Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Un varón ha sido detenido por la relación con el homicidio de un joven en plana calle en el municipio de Tirgo el pasado martes. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno, continúa detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. La Guardia Civil continúa instruyendo las diligencias oportunas para esclarecer lo sucedido.

 Los hechos ocurrieron este martes sobre las 17:30 horas, cuando las unidades de seguridad ciudadana se encontraron con un varón en plena calle e intentaron reanimarlo sin éxito, confirmando después la muerte violenta del hombre.

Se ha decretado el secreto de sumario así que no se conocerán más detalles hasta que este no se levante.

Una mujer ha sido detenida como presunta autora de la reciente muerte de un hombre en Don Benito (Badajoz) y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, según ha informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El fallecimiento fue considerado en un primer momento como una muerte de carácter natural.

Sin embargo, el hallazgo posterior de indicios que apuntaban a una causa no natural motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional, que ha derivado en la detención de la mujer por un supuesto caso de homicidio. 

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de les Balears ha declarat culpables els dos acusats de la mort de la nadó que, el novembre de 2023, va ser llançada a un contenidor de Porto Cristo (Mallorca): la mare i el tiet de la criatura.

Els nou membres del jurat, després d'un temps de deliberació, han determinat per unanimitat que tots dos són penalment responsables del llançament de la nadó i, per tant, que han de ser condemnats per aquests fets.

Tots dos s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, atès que la Fiscalia sosté que, quan van llançar la nounada al contenidor, tenien “intenció de treure-se-la de sobre” i “sabien que si la deixaven allà moriria”.

La tieta de la nadó, que també s'ha assegut al banc dels acusats, ha estat declarada culpable, també per unanimitat, del delicte d'omissió del deure de socors que se li imputa.

Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part en un cotxe i, després de donar a llum el nounat viu, va acordar amb el seu cunyat llançar-lo a un contenidor d'escombraries el 3 de novembre de 2023 a Porto Cristo.

Els membres del jurat han considerat provat que aquests dos acusats, conscients que la nadó estava viva, van acordar tirar-la al contenidor sense demanar cap tipus d'assistència mèdica. “Volien causar la mort de la criatura”, han manifestat.

Sobre la germana de l'acusada, el jurat ha declarat provat que la dona era conscient del perill al qual estava exposada la nadó, “desemparada i en perill manifest i greu”, i que, “podent fer-ho sense risc propi o de tercers, no la va auxiliar”.

En aquest sentit, ha destacat que res li impedia trucar a una ambulància o a la Policia. El jurat no s'ha mostrat favorable a l'indult ni a la suspensió de les penes.

Després de la lectura del veredicte, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat per a la mare i el tiet la pena de presó permanent revisable i, per a la tieta, una pena d'un any de multa amb una quota diària de 15 euros.

Els advocats dels dos primers acusats no han pogut plantejar cap pena alternativa, mentre que el de la tercera processada ha sol·licitat per a la seva defensada la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictarà sentència els propers dies. No obstant això, davant la no compareixença aquest diumenge a l'Audiència de la principal acusada, la jutgessa ha ordenat la seva cerca i captura.

D'altra banda, el Tribunal també ha celebrat la vista prevista a l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, demanada per la Fiscalia per al tiet de la víctima, i la magistrada ha acordat el seu ingrés a presó.

Així, després de notificar-li personalment la decisió, ha estat conduït al centre penitenciari per agents de la Policia Nacional.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían “intención de quitársela de en medio” y “sabían que si la dejaban ahí iba a morir”.

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

Según el veredicto, la principal acusada se puso de parto en un coche y tras dar a luz el neonato vivo acordó con su cuñado arrojarlo a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo.

Los miembros del jurado han considerado probado que estos dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla al contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. “Querían causar la muerte de la criatura”, han manifestado.

Sobre la hermana de la acusada, el jurado ha declarado probado que la mujer era consciente del peligro al que estaba expuesta la bebé, “desamparada y en peligro manifiesto y grave”, y que “pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros, no la auxilió”.

En este sentido, ha destacado que nada le impedía llamar a una ambulancia o a la Policía. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto ni a la suspensión de las penas.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para la madre y el tío la pena de prisión permanente revisable y, para la tía, una pena de un año de multa con cuota diaria de 15 euros.

Los abogados de los dos primeros acusados no han podido plantear ninguna pena alternativa, mientras que el de la tercera procesada ha solicitado para su defendida la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictará sentencia los próximos días. No obstante, ante la no comparecencia este domingo en la Audiencia de la principal acusada, la jueza ha ordenado su busca y captura.

Por otra parte, el Tribunal también ha celebrado la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pedida por la Fiscalía para el tío de la víctima y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

Así, tras notificarle personalmente la decisión, ha sido conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.

