.

“Carecemos de prueba alguna que permita apreciar la existencia de un concierto” entre los hermanos acusados y los funcionarios “para apropiarse de una reserva minera”, asevera el tribunal, que también resalta en la sentencia que, en este caso, “ninguna desviación se aprecia en la actuación de los acusados componentes de la Mesa y Comisión Técnica, que han motivado sus valoraciones técnicas de forma razonable y aplicado los criterios de valoración anunciados y no recurridos por los licitadores, habiendo sido sus pronunciamientos respaldados por peritos de una alta cualificación en la materia por ellos desarrollada (...)”. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El plan contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca, ha desplegado a sus efectivos ante un incendio declarado este lunes en Aznalcóllar esta tarde y cuyas llamas se encuentran muy cerca de la localidad sevillana.

Según ha informado el Infoca en sus perfiles oficiales, están desplegados dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un ACO, un helicóptero semipesado y otro pesado, un vehículo autobomba, una unidad de análisis, una unidad médica y cinco grupos de bomberos forestales.

Por su parte, el Infoca ha dado por controlado esta tarde otro fuego que se había declarado en Constantina, en pleno corazón del parque natural de la Sierra Morena sevillana.

El incendio fue detectado en un paraje conocido como Casas del Rebollar de la Virgen, movilizando el Infoca dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación, así como tres helicópteros, uno de ellos pesados.

También fueron movilizados siete grupos de bomberos forestales, así como dos brigadas de extinción (Brica), tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, junto con cuatro camiones autobomba y sus correspondientes dotaciones.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha finalizado este martes, tras casi cuatro meses y medio, el juicio derivado de la denuncia de Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; derechos por los cuales pujó sin éxito la entidad denunciante.

El juicio ha concluido con la última palabra de los acusados, derecho a cuyo uso han recurrido tres de las 16 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

En concreto, los acusados en este juicio son la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis; y los funcionarios de la Junta miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación.

Tras casi cuatro meses y medio de sesiones, el juicio ha finalizado y ha quedado visto para sentencia, como ha declarado expresamente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, una vez consumado el turno de la última palabra de los acusados, derecho del cual han hecho uso tres de los mismos.

En concreto, han hecho uso de su última palabra los acusados funcionarios de la Junta de Andalucía Julio Ramos Zabala, Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen y Aurora Gómez, quienes han alertado de que el juicio se basa en una “acusación infundada” de Emerita Resources España tras no ganar “por sus errores propios” el concurso promovido por la Junta para la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

También han alertado de las “falacias y muchas mentiras de extraordinaria gravedad” vertidas por Emerita Resources sobre el procedimiento administrativo promovido para el mencionado concurso internacional destinado a asignar los nuevos derechos de explotación del famoso complejo minero.

Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía “la llave” del concurso, reclamando presuntamente a Emerita “el 15 por ciento” del negocio exclusivamente por “asegurar” el resultado del procedimiento.

En ese sentido, estos acusados han alertado de los “inmensos perjuicios” sufridos en lo profesional y lo personal tras “diez años kafkianos, de manipulación, calvario y de una injusticia sin precedentes” como consecuencia de la “mala fe” de Emerita Resources, que recientemente veía cómo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimaba íntegramente su recurso contencioso-administrativo contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto del concurso promovido por la Junta.

Y entre sus intervenciones, han destacado que en todo este procedimiento judicial ha brillado “la luz de la Fiscalía”, que en la fase de conclusiones definitivas del juicio ratificaba una vez más su petición de sobreseimiento con relación al conjunto de acusados, al confirmar su escrito provisional, en el que ya solicitaba tal extremo por no apreciar delito alguno.

La Fiscalía, además, instó las dos órdenes de sobreseimiento del caso acordadas años atrás por la magistrada Patricia Fernández Franco como jueza encargada de instruir la denuncia penal de Emerita Resources, al no apreciar delito alguno ni el Ministerio Público ni dicha magistrada instructora.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra esas dos decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formulaba acusación y como ha sido señalado, ha solicitado de nuevo el sobreseimiento.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado de la detección de surgencias de aguas “con altas concentraciones de metales pesados” en la zona este del contraembalse del Agrio, procedentes de la escombrera norte de complejo minero Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).

Ello, en un marco en el que pesa la reciente autorización por parte de la Junta de Andalucía del nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis; de cara a la reactivación de esta corta cerrada desde 2002 tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Al respecto, recordemos que los grupos ecologistas vienen avisando de que el proyecto de nueva explotación de la mina, marcada por la citada catástrofe medioambiental, supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto.

De este modo, los ecologistas alertan insistentemente del “envenenamiento del Bajo Guadalquivir de manera permanente, y probablemente irreversible”.

La Junta de Andalucía, de su lado, alega que el proyecto “viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles”; reseñando que “más del 80 por ciento del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso”.

En ese marco, la CHG expone que ha realizado desde el pasado mes de marzo, abundante en lluvias, un seguimiento continuo de la afección detectada en la calidad del agua del contraembalse del Agrio y en el río Crispinejo, hasta su confluencia con el río Guadiamar, contaminado por el grave episodio de 1998; tras las abundantes precipitaciones de ese mes.

Los resultados del estudio elaborado por la CHG, que detecta aguas con altas concentraciones de metales pesados procedentes de la escombrera norte de complejo minero Los Frailes, en la zona este del contraembalse del Agrio; han sido remitidos en mayo a la Junta de Andalucía como organismo competente en la materia, tanto en concesión de autorizaciones para explotaciones mineras, protección medioambiental y gestión de los pasivos mineros, y “se le ha instado a que adopte las medidas necesarias antes de las próximas lluvias para que no se repita el problema”.

La CHG expone que ha informado así de la afección a la Dirección General de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas y a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Sevilla, a las que se les solicita que pongan en conocimiento de este organismo de cuenca “su programa o plan de contingencia con las actuaciones previstas”.

Asimismo, la Confederación ha requerido al responsable del complejo minero, Minera Los Frailes S.L., sociedad de propósito creada por Grupo México y Minorbis para la nueva gestión de la mina de Aznalcóllar; que informe sobre las medidas adoptadas para evitar la contaminación, sobre el estudio de la conexión hidráulica entre la citada escombrera norte y el contraembalse del Agrio, sobre actuaciones previstas, plan de contingencias y programa de vigilancia y control del dominio público hidráulico. También se ha informado al Ayuntamiento de Aznalcóllar sobre la situación.

Un trabajador de 40 años de edad ha muerto este miércoles tras precipitarse de un tejado desde una altura de seis metros en la localidad sevillana de Aznalcóllar, según ha informado el servicio un unificado de emergencias 112 de Andalucía. Se trata del tercer fallecido en accidente laboral en sólo cinco días en la provincia de Sevilla, con lo que se alcanza la cifra de 22 muertes en menos de seis meses, más que en todo el año pasado.

El siniestro laboral se ha producido a las 12.25 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de un operario que se había caído de una altura de seis metros en la calle Mina La Higuereta. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con agentes de Policía Local y Guardia Civil.

Según fuentes de Policía Local, el trabajador ha fallecido en el lugar del accidente. Era vecino de Sevilla capital, tenía 42 años y estaba revisando unas placas solares, según ha informado a Europa Press el alcalde del municipio, Juan José Fernández. El técnico habría “pisado una chapa de poliéster” que se habría roto bajo su peso, ocasionando que esta persona se precipitase en una caída de más de seis metros de altura.

“Unas cifras escandalosas y escalofriantes”

Ante este nuevo accidente laboral, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha exigido “a las administraciones públicas que actúen de forma contundente e inmediata para tratar de parar la sangría laboral que estamos sufriendo en Sevilla y a los empresarios y las empresarias una llamada de atención”.

“Siempre que se produce una muerte en accidente de trabajo es porque algo ha fallado en la cadena preventiva y es responsabilidad de las empresas velar porque se cumpla y seguir a rajatabla la ley de prevención de riesgos laborales”, ha aseverado.

“Son unas cifras escandalosas, escalofriantes. No podemos normalizar que perdamos la vida por ir a trabajar. En los últimos 19 días cinco trabajadores en cinco municipios diferentes de Sevilla salieron a trabajar y no volvieron a sus casas”, ha sentenciado el secretario general de CCOO de Sevilla.

José Armando Rodríguez Ardila, secretario de Salud Laboral de UGT Sevilla, ha avisado por su parte de que ante este notorio repunte en la siniestralidad laboral ya se le “agota el léxico a la hora de hablar” del asunto y de reclamar una vez más el cumplimiento y refuerzo de las medidas de prevención laboral.

En ese sentido, ha preguntado retóricamente “hasta cuándo” va a “tolerar” la sociedad estas “cifras absolutamente inasumibles” y que suponen todo un “drama”.

