La Guardia Civil investiga un presunto homicidio ocurrido en la localidad riojana de Fuenmayor. Los hechos han sucedido en torno a la media noche. En concreto, a las 00,43 horas una alerta ciudadana ha informado de una agresión ocurrida en la calle Manjarrés. De inmediato han acudido al lugar varias patrullas de Seguridad Ciudadan. Al llegar, se han encontrado a un hombre tendido en el suelo, gravemente herido y, a escasos metros, una mujer y a una niña.

Los agentes han prestado asistencia sanitaria de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos pero no han podido salvar su vida. Ha fallecido poco después como consecuencia de las heridas sufridas. Se trata de un joven de 26 años de origen portugués y residente en Logroño.

Aunque no se ha informado en un primer momento, según ha podido saber Rioja2, también la mujer se encontraba herida y ha tenido que ser trasladada al hospital San Pedro, donde permanece ingresada, estable y fuera de peligro. El suceso estaría relacionado con un caso de violencia de género, pues la víctima habría sido agredida por el detenido por el homicidio, con quien mantenía una relación. No obstante, la Guardia Civil ha dicho no poder confirmarlo por el momento, porque todavía se encuentra realizando las diligencias para reconstruyendo los hechos.

El presunto autor de la agresión, un hombre de 31 años residente en una localidad de Navarra, ha sido detenido por los agentes actuantes en el mismo lugar de los hechos.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja se han hecho cargo de la investigación, encaminada a reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las causas y circunstancias que rodean la agresión. Por el momento, se ha tomado declaración a algunos testigos y pero todavía no al detendio ni a la mujer, también víctima de una agresión machista.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defenderse de la acusación por homicidio de su padre, Isak Andic.

Así lo ha anunciado Andic en una carta abierta, en la que el primogénito comunica su decisión “desde el dolor, la impotencia y la frustración” de encontrarse en lo que, denuncia, es un “relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad” y una “injusta e infundada acusación” por la muerte de su padre.

En la misiva, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Jonathan Andic comunica que se aparta de la videpresidencia de Mango (en la que ya no ostentaba funciones ejecutivas), aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, entre ellos las sociedades patrimoniales de la familia.

El hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta en la misiva que la “atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide “mantener el alto compromiso” que exigen sus responsabilidades en la compañía.

A nivel comercial, y hasta la detención y puesta en libertad el pasado martes tras pagar Jonathan Andic un millón de euros de fianza, Mango no se había visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior.

Sin embargo, el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic. Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas mostraron sus dudas a este diario de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregaron estas fuentes.

En la misma carta, Andic ha denunciado que la acusación en su contra es “injusta e infundada” y que se ha construido un relato con una visión “descontextualizada y tergiversada”, aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

Lejos del relato de desencuentro familiar como móvil económico del homicidio que presenta la última resolución judicial del caso, Andic expresa en su carta lo que ya manifestó ante la jueza: “He querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre”. Asegura además que con su progenitor vivió “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”.

Admite el primogénito que tuvo “momentos difíciles y complejos” con su padre “como sucede en tantas familias”, pero que los pudieron superar “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”. “El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agrega.

Sin mencionar explicítamente a los Mossos d'Esquadra, la jueza de Martorell o los medios de comunicación, Andic sí critica que “se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”.

“Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán “de forma clara” su inocencia y que “la verdad acabará imponiéndose”.

“Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, asegura Jonathan Andic en la carta.

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis detenidos por la muerte a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula en esa localidad el pasado 15 de mayo.

De los seis detenidos que han prestado declaración en sede judicial, uno de ellos se ha declarado el autor confeso del homicidio. Esta persona está siendo investigada por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista.

De los otros cinco detenidos, cuatro de ellos con los que guarda relación de parentesco el autor confeso del crimen, están siendo investigados por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal.

Al sexto detenido se le han abierto diligencias por el presunto delito de encubrimiento.

La titular de la Sección ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció hace una semana por varios disparos de arma de fuego en la plaza Rafael Alberti de esa localidad pacense. El presunto autor del crimen huyó junto a más personas y no fue detenido hasta el martes.