Este fin de semana se cumple un año del crimen de la discoteca Mítika de Vitoria. En la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, uno de los porteros del local, que tenía subcontratada la seguridad a la empresa Le Basque, golpeó en la zona de control de accesos a uno de los clientes que esperaban para entrar, Kerman Villate, de 31 años. Cayó muerto. Era un punto casi ciego de las cámaras de videovigilancia, según ha constatado la Policía. La familia prepara un sencillo homenaje para este lunes. Centra muchos más esfuerzos en buscar una condena en los tribunales y en poner en evidencia los antecedentes del local, del agresor y de la empresa. Son hasta doce episodios oscuros en la noche vitoriana, según la documentación policial y judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

El imputado por la muerte de Villate era uno de los porteros de la Mítika, renombrada como Kubik tras un tiempo clausurada después de aquella noche. Fue encarcelado de forma preventiva tras los hechos. Pero, desde noviembre, ha quedado libre tras el abono de una fianza. Y es que la calificación inicial de la muerte como “homicidio doloso” o “asesinato”, como demandan los letrados de la familia, ha sido rebajada tras un recurso a la Audiencia Provincial a “homicidio imprudente”, como pidió la defensa con apoyo de la Fiscalía. Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que analiza un recurso de casación.

Aunque en este momento la causa la dirige la magistrada Marta Escudero, el primer instructor, Álvaro Silván, dejó por escrito que la corpulencia del portero, campeón de España de fuerza, es un claro agravante. “Un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”, estimó. Y eso que la víctima era un jugador de baloncesto. Asimismo, se remarcó que, tras el golpe mortal, el guardaespaldas huyó de la zona y no socorrió a la víctima.

Después del crimen, a las pocas semanas, se celebró un juicio contra él por un caso anterior. Generó gran expectación en la ciudad. Pero quedó absuelto porque, según la sentencia, la denunciante no fue clara al describir a su agresor y había “dudas razonables” de que lo que describió, un golpe por detrás, fuese responsabilidad del acusado. Esto se produjo en abril de 2023.

Sin embargo, la familia ha encontrado hasta cinco precedentes de 2024 con la misma persona señalada. El primero, el 10 de marzo. La Ertzaintza tuvo noticia de que una persona fue empujada y tirada al suelo. El segundo, el 7 de abril. Se denunció ante la Policía que una persona recibió un trato “claramente discriminatorio” y que fue “atacado sorpresivamente”. El tercero, el 28 de abril, festividad de San Prudencio en Álava. “El denunciante, relata como al salir del local, a las 07.45 horas en la hora de cierre del mismo, trató de acceder de nuevo al interior para recuperar su cazadora que había olvidado, cuando fue víctima de una agresión conjunta a manos de los empleados de seguridad”, expone el informe.

El cuarto, el 4 de noviembre, cuando a las 4.46 horas, un “portero” de Le Basque empujó a dos clientes, uno de ellos con heridas “en nariz y ceja”. Y el quinto el 14 de diciembre: a las 5.57 horas, un testigo refirió que “entre varios porteros”, incluido el ahora imputado, habían expulsado “de malas formas, a empujones” a dos clientes. Uno acabó con lesiones en la pierna izquierda. Además, después de quedar libre, el agresor fue citado para otra vista en el Tribunal de Instancia de Vitoria. No se presentó.

Por lo demás, en 2022 una sala de Vitoria emitió una sentencia contra Mítika en la que se le obligaba a pagar 10.000 euros de multa por una agresión ocurrida el 27 de febrero de ese año. También se apuntaba a las deficiencias de las cámaras de seguridad. Igualmente, otro portero del local presente esa noche de 2025 en Mítika tiene antecedentes por agresiones. Se trata de casos de octubre, noviembre y diciembre de 2022, por ejemplo. El último es el más grave. Fue el 18 de diciembre a las 4.55 horas. Un cliente tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Txagorritxu —estando el de Santiago a apenas 100 metros y en la misma calle— porque, supuestamente, cuando estaba pidiendo en la barra, un portero lo sacó del local y lo agredió. También los hubo en 2023, por ejemplo el 18 de febrero, de nuevo con una imputación formal por lesiones.

Según se conoció en diciembre, el Departamento de Seguridad, que prepara cambios en la regulación de la normativa del ocio nocturno, ha constatado que Mítika contrató “a sabiendas” a una empresa de seguridad, Le Basque, no autorizada para esas funciones. A su vez, los cuatro porteros no tenían la habilitación para ello. Así, la discoteca se enfrenta a una sanción económica de 30.000 euros, Le Basque a 40.000 euros y cada uno de los vigilantes a 6.000 euros.

“¿Por qué esa tolerancia ante las agresiones? ¿Por qué esta permisividad con las empresas que gestionaban el local?”, lanzaron esta semana como preguntas al aire los padres de Villante, Arantzazu y Roberto, en una comparecencia en el Parlamento Vasco. Leyeron, por ejemplo, un fragmento de un informe de la Ertzaintza exactamente de un mes antes del crimen. En él se indica que “el control de acceso [...] está instalado en el punto ciego de la cámara pasiva”, aunque es “el lugar de inicio de la mayoría de los problemas que puedan existir entre clientes y trabajadores”. Es un dato de “interés”, según la Policía, porque “no parece casual”. La Policía municipal informó de 30 incidencias en la discoteca de Dendaraba en 2023 y 2024. “Da la sensación de que se busca dificultar la acción policial en el caso de que exista algún incidente como el ocurrido”, se puede leer también en los documentos oficiales.

Una mujer de 55 años ha sido detenida este viernes en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en su domicilio del barrio de Uribarri, según ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza se ha personado en un domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto homicidio.

Presuntamente los agentes que han encontrado el cuerpo de la víctima la han hallado con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años, quien ha confesado los hechos y ha asegurado que se trataba de la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos.

