De los extraños viajes de policías nigerianos en España a los retrasos de Cuba: la odisea de probar la falta de antecedentes

Hay un consejo que siempre recibía todo el que preguntaba por los trámites que podría ir avanzando de cara a la regularización extraordinaria: “Ve pidiendo los antecedentes [en referencia al certificado de carencia de estos]”. Se lo dijeron a Luisa, colombiana que celebró la medida desde el primer día. A Jhon, quien contaba sentado en un banco de Plaza Elíptica, esperando conseguir algún trabajo temporal para sacarse el jornal, que ya había conseguido el documento tras solicitarlo semanas atrás para “ya tenerlos listos y apostillados”. También Oussama, un marroquí que había preparado la documentación cuando fue encerrado en un CIE. Había solicitado el certificado que prueba la carencia de antecedentes en su país, Marruecos, pero aún no le había llegado. 

Carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria, pese a los muchos bulos extendidos por la extrema derecha. Probar dicha inexistencia de delitos, sin ambargo, no siempre es fácil.

Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los plazos pueden alargarse durante meses o incluso años, según distintos testimonios de migrantes recogidos durante años por elDiario.es y los abogados que los acompañan. A sabiendas de esta situación, y para evitar quedarse sin optar a la medida por un retraso burocrático que no depende de ellos, muchos extranjeros solicitaron ya hace semanas sus certificados, aunque otros no lo han hecho por miedo a la caducidad de estos (en ocasiones tienen que hacer encajes de bolillos para cuadrar los plazos) antes de la aprobación del real decreto o, directamente, no tenían aun la manera para hacerlo, porque sus autoridades no lo ponen fácil.

Por ejemplo, si bien las embajadas de Colombia o Perú suelen funcionar de forma ágil y sencilla y, en poco tiempo, emiten estos documentos; las autoridades de otros países como Cuba, Nigeria o Mali no lo facilitan, en algunos casos motivadas también por su propio contexto social. Por eso, la norma ha abierto una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, a sabiendas de que es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos o nunca lleguen.

En estos casos, el solicitante podrá pedir (a través de un certificado de haber pedido el documento y una declaración responsable) al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, podrá mover sus hilos y contactos para hacer presión a las administraciones extranjeras de turno con le objetivo de lograr una respuesta durante un plazo extra de tres meses más, en los que las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.

“Algunos de ellos mucha dificultad. Sobre todo aquellos que necesitan que luego sean legalizados los certificados, suele ser complicado. Además de Nigeria, otros como Mali o Burkina Faso tienen muchos problemas y retrasan mucho el proceso”, indica el abogado experto en inmigración Felipe Garoña, presidente de la Asociación Extranjeristas en Red. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen (pero no han recibido protección en España y buscan vías alternativas de regularización) se pueden encontrar con que sus autoridades rechazan la emisión de estos documentos. “Tengo algún cliente en esa situación, que directamente los autoridades de sus países no se lo pueden emitir porque esas peticiones están bloqueadas”, añade el letrado que considera una buena solución la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes que encuentren problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países.

“Ese apoyo por vía diplomática, en el caso de que no se pueda obtener por su cuenta es bastante oportuna para no dejar a estas personas en una situación de estancamiento”, analiza Garoña.

Las misiones policiales de Nigeria

Entre los ciudadanos que tienen más papeletas para acabar solicitando el apoyo del Gobierno se encuentran aquellos que proceden de algunos países subsaharianos- En concreto, todos los abogados citan Nigeria como uno de los Estados que más complica dicho trámite. La razón: el país africano no permite cumplir con este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para ello, dado que exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país.

Y, como hay gente que no puede viajar a Nigeria, menos aún si no tienen papeles, sus autoridades organizan cada cierto tiempo una misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español, entre ellos, la solicitud de antecedentes. Sus nacionales, por tanto, se deben organizar también para liberar ese día y organizar en ocasiones un traslado a las ciudades donde se celebrarán dichos encuentros.