En el operativo participaron la Guardia Civil y la Policía Nacional, que lograron detener al acusado en un camino en las inmediaciones de Magacela, una localidad cercana. En su huída, apuñaló a un taxista que se negó a trasladarlo en su vehículo al reconocerlo. El conductor se encuentra fuera de peligro, aunque su estado médico ha llegado a ser crítico.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Jonathan Andic es el único que sabe qué pasó en el sendero de la montaña de Montserrat donde murió su padre. Y así seguirá siendo aunque el caso avance y pueda llegar a sentarse en el banquillo acusado de matar al fundador de Mango y primera fortuna de Catalunya, Isak Andic.

Tras investigar durante un año, interrogar a decenas de testigos y bucear en el teléfono del hijo del dueño de Mango, los Mossos d'Esquadra han presentado sus conclusiones sobre el caso, que han hecho suyas la fiscal y la jueza. Como suele ocurrir, la investigación policial se ha focalizado en los indicios más comprometedores contra Andic (que los hay) y ha dejado rezagados los posibles elementos de descargo.

La falta de una prueba directa sobre la autoría de la muerte ha llevado a los agentes a recopilar indicios que, sumados al supuesto móvil económico y a la mala relación padre-hijo, cristalizan en el contundente auto de la jueza de este martes. La defensa apenas ha empezado a estudiar el sumario (más de 1.400 páginas), pero no ha dudado en tildar la tesis del homicidio de “conjetura inconsistente”. Andic pedirá a la jueza volver a declarar una vez su equipo de abogados haya podido analizar toda la causa.

Ahora empieza el partido para el abogado de Andic, Cristóbal Martell, para contrarrestar lo sostenido por los agentes, la jueza y la fiscal. La tarea no es sencilla: además de la disputa técnica con pruebas periciales, la defensa se enfrenta al reto de no ahondar todavía más en la intimidad familiar destripada por la investigación y a los posibles efectos reputacionales que el avance de la causa tenga en la marca Mango.

El indicio más relevante: tres visitas al lugar de los hechos

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el indicio más claro contra Jonathan Andic son sus visitas previas al lugar de los hechos. En una de sus declaraciones policiales tras la muerte de su padre, explicó que unos quince días antes de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, ya había estado en el sendero de Collbató al ser uno de sus paseos habituales.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de tráfico del municipio al pie de Montserrat han situado el coche de Jonathan Andic en el camino el 7, el 8 y el 10 de diciembre de 2024. El punto del sendero por el que cayó el dueño de Mango, resalta la jueza, es el único que “presenta una exposición de caída”.

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador.

Las contradicciones

Jonathan Andic no solo declaró ante los Mossos d'Esquadra, sino que lo hizo dos veces: el 14 de diciembre de 2024, inmediatamente después de la muerte de su padre, y quince días después. Por aquel entonces, no estaba formalmente investigado. Pero sus palabras se le han vuelto en contra, como a veces ocurre con las declaraciones policiales.

Aunque en otros casos mediáticos (como el caso Alves) los jueces han dado una “importancia menor” a las versiones distintas que dio el investigado ya estando detenido, la jueza del caso Andic sí le otorga importancia a las contradicciones.

Esas supuestas contradicciones afectan, en primer lugar, a lo qué ocurrió en el sendero de montaña donde Isak Andic perdió la vida. Destaca la jueza que, el mismo día de los hechos, Jonathan dijo a la policía que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero que 15 días después afirmó que caminaban juntos.

“Es poco probable que si iban caminando juntos no lo viera caer”, concluye la instructora. También aprecia diferencias la magistrada en el lugar en el que el padre usó el teléfono, según lo manifestado por el hijo.

Además, tras contrastarlo con el contenido hallado en el teléfono de Jonathan Andic, que según la jueza incluye mensajes de “odio” y hasta “ideas de muerte” hacia su padre, la instructora discrepa de que la relación entre ambos en el momento de la muerte fuera buena, tal y como manifestó el investigado.

La batalla por la pisada

Una de las pruebas más relevantes para los Mossos d'Esquadra (y en las que más se han esmerado) es el análisis de una pisada en el punto del sendero en el que se despeñó. La unidad de montaña de la policía catalana ha realizado hasta 10 simulacros del “refregado de la suela” del modelo de zapato que llevaba el multimillonario.

El resultado del análisis por parte de los Mossos es incriminatorio contra el hijo del magnate: según la policía, un resbalón no puede producir la profundidad de la suela del zapato hallada en el camino.

