La farmacéutica y química alemana Bayer ha subido casi un 10% en las primeras horas de cotización en la Bolsa de Frankfurt este viernes, tras una sentencia favorable en un caso sobre el herbicida Roundup en Estados Unidos. Las acciones de la empresa se han revalorizado en un 9,88 % pasadas las 9:00 locales de este viernes, hasta los 28,87 euros por título, según datos del mercado recogidos por la agencia EFE.

La farmacéutica, que cotiza en el DAX 40, ha experimentado esta subida después de que un tribunal federal de apelaciones del Estado de Filadelfia (EEUU) rechazara ayer, jueves, una reclamación que alegaba que Monsanto, propiedad de Bayer, había vulnerado la legislación de ese estado.

Según recogen varios medios alemanes, el demandante, David Schaffner, alegaba que Monsanto se había saltado la ley al no añadir una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del producto. Schaffner y su esposa presentaron cargos contra Monsanto en 2019, después de que a Schaffner le diagnosticaran en 2006 un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático.

Sin embargo, en su sentencia, el juez ha asegurado que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas estadounidense requiere uniformidad a nivel nacional en las etiquetas de pesticidas y prohíbe a los estados imponer requisitos adicionales, por lo que ha desestimado la acusación particular.

Tras la adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares, la farmacéutica alemana ha hecho frente a múltiples reclamaciones legales después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelase que el glifosato, el ingrediente principal en Roundup, podría ser cancerígeno.

Bayer ha reservado hasta 16.000 millones de dólares —14.553 millones de euros— para hacer frente a más de 100.000 casos relacionados con Roundup, que adquirió cuando compró Monsanto por 63.000 millones de dólares —57.304 millones de euros—.

En 2023, Bayer perdió 2.941 millones de euros y redujo su facturación un 6,1 % respecto al año anterior, en parte por los litigios y sus altos niveles de endeudamiento, según sus resultados publicados el pasado mayo.

Ante estas cifras, la compañía ha anunciado que durante los próximos tres años se centrará en construir una sólida cartera de productos, abordar litigios, reducir la deuda y realizar despidos sustanciales para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026.

Todo apunta a que Bruselas tendrá la última palabra. La Comisión Europea ha planteado una extensión de diez años para el uso del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y que acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales–, pero no logra el respaldo suficiente de los 27 (un 55% de los estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria). A mediados de este mes habrá una nueva oportunidad y, si no se alcanza ese quorum, el gobierno que preside Ursula von der Leyen tomará una decisión antes del 14 de diciembre, fecha en la que vence el actual periodo para la comercialización del fitosanitario inventado por Monsanto (ahora propiedad de Bayer).

La Comisión Europea planteó en julio una prolongación de una década del uso del glifosato después de que la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA) descartara “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

La propuesta contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de la ampliación, pero la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de esa ampliación bajo la premisa de que no hay contraindicación por parte de la EFSA. No obstante, hay distintas sensibilidades dentro del Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición, y Unidas Podemos se ha posicionado claramente en contra del uso de esa sustancia, que cuenta con un importante rechazo de las organizaciones medioambientales.

A favor y en contra

La campaña Stop glifosato tuvo un importante impacto en países como Francia o Alemania. Ambos se abstuvieron en la votación de mediados de octubre, lo que en la práctica computa como un voto en contra. Por eso ni el apoyo a la propuesta ni su rechazo contaron con el respaldo suficiente y ahora hay una segunda ronda en el Comité de Apelación.

El argumento del Gobierno de Emmanuel Macron es que su apuesta es restringir el uso del glifosato y utilizar alternativas cuando sea posible. Así, no consideran que la propuesta de Bruselas vaya en esa dirección. En el caso de Alemania, Los Verdes (que están al frente del Ministerio de Agricultura) quieren prohibir el glifosato en contra del criterio de los liberales (también en el Gobierno), por lo que optaron por la abstención. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato, como en México y Colombia. Madrid y Barcelona dejaron de usarlo en sus jardines hace unos años

La división también fue palpable en la Eurocámara, que rechazó por 40 votos (PPE, liberales y extrema derecha) frente a 38 (socialdemócratas, verde e izquierda) y seis abstenciones, una propuesta para prohibir esa sustancia objetando a la propuesta de la Comisión. Una propuesta que, por otra parte, organizaciones agrícolas ven insuficiente porque aspira a una ampliación de una década y no de 15 años, que es el periodo habitual. 

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato. México, por ejemplo, legisló en esa dirección y Colombia anuló las fumigaciones aéreas con esa sustancia para acabar con las plantaciones ilegales de coca. A otro nivel, varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, dejaron de usar ese herbicida en sus jardines hace unos años.  

Causas por cáncer o malformaciones

“El uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana”, señalan Koldo Hernández y Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, en un artículo en elDiario.es. “En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos”, agregan.

Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega que tenga efectos cancerígenos

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, advierten en Greenpeace. 

La Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos en base a la evidencia científica de la aparición de tumores en animales expuestos. Sin embargo, la UE rebajó la advertencia, a través de la EFSA, que aseguró que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

A pesar de que no existen informes concluyentes, se acumulan decenas de miles de demandas judiciales por los efectos adversos de esa sustancia, fundamentalmente como causante de cáncer. Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto Roundup por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega los efectos cancerígenos del producto.

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada

En Estados Unidos la compañía ha perdido alguna batalla judicial, si bien ha ganado otras. Una de las derrotas más sonadas fue el rechazo de la apelación por la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, que atribuía el cáncer que padecía al uso que hizo del herbicida Roundup durante 26 años sin aviso de que era cancerígeno. También fue multada por publicidad engañosa al anunciar su producto como seguro “sin aportar pruebas suficientes”, según recogió la Fiscalía General de Nueva York. 

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada. El Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), un organismo oficial galo, ha otorgado una indemnización de alrededor de 1.000 euros al mes a Théo Grataloup, que a lo largo de sus 16 años de vida ha tenido que someterse hasta a 54 cirugías por las graves malformaciones de la laringe, el esófago y varios órganos, que obligaron a reconstruir sus sistemas digestivo y respiratorio. 

Con esos precedentes, y sin una conclusión científica clara, la UE tiene que tomar una decisión sobre la prolongación del uso de ese pesticida. La división no es nueva y se remonta al menos al año 2015, cuando ya se puso cuesta arriba aprobar la primera ampliación. Tras dos años de negociaciones y prórrogas, los 27 aprobaron una extensión hasta 2022 gracias, entonces, al viraje desde la abstención al “sí” de Alemania. Ese periodo concluyó el pasado mes de diciembre y se acordó una ampliación que caduca ya. Si no hay mayoría, la decisión corresponde a la Comisión Europea, que tiene bastante presión, aunque sostiene que es una “buena propuesta” con suficientes “restricciones y condiciones”.

Correos electrónicos internos del Gobierno estadounidense revelan que Bayer AG, propietaria de Monsanto y CropLife América, el lobby del sector, han trabajado estrechamente junto a las autoridades estadounidenses para presionar a México con el objetivo de que abandonara sus planes para prohibir el pesticida glifosato, componente principal del herbicida Roundup de Monsanto y vinculado al cáncer, según algunos estudios.

Las maniobras para proteger los envíos de glifosato a México han transcurrido durante los últimos 18 meses, mientras Bayer negociaba un acuerdo por valor de 11.000 millones de dólares en relación a demandas legales de personas que viven en Estados Unidos y dicen que han desarrollado linfoma no Hodgkin debido a la exposición a los productos elaborados con glifosato que fabrica la empresa. 

La presión sobre México es similar a las acciones de Bayer y los grupos de presión de la industria química para acabar con una prohibición del glifosato que Tailandia planeaba poner en marcha en 2019. Las autoridades tailandesas también mencionaron su preocupación por la salud pública como argumento para tratar de prohibir el herbicida. Dieron marcha atrás tras las amenazas de Estados Unidos sobre una posible interrupción del comercio.

Los planes de México

Hasta ahora, esa campaña conjunta para conseguir que el Gobierno mexicano dé marcha atrás en su decisión no parece estar funcionando.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha marcado un plazo hasta 2024 para que el campo mexicano abandone el glifosato. El 31 de diciembre, México publicó un decreto que no solo exige el fin del uso del glifosato, sino también la eliminación gradual de la siembra y el consumo de maíz transgénico, un producto que, en muchas ocasiones, los agricultores rocían con glifosato. Es habitual que esa práctica deje residuos del pesticida en el producto alimentario final. 

El Gobierno mexicano argumenta que su decisión “busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias” así como a la “salud de los hombres y las mujeres de México”. Pero la preocupación que México muestra por la salud de sus ciudadanos ha desatado temores en Estados Unidos por las exportaciones agrícolas, sobre todo de los productos con glifosato que produce Bayer. 

Los correos electrónicos a los que ha tenido accesoThe Guardian proceden de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses. En ellos se detalla la preocupación y frustración por la posición del Gobierno mexicano. Uno de los correos se refiere al personal de la administración de López Obrador como “activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología” y otro de los correos afirma que la autoridad sanitaria mexicana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se está convirtiendo en un “problema serio”. 

Las comunicaciones internas del USTR muestran cómo la industria agroquímica está “presionando” para que se “incluya esta cuestión” en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que entró en vigor el 1 de julio. Los archivos muestran que ya en aquel momento Estados Unidos hizo exactamente eso. Comunicó a México que sus medidas relacionadas con el glifosato y los cultivos modificados genéticamente preocupan “en lo referente al cumplimiento” del USMCA.  

Citando sus conversaciones con CropLife, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) se unió al intento, comentando en un correo electrónico entre agencias “cómo podemos utilizar el USMCA para tratar estos temas”.  

Los documentos sobre el caso de México a los que The Guardian ha tenido acceso fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública por el Centro para la Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés). 

“Vemos cada vez más cómo el sector de los pesticidas se sirve del Gobierno de Estados Unidos para imponer de manera agresiva su estrategia en la escena internacional y anular todo intento por parte de la población de otros países para hacerse con el control de su cadena alimentaria”, dice Nathan Doley, biólogo de la organización conservacionista CBD. 

Alarma creciente

Los archivos muestran que la alarma comenzó a crecer a finales de 2019, cuando México dijo que rechazaba importar glifosato desde China. Al denegar el permiso de importación de un cargamento, las autoridades mexicanas se basaron en el “principio de precaución” que habitualmente hace referencia a una política destinada a evitar daños ante el uso de sustancias sobre las cuales existe alguna preocupación entre la comunidad científica o disputa sobre su seguridad. 

Un correo electrónico de Stephanie Murphy, responsable de relaciones con los gobiernos de Bayer dirigido a Leslie Yang, directora de comercio internacional y política medioambiental del USTR, mencionó el rechazo del envío de glifosato y dijo que México “alegaba que el glifosato representa un riesgo medioambiental alto dada una presunción creíble de que su uso puede provocar graves daños medioambientales y daños irreversibles a la salud…”. 

Murphy preguntó si podía “hablar más a fondo de la situación” con el USTR para ver si existía “una oportunidad de involucrarse a en el marco del USMCA”. Dijo que CropLife América, el grupo de presión de la industria, se estaba poniendo en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del Departamento de Agricultura (FAS por sus siglas en inglés) y que los responsables de Bayer estaban “trabajando estrechamente con el FAS” en la embajada de Estados Unidos en México.

“A día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones”, pero la empresa esperaba problemas en el futuro, dice Murphy en un correo electrónico el día 5 de diciembre de 2019.

En enero de 2020 hubo una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El USTR preparó un “documento informativo” que incluía la cuestión del glifosato como una preocupación clave que tenía que tratarse con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio exterior del Gobierno mexicano. El documento especificaba que uno de los temas a tratar era la preocupación por parte de Estados Unidos por que las importaciones de glifosato se estaban rechazando “sin ninguna justificación científica clara”.  

En febrero de 2020, Murphy contactó de nuevo con Yang, responsable del USTR, en nombre de Bayer. Le reenvió información que, según ella, se había recabado en una reunión en la que el Ministerio mexicano de Medio ambiente y Recursos naturales “asegura disponer de evidencia científica sobre los peligros del glifosato y también planea efectuar un estudio para el caso mexicano con ayuda de organizaciones internacionales”.

En marzo, las medidas mexicanas sobre el glifosato y los cultivos transgénicos necesitaban “atención urgente”, según una carta enviada por Chris Novak, presidente de CropLife, a Robert Lighthizer, embajador del USTR. La carta, enviada con copia a los responsables de USDA y la EPA, decía que las medidas de México eran “incompatibles con las obligaciones mexicanas bajo el USMCA”. 

CropLife está financiado por Bayer y otras empresas agroquímicas.

Murphy, de Bayer, continuó la correspondencia con más correos electrónicos a Yang, del USTR. En ellos hacía referencia a la necesidad de “compromiso político al más alto nivel”. 

Más tarde, en mayo, Lighthizer escribió a Graciela Márquez Colín, ministra de Economía de México diciendo que los temas relacionados con los cultivos modificados genéticamente y el glifosato amenazaban con socavar “la fortaleza de nuestra relación bilateral”.  

Novak, de CropLife, envió una carta en agosto de 2020 en la que agradecía “todo su apoyo” a los cargos del Gobierno, pero decía que se necesitaba más, porque México “prácticamente ha dejado de procesar los registros de nuevos productos pesticidas”.

No peligra solo el glifosato 

A lo largo de meses de correspondencia, los directivos del sector comunicaron al Gobierno de EEUU que temían que una restricción al glifosato llevara a la imposición de límites a otros pesticidas y pudiera sentar un precedente para que otros países hagan lo mismo. Según algunos responsables de la industria, México podría, además, reducir los niveles de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos. 

“Si México amplía el principio de precaución” a los niveles de residuos de pesticida en los alimentos “se pondrán en peligro 20.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas anuales de Estados Unidos a México”. Eso se lee en una de las cartas que Novak escribió a las autoridades estadounidenses.  

La exportaciones de maíz y soja a México correrían un riesgo más concreto si el país dejara de permitir los residuos de glifosato en los alimentos, según recogen las comunicaciones internas entre el sector y el USTR.  

La industria agroquímica y los organismos reguladores de Estados Unidos sostienen que los niveles actuales de pesticidas en los alimentos no son perjudiciales, pero muchos científicos no están de acuerdo y dicen que incluso las trazas más pequeñas pueden ser peligrosas. 

México es un socio comercial fundamental para Estados Unidos, que representa 614.500 millones de dólares en bienes totales exportados e importados en 2019. Las exportaciones más importantes a México incluyen unos 3.000 millones de dólares en exportaciones de maíz. Teniendo en cuenta que casi el 90% de la producción estadounidense de maíz es transgénico, una prohibición a esos productos sería un fuerte revés para los agricultores de EEUU.

No está claro si la administración Biden continúa ejerciendo presión sobre México para que modifique su política. El USTR no ha respondido a las preguntas de The Guardian. 

Bayer tampoco ha respondido a las preguntas sobre las acciones de la empresa respecto a México, pero dice que el glifosato y los cultivos modificados genéticamente son seguros y que una restricción de México “causaría una gran perturbación” para los agricultores mexicanos e impactaría en la seguridad alimentaria en México. 

Un portavoz de EPA dice que la agencia mantiene contactos periódicos con las autoridades mexicanas y “no ha tomado ninguna medida regulatoria contra las decisiones de México sobre el glifosato o el maíz transgénico”. Según el portavoz, la agencia se ha ofrecido a compartir con el Gobierno de México sus hallazgos científicos. 

El responsable de CropLife, Novak, ha dicho a The Guardian que las medidas de México para prohibir el glifosato sientan “un precedente peligroso” que pasa por alto las necesidades de los agricultores y “debilita la integridad de los estándares científicos como pilar del comercio internacional”.

Traducido por Alberto Arce

José Esquinas (Ciudad Real, 1945) es un científico y un humanista. De familia de agricultores y formación como ingeniero agrónomo en España y doctor en Genética en EEUU, Esquinas ha dedicado 30 años de su vida a trabajar en la FAO, la organización de Naciones Unidas para acabar con el hambre en el mundo. Cuenta con un interminable currículo de experiencias y trabajo en el ámbito de la preservación de la diversidad de las especies agrícolas para contribuir a erradicar el hambre. Ha sido presidente del Comité de la FAO sobre Ética en la Alimentación y la Agricultura, puesto en el que trabajó en cuestiones como la biodiversidad agrícola, la justicia distributiva, la contaminación del medio ambiente y la volatilidad de los precios de los alimentos. Y esa experiencia le hace ser una voz más que autorizada en estos tiempos en los que la ONU aconseja cambiar la dieta humana y por primera vez ha relacionado la alimentación con la sostenibilidad del planeta.

¿Hay alimentos para todos?

Se produce el 60% más de lo que la humanidad necesitaría para alimentarse bien de manera saludable. Y sin embargo, tenemos 821 millones de hambrientos. Y la cifra ha crecido en los tres últimos años. Eso significa que unos 17 millones de personas mueren de hambre como consecuencia de la malnutrición y el hambre cada año: unas 40.000 mueren cada día. Más que cualquier otra causa, enfermedades y demás. La mayor pandemia de la humanidad es el hambre.

¿Qué está fallando en la producción de alimentos?

Yo cuestionaría qué está fallando en el sistema agroalimentario. Si es capaz de producir mucho más de lo que se necesita y, sin embargo, mueren de hambre cantidad de personas y la malnutrición crece y en estos momentos el número de personas obesas y con sobrepeso es una de las causas principales de enfermedades… Esto ha crecido mucho más rápido que el hambre. En el 2005 por primera vez se iguala el número de hambrientos y el número de personas obesas y con sobrepeso. Se igualan no porque baje el número de hambrientos sino porque sube el de personas con sobrepeso. Y hoy es más del doble el número de hambrientos. Por tanto, algo está fallando.

¿Es eficiente nuestro actual sistema agroalimentario? ¿Es sostenible?