La Catedral de Sevilla acogerá la mañana del 29 de junio una misa de acción de gracias oficiada por el arzobispo hispalense, José Ángel Saiz Meneses, por la reciente autorización del nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar. El proyecto para la reapertura, liderado por Grupo México y la andaluza Minorbis, ha obtenido todos los permisos y empezará a producir en 2028, justo cuando se cumplan 30 años desde la gran catástrofe ambiental provocada por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, por entonces operado por la multinacional sueca Boliden-Apirsen.

Ignacio del Río Medina, párroco de Aznalcóllar, ha recordado a Europa Press el “gran vínculo” establecido entre la localidad y la Catedral hispalense, a cuenta de los “más de 273” días de encierro en el templo de los mineros de la antigua Boliden-Apirsa, en el marco del enconado conflicto laboral derivado del cierre de la minera tras el mencionado desastre medioambiental.

Según el párroco, el arzobispo y el Ayuntamiento siempre barajaron la idea de regresar al templo “a dar gracias” una vez el nuevo proyecto de explotación de la corta minera de Aznalcóllar contase con autorización. Se trata, pues, de “cerrar el círculo”, según ha destacado el párroco de esta localidad, remarcando la importancia de la actividad minera para el empleo y la economía de Aznalcóllar.

Autobuses desde Aznalcóllar

La misa, según ha señalado, será oficiada por el propio arzobispo y contará con la asistencia de vecinos de Aznalcóllar, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el ex minero Juan José Fernández, dispondrá autobuses para la ocasión, según ha indicado el párroco del municipio.

El proyecto de reapertura de la mina, promovido por Minera Los Frailes, la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel, cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. Prevé además una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla está celebrando un juicio por la denuncia de la alianza Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de los derechos de explotación de esta mina a la propuesta de Grupo México y Minorbis. Tras el sobreseimiento de la investigación en dos ocasiones, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura y juzgará a 16 acusados en un proceso que está previsto para este mes de julio.

La futura nueva explotación minera, a desarrollar por la empresa Minera Los Frailes, cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.

Nueva mina subterránea

El proyecto de nueva explotación de la corta de Aznalcóllar contempla una mina subterránea y no a cielo abierto y no dispondrá de balsas de residuos, sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovechará como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras.

La actuación, una reivindicación histórica de la localidad de Aznalcóllar y su comarca, cuenta con la oposición frontal de los grupos ecologistas, que invocan la devastadora catástrofe ambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del recinto minero, y la contaminación del río Guadiamar y su cuenca. Aquel desastre, que cambió el paradigma de la prevención en la Unión Europea, sigue teniendo efectos a día de hoy. 25 años después, Boliden fue exonerada de pagar 90 millones de euros a la Junta de Andalucía en compensación por los trabajos de limpieza y reparación.

Para los ecologistas, el nuevo proyecto supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

La Junta, no obstante, alega de su lado que el proyecto incluye una solución para depurar “el agua almacenada” en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles; defendiendo que el proyecto suma más de “60 millones” de euros entre tareas de rehabilitación y garantías financieras, “el máximo que contempla la ley”.

La mina de Aznalcóllar ya tiene todos los parabienes para reabrir, y aunque entidades ecologistas anuncian que seguirán planteando batalla, a día de hoy la previsión es empezar la extracción de mineral en 2028. El camino del proyecto ha estado lleno de altibajos desde su adjudicación hace una década, pero si ha llegado a buen puerto ha sido por el considerable giro que se le dio en plena tramitación: los vertidos que genere la actividad se verterán en el Guadalquivir, no en el Guadiamar como estaba previsto inicialmente.

De hecho, la historia sería hoy muy distinta si Grupo México y Minorbis (concesionarias y creadoras de la empresa que gestionará el complejo, Minera Los Frailes) hubiesen persistido en verter en el río Agrio, afluente del Guadiamar. ¿Y por qué es tan importante que al final se optase por el Guadalquivir? Pues porque se pasó del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que implica que los vertidos pueden ir con una carga contaminante más elevada y que la autorización la concede la Junta de Andalucía, que fue precisamente la que en 2013 puso en marcha el proceso para reactivar la explotación.

La empresa tiene un horizonte operativo que de partida se sitúa hasta 2045, tiempo durante el que verterá más de 85 hectómetros cúbicos (85.000 millones de litros) de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados: zinc, plomo, cobre, níquel, arsénico, mercurio... Esto, según han alertado ayuntamientos, sectores productivos y organizaciones sociales, conllevará la contaminación del estuario, por lo que reclaman que un comité científico analice la situación ante la voz de alerta que ya han dado estudios preliminares.

Incumplía los parámetros

Volcar los vertidos en el Guadiamar vía Agrio suponía replicar la fórmula de Boliden Apirsa, propietaria de la mina cuando se produjo el desastre ambiental de 1998. El argumento de la nueva concesionaria es que el procedimiento no tenía nada que ver, que ahora es un proyecto subterráneo que no necesita balsa de residuos como la que estalló en el que está considerado como la mayor catástrofe ambiental en España.

Pero estos argumentos no convencieron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar la autorización ambiental al pertenecer el Guadiamar al dominio público hidráulico. De hecho, transmitió a la empresa que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para un permiso como el que pedía por los niveles tóxicos de los residuos que se iban a verter, que incluían cadmio y mercurio.

“No iban a cumplir nunca los requisitos porque el Guadiamar es hoy uno de los río más controlados de Europa”, ha llegado a señalar el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que declaró como testigo en el juicio por la concesión administrativa –todavía en curso– y recordó la “controversia” que generó la propuesta inicial. Así que le dieron un volantazo al proyecto y se fueron al Guadalquivir, donde “sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos”.

“Única fórmula para conciliar” todos los aspectos

Así las cosas, la Confederación pidió en 2019 una ampliación del análisis de alternativas de vertido de las aguas del complejo minero, tanto en lo relativo a sistemas de tratamiento como a otros puntos diferentes de vertido. Esto, explicó la empresa en la nueva documentación que presentó para desatascar el proceso, “motivó un cambio en el diseño conceptual del proyecto”, enfilando ahora al Guadalquivir.

Minera Los Frailes explicó que este viraje –un “giro sustancial”, como lo ha llegado a definir el presidente de la CHG– era la “única fórmula para conciliar los aspectos administrativos, ambientales, sociales y técnicos” y así conseguir la autorización ambiental. Para ello, ya en 2021, presentó una adenda al proyecto de explotación con esta reconfiguración que suponía pasar del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que incluía cambiar como administración de referencia el Gobierno central por el andaluz.

El Guadalquivir pertenece al dominio público hidráulico desde que nace hasta la presa del municipio sevillano de Alcalá del Río, hasta donde el estuario del río ejerce su influencia en forma de mareas. A poca distancia, a la altura del estadio de la Cartuja, la compañía ha elegido el punto de vertido, para lo que construirá una tubería que recorrerá 30 kilómetros desde sus instalaciones.

Opiniones enfrentadas

La empresa esgrime una y otra vez que cuenta con todos los parabienes ambientales, y que de hecho su actuación permitirá neutralizar el riesgo potencial que todavía suponen las dos cortas mineras de la época de Boliden que todavía están llenas de aguas tóxicas y rodeadas de unos vertederos que continúan filtrando. Los Frailes calcula que en torno al 20% de su inversión global (500 millones de euros) se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

No lo ve igual el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, uno de los autores de un último estudio que alerta de una contaminación ya asentada en el Guadalquivir por la actividad de Cobre las Cruces y que ahora se multiplicará con Aznalcóllar. “Aquí nadie hace nada y se está poniendo la alfombra roja pese a que el estudio de impacto ambiental se basa en una hipótesis falsa, la de que los metales van a salir del estuario”.

En cambio, a su juicio estos restos tóxicos se van a pegar a partículas y depositarse en el fondo del estuario. El resultado sería un escenario “altamente contaminado con efecto ecotóxico”, lo que afectará a un ecosistema que es el sustento económico de miles de familias.

Interés público superior

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, señala que verter al Guadalquivir rebaja los requisitos con respecto al Guadiamar, pero pone el acento en un procedimiento administrativo que ha supuesto una “devaluación” de la figura de lo que antes se conocía como interés general. El proyecto, de hecho, recibió de la Junta de Andalucía la declaración de interés público superior para así cumplir con lo que estipula la Directiva Marco del Agua.

Pero Joan Corominas recuerda que hasta ahora el reconocimiento como interés superior llegaba vía ley o real decreto ley, es decir, que tenía que aprobarlo o el Consejo de Ministros o el Congreso. En cambio, el interés público superior del proyecto de Los Frailes no lo ha concedido ni el Consejo de Gobierno ni el Parlamento andaluz, sino la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas, con un documento que “copia párrafos completos de las formulaciones de la empresa minera”.