El acusado de intentar matar a su vecino, con el que tenía desavenencias, ha llegado, en la mañana de hoy, a un acuerdo de conformidad tras aceptar tres años de cárcel y aplicársele la atenuante de reparación.

La Audiencia Provincial juzgaba hoy a un hombre de Arnedo, de 72 años, al que el Ministerio Fiscal pedía ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa, tras atacar a un vecino con el que tenía malas relaciones con una tijera.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el acusado, que permanece en prisión, ha reconocido los hechos y ha aceptado, además de tres años de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de quinientos metros a la víctima y la prohibición de entrar en el pueblo de Arnedo por cinco años.

La Fiscalía ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ha satisfecho la responsabilidad civil que se solicitaba íntegramente.

Tal y como relata el escrito de acusación, el 6 de febrero de 2025, en torno al mediodía, el acusado se encontraba en el portal de su vivienda, en Arnedo, cuando se cruzó con su vecino, con quien mantenía una mala relación de convivencia y múltiples desavenencias previas.

A causa de esta relación conflictiva, ambos iniciaron una discusión y, en el transcurso de misma, de forma “sorpresiva y con ánimo de acabar con la vida” de su vecino, el acusado se abalanzó sobre él esgrimiendo una hoja de tijera, afilada por ambos lados, que había sido manipulada por él.

Con ella, le golpeó hacia una “zona vital del cuerpo” y le asestó dos puñaladas en el lado izquierdo del cráneo. El perjudicado, en un intento de defenderse, consiguió zafarse empujando al acusado.

Acto seguido, el acusado abandonó el portal, salió a la vía pública y arrojó el arma por una alcantarilla, donde posteriormente fue localizada por los agentes.

El agredido sufrió lesiones, necesitó dieciocho puntos de sutura, tiene un nervio dañado que le ocasiona molestias y un perjuicio estético moderado por cicatrices visibles de seis y tres centímetros, con imposibilidad de elevar la ceja izquierda.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pedía indemnizar con ochocientos euros por las lesiones causadas y 13.500 por las secuelas.

Los dos hombres acusados del crimen del placero de Santiago han aceptado una pena de 11 años y medio de prisión por un delito de homicidio tras llegar las partes a un acuerdo. Según ha explicado Luciano Prado, abogado de la familia del placero, a esta pena se suma una multa por un delito de lesiones, cinco años de libertad vigilada tras cumplir condena, así como 580.000 euros de responsabilidad civil. Este lunes, cuando estaba previsto que se constituyese el jurado popular, las partes llegaron a un acuerdo y el juez dictó sentencia 'in voce' y ambos acusados ya están condenados.

El abogado de la familia ha expresado, consultado por Europa Press, que está contento con el resultado acordado ya que tenía “serias dudas” de que, de celebrarse el juicio, alguno de los procesados pudiese tener “una pena bastante inferior”. En un principio, Fiscalía solicitaba para cada uno de los encusados una pena de 14 años de cárcel, con inhabilitación absoluta, por un delito de homicidio, así como dos años de prisión por un delito de lesiones.

La primera jornada de esta juicio estaba prevista para este martes con el interrogatorio de los acusados y el comienzo de las testificales.

Los hechos

Los hechos sucedieron el 12 de noviembre de 2024, sobre las 04.30 horas de la madrugada, en la Plaza de Abastos, donde los dos acusados comenzaron una discusión con el propietario de la carnicería. La pelea prosiguió en el interior de la plaza, donde ambos acusados forcejearon con el fallecido y con el vigilante de seguridad que acudió a la llamada de la víctima. Durante la pelea, la víctima se hizo con un haragán de limpieza, con el que uno de lo acusados lo golpeó posteriormente en la cabeza. El propietario de la carnicería falleció y el vigilante de seguridad sufrió varias lesiones.

Los dos procesados fueron detenidos horas después, tras iniciar una huída por las calles de Santiago y llegar a sus domicilios y permanecen en prisión provisional desde entonces.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años en Lleida como presunto autor de la muerte violenta de una mujer.

La víctima fue localizada en una vivienda de la calle Fraga de la ciudad, según ha informado el cuerpo autonómico. En el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas solo ha podido confirmar la muerte de la mujer, de 53 años.

El ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado en el que ha condenado el feminicidio, ha enviado sus condolencias a la familia y ha decretado tres días de duelo en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio para este lunes al mediodía en la Plaça de la Paeria así como una concentración de condena a las 19.00 horas.

El Govern municipal también ha hecho una llamada a las entidades sociales y a la ciudadanía a participar de las muestras de rechazo y de condolencias ante la muerte violenta de esta mujer.

Casi dos años ha tardado un acusado en reconocer ante la Fiscalía de Asturias que, en marzo de 2024, fue él quien mató a su tío político y enterró su cadáver en una finca en Granda (Siero). Una confesión que le ha llevado a aceptar una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada.

Un hermano y un primo suyo han admitido también haber encubierto el crimen. Tres testimonios que han sido ratificados este viernes por los tres coacusados ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

La víctima mantenía a la familia

Los tres acusados son de nacionalidad colombiana, al igual que la víctima, J.J.P.C. , de 52 años y padre de cinco hijos. El fallecido llevaba apenas un año en España cuando ocurrió el crimen.

