“Abusadores sexuales”, “colapso de servicios” y “fraude electoral”: los bulos de PP y Vox contra la regularización de personas migrantes

“Se va a regularizar a un inmigrante que ha delinquido, ha abusado de una mujer, ha robado a un ciudadano, que ha incumplido varias veces la legislación española”. La frase la pronunció este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es una más de las muchas falsedades difundidas por el primer partido de la oposición y por Vox desde que el Gobierno anunció un proceso extraordinario para legalizar la situación de alrededor de medio millón de personas que viven y trabajan en España de forma irregular.

Feijóo mezcló dos ideas distintas para dar forma a la falsedad sobre la regularización de delincuentes. El líder del PP suele referirse habitualmente a que el Gobierno no exigirá un “certificado de antecedentes policiales” a las personas que apliquen para el proceso. Porque el real decreto pedirá “un certificado de antecedentes penales”, es decir, de condenas firmes contra una persona, no el de antecedentes policiales, que ni siquiera existe formalmente.

Lo que sí existen son registros policiales donde, dependiendo del cuerpo, figuran investigaciones que no necesariamente han derivado en una condena. Es decir, que no está probado judicialmente que sean ciertas. 

Así, cualquier persona condenada por haber “delinquido”, “abusado de una mujer” o “robado a un ciudadano” sí verá denegada su solicitud. De hecho, el real decreto aprobado por el Gobierno no solo exige a las personas estar libres de antecedentes penales en España. También en su país de origen, lo que supone una traba antes que un beneficio para las personas que buscan legalizar su situación.

El Gobierno endureció la redacción inicial del decreto para eliminar la posibilidad de que los solicitantes hicieran una “declaración responsable” de no contar con antecedentes.

Los inmigrantes generan inseguridad

La afirmación de Feijóo entronca con una de las principales afirmaciones de las derechas contra los migrantes: que generan inseguridad. Tanto el líder del PP como el de Vox, Santiago Abascal, no han dudado en señalar expresamente a estas personas como potenciales ladrones, violadores y okupas. 

La realidad es que los niveles de delincuencia se mantienen estables en España pese a la continua subida de la población, especialmente de la extranjera. Es decir, cuando más personas viven en el país, y más procedentes de fuera, la relación de delitos por habitante se mantiene estable. Y solo porque los delitos informáticos se han disparado. Los llamados “convencionales” han bajado.

Sí se ha registrado un aumento considerable de las “agresiones sexuales”, pero solo desde que se aprobó la ley del ‘solo sí es sí’, que precisamente eliminó el tipo penal de “abuso” para subsumirlo en el genérico de “agresión”. Algo de lo que Feijóo no es consciente, según su propia frase.

Premio a los “ilegales” frente a los “legales”

PP y Vox suelen señalar que el Gobierno “premia” con esta regularización a quienes entraron en España de forma “ilegal” frente a quienes lo hicieron siguiendo los supuestos circuitos legales y con un contrato de trabajo en origen. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas extranjeras que viven en España y que no tienen permiso de residencia llegaron de forma legal. Y más de 9 de cada 10 lo hicieron por los aeropuertos en vuelos regulares.

El año pasado entraron en España de forma ilegal 32.925 personas. La mitad que en 2024. En ese año, el Estado contabilizó más de 1,2 millones de personas que llegaron a España.

Un dato añadido: pese a lo que dicen PP y Vox, Italia y Grecia siguen recibiendo más inmigrantes ilegales que España, según los datos oficiales.

Colapso de los servicios públicos

Otro de los falsos tópicos a los que recurre la derecha es que la regularización de personas migrantes va a “colapsar” unos servicios públicos ya de por sí saturados. El mismo martes, Vox colocó una carpa frente al Congreso para explicar a los viandantes los problemas sociales que implicaría el proceso.

Pero hay al menos dos matices que hacer a estas afirmaciones. La primera, que las personas migrantes, ya estén en situación regular o irregular, utilizan mucho menos los servicios públicos que los españoles, según un informe del Ministerio de Inclusión publicado el año pasado.

Pero es que, además, esas personas que residen en España sin permiso ya son usuarios de muchos de los servicios públicos que las derechas denuncian que se verán colapsados. Es decir, viajan en metro o tren, van al médico, usan las calles, llevan a sus hijos al colegio o tiran la basura cada noche en el contenedor de su casa.

Un detalle: la mayoría de los “servicios” que se verían colapsados dependen de las comunidades y ayuntamientos. La mayoría de las regiones tienen hoy por hoy gobiernos del PP, con apoyo directo de Vox en casi todos los casos. Esos gobiernos han rebajado los impuestos con los que se pagan los servicios, especialmente a las clases altas, que son además los principales receptores de las “paguitas” que denuncian las derechas.

Fraude electoral

PP y Vox denuncian con ahínco que el verdadero motivo de la regularización extraordinaria es la modificación del censo electoral. Feijóo lo ha dicho expresamente en la reciente campaña electoral de Aragón. Una acusación, la del ‘pucherazo’, que ha lanzado de forma indiscriminada desde que llegó a Madrid en abril de 2022.

La tesis, que propagan ‘influencers’ y ‘bots’ ultras por todas las redes sociales, es que esas personas con permiso de residencia votarán, sí o sí, a la izquierda. Una afirmación sin base sociológica, pero sobre todo sin base legal.

La realidad es que para votar en las elecciones generales y autonómicas, la ley exige la nacionalidad española. Y el proceso para lograrla es muy largo, imposible de cumplir antes de las próximas convocatorias previstas para 2027.

Cuestión distinta es la participación en elecciones municipales. Las personas residentes sí pueden participar en estos comicios, pero solo si España tiene un acuerdo de reciprocidad con el país de origen.

'Efecto llamada'

En las últimas horas se han propagado por Twitter y otras redes sociales los vídeos de una supuesta caravana de decenas de vehículos que llegan desde un lugar indeterminado del “África subsahariana” hacia Argelia con la intención de llegar a España. El vídeo tiene origen en un medio de comunicación que pertenece a la fundación de Vox.

El problema es que solo las personas que puedan demostrar que residían en España antes del 1 de enero de 2026 pueden regularizar su situación. Y nadie puede saber cuándo se producirá el próximo proceso extraordinario.

Pero desde el PP y desde Vox se alienta la idea del “efecto llamada”. Feijóo lo expresó así este miércoles: “Una inmigración a granel que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos. Y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino [de la] Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno”.

El PP ya recurrió en 2005 a este miedo en otro proceso extraordinario abierto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los estudios posteriores muestran que la medida no modificó los flujos de llegada a España. Sí se han detectado efectos claramente positivos en la recaudación fiscal o en los derechos laborales de las personas que pudieron formalizar su situación.