El Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo ha celebrado este miércoles la segunda edición del 'Día de América Latina’, en una jornada denominada Hacia una nueva agenda progresista UE-América Latina. El encuentro contó con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert —socialdemócratas alemanes— y el Grupo de Puebla, que agrupa a las izquierdas de varios países latinoamericanos. 

Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, destacó la capacidad de Brasil, Chile o Argentina para construir democracias estables después de “dejar atrás dictaduras fascistas”. Por su parte, Iratxe García Pérez, presidenta de los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, planteó un horizonte común y cercano en el tiempo, poco antes de empezar la mesa redonda: “Debemos aprovechar la presidencia española [España presidirá el Consejo de la UE a partir de julio] para avanzar hacia la firma de instrumentos fundamentales como son los acuerdos de la UE y Chile, México y nuestros hermanos de Mercosur”.

La primera mesa redonda contó con ponentes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, su homólogo colombiano, Ernesto Samper, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los cuatro coincidieron en la denuncia del rol nocivo que las oligarquías han jugado en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, pero mostraron ciertas diferencias a la hora de encarar cómo abordar las relaciones entre ambos bloques. Los líderes latinoamericanos, en la mayoría de sus intervenciones, fueron críticos con la distancia que, según consideran, existe entre la teoría y la práctica de la política exterior europea. 

El cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”

Zapatero, citando al articulista del Financial Times Martin Wolf, destacó que Occidente ya no es el centro económico del mundo, y conminó a los asistentes a adaptarse al reequilibrio del mundo escuchando a América Latina: “Hay una decadencia progresiva de lo que llamamos Occidente y de la hegemonía extraordinaria de los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. ¿Queremos entenderlo? Es así, todo lo demás son retóricas”, concluyó. 

La expresidenta chilena Bachelet destacó que el cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”, y, como el resto de sus compañeros latinoamericanos, destacó el rol que la deuda externa está teniendo en los países del continente: “La deuda limita su habilidad para proteger a su gente, de proveer servicios básicos y desarrollo social”, comentó. Bachelet, la primera mujer en presidir Chile, destacó que el fondo de descontento es común más allá de Europa y América Latina, y señaló dos razones: la percepción de que la democracia no resuelve los problemas de los ciudadanos; y los sistemas económicos que aumentan la brecha entre los ricos y los pobres. 

Unidad ante el auge de la extrema derecha

La segunda mesa redonda contó con la participación de jóvenes políticos socialdemócratas. El eurodiputado barcelonés Javier López enfatizó la importancia de la democracia y la equidad social como elementos fundamentales para cohesionar nuestras sociedades. “La desigualdad infinita no puede coexistir dentro de la democracia”, afirmó, resaltando el aprendizaje adquirido durante la última década. López abogó por la construcción de una nueva fiscalidad global que aborde tanto la desigualdad social como la crisis climática. 

Camila Bazachi Jara Marzochi, miembro del Congreso brasileño, señaló la persistente desigualdad económica en América Latina, una herencia de la época esclavista. Además, destacó la retórica peligrosa de la extrema derecha, que promovió la violencia contra sus adversarios, un punto en común con Cecilia Nicolini, la secretaria de Estado de Argentina, quien destacó la amenaza ultraderechista a los servicios públicos de su país. Cicolini destacó los desafíos adicionales que enfrentan países como los de América Latina debido a la vulnerabilidad de sus infraestructuras frente al aumento de los precios y las sequías causadas por la crisis climática. 

La intervención que despertó más aplausos fue la de la política peruana Veronika Mendoza. Excandidata a la presidencia, Mendoza criticó la situación actual del Perú, donde un gobierno no electo ha reprimido las protestas ciudadanas, que piden elecciones. Mendoza invitó a abordar los desafíos de manera conjunta y no de forma aislada, e hizo hincapié en las riquezas de América Latina: “Proveemos al mundo de aquello que no se valora, pero sin lo cual no hay vida: agua y oxígeno.” 

Cumbre entre ambas regiones en julio

El italiano Giuseppe Provenzano resaltó que el ascenso de las derechas en el mundo ha generado una ilusión de protección social a expensas de la restricción de libertades individuales, y señaló los casos de Meloni en su país o de Bukele en El Salvador. Provenzano destacó la importancia de priorizar lo político por encima de lo comercial con una frase: “Tras 1989 pensamos que los McDonalds podrían reemplazar la política, sustituir la política por las relaciones comerciales, pero esa idea es la que ha fracasado.” 

Las conclusiones contaron con el mensaje de un presidente en activo, el argentino Alberto Fernández, quien emplazó a los asistentes a preguntarse si la extrema derecha, presentándose como una fuerza crítica con los sistemas de gobierno, no es realmente la mejor manera de apuntalar a los poderosos. Y añadió una cifra que muestra las consecuencias del cambio climático: Argentina, altamente endeudada, vive una sequía que le ha hecho perder 20.000 millones de dólares en exportaciones (unos 18.000 millones de euros). Fernández, que no se presentará a la reelección, citó al Papa Francisco para resumir el gran reto de la crisis climática: “De esta, nadie se salva solo”, zanjó. En julio, con la cumbre de la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), ambas regiones tendrán la oportunidad de apuntalar el acercamiento escenificado por los socialdemócratas. 

El segundo año de mandato del presidente chileno, Gabriel Boric, comienza en una nueva pantalla. El 10 de marzo anunció un rediseño de su gabinete ministerial que reforzó a los partidos de la coalición de la centro-izquierda tradicional Socialismo Democrático, en detrimento de su propio conglomerado, Apruebo Dignidad, conformado por el bloque Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. “Lo que me motiva para hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores, sino mejorar nuestra capacidad de respuesta y la gestión ante las urgencias de nuestra patria”, dijo.

Se trata del segundo cambio de gabinete que Boric impulsa en un año (el primero fue tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución que el Ejecutivo apoyaba) y consolida su giro hacia el centro y la moderación. “El presidente ha debido adaptar su equipo para ir adecuándose a la realidad política y general del país. El diseño original se modificó”, dice la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Mireya Dávila.

El profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile Diego Díaz precisa que la nueva coalición de Gobierno “genera mayores niveles de gobernabilidad”. Según él, el presidente “ha sido valiente al tomar esta postura porque tiene el costo de tener que moderar su discurso y programa, lo que puede leerse como una traición”.

El exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile. Según la encuesta Cadem, que lo mide semana a semana, en enero el apoyo presidencial alcanzó el 25%, sin embargo, ahora está en un 35%. En este primer año ha habido “errores no forzados”, dice Jeanne Simon, que han “dominado la agenda mediática por sobre de los logros y que han demostrado que el Gobierno no está anticipando las reacciones más probables a sus acciones”, añade. Para Díaz, “ha faltado capacidad de gestión”. En su opinión, la coalición gubernamental “por su juventud y fragilidad institucional, no tenía cuadros con experiencia de Gobierno”.

¿Continuidad o transformación?

Muchos analistas y expertos consideran que el Gobierno de Boric, tal y como estaba pensado inicialmente, terminó cuando llegó el primer ajuste ministerial, en el que relevó a carteras de relevancia como Interior y la Secretaría General de Presidencia, que teje las relaciones con el Parlamento. Con la nueva reestructuración, el presidente mantuvo la paridad de género (12 hombres y 12 mujeres) y salvó también el núcleo duro del gobierno. Sin embargo, modificó algunos ministerios estratégicos como Relaciones Exteriores y amplió el número de ministros y subsecretarios vinculados al bacheletismo. “Hemos equilibrado la alianza política que le da sustento al Gobierno, sobre todo proyectándola para adelante”, explicó Boric tras la renovación.

Sin embargo, existe la percepción de que, en La Moneda, cada vez queda menos del Frente Amplio y más de lo que fue la administración de Michelle Bachelet. “Boric tendrá que definir si se convierte en la continuidad de la expresidenta o si se mantiene enfocado en una transformación estructural como la planteada a su electorado en la primera vuelta”, dice la politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon. 

De la misma forma que hubo un Boric de primera vuelta —anclado a un discurso de izquierda— y otro de la segunda —mucho más moderado—, ahora hay un Boric del primer período de mandato y otro del segundo, que ha tenido que tomar decisiones incómodas para su electorado, como militarizar la zona del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, siguiendo al conservador Sebastián Piñera, su antecesor; o endurecer el discurso contra la migración irregular. “En sus primeros meses, el Gobierno tuvo una postura ambigua frente a temas que preocupan mucho a la mayoría, como el orden público, la crisis de violencia en La Araucanía y la migración sin control en la frontera norte”, expone Díaz. Según este, “le llevó algunos meses entender que debía hacerse cargo de esos problemas en todas sus dimensiones, incluso la represiva, ocupando la fuerza legítima del Estado para crear orden cuando es necesario”. 

Su mayor apuesta hasta ahora han sido los 13 indultos concedidos a 12 presos del estallido social de 2019 y a un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La decisión, que fue una promesa de campaña, ha sido para algunos uno de los peores episodios de su mandato porque abrió una crisis en el Ejecutivo que le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. La repercusión de los indultos se arrastra hasta hoy, porque la última palabra pasó a manos del Tribunal Constitucional, que el martes respaldó la decisión de Boric. Sin embargo, para las bases de su espacio político significa cumplir con su palabra y con quienes se movilizaron en 2019 hasta conseguir abrir un proceso constituyente. 

Las reformas, principales desafíos

La fragmentación política en el Congreso no ayuda al mandatario a aplicar su programa. Por delante tiene desafíos tan relevantes como acompañar el segundo intento de proceso constituyente o concretar las reformas estructurales y básicas para su administración en materia de salud, pensiones y tributos. Precisamente, el proyecto de reforma tributaria fue rechazado por el Parlamento recientemente en un duro golpe para el Ejecutivo, que quiere sostener buena parte de los cambios con una nueva forma de recaudar impuestos. “La negociación de estas reformas implica renunciar al contenido ‘transformador’ que el Gobierno quería darle y sacrificar el programa original”, apunta Díaz. 

Para Simon, además de estos proyectos, hay otros retos imprescindibles como el orden público y la seguridad, en un momento en que la percepción de inseguridad registra cifras récord y que se encuentra entre una de las principales preocupaciones de la población. Dávila, por su parte, añade otros temas, como la gestión de la economía en un escenario delicado por el alza de la inflación, la relación entre coaliciones de gobierno o el control de la agenda.

La nueva etapa se proyecta intensa, con acontecimientos de alta connotación política y social como las elecciones de consejeros constitucionales, la conmemoración de los 50 años del golpe Estado, la celebración de los Juegos Panamericanos y el plebiscito constitucional. “No es tiempo de diagnósticos, pero sí de elaboración política y de estrategia”, dijo Boric tras la primera reunión con su nuevo gabinete. A partir de ahora, tiene por delante un año clave para demostrarlas. 

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha asegurado este martes que su oficina ha recibido informes “creíbles” sobre las atrocidades y crímenes que los talibanes están llevando a cabo en Afganistán tras su llegada al poder.

Aunque en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos no ha dado detalles sobre los asesinatos, ha asegurado que llevan a cabo “ejecuciones sumarias” de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad afganas derrotadas. Entre las denuncias recibidas, también se constatan represiones violentas de protestas pacíficas, de expresiones de disidencia y se alerta del reclutamiento de niños para el combate.

Bachellet ha pedido ante el Consejo mecanismos para monitorizar de cerca las acciones de los talibanes. También ha señalado que “una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos”.

Expertos independientes de derechos humanos de la ONU han emitido una declaración conjunta en la que señalan que muchos afganos permanecen escondidos mientras “los talibanes registran casas puerta por puerta” y que reciben noticias de incautaciones de propiedades y represalias contra aquellos que colaboraron con los aliados o los estadounidenses antes de la victoria de los islamistas.

“Los actos de los talibanes en el transcurso de estos meses y hasta la fecha pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, señalaron estos expertos.

Contra las promesas de “amnistía general”

Mientras, en su discurso oficial, los talibanes prometieron “amnistía general”, que respetarían los derechos humanos y que no habrá represalias contra los derrotados. El principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid, ha anunciado el bloqueo de las carreteras que llevan al aeropuerto para los afganos, prometiendo que se “garantizará su seguridad” para que puedan volver a casa y se queden en el país y negando la existencia de listas negras de represaliados.

Mujahid también pidió a Estados Unidos que “no aliente a los afganos a huir de su país”. “Este país necesita a nuestros médicos, ingenieros y personas con formación; necesitamos estos talentos”, ha añadido.

En el periodo previo a la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que se completó en la primera mitad de julio, la violencia se intensificó en Afganistán y las víctimas civiles de atentados y de otros tipos de violencia armada se duplicaron entre el 1 de enero y el 30 de junio, con respecto al mismo periodo del año anterior.