Otros informes forenses también descartan, según la jueza, la caída accidental que fue la hipótesis inicial del caso porque Andic cayó “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Previsiblemente, estas pruebas serán replicadas por la defensa con otras periciales que contradigan la tesis de los investigadores.

El dinero y el caso Andic

La clave del caso es el móvil económico y la “obsesión por el dinero” que, según la jueza, llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el fundador de Mango modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte. La resolución judicial no aporta más datos sobre qué consecuencias económicas habría tenido para Jonathan que su padre creara una fundación benéfica.

Según portavoces de la familia citados por la agencia EFE, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

El propio auto sí incorpora, sin embargo, un hecho que muestra que el primogénito no tenía a priori que temer por su futuro financiero: Isak Andic aceptó la petición de su hijo para concederle la herencia en vida. La cesión se produjo, según la resolución, tras la mediación de una psicóloga en el contexto de las tensiones familiares por la gestión de Mango.

El impacto en la compañía

A nivel comercial, Mango no se ha visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior. Pero el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic.

Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas dudan de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregan estas fuentes.

Jonathan Andic mantiene su cargo como vicepresidente de Mango, sin responsabilidades ejecutivas, y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. La familia ha reafirmado que apoya la inocencia del primogénito.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, ha estado vinculado a la operativa de la empresa desde hace más de dos décadas, aunque no llegó a suceder a su progenitor al frente de la compañía.

Tras su fallecimiento, dejó la gestión diaria para centrarse en la administración de las patrimoniales familiares, que heredó a partes iguales con sus dos hermanas. Jonathan Andic, nacido en 1981, es propietario junto con sus hermanas Sarah (1984) y Judith Andic (1997) del 'holding' Punta Na, que controla el 95 % de la empresa.

Toni Ruiz, consejero delegado y presidente ejecutivo de la compañía, posee el 5 % restante y es el único accionista ajeno a la familia, una participación que Isak Andic le entregó en reconocimiento a su labor al enderezar el rumbo de la textil tras el periodo de pérdidas registrado entre 2016 y 2018.

Responsable de la línea de ropa masculina

Jonathan Andic estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y más tarde amplió su formación en la escuela de negocios IESE, donde cursó un programa EMBA de contabilidad y finanzas para directivos.

En 2005, con 24 años, se incorporó a Mango, y solo dos años después colaboró con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca, que dirigió hasta mediados de 2025, meses después de que su padre muriera al caer por un precipicio mientras ambos caminaban por la montaña.

Jonathan fue el encargado de impulsar Mango Man a escala internacional, y a lo largo de su trayectoria en la compañía ha asumido asimismo la supervisión del área de comunicación e imagen, y la de interiorismo, entre otras responsabilidades.

En 2012, Isak Andic le situó como uno de los dos vicepresidentes ejecutivos de la compañía, aunque nunca llegó a sucederle al frente de la firma.

Tras la salida de Enric Casi como director general en 2015, la empresa atravesó un periodo de pérdidas, entre 2016 y 2018, y el fundador recurrió a ayuda externa para lidiar con la crisis.

Toni Ruiz, que había llegado a la empresa como director financiero, fue elevado a director general en 2018 y ascendido a consejero delegado en 2020.

Perfil bajo tras la muerte de Isak

El primogénito del fundador de Mango ha mantenido un perfil público bajo tras la muerte de su padre. En septiembre de 2024 se casó con la 'influencer' Paula Navarro, con la que tuvo un hijo al año siguiente.

Según las cuentas de Mango, los tres hijos Isak Andic se repartirán 206 millones de euros a cuenta del dividendo de la compañía de 2025, casi el 90 % del beneficio de la firma en ese ejercicio.

El mes pasado, los hermanos Andic volvieron a ocupar espacio en las páginas de la prensa económica al recibir luz verde de la CNMV para operar con la sociedad de capital riesgo Pikeville, integrada en el 'holding' Punta Na.

Investigado por homicidio, pero en libertad. El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha abonado en poco más de 20 minutos el millón de euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión provisional en la causa en la que permanece investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.

El caso está abierto por un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunnya (TSJC). Andic ha declarado durante alrededor de una hora ante la jueza de Martorell. Lo ha hecho tan solo a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

El investigado ha salido del juzgado acompañado de sus abogados y en medio de una gran expectación mediática. Ha caminado por la rampa de los juzgados de Martorell y se ha subido a un coche.