J.J.P.C. se había trasladado a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano. En la misma compañía trabajaban su cuñado y los dos hijos de éste, los dos acusados que eran, por tanto, sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de estos dos últimos, el tercer acusado.

Una tarde bebiendo cerveza

La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. El 25 de marzo de 2024, los tres acusados y la víctima quedaron para tomar algo y, después de un tiempo en que permanecieron todos juntos, uno de ellos quedó a solas con J.J.P.C.

Ambos fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron un número indeterminado de ellas. Sobre las 19.40 horas, se desplazaron a la vivienda del acusado en Granda. En un momento dado, y tras una videollamada que hizo J.J.P.C., se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado.

De la discusión al apuñalamiento

“En el marco de la discusión se produjo un enfrentamiento físico entre ambos en el que, el acusado teniendo a J.J.P.C. de frente, utilizando un arma blanca tipo cuchillo que se encontraba en el lugar y con la intención de acabar con su vida, lo atacó en la zona del cuello. A continuación lo apuñaló repetidamente, también en otras zonas del cuerpo, causándole la muerte”, señala la Fiscalía.

Aproximadamente una hora después, este acusado llamó a su hermano y le relató lo que había sucedido, por lo que este último acudió a su domicilio. Ya juntos, entendiendo ambos que J.J.P.C. estaba muerto, y para evitar que se encontrara el cadáver, decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto de la finca y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo. También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron.

J. J. P. C. fue enterrado sin la ropa que llevaba en la parte de arriba, con una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedó totalmente envuelto.

Enterrado en el jardín

A continuación, según la versión de la Fiscalía que hoy han corroborado los propios acusados, cavaron un hoyo en el jardín y metieron en él el cadáver, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día.

Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental de la víctima -con el que había mantenido la conversación de la videollamada- presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C.

Los cómplices

El 10 de abril, el hermano que actuó como cómplice compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de protegerle y dificultar la investigación policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.

No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que, el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las 21.45 horas, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música.

Eliminaron pruebas

Por su parte, el primo de los acusados mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con ambos hermanos y en algún momento de una de las llamadas se enteró de la muerte de J.J.P.C. No obstante, se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a los agentes.

La Fiscalía sostiene que si esta conducta no se hubiera producido, se podría haber encontrado más rápidamente el cadáver de la víctima, esclarecer la autoría de su muerte y evitar que se hubieran ocultado pruebas del delito.

El hallazgo del cadáver

El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del principal investigado, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda. Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno, que era húmedo, y por las bolsas de plástico que lo envolvían.

Tras admitir el relato de hechos de la Fiscalía, el principal acusado aceptó 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada además del pago de indemnizaciones a la familia de su tío político por un importe de 390.000 euros.

Las penas e indemnizaciones

A su hermano no se le impuso pena alguna, al aplicarle la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 al ser encubridor. No obstante, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar una indemnización a los familiares de la víctima de 4.000 euros por el daño moral derivado de su acción, respondiendo solidariamente con su hermano, al haber participado desde un principio ambos en la ocultación del cadáver.

Su primo ha sido condenado a un año de prisión. La Fiscalía no se ha opuesto a que se le conceda el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Este acusado, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar a la familia de la víctima una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado.

La Fiscalia ha rebutjat aquest dilluns la tesi de la legítima defensa i ha mantingut la petició de 15 anys de presó per homicidi per a l'acusat de matar un lladre que va assaltar la seva casa el setembre de 2020 per robar unes plantes de marihuana.

“Surt [de la seva vivenda], recorre 19 metres i continua assestant punyalades a una persona que ja està molt ferida. Continua assestant punyalades una i altra vegada. L'ànim de matar és evident. Les punyalades, pel seu nombre i per la seva importància, no deixen cap lloc a dubtes”, ha relatat taxatiu el fiscal durant l'exposició dels informes finals.

Les conclusions s'han presentat durant la sessió d'aquest dilluns del judici amb jurat que se celebra des de la setmana passada a l'Audiència Provincial de Balears. Al banc dels acusats s'hi asseuen tant l'home acusat de matar un dels quatre presumptes assaltants, com aquests, processats per robatori en grau de temptativa. Per a aquests últims, el fiscal manté la sol·licitud d'11 mesos de presó per a cadascun en considerar acreditat que es van desplaçar fins a Inca “per cometre un palo”. “Els fets estaven clars i a més ara estàn provats”, ha defensat.

Respecte a l'homicidi, el Ministeri Públic ha subratllat la gravetat de les ferides sofertes per la víctima, asseverant que no va tenir cap possibilitat de sobreviure. “Ho han vist amb pany i senyals: una dotzena de punyalades, tres d'elles mortals, comeses amb un ganivet”, ha indicat dirigint-se als membres del jurat.

Sobre l'intent de robatori, el fiscal ha argumentat que va existir un “esforç per entrar i per sortir” motivat per l'expectativa d'obtenir un gran botí. Segons la seva versió, l'assaltant mort va ser qui va convèncer la resta per acudir a la vivenda, i les proves apunten que l'objectiu era apropiar-se de les plantes de marihuana.

