El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de la gran patronal española, CEOE, y su organización de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y respalda la presencia de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en el Consejo Estatal de la pyme y el Observatorio de la Morosidad. Entre otros argumentos, advierte de que limitar la pluralidad de interlocutores equivale en la práctica a un “monopolio” de la representación empresarial.

En dos sentencias fechadas el 19 y el 28 de mayo a las que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza los recursos de Cepyme y CEOE, respectivamente, contra el decreto de 2024 que crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Para rechazar la presencia de Conpymes en el Consejo Estatal, la CEOE alegaba que la representación institucional de las organizaciones empresariales en dicho consejo corresponde “exclusivamente” a las organizaciones empresariales de ámbito estatal y a las de ámbito autonómico de carácter intersectorial que alcancen los umbrales mínimos de representatividad que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, afirmaba que dichos umbrales de representatividad se determinan conforme a criterios objetivos vinculados al número de empresas asociadas y de trabajadores de estas, sin que resulte jurídicamente relevante el tamaño de las empresas. Así, consideraban que en estos órganos se estaba premiando en exceso a organizaciones de pymes y “discriminando” a sus patronales.

“Indebida monopolización” de la representación empresarial

El Supremo, en cambio, cree que de atender a los criterios de CEOE y Cepyme “conduciría, en la práctica, a una indebida monopolización de la representación institucional de las organizaciones empresariales, erigiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas”.

Tanto el Consejo y el Observatorio de la Morosidad son órganos colegiados de carácter no decisorio, y su función es esencialmente consultiva, destaca el Supremo.

Dada su naturaleza y las funciones que tiene atribuidas en materias que inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas, “resulta razonable articular una composición que incorpore una pluralidad de interlocutores”.

Entre estos interlocutores cabe incluir “no sólo a las organizaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, sin distinción por razón del tamaño de las empresas que integran, sino también a aquellas organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas”.

Desde Conpymes valoran que la justicia confirme “de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación”, y rechace la pretensión de CEOE y Cepyme de concentrar en exclusiva dicha representación.

La resolución determina “con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales”, añade Conpymes, que destaca que el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad “es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado”.

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha subrayado que el talento se ha convertido “en uno de los principales factores de competitividad” y ve “una pena” que “casi todo” del que se forma en la comunidad autónoma “acabe fuera”, lo que supone “un lastre” para las empresas de la región.

Conde ha afirmado que Cantabria tiene “problemas” para atraer y retener talento y considera que, ante ello, hay que poner “condicionantes” y activar “determinadas palancas”. “Yo creo que estamos en ello”, ha dicho Conde, que ha reconocido que resolver esta cuestión “va a llevar mucho tiempo”.

Así lo ha indicado en el marco de la celebración del Plenario 2026 de CEOE-CEPYME Cantabria, que este viernes ha reunido en el Centro Botín a expertos, directivos y responsables de Recursos Humanos para analizar la cuestión del talento y la gestión del capital humano, uno de los retos de las empresas para competir “en mercados cambiantes”.

Conde ha insistido en que en Cantabria “no podemos permitirnos el lujo” de que el talento se escape“ y, sobre las razones de esa 'fuga', ha indicado que la capacidad que tiene la región a nivel empresarial ”es inferior a la que tienen otras comunidades“, como puede ser Madrid.

Además, ha señalado que los jóvenes “buscan una proyección que, por la razón que sea, ahora mismo no les hace atractivo quedarse en Cantabria”. “Los profesionales valoran cada vez más aspectos como el desarrollo profesional, la conciliación, el bienestar laboral, la inclusión o la diversidad, ha apostillado.

Conde ha subrayado que “las empresas que consigan atraer, desarrollar y fidelizar a los mejores profesionales serán las que tengan mayor capacidad para innovar, crecer y adaptarse a los cambios del mercado”. Además, ha advertido que es “un gran error” dejar que estos jóvenes se marchen y más con el “problema” demográfico que hay que en Cantabria, donde “se va a jubilar bastante talento y va a llegar al mercado muy poco”.

En este contexto, el presidente de la patronal ha abogado por intentar que el talento que existe en empresas de la región “que tienden a desaparecer” no se marche fuera y sea aprovechado “por las que realmente están creciendo” y tienen capacidad para ello. “Lo que no podemos es coartar el crecimiento de esas empresas que pueden competir”, ha dicho.

Antes del inicio de la jornada, Conde ha sido preguntado por la cadena de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en empresas en la región, como Nestlé, Solvay o Teknia. En ese sentido, el presidente de la patronal cántabra ha indicado que “las empresas tienen que adaptarse a los nuevos mercados y a las nuevas tendencias” y “si ven que tienen departamentos que tarde o temprano van a desaparecer, lo que tienen que hacer es adaptar su personal, sus medios, su empresa a los nuevos mercados. Y dentro de esa situación, cada empresa tiene las herramientas que tiene”, ha sentenciado.

Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se sienta con elDiario.es cuando cumple un año siendo la máxima representante de las pymes en España, como presidenta de la patronal Cepyme, e insiste una y otra vez en la necesidad de dar “más voz” a las pequeñas empresas. Tras una dura batalla interna, se impuso su candidatura –impulsada por el líder de la CEOE, Antonio Garamendi– frente a la de su antecesor en el cargo, el granadino Gerardo Cuerva, que algunos sitúan ahora entre los candidatos a disputar el liderazgo de la gran patronal este otoño.

Con un perfil aún desconocido para muchos, Ángela de Miguel destaca su trabajo interno por la “unidad” de las pymes en todo el país y para que se las escuche en las mesas de negociación con el Gobierno. En este terreno también tiene competencia, con patronales alternativas como Conpymes y Pimec que quieren entrar en el diálogo social, algo que rechaza de plano por su escasa representatividad, sostiene.

Acaba de cumplir el primer aniversario como presidenta de Cepyme. ¿Qué valoración hace de este primer año al frente de la patronal de pequeñas y medianas empresas?

Como me comprometí, en este año he visitado 53 territorios y me he reunido con 30 sectoriales, y el sentir general vayas donde vayas es que la pyme es la gran olvidada de las políticas públicas y está pasando una situación muy complicada en un momento de crecimiento económico en España. Y la verdad es que produce mucha tristeza porque muchas veces nuestras pymes no están creciendo, no están saliendo fuera, no están ganando tamaño y no se están creando nuevas empresas por barreras artificiales que estamos colocando, no porque haya un entorno económico de crisis. 

Que en algunos momentos lo hay y ahora previsiblemente puede que nos llegue uno. Entonces, ahí es entendible. Pero ¿por qué estamos poniendo tantas dificultades a nuestras empresas más pequeñas? Cuando hacen una función social, no hacen daño a nadie… Todo lo contrario, son la solución. 

Dentro de la organización, estoy muy contenta. Es un orgullo poder defender a las pymes españolas y lo que percibimos dentro de la organización es muchísima unidad y una problemática común, trabajando todos en la misma dirección.

Mencionaba esa posible crisis, esos efectos que estamos ahora experimentando a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Esta semana hubo una reunión con el vicepresidente Cuerpo a la que asistió. ¿Cómo valora las medidas que están en vigor?

Muchas medidas han sido muy positivas, son las que solicitamos. Se han adoptado pronto, sobre todo medidas fiscales y de apoyo a los sectores que van a tener más impacto por el aumento de combustibles o energía, como los transportistas y el sector agro. Hemos visto, y ahí están los resultados, que se ha contenido bastante la inflación. Estamos en el 3,2% que es alta, pero más o menos controlable. Si no se hubieran tomado todas estas medidas estaríamos probablemente en torno a un 4,5%, con una subida mucho mayor de los combustibles. Y esto es escalonado. La subida de precios se queda para siempre. 

¿Y a futuro? ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?

Estamos pidiendo que estas medidas se mantengan, porque hay una gran inestabilidad. Fue muy positiva la reunión [con el Gobierno], en la que se está trabajando en futuras medidas, que además se mande un mensaje también para que la empresa pueda hacer su estrategia y diseño a unos meses vista. Cuando te dan ayudas para dos meses es muy complicado organizarte, porque los tiempos en la empresa son muchísimo más largos.  

Entonces, creemos que es importante continuar en el tiempo con estas medidas, que creemos que están funcionando y que se pueden asumir en este momento. Hasta que haya cierta estabilidad y que podamos ver que hay esa contención de precios. 

Es importante continuar en el tiempo con las medidas (por la guerra de Irán), que creemos que están funcionando, hasta que haya cierta estabilidad

El otro día Cepyme lanzó un comunicado advirtiendo de la falta de diálogo social, en concreto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las relaciones con el departamento de Yolanda Díaz? 

Hemos estado reunidos prácticamente en toda España, con todas las sectoriales, y hay un sentir general de que a la pyme no se la está escuchando. Entonces hicimos el comunicado conjunto, que salió de abajo para arriba. 

Se pactó una reforma laboral en el año 2021, en la cual renunciamos a una serie de cosas a cambio de que se cediera en otras. Eso es un acuerdo. Desde el año 2022, ha habido 272 modificaciones laborales unilaterales y sin contar con nosotros. Cuando tú renuncias a posiciones para tener una estabilidad en el medio plazo, lo que no puede ser es: ‘Renuncia a todo esto, que en lo que yo he cedido, al día siguiente te lo voy a cambiar por el poder que tengo como gobierno’. 

Se habla mucho de falta de diálogo social, pero ¿no es más una falta de acuerdo? Porque sí que hay negociaciones que se alargan durante muchos meses en las que están presentes haciendo propuestas y negociando, como la Ley de Riesgos laborales o la de la reducción de jornada. 

Para mí el diálogo es diálogo. No que te digan siéntate aquí, esto es lo que hay. Esto son lentejas. Si quieres las comes y si no, también. Si eso lo queremos llamar diálogo, lo llamamos como queramos, pero el diálogo tiene que ser eficaz. 

Nosotros creemos en el artículo 7 de la Constitución Española, somos muy serios y creemos en el diálogo social porque es un pilar fundamental en España, como una institución que nos da fortaleza al país y que ha ayudado mucho a nuestro crecimiento. Y el diálogo social no es que el Ministerio se siente y diga que no va a mover una coma. Yo quiero las 37 horas y media. Y nos sentamos las veces que quieras, pero son 37 horas y media. Eso para mí no es diálogo. Lo podremos disfrazar y vestir de lo que queramos. 

Curiosamente, en ninguna de las últimas reformas ha habido ninguna opción. Nosotros hemos presentado alternativas, sensatas que la empresa puede cumplir. No estamos en contra de las 37 horas y media. Estamos pactando reducciones de horas en la negociación colectiva, pero creemos que debe hacerse cuando se puede y donde se puede. No dejar sin maniobra a todas las pymes, cuando tenemos un tercio en pérdidas. Porque eso va a suponer que no solamente perdamos 15.000 microempresas, como tenemos ahora, sino que a lo mejor habríamos perdido 100.000. 