Tras la comparecencia, la jueza ha seguido el criterio de la Fiscalía en las medidas cautelares: cárcel eludible bajo pago de un millón de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Andic, al que consideran sospechoso de la muerte de su padre. La policía catalana no cree la hipótesis del accidente que en un primer momento sostuvo tras constatar lo que, a su juicio, son contradicciones en la versión del hijo.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo.

El contenido de este teléfono se sitúa como uno de los puntales de la investigación. Bajo secreto de sumario, los Mossos han indagado en el teléfono de Andic, tanto su registro de llamadas como sus mesajes. Los agentes tambié han intentado recuperar algunos mesajes borrados meses antes, en busca de indicios sobre la muerte del fundador de Mango.

La policía catalana basa sus sospechas en ciertas diferencias entre las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic ante los agentes. Por ejemplo, sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó su padre, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión.

Los agentes también dudan sobre las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado a la agencia EFE que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del tercer juicio con jurado contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado en esta ocasión de un delito de asesinato consumado doblemente cualificado con alevosía y un delito de robo con violencia por el que la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión, 13 por homicidio y tres más por estafa continuada con la agravante de reincidencia. La acusación particular, que representa a la hermana y la sobrina de la víctima, que tenía 73 años en el momento de su muerte, pide 25 años por delito de asesinato consumado y cinco años por robo con violencia y, por último, la acción popular, que representa la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) y solicita casi 29 años por un delito de asesinato doblemente agravado con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

El jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, en sesiones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ministerio fiscal en su escrito provisional mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”. Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

Al igual que en el resto de procedimientos, Nelson David Moreno Bolaños, en su declaración, en la que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha tratado de presentarse como un miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso ha admitido haberle provocado la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha asegurado no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, ha contestado a preguntas de su abogado, quien le ha preguntado que, si no le conocía, cómo era posible que tuviera su contacto guardado en el teléfono móvil y este ha asegurado no saber la respuesta.

También ha señalado que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer considera que el hombre acusado del atropello mortal a su pareja en octubre de 2025 en La Codosera (Badajoz) debe ser investigado por un delito de homicidio imprudente y descarta como violencia de género la muerte de la mujer.

En el auto se decreta libertad provisional sin fianza para el hombre y se le prohíbe acceder a La Codosera mientras siga la instrucción del caso, según fuentes judiciales consultadas por EFE.

La mujer, de 46 años, fue atropellada por su pareja, un hombre de 43 años, en la noche del 14 de octubre de 2025, después de una disputa familiar en la que estuvieron implicadas diversas personas, tal y como afirmaron testigos presenciales.

El varón fue detenido poco después de que distintos vecinos avisaran a la Guardia Civil en relación a este episodio y confirmaran que era el conductor del vehículo implicado. Tras ello, el instituto armado y la investigación judicial recabaron datos para determinar la naturaleza del delito cometido.

En su momento, vecinos expresaron que la pareja era “normal” y muy conocida en el municipio, en el que este suceso y el fallecimiento de la mujer causaron una gran consternación.

La Guardia Civil ha detenido este viernes a dos personas como presuntas autoras de un delito de homicidio ocurrido en La Almunia de Doña Godina, después de que fueran localizadas en la estación de autobuses de Zaragoza cuando supuestamente trataban de abandonar el país rumbo a Rumanía.

La investigación se inició a última hora del pasado martes, 5 de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un supuesto hecho delictivo por el que la vida de una persona podría encontrarse en peligro. A partir de ese momento, la Guardia Civil activó un dispositivo policial para verificar la información y localizar tanto a la posible víctima como a los sospechosos.

Fruto de ese operativo, los investigadores localizaron y arrestaron en la mañana de este viernes a dos personas —un hombre de 33 años y una mujer de 37— en la estación de autobuses de Zaragoza capital. Según la Guardia Civil, ambos pretendían huir a su país de origen, Rumanía.