Las organizaciones ecologistas han reaccionado con estupefacción ante el anuncio del Gobierno andaluz de que la mina de Aznalcóllar ya tiene todas las bendiciones legales para reabrir. Ante el nuevo escenario que se abre, Ecologistas en Acción anuncia que llevará a los tribunales la nueva autorización minera y SEO/Birdlife alerta de que “vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio”. Greenpeace, por su parte, incide en el impacto en el Guadalquivir y avisa de que “se está firmando un nuevo vertido que podría suponer la sentencia de muerte de un ecosistema ya dañado”.

Ecologistas en Acción ha tachado la decisión de “irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza”. De paso, avisa de que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, “no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos”.

SEO/BirdLife, en paralelo, ha denunciado que el Consejo de Participación de Doñana no ha sido informado del proyecto respecto al cual “se ignoran los efectos acumulativos de vertidos anteriores y las recomendaciones científicas basadas en el principio de precaución”. “Esta decisión del Gobierno andaluz vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Miteco e ignora las recomendaciones de la Unión Europea y organismos internacionales como Unesco, UICN y la Convención Ramsar”, resalta.

Balsa de lodos tóxicos mineros

“El proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998”, señalan los ecologistas. A su juicio, ese método convertirá esa vieja corta de Aznalcóllar “en una balsa de lodos tóxicos mineros, mientras la consejería opta por calificar esa actuación como relleno a efectos de restauración”.

Greenpeace, por su parte, no considera que el proceso de restauración asegure que la balsa vaya a eliminar la presencia de metales pesados, y recuerda además que el material de rellenado también tendrá presencia de elementos contaminantes que dañarán tanto al acuífero como al Corredor Verde del Guadiamar. Igualmente, recuerda que la reapertura de la mina supondrá un vertido total de 85,5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año. 

Ecologistas en Acción alerta además que con ello la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, que explotará la mina mediante su sociedad instrumental Minera Los Frailes, “no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados”. En esta línea, tampoco “tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A”.

“Contaminación impune”

“La experiencia acumulada nos indica que los residuos mineros que van a ser depositados en la corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano para Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015”, avisan.

El consejero Paradela, por su parte, defendía este mismo viernes que este proyecto, que cuenta con la correspondiente autorización ambiental unificada; supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar 1.200 empleos directos e indirectos, así como 800 inducidos. Además, también destacaba que será “una mina subterránea y no a cielo abierto” y que el aprovechamiento de la vieja corta parte de una “práctica reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea”.

SEO/BirdLife lamenta que la decisión permite el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir, afectando a la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir y al propio Espacio Natural de Doñana, sin que se haya evaluado adecuadamente su impacto. Todo ello entre frecuentes alertas científicas sobre cómo afectará para mal también a la actividad económica de numerosos municipios, con la acumulación de investigaciones y con peticiones para que el Consejo de Doñana analice las posibles consecuencias.

El anuncio se ha hecho además en pleno juicio por la adjudicación administrativa del proyecto minero. “Con la autorización otorgada, entendemos que el consejero Paradela asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando”, enfatiza Ecologistas en Acción.

Los plazos de la mina

La empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de este verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros. En la primera mitad de 2026 se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones.

El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo con un sistema de explotación subterránea y sin balsa de residuos, a diferencia del proyecto anterior que gestionaba Boliden Apirsa.

La mina del municipio sevillano de Aznalcóllar ya tiene todos los permisos para reabrir, por lo que empezará este mismo verano los trabajos previos para así poder iniciar la extracción de mineral en 2028. Minera Los Frailes cuenta así con la aprobación definitiva del proyecto de explotación, que llega en plena oposición ecologista 27 años después del desastre ambiental (1998), 23 años después del cierre del complejo minero (2002) y cuando han pasado 12 años desde que el Gobierno andaluz volvió a autorizar la actividad minera. La producción se reactivará en 2028, a los 30 años del vertido tóxico.

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha sido el encargado de hacer el anuncio, en el marco de una visita a Aznalcóllar en la que ha comunicado oficialmente al alcalde, Juan José Fernández (IU), que su departamento ha autorizado el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes. De la gestión se encarga la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, y la autorización llega justo cuando se está en pleno juicio por esta adjudicación.

Esta autorización, según la consejería, supone “el último trámite” de la administración autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de una nueva mina. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar 1.200 empleos directos e indirectos, así como 800 inducidos. La vida estimada es de al menos 20 años, los tres primeros para los trabajos previos, por lo que su horizonte mínimo se sitúa en 2045.

Los plazos del proyecto

La empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros. En la primera mitad de 2026 se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones.

El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo con un sistema de explotación subterránea y sin balsa de residuos, a diferencia del proyecto anterior que gestionaba Boliden Apirsa.

La planta de tratamiento tendrá capacidad para procesar 2,7 millones de toneladas de minerales cada año. El objetivo es obtener 170.000 toneladas de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo y 13.000 toneladas de cobre anualmente.

Reutilización de los residuos

El consejero Paradela ha defendido que el proyecto “no es una reapertura sino un proyecto totalmente nuevo”, que contempla una mina subterránea y sin balsas de residuos. De hecho, utilizará una práctica que –ha subrayado– “está reconocida como la mejor técnica disponible por la Unión Europea”.

La empresa explica en este sentido que los estériles serán tratados en una planta para convertirlos en pasta cementada con propiedades estructurales, que se utilizará para rellenar las cámaras de la mina, la propia corta de Aznalcóllar y una escombrera. La mayoría de esos lodos y estériles, una vez convertidos en pasta, serán reintroducidos en los huecos mineros.

Minera Los Frailes gestiona desde 2015 los antiguos pasivos mineros, sobre todo dos cortas a cielo abierto, Los Frailes y Aznalcóllar. Esta acumula 14 millones de metros cúbicos de agua de contacto con metales y está rodeada por escombreras abandonadas en 2002. La compañía salcula que en torno al 20% de la inversión global se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

La cuestión del agua

El proyecto incluye la depuración total de ese agua de las antiguas explotaciones, para lo que se construirá una planta de tratamiento desde la que se verterá al Guadalquivir, a lo que se une el sellado total de la corta de Aznalcóllar con material impermeable para evitar la contaminación con el contacto de los antiguos pasivos mineros. Junto a ello, se habilitará una red de infraestructuras que almacena el agua en una nueva balsa en caso de que haya precipitaciones extraordinarias.

Por lo que hace referencia a las futuras extracciones, Paradela ha incidido en que la huella hídrica del proyecto es “reducida, ya que más del 80% del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso”. Estas garantías no evitan los recelos de los grupos ecologistas, que se oponen frontalmente a una actuación socialmente muy reivindicada en la comarca por su impacto económico.

Las organizaciones ecologistas inciden en que la actuación planteada supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al estuario del Guadalquivir. También aseguran que tendrá efectos en un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto, que incide en las autorizaciones ambientales y en que cuenta con mecanismos de control que garantizan el cumplimiento de la normativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Emerita Resources España contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar, tras hacerse con los derechos de la misma, fruto de un concurso promovido por la Junta de Andalucía y cuya adjudicación en favor de Minorbis-Grupo México enjuicia actualmente de otro lado la Audiencia de Sevilla como consecuencia de las otras acciones judiciales de Emerita por la vía Penal.

Así figura en una sentencia emitida el pasado 10 de abril por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, recogida por Europa Press. En su recurso, Emerita España señalaba la supuesta “apropiación por Minera los Frailes S.L. de recursos mineros que no le han sido adjudicados en el concurso de adjudicación y la realización de trabajos por parte de esta entidad en dichos recursos, sin la preceptiva autorización previa a entidades extranjeras y sin contar con permisos de exploración, investigación ni explotación”.

Al detalle, avisaba de que tras la adjudicación de los derechos de explotación del recinto minero de Aznalcóllar a la alianza conformada entre Minorbis, filial minera de la andaliza Magtel, y la multinacional Grupo México, “quien aceptó la adjudicación no fue ésta, sino Minera Los Frailes S.L.”, una sociedad de propósito creada por las anteriores específicamente para la gestión de los derechos de explotación de la mina.

Para Emerita, tal aceptación y los posteriores trabajos de Minera Los Frailes en el recinto de Aznalcóllar suponían “una ilegítima vía de hecho”, considerando “evidente que la entidad que al parecer se ha apropiado tácitamente de la mina no es la adjudicataria”.

No obstante, el TSJA expone que “la actuación” que Emerita –que compitió sin éxito con Minorbis-Grupo México por los derechos de explotación de la mina– “califica como vía de hecho no es la Administración demandada, es la citada mercantil, siendo además que resultó adjudicataria del concurso en cuestión por resolución de 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía”.