Si la eficiencia la miramos desde el punto de vista económico, es muy eficiente, porque si no, no tendría la cantidad de inversiones que tiene y no estarían las grandes compañías interesadas en él. ¿Es eficiente desde otros puntos de vista como el social? No, porque produce mucho más de lo que se necesita y aumenta el hambre. ¿Es un sistema justo? Tampoco.

Para hablar de sostenibilidad hay que hablar la relación que existe entre el medio ambiente y la alimentación. ¿Qué es producir alimentos? La agricultura es la transformación de los recursos naturales del planeta -tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía- en alimento, a través de tecnologías muy distintas que pueden ir desde ordeñar a una vaca o cultivar un campo a la ingeniería genética. Pero siempre son recursos naturales limitados y perecederos que se transforman en alimentos. Abusar de estos recursos para producir más de lo que necesitamos no es sostenible.

Si producimos mucho más, ¿a dónde va lo que no se consume? ¿Somos conscientes de cuánta comida se tira?

Parte va a la producción de biocombustible, que puede ser útil y, si hay alimentos para todos, por qué no se va a poder hacer. Otra parte va a otras actividades que no tienen que ver con la producción de alimentos…. Pero un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia por el camino dentro del sistema agroalimentario. En el mundo Occidental, lo que se pierde es en gran parte lo que se tira. En países en vías de desarrollo también se tira, pero se pierde mucho en transporte y conservación.

¿Cuánta comida se pierde? 1.300 millones de toneladas métricas a nivel mundial, 89 millones de toneladas métricas en Europa. En España se desperdician 7,7 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 169 kilos por habitante y año. La mayor parte de eso termina en la basura y el 25% o 30% son envases sin abrir porque han caducado.

Hay un sistema con elementos perversos, pero también hay una corresponsabilidad de cada persona, porque al final soy yo el que compra, el que toma las decisiones de comprar, qué compra, cuánto compra y dónde compra y si se interesa por la huella ecológica de lo que compra.

¿Cómo afecta esa producción de alimentos que se pierden al medio ambiente?

En producir los alimentos que no se va a comer nadie estamos utilizando a nivel mundial 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España si toda España fuera fértil. En producir lo que no se va a comer nadie estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta al año, 250 km cúbicos de agua; estamos utilizando al año 300 millones de barriles de petróleo. Y la emisión de gases invernadero que se producen como consecuencia de la producción de los alimentos que no se come nadie, está teniendo un peso en el cambio climático del 12%. Por ejemplo, el alimento medio que llega a nuestras bocas hoy en España ha recorrido entre 2.500 y 4.000 km.

Si hay ese desperdicio de recursos naturales, el sistema no es sostenible. Y además, se está destruyendo la diversidad biológica. En el siglo XX se ha perdido más del 90% de la diversidad biológica agrícola.

Otra cuestión sería poner el foco en si el actual sistema agroalimentario es saludable.

Aquí entramos en la generación de personas obesas y con sobrepeso. En la UE, el 67% de la población es obesa o con sobrepeso. Y el 32% de los niños entre 3 y 9 años también. Y España no le va a la zaga. El problema está en que esa obesidad y sobrepeso es la causa fundamental del desarrollo e incremento de enfermedades no transmisivas: la diabetes, las cardiovasculares y también las oncológicas. Ese grupo de enfermedades está incentivado por la obesidad y el sobrepeso. Y más del 70% de las muertes en los países europeos están ligadas a esas enfermedades en última instancia.

Además, Europa se está gastando cada año 700.000 millones de euros en medicamentos para combatir esas enfermedades. Es el coste de las enfermedades derivadas de una mala alimentación. Algo está fallando. Y las compañías farmacéuticas no son ajenas a esto.

¿Cómo se cambian los objetivos de las empresas de alimentación: el vender más por el alimentar bien?

Cuando buscas el por qué está ocurriendo esta sinrazón de producir cuanto más mejor, y fomentar un consumo cuanto más grande mejor independientemente del efecto que pueda tener en la salud, para mí la razón principal es el proceso de mercantilización de los alimentos. Antes se producía para alimentarse, ahora se produce para vender. Hoy no importa que se tiren los alimentos, cuanto más se venda y se compre, mejor.

Sobre ello siempre ha habido un control por parte de pocas empresas pero eso ha empeorado en los últimos años. Hace unos meses, Monsanto y Bayer se habían unido para formar una única compañía por un total de unos 70.000 millones de euros. Pero es que unos meses antes se habían unido Syngenta con Chem China y poco antes se habían unido DuPont y Dow. Distintas compañías multinacionales semilleras o de agroquímicos se están fusionando y estas tres grandes fusiones controlan casi el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 65% de los agroquímicos. Entonces ¿quién manda? Eso forma parte de ese proceso de mercantilización.

En eso es donde están los grandes problemas, porque de alguna manera lleva a la pérdida de biodiversidad y a otras muchas cosas, porque dependemos de sus semillas, de sus fertilizantes, de su maquinaria…y todo nos lo venden en un paquete. Y el agricultor cada vez tiene menos grado de libertad, con lo cual al final el agricultor prácticamente está desapareciendo por la agroindustria.

¿Los agricultores tienen toda la información para producir de manera lo más “limpia” posible?

Los agricultores tienen la información y la capacidad, ellos no saben producir de otra manera. Un agricultor que ha estado produciendo, él y sus antepasados, a lo largo de 10.000 años y ha llegado a nuestros días, es porque era una forma sostenible de producción. Saben producir en armonía con el planeta. Siempre han hecho lo que hoy llamamos economía circular. El que más conocimientos tiene de sostenibilidad es el agricultor. El problema es que, en estos momentos, no pueden hacerlo.

Aquí hay un problema grave. Y hay un problema debido a las legislaciones. Impiden que el agricultor siembre, intercambie o venda sus propias semillas tradicionales, que son las que han sido adaptadas a sus condiciones locales a lo largo de los siglos. Hay una normativa dentro de los acuerdos internacionales de libre comercio -el acuerdo internacional ADEPIC sobre derechos de propiedad intelectual y comercio- que establece que la semilla para ser vendida, intercambiada y/o comercializada debe ser uniforme y estable. Pero claro, las semillas tradicionales de los agricultores no han sido nunca uniformes ni estables, porque su gran riqueza era la diversidad interna que es lo que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes.

En el momento en que tú, por ley, castras las semillas de esa diversidad interna, ya la fijas y ya no se puede adaptar. Lo que está haciendo esa ley es impedir al agricultor sembrar sus propias semillas o intercambiarlas o venderlas. En la UE eso llega hasta ahí. Pero en el caso de algunos países pobres es más cruento. En Tanzania, por ejemplo, hay una ley de hace un par de años en la que se prohíbe literalmente a los agricultores el uso de semillas tradicionales bajo multa de hasta 200.000 dólares o 10 años de cárcel. Esto ha hecho que en un periodo mínimo de tiempo hayan desaparecido la mayor parte de las variedades tradicionales. ¿Cómo es posible? Porque algunos países ricos han condicionado su ayuda internacional a Tanzania a que tengan esa ley. ¿Quién está detrás de todo esto? Las grandes compañía semilleras.

¿Están bien retribuidos los agricultores? Siempre se escuchan las quejas sobre el precio pagado por el producto en origen y el que se paga en el mercado

Los agricultores están teniendo que competir con semillas comerciales que pueden, si quieren, no tener en cuenta el efecto medioambiental o sobre la salud. Cuando se dice que el campo no es rentable es verdad. Pero en otros muchos ámbitos sí es rentable, por su multifuncionalidad de la agricultura o externalidades económicas. La idea es que la agricultura no es y no ha sido sólo producir alimentos, esa es una de sus funciones. Pero es la única que se cotiza en el mercado. Las otras funciones como la conservación de la biodiversidad, la conservación de los recursos naturales, la producción de agua limpia y de aire menos contaminado, el desarrollo rural, el mantenimiento del paisaje…todas esas otras funciones de la agricultura no cotizan en el mercado.

Cuando esto se lo expones a los economistas y les dices que esto también tiene un valor, dicen: sí, pero esto son externalidades del sistema. Cierto, pero tiene remedio. El reto en la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 era, para resolver los problemas medioambientales, internalizar esas externalidades. En otras palabras, que cuando tú compras una manzana tienes que pagar no solo por el coste de producción de la manzana, sino también por el coste de conservar los recursos naturales que van a permitir a tus nietos seguir comiendo manzanas. Al agricultor no se le está pagando por el valor real de su trabajo.

Pero la industria no tiene en cuenta estos elementos y se le está permitido producir a costes mínimos…. No se trata de dar una subvención a los agricultores ecológicos. Se trata de evitar las subvenciones encubiertas a la agroindustria. Porque por cada euro que pagamos en el mercado por un producto del agrobusiness o agroindustria, nosotros estamos pagando a través de impuestos dos euros más para paliar los daños medioambientales y a la salud humana. Eso es lo que yo llamo subvención encubierta, lo que no puede permitirse. Y ahí está la raíz del problema, que está ligada al propio sistema. Es un problema estructural del sistema.

La ONU ha recomendado cambiar la dieta mundial, tomar menos carne y más vegetales para luchar contra el cambio climático. ¿Está de acuerdo?

No se puede estar en desacuerdo. No hay opción. Entre un tercio y un cuarto de los gases de efecto invernadero son debidos al actual sistema de producción agroalimentaria, unos 11.000 millones de toneladas métricas de gases invernadero. Por lo tanto, es obvio, no se puede solucionar el problema del cambio climático pensando solamente en cambiar el tipo de energías o que los coches sean eléctricos.

Otro aspecto del informe es el uso de los suelos. Más del 70% del suelo en el mundo no cubierto por hielos está dedicado a la producción de alimentos o a satisfacer otras necesidades básicas del ser humano. Y como decía recientemente un político español, estamos transformando los suelos de ser los sumideros de los gases de efecto invernadero a ser emisores de los mismos. Y con los incendios como los de la Amazonia, muchísimo más CO2. Además, lo peor es que muchos de estos incendios son provocados y/o consentidos para utilizar esas tierras en la producción de soja para alimentar animales en ganadería intensiva.

Todo esto sin hablar de la cantidad de agua que se necesita en la agricultura intensiva…. Es imposible de mantener. El problema más grave que se va a plantear es la escasez de agua dulce en el mundo.

Es imprescindible tener en cuenta esto para frenar el cambio climático. ¿Por qué carne versus vegetales? Para producir la misma cantidad de nutrición humana necesitas nueve veces más hectáreas si es con carne que si es obtenida directamente de plantas. Con respecto al agua, para producir un kilo de carne de ternera estamos utilizando 25.000 litros de agua, lo cual es una monstruosidad.

Con respecto a la biodiversidad, muchas de las enfermedades son debidas a la falta de micronutrientes. Justamente es la biodiversidad y la diversidad en la dieta la que te da esos micronutrientes. Con respecto a la salud, la obesidad es debida, muchas veces, a la ingestión de grasas no saturadas procedentes de carnes poco saludables. En España nos sobran grasas y proteínas y sin embargo nos faltan vitaminas y micronutrientes que son los que tienen los vegetales.

Además, el informe no habla de vegetales y carne en abstracto: habla de frutas y verduras, de leguminosas y frutos secos. Y en el caso de la carne, que sea de ganadería extensiva, que es la que menos daño hace al medio ambiente. Este es el primer informe que pone de relieve la relación directa entre la producción y consumo de alimentos y la crisis climática.

En general, ese informe de la ONU habla de los cambios necesarios en la producción, de los cambios en nuestras dietas y en el consumo y de la necesidad de mirar a las prácticas agrícolas tradicionales y de los pueblos indígenas. No es volver al tiempo de las cavernas: utilicemos las nuevas tecnologías pero en sinergia con los conocimientos tradicionales, con la sabiduría milenaria de los agricultores, con la información y las tecnologías locales. Se trata de utilizar ambas cosas, poniéndolas no al servicio de la economía en abstracto, sino en beneficio del ser humano y siempre en el contexto de la sostenibilidad.

Se han puesto multas a la compañía Monsanto por los efectos cancerígenos del glifosato en EEUU. ¿Cómo ha llegado a ser el herbicida más utilizado del mundo con tantos riesgos?

Multas por valor de más de miles de millones de dólares en EEUU. Hay riesgos e incertezas. La OMS, a través de la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, clasifica el glifosato como probablemente cancerígeno. Sin embargo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice que no hay suficiente evidencia y no se atreve a condenarlo. Pero también hay una aparente interferencia en el sistema endocrino que la Agencia Europea no descarta.

Con respecto a la salud ambiental, el glifosato afecta a las plantas y a los animales. Mata las malas hierbas. ¿Pero qué son malas hierbas? Una planta de tomates en un campo de trigo es una mala hierba. ¿Dónde estableces los límites? Si tú matas masivamente muchos tipos de plantas, estás cambiando los agroecosistemas. Y al cambiar los agroecosistemas te estás cargando plantas que son vitales para la subsistencia de determinados insectos polinizadores que a su vez forman parte del proceso agrícola, porque son insectos beneficiosos. Estás alterando estos equilibrios ecológicos. Incluso con algunos mamíferos. De hecho, la Agencia Alemana para el Medio Ambiente hace recomendaciones sobre el glifosato , diciendo que si se usa, hay que reservar áreas compensatorias en barbecho para que las plantas e insectos puedan sobrevivir y actuar. Si te cargas los polinizadores, te estás cargando la productividad de las plantas cultivadas a medio y largo plazo. Pero las grandes empresas buscan beneficios a corto plazo.

Además hay otras cuestiones. Pasa como con los antibióticos. Ya han aparecido en EEUU y Canadá las primeras “supermalas hierbas” resistentes al glifosato . Para lo cual ya se está pensando en otros herbicidas más potentes. Es una carrera alocada en la que cuanta más potencia tenga eso, más daños va a causar al medio ambiente y a la salud. Por otra parte, un problema grave es que la mayor parte de las pruebas las hace la empresa, con investigadores pagados por la propia empresa. ¿Qué fiabilidad tiene?

¿La presión de las grandes empresas como estas puede más que los efectos nocivos que sus prácticas en ocasiones tienen para la salud?

No cabe ninguna duda. Un ejemplo: el DDT -un eficaz insecticida de amplio espectro que comercializó Monsanto en los años 50 del siglo XX con gran éxito-. Cuando aparecen en un libro de Rachel Carson ‘La primavera silenciosa’ (1962) las primeras denuncias de los efectos negativos del DDT sobre la salud y el medio ambiente, hay una serie de ataques furibundos contra la autora, hasta que finalmente se impone la verdad. O pasó con el tabaco. La reacción de los productores de tabaco y las grandes compañías que decían que cómo iba a producir enfermedades. Las grandes compañías están detrás de eso, como ahora ocurre en el caso de las bebidas azucaradas.

En cualquier caso, siempre hay una salida bastante lógica. Si hay dudas, se debe aplicar el principio de precaución. La UE lo ha ratificado, pero no se está cumpliendo.

¿Qué efectos tiene este “monopolio” de Monsanto y las otras grandes compañías sobre la alimentación mundial?

Muy grande. La producción de alimentos a nivel mundial está condicionada profundamente por estas multinacionales. Es realmente un oligopolio. Prácticamente las tres grandes compañías controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 65% de agroquímicos.

Tiene un efecto económico, el más claro: los oligopolios distorsionan el mercado y controlan los precios. Además, se produce para vender y no para alimentar. Y en tercer lugar, el no tener en cuenta las externalidades medioambientales y sobre la salud humana conlleva una especie de subvención encubierta.

También está el efecto político, porque están condicionándose las legislaciones, los lobbys están teniendo repercusiones en Unión Europea, a nivel mundial en los tratados de libre comercio con la obligación de uniformidad para las semillas….Se obliga a los países a que sus semillas estén protegidas y para que estén protegidas y certificadas, tienen que reunir el requisito de ser uniformes y estables, con lo cual no solo afecta a los agricultores sino a la biodiversidad.

¿Tienen también un efecto directo sobre la pérdida de biodiversidad agrícola?

A lo largo de la historia de la Universidad y los 10.000 años de agricultura, las plantas se han ido adaptando a las condiciones climáticas y de suelo, y a las costumbres y a las necesidades de las familias. Eso dio pie a que hubiese una infinita multitud de variedades locales y razas locales de plantas y animales en cada uno de los lugares. En el siglo pasado, a mediados, ocurre un fenómeno: la producción de nuevas variedades comerciales, más uniformes y estables, que tenían una alta producción, lo cual estaba muy bien. El problema es que en muy pocos años, en 40 o 50 años, en la segunda mitad del siglo XX, se sustituye esa inmensa cantidad de cientos de miles de variedades locales de cada una de las plantas cultivadas por un número muy reducido de variedades comerciales, uniformes y estables, producidas y promovidas por las grandes multinacionales. Hoy, a nivel mundial, hemos perdido más del 90% de las variedades cultivadas en el siglo pasado.

Además estas grandes multinacionales tienen, por las leyes que se han aprobado con sus propios lobbys, la facultad de patentar esas variedades o reclamar derechos de propiedad intelectual sobre ellas. Esa patente hace que el agricultor que quiere cultivar esas variedades tiene que pagar royalties, no una vez sino de forma permanente porque la propia ley prohíbe resembrar una semilla patentada. Como algunos no lo cumplían, lo que han hecho es que muchas de esas variedades tengan semillas estériles, no puedes sembrarlas. Donde no llegaba la ley ha llegado la biología. Ese proceso de control permanente es el `principal responsable de esa pérdida de biodiversidad biológica.

No es que sea malo cultivar esas semillas comerciales. No. Pero tiene que hacerse con pleno respeto y libertad para las semillas tradicionales, que el agricultor tome la decisión y que no le prohíban sembrar lo que desee. Y además está también la diversidad en los sistemas agrícolas, los sistemas agroalimentarios…. Eso es la base de la libertad y de la democracia.