Cuando hablan de esas 15.000 pequeñas empresas que se están eliminando, ¿no hay también un cambio estructural en cuanto al tamaño de las empresas? Muchas veces se pone como meta aumentar esa capacidad. ¿Cuánto hay de eso o de jubilación o falta de relevo generacional en sectores como el comercio?

Si tienes una población empresarial envejecida y no permites que entren nuevos operadores en el sistema, esto es la crónica de una muerte anunciada. Que, de las que ya están unas crezcan y otras desaparezcan por la razón que sea, en un momento de crecimiento económico, tendrían que estar entrando nuevos emprendedores al sistema. Pero hay unas barreras de entrada que lo están impidiendo. El 50% de las empresas no sobreviven más de cinco años, con lo cual muchas desaparecen. No deberían desaparecer tantas si tuviéramos un ecosistema favorable. Tenemos un tercio de las pymes con pérdidas en España y la gente resiste porque pone su patrimonio personal. Nos está desapareciendo la empresa más pequeña y son muchísimos los servicios y opciones que nos dan. Mañana se te estropea la lavadora y nadie te la va a arreglar. Ya está pasando.

¿Qué problemas detectan en estas empresas?

Uno de los grandísimos problemas es la cantidad de normativa laboral, el aumento de costes laborales y del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España son 1.900 euros al mes. Al trabajador le llegan 1.200 euros, porque el Estado decide que lleguen 1.200 euros. Pero cuando una empresa y quien contrata y paga el salario mínimo interprofesional tiene que destinar 1.900 euros.

Con el salario mínimo interprofesional, estamos creando la España de las dos velocidades. Hay zonas donde el salario mínimo interprofesional es casi el 80% del salario medio del territorio. Con lo cual, cuando tú te sientas a negociar con los sindicatos solo puedes negociar el 20% de los salarios. 

En esos territorios, la capacidad de negociación, de mejora, la capacidad que tienes tú para competir e igualar a otras zonas que van mucho más avanzadas en España van mejor, te las están reduciendo prácticamente a cero. Y recordamos que, cuando nosotros fijamos salario, lo fijamos de acuerdo con los trabajadores, que saben la realidad de la empresa y hasta dónde pueden llegar. Y las empresas sabemos qué necesitan nuestros trabajadores. Lo que más queremos en nuestras empresas es a nuestros equipos. Sobre todo en las pymes, donde las relaciones laborales son horizontales, cuasi familiares.

¿Y temen la llegada de Vox a gobiernos autonómicos o al central en un futuro? Porque su postura respecto al diálogo social ha sido tratar de eliminar algunas instituciones clave de mediación laboral, como el SERLA en su comunidad autónoma, y defiende eliminar todo tipo de subvención a los agentes sociales.

Nosotros defendemos el diálogo social porque creemos en él y nos dan igual las siglas. Nosotros no estamos en política, hablamos de políticas públicas. Si hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de reducir el diálogo social, porque cuando fijo el salario del 80% de los trabajadores, lo estoy eliminando de facto, y si hay otros que dicen que lo quieren eliminar, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo el diálogo social. Porque creemos que es importante como país. Los países con instituciones independientes y libres son los más prósperos. Nos da igual la sigla y, cuando alguien haga una política pública que considero que no es la adecuada, la denunciaré.

Mencionaba usted la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está inmerso en la reforma del registro horario. ¿Tan difícil es que las pymes puedan tener un registro digital?

Sí, claro. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en todos los pueblos y el mundo rural, donde no hay conexión? Además, la pyme española no cuenta con un técnico en su organización. Hay muchísimas empresas pequeñitas en las que la gente no tiene herramientas. Además, las relaciones con los trabajadores de las pymes son de muchísima confianza. No necesitas introducir elementos que no están pensados para una organización horizontal, que están pensados para organizaciones en vertical. ¿Alguien piensa que cuando una persona lleva 20 años trabajando contigo y te dice que tiene que llevar al niño al médico, tiene que rellenar un papel, pedir un permiso, hablar con Recursos Humanos que no existe…? Supone obligar a hacer una inversión a empresas en las que, en muchos casos, el empresario gana menos que el trabajador.

Estamos abiertos a negociar el acuerdo de salarios, pero a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable

El último acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) terminó su vigencia a finales del año pasado. Los sindicatos ya han presentado sus propuestas, pero no sabemos cómo van las negociaciones. ¿Nos puede dar algún avance?

Estamos en el diálogo social y abiertos a negociar. Pero en unas circunstancias como las que estamos ahora mismo, a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable. ¿Se van a aplicar las 37,5 horas? ¿Me vas a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué voy a negociar un salario si ya me lo va a fijar el Gobierno? Nosotros estamos totalmente a favor de tener un marco preparado y necesitamos que acompañe una estabilidad que nos permita hacer una previsión a las empresas. 

¿Y es posible que sea este año?

Todo es posible. Hay que tener buena voluntad por parte de todos, por supuesto. Estamos muy dispuestos a llegar a acuerdos porque creemos que dan un marco estable fundamental para las empresas.

¿Cómo cree que puede afectar al emprendimiento y a la falta de mano de obra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno?

Una de las cosas que le hemos dicho al Gobierno es que hay que vincular esa regularización al empleo. Tenemos que derivar a todas esas personas que estamos regularizando hacia el empleo, porque ahora tenemos dos millones de vacantes sin cubrir en España. Es muy importante acercar a estas personas que se van a regularizar a la formación habilitante, que permitirá cubrir muchas vacantes. Porque, si no, vamos a tener un problema como país.

En cuanto a la actualidad política, estos días estamos conociendo muchas informaciones con respecto a presuntos casos de corrupción. ¿Qué valoración hacen desde Cepyme? ¿Debería el Gobierno convocar elecciones o la oposición presentar una moción de censura?

Nosotros en temas políticos no entramos. Creemos en la estabilidad de las instituciones, porque cuando estamos en un entorno más estable, la economía va mejor y la vida de todos los ciudadanos va mejor. El resto de vicisitudes las tendrán que decir nuestros representantes. 

Pero, cuando hablamos de corrupción, nos fijamos muchas veces en los corruptos y no en los corruptores, que muchas veces son empresarios. ¿Cómo deben castigarse estos comportamientos?

Ya se está castigando. Pero no hay que olvidar que muchas veces no son empresarios, es gente que ha constituido una sociedad. Esto lo quiero distinguir, porque muchas veces son amigos del poder que constituyen una sociedad cuyos ingresos provienen de operaciones con el poder público. A mí me cuesta llamarlo empresario. Para mí esa gente son delincuentes que han constituido una sociedad limitada. Un empresario es el que se levanta todas la mañana, diseña su plan de negocio, invierte su dinero, genera riqueza y empleo y trabaja todos los días. Necesitamos que haya unas reglas claras y juego limpio. Los que más perdemos con este tipo de cosas somos las empresas porque, además del dinero público que se va con la corrupción, perdemos la capacidad de que nuestras mejores empresas y talento puedan crecer. Necesitamos un entorno que permita competir y que el mejor consiga el contrato.

Antes ha mencionado que Cepyme estaba muy unida. ¿Cómo se ha trabajado para volver a la unidad este año? Porque las elecciones que ganó fueron muy duras, reñidas, y salió de esa votación una imagen de división dentro de las pequeñas y medianas empresas.

A los que creemos en la democracia nos parece fantástico que haya diferentes opciones y los empresarios en general somos muy pragmáticos. Es decir, yo puedo tener una posición distinta, pero luego mi presidente es mi presidente y, al día siguiente, todos estamos trabajando por la organización. Estamos ahí por el compromiso de defender a nuestras pymes. Eso está muy por encima de cualquier otra cosa que pueda salir. 

Hay un rumor en el mundo empresarial, ya que este año se tienen que convocar elecciones a la presidencia de CEOE, de que su predecesor, Gerardo Cuerva, se presente a la presidencia de la patronal. ¿Se ve trabajando mano a mano con él como presidente?

Tengo buena relación con Gerardo Cuerva y, por supuesto, trabajaré mano a mano con el que sea mi presidente de CEOE. Evidentemente, no lo he ocultado y no lo voy a ocultar, creo que Antonio Garamendi es un grandísimo presidente y, si decide presentarse, espero que lo siga siendo. Soy demócrata y respeto siempre las decisiones de la mayoría.

La representatividad la tiene Cepyme. Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso

El Gobierno ha planteado una reforma de la representatividad empresarial que podría abrir espacio a otras organizaciones patronales de pymes, como son Conpymes o la catalana Pimec. ¿Teme que Cepyme quede relegada por la entrada de estos actores?

Creo en el diálogo social y en la representatividad y ningún gobierno puede cambiar las reglas del juego para dar un espacio a quien sus representados no se lo han dado. Es como en el Parlamento: nos puede gustar un partido que no tenga representación parlamentaria y podemos creer que debe de estar. Pero si la mayoría de los ciudadanos no lo votan, no lo han votado. Si la gran mayoría de las empresas que pagan sus cuotas a organizaciones empresariales están adheridas a Cepyme, la representatividad la tiene Cepyme.

Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso. Nosotros negociamos más de 4.000 convenios colectivos en España. ¿Cómo se puede discutir nuestra representatividad?

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

El Gobierno ha trasladado definitivamente a patronal y sindicatos la propuesta de deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades con el que tratar de compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y acercar a los empresarios a un acuerdo que lo eleve un 3,1%, hasta los 1.221 euros al mes.

El Ministerio de Hacienda ha diseñado una reducción creciente que se aplicaría solo en el ejercicio fiscal que comience en 2026 y vinculada a que las empresas aumenten el porcentaje de la plantilla que cobra por encima de la cuantía del SMI y a que la mantengan durante los dos años siguientes, bajo la amenaza de que tengan que devolver la ayuda con intereses en las próximas declaraciones tributarias.

La propuesta, adelantada por El País y a la que ha accedido este periódico, establece que solo podrán beneficiarse de la ayuda aquellas empresas en las que la plantilla media que cobra por encima del SMI aumente al final del ejercicio fiscal, con un aumento mínimo de una persona trabajadora en el caso de las compañías de menos de 100 empleados; que será de un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores, para aquellas de mayor tamaño.

Del 25% al 100% de la subida del SMI

A partir de ahí, la cuantía de la reducción en la base imponible del impuesto será creciente en función de si ese porcentaje es mayor. Así, si la plantilla que cobra por encima de los 1.221 euros al mes crece menos del 5%, se aplicará un recorte del 25% del aumento bruto del SMI este año. Es decir, unos 130 euros de ayuda por trabajador que cobre el SMI. Este beneficio será creciente y en cuatro tramos, hasta alcanzar el 100% de la subida bruta del SMI (518 euros anuales) para aquellas compañías que tegan un 15% más de empleados por encima de la menor retribución posible.

A mayores, y además de los requisitos de subida salarial y mantenimiento del empleo, Hacienda establece que solo podrán beneficiarse de esta deducción las compañías cuyos gastos de personal estén por encima del 70% de los gastos de su resultado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La Mesa de Diálogo Social para la subida del SMI se reunirá de nuevo en la tarde de este jueves y, según avanzó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será la última sobre esta retribución mínima para 2026. Formalmente, el Ministerio de Trabajo solo ha de consultar con los agentes sociales el alza, ya que la competencia es del Ejecutivo y lo hace mediante un reglamento que no tiene que pasar por el Congreso.