Al punto, el TSJA invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual “una vía de hecho es una actuación administrativa que prescinde absolutamente del procedimiento legalmente establecido para realizarla, o que carece manifiestamente de ningún posible fundamento legal”.

De esta forma, razona que “la actuación que la parte pretende como vía de hecho no puede ser reputada como tal, por no concurrir en ella ni el elemento subjetivo para ello, puesto que no es una actuación de la Administración a la que se atribuye tal carácter, ni la actuación realizada por la demandada, Minera Los Frailes, adjudicataria de la concesión, puede considerarse que prescinda absolutamente del procedimiento legalmente establecido para realizarla”, o que carezca “manifiestamente de ningún posible fundamento legal, puesto que resultó ganadora del concurso para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina”.

Por eso, el TSJA desestima “en su integridad” el recurso contencios administrativo de Emerita España, entidad a la que condena además en costas “con un límite máximo de 1.500 euros”.

El Guadalquivir no es lo que se dice un río sano, en eso hay un consenso generalizado. Los últimos estudios científicos alertan de la creciente presencia de metales pesados en todo el estuario interior y hasta en la desembocadura, que atribuyen a vertidos mineros de Cobre Las Cruces que se agravarán con los de Minera Los Frailes, en Aznalcóllar. Las empresas, por su parte, esgrimen certificaciones ambientales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente. Y en medio quedan los municipios ribereños y sus sectores productivos, que han empezado a asustarse de verdad con esta situación.

Por ello, este miércoles han hecho llegar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), una carta respaldada por los plenos de diez localidades del estuario en la que exponen su preocupación por el impacto ambiental, económico y en la salud, ante lo que se reclama la creación de un comité de expertos científicos independientes que evalúe en detalle la situación. Pero como, según la misiva, hay “muchas lagunas de conocimiento” ahora mismo, exigen también que se establezca “de inmediato” una moratoria a nuevos vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir.

El escrito va respaldado por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona (gobernado por Unidos por Chipiona e IU), Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU), además de por los sevillanos de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU). Han quedado fuera Sevilla capital, gobernada por el PP, y La Algaba (PSOE), en cuyo término municipal vierte Cobre Las Cruces.

Datos frente a datos

La inquietud viene provocada, tal y como se apunta en el texto entregado a Moreno vía registro, porque desde 2008 Cobre Las Cruces ha podido verter un máximo anual de 0,9 hectómetros cúbicos de agua con metales y metaloides, lo que implica topes anuales de 360 kilos de zinc, 90 de níquel, 45 de arsénico, cobre y plomo y nueve kilos de mercurio. Si hasta 2023 se ha autorizado un máximo de 12.150 millones de litros con estos contaminantes, el nuevo proyecto de la compañía prevé 39.780 millones de litros que se sumaría a los 85.520 millones con la reapertura de Aznalcóllar (de la mano de Los Frailes). Es decir, que en los próximos 19 años se multiplicará por diez el volumen de vertido.

¿Y qué dice Cobre Las Cruces a todo esto? Pues que en todos estos años no se ha producido ningún incidente ambiental por depositar sus restos en el Guadalquivir, lo que se ha traducido en que la administración no ha tenido que intervenir ni una sola vez. El sistema de control incluye un informe de situación cada 24 horas a la Junta de Andalucía, para lo que desde 2010 se han llevado a cabo 17.400 analíticas: 13.000 de aguas, 3.500 de sedimentos y 900 de biota. Y todo ello, auditado por una empresa certificadora homologada.

Su explotación a cielo abierto terminó en 2023, pero en cuatro o cinco años activará su nuevo proyecto, que será bajo tierra. Un poco antes prevé Minera Los Frailes reabrir Aznalcóllar, que asegura que dispondrá de una potente planta depuradora y garantiza una inversión ambiental por encima de los 100 millones de euros. Aquí se incluiría la restauración integral de más de 500 hectáreas degradadas por antiguas explotaciones mineras para evitar así su contacto con el agua de lluvia, como ha ocurrido con el reciente vertido al río Agrio.

Las cifras del impacto económico

La puesta en escena para presentar la misiva ha sido ante la propia sede de la presidencia de la Junta, el palacio de San Telmo, en un acto en el que se ha dado voz a todos los actores y en el que se ha querido huir en todo momento de un enfoque político. De hecho, entre las numerosas entidades presentes –incluidas Marea Blanca y Facua– no había ningún partido político como tal, mientras que el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona), incidía que el acuerdo plenario que respalda este paso ha sido adoptado por unanimidad, incluido el PP, lo que no ha sido posible en todos los municipios.

Han estado presentes también representantes del sector agrícola (COAG), así como de las cofradías de pescadores de Cádiz y los mariscadores de Chipiona. Sus mensajes han sido de prudencia, aunque admitiendo que tienen el miedo metido en el cuerpo por el impacto que el deterioro del río pueda tener en sus actividades que, en el caso de la pesca en el Golfo de Cádiz, genera 3.500 empleos directos y 32.000 indirectos.

Los datos económicos los ha aportado Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, que ha subrayado que se pone en riesgo un tejido empresarial de unas 10.000 compañías que facturan alrededor de 120 millones de euros, al margen del impacto que pueda tener en el turismo. El sector arrocero, que tanto depende del Guadalquivir, da trabajo a 5.000 personas y genera más de 320.000 peonadas en campaña, mientras que el resto de la actividad agrícola (sobre todo la del tomate) alimenta unos 20.000 empleos.

“La mierda debajo de la alfombra”

Todo ello está en riesgo si el río mantiene su declive, del que el catedrático de Biología Jesús Castillo ha culpado en buena parte a la mina Cobre Las Cruces y sus vertidos, que estarían generando en el fondo del cauce sedimentos contaminados por metales pesados antes y después de pasar Sevilla, entre La Algaba (donde vierte la mina) y Coria del Río. Este municipio mantiene una tradicional actividad pesquera vinculada a los albures, que han sido estudiados y en el 31% de las muestras de músculo se han detectado niveles de metales superiores a los permitidos por la Unión Europea.

“Hay demasiadas incertidumbres”, ha lamentado Castillo, que ha cargado contra el Gobierno andaluz, responsable de controlar la actividad minera, al que ha acusado de mantener una “posición negacionista”. “Niega la contaminación por metales y sus efectos”, ante lo que ha reclamado que los controles “no se centren sólo en el agua porque la clave está en el sedimento”, una situación que ha resumido de manera bastante gráfica: “La Junta y la empresa están metiendo la mierda debajo de la alfombra”.

Los impulsores de la iniciativa han insistido en todo momento en un enfoque científico, económico y sobre la salud pública, huyendo de cualquier declaración ecologista y sobre todo política. Esto no impide que haya movimientos de fondo, como el de Podemos en Sevilla, que ha reclamado al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), que se sume a esta decena de municipios y se oponga a la autorización de nuevos vertidos. Como contraste, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), volvía a reclamar de nuevo a la Junta de Andalucía “urgencia” para la autorización final de la reapertura de la mina.

Las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado filtraciones desde antiguos vertederos mineros abandonados en el municipio sevillano de Aznalcóllar, una contaminación que se ha hecho evidente en el contraembalse de esta localidad y de ahí ha saltado al río Agrio. La empresa que ahora trabaja para reabrir la explotación, Minera Los Frailes, apunta que está investigando lo ocurrido y que precisamente su proyecto acabará con este problema, al incluir la regeneración de estos pasivos.

Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, denuncia que esta contaminación ácida no se quedará ahí, ya que el Agrio conecta con el Guadiamar (al que llegaron los vertidos de la catástrofe ambiental de Boliden en 1998), cuyas aguas se adentran en Doñana y conectan con el Guadalquivir, en cuyo estuario acabarán estos restos. Castillo señala que el contraembalse ha cogido la característica tonalidad turquesa que delata la presencia de metales.

Esto, subraya, ha provocado una “masiva” mortandad de peces, lo que se ha puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Castillo critica asimismo la falta de vigilancia por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ha declinado valorar lo ocurrido.

Un problema que se repite

Tanto el catedrático de Ecología como fuentes de la empresa minera coinciden en un punto: esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, desde Los Frailes se apunta que “este fenómeno está documentado históricamente” y que los últimos casos se produjeron en 2004 y 2010 –cuando la gestión de este entorno correspondía a la Junta de Andalucía– y en 2017. La compañía (que no tiene todavía activa la explotación) admite que se ha detectado agua contaminada en el contraembalse del Agrio y que “está realizando análisis para identificar el origen de este incidente”.