A una semana de que se cumplan 46 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro no ha tenido nada mejor que hacer que atacar a la expresidenta chilena Michelle Bachelet citando a su padre, un militar demócrata torturado que murió preso, mientras celebraba aquella victoria de Pinochet contra “los comunistas”.

Michelle Bachelet, actualmente alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, había hecho público un informe en el que mostraba su preocupación por los “ataques” contra los defensores de los derechos humanos y el incremento de muertes de personas negras a manos de la policía en el Brasil de Bolsonaro. El mandatario le respondió a través de Twitter, acusándola de “seguir la línea de Macron” y de “entrometerse en los asuntos internos y la soberanía brasileña”.

Luego le espetó: “Olvida que su país no es una Cuba gracias al personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre estos comunistas su padre, militar de la época”.

Víctimas de la represión

El padre de la expresidenta de Chile, Alberto Bachelet, era general de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) cuando fue detenido por primera vez durante la dictadura. Murió en 1974, a los 51 años, tras sufrir un infarto en la Cárcel Pública de Santiago después de ser sometido a torturas, aplicadas por sus propios compañeros de la FACH en el tercero de sus arrestos.

Lo mantuvieron encapuchado largo tiempo, fue golpeado y le clavaron objetos punzantes en las uñas. “Me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20 años, alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro”, escribió en una carta dirigida a su hijo en 1973.

Antes, en tiempos de la UP, Alberto Bachelet fue nombrado por Allende secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, a cargo de dirigir las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), una suerte de comités de racionamiento que gestionaban la escasez de alimentos y suministros que afectaba al país. Con la llegada del golpe, lo identificaron como parte del grupo de militares que se opuso al levantamiento liderado por Pinochet y fue juzgado por “traición a la Patria” en un Consejo de Guerra. En junio de 2012, un informe pericial del Servicio Médico Legal demostró que Alberto Bachelet había muerto a causa de las torturas.

Su hija Michelle tampoco escapó de la tortura. La expresidenta habló públicamente de este episodio en un reportaje emitido por la televisión chilena en 2014. La exmandataria relató su detención en 1975 junto a su madre, Ángela Jeria, y su paso por el centro de tortura Villa Grimaldi, donde 240 personas fueron ejecutadas o figuran como desaparecidas, según cifras del propio espacio de memoria.

“Recibí tortura psicológica, esencialmente, y algunos golpes, pero no me 'parrillaron'”, dijo en referencia a la aplicación de descargas eléctricas. “Tuve suerte comparada con tantos otros, muchos de ellos murieron”, añadió. También mencionó al hombre que en ese tiempo era su pareja, el dirigente socialista Jaime López Arellano, quien actualmente figura como desaparecido: “Me encantaría saber lo que pasó realmente con él: si está desaparecido, si está muerto, si está en algún otro lado”, dijo.

Tras su liberación, Bachelet y su madre se vieron obligadas a exiliarse, primero en Australia y luego en Alemania. Según cifras oficiales, los 17 años de dictadura de Pinochet dejaron más de 3.000 muertos y 38.000 torturados en Chile.

Reacciones de todos los sectores

Menos en el caso de la principal afectada, que ha evitado responder a las provocaciones de Bolsonaro, las palabras del presidente brasileño desencadenaron una sucesión de réplicas de toda la clase política chilena. El presidente chileno Sebastián Piñera compareció en una breve rueda de prensa sin preguntas y tomó distancia de su homólogo, convertido en uno de sus principales aliados en la región. “No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una expresidenta de Chile y, especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre”, declaró.

Mientras, el ministro de Exteriores chileno, Teodoro Ribera, se reunía con su par de Economía brasileño Paulo Guedes, en Brasilia, en otra muestra más de los vínculos entre ambos países, tras el encuentro de la semana pasada entre los dos jefes de Estado por los incendios de la Amazonía.

El rechazo a las declaraciones de Bolsonaro se extendió a todos los grupos de la oposición, sin excepción. El presidente del Partido Socialista chileno –donde Bachelet milita desde inicios de los setenta–, Álvaro Elizalde, lamentó que Piñera no hubiera mostrado una reacción “más enérgica” en contra de su aliado, aunque valoró que “marcara distancia”.

En cambio, los líderes del Partido Republicano, la nueva formación de la extrema derecha chilena, salieron sin titubeos a apoyar al brasileño. José Antonio Kast reprochó a Michelle Bachelet que “sus críticas no se basan en hechos, sino en su postura ideológica”, y el diputado Ignacio Urrutia sostuvo que “Bolsonaro no se equivoca” y que “el desarrollo de Chile es el resultado directo de la revolución económica y social de ese gobierno”, en alusión a la dictadura pinochetista.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este miércoles su preocupación por que las sanciones dictadas por Estados Unidos contra el petróleo venezolano puedan agravar las “atroces condiciones económicas” que ya sufren los venezolanos.

Bachelet ha comparecido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante su 40º periodo de sesiones para presentar un informe oral sobre la situación en Venezuela, donde en estos momentos se encuentra un equipo de investigadores de su oficina.

“Desde junio de 2018 --la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela-- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, ha dicho, indicando que los colectivos más vulnerables, como niños, mujeres, ancianos o indígenas “se han visto especialmente afectados”.

La ex presidenta chilena ha definido como “atroces” las condiciones económicas en Venezuela, citando como causa la falta de acceso a bienes básicos, los problemas de infraestructura, que se traducen en escasez de agua y gas natural, el colapso del transporte público y la hiperinflación.

Además, ha alertado de que “la reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado la situación al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos”. Y “todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas”, ha apuntado.

En concreto, ha indicado que “el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose”, lo que repercute en la mortalidad materna e infantil y en la propagación de enfermedades infecciosas, “que habían estado previamente bajo control”.

En cuanto al sistema educativo, Bachelet ha señalado que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por falta de docentes y personal escolar”.

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha reprochado a las autoridades venezolanas que “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.

Ante este panorama, ha expresado su preocupación por que “las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.

REDUCCIÓN DEL ESPACIO DEMOCRÁTICO

Bachelet también ha hecho referencia a la otra pata de la crisis venezolana. “Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular, la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas”, ha dicho.

Durante los primeros meses de 2019, la Oficina del Alto Comisionado ha documentado “numerosas violaciones y abusos de los Derechos Humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados pro gubernamentales” que incluyen asesinatos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y actos de amenaza e intimidación.