La patronal estableció como condición para avenirse a un acuerdo que el Gobierno ejecutara un cambio en la Ley de Desindexación de Contratos Públicos, una norma heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy que impide a las empresas que contratan con la Administración repercutir al Estado las subidas del SMI.

En los pasillos de Hacienda rechazaron esta propuesta porque tensionaría aún más las cuentas públicas, pero abrieron una negociación con el Ministerio de Trabajo para encontrar una solución quirúrgica con la que tratar de atraer a la CEOE.

“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial”, justificó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, después de la cita de este lunes en la que trasladó verbalmente la oferta a los agentes sociales.

La solución resulta bastante similar a la que encontraron Hacienda y Trabajo para resolver la tributación del SMI, a través de una deducción en el IRPF para sus perceptores y no mediante una elevación del mínimo exento, que se traslada a toda la pirámide salarial y termina siendo regresiva.

La patronal se comprometió a estudiar la propuesta en sus órganos internos, pero la oferta no ha cautivado a los sindicatos. “Genial que se incorpore la CEOE al acuerdo, pero, ojo, porque es mala pedagogía decir que el SMI se sube si lo pagan todos los españoles”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, antes de conocer la letra pequeña.

Fuentes de la CEOE consultadas por este periódico dicen no haber recibido aún la oferta. De no adherirse la patronal al acuerdo para subir el SMI, todo parece indicar que la ayuda no saldrá adelante.

Ha comenzado la octava edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara con el objetivo de dar a los emprendedores, un conjunto de herramientas con el que poder gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial.

De 45 candidatos presentados se han seleccionado 20 proyectos, de los cuales 16 están liderados por mujeres que pretenden impulsar el emprendimiento rural en la provincia. Se trata de un programa impulsado por CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro del marco de colaboración que mantiene con la Diputación Provincial de Guadalajara y junto con el partner financiero Eurocaja Rural.

Este programa de apoyo ha tenido su primer taller, el de presentación y networking, donde han participado Iván Garcia de la empresa IMPLICAN, primer premio de la VII edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, quienes mostraron la evolución de sus ideas, así como animado a los presentes a seguir adelante con sus sueños.

Durante este primer taller también han tenido lugar las presentaciones de los proyectos participantes y un networking entre los asistentes con el objetivo de compartir sus emociones al tiempo que veían sus miedos ante el reto de emprender y la ilusión por sacar su proyecto adelante.

Esta sesión colectiva se complementará con dos sesiones grupales más en el mes de septiembre, concretamente serán el destinado a dotar a los participantes de las últimas herramientas y técnicas de presentación de proyectos empresariales, y así, darle una visión actual de las necesidades del mercado, así como la referida al 'take action'.

Estas sesiones se complementarán con las sesiones individualizadas, donde los tutores mostrarán a los emprendedores las herramientas necesarias para el desarrollo de su proyecto empresarial.

Tras este camino formativo, llegará la presentación de proyectos ante un jurado compuesto por tres miembros designados por la organización, que elegirá a los tres mejores proyectos que tendrán un premio de 2.500 euros al mejor proyecto, 1.000 al segundo mejor proyecto y 500 euros al tercer mejor proyecto.

Inauguración de la octava edición

La inauguración del programa ha corrido a cargo de Javier Arriola secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Raúl de la Fuente Gil, diputado de planes provinciales, proyectos y cooperación técnica de la Diputación Provincial de Guadalajara y Mario Gamo, director de la oficina principal de Eurocaja Rural en Guadalajara.

El secretario general de la Patronal alcarreña puso de relieve la importancia que este programa tiene para que los proyectos puedan nacer, crecer o consolidarse de la mano de expertos, que sin duda les ayudaran a desarrollar sus ideas con mayores garantías de éxito. Al tiempo que recordó que “de este tipo de programas siempre se obtienen experiencias positivas”, por lo que ha animado a los participantes a aprovecharlo al máximo siempre con el compromiso de saber que ellos pueden hacerlo mientras que otros proyectos se han quedado a la espera.

Mientras que el diputado de planes provinciales, proyectos y cooperación técnica, Raúl de la Fuente, ha puesto en valor la colaboración y el compromiso de la diputación por apoyar a los emprendedores de la provincia.

Por su parte, el representante de Eurocaja Rural, como partner financiero del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, puso a disposición de todos los emprendedores, la red de oficinas de la provincia para ayudarles en las necesidades financieras, de cara a la puesta en marcha de los proyectos o ampliaciones de los mismos.

Además, Enrique Aranda, director técnico del CEEI Guadalajara, explicó el ecosistema Ecoinntech, creado y diseñado para buscar nuevas formas de afrontar los desafíos a los que se enfrenta el tejido empresarial ofreciendo soluciones que posibilitarán la transformación de la manera en la que interactúan las empresas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), ha avanzado este martes en un acto en Valladolid que “tardará más o menos” pero la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas la “van a ganar”.

La ministra se ha dirigido directamente a la nueva presidenta de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, la vallisoletana Ángela de Miguel - también presidenta de CEOE Valladolid - tras su oposición frontal a esta medida y le ha recordado que “los cambios no tienen que ser nominales”, sino que “tienen que servir para algo”.

Díaz ha considerado que el discurso de la nueva dirigente de Cepyme es “inaceptable en democracia” porque habla de ir en contra de la ley que puede ser aprobada en el Parlamento. “En democracia, señora Ángela de Miguel, manda la ciudadanía votando, no mandan las patronales, ese llamamiento a la insurrección, a la insumisión, no tiene cabida en democracia”, ha señalado la ministra de Trabajo.

La vicepresidenta ha pedido a la patronal que “respete a la ciudadanía que ha votado bien” en las últimas elecciones generales y asuma que no van a gobernar los empresarios, gente que “se está forrando”. “El llamamiento a la insurrección es muy grave”, ha sentenciado Díaz en su respuesta a De Miguel.

El lobby empresarial en contra de la reducción de la jornada laboral ya es público y directo. “Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas”, han pedido este miércoles las principales patronales del país, CEOE y Cepyme, en un comunicado conjunto. Lo han hecho además solo unas horas después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hiciera varios guiños a los empresarios, ofreciendo incorporar algunas de sus demandas a la norma, entre las que destaca abodar la reducción del “absentismo”.

“CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo”, han insistido los empresarios poco después de las palabras de Díaz, que también ha adelantado que está negociando en el ámbito parlamentario “correcciones” para “acompañar a las empresas” que tengan que aplicar mayores reducciones de horarios.

Los empresarios se dirigen directamente a las formaciones políticas para que la ley no salga adelante. “Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá una reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva”, apuntan CEOE y Cepyme.

Las patronales advierten de “una peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de precios” para los consumidores, así como perjuicios para las empresas y los empleos, aunque no los concretan. “Producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas”.

Acusan de “manipulación” a Trabajo sin datos

CEOE y Cepyme no solo no recogen el guante lanzado por Yolanda Díaz sino que cargan contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de “manipulación” por señalar en la memoria económica de la norma que los sectores de la agricultura, la hostelería y el comercio tienen mayores márgenes empresariales y beneficios que la media en los últimos años, “lo que les permite absorber un potencial incremento del coste laboral”.

El Ministerio de Trabajo reconoce en la memoria que estos sectores estarán también más impactados por la reducción horaria, porque tienen jornadas más largas. Pero, a la vez, recoge también esta otra foto de mayores márgenes y beneficios, que cifra a través del Observatorio de márgenes empresariales creado por el Gobierno, que han recogido un aumento de la brecha entre los beneficios de las empresas y los salarios desde la pandemia.

Trabajo apunta que, de media, los márgenes empresariales sobre ventas “en máximos desde 2009, habiéndose incrementado un 7% desde antes de la pandemia” y los beneficios –medidos por el resultado bruto de explotación– también “en máximos históricos”, con un aumento del 36% desde 2019. En la agricultura, los márgenes aumentaron un 36% y los beneficios, un 96% en ese periodo. En la hostelería, los aumentos son de un 35% y un 93%, respectivamente, y por último las cifras del comercio se sitúan en un 24% y 67%.

La CEOE y Cepyme, sin desmentir ninguna de las cifras de beneficios y márgenes, acusa al Ministerio de “manipulación” porque “perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio, muy afectados por la medida, al igual que otros, para asegurar que ésta es asumible”, dicen las patronales.

Acusan al Ministerio de incidir “en la línea habitual de estigmatización de la empresa” y destacan que estos sectores están afectados “por la escasez de perfiles profesionales”, con vacantes sin cubrir. Una realidad que en los sindicatos vinculan principalmente con los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en estas actividades. Además, destacan la desaparición de empresas, del 1,4% desde 2019 y que es más elevada en estos sectores: “el 1,6% en la Hostelería, al 4,8% en la Agricultura, Ganadería y Pesca y al 7% en el Comercio”. “Sumando estos tres sectores, se han quedado por el camino unas 25.500 empresas en los últimos cinco años”, denuncian.

“Instamos a los partidos políticos a que tomen en consideración estas cuestiones para evitar lo que será, sin duda, un grave error en materia de política económica que pagaremos empresas, ciudadanos y el país en su conjunto”, zanjan los empresarios.

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, avala al empresario gallego y exdirigente del Partido Popular César Blanco, afectado por una investigación de Hacienda, y parte del equipo de la nueva presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. “Nosotros lo que avalamos es al candidato que teníamos aquí. Los temas de Hacienda los tendrá que resolver la propia empresa. Creo que en ese sentido los servicios jurídicos de la propia empresa están trabajando sobre ello y creo que todo es muy legal, según las informaciones que tenemos en esta casa”, ha afirmado Vieites, a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

En este sentido, ha precisado que lo que avala la patronal gallega “es al candidato” que ha “puesto allí, en Cepyme, en defensa de los intereses ya no solo de la CEG, sino también de las provincias gallegas, porque llevaba el respaldo de todas ellas”. En concreto, elDiario.es publicó que la Agencia Estatal de Administración Tributaria investiga contratos adjudicados por la patronal CEOE a dos sociedades del empresario gallego César Blanco, miembro de la junta directiva de la patronal y exdirigente del PP de Ourense de José Manuel Baltar.

“Organización unida”

Al margen de esto, el máximo representante del empresariado gallego ha destacado que ve “fundamental” que Cepyme sea “una organización útil, unida, que defienda los intereses de los empresarios”. Por ello ha valorado “esa unión con la CEOE en las estrategias adecuadas para poder competir”, que ve también “fundamental”. “Ese es el trabajo que tiene que hacer la nueva presidenta”, ha apuntado. De Miguel era la candidata alternativa que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó y apadrinó para competir con Gerardo Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado.