Castillo resalta que el color turquesa apunta a la presencia de sulfato de cobre, aunque los análisis que se están haciendo de las muestras recogidas determinarán si hay otros metales, algo que en principio da por hecho. La lluvia ha provocado que desde los pasivos mineros abandonados en esta comarca se produzcan filtraciones de aguas cargadas de contaminantes que han acabado en el Agrio, provocando la mortandad de peces.

Esta se ha podido producir por dos vías, por asfixia (tras un proceso de oxidación que haya eliminado el oxígeno del agua) o por intoxicación, ya que estos animales capturan los metales por la piel y las branquias. “Esto es un problema de salud ambiental, económica y pública”, desgrana Castillo, que junto a otros investigadores hacía público recientemente un estudio que ha detectado plomo en los peces y otros metales en los sedimentos del Guadalquivir. Esto lo achaca a los vertidos de la mina que sí está operativa en estos momentos, Cobre Las Cruces.

Arsénico y zinc en la desembocadura del Guadalquivir

El catedrático va un paso más allá y avanza que una nueva investigación ha detectado “altas concentraciones” de elementos contaminantes como arsénico y zinc en la desembocadura del Guadalquivir, con niveles “similares” al punto del río en el que vierte Cobre Las Cruces. Precisamente, este miércoles se llevará a cabo ante el palacio de San Telmo (sede de la presidencia de la Junta de Andalucía) una concentración de protesta en la que participarán ayuntamientos ribereños y del Golfo de Cádiz, cofradías de pescadores y ecologistas, para denunciar un problema ambiental con impacto en la actividad económica.

Por lo que respecta al incidente en el Agrio, Minera Los Frailes considera que es la mejor demostración de que su proyecto de reanudar la actividad extractiva “forma parte de la solución a los pasivos ambientales que afectan a Aznalcóllar”. Por ello, considera “esencial” su iniciativa, ya que “restaura de forma global” estas antiguas escombreras.

“Minera Los Frailes reafirma su compromiso con la restauración ambiental integral del entorno de Aznalcóllar, que es la única solución viable y definitiva para eliminar los pasivos ambientales que están afectando a esta zona”, incide. La inversión medioambiental que plantea la compañía supera los 100 millones de euros, e incluye la restauración integral de más de 500 hectáreas degradadas por antiguas explotaciones mineras para evitar así su contacto con el agua de lluvia.

Medio ambiente y puestos de trabajo

En paralelo, defiende que se elimina de forma permanente la acumulación de aguas contaminadas en las cortas, con una planta de tratamiento que ya ha sido preadjudicada a Aqualia Industrial. Y recuerda asimismo que su proyecto “ha sido validado por todas las administraciones competentes, cumpliendo estrictamente con la normativa europea, nacional y autonómica vigente”, con un sistema de control y vigilancia ambiental “único en Europa” que prevé un plan de seguimiento independiente.

Los Frailes recuerda que ha aportado más de 60 millones de euros en garantías financieras exigidas por la administración, y que la inversión global ascenderá a 450 millones de euros y generará más de 2.000 empleos directos e indirectos. “Esto no es un conflicto entre medio ambiente y puestos de trabajo, sino entre miles de puestos de trabajo en los alrededores del estuario del Guadalquivir y una actividad contaminante que los pone en peligro”, tercia Jesús Castillo, que alerta de la progresiva acumulación de metales en una zona de la desembocadura del Guadalquivir que es reserva de pesca.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, a la hora de reanudar este martes el macro juicio correspondiente a los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude investigados en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; ha resuelto las cuestiones previas planteadas por las partes, rechazando sobre todo que la Sección Séptima, con un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, incurriese en una “extralimitación de funciones” en sus órdenes de reapertura de la causa.

En un auto emitido este pasado lunes y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Tercera de la Audiencia aborda las cuestiones previas planteadas por las partes del procedimiento los pasados días 2 y 3 de marzo, cuando fueron celebradas las sesiones iniciales del juicio.

En aquellas sesiones, las defensas de los 16 acusados reclamaron la nulidad del procedimiento por “vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad” y una supuesta “extralimitación de las competencias” de la Sección Séptima de la Audiencia, a la hora de resolver los recursos de apelación planteados en la fase de instrucción, mediante un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso de los ERE.

Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.

Modificación de la valoración efectuada por el instructor

Según los letrados de las defensas, en el caso pesa un “exceso competencial” de la Sección Séptima de la Audiencia “puesto que en el primer auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 3 en 2015 se decía que el procedimiento había sido el correcto y que no se había acreditado que las actuaciones fueran tendentes a beneficiar a Minorbis” en la valoración de las ofertas; mientras respecto al segundo auto de sobreseimiento del juzgado, también revocado por la Sección Séptima; señalaba que no había “indicios ciertos sobre delitos denunciados, más allá de genéricas referencias de meras irregularidades”.

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia rechaza que la Sección Séptima incurriese en una “extralimitación de funciones”, avisando de que “las defensas niegan la posibilidad del tribunal de apelación de revocar la decisión de la instructora de sobreseer la causa y hacer una valoración de la prueba sobre culpabilidad, decidir la práctica de nuevas diligencias de prueba y ampliar el ámbito de enjuiciamiento tanto de hechos como de investigados”.

Al respecto, la Sección Tercera de la Audiencia explica que “la posibilidad de modificar por parte del tribunal de alzada la decisión del juez de instancia sobre la conclusión de la instrucción y acordar nuevas pruebas ha sido aceptada de forma generalizada por la jurisprudencia menor y es que, no solo no existe precepto alguno que lo impida, sino que por el contrario es obligado el pronunciamiento sobre las pretensiones que en tal sentido se interesen por las partes”.

Además, la Sección Tercera de la Audiencia esgrime “distintas sentencias del TC y TS que aluden a resoluciones de las audiencias provinciales sobre la modificación de la valoración efectuada por el instructor, entre ellas en relación a la resolución adoptada tras la conclusión de la investigación o para la admisión y práctica de nuevas diligencias de prueba, en las que no se cuestiona la validez de dichas resoluciones ni se acuerda su anulación, sino que sólo se valora la posible vulneración o no del derecho del demandante a un juez imparcial”, con lo que rechaza dicha cuestión previa.

El tribunal, en ese sentido, desestima la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las partes, pero acuerda excluir el enjuiciamiento por delito de administración desleal y pospone para el momento de emisión de la sentencia las relativas a la legislación aplicable al presunto delito de malversación.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la segunda sesión del macro juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis. La fiscal del caso ha defendido la labor de la juez instructora Patricia Fernández Franco, que archivó dos veces la causa, ante la “nueva manera de ver las cosas” del tribunal participado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de los ERE, que revocó ambos sobreseimientos.

Esta segunda sesión del juicio ha contemplado la contestación a las cuestiones previas planteadas el primer día por las defensas de los 16 acusados, que reclamaron la nulidad del juicio por “vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad” y una supuesta “extralimitación de las competencias” de la Sección Séptima de la Audiencia.

La fiscal del caso, cuya instancia solicitó ambos sobreseimientos de la causa y ha pedido la absolución de los 16 acusados; ha defendido que la magistrada Patricia Fernández Franco, desde el Juzgado de Instrucción número tres, “cumplió escrupulosamente con las diligencias” investigación, resolviendo dos veces archivar el caso, pero “la Sala Séptima hizo un nuevo razonamiento, una nueva manera de ver las cosas”.

“Cuando revocan el segundo auto de sobreseimiento, la magistrada instructora se vio en una tesitura difícil y se vio abocada a dictar un auto de procedimiento abreviado”, ha manifestado la fiscal, asegurando que la magistrada Patricia Fernández Franco siempre tuvo un “control exhaustivo” de la investigación.

De otro lado, la fiscal ha negado cualquier vulneración de derechos en las detenciones de los inculpados, reconociendo que las defensas “pueden ver como un poco rigorista ese proceder”, pero precisando que “en cuanto declararon, fueron puestos en libertad, con lo que no estuvieron más tiempo de lo debido” en la situación de detención.

Y de la misma manera, la fiscal del caso ha negado las tesis de las defensas respecto a que Emerita, empresa denunciante del asunto, no esté supuestamente legitimada para ejercer la acusación particular y que sólo podría participar como acusación popular; planteamiento que de prevalecer podría hacer decaer la causa porque la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

“Un currículum de desastres ambientales”

Ecologistas en Acción ha alertado este martes de que la multinacional minera Grupo México, adjudicataria de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), de la mano de la andaluza Magtel, “se parece mucho a Boliden”, la empresa sueca que mediante su sociedad Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) explotaba esta mina cuando se produjo el conocido gran desastre medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del complejo minero.