Eso nos lleva a una pérdida de diversidad. Un ejemplo: en los años 70, para mi tesis doctoral, yo recolecté unas 380 variedades distintas de melón en España. Hoy, no encuentras en el mercado más de 10 o 12 variedades. Eso se ha perdido.

¿Se puede dar marcha atrás? ¿Podemos recuperar esa biodiversidad perdida?

Sí y no. Una parte se ha mantenido en bancos de germoplasma. Pero si en vez de hablar de variedades, habláramos de especies cultivadas, también ha habido una pérdida. Según estudios de la FAO, la humanidad ha utilizado a lo largo de su historia de manera documentada de 7.000 a 10.000 especies distintas de plantas para la agricultura. Hoy no se cultivan comercialmente más de 150, y de ellas solo cuatro -trigo, arroz, maíz y patata- están contribuyendo a más del 60% de la alimentación calórica humana. Ese es empobrecimiento. Hay tres tipos de diversidad que se está perdiendo: las especies, las variedades y la existente dentro de cada variedad.

Pero claro, ¿le conviene a las grandes industrias que esto ocurra? Claro. Tú no puedes controlar decenas de miles de variedades y especies. Cuanto menos y más uniformes sean, más fáciles son de controlar. Pero hace a la agricultura más vulnerable, y de alguna manera, es suicida.

En la FAO se consiguió aprobar por más de 150 países del mundo el Tratado de Recursos Fitogenéticos. Ese Tratado regula y compromete a los países a la conservación, tanto en bancos de germoplasma como en áreas protegidas y reconoce algo fundamental: los Derechos de los Agricultores tradicionales, donde se define a los agricultores como los custodios de la diversidad agrícola. Pero esos derechos, que son vinculantes, en muchos países no se han desarrollado…. Y son derechos para proteger los conocimientos tradicionales, la distribución justa y equitativa de los beneficios, el derecho a resembrar sus propias semillas y decidir qué cultivar, y el derecho a participar en la toma de decisiones políticas que les afectan. Esto ha sido reforzado con la reciente aprobación -diciembre de 2018- por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Campesinos. España aún debe desarrollar las normativas necesarias para implementarlo. Sin embargo, esto entra en conflicto con las grandes multinacionales de semillas y sus intereses.

Sobre la irreversabilidad de la pérdida de biodiversidad, hay muchas cosas que se han perdido para siempre. Pero aún hay mucho que salvar y sería suicida no salvarlo. Porque la alimentación humana depende de eso. Y la capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes depende de la diversidad de las semillas, porque se van a seleccionar las más adaptadas, como ha ocurrido durante milenios.

Ahora Monsanto está hablando de semillas comerciales “inteligentes”, con capacidad de adaptación al cambio climático. Esto no es verdad. Las únicas semillas con capacidad de adaptación son las que tienen diversidad intravarietal, las que tiene genes que les permite irse adaptando y les permite ir seleccionando lo que necesita en casa caso. Pero para eso debe haber diversidad. Tú no puedes seleccionar lo que necesitas en la uniformidad, solo en la diversidad.

¿Qué soluciones se pueden poner en ese sistema? ¿Qué medidas políticas se deberían tomar en este sentido?

Las soluciones desde el punto de vista técnico, pasan por producir sólo lo que necesitamos. Y hacerlo desde lo local, lo más cerca posible de nosotros. La globalización es un hecho, no se puede estar en contra. La cuestión es qué tipo de globalización. Yo quiero la globalización que es el sumatorio de los locales y a eso lo llamo ‘glocalización’. Si acercamos la producción, eliminamos muchos costos de transporte y de preservantes, etc… Además son alimentos más sanos, más frescos, y al mismo tiempo, marginamos la producción del agrobussines.

En lugar de ir a un modelo único, la diversificación es imprescindible. Con unas leyes que ponga límite a lo que destruye el medio ambiente y la salud humana. Es la base de una dieta más diversificada, pero solo hay diversidad en la mesa si hay diversidad en el campo. Hay que ampliar el número de especies, el número de variedades de cada especie y todo eso con una agricultura amigable con el medio ambiente, o sea, agroecológica. Además, todo esto tiene otro valor adicional que es dar más empleo.

Luego están las soluciones que tienen que venir con medidas políticas y leyes. Lo primero sería cumplir las leyes existentes, pero que no están implementadas. La alimentación tiene que contemplarse como derecho humano y ser sancionable. Al mismo nivel que lo son el derecho a la educación y la sanidad. También habría que derogar o cambiar las leyes que van contra todo ello.

Y habría que desarrollar nuevas leyes, entre ellas estaría las legislaciones como la creación de la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, porque destruir el planeta es destruir la base de la vida de las generaciones futuras. Habría que establecer también un Alto Comisionado de Transición Agroecológica o Agroalimentaria. Teresa Ribero lo está haciendo muy bien en mi opinión, pero la parte agrícola sigue siendo débil porque hay un conflicto permanente entre los intereses cortoplacistas entre ministerios técnicos y los más políticos. Se necesita esa figura del Alto Comisionado que abarque varios ministerios porque son elementos interdisciplinarios: agricultura y alimentación, medio ambiente, sanidad alimentaria y salud, industria, hacienda, etc. Este organismo interministerial tendría la fuerza necesaria para buscar políticas integradoras.

Luego, en la política europea, la Política Agraria Común (PAC) debería transformarse en Política Agro-Alimentaria Común (PAAC). Y esta debería depender no solo de los ministerios de agricultura sino que también tiene que ser interministerial e interdisciplinaria. Es fundamental mirar a este problema de una manera integral.

Otro elemento debería ser la formación académica, es absolutamente necesaria que haya una formación medioambiental y nutritiva desde el Bachillerato hasta el final de la Universidad, una enseñanza transversal, porque nuestra vida depende de eso.

También es importante la información sobre estos temas. No puede ser que sigamos teniendo publicidad engañosa de grandes compañías de producción de alimentos. Aquí aplicaría el sistema de la zanahoria y el palo: esa información engañosa debe desaparecer y debe haber información fidedigna fomentada por los poderes públicos, y por los medios de comunicación, sobre qué es la buena alimentación y los efectos de la mala alimentación en nuestra salud y en la del medio ambiente.

Esa información debe estar también en el etiquetado de los productos, como por ejemplo con la Ley Semáforo que hay en Reino Unido: sintetiza en un color el efecto dañino o beneficioso de un producto para la salud y el planeta. En lo mínimo, sería rojo, naranja o verde, o puede ser una gama más amplia y de un simple vistazo puedes ver lo que te conviene más.

Además, el precio de los alimentos no debería ser solo el económico: sino el ecológico y el energético. Y nada impide, aunque sea solo de forma indicativa, que tú tengas en la etiqueta una estimación de la huella ecológica de ese producto. A eso lo llamaría precio ecológico o energético. Eso ya se está haciendo en algunos lugares porque, aunque aún no se refleje en el precio, al menos como comprador lo puedes tener en cuenta.

Hay leyes en países de nuestro entorno, por ejemplo, contra la pérdida o desperdicio de alimentos. En Francia está prohibido que los restaurantes tiren alimentos: eso conlleva desarrollar alternativas, el propio restaurante regula la cantidad de comida y lo que sobra va a comedores públicos o a animales, pero no se tira. En Dinamarca hay un distintivo especial para los restaurantes que reciclan, es decir, que con la comida que sobra hacen otros platos como se ha hecho siempre por ejemplo con el cocido y luego las croquetas con la carne que sobraba. En Portugal hay una ley por petición popular para que los colegios de niños tengan comida vegetariana al menos una vez a la semana e incentivos para que el suministro de comida para comedores públicos sea del tipo agroecológico.

¿Y los ciudadanos cómo podemos contribuir?

Si las medidas políticas no van acompañadas por una concienciación profunda del ciudadano, no van a ser eficientes. Ni los políticos van a reaccionar si no sienten la presión. Por eso, ese proceso de concienciación es esencial, sentirnos corresponsables del hambre en el mundo y de la pérdida de recursos naturales y destrucción del planeta.

En la Cumbre de Río el lema era: ‘Piensa globalmente y actúa localmente’. Eso es plenamente actual y lo podemos hacer. Si estamos hablando del despilfarro, de la pérdida de alimentos,…eso depende de nosotros y nosotros tenemos que tener conciencia de eso y ser responsables cuando vamos al supermercado. Ser conscientes de que comprar es un acto político. Y que cuando yo compro una cosa u otra distinta estoy incentivando o desincentivando determinados tipos de producción. Por tanto, mi actitud como consumidor va a tener una repercusión en la oferta.

Un producto debe ser bueno, limpio y justo: bueno desde el punto de vista nutritivo y organoléptico, limpio desde el punto de vista ecológico sin destruir recursos naturales, y justo desde el punto de vista social, pagado con salarios justos. Son tres elementos esenciales a la hora de decidir qué compras. Yo añadiría que sea local y que sea estacional, también son elementos importantes.

Por eso, el consumidor puede transformar su carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor, más justo y más sostenible. Para hacer eso tenemos que cambiar nuestros valores, nuestra forma de pensar, ser conscientes de que el verdadero valor es cuánto consume de recursos naturales. Eso significa un cambio por dentro.

¿Algo más?

Y hacerlo también a través de nuestros votos. No da igual votar a unos que a otros. Y si alguien dice que no sabe a quién votar, pues aprende al menos contra quién. No habrá uno que piense como tú, pero habrá muchos que te lleven en la dirección contraria. El tema medioambiental no puede estar hoy ajeno a los programas políticos. Y lo está. Cuando hablas con políticos y preguntas por qué el tema de la alimentación, del medio ambiente, no está en su programa… La respuesta inexorable ha sido: porque no da votos. Depende de nosotros el que dé votos.

Y debemos ser mosquitos y colibrís. Cuando alguien te dice que soy tan pequeño que no puedo tener impacto en la sociedad, decía alguien que ese es que nunca había dormido con un mosquito en su habitación. Y desde ese punto de vista, tenemos que ser no solo mosquitos sino moscas cojoneras e impedir dormir a quien nos impide vivir. Concienciar exigiendo. Y al mismo tiempo ser también colibrí. Cada uno debe hacer su parte, es absolutamente esencial.

Para ello, la ciencia y la tecnología tienen que ser nuestros aliadas e ir orientadas en la dirección correcta para beneficiar a la humanidad. Tenemos la capacidad hoy de transformar la tierra en un paraíso pero también tenemos la capacidad de destruir el planeta. Por eso la Ética es el elemento esencial que nos tiene que servir para decir en qué dirección queremos ir.

El saber que, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos en nuestras manos el volante de la evolución, nos tiene que hacer más corresponsables. Esta generación es única porque, por una parte, es la primera que tiene ese poder, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad que ninguna generación ha tenido, que es la de destruir el planeta. Seamos consecuentes y tengamos en cuenta esa responsabilidad. Aunque solo sea pensando en nuestros nietos.

Como periodista con más de 30 años escribiendo sobre empresas de Estados Unidos, hay pocas estrategias de propaganda corporativa que me sorprendan. Conozco la presión que son capaces de ejercer, y de hecho ejercen, cuando buscan salir bien en los medios o impedir noticias que consideran negativas sobre sus productos o prácticas empresariales.

Pero recibir las casi 50 páginas de comunicaciones internas con los planes de Monsanto de ponerme a mí, y a mi reputación, en el punto de mira fue algo que me sorprendió.

Sabía que a la compañía no le gustaba que en los 21 años que he pasado escribiendo sobre la industria agroquímica, casi siempre para Reuters, mis artículos citaran a escépticos tanto como a partidarios de las semillas genéticamente modificadas de Monsanto.

Sabía que a la compañía no le gustaba que yo escribiera sobre las crecientes preocupaciones dentro de la comunidad científica por investigaciones que relacionaban a los herbicidas de Monsanto con problemas medioambientales y en la salud de las personas.

Y sabía que la empresa no recibió con agrado Whitewash - The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science, el libro que publiqué en 2017 contando lo que hacía la empresa para silenciar o manipular hallazgos científicos relacionados con su negocio de herbicidas.

Lo que nunca imaginé es que eso justificara que en Monsanto hubiera un plan de acción diseñado específicamente para atacarme.

Los registros de la compañía que recibí muestran varias acciones. Uno de los planes de Monsanto consistía en pagar por anuncios online para que si alguien ponía mi nombre en el buscador, apareciera al principio de los resultados un blog sobre mí escrito por la empresa. En las comunicaciones internas también se habla de la necesidad de generar temas de debate sobre mí que puedan ser usados “por terceros”. Además, Monsanto produjo un vídeo para amplificar la propaganda diseñada por la compañía en torno a mi persona y mi trabajo.

Como parte del 'Proyecto Acicalamiento', en Monsanto había hasta una hoja de cálculo con mi nombre. El “plan para el Libro de Carey Gillam” enumera más de 20 puntos, incluyendo un debate sobre las cosas que podría hacer la compañía para que terceras personas publicasen reseñas sobre mi libro Whitewash.

En los documentos se puede ver que Monsanto contrató los servicios de FTI Consulting, con sede en la ciudad de Washington, para que la ayudara en su objetivo. FTI es la empresa que salió en las noticias a principios de 2019 después de que una de sus empleadas se hiciera pasar por periodista durante el juicio por el Roundup [el herbicida de Monsanto] y el cáncer que se celebró en marzo en San Francisco. La mujer fingió estar escribiendo sobre el juicio, conocido como el caso Hardeman contra Monsanto, pero su verdadero objetivo era sugerir argumentos favorables a Monsanto a los periodistas que sí lo estaban cubriendo de verdad.

Adam Cubbage, director senior de comunicaciones estratégicas de FTI, fue la persona que en septiembre de 2017 (un mes antes de la publicación de Whitewash) escribió un correo electrónico a los empleados de Monsanto con un listado de “cosas a hacer” antes del lanzamiento del libro. Entre ellas, desarrollar un “sistema de alertas” para exponer los “problemas en la argumentación” del libro y publicar enlaces a la página de Amazon donde la gente, supuestamente, podría publicar reseñas negativas del libro. El plan también proponía reclutar a “clientes del sector industrial y del agrícola” para publicar reseñas que usaran los argumentos de Monsanto.

El plan se ejecutó un fin de semana en Amazon. El libro se acababa de publicar y de repente aparecieron decenas de “críticos” con reseñas de una sola estrella usando argumentos y palabras sospechosamente similares. El intento no tuvo demasiado éxito porque Amazon eliminó muchas de esas críticas al considerarlas falsas o inadecuadas (el libro ganó el Premio Rachel Carson de la Sociedad de Periodistas Ambientales y otros dos premios literarios).

Desde FTI, Cubbage también pidió como “acción inmediata” pagar para que “un post ya escrito del blog sobre Carey Gillam aparezca en la búsqueda de Google 'Monsanto Glifosato Carey Gillam'”.

El nombre en clave, “Proyecto Acicalamiento”, es la referencia interna corporativa que Monsanto usó para los planes de proteger ante cualquier amenaza, incluidos científicos y periodistas, su negocio de glifosatos y de herbicidas Roundup.

Otras preocupaciones de Monsanto también recibieron nombres en clave. Según una declaración del ex abogado de Monsanto Todd Rands (ahora trabaja para FTI), los intentos de la empresa para defenderse en el juicio por su responsabilidad en la contaminación con PCB [policlorobifenilos] recibieron el nombre de “Proyecto Chrome”.

Los registros de Monsanto que recibí forman parte del archivo de comunicaciones que la corte ordenó entregar a la empresa durante el caso originado con la denuncia de miles de víctimas de cáncer que vinculan sus enfermedades con la exposición a herbicidas Roundup. Estos documentos internos dejan al descubierto años de manejos por parte de Monsanto para manipular las evidencias científicas sobre el Roundup, estrategias de varios niveles diseñadas para crear y controlar la opinión pública sobre los herbicidas Roundup más vendidos de Monsanto.

Monsanto también tenía un plan de acción para desacreditar al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) cuando en marzo de 2015 el grupo científico clasificó al glifosato, el químico clave del Roundup, como probable cancerígeno humano. Su “plan de preparación y combate” para el CIIC estaba diseñado incluso antes de que la agencia publicara su clasificación de glifosato.

Los correos electrónicos de la compañía también mencionan brevemente las presiones que la empresa ejerció en Reuters mientras yo trabajaba en la agencia de noticias. En Monsanto estaban totalmente satisfechos cuando los artículos destacaban sus nuevos productos, la difusión de su tecnología de semillas, o alguna de sus últimas expansiones. Pero si en una de mis crónicas yo citaba a alguna persona crítica o alguna investigación científica que Monsanto no consideraba válida, la empresa se quejaba repetidamente ante los editores, malgastando el tiempo y los recursos de la redacción.

Después de un artículo que escribí para Reuters en septiembre de 2015, el responsable de relaciones con medios de Monsanto Sam Murphey escribió un correo electrónico explicando como él y sus colegas “compartían colectivamente el dolor de cabeza Carey”. Con el título Trabajadores de EEUU denuncian que el herbicida de Monsanto les provocó cáncer, mi crónica hablaba sobre el creciente número de demandas presentadas contra Monsanto por el cáncer del Roundup. “Seguimos presionando a sus editores con mucha insistencia cada vez que podemos”, escribió Murphey a sus colegas después de mi artículo. “Todos esperamos el día en que la cambien de sección”.

No parece que mi partida de Reuters haya servido para aliviar la irritación de Monsanto. Tras dejar la agencia a finales de octubre de 2015 me uní a US Right to Know, una ONG que trabaja por la transparencia en la industria alimentaria; y en enero de 2016 comencé a escribir Whitewash. Poco después, en un correo electrónico de mayo de 2016, Monsanto se refería a mí como “un grano en el culo”.

Estos documentos internos de Monsanto son solo una pequeña parte de una abundancia de registros similares en los que, según me dicen, mi nombre aparece de una o de otra manera. Una pequeña huella del amplio ataque que la compañía ha lanzado contra mí. En las redes sociales soy troleada constantemente por personas relacionadas con Monsanto, en muchos casos diciendo auténticos disparates sobre mí y sobre la ONG US Right to know.