Por i legítima defensa

La defensa del principal acusat, en canvi, sosté que el relat de les acusacions no es correspon amb el que va ocórrer. L'advocada ha insistit que no hi ha testimonis directes i que el que s'ha exposat es recolza més en el dolor per la mort que en una reconstrucció fidel. Encara que no qüestiona que la víctima morís a conseqüència de les punyalades, nega que els fets succeïtessin com s'ha plantejat.

La lletrada també ha criticat que es presenti el seu client com un “boig psicòpata que està esperant a casa seva algú per matar-lo”. Al seu parer, la por i la legítima defensa estàn acreditades, ja que els intrusos van entrar a la vivenda, van trobar l'acusat desarmat i el van atacar diverses persones, una d'elles armada amb un ganivet. Per això, manté la seva petició d'absolució.

La mateixa lletrada, que exerceix alhora l'acusació contra els assaltants, ha afirmat que no hi ha una altra sortida que condemnar-los per temptativa de robatori. “L'intent de robatori està més que provat. El forat al mur no es va fer per generació espontània”, ha remarcat.

Els advocats de la família de la víctima, per la seva banda, mantenen que els fets han de qualificar-se com a assassinat amb traïció i acarnissament. Un dels lletrats ha assenyalat que el mort va rebre una dotzena de ganivetades que li van provocar un dany “irreparable”, amb un patiment “atroç”, fins a morir dessagnat. “Jaume no es va poder defensar perquè es va trobar sorprenentment atacat per una persona d'una manera extremadament agressiva”, ha dit. L'altra advocada ha afegit que “la intenció era que patís” i ha recalcat que “ningú té dret a llevar la vida d'un altre” ni a “defensar la propietat privada amb aquesta violència”.

Crítiques de les defenses dels assaltants

Les defenses dels suposats lladres han coincidit a qüestionar l'acusació del fiscal, que consideren basada en una lògica insuficient: la que, malgrat poder consumir droga, decidissin desplaçar-se fins a Inca. L'advocat del primer acusat, que va auxiliar el mort, ha al·legat que el seu client desconeixia el propòsit del viatge i nega que fes tasques de vigilància. També ha subratllat que no va fugir, sinó que va romandre al lloc fins a l'arribada de la Guàrdia Civil. “No s'ha desplegat prova alguna o indici que fes les tasques de vigilància que se li imputen”, ha afirmat, defensant que va actuar com a “bon amic” en treure la víctima per evitar que morís.

La defensa del segon acusat ha rebutjat igualment que el lloc i les circumstàncies fossin compatibles amb una vigilància i, encara que ha reconegut que el seu client va fugir, ho ha justificat com una reacció comprensible en una situació d'aquest tipus.

L'advocat del tercer processat també ha criticat que es pretengui condemnar el seu defensat sense proves d'un acord previ per anar a robar a Inca. “No hi ha proves que s'haguessin posat d'acord”, ha conclòs.

El jurat rebrà aquest dimecres l'objecte del veredicte i quedarà incomunicat per deliberar.

En concret, els fets van ocàrrer el 24 de setembre de 2020. Segons les acusacions, quatre persones van acudir a una vivenda d'Inca amb la intenció de sostreure plantes de marihuana. Tres d'elles s'haurien quedat fora per vigilar, mentre el quart accedia a l'interior.

Aquest últ va entrar per un orifici practicat en una tanca metàl·lica situada sobre el mur que envoltava la finca. En aquell moment va ser sorprès pel propietari, i durant el forcejament va rebre diverses punyalades que van acabar causant-li la mort.

La Fiscalía ha rechazado este lunes la tesis de la legítima defensa y ha mantenido la petición de 15 años de cárcel por homicidio para el acusado de matar a un ladrón que asaltó su casa en septiembre de 2020 para robar unas plantas de marihuana.

“Sale [de su vivienda], recorre 19 metros y sigue asestando puñaladas a una persona que ya está muy malherida. Sigue asestando puñaladas una y otra vez. El ánimo de matar es evidente. Las puñaladas, por su número y por su importancia, no dejan ningún lugar a dudas”, ha relatado tajante el fiscal durante la exposición de los informes finales.

Las conclusiones se han presentado durante la sesión de este lunes del juicio con jurado que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Balears. En el banquillo se sientan tanto el hombre acusado de matar a uno de los cuatro supuestos asaltantes como éstos, procesados por robo en grado de tentativa. Para estos últimos, el fiscal mantiene la solicitud de 11 meses de cárcel para cada uno al considerar acreditado que se desplazaron hasta Inca “para cometer un palo”. “Los hechos estaban claros y además ahora están probados”, ha defendido.

Respecto al homicidio, el Ministerio Público ha subrayado la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, aseverando que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. “Lo han visto con pelos y señales: una docena de puñaladas, tres de ellas mortales, cometidas con un cuchillo”, ha indicado dirigiéndose a los miembros del jurado.

Sobre el intento de robo, el fiscal ha argumentado que existió un “esfuerzo para entrar y para salir” motivado por la expectativa de obtener un gran botín. Según su versión, el asaltante fallecido fue quien convenció al resto para acudir a la vivienda, y las pruebas apuntan a que el objetivo era apoderarse de las plantas de marihuana.