Poco después de las detenciones, el dispositivo de búsqueda, reforzado durante la jornada con perros especializados en la localización de restos cadavéricos desplazados desde Madrid, permitió encontrar el cuerpo sin vida de un varón en un paraje situado en el término municipal de La Almunia de Doña Godina, próximo al supuesto lugar donde habrían ocurrido los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Un varón ha sido detenido por la relación con el homicidio de un joven en plana calle en el municipio de Tirgo el pasado martes. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno, continúa detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. La Guardia Civil continúa instruyendo las diligencias oportunas para esclarecer lo sucedido.

 Los hechos ocurrieron este martes sobre las 17:30 horas, cuando las unidades de seguridad ciudadana se encontraron con un varón en plena calle e intentaron reanimarlo sin éxito, confirmando después la muerte violenta del hombre.

Se ha decretado el secreto de sumario así que no se conocerán más detalles hasta que este no se levante.

Una mujer ha sido detenida como presunta autora de la reciente muerte de un hombre en Don Benito (Badajoz) y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, según ha informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El fallecimiento fue considerado en un primer momento como una muerte de carácter natural.

Sin embargo, el hallazgo posterior de indicios que apuntaban a una causa no natural motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional, que ha derivado en la detención de la mujer por un supuesto caso de homicidio. 

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de les Balears ha declarat culpables els dos acusats de la mort de la nadó que, el novembre de 2023, va ser llançada a un contenidor de Porto Cristo (Mallorca): la mare i el tiet de la criatura.

Els nou membres del jurat, després d'un temps de deliberació, han determinat per unanimitat que tots dos són penalment responsables del llançament de la nadó i, per tant, que han de ser condemnats per aquests fets.

Tots dos s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, atès que la Fiscalia sosté que, quan van llançar la nounada al contenidor, tenien “intenció de treure-se-la de sobre” i “sabien que si la deixaven allà moriria”.

La tieta de la nadó, que també s'ha assegut al banc dels acusats, ha estat declarada culpable, també per unanimitat, del delicte d'omissió del deure de socors que se li imputa.

Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part en un cotxe i, després de donar a llum el nounat viu, va acordar amb el seu cunyat llançar-lo a un contenidor d'escombraries el 3 de novembre de 2023 a Porto Cristo.

Els membres del jurat han considerat provat que aquests dos acusats, conscients que la nadó estava viva, van acordar tirar-la al contenidor sense demanar cap tipus d'assistència mèdica. “Volien causar la mort de la criatura”, han manifestat.

Sobre la germana de l'acusada, el jurat ha declarat provat que la dona era conscient del perill al qual estava exposada la nadó, “desemparada i en perill manifest i greu”, i que, “podent fer-ho sense risc propi o de tercers, no la va auxiliar”.

En aquest sentit, ha destacat que res li impedia trucar a una ambulància o a la Policia. El jurat no s'ha mostrat favorable a l'indult ni a la suspensió de les penes.

Després de la lectura del veredicte, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat per a la mare i el tiet la pena de presó permanent revisable i, per a la tieta, una pena d'un any de multa amb una quota diària de 15 euros.

Els advocats dels dos primers acusats no han pogut plantejar cap pena alternativa, mentre que el de la tercera processada ha sol·licitat per a la seva defensada la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictarà sentència els propers dies. No obstant això, davant la no compareixença aquest diumenge a l'Audiència de la principal acusada, la jutgessa ha ordenat la seva cerca i captura.

D'altra banda, el Tribunal també ha celebrat la vista prevista a l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, demanada per la Fiscalia per al tiet de la víctima, i la magistrada ha acordat el seu ingrés a presó.

Així, després de notificar-li personalment la decisió, ha estat conduït al centre penitenciari per agents de la Policia Nacional.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían “intención de quitársela de en medio” y “sabían que si la dejaban ahí iba a morir”.

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

Según el veredicto, la principal acusada se puso de parto en un coche y tras dar a luz el neonato vivo acordó con su cuñado arrojarlo a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo.

Los miembros del jurado han considerado probado que estos dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla al contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. “Querían causar la muerte de la criatura”, han manifestado.

Sobre la hermana de la acusada, el jurado ha declarado probado que la mujer era consciente del peligro al que estaba expuesta la bebé, “desamparada y en peligro manifiesto y grave”, y que “pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros, no la auxilió”.

En este sentido, ha destacado que nada le impedía llamar a una ambulancia o a la Policía. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto ni a la suspensión de las penas.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para la madre y el tío la pena de prisión permanente revisable y, para la tía, una pena de un año de multa con cuota diaria de 15 euros.