Los representantes de Ecologistas en Acción Isidoro Albarreal y de Greenpeace Luis Berraquero han comparecido este martes ante los medios de comunicación en los aledaños de la Audiencia de Sevilla, que acoge el referido macrojuicio. Isidoro Albarreal ha considerado “llamativo” que “los diez funcionarios (acusados) que formaban parte de la mesa de contratación” conformada por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de la mina, “defendidos antes por los letrados de la Junta”; ahora están representados en el juicio por “el mismo bufete que representa a la empresa Minera Los Frailes”, sociedad instrumental creada por Grupo México para la gestión directa de la mina.

Albarreal ha señalado además el papel de varios de los acusados, como Salvador Camacho Lucena, que era secretario general de Medio Ambiente de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y “por tanto, tenía todos los conocimientos jurídicos para saber que lo que se estaba haciendo no era lo correcto”; así como Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas; y Juan Manuel Revilla, que actuaba como secretario de la mesa y que también tenía “conocimiento perfecto, porque los tres tienen una trayectoria bastante grande y, por cierto, bastante unida a infracciones ambientales”, según ha puntualizado.

“Todos los demás acusados deberían ser conscientes y determinar claramente cómo fueron los hechos y si recibieron o no recibieron instrucciones de qué tenían que hacer”, ha enfatizado.

Además, Albarreal ha expuesto que Grupo México no concurrió directamente al concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, sino que lo hizo mediante su “aval económico y técnico a la empresa Minorbis, que jamás ha tenido un proyecto minero”; porque “seis meses antes de que se convocara el concurso, el 6 de agosto de 2014, Grupo México reventó una balsa minera en su país y contaminó todo el río Sonora, por no cumplir con las normas ambientales, algo muy parecido a lo que Boliden hizo en 1998”.

“Es decir, Grupo México se parece muchísimo a Boliden y tiene un currículum de desastres ambientales en toda América muy importante. Por eso no se presentó al concurso”, ha enfatizado Isidoro Albarreal, insistiendo en que los acusados “eran conocedores de que Minorbis no había tenido jamás una explotación minera y que por tanto, no podía tener ni suficiente aval técnico ni económico para tener esos derechos”.

Además, ha insistido en que pesa prevaricación ambiental porque el concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina introducía “dos condiciones ambientales muy importantes, que no podía haber balsa de lodos y que no se podía provocar ningún daño al corredor verde del Guademar”; contando el proyecto de México-Minorbis con un espacio donde “se acumulan todas las aguas tóxicas, aunque no sea una balsa de lodo”; y “un vertido al Guadiamar”, finalmente sustituido por el Guadalquivir, al que tributa el primero de estos ríos.

Luis Berraquero, de su lado, ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido crear “una comisión de expertos técnicos y científicos” que evalúe los posibles “riesgos” de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar; así como que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica.

Ha reclamado así “que se cree ese comité científico” y “que se paralice cualquier tipo de concesión administrativa, sobre todo teniendo en cuenta todos los desmanes” sometidos a juicio. Así, ha invocado “el principio de precaución que cualquier administración pública debería tener”, considerando “que no se le puede dar ningún permiso ambiental a un proceso que está judicializado y que tiene tantos escollos, tanto ambientales como en el proceso de adjudicación”.

También ha destacado que según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; mientras la Junta alega que el proyecto está sujeto a “los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros” e incorpora “la mejor tecnología para la depuración de aguas”, destacando que en las previsiones figura una inversión de “cien millones de euros” por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y “sostenibilidad” ambiental.

El juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis ha llegado por fin a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla diez años después de aprobarse aquel concurso público internacional. En la primera sesión de cuestiones previas, las representaciones legales de los funcionarios públicos que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica, así como las defensas de las otras seis personas acusadas (entre ellas la exdirectora general de Minas de la Junta María José Asensio), han argüido la “vulneración” de derechos fundamentales (libertad, defensa e intimidad) durante el doble proceso de instrucción que reabrió la jueza Mercedes Alaya, a la que han acusado de “extralimitación” en sus competencias en el modo de resolver desde la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, como ponente, recursos de apelación interpuestos por las acusaciones.

Es de recordar que el caso fue archivado por dos veces por el juzgado y en otras tantas ocasiones fue reabierto por la jueza Mercedes Alaya, instructora varios años de la macrocausa de los ERE fraudulentos de Andalucía y que resolvió en la Audiencia los recursos de Emérita Resources España SLU, que perdió el concurso promovido por la Junta (entonces en manos del PSOE) para la explotar la mina, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Durante la instrucción, la Fiscalía de Sevilla solicitó hasta siete veces que fuera archivado al no haber apreciar delito alguno en un asunto en el que Emérita Resources ejerce la acusación particular, Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular (ambas piden la nulidad de la adjudicación) y la Junta de Andalucía, que defiende a los funcionarios acusados, responde también como posible responsable civil subsidiaria en el caso de condena como ha pedido una tercera acusación, la sociedad Andalucía Mining.

Precisamente la abogada Encarnación Molino, que defiende a los integrantes de la mesa de contratación, y previamente el abogado Luis Aparicio, ha expuesto una posible “vulneración de principio acusatorio” ya que entiende que la Junta de Andalucía, o en su caso la Fiscalía de Sevilla, tendrían la potestad para ejercer la acusación en la causa, por lo que ha aludido a una “falta de legitimación” de las acusaciones para poder ejercerla.

“Una injusta pena de banquillo”

Tampoco ha perdido ocasión para acusar a la Audiencia de Sevilla, como han hecho las defensas estos años atrás, de establecer “juicios valorativos” o “exceso competencial” durante el proceso judicial al rechazar los sobreseimientos decididos por el juzgado en las dos instrucciones llevadas a cabo. “Una injusta pena de banquillo”, ha concluido la letrada, en cuyo informe ha recordado la petición de “nulidad de las actuaciones” instado en su momento por las defensas y que la ponente Alaya rechazó.

El juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental (la Audiencia descartó cohecho) que ha arrancado este lunes se alargará hasta el mes de julio tras las 40 sesiones que están previstas. Actualmente, el proyecto de reapertura de la mina está en manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial de Grupo México y Minorbis.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla presidida por Alaya ordenó reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo hace tres años, al imputar a Vicente Fernández, hoy acusado y por entonces secretario general de Industria de la Junta, y que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Previamente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, comandado por Patricia Fernández Franco, archivó el caso en marzo de 2019 por segunda vez (ya lo hizo en noviembre de 2015).

Un largo proceso judicial

La causa, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta para adjudicar los derechos de explotación de la mina. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel (los hermanos empresarios López Magdaleno están acusados, aunque hoy ausentes), y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados a la primera. Tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis.

En la misma línea que los abogados de los funcionarios, durante la sesión de este lunes tanto el letrado Juan Carlos Álferez (que representa a los hermanos López Magdaleno) como el abogado de la exdirectora de Minas y también el del expresidente de la SEPI, Alfonso Martínez Escribano, han expuestos en sus respectivos informes orales cuestiones como que la investigación corrió “de espaldas” a alguno de sus representados dada la cronología de los acontecimientos judiciales de los que “no pudieron defenderse”.

El abogado Jaime Alonso, representante legal de México-Minorbis y Los Frailes, ha criticado que las acusaciones quieran adjudicar el concurso “directamente” a Emérita Resources, a la que ve “incapaz” de ejercer actuación alguna en la explotación minera, defendiendo por otra parte la “absoluta licitud de los actos administrativos que se produjeron” en el proceso de asignación de la explotación a sus patrocinadas.

Impugnación de Manos Limpias

Merced a aquella primera denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Pero ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial ordenó en 2016 la reapertura de la investigación judicial.

También cabe recordar que en octubre de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó “ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante” tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación.

El último recurso último de Emérita insistía en que “la aplicación de criterios de valoración por parte de la comisión técnica no contemplados en las bases, valorándose igualmente en el recurso los diferentes criterios técnicos sobre ambos proyectos contemplados en el pliego de condiciones, considerando en este sentido que los cálculos para obtener el denominado 'punto de equilibrio' estaban realizados en el proyecto de Emérita, y era mejor que el establecido en el proyecto de Minorbis”. Alaya estimó por entonces que en ese momento procesal no se había llegado a desvirtuar “la provisoria calificación de arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía”.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el próximo lunes 3 de marzo el comienzo del macro juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, proceso en el cual pesa la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas, tras la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por esos drrechos.

En concreto, en una diligencia recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia fija un cronograma para las sesiones del juicio, que comienza los días 3 y 4 de marzo con las cuestiones previas, para las cuales dispone además el 31 de marzo. En total, el cronograma dispuesto comprende 40 días desde el 3 de marzo al 15 de julio de 2025, “sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio”, según figura en el documento.

Entre los testigos citados a comparecer figuran el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el PSOE, José Sánchez Maldonado; la que fuera delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, también del PSOE; o el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez. Las actuaciones de este caso están conformadas por 31 tomos que suman un total de “14.221 páginas”, tres cajas de archivador, “tres baúles de madera grandes” y un disco duro de dos terabytes de capacidad.