Este jueves, en las declaraciones a los medios de comunicación previas a un acto sobre aranceles, Juan Vieites, que recibió hace 10 días a De Miguel para mostrarle su respaldo acompañado por el propio César Blanco y otros dirigentes de la CEG, la ha animado a trabajar a favor de la colaboración público-privada, el “consenso”, sobre “estudios bien confeccionados” y “siempre con el diálogo social con los sindicatos”.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Se puede decir algo más del genocidio que estamos viendo ante nuestras narices. ¿Alguien puede comprender cómo hay posturas supuestamente neutrales mientras Israel acaba con el pueblo palestino en Gaza? ¿A qué está esperando la Unión Europea para actuar? ¿Cuántos miles de asesinatos son necesarios para frenar la carnicería que está cometiendo Israel contra la población indefensa de Gaza? 

Mientras ocurre este vergonzoso desastre humanitario, en nuestro país seguimos dándole vueltas al problema de la vivienda. Este miércoles empezó Sima, el salón inmobiliario de Madrid. No os vamos a engañar, es el lugar donde queda claro que la vivienda se ha convertido en un negocio pudiente. Los participantes volvieron a proponer para solventar el problema de acceso a la vivienda más construcción y menos control de precios, es decir, lo que ya se ha probado que no funciona.  

El Gobierno sigue buscando fórmulas para tratar que los precios no se disparen, aunque de momento con poco éxito y con bastantes diferencias entre los socios del Ejecutivo. Esta semana, Sumar ha sumado sus votos con el PP para desbloquear en el Congreso la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada, con la posición contraria del PSOE.

El Ministerio de Vivienda sigue confiando en que se apliquen las zonas tensionadas de precios, que el PP rechaza en las comunidades autónomas en las que gobierna. La ministra Isabel Rodríguez anunció que su departamento está ultimando una partida extraordinaria de 35 millones de euros para aquellas comunidades que hayan declarado zonas tensionadas o estén en proceso de hacerlo. Si no es con el palo a ver si con la zanahoria los gobernantes del PP deciden ponerse manos a la obra para acabar con el problema del acceso a la vivienda,

Sin embargo, donde hay un grave problema es en la utilización de la vivienda como producto turístico, ya que sigue siendo uno de los principales vectores para que los precios no paren de subir. El Banco de España ha publicado un informe en el que avisa de que las compras de los no residentes para uso vacacional agravan el problema de la vivienda. 

Ángel Gavilán director general de Economía y Estadística del Banco de España, destacó que la dificultad creciente para acceder a una casa en propiedad o en alquiler se está convirtiendo en “un cuello de botella para la actividad y el mercado laboral”, sobre todo en las capitales donde se concentra la mayor parte de los puestos de trabajo y en los principales destinos turísticos. 

Hay algunas acciones que sí pueden tener más impacto. El Ministerio de Consumo impuso a la plataforma Airbnb la retirada de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha enviado a la compañía tres resoluciones, al detectar decenas de miles de páginas que incumplen “diferentes normativas sobre viviendas de uso turístico”. Este Ministerio ya tiene respaldo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló una primera actuación de Consumo que obligaba a retirar anuncios de unos 5.800 pisos “de forma inmediata” en Madrid, Andalucía, Cataluña, Euskadi, Valencia y Baleares.

Este bloqueo de anuncios podría afectar a una de cada seis viviendas turísticas ofertadas en las principales plataformas en España. Los últimos datos estivales del Instituto Nacional de Estadística (INE) identificaron 397.000 viviendas anunciadas en Airbnb, Booking y Vrbo en agosto de 2024. En este enlace puedes saber si en tu calle hay una vivienda turística.

Hasta que no se solucione el problema del acceso a la vivienda, en algunas zonas no se debería permitir que los inmuebles se utilicen como un producto turístico. Para bajar los precios y que haya alquileres asequibles es necesario que el Gobierno regule con el objetivo de restringir al máximo los alquileres turísticos.  

El dato

17,1% de familias con niños

tiene riesgo de entrar en pobreza pese a que algunos de sus miembros tengan un empleo, según un informe de la ONG Save the children. La investigación revela una paradoja que también tira por tierra algunos de los axiomas neoliberales: el empleo como vía para salir de la pobreza. Ya no es así. Tener un trabajo en España no garantiza la capacidad para cubrir las necesidades básicas para vivir. La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella. Aquí te explicamos cuando tener hijos aumenta las dificultades para salir de la pobreza.  

El gráfico

Tras la imposición de unos requisitos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la insólita encuesta que propuso el Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell, el Ministerio de Economía tiene hasta el martes 27 de mayo para decidir si eleva al Consejo de Ministros su decisión final sobre la operación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siempre se ha posicionado contra la operación, pero el visto bueno de la CNMC complica su oposición. En caso de ser positiva habrá que ver si el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone más condiciones a la entidad que preside Carlos Torres. Desde el BBVA se espera que la última palabra la tengan los accionistas del Sabadell. La CNMC dictaminó que BBVA (con Sabadell dentro de su perímetro) no debía cerrar oficinas en 274 municipios y a mantener la presencia física en otros 49 municipios, de los 1.094 en los que tienen oficinas ambas entidades. Aquí tienes un mapa  de las localidades donde el BBVA se compromete a mantener sucursales si hay fusión con Sabadell.  

Entrepreneur

 “Prácticas corruptas y de colusión” en un proyecto en Vietnam. Este es el motivo por el que el Banco Mundial ha marcado un “periodo de inelegibilidad” hasta noviembre de 2027 para presentarse a sus convocatorias a nuestro entrepreneur de la semana, TPF Getinsa Euroestudios S.L. Según el Banco Mundial los hechos tuvieron lugar cuando TPF Getinsa Euroestudios era subcontratista en tres contratos firmados en Vietnam. En este enlace te contamos cómo esta ingeniería pasó de recibir el respaldo del emérito Juan Carlos I en Vietnam a un fraude por el que ha sido sancionado por el Banco Mundial.  

Cada vez que habla sube el pan

Yo soy muy inquieto, no me voy a quedar quieto

Gerardo Cuerva — ex presidente de Cepyme 

Se acabó la primera parte de uno de los culebrones de esta primavera. La candidata impulsada por la gran patronal CEOE, Ángela de Miguel, ganó las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, desbancando al actual presidente Gerardo Cuerva. De Miguel era la aspirante de Antonio Garamendi, líder de CEOE, cuyas diferencias con Cuerva, especialmente frente a políticas del Gobierno de coalición, se han hecho notar públicamente. La campaña se ha caracterizado por una dura batalla electoral entre ambas candidaturas que ha tenido su reflejo en una guerra encarnizada en los medios. La pelea ha sido brutal porque ambos candidaturas estaban muy igualadas, como el resultado final ha evidenciado: 246 apoyos a De Miguel frente a 216 votos a Cuerva. Con este resultado la tempestad no se ha apaciguado. Está por ver si se cierra así la división en las organizaciones de empresarios españoles o hay un intento de escisión, una vez que Gerardo Cuerva parece que no se resigna a dar un paso atrás. Ya ha advertido de que los resultados “no pueden obviar la sensibilidad que hay en la organización”. Aquí te explicamos cómo las elecciones en la patronal de las pymes puede desembocar en un cisma en la organización empresarial.

Bien Público

Hubo una época en España que la modernidad y el progreso se medía por el número de hipermercados que se abrían en las afueras de las ciudades. Fue el pequeño sueño de una clase media ávida de consumir: un gran centro donde al que había que llegar el coche que te permitía llenar la cesta de la compra para una o dos semanas. Hoy los hipermercados están languideciendo como formato comercial. Desde la pandemia, los híper han perdido terreno en favor de tiendas más pequeñas en los 'súper' de barrio. El último traspié del gran formato comercial ha llegado por la filial española del grupo francés Auchan, Alcampo, que anunció el cierre de 25 establecimientos y el despido de más de 700 personas. No es que haya cambiado mucho la locura consumista, pero en el siglo XXI se busca más la proximidad y la comodidad de tiendas más cercanas, tanto geográfica como personalmente. Ya sabes que en elDiario.es defendemos la compra en tiendas de barrio. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre la crisis del hipermercado: despidos y cierres que amenazan las tiendas de gran consumo. 

 Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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César Blanco, ex dirigente del PP de Ourense y miembro de la junta directiva de CEOE cuyos contratos con esta entidad investiga la Agencia Tributaria, ha cobrado de la patronal al menos 2,7 millones de euros por cursos de formación pagados con dinero público, según una relación de facturas a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Ex de la ejecutiva del polémico José Manuel Baltar en el PP de Ourense, Blanco se ha convertido en los últimos años en el campeón de las ayudas a la formación en España mientras tenía una empresa en el paraíso fiscal de Panamá que cerró tras destapar su existencia este medio.

elDiario.es ha accedido a 96 facturas emitidas a CEOE por G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, una de las empresas de Blanco (la otra es Moba Skill) sobre las que la AEAT pide explicaciones a la patronal. Emitidas entre octubre de 2022 y el pasado 12 de febrero, suman 2.761.776,3 euros, exentos de IVA, en fondos públicos del plan de formación estatal gestionados por CEOE.

Junto a cursos de pequeño importe sobre “inteligencia emocional” (3.209.69 euros), “el papel de los recursos humanos” en la negociación colectiva (5.000 euros) o “prevención y actuación frente al acoso en el ámbito laboral” (11.475 euros), sobresalen tres facturas emitidas entre julio de 2023 y junio de 2024: 1.575.270,8 euros por una acción formativa sobre “Operaciones Auxiliares con Tecnologías Digitales” financiada con el Plan de Recuperación. El mayor pago, 657.927,04 euros por la “liquidación” de este servicio, es del pasado 4 de junio.

Sin transparencia

CEOE, que está sujeta a la Ley de Transparencia, no aclara cuántos contratos con fondos públicos ha adjudicado a Blanco. El importe recibido por G12 podría superar esos 2,7 millones, a tenor de una carta que la empresa remitió a CEOE en mayo de 2024 a petición de su auditora, Auren.

En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, GDoce pidió a la patronal que confirmase “el saldo que presentaba su cuenta con nosotros al 31 de diciembre de 2023, que según nuestros libros era de 701.239,53 euros a nuestro favor. El volumen de operaciones realizado con ustedes ha ascendido a 1.438.383,21 euros”, frente a los 1.351.520,78 euros que suman 29 facturas emitidas en 2022 y 2023 en poder de este medio.

La parte mollar de esos 2,7 millones son por ese plan de formación en digitalización que la CEOE adjudicó a G12 en 2023. Un acta de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de la patronal señala que el contrato fue uno de los “conflictos de interés” que analizó ese órgano, presidido por Alejandra Kindelán, vicepresidenta de CEOE y presidenta de la patronal bancaria, en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2023.

“En ninguno de los casos expuestos las personas que podrían tener un conflicto de interés han intervenido en la contratación”, dice el acta, que recoge que la patronal “debe impartir una formación que ha decidido dividir en 3 lotes diferentes para promover la competencia entre las empresas invitadas”: G12, Telefónica Educación Digital, QE Data, Método Consultores y Norwech Networks.

G12 presentó oferta para el lote 1, “la formación más básica de 30 horas con un máximo de 18.750 participantes. Tras la recepción de las ofertas, el Departamento de Formación ha propuesto adjudicárselo a G12 por el importe máximo de 1.834.587 €, si bien, en todo caso, la cantidad final a abonar dependerá del número de alumnos que finalmente formen”.