La ex mandataria latinoamericana ha aprovechado para informar de que la ONU está investigando las denuncias sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales. Según Bachelet, en 2018 se informó de al menos 205 muertes y solo durante el pasado mes de enero en Caracas de otros 37 asesinatos.

Las muertes se han atribuido a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que actuaría conforme a un “patrón”. “Ocurren durante allanamientos ilegales a domicilios”, la mayoría en barrios pobres, y se notifican como bajas por “confrontación armada”. “Me preocupan los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”, ha declarado.

Ha expresado igualmente su “inquietud” por “el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio (...) para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.

“COMPROMISO REAL”

Con todo ello, se ha declarado “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los Derechos Humanos” en Venezuela, subrayando que “constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

Una consecuencia tangible de “esta vasta crisis humanitaria”, ha continuado, es que más de tres millones de personas han huido de Venezuela en busca de comida, atención médica, empleo y protección“ y se han tenido que enfrentar a ”las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras“.

Bachelet ha agradecido a los países de la región sus “esfuerzos” para atender a los migrantes venezolanos, si bien ha reclamado que se les facilite documentación que les permita una migración ordenada y acceso a los servicios básicos y al empleo y ha urgido a combatir la xenofobia y la discriminación.

Sobre una posible salida, la Alta Comisionada ha pedido “que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de Derechos Humanos, porque ”la polarización está agravando una situación de por sí crítica“.

“Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país”, ha encargado al Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, ha reiterado el “compromiso permanente” de su oficina “con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de Derechos Humanos en Venezuela”.

A este respecto, ha confiado en que el Gobierno permita en el futuro a los emisarios de la ONU un “acceso total e irrestricto” de manera continuada, así como en que “no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.

Escribo este artículo mientras regreso de Chile, todavía con mis pupilas impactadas por la luminosidad del verano austral y por la majestuosa belleza de la cordillera andina  Allí he tenido ocasión de entender, algo mejor, las claves de la encrucijada histórica a la que se enfrenta el país latinoamericano que mejor conozco, en el que los amigos de la Fundación Salvador Allende habían pedido mi participación en los debates previos a las elecciones del próximo domingo. 

Unas elecciones en las que Chile se juega, ni más ni menos, si continuar con el candidato socialista Alejandro Guillier en la senda trazada en el segundo mandato de Michele Bachelet -hacia mayores cotas de igualdad, libertad y justicia social, así como de transición ecológica en su modelo productivo-; o si, por el contrario, retroceder de nuevo hacia el ensueño neoconservador representado por Sebastián Piñera, reacio a aceptar los cambios culturales más recientes en materia de derechos civiles, y cuya propuesta estrella es la de promover un rápido crecimiento de la inversión privada, a costa de frenar los avances, -todavía insuficientes-, hacia un reforzamiento del sector público mediante reformas, entre otras, del sistema tributario, garantes de mayores recursos para la educación, la sanidad y las pensiones públicas. 

La primera vuelta de estas elecciones generales puso de manifiesto tres cuestiones: la desafección de la mayoría de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas -reflejada en más de un 50% de abstención-; la emergencia de una nueva fuerza política, el Frente Amplio -como respuesta a la obsolescencia de los partidos de centro izquierda agrupados hasta ahora en la denominada “Concertación”-; y el inesperado fracaso relativo de la opción de la derecha, “Chile vamos”, liderada por Piñera, que, en contra de todas las encuestas, solo obtuvo un 36% de apoyo del electorado, dejando así abierta la posibilidad de un triunfo de Alejandro Guillier en la segunda vuelta. 

Aunque algunos de los principales líderes del Frente Amplio han anunciado, a título personal, su voto a favor del candidato socialista, nada garantiza que la mayoría de ciudadanos que no votó por Piñera acudan el domingo a las urnas para apoyar dicha opción: ni siquiera está claro que en esta segunda vuelta no aumente, en cambio, la movilización de los votantes conservadores que no acudieron masivamente a votar a su candidato en la primera vuelta, convencidos de que obtendría, en todo caso, un magnífico resultado. 

Por otro lado, el Frente Amplio ha ratificado su intención de ejercer como partido de oposición, sea cual sea el veredicto de las urnas. No existe, por lo tanto, al menos de momento, ningún atisbo de coalición o de acuerdo para la gobernabilidad entre todos los partidos del arco progresista. 

Todo lo anterior podría conducir a una victoria de Sebastián Piñera, que asumiría así por segunda vez la presidencia de Chile; un país con un extraordinario potencial de progreso, lastrado hasta la fecha por la evidencia de una profunda desigualdad social, económica y territorial, que durante los últimos años se ha comenzado a corregir. 

El multimillonario Piñera demostró, ampliamente, durante su primer mandato, su apuesta en favor de los intereses privados frente al interés general, así como una absoluta falta de escrúpulos a la hora de camuflar las consecuencias sociales de sus políticas, modificando incluso indicadores básicos para evaluar la evolución del empleo, de las listas de espera o de las condiciones de la escuela pública. 

El crecimiento del PIB que caracterizó sus primeros años en La Moneda fue, sobre todo, el resultado de la reconstrucción del país tras los gravísimos terremotos y el tsunami acaecidos a pocos días del final del primer mandato de Bachelet, así como de la evolución del precio del cobre, principal recurso económico del país, sujeto a oscilaciones de la demanda internacional sobre las que los gobiernos chilenos apenas pueden incidir. 

Ha calado, sin embargo, en la opinión pública la idea de que con Piñera, Chile podría crecer y crear más empleo que con Guillier; sobre todo, porque los inversores privados confían en las promesas del primero en materia fiscal y regulatoria, y muestran explícitamente su preocupación por un eventual triunfo de Guillier . Y todo ello en un contexto social donde prevalecen el individualismo así como el creciente recurso al endeudamiento por parte de las clases medias y trabajadoras para satisfacer aspiraciones consumistas, absolutamente inasequibles con sus actuales niveles salariales. 

No obstante, el hecho de que Piñera no haya obtenido mejores resultados en la primera vuelta cabe ser interpretado como una demanda mayoritaria por parte de la sociedad chilena para que se consoliden y avancen ulteriormente las reformas emprendidas por Bachelet. La dificultad estriba en cómo articular, en el plano político, la respuesta a dicha demanda. 

Por eso resulta inevitable analizar las semejanzas entre Chile y España en cuanto al papel de los “nuevos” partidos políticos y su relación con los partidos socialdemócratas tradicionales. 