Los aliados de Monsanto han acosado una y otra vez a los editores de publicaciones en las que salen mis artículos y han presionado a los organizadores de conferencias y seminarios web en los que se habla de mi trabajo para que me excluyeran. En una jugada especialmente infantil, un empleado de FTI intentó interrumpirme durante uno de los juicios de cáncer por el Roundup de Monsanto en California.

Yo soy solo una persona, una periodista que trabaja desde casa en el medio oeste americano y hace malabares con tres niños y fechas de entrega poco planificables. Saber que una corporación multimillonaria dedicó tanto tiempo y recursos a buscar una forma de boicotearme es aterrador.

La verdad y la transparencia son bienes muy valiosos, los cimientos del conocimiento que todos necesitamos y merecemos sobre el mundo en el que vivimos. Sin la verdad es imposible saber a qué riesgos nos enfrentamos, cómo debemos proteger a nuestras familias y nuestro futuro.

La verdad se muere cuando las empresas ejercen de una forma tan intensa su poder para silenciar al mensajero, modificar lo que se dice y manipular la opinión pública. Y eso es algo que debería asustarnos a todos.

Traducido por Francisco de Zárate

Monsanto desarrolló un “centro de respuesta” para vigilar y desacreditar a periodistas y a activistas, desde el cual se centró específicamente en una periodista que escribió un libro crítico con la empresa. El conglomerado agroquímico también investigó las actividades del cantante Neil Young y escribió un memorándum interno sobre su uso de las redes sociales y su actividad musical.

The Guardian ha tenido acceso a documentos que demuestran que Monsanto adoptó una estrategia en diversos frentes para perjudicar a Carey Gillam, reportera de Reuters que investigó la relación entre un pesticida a base de glifosato producido por la empresa y el cáncer. Monsanto, propiedad del gigante farmacéutico alemán Bayer, también utilizó su “centro de inteligencia y respuesta” para vigilar a una organización sin ánimo de lucro que indaga sobre cuestiones alimentarias. Se trata de un departamento de la empresa denominado con el mismo término que usan el FBI y otros organismos de inteligencia para nombrar sus operaciones de vigilancia y antiterrorismo.

Los documentos, conocidos como “Los papeles de Monsanto” y que datan en su mayor parte de entre 2015 y 2017, salieron a la luz como parte de la batalla abierta en los tribunales contra los riesgos para la salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del glifosato producido por Monsanto–. En esos documentos demuestran que:

- Monsanto planeó una serie de “acciones” para atacar el libro de Gillam, incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios para terceros con los que criticar el libro y dirigir a “agricultores y profesionales” a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en sus redes sociales.

- La compañía pagó a Google para promover que en sus buscadores aparecieran resultados críticos con el libro cuando se tecleara “Monsanto glifosato Carey Gillam”. El equipo de relaciones públicas de Monsanto también mantuvo conversaciones internas para ejercer una presión significativa sobre Reuters. Llegó a decir que “continúan presionando a los editores [de Gillam] en cada oportunidad que se presenta” y que esperaban “que la asignaran a otra cobertura”.

- Los responsables del “centro de respuesta” de Monsanto escribieron un largo informe sobre el activismo del cantante Neil Young contra Monsanto, en el que se detallaba su impacto en redes sociales y se consideraba la adopción de “medidas legales”. El “centro de respuesta” también siguió de cerca y redactó informes semanales sobre la actividad en redes de la organización no gubernamental US Right to Know (Derecho a saber, Estados Unidos, o USRTK por sus sigla en inglés).

- Empleados de Monsanto mostraron en repetidas ocasiones su preocupación ante la publicación de noticias sobre las relaciones económicas de la empresa con científicos que podrían ratificar las acusaciones de que “se encubrían las investigaciones poco favorables”.

Las comunicaciones internas de la empresa echan leña al fuego de las acusaciones, de largo recorrido y actualmente ante la justicia, de que Monsanto ha presionado a científicos y activistas que han tratado de desvelar el peligro que supone el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. En el último año, dos jurados populares en Estados Unidos han fallado que Monsanto tenía responsabilidad jurídica ante demandas presentadas por quienes padecen de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, y ordenó a la empresa que pagara grandes cantidades de dinero a los pacientes. Bayer continua afirmando que el glifosato es seguro.

Gillam ha explicado que “siempre he sabido que a Monsanto no le gustaba mi trabajo e hizo lo posible para presionar a mis editores y silenciarme”. La periodista, que colabora con The Guardian -y cuyas informaciones sobre Monsanto también ha publicado eldiario.es-, se ha convertido en responsable de investigación de USRTK y agrega: “Nunca imaginé que una empresa valorada en miles de millones de dólares gastaría tanto tiempo, energía y trabajo en mí. Es asombroso”.

Gillam, autora de “Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science”, un libro publicado en 2017 –que no ha sido traducido al español y podría traducirse como “Historia de un herbicida, el cáncer y la ciencia corrupta–, dice que lo desvelado en los papeles de Monsanto es ”solo un ejemplo más de la forma en la que la empresa trabaja entre bastidores para tratar de manipular lo que sabe el público sobre sus productos y su comportamiento“.

Monsanto tenía una hoja de cálculo llamada “Libro de Carey Gillam” con más de 20 medidas para oponerse al libro antes de que se publicara. Entre ellas había propuestas para “relacionarse con terceros favorables a la ciencia” a la hora de criticarlo y establecer alianzas con “expertos en SEO –posicionamiento en buscadores–”, para expandir el alcance de los ataques. La estrategia de marketing de la empresa pasaba por pintar a Gillam y otros activistas como “activistas contrarios al glifosato y organizaciones capitalistas pro orgánicas”.

Gillam, que trabajó en la agencia de noticias Reuters durante 17 años, dijo a The Guardian que al poco tiempo de publicarse su libro recibió una cascada de valoraciones negativas en Amazon. Muchas parecían responder a un argumento común.

“Es mi primer libro, acaba de publicarse. Las reseñas de los profesionales son muy buenas”, dice Gillam. Pero en Amazon “decían cosas horribles sobre mí. Fue muy molesto. Ahora sé que era falso y lo organizó la industria. Pero no sé si los demás lo sabían”.

Un portavoz de Bayer, Christopher Loder, no quiso responder a preguntas concretas sobres los documentos o el “centro de respuesta”, pero envió un comunicado a The Guardian en el que afirma que los documentos muestran que “las actividades de Monsanto tenían como fin garantizar un diálogo preciso, justo y de base científica sobre la empresa y sus productos, en respuesta a una gran cantidad de desinformación; entre la que se encuentran los pasos dados para responder a la publicación de un libro escrito por una persona que critica habitualmente los pesticidas y los organismos genéticamente modificados”.

Bayer afirma también que los documentos han sido “seleccionados de manera interesada por los abogados de quienes nos demandan y quienes trabajan para ellos” y no contradicen las pruebas científicas que apoyan la continuidad del uso del glifosato. Añadió que “nos tomamos la seguridad de nuestros productos y nuestra reputación muy en serio y trabajamos para garantizar que todos… tengan acceso a información precisa y equilibrada”.

Un portavoz de Reuters señala, por su parte, que la agencia “ha cubierto a Monsanto con independencia, de manera justa y robusta” y que “defiende su reportaje”.

“Nos consideraron una amenaza”

Los documentos de uso interno de Monsanto no ofrecen detalles relevantes sobre las actividades o competencias del “centro de respuesta” pero muestran que sus operaciones de “inteligencia” incluían actividades como una vigilancia constante a Gillam y otras personas. Un empleado identificado con el cargo de “Relaciones Institucionales de Monsanto, Centro de Respuesta”, ofreció análisis detallados sobre tuits relacionados con el trabajo de Gilliam en 2016.

El centro de respuesta también elaboró gráficos detallados sobre la actividad en Twitter de Neil Young, que publicó un álbum en 2015 llamado “The Monsanto Years” (Los años Monsanto). Un empleado escribió que el centro evaluó “las letras del álbum para desarrollar una lista de más de 20 temas sobre los que, en potencia, trataba” y creó un plan para “producir contenidos de manera activa y estar preparados para emitir respuestas”. No solo eso. Añadió que “seguían de cerca el debate” sobre un concierto en el que aparecieron Young, Willie Nelson, John Mellencamp y Dave Matthews.

En uno de los correos electrónicos, se lee: “Nos hemos comunicado con el equipo legal y los mantenemos informados de las actividades de Neil en caso de que correspondan medidas legales”.

El perfil en LinkedIn de alguien que decía ser encargado de “inteligencia global e investigación” de Monsanto describe que estableció “un centro de inteligencia y respuestas internas” y gestionó un “equipo responsable de recogida y análisis de actividades terroristas, geopolíticas, extremistas y activistas que afectan a la empresa y sus operaciones a lo largo de 160 países”. Decía que había creado también el programa de “amenazas a la empresa” para dirigir el equipo de analistas que colaboraban en “tiempo real en lo relacionado con los riesgos físicos, cibernéticos y a la reputación”.

“Nos veían como una amenaza”, dijo en una entrevista Gary Ruskin, cofundador de USRTK. “Desarrollaban actividades de inteligencia sobre nosotros, y más que eso, hicieron cosas que no sabemos”.

Los centros de respuesta gubernamentales han provocado que aumente la preocupación en torno a la privacidad y sobre el modo en que diversas agencias de los gobiernos vigilan, recogen y comparten información sobre los ciudadanos. Existen empresas privadas que cuentan con centros de recolección de “inteligencia” en los que se trabaja ante amenazas criminales reales como los ataques cibernéticos, pero “es preocupante cuando uno ve que las empresas utilizan sus recursos para investigar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión”, afirma Dave Maass, investigador principal de la Electronic Frontier Foundation, una organización que trabaja en el ámbito de la privacidad digital.

David Levine, titular de la Cátedra Hastings y profesor de derecho en la Universidad de California, explica que no sabe de otras empresas que mantengan “centros de respuesta” de esas características. También que no le sorprende que Monsanto se haya implicado con tanta intensidad en seguimientos de el comportamiento digital de quienes se oponen a sus actividades.

Los documentos muestran también que Monsanto estaba preocupada por las peticiones de información sobre sus actividades amparadas por la Ley de acceso a la información pública (FOIA) y que los documentos sobre sus relaciones con investigadores son “potencialmente muy perjudiciales” y podrían “afectar al conjunto de la industria”.

En 2016, un empleado de Monsanto expresó la frustración que le provocaban las críticas a los pagos de la empresa dirigidos a miembros de la academia para que elaboraran informes favorables a sus productos: “El problema no era que quisiéramos pagar a los expertos sino el reconocimiento de que se necesitaba compensar a los expertos por el tiempo que invertían en elaborar respuestas a lo que se decía en público. ¡Nadie trabaja gratis!”

Michael Baum, uno de los abogados que ha participado en las demandas contra el Roundup –glifosato– que sacaron a la luz los documentos, dijo que la información supone “una prueba más de un desprecio reprobable y consciente de los derechos y seguridad de la población” y que estarían a favor de indemnizaciones de intencionalidad punitiva contra la empresa y a favor de quienes hayan desarrollado cáncer debido al uso del Glifosato.

“Todo esto muestra abuso del poder adquirido gracias a sus ingentes ventas”, agregó. “Tienen mucho dinero y mucho que intentar ocultar”.

Un tribunal del distrito norte de California ha condenado a Bayer a pagar 2.055 millones de dólares para indemnizar a un matrimonio que acusó a la compañía alemana de que el glisofato de su herbicida Roundup les provocó cáncer. La sentencia especifica que unos 2.000 millones corresponden a una multa por los daños y 55 millones en compensación al matrimonio. Aunque la sentencia se conoció este lunes, las acciones de la compañía alemana se están despeñando y ya han alcanzado el mínimo valor en siete años.

Bayer, como en otras ocasiones, ha declarado que “está decepcionado con la decisión del jurado y apelará el veredicto en este caso, que entra en conflicto directamente con la decisión de revisión de registro provisional de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicada el mes pasado. El consenso entre los principales reguladores de salud de todo el mundo de que los productos a base de glifosato se pueden usar de una manera segura y que el glifosato no es cancerígeno, y los 40 años de investigación científica extensa en que se basan sus conclusiones favorables”.

Sin embargo, las continuas condenas judiciales parece que no le dan la razón a la multinacional alemana. Desde la absorción de Monsanto, la filial de herbicidas se ha convertido en una pesadilla legal para la compañía alemana. El pasado marzo, un jurado de Estados Unidos dictaminó que el glifosato presente en el herbicida Roundup fue un “factor sustancial” en el origen de un cáncer detectado en un hombre que usó dicho producto. Por este juicio, Bayer fue condenado a indemnizar con 5 millones de dólares además de pagar otros 75 millones en daños punitivos al demandante, que alegó que el uso de Roundup le causó un linfoma no Hodgkin.

La multinacional alemana asegura que “el veredicto en este juicio no tiene impacto en casos y juicios futuros, ya que cada uno tiene sus propias circunstancias objetivas y legales. Además, este litigio llevará algún tiempo antes de que concluya, ya que ningún caso ha sido sujeto a una revisión de apelación donde se evaluarán las decisiones legales clave en los juicios. La compañía continuará evaluando y refinando sus estrategias legales a medida que avanza a través de la siguiente fase de este litigio, que estará marcada por un mayor enfoque en las mociones posteriores al juicio y la revisión de apelaciones y los juicios programados en diferentes lugares”.

En este último caso, la indignación de los accionistas ha sido mayor ya que Bayer ha tratado de culpabilizar a los dos ancianos de su enfermedad. “Tenemos una gran simpatía por el señor y la señora Pilliod [los demandantes], pero la evidencia en este caso fue clara: ambos tienen una larga historia de enfermedades que se sabe que son factores de riesgo sustanciales para el linfoma no Hodgkin (LNH), la mayoría de LNH no tiene causa conocida, y no hay evidencia científica confiable para concluir que los herbicidas a base de glifosato fueron la causa de sus enfermedades 'pero no por la causa' que el jurado debía encontrar en este caso”.

Además de estas condenas, la compañía se enfrenta a una denuncia múltiple en el Distrito Norte de California, de 13.400 demandantes, que reclaman la compañía por daños y perjuicios asegurando que el glifosato del herbicida Roundup les ha causado linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. También tiene otros cuatro juicios por los mismos motivos pendientes de que les pongan fecha en Missouri y Montana para el resto de 2019.

En el primer trimestre de este año, Bayer admite que ha dedicado 51 millones de euros a litigios, de los que 13 millones se han pagado en acuerdos de reconciliación sin tener que llegar a los tribunales.

Los herbicidas con glifosato aumentan el riesgo de contraer un tipo específico de cáncer. Según un reciente y exhaustivo estudio científico, la probabilidad de enfermar con el linfoma no Hodgkin es un 41% mayor para las personas con mucha exposición a estos extendidos pesticidas. Las pruebas sugieren una “relación concluyente” entre la exposición a herbicidas con glifosato y el mayor riesgo de contraer linfoma no Hodgkin (LNH), señalan los autores del estudio, que piden prudencia en la interpretación de las cifras de riesgo estimado.

Firmado por cinco científicos estadounidenses, el informe contradice a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que había declarado seguro al herbicida. El estudio coincide a su vez con los planes de las autoridades de varios países de limitar el uso de productos de uso agrícola con glifosato.

En Estados Unidos, Monsanto y su propietaria alemana, Bayer AG, se enfrentan a más de 9.000 demandas presentadas por personas con LNH que culpan de su enfermedad a los herbicidas de la empresa con glifosato. En agosto llegó el primer fallo de un jurado estadounidense, con un veredicto unánime en contra de Monsanto. La compañía ha presentado un recurso de apelación. El próximo juicio, presentado por otro afectado, comenzará el 25 de febrero. Para el resto del año hay programados nuevos juicios, en un calendario de pleitos que se extiende hasta 2020.

Según Monsanto, ninguna investigación científica fiable demuestra una vinculación concluyente entre el glifosato y el LNH o cualquier otro tipo de cáncer. La empresa alega que cuando la EPA encuentra que “no es probable” que el glifosato provoque cáncer lo hace respaldada por cientos de estudios en los que no se detecta dicha relación.

La compañía acusa de comportamiento deshonesto a los científicos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer [IARC, por sus siglas en inglés] que en 2015 clasificaron el glifosato como probable producto cancerígeno para los seres humanos. Según Monsanto, no sopesaron de forma adecuada los hallazgos de otros estudios importantes.

Pero el nuevo estudio podría complicar la defensa del herbicida más vendido de Monsanto. Tres de sus autores fueron seleccionados en 2016 por la EPA como miembros de la junta del panel científico de asesoramiento en glifosato. La revista que lo publica, Mutation Research / Reviews in Mutation Research, tiene como redactor jefe al científico David DeMarini, también miembro de la EPA.

Los autores del informe argumentan que su análisis no es comparable a las evaluaciones hechas hasta ahora. Según Lianne Sheppard, coautora del estudio y profesora en el departamento de Ciencias de la Salud Ambiental y Laboral de la Universidad de Washington, “la evidencia de un mayor riesgo de LNH por exposición al glifosato tiene más fundamentos en este artículo que en los análisis previos”. “Desde el punto de vista de la salud de la población, hay preocupaciones reales”.

Sheppard fue una de las asesoras científicas de la EPA sobre glifosato y formó parte del grupo de consejeros que se quejaron ante la agencia medioambiental por no seguir los protocolos científicos debidos al dictaminar que no era probable que el glifosato causara cáncer. “Eso estuvo mal”, dice Sheppard. “Estuvo bastante claro que no siguieron sus propias reglas, ¿hay pruebas de que es cancerígeno? La respuesta es sí”.

“Estamos revisando el estudio”, afirma un portavoz de la EPA. Bayer, dueña de Monsanto desde el verano de 2018, no ha querido hacer declaraciones. En un comunicado de diciembre, la empresa químico-farmaceútica citaba la valoración de la EPA y sostenía que los herbicidas con glifosato habían sido “extensamente examinados”, demostrando ser una “herramienta segura y eficaz para el control de malezas”.