Miedo y legítima defensa

La defensa del principal acusado, en cambio, sostiene que el relato de las acusaciones no se corresponde con lo ocurrido. La abogada ha insistido en que no hay testigos directos y que lo expuesto se apoya más en el dolor por la muerte que en una reconstrucción fiel. Aunque no cuestiona que la víctima falleciera a consecuencia de las puñaladas, niega que los hechos sucedieran como se ha planteado.

La letrada también ha criticado que se presente a su cliente como un “loco psicópata que está esperando en su casa a alguien para matarle”. A su juicio, el miedo y la legítima defensa están acreditados, ya que los intrusos entraron en la vivienda, encontraron al acusado desarmado y lo atacaron varias personas, una de ellas armada con un cuchillo. Por ello, mantiene su petición de absolución.

La misma letrada, que ejerce a su vez la acusación contra los asaltantes, ha afirmado que no cabe otra salida que condenarlos por tentativa de robo. “El intento de robo está más que probado. El agujero en el muro no se hizo por generación espontánea”, ha remarcado.

Los abogados de la familia de la víctima, por su parte, mantienen que los hechos deben calificarse como asesinato con alevosía y ensañamiento. Uno de los letrados ha señalado que el fallecido recibió una docena de cuchilladas que le provocaron un daño “irreparable”, con un sufrimiento “atroz”, hasta morir desangrado. “Jaume no se pudo defender porque se encontró sorpresivamente atacado por una persona de una manera extremadamente agresiva”, ha dicho. La otra abogada ha añadido que “la intención era que sufriera” y ha recalcado que “nadie tiene derecho a quitar la vida de otro” ni a “defender la propiedad privada con esa violencia”.

Críticas de las defensas de los asaltantes

Las defensas de los supuestos ladrones han coincidido en cuestionar la acusación del fiscal, que consideran basada en una lógica insuficiente: la de que, pese a poder consumir droga, decidieran desplazarse hasta Inca. El abogado del primer acusado, que auxilió al fallecido, ha alegado que su cliente desconocía el propósito del viaje y niega que hiciera labores de vigilancia. También ha subrayado que no huyó, sino que permaneció en el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil. “No se ha desplegado prueba alguna o indicio de que hiciera las labores de vigilancia que se le imputan”, ha afirmado, defendiendo que actuó como “buen amigo” al sacar a la víctima para evitar que muriera.

La defensa del segundo acusado ha rechazado igualmente que el lugar y las circunstancias fueran compatibles con una vigilancia y, aunque ha reconocido que su cliente huyó, lo ha justificado como una reacción comprensible en una situación de ese tipo.

El abogado del tercer procesado también ha criticado que se pretenda condenar a su defendido sin pruebas de un acuerdo previo para ir a robar a Inca. “No hay pruebas de que se hubieran puesto de acuerdo”, ha concluido.

El jurado recibirá este miércoles el objeto del veredicto y quedará incomunicado para deliberar.

En concreto, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020. Según las acusaciones, cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de sustraer plantas de marihuana. Tres de ellas se habrían quedado fuera para vigilar, mientras el cuarto accedía al interior.

Este último entró por un orificio practicado en una valla metálica situada sobre el muro que rodeaba la finca. En ese momento fue sorprendido por el propietario, y durante el forcejeo recibió varias puñaladas que acabaron causándole la muerte.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de unos 40 años como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, de 30, cuyo fallecimiento, en febrero de 2025, fue atribuido a una intoxicación accidental.

El arresto se produjo este lunes, once meses después de los hechos. Tal como señalan fuentes policiales a elDiario.es, tras la autopsia se emitió un primer informe que apuntaba a que la muerte había podido ser accidental. Sin embargo, ante las dudas suscitadas, se volvió a solicitar una segunda valoración con el objetivo de averiguar si en el suceso había participado la persona que en ese momento se encontraba con la víctima, es decir, el hombre ahora detenido, hipótesis en la que los investigadores han estado trabajando durante todos estos meses.

El avance de las pesquisas y los resultados de las nuevas diligencias determinaron que la muerte habría sido violenta y que en ella intervino, presuntamente, la pareja de la mujer.

Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio. El arrestado permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, previsiblemente en los próximos días.

La Policía Nacional ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cinco hombres a los que se les imputa la comisión de sendos delitos de homicidio y lesiones graves cometidos en Valdepeñas y en la provincia de Cuenca. Los presuntos autores operaban siempre de la misma manera: acudían a un club de carretera y una vez dentro, provocaban una violenta confrontación con alguno de los clientes hasta que lo sacaban del establecimiento para propinarle una violenta paliza.

La Policía Nacional inició una exhaustiva investigación el pasado mes de julio tras un incidente en un 'pub de carretera' de Valdepeñas en el que un varón de 58 años fue encontrado extremadamente grave y tirado en el suelo en el parking del establecimiento. La víctima, que tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció finalmente a causa de las graves heridas y contusiones que presentaba.

Los investigadores determinaron que se trataba de un grupo de cinco varones que actuaban siguiendo siempre un mismo patrón: increpaban a algún cliente que en ese momento se encontrase jugando en la máquina tragaperras del local hasta el punto de sacarlo al exterior donde en grupo le propinaban una violenta paliza, dejándolo abandonado y gravemente herido.

Además los autores se organizaban antes de la agresión, ya que uno de ellos previamente salía al exterior para arrancar y tener preparado el vehículo para poder recoger al resto nada más terminar la agresión y huir del lugar antes de la llegada de la policía.