En presencia de Kindelán y los presidentes de Confemetal, José Miguel Guerrero, y la patronal de la construcción Seopan, Julián Núñez, y con José María Campos, responsable de Compliance de CEOE, como “invitado”, el secretario general, José Alberto González Ruiz, “informa de que D. César Blanco es miembro de la Junta directiva [de la patronal] y es presidente de Doce Blar SL, propietaria del 100% de GDoce”. Este hecho fue “informado por el Departamento de Formación tanto al Compliance Officer” como al secretario general.

Para darle su visto bueno, Kindelán pregunta “si se ha seguido el procedimiento interno de contratación y compras, de pública concurrencia, con la recepción de las diferentes ofertas, etc… así como si la persona que suscita el conflicto de interés se ha inhibido en esta cuestión”. 

Se concluye que se siguió “el procedimiento establecido” y se eligió a G12 conforme a un “criterio técnico”. Tenía “los medios técnicos y económicos necesarios para poder realizar esta formación” y “no ha contado con ninguna información privilegiada para poder presentar la oferta más competitiva”. En una convocatoria anterior, dice el acta, “se presentó para impartir formación” y “no se le adjudicó”.

CEOE ya advirtió de un “posible conflicto de interés” en otro plan de “capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva” financiado con fondos públicos y adjudicado a G12 en marzo de 2022. La memoria justificativa del contrato dice: “En esta subcontratación puede haber un posible conflicto de intereses que puede surgir del hecho de que D. Cesar Blanco Gómez es miembro de la Junta Directiva de CEOE y tiene participación en la empresa a subcontratar”.

La oferta de G12, de 477.270 euros, se impuso por poco a las de Foro Formación y Ediciones SL (478.065 euros) y Estudios Mega SL (478.635 euros). Esta última, domiciliada en Vigo (como muchas empresas de César Blanco), la fundó Giovanni Giardina, con quien el ourensano montó en 2012 la Fundación para la Competitividad (centrada en el mundo de la formación profesional) junto a otro empresario del sector en Galicia, Jorge Evaristo Cuntín Rey.

Los tres administran una empresa dedicada a educación “universitaria”, Galicia Open Univ, radicada en Vigo y aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2017). Cuntín preside Método Consultores, invitada a esa licitación de 2023. También tiene su propia empresa en Panamá, Método Consultores Panamá.

Un portavoz de Blanco señala que “en el sector de la formación hay cientos de concursos y licitaciones al año en toda España” y “es habitual presentarse en asociación con otras empresas del sector, con las que a veces se compite y otras veces se colabora”. “Ocurre también en otros sectores”.

Añade que “todos los servicios de formación realizados para la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los rigurosos controles internos de la CEOE y la normativa vigente. Estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”.

“Los estatutos y normas internas de la CEOE no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus miembros, unos procedimientos que en esos casos son reforzados, examinando en las comisiones correspondientes si hubiera algún tipo de conflicto de intereses. En ningún caso de los concursos adjudicados se detectó conflicto de interés”, asegura.

G12 afirma que “la adjudicación de concursos por parte de la CEOE es un reflejo de la alta calidad de los servicios prestados y la profesionalidad durante más de 30 años en el sector de la formación, donde somos referentes a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios a cientos de clientes públicos y privados”.

CEOE no comenta sus relaciones con el gallego, cercano al presidente, Antonio Garamendi, y miembro del comité ejecutivo de Cepyme. Blanco se alineó con la nueva presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, en la cruenta guerra electoral que el martes desbancó al hasta entonces presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, enfrentado a Garamendi.

Una guerra paralela a las pesquisas sobre empresas de Blanco de Hacienda, que en febrero solicitó a CEOE “información detallada y completa” sobre los servicios facturados en 2022 por sus sociedades Moba Skill Training SL y G12; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron”; relación de las facturas e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”.

Pastel multimillonario

Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. A las empresas de Blanco les toca un buen pico. Según datos del Ministerio de Hacienda, varias de sus sociedades copan el ranking de empresas con más ayudas públicas de España.

Firmas como G12, Moba Skill, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue o Clictic se han adjudicado en los últimos años unos 100 millones en subvenciones públicas y contratos. En paralelo a esta explosión de ayudas, Blanco reactivó en 2022 la firma panameña que creó en 2012 y administraba con sus hijos, disuelta en noviembre.

Presidente de la patronal de su “amada” Nogueira de Ramuin, donde fue concejal del PP (1999-2003), fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del anterior presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, hoy Moba Skill.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación, Blanco suma amplia experiencia en el inmobiliario. Presidió la patronal del sector en Vigo, donde tiene una franquicia de Re/Max. Su hijo Brais, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. La liquidaron en 2021.

Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo los relacionó con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta. “Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó a Faro de Vigo.

La batalla por el liderazgo de la principal patronal de pymes ha llegado a su fin este martes tras meses de duro enfrentamiento entre las cúpulas de CEOE y de Cepyme, dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. Ángela de Miguel, candidata de la CEOE, se ha impuesto en las urnas sobre Cuerva, lo que refuerza al líder de gran patronal, pero está por ver es si esto cierra la división en las organizaciones de empresarios españoles. Algo que no está tan claro, ya que Gerardo Cuerva parece que no se resigna a dar un paso atrás. “Yo soy muy inquieto, no me voy a quedar quieto”, advirtió a los medios de comunicación justo después de su derrota.

“Las urnas han hablado”, destacó Ángela de Miguel justo después de convertirse en la primera presidenta de Cepyme, lo que la sitúa como la máxima representante de las pymes españolas en las mesas de diálogo social. Los resultados fueron muy ajustados: 246 votos a favor de De Miguel, el 52,7% de los votos emitidos, frente a los 216 apoyos para Cuerva, el 46%. Si se tiene en cuenta la totalidad del censo, de 505 vocalías, la candidata de la CEOE logró casi el 49% de los apoyos posibles y Cuerva, tras dos mandatos al frente de Cepyme, el 42%.

Gerardo Cuerva se aferró precisamente a este resultado en sus declaraciones a los periodistas. “No puedo obviar la sensibilidad que hay en la organización”, apuntó Cuerva, destacando “un 45%” de los votos a su favor. “Ahora es momento de reflexionar”, sostuvo el empresario granadino, que afirmó que va a trabajar “donde me digan los empresarios” y que “siempre” trabajará por las pequeñas y medianas empresas. “Tengo muchos proyectos vitales”, advirtió el granadino y añadió que seguía “creyendo en las organizaciones empresariales”.

Estas declaraciones abren varios posibles escenarios. Pueden quedarse en una simple reivindicación del recién destituido dirigente empresarial y candidato que rozó la reelección este 20 de mayo, pero que finalmente perdió por un puñado de votos. 30 para ser más exactos. O sus palabras pueden anticipar un nuevo capítulo en la división abierta en las patronales, en la que habría que ver si Gerardo Cuerva sigue con su carrera por el poder empresarial dentro de CEOE y Cepyme o si, ante su derrota en estos comicios, el granadino opta por un proyecto fuera de estas organizaciones.

En estos momentos, las entidades Pimec y Conpymes están ganando peso en los medios de comunicación y con el Gobierno, que les está dando más presencia institucional. Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez se reunió hace unos días en la Moncloa con sus dirigentes, en plena batalla por los comicios de Cepyme, y el Ministerio de Trabajo ha incorporado a Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, una decisión que la CEOE ha impugnado en los tribunales.

La CEOE defiende la “unidad” y la victoria del “cambio”

Mientras en la CEOE destacan el resultado final, negro sobre blanco, que ha dado la victoria a su candidata, Ángela de Miguel. “Queremos un cambio. Una Cepyme más útil, que trabaje desde la unidad. Insisto: unidad. Hoy empieza esta nueva etapa y toca mirar hacia el futuro”, subrayó la empresaria vallisoletana tras alzarse con la presidencia de Cepyme. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, también reivindicó este martes que llega un “momento disruptivo” en Cepyme, de cambio, unidad y destacó la “lealtad” de Ángela de Miguel: “Esa lealtad que nos tenemos en la CEOE entre todos”. 

Pese a la victoria por la mínima, en la CEOE se han mostrado este martes muy contentos. Durante el escrutinio, la tensión era palpable en el auditorio Rafael del Pino en Madrid, lo que dejaba en evidencia que la elección estaba muy ajustada y la importancia de estos comicios. No solo para Cepyme, sino también para CEOE y su líder, Antonio Garamendi, que lanzaron una candidatura alternativa a Gerardo Cuerva y que, por lo tanto, tenían también un papel protagonista en estas elecciones.

La victoria de De Miguel se interpreta como un respaldo a Antonio Garamendi frente a Cuerva, que le ha tildado de “sumiso” frente al Gobierno y ha centrado gran parte de su campaña en situarse como un líder más combativo y político, escorado en la derecha de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del PP de Madrid. La derrota de Ángela de Miguel, en cambio, de haberse producido, preveía problemas para el empresario vasco al frente de la gran patronal, con algunas voces que pronosticaban que Cuerva podría disputarle el puesto en las próximas elecciones de la CEOE, previstas para el año que viene. Ese escenario no se ha producido.

Garamendi ha sostenido que la división en las patronales se ha cerrado este martes tras los comicios, ante las preguntas de los periodistas por el estrecho margen de la victoria. “La correlación de votos en Cepyme es muy diferente a la representatividad”, advirtió el presidente de CEOE y destacó que en la lista del Comité Ejecutivo de Ángela de Miguel “está representada la gran mayoría de las pymes de este país”, con un mayoritario apoyo de las patronales territoriales.

“Mañana es evidente que estamos todos juntos, se ha demostrado siempre en esta casa, que tenemos diferencias cuando hay que hablar de proyectos, de debates de los próximos cuatro años. Creo que es un debate ya cerrado, donde todo el mundo va a estar a una, en Cepyme, todos con Ángela, y también en CEOE”, argumentó el presidente de la gran patronal.

Por su parte, Ángela de Miguel también ha reivindicado la “unidad” en el futuro de Cepyme y las organizaciones empresariales. “Cepyme somos todos y estoy segura de que estaremos todos trabajando”, defendió la empresaria vallisoletana tras ganar los comicios, que han tenido una participación en las urnas de más del 90% del censo. “Creo que Cepyme sale reforzada y lo demostraremos día a día”, sostuvo la nueva presidenta de la patronal.

La empresaria Ángela de Miguel ha ganado este martes las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, desbancando así al actual presidente Gerardo Cuerva. Por la mínima, con un ajustado resultado: 246 apoyos a De Miguel frente a 216 votos a Cuerva, solo 30 de diferencia. La vallisoletana fue la candidata impulsada por la gran patronal CEOE, cuyo líder, Antonio Garamendi, se había ido distanciando de Cuerva y cuyo enfrentamiento se ha saldado con una dura batalla electoral entre ambas candidaturas y una guerra encarnizada en los medios, algo inédito en la patronal.