Los autores del estudio dicen que en su análisis han examinado todos los informes ya publicados sobre efectos en la salud de las personas, incluyendo el Estudio de Sanidad Agropecuaria, un informe con datos de 2018 financiado por el gobierno [AHS, por sus siglas en inglés].

Para Monsanto, el AHS es una prueba de la falta de vínculos entre el glifosato y el LNH, pero los autores del nuevo informe dicen que al revisar las investigaciones anteriores se concentraron en la población más expuesta al glifosato. Si es cierto que los herbicidas con glifosato causan LNH, los miembros de ese grupo deberían tener un riesgo elevado. Tomar como muestra solo a individuos con mucha exposición al pesticida hace menos probable que otros factores introduzcan ruido en el sistema quitando validez a los resultados, explican. En resumen: si de verdad no hubiera conexión entre el químico y el cáncer, ni siquiera los individuos con mucha exposición deberían registrar tasas anormales en el desarrollo del cáncer.

Además de revisar los informes sobre personas, los investigadores examinaron otros estudios con glifosato, incluyendo muchos realizados sobre animales. “Sumando todos los análisis de estudios realizados hasta la fecha, incluyendo el nuestro, se demuestra de forma consistente el mismo hallazgo clave: la exposición a herbicidas basados en glifosato está relacionada con un riesgo mayor de contraer LNH”, concluyen los autores.

Según David Savitz, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, el nuevo estudio está “bien llevado”, pero carece de “información nueva en lo esencial”. “Yo diría que refuerza la idea de que el tema siga siendo preocupante y que necesita una evaluación, pero no termina de dar una respuesta definitiva a la pregunta”.

Traducido por Francisco de Zárate

Dean Brooks se sujetó fuerte al carro de la compra. De repente, no podía respirar ni tenerse en pie. Más tarde, en una sala de emergencias de California, una enfermera con los ojos llorosos le daba la noticia a su esposa Deborah, diciéndole que no perdiera las esperanzas de un milagro. Era diciembre de 2015 cuando supieron que un cáncer en la sangre llamado linfoma no Hodgkin (LNH) estaba atacando rápidamente el cuerpo y el sistema inmunológico del hombre.

En julio de 2016, Dean ya había fallecido. Deborah se emociona al relatar el último capítulo del amor de su vida. Pero en los últimos meses, Deborah ha tenido razones para volver a tener esperanzas.

En un fallo histórico del mes de agosto, un jurado sentenció que Monsanto le había causado un cáncer terminal a un hombre y ordenó que la empresa agroquímica pagara más de 250 millones de euros por daños y perjuicios. La extraordinaria decisión, que expone los posibles peligros del herbicida más utilizado del mundo, ha abierto la puerta a que miles de pacientes con cáncer y familias busquen justicia en los tribunales.

“Es como un asesino en serie, pero es un producto”, afirmó Brooks, de 57 años, que tiene una denuncia en curso contra Monsanto, en la que alega que el uso que hizo su marido del popular herbicida de la empresa lo llevó a la muerte. “Es inadmisible. No veo cómo pueden llegar a ganar. Tienen al mundo en su contra”.

Brooks dijo que rompió a llorar cuando supo que un jurado había fallado a favor de Dewayne “Lee” Johnson, un exencargado de escuela enfermo terminal de cáncer que se convirtió en la primera persona en llevar a Monsanto a juicio por el producto Roundup. El veredicto asegura que Monsanto “actuó con maldad”, sabía o debería haber sabido que el producto químico era peligroso y no les advirtió a sus consumidores sobre los riesgos.

Monsanto ha apelado la sentencia y el miércoles habrá una audiencia en San Francisco. Monsanto y Bayer, el gigante farmacéutico alemán que adquirió la empresa a principios de este año, se juegan mucho. Alentados por la victoria de Johnson, una ola de nuevos juicios amenaza el legado y las finanzas de las corporaciones, y el futuro de un producto químico que se utiliza en el mundo entero.

La lucha contra 8.000 demandantes

Monsanto ha argumentado que la “ciencia de pacotilla” provocó el fallo del jurado sobre el producto químico llamado glifosato, que la empresa introdujo en el mercado en 1974. Comercializado bajo numerosas marcas, incluidas Roundup y Ranger Pro, el herbicida hoy genera miles de millones de dólares de ingresos y está registrado en 130 países, aprobado para su utilización en más de 100 tipos de cultivos.

El juicio de Johnson contra Monsanto fue revolucionario desde antes de comenzar, porque el juez les permitió a los abogados del demandante presentar investigaciones científicas y testimonios de expertos sobre el glifosato y sus peligros para la salud, evidencia científica que el jurado consideró creíble y convincente.

Johnson, que tiene una esperanza de vida de menos de dos años, afirmó que estuvo expuesto al glifosato de forma prolongada cuando aplicaba el herbicida en las propiedades de la escuela, y al menos en dos ocasiones accidentalmente derramó una gran cantidad del producto sobre su piel. Como Monsanto insiste en que el producto es seguro y no hay ninguna advertencia en la etiqueta sobre los riesgos cancerígenos, Johnson dijo que no supo de los peligros hasta que fue demasiado tarde.

La indemnización de 252 millones de euros, que incluyen 218 millones por daños y perjuicios, le cambiarían la vida a este hombre de 46 años, que al morir dejará una esposa y tres hijos. Pero Monsanto está luchando para que no reciba nada.

“Es una señal de alarma importante para la empresa”, remarcó Jean M. Eggen, profesora emérita en la Facultad de Derecho de la Universidad de Widener, añadiendo que el veredicto “alentará a muchas personas a iniciar demandas”.

En todo Estados Unidos se han presentado unas 8.700 demandas similares, alegando que la exposición a los herbicidas basados en glifosato han provocado diferentes tipos de cáncer. Si Monsanto sigue perdiendo juicios, el impacto podría ser enorme, y una acumulación de victorias podría obligar a la empresa a llegar a acuerdos con los demandantes.

“Todo esto puede acabar siendo muy costoso”, afirmó Eggen, comparando el tema con la lucha contra las empresas tabacaleras que dieron batalla fervientemente en los tribunales pero finalmente decidieron que era mejor llegar a acuerdos extrajudiciales. “Es una decisión comercial”.

Monsanto podría finalmente decidir incluir una advertencia sobre los peligros cancerígenos en la etiqueta e intentar llegar a acuerdos extrajudiciales con los consumidores que han tenido una alta exposición al producto, dijo Lars Noah, profesor de derecho de la Universidad de Florida: “Es un toque de atención de que la estrategia que están usando no es realista”.

De esos miles de demandas, hay más de diez juicios en curso para llevarse a cabo en 2019 y 2020, con batallas judiciales acelerándose en California, Montana, Delaware, Kansas City y San Luis (donde están las oficinas principales de Monsanto). Granjeros, jardineros, empleados públicos, paisajistas y muchos otros han asegurado que los productos de Monsanto les han provocado enfermedades o han matado a sus seres queridos.

“Es una enorme cantidad de juicios para un año solo y esto permitirá que los demandantes presenten ante los jurados pruebas importantes, algo que aún no se conocía”, explicó la abogada Aimee Wagstaff.

Los primeros demandantes que pueden tener la oportunidad de enfrentarse a Monsanto en un tribunal son Alberta y Alva Pilliod, una pareja de California. Alberta, de 74 años, tiene cáncer en el cerebro, mientras que su esposo, de 76 años, tiene un cáncer en los huesos que ha hecho metástasis en la pelvis y la columna vertebral. Ambos desarrollaron diferentes formas de LNH.

Teniendo en cuenta sus edades y sus diagnósticos, sus abogados han pedido que se lleve a cabo un juicio rápido. Sin embargo, Monsanto se ha opuesto a esta petición y este martes estaba prevista una audiencia por esto.

La pareja, que tiene dos hijos y cuatro nietos, utilizó Roundup desde los años 70 hasta hace unos años, en su jardín y en muchas propiedades que compraron y renovaron. La pareja afirmó que eligió el herbicida porque creía que no era dañino para los ciervos, patos y otros animales que rondaban su casa. Además, pensaban que era seguro para ellos también.

“Estamos muy enfadados. Esperamos que se haga justicia”, le dijo Alberta a the Guardian, señalando que no utilizaban elementos protectores cuando rociaban el producto y que no hubieran utilizado Roundup de la forma en que lo hicieron si hubieran sabido los riesgos. “Si hubiéramos tenido la información adecuada, si nos hubieran advertido, esto no habría sucedido”.

Alva dijo que el cáncer les ha destruido la vida. “Los últimos años han sido horribles”.

Sus abogados esperan que puedan ir a juicio antes de que sea demasiado tarde. Los médicos de Alberta han dicho que tiene “un riesgo considerablemente alto” de que el cáncer vuelva, presenta “lesiones profundas en el cerebro” y creen que si sufre una recaída no sobrevivirá.

“No vamos a quedarnos callados”

Hace mucho tiempo que los Pilliod y otros demandantes aseguran que Monsanto llevó a cabo “una prolongada campaña de desinformación para convencer a las agencias del Gobierno, los agricultores y a la población en general de que Roundup es un producto seguro”.

Los abogados han citado documentos internos de Monsanto que dicen que demuestran que la empresa ha manipulado los informes científicos sobre la seguridad del producto. En las últimas semanas, ha aumentado el escrutinio.

El 26 de septiembre, la importante revista científica Critical Reviews in Toxicology (Reseñas Críticas sobre Toxicología) publicó una “muestra de preocupación”, diciendo que las investigaciones que habían concluido que el glifosato era seguro no habían hecho pública la intervención de Monsanto en los estudios.

Esta notoria corrección llegó después de que un pleito revelara la participación de la empresa en la organización y edición de los borradores de los artículos. Monsanto estuvo involucrado en una reseña científica que contraargumentó la decisiva clasificación de 2015 de la Agencia para la Investigación del Cáncer que definió al glifosato como un posible agente cancerígeno humano.

Los abogados han afirmado que en los próximos juicios podrían salir a la luz más pruebas de la cuestionable intervención de Monsanto en estudios científicos.

Un portavoz de Bayer, Utz Klages, afirmó en un correo electrónico que la cifra de denuncias presentadas “no es indicativo de los méritos de un pleito”. Dijo que el glifosato es “una revolución para la agricultura moderna” y una “herramienta rentable que puede utilizarse de forma segura para el control de una amplia variedad de malas hierbas”.

Aseguró que reseñas normativas y estudios científicos han demostrado que el glifosato es seguro y que no causa LNH, añadiendo: “La sentencia del caso Johnson no es firme y concierne a un caso puntual y específico”.

John Barton, un granjero de California que utilizó Roundup durante décadas y al que le diagnosticaron LNH en 2015, dijo que está ansioso por ir a juicio, especialmente porque Monsanto y Bayer todavía afirman públicamente que el glifosato es seguro.

“Monsanto tiene que darse cuenta de que ya no vamos a quedarnos callados”, dijo Barton, que es tercera generación de granjeros y forma parte de una demanda presentada en California por el despacho Baum Hedlund, el mismo que representó a Johnson. “No vamos a tumbarnos y hacernos los muertos. La gente de todo el mundo tiene que saber la verdad sobre este producto y tomar precauciones”.

Barton, de 69 años, señaló que también tiene miedo de que sus tres hijos se enfermen por haber estado expuestos al Roundup. “Mi padre me expuso a esto. Él nunca lo habría hecho si hubiera sabido que era peligroso”, añadió. “Siento culpa al pensar que puse en peligro a mis propios hijos”.

Deborah Brooks describió al LNH como una “tortura”, relatando cómo su marido debía tumbarse en el suelo sobre toallas para intentar detener interminables sangrados nasales y explicando los malestares constantes que lo aquejaban mientras su sistema inmunológico se iba debilitando.

“Nadie debería pasar por eso. Se te va la vida de una forma terrible”, declaró Brooks, cuyo marido tenía 72 años cuando falleció. “Estoy luchando en honor a mi marido y por todos los otros que se han ido antes y los que vendrán… Lo siento mucho por todas aquellas víctimas que no saben que son víctimas”.

Bayer se negó a hacer comentarios sobre los casos de Brooks y Barton. Una portavoz, Charla Lord, afirmó en un correo electrónico que como los Pilliod están en remisión y no hay “ningún indicio de que vaya a haber una recurrencia inminente del cáncer”, la empresa ha pedido que no se adelante la fecha del juicio.

Expertos en derecho han dicho que es posible que la apelación del caso Johnson resulte en una reducción de la indemnización. Los tribunales también podrían concluir que no hay pruebas suficientes de que el glifosato haya provocado el cáncer, o que los abogados no han podido demostrar que el herbicida causó el cáncer de Johnson.

Esos desenlaces serían devastadores para Johnson y un revés para todos aquellos que luchan contra el glifosato. Pero los pacientes con cáncer y sus familias podrán seguir adelante con los juicios al margen de cómo se resuelva el caso de San Francisco, dijo David Levine, profesor de derecho de la Universidad de California.

“Incluso si Monsanto logra una victoria completa en este caso, eso no detendrá a otros demandantes”, concluye.

Traducido por Lucía Balducci

Con 46 años, DeWayne Johnson no está preparado para morir. Pero con un cáncer que se expande por todo su cuerpo, los doctores dicen que apenas si le quedan unos meses de vida. Ahora Johnson, marido y padre de tres hijos en California, espera vivir lo suficiente como para hacer que Monsanto asuma la culpa.

El 18 de junio, Johnson se convertirá en la primera persona en llevar a juicio a la multinacional especializada en semillas y productos químicos, acusada de ocultar durante décadas los peligros cancerígenos de sus populares herbicidas Roundup. Ahora su caso acaba de conseguir un gran impulso.

La semana pasada el juez Curtis Karnow emitió una orden para permitir que los miembros del jurado consideren no solo las pruebas científicas sobre el origen del cáncer de Johnson, sino también las acusaciones de que Monsanto eliminó pruebas de los riesgos que conllevaba utilizar sus herbicidas. Karnow dictaminó que el juicio seguirá su curso y que un jurado será el encargado de considerar las indemnizaciones punitivas.

“Las comunicaciones internas anotadas por Johnson podrían apoyar las conclusiones de un jurado de que Monsanto ha sido consciente durante mucho tiempo del riesgo de que sus herbicidas hechos a base de glifosato sean cancerígenos... pero ha buscando continuamente influir en las publicaciones científicas para evitar que sus preocupaciones internas llegasen a la esfera pública y para reforzar sus defensas en acciones de responsabilidad por sus productos”, escribió Karnow. “Por lo tanto, hay cuestiones enjuiciables de hechos materiales”.

El caso de Johnson, presentado en el tribunal superior del condado de San Francisco, en California, está en primera línea de la lucha legal contra Monsanto. Unos 4.000 demandantes han demandado a la empresa argumentando que la exposición al Roundup causó que ellos o sus familiares desarrollaron el linfoma no Hodgkin. En octubre, está programado que se juzgue otro caso en la ciudad donde Monsanto tiene su sede, San Luis (Missouri).

Estas demandas cuestionan la posición de Monsanto de que sus herbicidas son seguros y aseguran que la compañía ha sabido de los peligros y los ha ocultado a los reguladores y también a la población. Los litigantes citan varios estudios que indican que el ingrediente activo de los herbicidas de Monsanto, una sustancia llamada glifosato, puede provocar LNH y otras dolencias.

También citan investigaciones que muestran que las fórmulas del glifosato de sus productos comerciales son más tóxicas que el glifosato por sí solo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como una sustancia con potencial cancerígeno para los humanos en 2015.

Monsanto “defendió datos falsificados y atacó a los estudios legítimos” que revelaban los peligros de sus herbicidas, y lideró una “campaña prolongada de desinformación” para convencer a las agencias gubernamentales, agricultores y consumidores de que el Roundup era seguro, según la demanda de Johnson.

“Esperamos mostrar la manera en la que Monsanto ocultó el riesgo de cáncer y cómo contaminó la ciencia”, defiende Michael Miller, abogado de Johnson. “Monsanto no quiere que la verdad sobre Roundup y el cáncer salga a la luz”.

Monsanto ha negado de forma tajante las denuncias, diciendo que sus productos no producen cáncer. Según la empresa, los descubrimientos de la IARC son erróneos y también los estudios que concluyeron que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato como el suyo son potencialmente cancerígenos. Monsanto señala que los hallazgos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) y otras autoridades reguladoras respaldan su defensa.

“Los herbicidas a base de glifosato están respaldados por una de las bases de datos sobre efectos sobre la salud humana y el medio ambiente más extensas del mundo jamás recopiladas para un producto contra las plagas”, afirma Monsanto en su página web. “Amplios estudios toxicológicos y de impacto ambiental realizados a lo largo de los últimos 40 años han demostrado una y otra vez el fuerte nivel de seguridad de este herbicida tan usado”.

Un portavoz de la compañía no ha querido hacer comentarios a este diario.

La forma en la que se desarrolle la demanda de Johnson podría ser un indicador para otros demandantes sobre cómo proceder. Si Johnson lo consigue, podría haber muchos más años de duros litigios y duras reclamaciones por daños. Si Monsanto supera con éxito el desafío, podría frustrar otros casos y reducir la presión sobre la empresa.

Según los registros del tribunal, Johnson tenía un trabajo como encargado de mantenimiento del distrito escolar unificado de Benicia, lugar en el que se utilizó números tratamientos herbicidas de Monsanto sobre las propiedades de la escuela desde 2012 hasta, por lo menos, finales de 2015. Estaba sano y activo antes de que le diagnosticaran el cáncer en agosto de 2014.

En una declaración en enero, el médico que trata a Johnson testificó que más de un 80% de su cuerpo estaba cubierto de lesiones y que probablemente solo le quedaban unos meses de vida. Johnson ha mejorado desde que comenzó un nuevo tratamiento en noviembre, pero a veces sigue estando demasiado débil como para hablar o levantarse de la cama, han asegurado sus médicos y sus abogados en expedientes judiciales.