Los abogados de los dos primeros acusados no han podido plantear ninguna pena alternativa, mientras que el de la tercera procesada ha solicitado para su defendida la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictará sentencia los próximos días. No obstante, ante la no comparecencia este domingo en la Audiencia de la principal acusada, la jueza ha ordenado su busca y captura.

Por otra parte, el Tribunal también ha celebrado la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pedida por la Fiscalía para el tío de la víctima y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

Así, tras notificarle personalmente la decisión, ha sido conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.

Este fin de semana se cumple un año del crimen de la discoteca Mítika de Vitoria. En la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, uno de los porteros del local, que tenía subcontratada la seguridad a la empresa Le Basque, golpeó en la zona de control de accesos a uno de los clientes que esperaban para entrar, Kerman Villate, de 31 años. Cayó muerto. Era un punto casi ciego de las cámaras de videovigilancia, según ha constatado la Policía. La familia prepara un sencillo homenaje para este lunes. Centra muchos más esfuerzos en buscar una condena en los tribunales y en poner en evidencia los antecedentes del local, del agresor y de la empresa. Son hasta doce episodios oscuros en la noche vitoriana, según la documentación policial y judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

El imputado por la muerte de Villate era uno de los porteros de la Mítika, renombrada como Kubik tras un tiempo clausurada después de aquella noche. Fue encarcelado de forma preventiva tras los hechos. Pero, desde noviembre, ha quedado libre tras el abono de una fianza. Y es que la calificación inicial de la muerte como “homicidio doloso” o “asesinato”, como demandan los letrados de la familia, ha sido rebajada tras un recurso a la Audiencia Provincial a “homicidio imprudente”, como pidió la defensa con apoyo de la Fiscalía. Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que analiza un recurso de casación.

Aunque en este momento la causa la dirige la magistrada Marta Escudero, el primer instructor, Álvaro Silván, dejó por escrito que la corpulencia del portero, campeón de España de fuerza, es un claro agravante. “Un golpe del investigado puede ser equivalente o incluso más gravoso que un golpe con un arma u objeto contundente”, estimó. Y eso que la víctima era un jugador de baloncesto. Asimismo, se remarcó que, tras el golpe mortal, el guardaespaldas huyó de la zona y no socorrió a la víctima.

Después del crimen, a las pocas semanas, se celebró un juicio contra él por un caso anterior. Generó gran expectación en la ciudad. Pero quedó absuelto porque, según la sentencia, la denunciante no fue clara al describir a su agresor y había “dudas razonables” de que lo que describió, un golpe por detrás, fuese responsabilidad del acusado. Esto se produjo en abril de 2023.

Sin embargo, la familia ha encontrado hasta cinco precedentes de 2024 con la misma persona señalada. El primero, el 10 de marzo. La Ertzaintza tuvo noticia de que una persona fue empujada y tirada al suelo. El segundo, el 7 de abril. Se denunció ante la Policía que una persona recibió un trato “claramente discriminatorio” y que fue “atacado sorpresivamente”. El tercero, el 28 de abril, festividad de San Prudencio en Álava. “El denunciante, relata como al salir del local, a las 07.45 horas en la hora de cierre del mismo, trató de acceder de nuevo al interior para recuperar su cazadora que había olvidado, cuando fue víctima de una agresión conjunta a manos de los empleados de seguridad”, expone el informe.

El cuarto, el 4 de noviembre, cuando a las 4.46 horas, un “portero” de Le Basque empujó a dos clientes, uno de ellos con heridas “en nariz y ceja”. Y el quinto el 14 de diciembre: a las 5.57 horas, un testigo refirió que “entre varios porteros”, incluido el ahora imputado, habían expulsado “de malas formas, a empujones” a dos clientes. Uno acabó con lesiones en la pierna izquierda. Además, después de quedar libre, el agresor fue citado para otra vista en el Tribunal de Instancia de Vitoria. No se presentó.