“Las urnas han hablado. Queremos un cambio. Una Cepyme más útil, que trabaje desde la unidad. Insisto: unidad. Hoy empieza esta nueva etapa y toca mirar hacia el futuro”, ha afirmado Ángela de Miguel tras su elección como presidenta de Cepyme, la primera mujer que ocupa este cargo de representación de las empresas y que se sentará como máxima responsable de las pymes en la mesa del diálogo social con el Gobierno y los sindicatos. De Miguel ha agradecido a Gerardo Cuerva y su equipo su labor en los últimos seis años. “Ya sois parte de la historia de Cepyme”, ha anotado.

“Este es nuestro momento, el de una nueva Cepyme, más útil y más unidas. Es el momento de las pequeñas y medianas empresas, que recuperen su protagonismo”, ha defendido De Miguel, que ha acusado a la dirección de Cuerva de abandonar a las empresas.

Durante el escrutinio, pasadas las dos y media de la tarde en el auditorio Rafael del Pino en Madrid, la sala era un murmuro continuo, repleta caras de incertidumbre de los representantes empresariales, que no tenían claro quién saldría ganador de estas elecciones. “Hoy no es fácil saber quién va a ganar”, decía una de las concurrentes. “Empate, ¿os imagináis? Se va a decidir en los penaltis”, decía otro de los asistentes entre risas.

Tras mucha expectación y a la espera del resultado, caras largas: “Que repiten el recuento”. Otro rato de espera y, ahora sí, sonrisas en el entorno de CEOE y la candidatura de Ángela de Miguel, entre ellos Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que ha acudido como vocal a votar como miembro de Confemetal. “Han ganado”, corría de oreja a oreja en las butacas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha felicitado a De Miguel por su nuevo liderazgo de Cepyme y ha dado también su “agradecimiento a Gerardo Cuerva por su labor estos años”. “Seguiremos trabajando juntos para reforzar el papel de nuestras pymes en la economía”, ha escrito el ministro en un mensaje publicado en X (antes Twitter). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha felicitado a De Miguel: “Quiero desearle los mejores aciertos a Ángela de Miguel, nueva presidenta de CEPYME. Espero que nos sigamos encontrando en el diálogo social, en la defensa de nuestras pequeñas y medianas empresas y en seguir mejorando los derechos laborales. ¡Toda la suerte!”, ha escrito en Bluesky.

Denuncia de “presiones” y “guerra sucia”

Los dos candidatos han llegado a la fecha de los comicios, este 20 de mayo, asegurando que sumaban los apoyos para ganar. Por un lado, bajo el paraguas de CEOE, Ángela de Miguel contaba con el respaldo expreso durante la campaña de multitud de grandes organizaciones patronales, como la madrileña CEIM, la catalana Foment, la patronal de autónomos ATA y la patronal sectorial del metal (Confemetal) y de la construcción (CNC), entre otras.

Por otro, Gerardo Cuerva solo había logrado durante la campaña el apoyo público del Colegio General de Gestores Administrativos, que explicaba por las “presiones” de las que acusó a CEOE y que, según el candidato granadino, estaban impidiendo que algunas organizaciones afines a su candidatura expresaran públicamente su respaldo. A la luz de los resultados de las elecciones, Gerardo Cuerva contaba con muchos apoyos silenciosos, pero finalmente no se han impuesto con una mayoría.

Desde el equipo de Gerardo Cuerva se situaba como clave para su victoria el voto presencial y secreto, frente a la delegación de voto (que permite que una persona reúna el voto de otros vocales y que supuso una propia batalla en la campaña electoral), para huir de estas supuestas “presiones” de CEOE y también para recabar votos disidentes dentro de organizaciones que públicamente habían apoyado a Ángela de Miguel, como CEIM, entre otras. Tras conocerse los resultados, algunos miembros de la candudatura de Cuerva reflexionaban sobre qué hubiera pasado sin voto delegado. “Tal vez habríamos ganado, pero no vale de nada pensarlo”, apuntaban.

La empresaria Ángela de Miguel condenó a esta estrategia como una llamada al “transfuguismo” y un ataque a la democracia interna de cada organización. Además, durante la campaña ha denunciado la “guerra sucia” en los medios de comunicación contra varios cargos ligados a CEOE que han apoyado la candidatura de De Miguel. “De CEOE cero, nunca. Jamás de los jamases haremos cosas que se han visto y que tengo que condenar. No me gustan absolutamente nada, entrar contra personas, con difamaciones”, ha afirmado este martes Antonio Garamendi, presidente de CEOE, a la entrada al auditorio.

Una vez proclamada presidenta de Cepyme a De Miguel, el líder de CEOE ha destacado la “cualificación y ganas” de Ángela de Miguel para liderar la patronal de pymes. “Estoy encantado, va a ser una magnífica presidenta”, ha celebrado Garamendi, que ha dado por “zanjada” la división interna en las patronales que se ha visto durante estas elecciones.

En la elaboración de la lista para los Comités Ejecutivos de ambos candidatos quedó patente la división y las disidencias dentro de varias patronales que se han vistyo también en unos resultados electorales tan ajustados. Aunque varias patronales habían votado en sus órganos internos su respaldo a Ángela de Miguel, algunos de sus vicepresidentes figuraban en la lista de su contrincante, Gerardo Cuerva. Es el caso de dos vicepresidentes de la CEOE de Castilla y León, un vicepresidente de Confemetal y otro de la patronal de la construcción, CNC, entre otros. Cuerva sumaba además en su lista a los líderes de dos patronales autonómicas, CEOE Castilla-La Mancha y CEOE Cantabria, y a cargos de varias provincias, como Badajoz.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga contratos adjudicados por la patronal CEOE a dos sociedades del empresario gallego César Blanco, miembro de la junta directiva de la patronal y ex dirigente del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar al que puede calificarse como campeón en las ayudas a la formación: sus empresas se han adjudicado cerca de cien millones de euros en subvenciones públicas y contratos de diferentes Administraciones mientras mantenía una firma en Panamá.

El pasado 28 de febrero, la delegación de la AEAT en Canarias remitió un requerimiento a la CEOE que solicita información sobre sus relaciones con dos empresas de Blanco, Moba Skill Training SL y G12 Grupo Empresarial de Servicios SL. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, requiere a la patronal “explicación detallada y completa de los servicios facturados por estas entidades” a la CEOE; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron los servicios”; una relación en formato Excel de las facturas recibidas y copia de las mismas; e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”.

“La información anterior, se refiere única y exclusivamente al año 2022”, indica el requerimiento de Hacienda.

elDiario.es preguntó a CEOE por esta investigación y por el importe de los contratos que ha adjudicado a César Blanco en los últimos años. “No vamos a comentar nada”, señalaron desde la patronal.

Un portavoz de GDoce indicó que “todos los servicios de formación realizados por la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los controles internos de la CEOE y la normativa vigente”.

Según ese portavoz, “estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”; la Junta Directiva de la CEOE la forman “más de 200 personas” y los estatutos y normas internas de la patronal “no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus directivos. De hecho, por ser miembro de la Directiva, en estos casos pasa por un proceso reforzado de idoneidad”. 

Las contrataciones, añadió este portavoz de la empresa de Blanco, “se rigen por el Código Ético” y de Buen Gobierno de la CEOE; “en caso de que hubiera conflicto de intereses, son los órganos internos los que dirimen cada caso”.

“En ningún caso de los concursos adjudicados por GDoce y Moba se detectó conflicto de interés”. “Si GDoce y empresas de su grupo han sido adjudicatarias de contratos de formación no es por casualidad, pues son referente a nivel nacional, con más de 40 años en el sector, ofreciendo sus servicios a cientos de clientes públicos y privados en toda España”.

Pastel multimillonario

Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. Este martes, el Consejo de Ministros autorizó destinar 2.572 millones para Políticas Activas de Empleo (PAE), que se distribuirán entre las comunidades autónomas próximamente. Por primera vez se van a priorizar fondos para la formación en algoritmos, inteligencia artificial o formación de catástrofes.

De ese pastel a las empresas de Blanco les toca una parte relevante, a tenor del último listado de empresas más subvencionadas de España que publica el Ministerio de Hacienda. elDiario.es reveló en septiembre que varias de sus sociedades copan el ranking de empresas que más ayudas públicas recibieron en 2023, último ejercicio disponible.

Hasta ese año, varias de sus sociedades (GDoce, Moba Skill y otras como Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue, Clictic…) acapararon al menos 86 millones en subvenciones a la formación, más otros 10 millones en más de 210 adjudicaciones de distintas Administraciones desde 2018. Entre sus clientes está también la patronal CEOE, como revela ahora esta investigación de la Agencia Tributaria.

En paralelo a esta explosión de subvenciones, Blanco reactivó en 2022, el año sobre el que pide explicaciones el Fisco a la CEOE, una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá que creó en 2012 y administraba con sus hijos. Según consta en el Registro Mercantil panameño, esa sociedad fue disuelta el pasado 18 de noviembre, dos años y medio después de reactivarse y tras destaparse su existencia.

“No fuimos a Panamá a montar una empresa offshore, sino una universidad que no fuimos capaces de arrancar”, explicó Blanco en una carta remitida a elDiario.es el 30 de septiembre, días después de conocerse las multimillonarias ayudas y contratos que reciben sus empresas.

El gallego, que durante semanas no atendió las llamadas de este medio, expresó en esa misiva su “sorpresa y malestar” por dos informaciones destinadas a su juicio “a levantar sospechas sobre mi actividad profesional, la de mi familia y la de cientos de colaboradores durante más de tres décadas de actividad”, “dañando gravemente la reputación de nuestras empresas y el trabajo de los 759 empleados que las hacen posible”.

“Mi trayectoria es la de un profesional apasionado por su trabajo, feliz por el éxito siempre frágil y parcial de sus empresas, comprometido con el mundo asociativo y empresarial de mi sector y, eso sí, alejado de los medios de comunicación que, en no pocas ocasiones buscan hacer del éxito empresarial, un permanente motivo de sospecha”, lamentó.

Su grupo, explicó, tiene presencia “en diez comunidades autónomas, con 28 centros formativos que responden de más de 2.000 contratos anuales públicos y privados, sin haber recibido jamás ningún apercibimiento por parte de las administraciones públicas. Solo el año pasado por nuestras aulas pasaron 70.000 alumnos y alumnas”.

Ahora la Agencia Tributaria investiga los contratos que la CEOE adjudicó a dos de sus empresas en 2022, cuando los Blanco reactivaron la sociedad panameña ahora disuelta.

El empresario, como explicaba en esa misiva, fue concejal por el PP en “mi amada Nogueira de Ramuin (1999-2003)”, en la Ribeira Sacra (Ourense) y cuya patronal local, Aenor, preside. Luego fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del ex presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y que fue condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora.

Blanco es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021, a elección de las organizaciones empresariales.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y mediante el procedimiento negociado sin publicidad la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, la anterior denominación de Moba Skill, ahora investigada por la Agencia Tributaria, y que Blanco creó en 2004 en Nogueira de Ramuin.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación Blanco suma amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. De hecho presidió la patronal del sector en esa ciudad, Asemi. 