A favor del entendimiento, en Chile juega la inexistencia de un elemento que ha dificultado, y dificulta, las relaciones entre Podemos y el PSOE: me refiero a la defensa por parte de los primeros del denominado “derecho a la autodeterminación” que no tiene correlato en el Frente Amplio. 

Por el contrario, juega en su contra la absoluta falta de experiencia de gestión pública del recién nacido Frente Amplio, en comparación con la corta pero ya existente participación de Podemos en los gobiernos de ayuntamientos y de Comunidades Autónomas. 

En ambos países, no obstante, hay numerosas coincidencias en las propuestas de contenido social o ambiental, que permiten imaginar una agenda de iniciativas compartidas, como la que se ha ido configurando también en el parlamento y en otras instituciones españolas, en gran medida bloqueadas por el ejercicio abusivo por parte del gobierno del Partido Popular de sus prerrogativas frente al poder legislativo. 

Todo dependerá, pues, en primer lugar, de la decisión de los millones de chilenos que no acudieron a votar en la primera vuelta, así como de los que lo hicieron a favor del Frente Amplio. Cada uno de ellos tiene ahora la oportunidad de abrir un nuevo tiempo para la política chilena, en el que cabría ensayar la oportuna convergencia de las fuerzas progresistas, incluyendo un imprescindible proceso constituyente para superar la vigencia de una Carta Magna anterior a la democracia, verdadero obstáculo para la consolidación de un Estado social de derecho.

La imagen de una joven explicando cómo tirarse por una escalera para que el aborto “parezca un accidente” causó hace unos meses una encendida polémica entre los chilenos, pero sirvió también para reavivar el debate sobre los derechos reproductivos en uno de los pocos países en el mundo en los que país interrumpir un embarazo es un delito en cualquier circunstancia. Este martes el Congreso ha dado el visto al proyecto de despenalización que Michelle Bachelet presentó en enero, y que se debatirá para su aprobación el mes próximo.

Bachelet, que ahora se enfrenta al menor grado de apoyo de un mandatario en la historia de Chile, incluyó entre sus promesas electorales que el aborto dejara de ser punible en tres supuestos: inviabilidad del feto, peligro para la vida de la mujer o violación. El proyecto se presentó, pero no lograba avanzar un ápice en el trámite parlamentario por la oposición de los sectores más conservadores.

El aborto terapéutico fue prohibido por la dictadura de Augusto Pinochet, pero desde la vuelta de la democracia ninguna iniciativa legal para restaurarlo consiguió prosperar. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más del 70% de la población chilena lo apoya en los casos previstos en el proyecto.

Aunque muy lejos de las leyes de plazos europeas, la propuesta que se debatirá en el congreso significa un enorme avance para los derechos de las mujeres en el país suramericano. Pese a que no existen cifras oficiales, el último informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, de 2012, calcula que en Chile se realizan unos 70.000 abortos clandestinos. Tampoco se sabe la cantidad de embarazos producto de violaciones.

De lo que sí hay datos oficiales es de las mujeres que ingresan en hospitales chilenos porque la gestación –de hasta 22 semanas- pone en peligro sus vidas: más de 16.500 cada año. A ellas se suman los 500 embarazos que acaban con la muerte del feto por malformaciones incompatibles con la vida.

Un camino difícil

El primer paso está dado, pero el camino de este proyecto legislativo no será fácil. Está previsto que se vote dentro de un mes, el 8 de septiembre. La derecha ha anticipado que cree que el texto vulnera la Constitución porque no garantiza el derecho a la vida de las personas no nacidas. Por eso es probable que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse sobre el tema a pedido de la oposición. “Vamos a recurrir al TC porque creemos que hoy perdió Chile. Se engañó al país porque es un proyecto que hoy legaliza el aborto libre. Las tres causales no tienen ningún argumento”, ha asegurado el diputado Gustavo Hasbún (UDI).

La directora ejecutiva de Miles, la organización que lanzó la polémica campaña pro elección, hizo un llamado a los parlamentarios de la Democracia Cristiana (parte de la coalición de gobierno) para que “sean capaces de votar por un derecho que tenemos las mujeres”. “Es una deuda que tiene el Parlamento y el Estado chileno”, aseguró Claudia Dides.

Permiso para las menores de 14 años

De acuerdo con el proyecto, el límite para interrumpir el embarazo es de 12 semanas. Para menores de 14 años este límite se amplía a 18 semanas, ya que considera que “las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”.

Las menores necesitarán un permiso paterno. “No obstante, es importante darle un legítimo espacio de discernimiento y opinión a la menor. Por ello en caso de diferencias con sus representantes se establece la posibilidad de la menor de acceder al juez de familia para obtener su pronunciamiento”.

En el caso de una violación se podrá prescindir de esa autorización. “El drama de la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes suele ejercerse dentro de su propio círculo familiar”, explica el texto.

El proyecto también regula la objeción de conciencia, a la que puede acogerse cualquier profesional, pero con la obligación de derivar a la mujer a otro colega que no ejerza esa objeción.

En el marco de la campaña “Apoyamos#Abortoen3causales, una exministra chilena Laura Albornoz (DC) reveló que se había practicado un aborto. ”Yo viví un aborto. No es justo, no es legítimo que voces que se creen superiores a las mujeres vengan a decirnos cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que pensar, cómo tenemos actuar“, declaró Albornoz.

El 6 de febrero la presidenta Michelle Bachelet estaba de vacaciones en el Lago Caburgua, en la zona chilena de La Araucanía. Allí la lectura de la prensa le reservaba, según su propia versión, una dura sorpresa: la revelación de que su hijo (y miembro de su Ejecutivo) había utilizado su influencia para que la empresa de su esposa obtuviera un millonario crédito de la banca pública. Estallaba el 'caso Caval'. Y con él, aunque en cámara lenta, el Gobierno de Chile. Bachelet ha acabado por pedir la renuncia a todos sus ministros.

Es un intento desesperado de tomar las riendas de una situación que ha debilitado su credibilidad y ha minado su apoyo popular, que ha caído nueve puntos en apenas unos meses. La mandataria ha anunciado que se tomará 72 horas de reflexión para decidir si algunos de los miembros de su gabinete se quedan o da por tierra con el equipo que formó al asumir la presidencia hace poco más de un año.

“Obviamente, ha sido muy duro todo el caso que involucró a mi hijo y a mi nuera, por dos razones: por un lado, por el caso mismo y, por otro lado, porque la gente no me creyó y eso ha sido muy duro para mí”, ha afirmado la presidenta este miércoles en el chileno Canal 13.