Otro herido grave en un local de la provincia de Cuenca

Las pesquisas policiales determinaron que la investigación de Valdepeñas estaba ligada a otra agresión en otro pub de carretera del término municipal de Casa de los Pinos en la provincia de Cuenca, donde un varón adulto habría sido agredido en similares condiciones.

De acuerdo con la investigación, cuatro de estos cinco jóvenes detenidos, fueron también los autores de esta agresión contra un hombre que jugaba en la máquina tragaperras de ese local, al que como en otras ocasiones sacaron del establecimiento y agredieron violentamente hasta dejarlo herido grave y tirado en la calzada.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para averiguar si los detenidos pudieran haber estado implicados en otros hechos similares.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Torpedo-To', ha detenido al presunto autor del homicidio de una persona en la localidad de Cebolla (Toledo). Los hechos ocurrieron el pasado día 21 de diciembre tras una reyerta entre varias personas en un bar de dicha localidad.

Tras la muerte de esta persona, los agentes iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido, pudiendo constatar que en la madrugada del día 21 se había producido una primera pelea en un bar de Cebolla, donde estaba implicado el presunto autor de los hechos.

Tras la pelea, el presunto autor regresó al bar con un arma blanca de grandes dimensiones, agrediendo en el cuello a su víctima que falleció durante el traslado al hospital, debido a la gravedad de la herida.

Una vez que los agentes localizaron al presunto agresor, un varón de 38 años de edad, con antecedentes penales por hechos violentos, procedieron a su detención.

La operación ha sido llevada cabo por Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en coordinación con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística y dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina (Toledo).

Cientos de personas se han concentrado en Barakaldo este martes para denunciar el asesinato de una mujer de 54 años el pasado domingo y por el que hay detenido un hombre de 27 años. “Barakaldo no va a tolerar ni va a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas”, ha señalado la alcaldesa, Amaia del Campo, tras una pancarta en la que se leía “No a la violencia contra las mujeres”. Además de la alcaldesa y miembros del Ayuntamiento de la localidad vizcaína se han acercado a la concentración otros representantes institucionales como la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe o la directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Miren Elgarresta.

Tras condenar el asesinato, Del Campo ha insistido en que espera que “a quien ha cometido este atroz crimen le caiga todo el peso de la ley”. “Y también le va a quedar la condena del pueblo de Barakaldo, que claramente ha dicho que no vamos a tolerar ni vamos a mirar impasibles ante el asesinato de una de nuestras vecinas”, ha subrayado.

Por su parte, la responsable del Instituto vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, se ha unido al dolor de la familia de la víctima, a quienes ha trasladado su apoyo. “Ponemos a su alcance todos los recursos y servicios públicos dispuestos para estos casos. Este asesinato es la punta del iceberg de un problema estructural de gran calado como es el de la violencia machista contra las mujeres presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que condiciona y limita la vida y la libertad de muchas mujeres en nuestro país y en todo el mundo”, ha lamentado.

Por ello, ha apelado a toda la sociedad a luchar contra “la cultura de la violencia” que, como en este caso, “muestra su cara más cruel”. “Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para desactivar el machismo y para conseguir que nuestra sociedad sea cada día más igualitaria y libre de violencia machista contra las mujeres”, ha señalado.

Horas antes, en el Parlamento Vasco, consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado que el hombre detenido por su presunta relación con la muerte de la mujer “ejerció violencia” sobre ella hasta que “perdió la vida” y, tras asegurar que está siendo interrogado, ha señalado que será puesto este martes a disposición judicial. “La Ertzaintza está desarrollando su actitividad y siguiendo instrucciones de la justicia. Serán al final los jueces quienes calificarán los hechos y tendrán que tomar una decisión sobre este presunto homicidio”, ha aclarado.

Desde el año 2018, el Parlamento Vasco cuenta con un protocolo de actuación en casos de violencia machista que se activa en caso de “asesinato, o agresiones especialmente graves”. Después del asesinato del pasado domingo, en Barakaldo, la Cámara vasca ha activado el protocolo en el pleno de este martes por el que han procedido a llevar a cabo la lectura de la declaración institucional por la presidenta del Parlamento Vasco y, tras ello, un minuto de silencio. Ha sido secundado en pie por los parlamentarios.

“Entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres”, señala el texto leído por la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, que invita a la ciudadanía a adoptar “compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres”. Asimismo, insta a las instituciones, que tienen una “responsabilidad crucial en la erradicación de la violencia contra las mujeres”, a desarrollar planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr “su definitiva desaparición”, de tal modo que “no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres, y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida a Josune”.

Desde el movimiento feminista han convocado manifestaciones para la tarde de este martes en Barakaldo, Donostia, Gernika, Vitoria o Bilbao, entre otros, para denunciar el asesinato machista. Con este ya son 33 los casos de asesinatos machistas de mujeres en Euskadi desde el año 2012, según el listado oficial de mujeres empadronadas en municipios y ciudades vascas realizado por el Departamento de Seguridad. Y 2025 es el año con más crímenes en esa relación, seis.