Los abogados de Monsanto planean presentar pruebas de que otros factores causaron el cáncer de Johnson, desafiar la validez científica en la que se basan las afirmaciones de Johnson y presentar sus propios expertos e investigaciones que apoyan que producen productos seguros. La compañía tiene un borrador de evaluación de riesgo de glifosato de la EPA que concluye que es poco probable que sea cancerígeno.

Carey Gillam es directora de investigación de la asociación de consumidores US Right to Know

Traducido por Cristina Armunia Berges

El 15M le pilló en el despacho de Zapatero. Su consejo al presidente fue que bajara a la calle a dialogar, a escuchar. Vandana Shiva era la única mujer en aquel grupo de asesores. Los demás desaconsejaron rotundamente su propuesta.

En India las mujeres profesionales y universitarias ya no llevan sari, sin embargo ella, en medio de su agenda internacional de élite, aun siendo una intelectual, viste como visten las campesinas más pobres. Es una mujer menuda con una tremenda confianza en sí misma y en ser la voz de los vencidos por la industria agrícola mundial.

Han pasado cuatro décadas desde que empezó a predicar cosas consideradas insólitas en su tiempo. Ahora, tanto en su país como en el resto del mundo, se la lee y escucha con fervor en salas abarrotadas de un público que, gracias a su esfuerzo, ya conoce a la perfección conceptos agrarios y bioéticos, de soberanía alimentaria, de justicia social y, sobre todo, de justicia ambiental.

Shiva ha acuñado términos como biopiratería, agroecología y democracia de la tierra, y se ha convertido en la pesadilla de los gigantes de la ingeniería genética (en particular Monsanto), luchando por la protección de la biodiversidad mundial y por los campesinos que se suicidan o se arruinan a causa de ellos. Ha triunfado contra la piratería del arroz Basmati, del árbol Neem y del trigo en India, así como en la reducción del número de suicidios de campesinos en Kerala, India.

Mientras en su país muchos la descalifican como “antiprogreso”, ella se mueve con agilidad entre universidades, gobiernos, ONG y activistas. Tiene un premio Right Livelihood, es autora de 22 libros, y fundadora de muchas redes políticas (muchos son bancos de semillas), además de su granja instituto Navdanya.

Capitan Swing acaba de publicar en España Quién alimenta realmente al mundo. El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología. Actualmente se bate contra el gigante que ha emergido de la fusión de Bayer y Monsanto.

Científicos del entorno de National Geographic parecen estar adelantando el final del deshielo de los polos a una horquilla entre 4 y 10 años, eso es…

Eso no es el futuro, como nos dicen, ni una pesadilla, eso es nuestro presente. No queremos verlo pero así es. Por eso insisto en que lo primero que puede revertir sus consecuencias es preservar la biodiversidad de la tierra. Y no disminuir la biodiversidad, como hacemos con el modelo extraccionista y de producción industrial de alimentos en el que aún seguimos. El camino a seguir es aumentar la resiliencia de los ecosistemas preservando su equilibrio natural. Sin diversidad genética no podemos sobrevivir al cambio climático.

La agricultura ecológica comenzó buscando un modelo socioagroalimentario, pero ahora parece importar más el aspecto saludable y el reciclado, dejando atrás reducir el transporte kilométrico y la explotación económica. Cuando llega a las ciudades el producto ecológico todavía es caro y a veces ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué lo diferencia del modelo agroecologico?

La producción ecológica no es un producto, es un proceso con retorno para la tierra y la comunidad. El modelo agroecológico es la aplicación de la visión ecológica a la economía. Necesitamos que ambas partes, las comunidades que producen y las redes honorables que distribuyen, sean reconocibles por la otra. El comer y el mercado se han de encontrar y permanecer unidos, esto es imprescindible para que se dé el cambio que asegure la biodiversidad y la fertilidad de la tierra y el acceso al alimento de todas las comunidades planetarias.

Lo agroecológico va mas allá del producto ecológico, porque une al productor con la soberanía alimentaria, la justicia social y un sueldo digno. Va más allá de producir sin residuos. Por ejemplo el cultivo hidropónico no es más ecológico por no consumir terreno, pues es altamente dependiente de la química y se hace en bandejas de porexpan. Pero la industria lo está adoptando a grandísima escala y dice que es más ecológico, pero son plantas que no tocan la tierra y están pensadas por el hombre en su totalidad desde una idea de carencia.

En mi libro desmitifico cada uno de los principios del modelo industrial y las falsas creencias, como que los pesticidas son imprescindibles, que nos llevan a una destrucción planificada de nuestra existencia. Uno de ellas es que la tierra escasea. Los cultivos hidropónicos, hechos sin tierra, no pueden darnos la cosecha mundial que necesitamos. Pero la tierra fértil esta siendo destruida por la agricultura industrial que es un sistema que niega la fertilidad de la tierra y defiende que sólo con fertilizantes químicos es capaz de producir. Con el agua pasa lo mismo. No escasea, la hemos destruido. Por eso Bill Gates ha sido convencido para repetir el modelo fallido de la Revolución Verde en África.

Si la producción ecológica supone absorción de gases invernadero, ¿reconocerlo lo desvirtuaría para hacer bonos de aire puro?

La agricultura industrial rompe muchos ciclos y uno de ellos es el de la emisión de gases y absorción de las emisiones. Absorbe menos carbodióxidos, cosa que sí hace la agricultura ecológica que sirve para absorber y cerrar el ciclo. Desde que publiqué Soil not oil, he sido contactada por algunos gobiernos y debo decir que el más proclive a promover esta idea es Alemania.

Estoy a favor de que se promocione la agricultura ecológica como la solución, pero estoy en contra de hacer bonos ecológicos y que los pequeños agricultores sean controlados por la filosofía de Wall Street, porque la Bolsa produciría explotación y para crear certificados limpios aparecerían granjas gigantes que requieren mucha demanda de petróleo, como ya hemos visto en Kioto.

Yo prefiero pensar en grandes zonas del mundo proclamando que no van a emitir, zonas libres de emisiones, apoyadas por la economía pública. Respecto a la contaminación producida por las granjas cárnicas industriales, creo que toda persona no vegana debiera declarar públicamente su rechazo a la existencia de estas granjas.

La reciente fusión de Bayer y de Monsanto ha provocado el repentino control del 35% del mercado global de semillas de maíz, el 28% de las de soja, el 70% de las de algodón y el 69% de las tolerantes a herbicidas.

Solo la firma de la fusión ya ha subido el precio de todas las semillas un 5,5%, y las de algodón un 20%. Si queremos verdaderamente ser dueños de nuestras vidas, hemos de ser dueños de nuestras semillas. Nos estamos quedando sin semillas, los biopiratas las acumulan todas por su importancia estratégica.

Hoy la concentración de poder es de tres grandes empresas mundiales que monopolizan este bien de la humanidad. Hemos de preguntarnos ¿quiénes son los grandes zares y quiénes los nuevos siervos? Si miramos el caso de el inexplicable uso del veneno glifosato en Europa, la razón detrás de esta victoria solo se llama poder económico e influencia política.

Monsanto también ha comprado la gran base de datos Clime Data, que le proporciona algoritmos y patrones del clima. Plantix es una aplicacion informática que detecta plagas, y proporcionando una foto de la planta te indica qué producto aplicar, cuando 200.000 personas mueren al año por el efecto de los pesticidas. Seguimos exportando pesticidas y devastación.

Dice usted que el 75% de las enfermedades crónicas viene de la comida industrial.

Cuando la comida contiene todos sus micronutrientes, la gente no tiende a enfermar. Cuando el sistema que los produce no se autocuestiona los métodos abusivos que utiliza para crear alimento barato, la enfermedad es una consecuencia inmediata y epidémica de tanta avaricia.

Seguimos colonizando y toxificando sobre falsas premisas y nuestra tierra no está muerta, está bien viva. Hoy incluso sabemos que sus raíces soportan y llevan nutrición a todo el ecosistema mas allá de 12 kilómetros por debajo del suelo. La supuesta Revolución Verde, que dio una segunda vida a la industria armamentística de la II Guerra Mundial, poniéndola otra vez en circulación en forma de productos químicos para la tierra, es la base ideológica de nuestra catástrofe ambiental, climática y de salud humana.

Un ejemplo es que la agricultura química industrial es dependiente de los subsidios públicos europeos. Los precios de la comida basura son bajos porque cultivamos monopolios industriales con nuestros impuestos sin saberlo. Lo que recibimos a cambio son enfermedades crónicas.

El coste real de lo que comemos se ha camuflado detrás de sus precios tan baratos durante mucho tiempo, pero el número de enfermedades que están aflorando y el coste que eso supone para la sanidad de nuestros países sigue interesando a las grandes fusiones de industrias alimentarias y farmacéuticas.

Amazon acaba de comprar Whole Foods, que fue el supermercado pionero en comercializar alimento ecológico en EEUU, y tiene la red de consumidores específicos para el sector que ya quiere comer orgánico mas grande del país. El mercado se está asegurando también a los que no quieren comer su comida basura.

En mi red de agricultores en India (Navdanya) los agricultores ganan 10 veces más, por el simple hecho de ser dueños de sus semillas y tener un mercado propio y una comunidad de apoyo.

Acaba usted de presentar ante la Comisión India de la Competencia sus últimas objeciones contra el efecto de la fusión de Monsanto y Bayer para la soberanía y alimentación mundiales y para los derechos de los campesinos indios y de todo el mundo. sus últimas objeciones contra el efecto

No es difícil hacer la revolución. La lucha de la gente contra el poder es la lucha de la gente contra el olvido. Cuando era estudiante y durante 11 años después, dos compañeros de universidad y yo conseguimos que una gran multinacional agrícola se doblegara ante nuestro sencillo poder de resistir. La verdadera revolución es decir al mundo que, aunque hayamos cruzado los límites, esta es nuestra casa y la de las futuras generaciones por venir. Rechazar extinguirnos es la más alta de las revoluciones.

Esta semana debe solventarse si el polémico y famoso herbicida glifosato será utilizado, al menos, otros diez años en Europa. La Unión Europea decide en los próximos días si concede una nueva autorización al fitosanitario inventado por Monsanto en 1974. El 25 de octubre, los estados votan la propuesta de la Comisión que autoriza el compuesto hasta 2027. Un día antes, este martes, el Parlamento decide si emite una postura mayoritaria en contra de los planes del Ejecutivo comunitario.

La renovación de licencia para el glifosato está siendo un proceso especialmente arduo en la Unión Europea. Sin esta renovación del permiso del compuesto químico, los estados no pueden autorizar la venta de productos que lo contengan en sus territorios. El permiso ordinario para utilizar el herbicida caducó a mediados de 2016 y la Comisión tuvo que echar mano de una prórroga de 18 meses porque su propuesta de renovación no contaba con el visto bueno de una mayoría amplia de países. La fecha expira el 15 de diciembre.

Las dudas sobre el glifosato se han sostenido en informes cruzados de instituciones internacionales sobre su efecto nocivo sobre la salud de las personas. Más allá de las alertas lanzadas por grupos ecologistas, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la ONU (IARC) advirtió en julio de 2015 de que el glifosato era “probablemente cancerígeno”.

El revés para las empresas de agroquímicos (no solo Monsanto produce herbicidas con glifosato) no duró demasiado. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria emitió su veredicto en noviembre de 2015: “Es improbable que suponga un peligro cancerígeno para los humanos”. ¿El problema? Había utilizado para su informe estudios no publicados y, en ocasiones, proporcionados por las empresas productoras.

Tras dos retrasos en el comité encargado de sacar adelante una propuesta, la Comisión Europea dilató en mayo de 2016 todo el proceso. Esperaba a otro informe de la Agencia Europea de Químicos (ECHA). La ECHA utilizó el material de la Agencia de Seguridad Alimentaria para decidir en marzo de este año que el glifosato “no se puede calificar como cancerígeno”. Parecía que la Comisión tenía el camino expedito para conseguir el respaldo de los gobiernos continentales.

Sin embargo, los cientos de denuncias contra Monsanto en EEUU por supuestas consecuencias fatales achacadas al uso del glifosato dejaron al descubierto las prácticas de la multinacional: fabricaba estudios en favor de su producto que luego eran usados por organismos reguladores e incluso un miembro de la Agencia de Protección del Medioambiente estadounidense estaba en comunicación con los directivos de la empresa a los que alertó de una posible revisión sobre el herbicida. “Si consigo matar esto merezco una medalla”, les dijo. Monsanto preparó con antelación una campaña para defenderse aunque esa revisión, finalmente, fue paralizada.

Lo papeles de Monsanto dieron nuevos aires a los diputados europeos que se oponían a que el glifosato siguiera siendo utilizable. El 11 de octubre pasado celebraron en el Parlamento una audiencia sobre las prácticas de la empresa. Monsanto declinó la invitación.

La carta en la que declinaban la invitación insistía en rechazar que hubieran “influido indebidamente en las investigaciones sobre la seguridad del glifosato”. También aseguraban que “no es el papel del Parlamento Europeo cuestionar la credibilidad del trabajo científico de las agencias independientes ya sean europeas o de terceros países”.

Lo cierto es que los papeles de Monsanto no han preocupado mucho a su protagonista. La misma Comisión Europea, en una contestación parlamentaria del 9 de agosto de 2017, decía que las agencias europeas aseguraban que las revelaciones de los papeles “no tendrían un gran impacto en el dictamen sobre el glifosato” ya que, explicaba la EC, “los expertos de la Unión Europea tienen acceso a los datos en bruto y elaboran sus propias conclusiones”.

El glifosato se utiliza de manera masiva en la agricultura. Los datos indican que, en 2014, se aplicaron 826 millones de kilos de este fitosanitario, el 90% en explotaciones agrícolas. Además, su éxito y utilización masiva están directamente ligados con los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Su uso se ha multiplicado por 15 desde que aparecieron las variedades modificadas para resistir este herbicida en 1996. Se calcula que dos tercios de todo el glifosato rociado en EEUU entre 1974 y 2014 se esparcieron en los últimos diez años.

Con su aplicación masiva a escala planetaria llegaron las dudas sobre su seguridad. Así que, este martes, el Parlamento Europeo vota una resolución en la que consideran que “el borrador de regulación de la Comisión falla a la hora de asegurar un alto nivel de protección tanto para la salud humana como el medio ambiente”. Pide que retire esa propuesta y que se abandone el fitosanitario en un proceso que termine en 2020.

Iniciativa ciudadana

Fuentes del Parlamento creen que, tras salir adelante el texto en comisión, “hay una buena oportunidad de que se consiga una mayoría, ya que el Partido Popular Europeo no se puso en contra directamente”. La resolución no es vinculante para la Comisión, pero le pondría todavía más cuesta arriba su plan para obtener un respaldo lo más amplio posible.

El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, analiza que “la Comisión es rehén de sus propias palabras ya que quiere una mayoría cualificada que no alcanza. O bien aporta una propuesta nueva o mantiene la actual que no cuenta con esa mayoría cualificada y no renueva el glifosato”.

Además, este lunes, el vicepresidente de la Comision, Frans Timmermans, recibió en Bruselas a los representantes de una iniciativa ciudadana que solicita la prohibición del glifosato. Obtuvieron un millón de firmas y es la cuarta vez que este procedimiento consigue llegar a la Comisión. La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación previsto en la UE por el cual, ahora, el Ejecutivo tiene tres meses para decidir si propone alguna acción que implemente esta petición o si la deja declinar.

Al otro lado, la empresa Monsanto cuenta que “hemos observado con creciente alarma la politización del proceso de renovación para el glifosato en la UE. Un procedimiento que debería ser estrictamente científico pero que, en muchos aspectos, ha sido secuestrado por el populismo”.

Monsanto continuó produciendo y vendiendo productos químicos tóxicos conocidos como PCB durante ocho años, después de tener conocimiento de que representaban un peligro para la salud pública y el medio ambiente, según el análisis legal de unos documentos subidos a Internet como parte de un enorme archivo.

El nuevo archivo contiene más de 20.000 memorandos internos, notas de reuniones, cartas y otros documentos, muchos de ellos nunca antes publicados.

La mayoría de los documentos fueron obtenidos a través de un descubrimiento legal, accediendo a los archivos digitalizados por el Proyecto Papeles Venenosos, lanzado por el Proyecto de Recursos de Biociencia y el Centro para los Medios de Comunicación y la Democracia. Chiron Return añadió algunos documentos al archivo.

Bill Sherman, fiscal general adjunto del estado de Washington, en Estados Unidos, que está demandando a Monsanto por los costos de limpieza del PCB por una cifra de miles de millones de euros, afirmó que el archivo contiene pruebas determinantes que el Estado no conocía hasta ahora. “Si son auténticos, estos documentos confirman que Monsanto sabía que el PCB es perjudicial y de efectos persistentes en el medio ambiente, y a pesar de ello lo siguió vendiendo. Sabían los peligros, pero los ocultaron a la gente sólo para obtener beneficios económicos”, explicó a the Guardian.

Además de la demanda del Estado de Washington, Monsanto se enfrenta a demandas por contaminación con PCB presentadas por los ayuntamientos de Seattle, Spokane, Long Beach, Portland, San Diego, San José, Oakland y Berkeley.

Cualquier responsabilidad legal será compartida con la empresa alemana de productos químicos Bayer, que compró Monsanto por más de 56.000 millones de euros. El 22 de agosto, la Comisión Europea planea terminar una revisión de competencia sobre la fusión de ambas empresas, en medio de la inquietud pública que esto ha generado en Europa y Estados Unidos.

Los documentos parecen auténticos

El vicepresidente de estrategia global de Monsanto, Scott Partridge, no discutió la autenticidad de los documentos revelados, pero negó que haya algo ilegal en su contenido. “Hace más de 40 años, el antiguo Monsanto detuvo voluntariamente la producción y la venta de PCB, antes de que se lo exigiera ningún Gobierno. En la época en que Monsanto fabricaba PCB, era un producto legal y aprobado que tenía muchos usos. Monsanto no es responsable por la contaminación que causaron los que usaron y desecharon PCB en el medio ambiente”, aseguró a the Guardian.