Efectivamente, los chilenos no creen en la versión de Bachelet de que no sabía nada de las gestiones de su hijo, Sebastián Dávalos. Apenas un 26% respaldaba su versión, según la encuesta de Plaza Pública Cadem realizada en febrero. Pero el deterioro ha ido in crescendo: otra encuesta de Cerc-Mori publicada hace unas semanas rebaja ese porcentaje al 10%.

Pérdida de apoyo

“Los casos Penta y Caval tienen un fuerte impacto sobre la credibilidad de la presidenta”, apunta la directora de Cerc-Mori, Marta Lagos. De hecho, uno de los cambios fundamentales que recoge este barómetro es la importancia que cobra la corrupción en las preocupaciones de los chilenos, entre las que históricamente no ha tenido ninguna relevancia. En la pregunta abierta sobre los tres problemas prioritarios la corrupción salta del 4% al 26% entre enero y marzo.

El barómetro muestra también que la aprobación de gobierno cae nueve puntos, del 46 al 37%, en ese mismo periodo. Y aumentan 10 puntos, del 42 al 52%, los que desaprueban la gestión de Bachelet.

“La corrupción está presente en toda sociedad. Lo bueno es que en Chile la corrupción ha quedado expuesta, se ha hecho pública y la gente está en shock: eso va a facilitar una respuesta más efectiva”, ha asegurado Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Pobreza a BBC Mundo. Y algo de eso se ve reflejado en el estudio de Mori, que destaca que la desconfianza en la presidenta se extiende a todas las esferas de poder. “Esta es una crisis de las élites mucho mas que de las instituciones. El vacío de liderazgo se produce por la pérdida de confianza en jueces, políticos, obispos…”, apunta Lagos.

Medidas contra el nepotismo

Después de semanas con escasas apariciones públicas, Bachelet anunció hace unos días un paquete de medidas anticorrupción. Sobre todo afectan a la financiación de la política –se eliminan las aportaciones anónimas y se prohíben las de las empresas–, porque el Estado financiará íntegramente los partidos, que deberán hacer un censo de afiliados y militantes. También apunta a la fiscalización de las cuentas de las formaciones políticas y reduce el gasto en campañas.

“Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños”, aseguró la presidenta. Aunque no aclaró con qué celeridad se tomará esa decisión ni qué pruebas o instancia judicial requerirá.

También anunció medidas “contra el nepotismo”. Por ejemplo, la imposibilidad de presentarse a puestos en un distrito o comuna donde gobierne un familiar, y la eliminación de la reelección indefinida: se permitirá una legislatura para los alcaldes, concejales y senadores, y dos para diputados. Otra de las iniciativas incrementa las incompatibilidades e impone fuertes restricciones a las 'puertas giratorias'. Por ejemplo, impidiendo cualquier tipo de relación de exfuncionarios públicos con las empresas que hayan tenido bajo su control durante su gestión. Además, propuso la creación de un registro de lobistas “para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público”.

Más allá del intento de golpe de timón, este miércoles la presidenta ha entonado un particular mea culpa. Dijo que cuando se enteró del caso Caval no se dio cuenta de “la dimensión que estaba tomando el problema” porque estaba lejos, de vacaciones. De haber comprendido las implicaciones reales del caso, “me habría vuelto de inmediato a Santiago”, ha asegurado Bachelet. “No hice las cosas a tiempo, no tuve la fuerza de haber criticado lo que tenía que haber criticado”, se reprochó. Efectivamente, no calculó que ese relax vacacional la dejaría, tres meses después, tambaleando y sin gobierno.

“Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre”. Así dice Valentina en un video que publicó ella misma hace apenas una semana, sin tener sus padres conocimiento de ello, en su muro de Facebook y que cuenta ya con más de 270000 reproducciones.

Valentina ya vio a su hermano mayor morir por la misma enfermedad, una Fibrosis Quística. Pero también a muchos otros amigos y compañeros de hospital. Hecho que le ha llevado a cansarse de vivir así, a agotarse: “Él era uno de mis mejores amigos y ver que estaba dando todo al 100% e igual sufría, verlo morir, me impactó”, decía a la BBC sobre lo que le había llevado a tomar esa decisión. Y completaba sus motivos diciendo que “han sido 14 años de lucha, de día a día, y para mi familia ha sido más. Estoy cansada de seguir luchando, porque veo el mismo resultado siempre. Es muy cansador”.

Al enterarse su padre, Fredy, de la publicación de dicho video, confiesa haberse pasado la noche entera llorando. Al re-encuentro con su hija, ésta le dijo: “Papá ya no quiero más, papi, estoy cansada. Porque incluso con el trasplante no hay seguridad. ¿Y si me muero en el trasplante?”. A lo que Fredy le contestó: “Hija, si tú quieres luchar, luchamos. Tú sabes cómo es tu enfermedad, la conoces al revés y al derecho”. “Es sobre mi calidad de vida”, explica Valentina sentenciando “eso es lo que no estoy obteniendo”.

Una historia que a nadie puede dejar impasible y que se salda con la visita de Michelle Bachelet este pasado Sábado (6 días después del llamamiento de Valentina) y con su negativa a ayudarle. Pero también, y como decía Valentina, “igual motiva a la gente. Y esto (la enfermedad) es una realidad”.

El abrir un debate sereno a este respecto es imprescindible para poder avanzar local y globalmente en unos derechos humanos reales y efectivos, no papel mojado como han sido hasta ahora. Una oportunidad de permitir a los ciudadanos vivir en paz, dignamente, en igualdad, y respetando la autonomía y libertad personal. Derechos del siglo XXI que los gobernantes, todavía, niegan a sus votantes por ceguera. ¿Acaso pueden dormir tranquilos? ¿Acaso no entienden que el mundo, las ideas, los conceptos de dignidad y libertad cambian? ¿Por qué niegan a los jóvenes el futuro haciendo oídos sordos a sus formas de ver la vida? ¿Acaso no son ellos el futuro? Perdón mi ímpetu, pero me exaspera vivir en un mundo de “carcas”.