La denuncia de Emerita

Cabe recordar que la causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).

Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

Lista de acusados

El pasado mes de octubre de 2021, la juez instructora Patricia Fernández Franco acordó la apertura de juicio oral contra las 16 personas procesadas en la causa, figurando entre los afectados por dicha medida los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

El auto de apertura de juicio oral se dirigía también contra Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.

La juez instructora acordaba así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

La decisión de la audiencia

La Sección Séptima de la Audiencia también acordó tiempo atrás revocar el auto dictado por la juez instructora, tras la segunda orden de reapertura de la causa, para continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los entonces nueve encartados; ordenando incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados, como ha sido señalado.

En su auto de apertura de juicio oral, posterior a las dos decisiones de sobreseimiento revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para “salvaguardar todas las garantías procesales” la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes –la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero– “cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha solicitado crear “una comisión de expertos técnicos y científicos” que evalúe los posibles “riesgos” de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis. Además, ha pedido que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica. La Junta ya denegó al Consejo de Doñana que opinase sobre la mina de Aznalcóllar al considerar que no afecta al parque.

En una resolución emitida el pasado 18 de diciembre, el departamento de Maeztu aborda este asunto señalando las “posiciones contradictorias entre quienes apoyan dicha reapertura por sus presumibles beneficios laborales, sociales y económicos y quienes, principalmente desde posiciones ecologistas y de defensa ciudadana, consideran que tal decisión podría conllevar riesgos inaceptables para el medio ambiente y, en particular, para los ecosistemas afectados por los vertidos previstos al río Guadalquivir”.

En efecto, los grupos ecologistas, como señala esta resolución, consideran que, “por muy depurados que estén”, los vertidos previstos al río “van a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el río Guadalquivir, afectando con ello de manera perjudicial a la pesca y agricultura de la zona”.

La reapertura de la mina, según la entidad promotora, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Pero, según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina –que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental– supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

La catástrofe de 1998 en el recuerdo

Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; considerando que “no se ha aprendido nada” de la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa)

Frente a ello, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendía recientemente que el proyecto está sujeto a “los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros”, lanzando así un “mensaje de tranquilidad”. La iniciativa, según sus palabras, incorpora “la mejor tecnología para la depuración de aguas”, destacando que en las previsiones figura una inversión de “cien millones de euros” por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y “sostenibilidad” ambiental.

En ese marco, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda el asunto señalando “sendos informes aportados por los grupos ecologistas y evacuados por el Catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo Segura, que advierten de que ya existen residuos acumulados en el Guadalquivir, procedentes de los vertidos autorizados a la Mina Cobre-Las Cruces, lo que podría provocar una contaminación por acumulación, que supondría un impacto ambiental, aunque de escasa entidad, pero regular y constante, que incidiría gravemente en el estuario del Guadalquivir, en la ZEC Bajo Guadalquivir sobre sus hábitat de interés comunitario y las especies de fauna protegida de este entorno”.

Considerar los informes académicos

De otro lado, el departamento de Maeztu da cuenta de la información trasladada por la administración, exponiendo la Junta que respecto al incremento del vertido previsto a 4.000 millones de litros anuales, “las necesidades de vertido relativas al volumen máximo anual de 4 hm3/año aparecen recogidas en el estudio de impacto ambiental que fue expuesto a información pública” y esgrimiendo una adenda donde “se fijan las necesidades medias anuales en 2,6 hm3, pero se deja referido que puede haber unas necesidades máximas de 500 m3/h como caudal máximo equivalente”.

Tras analizar profundamente el asunto, la Oficina del Defensor del Pueblo insta a la Junta a “tener presente el contenido de los dos informes del catedrático de la Universidad de Sevilla Jesus Manuel Castillo”. Y especialmente, la institución reconoce sus “carencias técnicas para realizar una evaluación adecuada y ponderar la relevancia de los riesgos ambientales” del asunto, considerando que “debe ser la administración quien sopese si los riesgos ambientales han sido suficientemente evaluados y valorados en el proceso de autorización ambiental, considerando los mismos como asumibles, o si, por el contrario, debe procederse a una nueva evaluación y valoración ambiental de dichos riesgos, ya sea por sus medios técnicos o mediante el auxilio de organismos o expertos externos”.

Propuestas de pronunciamiento

En cualquier caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que “debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hiciera con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela”.

También propone que “en el curso de los trámites autorizatorios aún pendientes para la puesta en funcionamiento de la mina, se solicitase al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el informe previsto en la legislación reguladora de este Espacio Natural1, a los efectos de conocer el posicionamiento de dicho organismo sobre las posibles afecciones al Parque de Doñana de los vertidos previstos, aun cuando dicho informe no tenga carácter vinculante”; así como “un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos”.

¿Debe el Consejo de Participación de Doñana analizar el posible impacto en el parque de los futuros vertidos de la mina de Aznalcóllar? Según la Junta de Andalucía –de la que depende este órgano consultivo– no es necesario y por eso no lo sometió a votación en su reunión del pasado lunes, una postura que no comparten ni el Gobierno central ni la Estación Biológica de Doñana, el órgano científico que monitoriza el paraje. Y no sólo creen que tiene que estudiarse, por mucho que el Ejecutivo andaluz le haya concedido ya autorización ambiental, sino que abogan incluso por la creación de un comité de expertos que despeje las dudas que genera la reapertura del complejo minero.

A estas reivindicaciones le han puesto voz Emilio Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Doñana (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), y Eloy Revilla, máximo responsable de la Estación Biológica. Ambos, además, tienen claro que es inevitable que la mina tenga un impacto en el Guadalquivir ya que verterá directamente residuos metálicos, la cuestión es que las medidas de depuración previstas sean realmente efectivas y se confirme que no hay afectación alguna al parque nacional.

El Gobierno andaluz, por su parte, mantiene que al no haber impacto directo en Doñana no es necesario informe alguno del Consejo, pese a lo cual se explicó en la reunión del lunes “de manera pormenorizada”. “Más transparencia imposible”, se apunta desde la Consejería de Sostenibilidad, a la vez que se insiste en que la actividad contará con “las máximas garantías medioambientales”. Las organizaciones ambientalistas con representación en este órgano (Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF), en cambio, recuerdan que la normativa vigente –la conocida como Ley de Doñana– establece esta obligación.

El Consejo no ha podido pronunciarse

Un día después de que la cuestión del proyecto de Los Frailes se incluyera en el orden del día del Consejo de Participación y de que la Junta informara del estado de la tramitación, aunque sin someter a votación la cuestión, Rodríguez y Revilla pasaron de sentarse en este foro de participación a compartir mesa en unas jornadas sobre el estuario del Guadalquivir celebradas en la Universidad de Sevilla. Y la cuestión de la mina y de lo ocurrido en el foro consultivo de Doñana no tardaba en saltar, mostrando ambos su discrepancia sobre cómo está gestionando la cuestión el Ejecutivo andaluz.

“El Consejo como tal no se ha manifestado porque en ningún momento se votó, por eso somos partidarios de que se lleve”, ha señalado el director de la Oficina Técnica de Doñana, además de admitir que desde su departamento están “expectantes” con esta cuestión porque “cualquier degradación del estado del Guadalquivir va a incidir sobre Doñana”. De partida, considera que “incrementar las concentraciones de metales pesados no es positivo”, y que lo que se vierta desde Aznalcóllar “va a incrementar la contaminación que ya le llega por la faja pirítica” al parque nacional.

“Doñana es el desagüe de Andalucía, así que todo puede afectar a un lugar tan importante y frágil”, ha apuntado por su parte Eloy Revilla describiendo de manera gráfica lo que provoca que el parque esté en la desembocadura del río. ¿Y puede empeorar la cuestión con la reapertura de la mina? “El incremento de la presencia de metales en el Guadalquivir no es una buena noticia”, ha resumido, a lo que ha añadido una cuestión no menos delicada: “Se va a mezclar con otros vertidos y luego es legalmente complejo separar de quién es la responsabilidad” en caso de que ocurra algo.

Un órgano externo de supervisión

Desde Minera Los Frailes se replica a las dudas con que el proyecto está sometido a “la regulación ambiental más estricta de la Unión Europea” y que se trata de una explotación subterránea y sin balsa de residuos y, por lo tanto, radicalmente diferente a la de Boliden que provocó el desastre ambiental de 1998. Los residuos se convertirán según la compañía en una especie de agua destilada tras un proceso de depuración, a lo que se añade que al verter en el Guadalquivir y no en el Guadiamar hace más complicado que lleguen a Doñana.