El bifenilo policlorado (PCB) es un contaminante de larga vida que Monsanto produjo de forma masiva entre 1935 y 1977 para usar como refrigerante y lubricante de equipos eléctricos, como transformadores y condensadores.

Desde 1979, el PCB está completamente prohibido en Estados Unidos y en el resto del mundo, después de que se comprobara que está vinculado a problemas de salud que varían desde la enfermedad del aceite de arroz hasta cáncer y daños medioambientales.

Sin embargo, 10 años antes, un plan de Monsanto para disminuir la contaminación que figura en el archivo con fecha de octubre de 1969, señalado por Sherman, sugiere que la empresa ya sabía de los riesgos del uso de PCB.

En una sección titulada 'Daños al sistema ecológico por contaminación con PCB', se afirma: “Las pruebas que demuestran la persistencia de estos compuestos y su presencia universal en el medio ambiente no se pueden cuestionar”.

“Puede haber demandas directas –continúa– porque los clientes que usan los productos no han sido notificados oficialmente de los efectos conocidos, ni tampoco figura esta información en las etiquetas de nuestros productos”.

El plan ofrecía tres posibles acciones, cada una acompañada por un cuadro de flujo de “ganancias y responsabilidades”. Las opciones eran: “No hacer nada”, “dejar de fabricar todos los productos con PCB”, o “responder responsablemente” admitiendo la contaminación medioambiental y tomando acciones para contrarrestarla.

“Al mismo tiempo que Monsanto decía al público que el PCB era seguro, estaban haciendo gráficos para evaluar la posible responsabilidad legal contra la pérdida de ganancias y el beneficio de imagen pública asociada a ser responsable y honesto. Al final, Monsanto eligió las ganancias económicas en lugar de la salud pública y la seguridad medioambiental”, asegura Sherman.

Otro memorando interno de septiembre de 1969 enumera las filtraciones de PCB en Estados Unidos –en la costa del Golfo de México, en los Grandes Lagos y en la bahía de San Francisco– y evalúa posibles acciones de limpieza. Pero el memorando también dice que la estrategia de Monsanto debería ser “dejar que el gobierno tenga que probar caso por caso”.

Un material muy tóxico para las aves

“Podemos probar que algunas cosas están bien en bajas concentraciones. Usarlo en defensa de Monsanto. No nos podemos defender de todo. Algunos animales o peces o insectos se verán dañados”, añade el memorando. Dos meses más tarde, una presentación de PCB al comité de desarrollo corporativo de Monsanto elevó esta advertencia: “Desde el punto de vista de la reproducción, el PCB es muy tóxico para las aves”, decía.

La presentación describía los productos Aroclor 1254 y 1260 como “los más perjudiciales”, en lo que admitía era “un problema ecológico mundial”.

La producción de Aroclor 1254 y otros productos con PCB continuó hasta agosto de 1977. En 1999, se culpó a los Aroclor 1254 y 1260 de una de las mayores contaminaciones alimenticias en Bélgica. El ministro de Agricultura de Valonia la llamó “la crisis económica más grave de Bélgica desde la guerra”.

Monsanto comenzó a fabricar PCB en 1935, después de comprar la empresa química Swann. Pronto dominó la producción mundial.

Ya en 1937, la empresa comenzó a tener noticias de la relación del PCB con problemas de salud graves, cuando las autopsias de tres trabajadores de Monsanto relevaron que murieron por graves daños en el hígado tras manipular la sustancia. El nivel de preocupación se elevó considerablemente en 1966, cuando un importante estudio realizado por Soren Jensen descubrió la bioacumulación de PCB en peces y aves marinas del Báltico.

En los años 70, casi el 80% de las hembras de las tres especies de focas del Mar Báltico habían quedado estériles y enseguida se relacionó este hecho con la exposición al PCB.

En 1972, Monsanto dejó voluntariamente de vender PCB para todos sus usos excepto las aplicaciones cerradas en artefactos eléctricos. Ese mismo año, Suecia y Japón suspendieron el uso y la fabricación de PCB “abierto”.

En Estados Unidos, un grupo de trabajo interdepartamental del gobierno pidió que se restringiera el uso de PCB a “usos esenciales o no reemplazables, que impliquen mínima exposición directa para las personas, ya que el producto puede tener efectos secundarios en la salud humana”.

Pero ese informe no encontró “información toxicológica o ecológica” que indicara que el producto era una amenaza para la salud, a partir de los niveles encontrados en el medio ambiente, aunque los autores calificaron los datos disponibles de “inadecuados”.

En 1975, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos denominó públicamente al PCB como “muy tóxico” y “un peligro considerable para la salud humana y el medio ambiente”, Monsanto admitió en privado que no sólo afectaba a animales sino que “podría tener efectos permanentes en el cuerpo humano”

Sin embargo, públicamente Monsanto desestimó los peligros para la salud y el medio ambiente en sus reuniones con varias autoridades públicas durante este periodo, insistiendo en que el producto no era “muy tóxico” para la Agencia de Protección Ambiental, el Instituto de Estándares Nacionales de Estados Unidos y algunos diputados.

Las agencias de la Unión Europea hoy citan al PCB como un ejemplo clásico para justificar el principio de prevención de la UE, que obliga a advertir ante posibles peligros para la salud y el medio ambiente.

Traducido por Lucía Balducci

Más leña a la polémica en torno al herbicida glifosato. El estado de California lo va incluir en la lista oficial de productos cancerígenos a partir del 7 de julio. Lo hará bajo una ley conocida como Proposición 65 de protección del agua potable.

La Oficina de Evaluación de Peligros Ambientales para la Salud (OEHHA) del Gobierno californanio decidió en marzo pasado que el glifosato, componente del herbicida multiventas de la empresa Monsanto Roundup, debía entrar en la lista de productos que el Estado reconoce como causante de cáncer.

La Proposición 65 obliga a las empresas a informar sobre las exposiciones a químicos “que provoquen cáncer, malformaciones en recién nacidos o daños reproductivos” mediante el agua. Los productos de la lista son sobre los que tienen que advertir.

Monsanto trató de impedir esta medida y recurrió a los tribunales lo que provocó un retraso en la fecha de entrada en vigor de la decisión de la OEHHA. Pero los tribunales han fallado en contra de la multinacional por lo que el proceso sigue adelante, según se ha conocido este martes. La empresa ha anunciado que continuará litigando mediante un recurso porque, asegura, la decisión no se basa “ni en la ciencia ni en la ley”.

Esta ley californiana, nacida de una iniciativa legislativa popular, fue aprobada en 1986 para “proteger los recursos hídricos”. El Estado de California, cuya población supera los 39 millones de personas y maneja un PIB que ronda los dos billones de euros –dentro de las siete economía más grandes del mundo–, está obligado a mantener y actualizar la lista.

Relación con los transgénicos

El glifosato está en el centro de una polémica especialmente por su vinculación con los cultivos transgénicos de soja o maíz resistentes a este herbicida. La empresa Monsanto (ahora en trámites para ser adquirida por Bayer por 66.000 millones de euros) tiene patentadas diferentes semillas que aguantan este tóxico de manera que pueden ser rociados con él para liberar los campos de cultivo de otras hierbas no deseadas. Aunque el principio activo ya puede ser aplicado por otras compañías, el glifosato de Monsanto, llamado Roundup, es el más vendido del mundo.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato como un producto “probablemente cancerígeno”. Desde ese momento, se avivaron las peticiones para prohibir su uso. Sin embargo, un año después, la FAO, la división alimentaria de la ONU, concluyó que “no era probable” que este químico termine causando un cáncer en humanos a través de la comida.

En la Unión Europea se inició una ardua discusión entre estados para renovar la licencia del producto. Cuando expiraba el plazo, lo que hubiera dejado al glifosato sin permiso de facto, se aprobó una prolongación provisional de 18 meses para aguardar a que la Agencia Europea de Químicos diera su veredicto. El informe de la ESCHA llegó a mitad de marzo de 2017 y contradijo a la OMS aunque constató la toxicidad del producto y su daño al medio acuático.

Una mirada oscura, con medio rostro cubierto por una mascarilla, desafía a la cámara. A su lado, un niño se tapa el frío con los brazos: trata de ocultar una piel que ha sustituido el vello por manchas negras y pequeñas verrugas. La mano de Alfredo Cedrán, con las uñas disueltas, desvela las primeras consecuencias de la exposición a los elementos químicos que desprende el glifosato, el herbicida más utilizado en los campos de cultivo argentinos.

Son imágenes que capturó Pablo Piovano, fotógrafo del diario argentino Página/12, después de un viaje de unos 15.000 kilómetros por el norte rural argentino. La serie se expuso el verano pasado en España y fue galardonada como segunda finalista del premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria. 

En las provincias de Chaco, Misiones y Entre Ríos, Piovano se encontró con lo él que califica de “catástrofe sanitaria”: casos de cáncer, trastornos, malformaciones y abortos espontáneos. Cientos de localidades de esas provincias, así como de Santa Fe o Córdoba, tienen dos denominadores comunes: unas tasas de enfermedad desorbitadas y la proximidad a las zonas de cultivo intensivo que se extienden a lo largo de unos 30 millones de hectáreas por todo el país.

Fabián Tomasi sufre desde hace años una polineuropatía tóxica severa que ataca a su sistema nervioso periférico. Sus brazos cuelgan sin fuerza de un torso enclenque, desvencijado, privado de carne y nervio. Desde joven se había dedicado al mantenimiento de aviones fumigadores en una sucursal de la empresa agrícola Molina y Compañía S.L.R. en la localidad de Basavilbaso, en Entre Ríos.

Cada día llenaba los tanques de herbicida de las aeronaves que luego fumigaban los campos de la zona desde el aire. “Cargábamos los aviones con veneno. Abríamos los tanques de 20 litros y al sacar las tapas se te pegaba todo el veneno en las manos. Comíamos debajo de las alas de los aviones, donde el veneno goteaba. Llegábamos a casa y la cara nos ardía. Si me pongo a pensar, estar vivo es un milagro”, relata a eldiario.es.

Los efectos adversos del glifosato

En Argentina, el uso del glifosato y de otros pesticidas no paró de crecer durante la década pasada. Según un estudio realizado en 2014 por el Ministerio de Salud argentino, el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializaron un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.

Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) aseguran que sus estudios demuestran que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en lo que llaman “abrumadora evidencia científica”. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el pasado año ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como “probablemente cancerígenas”. Meses más tarde, una reunión conjunta de la OMS y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) emitió un comunicado que decía que “no es probable [que este herbicida] suponga un riesgo para la salud humana mediante la dieta”.

Esta decisión llegó seis años después de que el fallecido investigador argentino Andrés Carrasco publicara en la revista Chemical Research in Toxicology un artículo en el que demostraba los efectos adversos del glifosato en vertebrados. Por este estudio, Carrasco recibió amenazas acompañadas del descrédito público del actual ministro de Ciencia de Argentina, Lino Barañao.

En 2011, WikiLeaks publicó un cable diplomático de la embajada estadounidense en el país austral en el que se evidenciaba que el científico había sido investigado por sus estudios sobre el compuesto químico.

“Yo puedo afirmar que hay evidencia científica que demuestra la relación entre la exposición a la química y el daño a los organismos biológicos en distintos grados y en distintas características. Lo que no puedo decir es que solamente por esa química se producen estos problemas de salud”, sostiene Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Verzeñassi comenzó en 2010 una novedosa experiencia con los estudiantes del último año de Medicina: cinco días de investigación de campo en poblaciones rurales con menos de 10.000 habitantes. Durante ese lapso, los alumnos toman muestras del estado de salud de los vecinos, definen diferentes diagnósticos e introducen todos esos datos en un sistema estadístico.

“Cuando empezamos a ver los datos nos dimos cuenta de que el resultado de las encuestas era muy similar en localidades de diferentes provincias, alejadas entre sí, y muy diferentes del perfil de Argentina”, cuenta el médico. Mientras que en Argentina la principal causa de muerte son los problemas cardiovasculares –los infartos–, en las comunidades investigadas, la enfermedad más mortífera era el cáncer. Además, se daban muchos trastornos endocrinos, como el hipotiroidismo.

“En busca de una respuesta que aclarase esta desviación del perfil nacional, los investigadores comprendieron que 23 de las 26 comunidades estudiadas, –el 80% de un universo de 87.382 personas–, se encontraban a menos de 1.000 metros de campos de fumigación”, relata.

Según los datos publicados por los alumnos de Verzeñassi, si se suman los casos de cáncer diagnosticados desde el 2000 hasta el 2015 en estas localidades, la mitad ocurre en los últimos cinco años. “¿Esto significa que pasó algo en el 2010? No, significa que 10 o 15 años atrás tiene que haber pasado algo. Ese algo se evidencia diez años más tarde, que es más o menos el tiempo que tarda un cáncer en desarrollarse”, explica el profesor.

Un cambio de modelo productivo

El principal cambio en el modelo productivo de la Argentina rural se dio en 1996, cuando el Gobierno aprobó la utilización de cultivos transgénicos capaces de sobrevivir a potentes agroquímicos, especialmente la soja Roundup Ready (RR) –del inglés 'lista para el roundup', un herbicida cuyo principal activo es el glifosato–. Todas las localidades del interior del país fueron quedando rodeadas de campos extensivos de soja, aunque también de maíz y trigo, con semillas transgénicas.

Lo curioso, según Verzeñassi, es que en los años 80 la OMS había calificado el glifosato como elemento de riesgo 2A –“probablemente cancerígeno”– y a principios de los 90 rebajó su peligrosidad hasta un nivel 4 –“inocuo para la salud humana”–, poco antes de que la multinacional Monsanto lanzase la patente de la soja RR y comercializase el roundup como el herbicida más eficaz.

A partir de 1994, la compañía radicada en Sant Louis comenzó a vender licencias a las principales empresas de semillas del país, como Nidera o Don Mario, para que pudieran distribuir su soja transgénica, tal y como explica Marie-Monique Robin, la autora del documental El mundo según Monsanto, en su libro del mismo título.

Dos años después, la soja RR se expandió por todo el territorio. Si en 1971 los cultivos leguminosos ocupaban 37.000 hectáreas, en 2007 representaban el 60% del territorio cultivable del país con 16 millones de hectáreas. Actualmente, Argentina es el tercer exportador mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil.

Unos diez años después, se ven efectos en la salud en las zonas colindantes con las área de cultivos en la que se desarralló el sistema de producción a base de los productos del gigante de los agroquímicos. Según el Instituto Nacional de Cáncer argentino, en 2012 hubo 217 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. En los pueblos analizados por el proyecto de Verzeñassi, ese número asciende a los 397,4, cerca de un 48,7% más, una ratio que se mantiene estable desde el comienzo del estudio.

Un periodista francés expuso todos estos datos a Patrick Moore, un lobista defensor de Monsanto, durante una entrevista para un documental de Canal +. Para Moore, quien en su pasado formó parte de Greenpeace, el trabajo de Verzeñassi no existía en la medida en que no estaba publicado en ningún artículo científico. Ante esta respuesta, el periodista ofrece al defensor del glifosato beberse un vaso de ese líquido, dada su supuesta inocuidad. “No soy estúpido”, contesta. 

“¿Cuánto cuesta nuestra salud?”

El Gobierno argentino, quien todavía mantiene la clasificación del glifosato en nivel 4 contradiciendo a la calificación más reciente de la OMS, habla de “buenas prácticas”. En la página de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) hay una guía que muestra el equipamiento que deben llevar quienes trabajan en la fumigación de los campos: un traje similar al que usan los médicos que tratan el ébola. Para Verzeñassi, la contradicción es clara: “Si el producto es inocuo, ¿por qué es necesaria tanta protección?”.

A Tomasi su empresa nunca le proporcionó esa protección. Aun así, rechaza la idea: “No hay manera de esparcir bien 300 millones de litros de veneno”. Los estudios de la Universidad de Rosario le dan la razón: ni siquiera es necesario tener un contacto directo con el material. Las partículas quedan en suspensión tras ser rociadas desde el avión y el aire las transporta. De hecho, la fumigación aérea está prohibida en la Unión Europea por una directiva de 2009 salvo en situaciones excepcionales que requieren solicitud y aprobación expresas.

“¿Cuánto crecimiento de PIB de un país justifica la leucemia de un niño? Que me respondan eso. ¿Cuánto crecimiento justifica un niño nacido con malformación, el desarrollo de cáncer, de hipotiroidismo en una persona? ¿Cuánto cuesta nuestra salud? ¿Quién y cuándo decidió que la vida se puede medir en términos económicos?”. Las preguntas de Verzeñassi se quedan en el aire, sin respuesta.

Antes de colgar el teléfono, Tomasi llama a su madre para que lo ayude a acostarse. “Sé que es discutible, pero yo te puedo asegurar que, en países como el nuestro, siendo pobres se muere más fácil: esa es mi experiencia”, lamenta.

El pasado 1 de agosto entró en vigor el decreto firmado por el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, que prohíbe el uso del glifosato en parques y zonas verdes de la ciudad. El principal argumento sobre el que asentaron la decisión fue la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales y pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, señaló que debía “primar el cuidado de la salud y del medioambiente respecto a los intereses de las multinacionales, en este caso, Monsanto”. Esa referencia, además de la prohibición en sí, es la que parece haber impelido la reacción inmediata. Monsanto es, según datos de Greenpeace, “la empresa transnacional que controla alrededor de 90 % del mercado mundial de semillas transgénicas”. Y la decisión del Consistorio zaragozana no les ha sentado nada bien.

El pasado 19 de julio enviaron una carta al Ayuntamiento de la capital aragonesa, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que critican la decisión y lamentan “la politización que se está haciendo del uso del glifosato, abandonando los criterios basados en el conocimiento científico, y que deben ser los únicos que dirijan la toma de decisiones en cuanto al uso de productos fitosanitarios”.