El caso es que Valentina sí que ha sacado el debate a la red, espacio dominado por iniciativas emprendedoras en donde la juventud (no sólo de edad), aquí sí, es soberana. Casi 16000 personas levantan el dedo pulgar de Facebook por ella. Y en todos los comentarios, innumerables, se respira el apoyo y cariño hacia esta niña de 14 años que pesa 35 kilos. Apoyo y cariño de todo tipo. Entre ellos, muchos que estimulan a luchar y a tener esperanza, incluso fé en dios. Y pocos, contados casi con los dedos de la mano, de comprensión y empatía. Aunque en definitiva, todos de apoyo. Pero quizás el mensaje que ella más agradezca sea el de su padre, quien decía a Associated Press: “Es fuerte pero tengo que respetar su decisión porque es ella quien está sufriendo esta enfermedad”, “Ya perdí a un hijo de 6 años por no tener dinero y no tener órganos… Ella quiere morir dignamente”.

Dicen los profesionales sanitarios que trabajan con niños en servicios sanitarios como los de oncología que, de forma general y pese a la corta edad y experiencias de vida, tienen una sensatez pasmosa que sobrepasa incluso la de los adultos en la misma situación. Será por el intenso sufrimiento que han acarreado en su corto camino, o por tener que ser adulto en un cuerpo de niño y en una situación del todo injusta.

El caso es que Vale ya está cansada de luchar, pero sobre todo de resignarse a tener que salir en sus fotos de Facebook siempre rodeada de cables y no encontrar salida alguna a su situación.

La corrupción en general y la que se deriva de la operación Púnica en particular han salido a colación en la rueda de prensa que han ofrecido Mariano Rajoy y Michelle Bachelet, con motivo del viaje de la presidenta chilena a España. El presidente del Gobierno ha respaldado a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, a pesar de que cuatro alcaldes conservadores han sido detenidos en la macrorredada: “Es un activo muy importante de nuestro partido”.

“Desde luego, tiene todo mi apoyo”, ha añadido el presidente, dejando claro que era su respuesta a una pregunta formulada “hoy”. En cuanto a la responsabilidad de la expresidenta de la Comunidad, ha destacado como una virtud que hubiera pedido perdón a los ciudadanos el mismo día en que se conocieron las detenciones. Al día siguiente, en el Senado, el jefe del Ejecutivo optó por seguir su ejemplo, pedir también perdón a los españoles.

“La principal obligación de un dirigente político es ser justo. Esperanza Aguirre se ha equivocado, como yo y todos los que estamos aquí”. De esta forma, aunque sin referirse expresamente a Luis Bárcenas, Rajoy ha vuelto a reconocer su responsabilidad en cuanto a la elección para que se hiciera cargo de las finanzas de su partido y a subrayar que esas personas “en su inmensa mayoría ya no están en el PP”.

Nuevas plazas de magistrados

Para reforzar su discurso de lucha contra la corrupción, Rajoy ha recordado las principales medidas que están pendientes de trámite en el Congreso: la Ley de control de la actividad financiera de los partidos y el estatuto del alto cargo. A propósito de la Ley de Transparencia, el presidente ha anunciado que este viernes el Consejo de Ministros aprobará además el estatuto que velará por el cumplimiento de esta ley. Entre otras medidas, se ha referido a la convocatoria de 122 plazas de magistrados y al refuerzo de la Sala de lo Penal con dos jueces más.

El presidente ha tenido que escuchar cómo un periodista chileno le preguntaba si había hablado con Bachelet de la corrupción en España, después de la operación Púnica, y si el sistema está preparado para luchar contra ella. “¿Hay casos de corrupción? Sí. ¿Hay impunidad? Afortunadamente, ninguna”, ha contestado antes de incidir en que “quien la hace, la paga” gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía.

Durante la campaña electoral chilena, la entonces candidata Michelle Bachelet presentó un documento con los 50 compromisos urgentes que asumiría durante sus primeros cien días de gobierno. Al contrario de lo que sucede en otros muchos casos, aquellas medidas no se quedaron en meras palabras que se lleva el viento y, una vez llegó a la presidencia, Bachelet quiso hacer un seguimiento de la formalización de su programa. Para ello creo la web cumplimiento.gob.cl.

En esta página, dividida por bloques temáticos, se muestran las diferentes acciones que se están llevando a cabo para alcanzar el objetivo establecido por la presidenta, pero ¿de qué manera percibe el público estas acciones?

“Todo lo que sea mejorar lo que se refiere al rendimiento de cuentas de la política en general va a influir en su imagen”, apunta el analista y consultor en social media David Álvarez. “No se puede decir con exactitud hasta qué punto estos proyectos repercuten de cara a la ciudadanía, pero evidentemente todo suma ya que un usuario de manera rápida puede ver el nivel de cumplimiento de las promesas de su Gobierno”.

La página creada por el Gobierno chileno es sólo un ejemplo de las muchas que circulan en la Red y que se encargan de examinar el nivel de compromiso de los políticos. Eso sí, la mayoría de ellas creadas por ciudadanos u organizaciones ajenas al gobierno.

Así, hace sólo unos días, un grupo de emprendedores venezolanos lanzaba la web www.solopromesas.com con la idea de registrar todas las medidas anunciadas, cumplidas o no, por medio de la participación espontánea de los lectores. En EEUU se lanzó una web en 2007 con el mismo objetivo y, en Australia, los internautas pueden ejercer ese control a través de PromiseLocker.

Para Álvarez, sería necesario analizar cada uno de los proyectos “de manera diferente, dependiendo de la repercusión que puedan tener en las redes sociales”. Sin embargo, señala que todos cuentan con un nexo común: “Lo que está claro es que este tipo de proyectos deberían hacerlos los mismos partidos o instituciones. Entiendo que la mayoría de ellos los crea la ciudadanía en parte por el déficit de que los propios partidos no los hagan directamente”.

Para ser justos, y antes de caer en alabanzas ante el Gobierno chileno (aunque los expertos admiten que es un país “modélico” dentro de los estándares latinoamericanos en temas de transparencia), hay que tener en cuenta que en el propio país latinoamericano nació en 2012 la web Del Dicho Al Hecho, creada por la Fundación Ciudadano Inteligente, que perseguía la transparencia del Gobierno.

“Desde luego, al gobierno de Bachelet le sale mejor la jugada si es él mismo el que juzga que si son otros los que lo hacen” señala el especialista en comunicación corporativa, política e institucional Luis Arroyo. “Pero lo que han hecho no me parece muy novedoso. Para mí, el uso de internet como herramienta de transparencia es una idea magnífica. Ahora bien, evaluar el grado de cumplimiento de un programa electoral es algo del todo subjetivo porque puedes decir que has creado una comisión sobre equis asunto, pero eso no quiere decir que se esté cumpliendo el programa”.