Rodríguez y Revilla también han coincidido en plantear una supervisión adicional al proyecto para así despejar todas las dudas. “Desde la Oficina Técnica de Doñana abogamos por un comité de expertos técnicos y científicos para valorar el impacto de la mina y las medidas que se van a aplicar”, ha apuntado Rodríguez, mientras que Revilla ha sugerido una “comisión que controle los vertidos de manera independiente para tranquilizar a todos los actores”. Este seguimiento, ha explicado después, no debería estar en manos de una empresa sino de una institución (como una universidad) para así “dar seguridad jurídica a los ciudadanos y a la propia compañía minera”.

Desde el órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se ha recordado, en paralelo, que el Gobierno andaluz es el encargado de evaluar el estado del estuario, al que califica en su mayor parte en “mala situación química”. El objetivo –comprometido incluso con Bruselas en el marco de la denuncia que condenó a España por no proteger el acuífero de Doñana del expolio de agua– es revertir esta situación para 2027, y el permiso para la licencia de Aznalcóllar no ayuda en este sentido. “Le hemos preguntado a la Junta cuáles son las medidas para mantener esta previsión, porque cualquier nuevo impacto puede agravar la situación y que la Comisión Europea inicie otro procedimiento sancionador”.

Un proceso que sería largo

Pero plantear la reapertura de la mina al Consejo de Participación no sería una mera formalidad en una reunión, sino que conllevaría un proceso largo porque la cuestión debería ser abordada por alguna de las comisiones técnicas (la de biodiversidad o la de aguas) que analizan los temas y los elevan a este foro. Es decir, que estamos hablando de un trabajo de meses, “y no es fácil ir para atrás porque ya tiene la autorización ambiental”, ha recordado Emilio Rodríguez.

¿Y a qué achacan la negativa de la Junta a que la cuestión se trate en el máximo órgano consultivo de Doñana? “Tengo la sensación de que ha sido una torpeza administrativa, han hecho la tramitación sin darse cuenta de que tiene que pasar por el Consejo”, ha barajado el director de la Estación Biológica de Doñana, lo que contrasta con que “no debería haber inconveniente para discutir” la cuestión. “Es un órgano consultivo y después pueden hacer lo que quieran, pero no debería haber ni vergüenza ni miedo a enseñar la documentación, me parece infantil”.

Cuando reabra la mina de Aznalcóllar, sus vertidos irán a parar a un Guadalquivir que es una de las puertas principales de entrada a Doñana. Pese a ello, no ha sido hasta este lunes cuando en el Consejo de Participación del parque (dependiente del Gobierno andaluz, y en el que se sientan administraciones, científicos y organizaciones sindicales, empresariales, sociales y ecologistas) se ha hablado de la cuestión, lo que ha ocurrido cuando el proyecto ya cuenta con todas las bendiciones ambientales por parte de la Junta de Andalucía. A la hora de la verdad, ni se ha votado ni formalmente se ha pedido la opinión de este órgano participativo, ya que el Ejecutivo andaluz insiste en que no procede al considerar que no afecta a este enclave.

La reunión ha supuesto el debut como presidente del biólogo Enrique Mateos (sucesor de Miguel Delibes tras su renuncia en julio), y en ella se ha aprovechado para agradecer estos años la implicación por Doñana de Teresa Ribera, la ya exministra para la Transición Ecológica que ahora va a ser designada vicepresidenta de la Comisión Europea. En el encuentro por fin se ha hablado de Aznalcóllar, sólo días después de que el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, recordase que el complejo minero (cerrado desde 2002 tras el vertido masivo de 1998) cuenta en la actualidad con una autorización ambiental unificada concedida por la Consejería de Sostenibilidad.

De hecho, el procedimiento está ahora centrado en la fase exclusivamente de los permisos mineros, resolviendo alegaciones que de superarse supondrán “el último paso del proceso autorizatorio”. Esto se traduce en que en la reunión de este lunes se ha comunicado que el proyecto cumple todos los requisitos y que, según representantes de la Junta, no es necesario un pronunciamiento del Consejo porque no hay una afección directa a Doñana.

La justificación es que el vertido de metales pesados ya depurados que se ha autorizado se hará en el Guadalquivir en Sevilla, a la altura del estadio de la Cartuja. Por eso lo que se ha hecho es informar, pero la cuestión no se ha elevado formalmente a la consideración del Consejo de Participación, que en consecuencia ni ha votado ni se ha pronunciado. Las organizaciones ecologistas con representación –Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF– ya han anunciado en consecuencia cuál va a ser su siguiente paso: enviar un escrito al presidente del órgano recordando la obligatoriedad de emitir un informe.

Una cuestión que es preceptiva

La normativa vigente establece que “todas aquellas actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las aguas subterráneas o superficiales aportadas al parque nacional” deben contar con un informe “preceptivo” del Patronato del mismo, funciones que asume desde 2007 el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana bajo el paraguas de la Junta. Sin embargo, el Gobierno de Moreno autorizó el vertido minero sin someterlo a la consideración del citado órgano consultivo.

Es más, la reapertura de la mina recibió todas las bendiciones ambientales sólo cuatro días después de la última reunión de este foro el pasado mes de julio. Esto generó críticas ambientalistas por “ningunear” y convertir en un “convidado de piedra” al Consejo, que sólo ha podido conocer a toro pasado una autorización ambiental que, por cierto, estuvo paralizada temporalmente en septiembre... por incumplimientos de la obligación de información y participación pública.

El nuevo presidente de este foro de Doñana, Enrique Mateos (nombrado por la Junta hace tres semanas tras la renuncia en julio de Miguel Delibes, que ejerció esta función durante 11 años) ha resaltado que se abordase la cuestión de Aznalcóllar después de que así se reclamase en una sesión anterior. “Esto refuerza el papel del Consejo como órgano en el que se escucha a la sociedad”.

“Máximas garantías medioambientales”

Llevar al Consejo de Participación una cuestión como la de la mina es una obligación, aunque la opinión que pueda expresar no es vinculante. Pero en este caso la Consejería de Sostenibilidad considera que no era obligatorio someterlo a este órgano con carácter previo a la autorización ambiental. En este sentido, ya se apuntaba que correspondía a la Consejería de Industria la decisión de hacerlo antes de conceder la definitiva autorización del proyecto de explotación si se consideraba que podía tener afección sobre Doñana.

Y para Ecologistas en Acción claro que la puede tener, porque según sus cálculos se verterán 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años al estuario del Guadalquivir, que riega el parque nacional. Desde el Gobierno andaluz, en cambio, se insiste en que la actividad contará con “las máximas garantías medioambientales”, aunque los ecologistas esgrimen estudios de la comunidad científica para insistir en que el vertido autorizado entraña un riesgo para un paraje que está declarado Patrimonio de la Humanidad.

La empresa Minera Los Frailes, por su parte, apunta que acometerá en el primer trimestre de 2025 las primeras actuaciones, que consistirán en la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua. El objetivo es que, tras una inversión de 150 millones de euros, arranque la extracción de mineral ya en 2028, todo ello sin olvidar que el próximo mes de marzo se iniciará el juicio que debe determinar si hubo irregularidades en el concurso de adjudicación.

Un año del pacto y la situación hídrica

Al margen de la cuestión de Aznalcóllar, en esta reunión del Consejo de Participación se ha hecho balance del primer año de aplicación del pacto entre los gobiernos central y andaluz, entre quejas por la lentitud con la que se están aplicando las medidas e incluso el amago de protestas de los agricultores por no recibir las ayudas comprometidas por dejar de cultivar. En este contexto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, un organismo estatal), Joaquín Páez, ha señalado que para 2025 se prevé movilizar entre proyectos y licitaciones más de 120 millones de euros en obras en este enclave.

Las principales preocupaciones, a día de hoy, siguen siendo las mismas de los últimos años: el mal estado del acuífero que alimenta Doñana y los niveles de contaminación por nitratos de las masas de agua en el parque. Por su parte, la consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha resaltado la aprobación por unanimidad del Plan Anual de Trabajo 2025, con más de 300 medidas de protección. El énfasis se pone en la conservación de especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial, el milano real y la cerceta pardilla.

En cuanto al nuevo presidente del Consejo de Participación, Enrique Mateos, se ha estrenado avanzando que quiere impulsar “el diálogo” en “la misma línea” que su predecesor, Miguel Delibes, al que ha calificado de “referente”. De paso, ha añadido que quiere también “mejor la permeabilidad” de la entidad, ya que es un “órgano fundamental de colaboración entre las administraciones”. En cuanto a la situación hídrica del parque, “aunque los datos son preocupantes, deben de servir de acicate para implementar políticas decididas, que se recogen en el Plan de Doñana” y que “se ejecuten rápido, de manera diligente e intentando perseguir el objetivo global de conservación del espacio”.