Su hijo Brais Blanco, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021. Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo relacionó a ambos con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta.

“Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó esta empresaria a Faro de Vigo.

Miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, César Blanco es vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), que aspiró a presidir hace más de una década. Cercano al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es miembro del comité ejecutivo de la patronal Cepyme.

Blanco está alineado con la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel, en las elecciones del próximo 20 de mayo en la patronal de pymes. La presidenta de CEOE Valladolid aspira a desbancar al actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, admirador de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que lleva semanas en una encarnizada guerra por el poder en Cepyme.

El presidente de Cepyme y candidato a las elecciones presidenciales de la patronal de pymes, Gerardo Cuerva, ha presentado su lista para el Comité Ejecutivo que le acompañará en su candidatura en los próximos comicios de la Confederación, con un total de 24 nombres --incluido el suyo-- de los hasta 30 permitidos.

Entre ellos está el nombre de Ángel Nicolás, presidente de CECAM, la patronal castellanomanchega y María Soledad García, vicepresidenta de CECAM que está al frente de CEOE-CEPYME en Guadalajara.

Las elecciones se celebrarán el próximo martes 20 de mayo. Si vuelve a ser reelegido presidente en las próximas elecciones Gerardo Cuerva asegura que “desde el minuto uno” trabajará bajo el principio de unidad empresarial con CEOE, como “no puede ser de otra manera”, según recoge Europa Press.

Cepyme está integrada por 505 vocales representantes de 147 organizaciones de ámbito territorial y sectorial. De las vocalías, 230 pertenecen a las 56 organizaciones territoriales y las 275 restantes a las 91 organizaciones sectoriales.

Cuerva anunció hace unos meses que se presentaría a la reelección para presidir Cepyme, un cargo que ostenta desde 2019, tras relevar al actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Posteriormente, Cuerva fue reelegido presidente de Cepyme en 2021 con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo y con los avales de más de la mitad de las organizaciones miembro de Cepyme.

Su rival, la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel, cuenta con el apoyo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y es la candidata alternativa que el presidente de la CEOE estaba buscando para competir con Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado. La razón, según algunas fuentes empresariales, ha sido la actitud de Cuerva, que habría sido demasiado crítico con el Gobierno.

CECAM entrega sus premios anuales en una edición “especial”

Precisamente esta semana, el miércoles 14 de mayo, CECAM entrega sus XXII Premios Empresariales en un acto que se celebrará en la catedral primada de Toledo.

Es, según la organización empresarial una edición “especial”, ya que se van a entregar tanto los galardones correspondientes a 2025, como los de 2024. Aquella edición fue cancelada en octubre del pasado año debido a la DANA que dejó siete fallecidos en Castilla-La Mancha.

A dos semanas para las elecciones a dirigir Cepyme, que ha aflorado una guerra soterrada en la patronal española, hay una dura pugna para recabar –e intentar atar– los apoyos y votos por parte de ambos candidatos: el actual presidente, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, apoyada por la CEOE y su presidente Antonio Garamendi. Públicamente, De Miguel ha logrado el respaldo de multitud de organizaciones, frente a solo una de Cuerva, sin embargo en la campaña del actual líder de Cepyme advierten de una “clara victoria”, apoyándose en el “voto secreto” frente a su delegación, que tachan de “secuestro” o “incautación” de apoyos.

La campaña para las elecciones en la patronal de pequeñas y medianas empresas, que se celebrará el próximo 20 de mayo, empezó mucho antes de lo que marcan los tiempos formales. Prácticamente, desde que estalló en público el conflicto entre Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, que se ha plasmado en una guerra encarnizada en los medios de comunicación, con la denuncia de “guerra sucia” con filtraciones contra varios cargos de CEOE, y una división en la patronal española de la que se responsabilizan mutuamente.

En las últimas semanas, los dos candidatos han publicitado sus candidaturas en dos desayunos informativos, con multitud de críticas y ataques cruzados, y a la vez tratando de recabar el favor de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como protagonista inesperada en este enfrentamiento. Además, ha cobrado fuerza un rumor de que podría hablar un tercer candidato o candidata a las elecciones, pero por el momento no se ha confirmado ningún nombre.

Por un lado, la vallisoletana Ángela de Miguel, presidenta de CEOE en la región, denuncia el abandono de las pymes por la actual dirección y se presenta como una opción de “cambio” necesario en Cepyme que garantice la unidad de acción en la patronal, de la mano de CEOE y ATA, una vez perdida esta afinidad con Cuerva. En el otro bando, Gerardo Cuerva hace bandera de su independencia al “aparato” de CEOE, al que acusa de “presiones” en su contra, y se sitúa como una figura más combativa contra el Gobierno de coalición, sin “complejo” a posicionarse políticamente con los postulados más conservadores.

Los dos empresarios están invirtiendo y peleando por el discurso y la promoción de sus candidaturas. Una muestra es que ambos han contratado equipos profesionales para impulsarlas: la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) en el caso de Ángela de Miguel y Gonzalo Garnica, hombre fuerte en CEOE durante décadas y que ahora asesora a Cuerva como director de su campaña, apoyado por la agencia Viewpoint para la comunicación.

Apoyos públicos frente a secretos

Como suele ser habitual en los procesos electorales, los dos candidatos aseguran que van ganando. “La suma de apoyos a Gerardo Cuerva hace pronosticar una clara victoria en la votación”, ha afirmado su director de campaña, Gonzalo Garnica, este miércoles por la mañana. “Eso lo sabemos porque hablamos uno por uno con todos”, añadía Garnica, que no ha facilitado el nombre, ni el número de apoyos ante las “presiones” de CEOE denunciadas por Gerardo Cuerva. El presidente de Cepyme de momento solo ha recabado un apoyo público: el del Colegio General de Gestores Administrativos.

Por la tarde, la candidatura de Ángela de Miguel ha difundido una lista de las personas que formarán parte de su comité ejecutivo. Con nombres y apellidos, y las organizaciones a las que pertenecen, de multitud de sectores y territorios, De Miguel ha reunido ya 27 miembros de su comité, una demostración de fuerza ya que la lista puede contener hasta 30 personas. “De Miguel liderará Cepyme para garantizar que las pymes están en el centro de la actividad económica y social”, dicen desde su candidatura.

Frente a los apoyos públicos de la empresaria vallisoletana, el equipo de Gerardo Cuerva sostiene que tiene el voto comprometido de muchas organizaciones que no se han posicionado públicamente, en territorios como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía o Extremadura, entre otras, y en multitud de sectores, como la construcción, el metal, la sanidad y la educación privadas, entre otros. Gonzalo Garnica dice que están trabajando en la lista del comité ejecutivo que acompañará a Cuerva. “Desde luego, no tenemos ningún problema para esas 30 plazas y muchas más”, afirma.

Además, los de Cuerva indican que también tienen apoyos disidentes dentro de las entidades que han decidido en sus órganos internos el voto a la candidata de la CEOE. En concreto, recuerdan que la patronal madrileña CEIM ha anunciado el voto a Ángela de Miguel “por mayoría”, no por unanimidad. “Interpretamos que hay una minoría que es partidaria de Cuerva”. Con los mismos términos “de mayoría” han mostrado su respaldo a la candidata de CEOE la patronal del metal Confemetal o la de la construcción CNC, por ejemplo.

Esos anunciados apoyos secretos, si bien no permiten a Cuerva sacar músculo de sus respaldos, también han situado una idea de gran incertidumbre sobre los comicios y de incógnita sobre el apoyo “real” de cada candidatura. Hay tantas dudas que en muchas patronales no quieren enemistarse con ningún bando, porque no tienen la seguridad de cuál será el ganador.

La delegación de voto: clave para el voto disidente

En este contexto, hay un elemento clave de cara a los comicios del día 20 de mayo: la delegación de voto. Con esa mirada puesta en el voto disidente y en contra de la candidatura apoyada por CEOE, en el equipo de Gerardo Cuerva insisten en la conveniencia del voto presencial, “libre y secreto”, frente a la delegación de voto, una opción que intentó tumbar Cuerva –sin éxito ante la oposición frontal de CEOE y miembros de Cepyme–.

“Las organizaciones son libres de nombrar como vocales a quienes le dé la gana. Una vez nombrados, creo que lo que no se puede hacer es incautarles, secuestrarles, o obligarles a delegar el voto”, ha afirmado este miércoles Garnica sobre la delegación de voto. “¿Mejoran las expectativas de voto de Cuerva si el voto es secreto? Sí, por supuesto”, reconocía el director de la campaña de Cuerva.

La delegación de voto permite el control de más votos en manos de un determinado vocal, lo que en el equipo de Cuerva consideran que juega en favor de CEOE, del “aparato”, no solo por el poder de ser la gran patronal, sino también por la dependencia económica de muchas organizaciones de la “casa madre” de los empresarios.

Fuentes patronales de ambos bandos reconocen que la victoria se esclarecerá seguramente el propio día 20 de mayo, sin esperanzas de que haya un acuerdo de candidatura única antes. Si gana De Miguel, se pondría fin a la guerra entre las cúpulas de Cepyme y CEOE. Si gana Cuerva, aunque el granadino ha prometido “unidad”, muchas voces prevén que el empresario inicie una nueva campaña: para desbancar a Antonio Garamendi de la presidencia de CEOE.

Defensa “sin complejos” del “liberalismo” como ideología de la mano de Isabel Díaz Ayuso y críticas a la “sumisión” ante el “Gobierno más hostil” contra las empresas. Así ha presentado este lunes Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, su candidatura para intentar revalidar su cargo. En plena guerra con la dirección de la gran patronal, CEOE, que dirige Antonio Garamendi y que ha impulsado otra candidatura, la de la empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, Cuerva ha denunciado multitud de “presiones” de CEOE, pero también “múltiples” del Gobierno en su contra. “Me quieren cortar la cabeza”, ha afirmado.

El empresario granadino ha lanzado su candidatura a las elecciones de Cepyme que se celebran el próximo 20 de mayo en un desayuno informativo en la capital de Nueva Economía Fórum, como hizo Ángela De Miguel hace dos semanas. Cuerva ha tildado a la candidata “funcionario al servicio y las órdenes” de Antonio Garamendi y la CEOE y ha pedido el voto de las pymes si apuestan por la independencia y sus “principios”.

Cuerva, ha sido presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en una protagonista inesperada de la campaña y del enfrentamiento en las patronales. Ayuso, sin mostrar su apoyo expreso al presidente de Cepyme, ha celebrado el trabajo de Cuerva en defensa de las pymes y ha cargado contra el Gobierno por multitud de cuestiones, como el apagón, las demoras en el AVE por el sabotaje de este fin de semana o la ley para reducir la jornada laboral, entre otras. “Se la necesita mucho, ahora más que nunca”, ha dicho Ayuso sobre la pequeña y mediana empresa.

Contra la “sumisión” y la “neutralidad ideológica”

“Durante estos días han sido muchos los que me han advertido sobre este desayuno, alertándome sobre su carácter político y recomendándome que no hiciera ningún pronunciamiento de tipo político”, ha afirmado Gerardo Cuerva, que ha criticado a quienes confunden la “neutralidad política” con la “neutralidad ideológica”.