Este tipo de trabas desencadenan casos tan delirantes como el de Lola: una mujer que nació en España, donde vivió toda su vida. De padre nigerianos, heredó la nacionalidad de su progenitor pero, cuando era adulta y empezó a intentar pedir la nacionalidad, se encontró con un impedimento: debía demostrar la carencia de antecedentes en un país que ni había pisado. Pensó que era un trámite automático, pero pronto se encontró una odisea de años para lograr ese papel.

Durante meses, ella y su padre tuvieron que estar pendiente de Facebook para saber cuándo iba a viajar a España la misión de los policías nigerianos. “Básicamente, tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que en Barcelona suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel. Llegas y preguntas quién es el último y te dan una hoja, una hoja de libreta normal y tú te vas apuntando por orden de llegada. Las dos veces que tuve que ir pasé allí nueve o diez horas”, recordaba en una entrevista con el podcast de elDiario.es Un Tema Al Día.

En ocasiones las dificultades no solo pasan por el sistema para conseguir ese certificado, sino que también depende de la fecha de caducidad de este documento, que en general depende de cada país. Nigeria establece solo tres meses de caducidad. Como cualquier trámite de extranjería requiere más documentos a presentar, esto obliga a mucha gente a coordinar todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil, presentarlo. Un error de cálculo puede provocar que, en el momento de presentar el expediente, ese certificado de antecedentes penales haya expirado, por lo que hay que empezar de cero.  De hecho, Lola cuenta que tuvo que repetir este proceso en dos ocasiones.

Mandar mensajeros a Cuba

Los cubanos tampoco lo tienen nada fácil y menos ahora, ante la crisis de electricidad del país. Alfonso se agobia solo de recordar el tiempo en que esperó ansioso la llegada de su certificado de antecedentes desde su país, Cuba. “Si se hace a través del consulado, puede demorarse mínimo siete meses y luego te lo tienen que traer a España”, dice el hombre, quien se regularizó hace unos meses por la vía habitual. Para tratar de acelerar el proceso por la puerta de atrás, él tiró de “contactos”.

“Las personas tienen contactos y, cuando Cuba no estaba en esta situación tan mala con el tema del petróleo, ellos conocían personas que por dinero te agilizan el proceso”, recuerda el cubano. “Para poder sobrevivir los trabajadores cobran por detrás para agilizar los trámites, porque si lo haces a través del consulado el trámite es igual de costoso y demora mucho más”, contextualiza el hombre. “Yo solicité uno en septiembre del año pasado y aun no me ha llegado”, ejemplifica. El hombre reconoce haber sido afortunado pues presentó un documento caducado que finalmente la Administración aceptó: “Gracias a dios que tenia uno antecedentes que estaban caducados, me los habían entregado en diciembre del 2024 y solo tienen una validez de 6 meses, pero me los aceptaron y me aprobaron la residencia por arraigo hace unos 10 días”.

En el caso de regularización, tanto los solicitantes de asilo como los migrantes en situación irregular tendrán que que acreditar que no han cometido delitos también en suelo español. En este caso, sin embargo, no es difícil: los solicitantes no necesitan presentar ningún documento físico, sino que Administración recabará de oficio su historial directamente del Registro Central de Penados asegurarán que no suponen un riesgo para “el orden público o la seguridad nacional” -un supuesto a menudo abstracto y que en ocasiones empuja decisiones arbitrarias- a través de los “informes policiales pertinentes”. 

La intervención diplomática del Gobierno, sin embargo, no es una garantía para recibir la acreditación de la falta de delitos en sus países: ¿qué pasa si superado el plazo extraordinario no llega la acreditación de carencia de antecedentes penales? Después de la ampliación de tres meses , el Gobierno español notificará al solicitante la situación y, como última oportunidad, se dará 15 días para que aporte el certificado oficial. Si no se entrega entonces, algo poco probable llegado a ese punto, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. “No se podrá hacer nada más”, asumían fuentes del Ministerio de Migraciones este martes.