Por lo demás, en 2022 una sala de Vitoria emitió una sentencia contra Mítika en la que se le obligaba a pagar 10.000 euros de multa por una agresión ocurrida el 27 de febrero de ese año. También se apuntaba a las deficiencias de las cámaras de seguridad. Igualmente, otro portero del local presente esa noche de 2025 en Mítika tiene antecedentes por agresiones. Se trata de casos de octubre, noviembre y diciembre de 2022, por ejemplo. El último es el más grave. Fue el 18 de diciembre a las 4.55 horas. Un cliente tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Txagorritxu —estando el de Santiago a apenas 100 metros y en la misma calle— porque, supuestamente, cuando estaba pidiendo en la barra, un portero lo sacó del local y lo agredió. También los hubo en 2023, por ejemplo el 18 de febrero, de nuevo con una imputación formal por lesiones.

Según se conoció en diciembre, el Departamento de Seguridad, que prepara cambios en la regulación de la normativa del ocio nocturno, ha constatado que Mítika contrató “a sabiendas” a una empresa de seguridad, Le Basque, no autorizada para esas funciones. A su vez, los cuatro porteros no tenían la habilitación para ello. Así, la discoteca se enfrenta a una sanción económica de 30.000 euros, Le Basque a 40.000 euros y cada uno de los vigilantes a 6.000 euros.

“¿Por qué esa tolerancia ante las agresiones? ¿Por qué esta permisividad con las empresas que gestionaban el local?”, lanzaron esta semana como preguntas al aire los padres de Villante, Arantzazu y Roberto, en una comparecencia en el Parlamento Vasco. Leyeron, por ejemplo, un fragmento de un informe de la Ertzaintza exactamente de un mes antes del crimen. En él se indica que “el control de acceso [...] está instalado en el punto ciego de la cámara pasiva”, aunque es “el lugar de inicio de la mayoría de los problemas que puedan existir entre clientes y trabajadores”. Es un dato de “interés”, según la Policía, porque “no parece casual”. La Policía municipal informó de 30 incidencias en la discoteca de Dendaraba en 2023 y 2024. “Da la sensación de que se busca dificultar la acción policial en el caso de que exista algún incidente como el ocurrido”, se puede leer también en los documentos oficiales.

Una mujer de 55 años ha sido detenida este viernes en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en su domicilio del barrio de Uribarri, según ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza se ha personado en un domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto homicidio.

Presuntamente los agentes que han encontrado el cuerpo de la víctima la han hallado con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años, quien ha confesado los hechos y ha asegurado que se trataba de la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos.

El acusado de intentar matar a su vecino, con el que tenía desavenencias, ha llegado, en la mañana de hoy, a un acuerdo de conformidad tras aceptar tres años de cárcel y aplicársele la atenuante de reparación.

La Audiencia Provincial juzgaba hoy a un hombre de Arnedo, de 72 años, al que el Ministerio Fiscal pedía ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa, tras atacar a un vecino con el que tenía malas relaciones con una tijera.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el acusado, que permanece en prisión, ha reconocido los hechos y ha aceptado, además de tres años de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de quinientos metros a la víctima y la prohibición de entrar en el pueblo de Arnedo por cinco años.

La Fiscalía ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ha satisfecho la responsabilidad civil que se solicitaba íntegramente.

Tal y como relata el escrito de acusación, el 6 de febrero de 2025, en torno al mediodía, el acusado se encontraba en el portal de su vivienda, en Arnedo, cuando se cruzó con su vecino, con quien mantenía una mala relación de convivencia y múltiples desavenencias previas.

A causa de esta relación conflictiva, ambos iniciaron una discusión y, en el transcurso de misma, de forma “sorpresiva y con ánimo de acabar con la vida” de su vecino, el acusado se abalanzó sobre él esgrimiendo una hoja de tijera, afilada por ambos lados, que había sido manipulada por él.

Con ella, le golpeó hacia una “zona vital del cuerpo” y le asestó dos puñaladas en el lado izquierdo del cráneo. El perjudicado, en un intento de defenderse, consiguió zafarse empujando al acusado.

Acto seguido, el acusado abandonó el portal, salió a la vía pública y arrojó el arma por una alcantarilla, donde posteriormente fue localizada por los agentes.

El agredido sufrió lesiones, necesitó dieciocho puntos de sutura, tiene un nervio dañado que le ocasiona molestias y un perjuicio estético moderado por cicatrices visibles de seis y tres centímetros, con imposibilidad de elevar la ceja izquierda.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pedía indemnizar con ochocientos euros por las lesiones causadas y 13.500 por las secuelas.