En la misiva, firmada por Carlos Vicente Alberto, director de Sostenibilidad de Monsanto para Europa y Oriente Medio, apuntan que el glifosato ha permitido a agricultores, jardineros, profesionales y usuarios domésticos controlar las malas hierbas (…) de forma rentable y sostenible durante más de 40 años“. Señalan, por añadidura, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) determinó, en noviembre de 2015, que es ”poco probable que el glifosato suponga un riesgo carcinogénico para los humanos“. Además, aducen que otras cinco agencias reguladoras llegaron a la misma conclusión.

Indican también que “justificar la prohibición en los parques y jardines municipales de Zaragoza del uso de glifosato, basada en la clasificación realizada por la IARC, y asociarlo a primar el cuidado del medio ambiente y la salud respecto a intereses de las multinacionales, y en este caso Monsanto, sólo puede crear alarma y confusión a los ciudadanos”. Continúan explicando que en Monsanto más de 20.000 trabajadores de todo el mundo dedican sus “esfuerzos al desarrollo de soluciones tecnológicas para ayudar a alimentar a una población en crecimiento, optimizando de manera eficiente el uso de recursos tan importantes como el agua, el suelo o la energía”. Finiquitan la carta explicando la labor de la empresa e invitando al consejero Cubero a reunirse con ellos.

“Su siniestro currículum hace escasamente creíble la información que nos transmite”

La respuesta no se ha hecho esperar. Partió del Consistorio zaragozano el pasado 29 de julio. En ella repiten los argumentos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, señalando que se fían mucho más de este informe que de los mencionados por Monsanto.

Recuerdan diversos casos en los que “la justicia ha vinculado el uso de herbicidas químicos con graves afecciones a la salud humana”: el del campesino francés Paul François, que ganó la batalla judicial contra Monsanto; o el de las Madres de Ituzaingó, que lograron demostrar el vínculo entre el número creciente de enfermos de cáncer y niños con malformaciones y los agroquímicos aplicados en las plantaciones de soja, entre ellos, explican, el glifosato de Roudup Ready de Monsanto.

En la réplica hacen referencia al “siniestro currículum” de la multinacional, que provoca que la información que se les transmite “sea escasamente creíble”. Listan varios casos en los que está implicada citando como fuente a Greenpeace: “Monsanto fue la productora y comercializadora del agente naranja usado en la guerra de Vietnam responsable de generar cáncer a miles de personas y que hoy está prohibido; produjo y comercializó el DDT y los PCB o askareles, químicos causantes de graves daños a las salud humana y al ambiente, ambos están hoy prohibidos; fue condenada, en Estados Unidos en 2010, a pagar 2,5 millones de dólares por más de 1.700 violaciones a normas de bioseguridad; y, en Francia en 2006, también fue condenada por publicidad engañosa sobre las falsas propiedades ecológicas del herbicida Round Up”.

Además, señalan que la multinacional fue condenada a pagar a 1,5 millones de euros por sobornar a las autoridades de Indonesia para introducir algodón transgénico en el país. El Consistorio aprovecha este punto para señalar que, además de luchar por la sostenibilidad ambiental y alimentaria, “el Gobierno de Zaragoza también tiene la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades políticas”.

Con esta respuesta, termina la misiva, “entenderá que no aceptemos su oferta de mantener una reunión con usted”.

55.000 millones de euros es la cantidad en la que ha valorado Bayer a Monsanto en un primer intento de hacerse con el negocio de la multinacional estadounidense dominadora del mercado de la agricultura mundial. La operación bate récords, aunque Monsanto la considera insuficiente. De concretarse las negociaciones, formaría el mayor grupo de semillas y herbicidas del mundo.

Sin embargo, a pesar de parecer una operación redonda ha generado una gran controversia que podría penalizar al gigante resultante. Casi todas las críticas van dirigidas a Monsanto. En las redes sociales, la etiqueta #Monsatan ha servido para canalizar los reproches a la empresa que fue elegida como una de las compañías más odiadas de Estados Unidos. En Alemania está levantando un gran revuelo su posible unión con una de sus compañías emblemáticas. Este es un repaso por los episodios más controvertidos de su historial.

El agente naranja

Entre enero de 1965 y abril de 1970, la Fuerza Aérea estadounidense roció los bosques de Vietnam con el agente naranja, un herbicida llamado así por el color de los barriles en los que se almacenaba. El objetivo de EEUU era arrasar con los bosques que usaban los vietnamitas de refugio durante la guerra, pero las consecuencias fueron mayores y todavía repercuten en la vida de quienes vivían en estas zonas con cáncer o malformaciones genéticas graves.

Monsanto, junto a otras empresas químicas (Dow Chemical, Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson Chemical y TH Agriculture), fabricó este material que luego los militares decidieron utilizar como arma química. Precisamente en este hecho es donde se escuda Monsanto que asegura que “las consecuencias adversas que presuntamente han surgido de la guerra de Vietnam, incluyendo el uso del agente naranja, deben ser resueltos por los gobiernos que estuvieron involucrados”.

La compañía culpa al Gobierno de EEUU de hacer un mal uso del producto que fabricó. Desde su uso en Vietnam, Monsanto se ha enfrentado a multitud de litigios que exigen una compensación por los daños causados.

Los transgénicos

Este es uno de los principales campos de batalla entre los grupos ecologistas y Monsanto. La multinacional estadounidense es la precursora de las semillas genéticamente modificadas y que en Norteamérica suponen ya el 90% de la producción de maíz, soja y algodón.

Los grupos ecologistas se oponen a los transgénicos porque aseguran que pueden provocar mutaciones cancerígenas, dañar la biodiversidad, obligar a los agricultores a comprar semillas cada año y crear un oligopolio de empresas (entre las que destaca por encima del resto Monsanto) que con sus patentes dominan el mercado.

La multinacional defiende que los productos genéticamente modificados han ayudado a crear cultivos resistentes a ciertos insectos o a condiciones climáticas adversas. Además, asegura que todos los productos transgénicos son estudiados concienzudamente y por el momento “no hay evidencia de daño a animales o seres humanos”.

Las patentes de semillas

La comercialización de las semillas ha sido otro de los frentes que ha tenido librar Monsanto. Vernon Hugh Bowman era un agricultor que compraba semillas a Monsanto y que fue denunciado por la multinacional al considerar que hacía un uso inadecuado de los productos patentados por el gigante agrícola. Denuncias como la que recibió Bowman se produjeron por las férreas condiciones que impone Monsanto al comercializar sus semillas, alegando que invierte mucho dinero en la investigación para que estas sean más resistentes a los productos químicos (muchas veces creados por la propia compañía) y a las inclemencias del tiempo. Cada vez que implementa un avance, la empresa lo patenta y restringe su uso a unas condiciones determinadas para otros agricultores.

Monsanto se defiende diciendo que “las patentes son necesarias para asegurarnos de que recibiremos el pago por nuestros productos y por toda la inversión que realizamos”. Greenpeace argumenta que esta práctica restringe el derecho de los agricultores a guardar sus semillas, les obliga a comprar nuevas cada año y cuando no cumplen deben enfrentarse a demandas de miles de dólares, como en el caso de Bowman. Por último, Greenpeace denuncia que la proliferación de las patentes reduce el mercado de semillas y permite la aparición de un monopolio en los precios.

Un herbicida “probablemente cancerígeno”

Una de las líneas de negocio más importantes de Monsanto es la de los herbicidas, segmento en el que es líder mundial, con unas ventas anuales de 4.100 millones de euros y cuyo producto más popular es Roundup, calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos. 

Una de las sustancias que componen el Roundup es el glifosato, de uso masivo en la agricultura. Varias ONG persiguen la prohibición de su uso en Europa. La Unión Europea iba a ampliar este año la licencia para el uso de la sustancia por siete años más, pero finalmente ha pospuesto la decisión ante la abstención de Alemania en las votaciones.

Si la UE no alcanza un acuerdo antes del 30 de junio, se retirarán las autorizaciones del glifosato. Monsanto, que participó activamente en el lobby contra la prohibición, se defiende de las acusaciones de la OMS asegurando que “los estudios toxicológicos exhaustivos a largo plazo repetidos durante los últimos 40 años demostraron una y otra vez que el glifosato es poco probable que plantee un riesgo de cáncer en seres humanos”.

La anunciada oferta de Bayer sobre el gigante estadounidense de la tecnología Monsanto ha suscitado el rotundo rechazo de un representante de uno de los principales accionistas de la compañía alemana. John Benett, gestor de fondos de Henderson Global Investors, el decimoquinto mayor accionista de Bayer, ha criticado la “destrucción inmediata” de valor que supone la propuesta de la alemana.

En declaraciones a Reuters, Benett ha criticado la “ignorancia” y “arrogancia” del nuevo consejero delegado de Bayer, Werner Baumann, nombrado el pasado 1 de mayo, y ha instado al consejo de administración de Bayer a “considerar la posición del CEO”, cuyo desempeño ha contrapuesto con la “correcta labor de su predecesor”, Marijn Dekkers.

La compra de Monsanto, según la compañía alemana, “reforzaría a Bayer como empresa global de innovación en ciencias de la vida con posiciones punteras en sus actividades principales y crearía una actividad agraria líder integrada”. Monsanto, que vale unos 42.000 millones de dólares en Bolsa, ha confirmado que ha recibido una propuesta de compra no vinculante y no solicitada.

En un informe publicado este viernes, los analistas de Citi creen que, desde el punto de vista de la competencia, la operación podría implicar problemas regulatorios en el segmento de algodón. Uno de los interrogantes que se plantean, según Citi, es la reacción de los agricultores y las autoridades políticas ante la anunciada compra.

Ecologistas en Acción presentará esta semana ante las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición a los grupos parlamentarios en la que solicitará que la región se convierta en “libre de glifosato”, un producto fitosanitario, que está catalogado como “probablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que está presente en los cientos de marcas de herbicidas que se utilizan habitualmente. Una propuesta que también hará llegar a las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Ecologistas en Acción explica que el glifosato produce notables impactos en las aguas, suelo, fauna y flora. Se usa ampliamente en Castilla-La Mancha en carreteras, acequias, jardines y espacios públicos, así como en la agricultura, y ello a pesar de que existen alternativas y que la normativa obliga a limitar su empleo.

Entre las alternativas a estos herbicidas está el tradicional desbroce mecánico que, “además sirve para crear empleo”, sostiene el presidente de Ecologistas en Acción en esta provincia, Augusto Barcenilla, así como nuevas aplicaciones aún en fase de desarrollo como el vinagre de madera.

La propuesta ante los responsables políticos

La propuesta ante los responsables políticosLa propuesta de la organización ecologista ante las Cortes Regionales pasa por lograr su prohibición en zonas públicas no agrícolas además de que sea “estrictamente” regulado en la agricultura. En concreto se solicitará que se prohíba el uso no agrario de herbicidas químicos para el control de vegetación no deseada en espacios públicos, cunetas de carreteras, líneas férreas y de servicios, acequias, jardines y aceras.

Y, por otro lado, que tal y como recomienda el RD 1311/2012, que se tomen las medidas oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso de los herbicidas químicos.

Castilla-La Mancha se sumaría a las comunidades autónomas que ya se han posicionado en este sentido, como La Rioja o Extremadura, y a grandes ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona, e instituciones locales, provinciales o regionales que ya llegan a casi el centenar, entre ellas la Diputación de Guadalajara que, según explica Barcenilla, “ya ha limitado su utilización”.

Un impacto “muy importante” en la salud y el medio ambiente

Un impacto “muy importante” en la salud y el medio ambiente“Los datos científicos que existen sobre su impacto tanto en la salud como en el medio ambiente son importantes”, asegura Barcenilla. Esta misma semana, este producto era objeto de una jornada en Guadalajara que contó con la participación de la doctora Sandra Castro, médico y experta en disruptores endocrinos y el catedrático de medio ambiente en la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Peinado.

En esta jornada se puso de manifiesto cómo, en marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba al glifosato como “probablemente cancerígeno” tras la publicación por parte de Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el DNA, además de provocar cáncer en animales de laboratorio.

También actúa además como disruptor endocrino, provocando alteraciones hormonales. Ello lo convierte en un grave problema de salud que pone en riesgo especialmente a la población más vulnerable, como niños, personas mayores y embarazadas.

Según Manuel Peinado, su impacto en el medio ambiente se aprecia sobre todo en los daños que produce en la vegetación y en la fauna, especialmente la acuática. Y dado su carácter persistente y no biodegradable perjudica al suelo y traslada sus efectos a puntos alejados de su lugar de aplicación.

El glifostato se utiliza desde el año 1974 y en el año 2000, según Barcenilla, caducaba la patente de la multinacional Monsanto. Desde entonces está presente en cientos de marcas de herbicidas. “Es un elemento que se está usando para los cultivos transgénicos que aún no tenemos en España”, dice el ecologista quien pone el ejemplo de Argentina, donde existe la ‘red de médicos de pueblos fumigados’, que denuncia la proliferación del cáncer en zonas de cultivo donde se utiliza este producto. “Hasta ese punto se ha llegado y queremos que aquí no nos ocurra lo mismo”, explica.

La principal autoridad alimentaria de EEUU, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), ha decidido comenzar a analizar de forma sistemática ciertos alimentos en busca de residuos de glifosato, un popular herbicida que ha sido clasificado como “probablemente cancerígeno” por parte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) dependiente de la OMS. También se usa en España.

Hasta ahora, la búsqueda sistemática de este compuesto no formaba parte de ninguno de los programas de control de las agencias reguladoras de EEUU, ya que el nivel toxicológico del glifosato era considerado muy bajo y, pese a que en análisis puntuales se han encontrado residuos de esta sustancia en ciertos alimentos, así como en el agua y el aire, los valores detectados se encontraban por debajo de los límites de seguridad establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU.

Sin embargo, tras el anuncio de la IARC y las presiones de la Oficina Gubernamental de Rendición Cuentas, la FDA ha decidido comenzar a realizar los análisis, cuyo coste estimado será de cinco millones de dólares. La portavoz de la FDA, Lauren Sucher, aseguró al portal Civil Eats que “la agencia está planificando medir los residuos de glifosato en la soja, el maíz, la leche y los huevos, entre otros alimentos potenciales”.

El debate sigue abierto

La medida llega en medio de la polémica que se levantó en marzo del pasado año, cuando un comité de la IARC formado por 17 expertos independientes aseguró que el glifosato es “probablemente carcinogénico” en humanos, entrando en la clasificación 2A, a la que también pertenece la carne roja.

Sin embargo, pocos meses después, en noviembre de 2015, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicó un informe, con la participación de cerca de 100 investigadores, en el que se aseguraba que es “improbable [que el glifosato] suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

Según Manolis Kogevinas, director científico adjunto del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental y que ha participado en varios grupos de expertos tanto del IARC como de la EFSA, la agencia europea “funciona muy bien”, pero puntualiza que “en evaluación de cancerígenos tiene menos experiencia que la IARC y si alguien se ha equivocado es más probable que sea la EFSA”.

A pesar de la controversia científica, este investigador valora positivamente la decisión de la FDA, ya que “si tienes indicaciones de que algo puede ser cancerígeno, lo lógico es comenzar a realizar medidas de forma sistemática”. Según Kogevinas, “la FDA ha tomado la decisión correcta” y afirma que “lo razonable sería que Europa hiciera lo mismo”.

Una investigación “difícil”

Uno de los principales problemas en la investigación del glifosato es su baja toxicidad. “Es muy difícil la investigación con estos herbicidas que no son muy tóxicos”, afirma Kogevinas, “sobre todo en comparación con el lindano, las dioxinas o el agente naranja”, que tienen una elevada toxicidad. Sin embargo, al ser el herbicida más utilizado en el mundo, “incluso si aumenta muy poco el riesgo, podría generar muchos casos de cáncer”, explica Kogevinas.

Hay que tener en cuenta que la IARC no describe el nivel de riesgo de una sustancia, sino el nivel de evidencia que existe sobre su capacidad de producir cáncer. “Lo que hace la IARC es identificar los riesgos de forma cualitativa, es decir, solo dice si es tóxico o no lo es”, explica Kogevinas. “Después hay que hacer el análisis cuantitativo y ver si el riesgo es alto o bajo”, para poder “determinar cuáles son los límites a los que es posible estar expuesto sin tener efectos evidentes para la salud”, afirma este investigador.

Con respecto a la presencia de esta sustancia en ciertos alimentos, Kogevinas afirma que “es probable que la cantidad de residuos detectada en EEUU esté por debajo de los límites recomendados”, pero llama la atención sobre la situación en otras regiones donde los controles pueden ser menos estrictos, como “en India, Bolivia o Bangladesh, ya que tenemos poca información sobre los niveles de exposición en esos países”.

El glifosato ya no es solo de Monsanto

El glifosato es el ingrediente activo de RoundUp, uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y que fue patentado por Monsanto en la década de 1970. Sin embargo, esta patente caducó en el año 2000 y en la actualidad hay centenares de productos en el mercado que contienen glifosato.

El uso de este herbicida se popularizó tras la introducción en el mercado de los cultivos RoundUp Ready de Monsanto, a mediados de la década de 1990, que han sido modificados genéticamente para ser inmunes al glifosato, de forma que es posible rociar el pesticida directamente sobre los cultivos. Sin embargo, debido a que presentaba una baja toxicidad, este herbicida también se ha utilizado de forma habitual en parques y jardines de muchas ciudades del mundo.

A pesar del anuncio de la EFSA, varios países europeos, entre los que se encuentran Francia, Suecia o Dinamarca, han anunciado medidas para limitar el uso de productos que contengan glifosato. En España no se han anunciado medidas más allá de lo que dictamina la legislación vigente sobre el uso de este tipo de productos. Sin embargo, algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, han aprobado dejar de utilizar herbicidas sobre los que existen sospechas de toxicidad.