En el año 2025, el 3 de enero, Alicia (84 años) fue asesinada en Barakaldo por su hijo, el 5 de febrero, María Antonia (74 años) fue asesinada en Irún por su hijo, el 25 de abril, Miriam (35 años) fue asesinada en Haro por su pareja, el 30 de mayo, Eva Jasmin (13 años) fue asesinada en Bilbao por su padre, el 15 de octubre, Yoanna (53 años) fue asesinada en Zarautz por su pareja. En el año 2024 el 12 de septiembre, Yanely (31 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja, el 30 de noviembre, Leonor (45 años) fue asesinada en Pasaia por su expareja. En el año 2023, el 16 de mayo, Lourdes (50 años) fue asesinada en Orio por su expareja, que se suicidó posteriormente, el 28 de mayo, Maialen (32 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja.

En el año 2022, el 26 de septiembre, Maria Luisa (68 años), natural de Soraluze, fue asesinada en Benidorm por su marido, el 27 de diciembre, Rebeca (45 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja. En el año 2021, el 12 de febrero, Conchi (56 años) fue asesinada en Sestao por su marido, el 12 de octubre, Erika (37 años) fue asesinada en Vitoria por su marido. En el año 2020, el 11 de marzo, Miren (56 años) y su hija Paola (24 años) fueron asesinadas en Abanto-Zierbena por su marido y padre. En el año 2019 no hay registros de víctimas mortales por violencia machista en Euskadi. En el año 2018 el 20 de abril, Maria José (43 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja. Florentina (69 años) exsuegra del agresor y madre de Maria José fue también asesinada ese día, el 25 de septiembre, Maguette (25 años) fue asesinada en Bilbao por su marido. En el año 2017, el 3 de septiembre, Ana Belén (44 años), de Álava, fue asesinada en Miranda de Ebro por su expareja, el 28 de septiembre, Noelia Noemí (32 años) fue asesinada en Sestao por su pareja.

En el año 2016, el 23 de julio, Mª Aranzazu (51 años) fue asesinada en Bilbao por su pareja y el 26 de enero, Alicia (una bebé de 17 meses) fue asesinada en Vitoria por un recientemente conocido. En el año 2015, el 2 de abril, María Ana (29 años) fue asesinada en Vitoria por su expareja, el 8 de agosto, Leyre (34 años) fue asesinada en Bilbao por su expareja y el 3 de octubre, Almudena (39 años) fue asesinada en Erandio por su pareja. En el año 2014, el 17 de marzo, fue asesinada Andina (35 años) en Mungia y el 10 de diciembre, fueron asesinadas en Abadiño María Luz (54 años) y la madre de ésta, Amelia (88 años). En el año 2013, el 23 de mayo fue asesinada Amagoia (26 años) en Llodio y el 3 de octubre fue asesinada Yaisha (3 años) en Barakaldo, por la pareja de su madre. Por último, en el año 2012, el 25 de marzo fue asesinada María Caridad (26 años) en Tolosa y el 27 de noviembre fue asesinada María Teresa (65 años) en Araia (Álava).

La Ertzaintza ha detenido este domingo por la noche a un hombre de 27 años investigado por la aparición de una mujer de 54 años supuestamente asesinada en su casa en Barakaldo. Según informan desde el Departamento de Seguridad a este periódico hacia las 11.30 horas familiares de la mujer informaron a la Ertzaintza de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda. Al lugar se desplazaron dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, siendo confirmada la ausencia de vida de la víctima. Para el esclarecimiento de lo ocurrido, también se personó al lugar una comisión judicial y médico forense, iniciándose la correspondiente investigación.

La investigación continúa y la autopsia ha revelado que se trata de una muerte violenta. EiTB y El Correo sostienen que se investiga el caso como un presunto homicidio, sin embargo desde el Departamento de Seguridad ni confirman ni desmienten esta hipótesis y por el momento no ofrecen más información al respecto. Desde el Gobierno vasco han condenado “el asesinato machista” de la mujer. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha trasladado la “desolación” del Ejecutivo vasco ante el suceso.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.

El hijo del cineasta Rob Reiner, Nick Reiner, ha sido detenido bajo sospecha de asesinato después de que el director y su esposa fueran encontrados muertos en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, este domingo. Según recoge el periódico Los Angeles Times, Nick Reiner habría ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo fianza de 4 millones de dólares.

Aunque los registros de la cárcel ofrecen pocos detalles, indican que Nick Reiner fue detenido a las 21.15 del domingo. Rob Reiner, de 78 años y conocido por películas como La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa, Michele, habrían sido apuñalados, informó la revista Variety. Por su parte, la revista People cita presuntas fuentes familiares para apuntar a que habría sido el hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años y con problemas de adicciones a las drogas, quien habría apuñalado a la pareja.

La policía investiga este suceso como un “aparente homicidio”. Nick Reiner entró y salió de centros de rehabilitación durante su adolescencia, según recoge Los Angeles Times. Ya había logrado desintoxicarse en 2015, cuando trabajó con su padre en Being Charlie, una película semiautobiográfica sobre la adicción y la recuperación. Rob Reiner dirigió y Nick coescribió esta película sobre un actor exitoso con ambiciones políticas y un hijo adicto a las drogas.

Rob Reiner contaba con una larga trayectoria en cine y televisión. Nacido en 1947, fue el director de películas tan relevantes como Cuenta conmigo. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978. Como actor, apareció en los últimos años en películas como El lobo de Wall Street o New Girl.