“Si es evidente que las organizaciones debemos ser apolíticas, no unirnos a ningún partido, ni hacer seguidismo por unas siglas, también lo es que no podemos renunciar a nuestra ideología, que es la del liberalismo. La empresa sólo prosperará, el empresario solo podrá iniciar, desarrollar su actividad y hacer que progrese, sobre la base del liberalismo”, ha sostenido Cuerva.

El presidente de Cepyme ha criticado en cambio la “sumisión” ante el “Gobierno más hostil” para la iniciativa privada, en clara referencia a la CEOE. “Nadie puede pedirnos que, en aras de una mal entendida institucionalidad, aceptemos de buen grado doctrinas intervencionistas, sin crítica, sumisamente”, ha indicado.

Ahora “no firmaría” la reforma laboral y llamada al “voto secreto”

Cuerva ha afirmado que ha intentado defender “la independencia” de Cepyme dentro de CEOE y sus “principios” y ha asegurado que por ello quieren cortarle “la cabeza”. El líder de Cepyme ha señalado directamente a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, por “presiones” para que no presentara su candidatura, así como para que otras organizaciones empresariales den su apoyo a Ángela de Miguel. “No lo han conseguido”, ha afirmado sobre su renuncia y ha explicado que se presenta a revalidar el cargo por “responsabilidad” con sus principios.

Como muestra de esa voz disidente y más confrontada con el Gobierno, Gerardo Cuerva ha afirmado que hoy en día “no firmaría” la reforma laboral. “Me alineraría con Miguel Garrido y con CEIM (patronal madrileña)”, ha dicho el presidente de Cepyme, que pactó la legislación, pero se desmarcó públicamente de ella en una entrevista en El Mundo. “Ese mal entendido buenismo y respeto institucional nos lleva a tomar decisiones erráticas para el mundo empresarial”, ha sostenido.

Aunque por el momento los pronunciamientos públicos de las organizaciones empresariales se han decantado mayoritariamente por la candidatura de Ángela de Miguel, Gerardo Cuerva ha apelado al voto secreto para apoyar “su proyecto”. “Votad en conciencia, de forma secreta y personal”, ha animado Cuerva. “Poned el voto en aquella Cepyme/CEOE que queráis para el futuro”, ha rematado al final, en un mensaje que alimenta las visiones que ven al granadino como un posible rival de Antonio Garamendi para dirigir la gran patronal en caso de que gane los comicios de Cepyme.

Lluvia de ataques y críticas en la presentación en Madrid de la candidata de la CEOE a liderar Cepyme, la empresaria Ángela de Miguel, que pretende desbancar al actual líder de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, en una guerra encarnizada entre las organizaciones empresariales sin precedentes. En presencia de Cuerva, De Miguel ha criticado la “debilidad” de Cepyme y ha afirmado que “las pymes se sienten abandonadas”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “un cambio”. También se ha referido a la “guerra sucia” contra su proyecto, cargado con dureza contra el Gobierno y repartido multitud de elogios a Isabel Díaz Ayuso, una protagonista inesperada de esta batalla.

La empresaria vallisoletana, actual presidenta de CEOE-Cepyme Valladolid, abogada de profesión, ha protagonizado un duro desayuno informativo en la capital, organizado por Nueva Economía Fórum. De Miguel ha insistido en que en la actualidad hay una “Cepyme débil”, que ha afirmado que está lastrando a otras organizaciones: la gran patronal, CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, y la de autónomos ATA, liderada por Lorenzo Amor.

Como ejemplos, la empresaria ha dicho que CEOE, Cepyme y ATA forman una “banqueta de tres patas” y “una pata no engancha bien”, en referencia a la organización que lidera Gerardo Cuerva. También: “Somos un ecosistema, cuando desaparece un insecto al final eso repercute en el depredador. Nos necesitamos todos y nos necesitamos todos fuertes”.

Ante las voces que culpan a la dirección de CEOE del “abandono” de las pymes, por su mayor inclinación a las empresas de mayor tamaño, Ángela de Miguel ha afirmado que las empresas señalan “a quien conocen”, a Antonio Garamendi o a Lorenzo Amor, con un claro señalamiento a Cuerva por no estar presente o no ser conocido siquiera entre en tejido empresarial. Gerardo Cuerva, que ha dado unas declaraciones a los medios de comunicación al final del acto, no ha querido entrar a las críticas a su gestión, que ha recordado que no recae solo en su persona, sino en un equipo.

De Miguel ha sostenido que hace falta una “Cepyme fuerte”, para la que se ha comprometido si es elegida como presidenta de la patronal de pequeñas y medianas empresas. “Queremos una Cepyme muchísimo más reivindicativa, muchísimo más fuerte, muchísimo más unida y más útil. Los empresarios lo que queremos es ser útiles. Para eso tenemos que ser una voz, con un discurso duro, pero eso no es suficiente. Hay que estar 365 días reivindicando, con una lluvia fina con reivindicaciones, siempre presente”, ha sostenido.

La abogada y empresaria de Valladolid también se ha referido a la “guerra sucia” contra su candidatura y la “desinformación”, por las noticias que se han publicado contra varios cargos de CEOE que apoyan su elección. “No todo vale”, ha lamentado Ángela De Miguel, que ha animado a sus apoyos a que sean “valientes”: “La guerra sucia os está llegando a muchos”.

El líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha lamentado “que hubiese” una guerra sucia durante la campaña electoral, que ha afirmado que perjudica a todos, por lo que ha llamado a “una responsabilidad máxima” y el “respeto a las personas y al trabajo de cada uno”. “Ojalá sea una campaña constructiva, para construir una mejor Cepyme. Destesto el horror de una campaña sucia, jamás puede estar presente en unas elecciones”, ha sostenido Cuerva, que pretende presentar su candidatura en otro desayuno el próximo 5 de mayo, 15 días antes de los comicios, que se celebrarán el próximo día 20.

Críticas al “intervencionismo” del Gobierno y alabanzas a Ayuso

Las críticas directas al Gobierno de coalición progresista también han sido protagonistas de la presentación de Ángela de Miguel, que ha calificado al Ejecutivo de “hostil” con las empresas y en concreto con las pymes. Presentada por Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, el empresario ha sido el encargado de lanzar los ataques más duros contra el Gobierno.

Garrido ha criticado el “infierno fiscal” que viven las empresas por los impuestos y las cotizaciones sociales, el “intervencionismo asfixiante” del Gobierno y lamentado la reducción de la jornada a las 37 horas y media a la semana que pretende aprobar Trabajo, que ha asegurado que perjudicará a las empresas. Citando el dicho de que “la fiesta siempre la pagan los mismos”, Garrido ha llegado a afirmar de que los impuestos financian las “fiestas” y “las orgias”.

Ángela de Miguel ha afirmado que la situación actual es “dramática” y que compartía “cada una de sus palabras”. “Las pymes no pueden soportar tanta intervención”, ha afirmado sobre la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que todas las empresas tengan un delegado de prevención. “El Gobierno no nos está ayudando absolutamente nada”, ha concluido la vallisoletana.

Por contra, Miguel Garrido y Ángela de Miguel se han deshecho en halagos y alabanzas para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región. El presidente de CEIM ha sostenido que “no es casualidad” que la Comunidad de Madrid sea la región que más crece, “ni consecuencia de la capitalidad, sino fruto de unas políticas adecuadas”. De Miguel ha agradecido a Ayuso “su política económica”, que ha considerado responsable de que “Madrid sea foro y polo de atracción de las empresas”.

Al ser preguntada por la igualdad en las direcciones de las patronales y empresas, Ángela de Miguel ha afirmado que ella estaba en su posición “como persona, no como mujer” y ha considerado que hay muchos ejemplos y “normalidad” en el liderazgo de mujeres en empresas y en gobiernos. Como ejemplo, ha vuelto a alabar a Ayuso. “Una presidenta de la Comunidad, que lo hace muy bien y no es por ser mujer, sino porque lo hace francamente bien y nos gustaría esa política para el resto de España”, ha afirmado la empresaria.  

Nuevo frente de conflicto entre organizaciones empresariales. La patronal CEOE ha impugnado ante los tribunales la entrada de la catalana Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, que ordenó recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La organización dirigida por Antonio Garamendi ha pedido a la Audiencia Nacional medidas cautelares con el objetivo de parar la ejecución de esta orden, que implicaría la cesión de uno de sus asientos en el órgano consultivo en favor de la organización empresarial catalana.

La petición ante la Audiencia Nacional, adelantada por La Vanguardia y que confirman fuentes de CEOE a elDiario.es, supone la ampliación de un recurso previo presentado en 2024 contra la regulación del nombramiento de las vocalías de esta Comisión Nacional de Convenios Colectivos, el procedimiento por el que ahora el Ministerio de Trabajo da entrada a la organización liderada por Antonio Cañete a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos.

La entrada de Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema dentro de este órgano consultivo. Por ejemplo, con vistas a quién representa a las pymes en otros órganos como el Consejo Económico y Social (CES) y la mesa de diálogo social estatal, en la que el Gobierno negocia leyes y consulta sus políticas. Ahora ocupan sus asientos las patronales CEOE y Cepyme, cuyas direcciones mantienen en estos momentos una guerra encarnizada.

En Pimec, como explica en esta entrevista su presidente, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. En la gran patronal, por el contrario, defienden que Pimec no cuenta con la representatividad necesaria a nivel estatal para formar parte de este y otros órganos nacionales.

Fuentes de Pimec consideran “sorprendente y preocupante que una organización como la CEOE, en lugar de aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad, recurra a la vía judicial para bloquearla”.

Un nuevo reparto de asientos inminente

“Se han pedido medidas cautelares para parar la ejecución de la orden hasta que se resuelva”, explican en la CEOE a este medio. La orden firmada por Yolanda Díaz, y publicada en el BOE este mes, cesó a los vocales de CEOE y Cepyme de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos e instó a un nuevo reparto de los asientos entre las tres organizaciones empresariales. Hay seis vocalías ocupadas por las organizaciones empresariales (cinco de CEOE y una de Cepyme).

El Ministerio dio diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías. Si pasado ese plazo no hay acuerdo, la encargada del reparto es Dirección General de Trabajo, que debe determinar el número de personas que corresponde proponer a cada organización, para que en el plazo de diez días estas comuniquen quiénes son los titulares y suplentes propuestos para su nombramiento.

El recurso de CEOE ante los tribunales trata de frenar así esta nueva asignación de asientos en el órgano consultivo hasta que la Audiencia Nacional resuelva sobre el recurso presentado. En Pimec subrayan su voluntad de “dialogar y alcanzar consensos”, por lo que propusieron abrir una negociación con CEOE y Cepyme para acordar “un reparto más justo de las vocalías y evitar que las grandes empresas concentren cinco de las seis plazas disponibles”.

La organización catalana sostiene que “las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y el 70% del empleo y su voz no puede seguir siendo ignorada en órganos donde se deciden cuestiones clave como los convenios colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.