Por ello, para el especialista, la acción que ha puesto en marcha Bachelet resulta “etérea”, aunque admite que “puede mejorar su imagen”. No obstante, señala que serían más eficaces otras acciones: “Podemos, sin ir más lejos, publica todas sus cuentas en internet”.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Wikipedia.org, Cancillería del Ecuador y DelDichoAlHecho.cl

Chile es un país que se vanagloria de mantenerse al margen de la fiebre reeleccionista de América Latina. Asistimos, incluso, a nuevas versiones como la llamada reelección conyugal. Tal es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y, más recientemente, la tentación que parece rondar en torno a las pretensiones políticas de Nadine Humala, la esposa del primer mandatario peruano. El regreso de la expresidenta Michelle Bachelet, luego de que en 2010 le colocara la banda presidencial por primera vez a un candidato de derecha desde la recuperación de la democracia en 1990, no calza en ese marco. Pero la posibilidad de que ocupe nuevamente el sillón presidencial sería una reelección, aunque en modalidad alterna.

Lo llamativo, en su caso, es que se trata de una mujer que, además de ser la primera en llegar a dicha magistratura por la vía de las urnas en un país importante en América Latina, añadiría un nuevo récord. No solamente es la primera mujer en Chile en lograr la presidencia sino que sería la primera vez que alguien sería reelecto en dicho cargo. De hecho, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, revisando la historia de Chile, se refiere a ello como “una misión casi imposible”. Sumemos que no solamente ha dejado su mandato con el más alto nivel de popularidad, 80%, sino que ha logrado sobrevivir al desgaste que produce la lejanía del poder. Esas son algunas de las razones por las que su posición actual, como candidata de los partidos Socialista (PS) y por la Democracia (PPD) a las primeras primarias presidenciales legales que se realizarán en el país, generan expectación.

Al día de hoy, es la candidata mejor posicionada para repetir una hazaña porque, concedamos, a pesar de los avances femeninos en el último siglo, todavía resulta raro que una mujer llegue a dirigir un país. Según el Mapa Mundial de la Mujer en la Política 2012, solamente hay 17 jefas de Estado o de Gobierno. Sin embargo, volver a ocupar La Moneda parece no ser el problema, por ahora. El problema se produciría una vez que reincida en el cargo. Existen expectativas, pero también legítimas dudas, acerca de si sus propuestas políticas podrán hacerse cargo de los cambios que ha experimentado el país.

Desde la derrota de la Concertación en 2010, luego de veinte años ininterrumpidos de gobiernos de la misma coalición, se viene hablando de un cambio de ciclo en la política chilena. Este fenómeno, probablemente, se encuentra en desarrollo. El movimiento estudiantil de 2011, con su demanda de educación pública, gratuita y de calidad en base a la consigna de “fin al lucro”, visibilizó una crisis de representación política junto con la demanda por redistribución del ingreso las que, para algunos analistas, expresan la necesidad de cambios estructurales más profundos en un ordenamiento económico-social que el Financial Times ha catalogado recientemente como una “economía oligárquica liberal”. En el debate público, de forma lenta pero consistentemente, se ha ido instalando la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución que relativice el rol sobredimensionado asignado al mercado y que permita lo que los chilenos no han logrado en toda su historia: dotarse a sí mismos de una carta fundamental legitimada por vía soberanía popular.

Chile, a día de hoy, es un cúmulo de paradojas que quiebra el sentido común que dicta que si la economía anda bien, todo lo demás debe darse por sentado. Si bien ha sido un país exitoso en el combate a la pobreza y exhibe hoy cifras alabadas de crecimiento, baja inflación, inversión extranjera y empleo, coexisten con una de las desigualdades más altas de la región, según el PNUD. Ello ha venido a generar un fenómeno difuso, pero consistente en los últimos años, expresado de manera intermitente en movilizaciones sociales y en las redes, pero también por vía electoral, con una abstención de casi 60% en las elecciones municipales de 2012, que se ha dado en llamar “malestar”.

Bachelet, en esta etapa de campaña de primarias, se ha hecho cargo de estos dilemas y ha izquierdizado su discurso, proponiendo reformas tanto educacional como tributaria. Sin embargo, difícilmente podrá concretarlo si no logra mayoría parlamentaria. Las fuerzas que la respaldan, que no conforman la oposición toda por cuanto Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista, competirá con ella en la primera vuelta presidencial, aparecen unidas en torno a su figura más porque les asegura el regreso al poder que por disponer de un proyecto político de futuro distintivo que las una.

En noviembre, no solamente tendrá lugar en Chile una elección presidencial sino también parlamentaria y se ha difundido la consigna de lograr “un Parlamento para Bachelet”. Sin embargo, la negociación parlamentaria de sus propias fuerzas se observa plagada de conflictos y reproches, lejana a la mínima disciplina que podría garantizar lo que ella hoy está prometiendo. Otros factores podrían ralentizar su giro hacia la izquierda. Nos referimos al ingreso de la Democracia Cristiana (DC) a su comando, una vez concluidas las primarias fijadas para el 30 de junio. Ello nos recuerda que cualquier coalición que sustente su gobierno no será sin tensiones por cuanto incluirá a la expresión de centro que representa dicho partido, pero también muy posiblemente a un Partido Comunista (PC) que podría llegar al Gobierno por primera vez, luego del quiebre de la democracia, en 1973.

Así como las posibilidades reales de su izquierdización están en duda, no lo está su compromiso con la igualdad de género. Es, sin duda, la exmandataria más reconocida a nivel mundial por sus políticas a favor de las mujeres, lo que seguramente le valió ser electa para dirigir ONU-Mujeres. La paridad ministerial y una reforma previsional con enfoque de género forman parte de sus políticas más recordadas. Se necesita con urgencia un nuevo embate en este ámbito, luego de un gobierno de derecha que ha debilitado la transversalización de género en el Estado y ha dejado aparcado el lenguaje de derechos por uno donde la mujer cuenta solamente en su rol de madre y como instrumento de políticas asistenciales. Chile tiene un porcentaje del 13,9% de parlamentarias y es uno de los pocos países de América Latina que carece de ley de cuotas. A las deudas que la transición dejó en materia de participación política y derechos sexuales y reproductivos se suman nuevas realidades como la demanda por políticas de conciliación. Por lo tanto, no es extraño que las chilenas vean en ella una “candidatura anhelante” con la que se identifican transversalmente.