Tengo que decirte, amigo Alberto, que no daba crédito a lo que te escuchaba decir esta semana. Me refiero a esa ocurrencia de que “No me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente de mi partido o de otro partido”. Tengo que reconocerlo aunque me cueste. Desde que bajó a Madrid no dejo de preguntarme quién es ese señor que antes llevaba gafas y ahora no. A veces, me dan las ganas de colarme en el edificio administrativo de San Caetano, la sede de la Xunta, para ver si encuentro alguna vaina oculta en algún sótano y confirmo que, el lugar de aquel presidente con sentido institucional, epidemiólogo en jefe y azote de Vox, ha sido ocupado por un ultracuerpo.

Ambos llevamos más de 25 años como funcionarios al servicio de Estado, Alberto. Si algo debiéramos haber aprendido es que los tickets hay que pedirlos y verlos siempre; sin excepciones. Exigir siempre el ticket constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del derecho. Se empieza por no comprobar los tickets cuando había que hacerlo y de quien había que exigirlo y se acaba en el Tribunal Supremo o, peor aún, en la cárcel del Soto del Real.

Renunciar de manera irreflexiva a verificar los tickets, por mucho que parezca que funciona al principio, conduce irremediablemente a la corrupción y siempre acaba en lágrimas y procesos judiciales. Se puede ser eficaz y entregar los tickets a la vez. Se ha demostrado empíricamente. La transparencia no es incompatible con la eficacia.

Si en el PSOE y en Moncloa le hubieran reclamado los tickets a Koldo cuando debieron haberlo hecho, no andarían ahora tan pendientes de los tickets comentados que pueda entregar Víctor de Aldama para ver si le rebajan la pena al peso. Ya no te quiero contar si se los hubieran demandado a José Luis Ábalos. Con los tickets no se juega porque te la juegan a nada que dejas de pedirlos.

Pero es que, además de la importancia capital del ticket en la estructura de nuestro régimen jurídico, también está e importa el detalle. Cuando Carlos Mazón coloca hasta siete versiones diferentes de algo tan banal como una comida, cada cual peor y más contradictoria que la anterior, debe ser porque la verdad resulta tan horrible, tan injustificable, tan bochornosa, que conduciría a la inexorable y automática dimisión del President. Sólo así se explica someter a semejante escarnio público a la persona y a la institución.

Acaba el 2024. Es tiempo de hacerse buenos propósitos para el año entrante. Ahí va uno sencillo y fácil de hacer realidad. Recuperemos el deber de ver y entregar los tickets cuando se ocupa un puesto de responsabilidad, sea en el gobierno que sea, para no interrumpir la cadena de responsabilidad alegando el conocido principio de “ticket que no se ve, corrupción que no se siente”.

En tu caso, Alberto, me daría prisa en cumplir con el buen propósito, pues ya va más de un centenar de millones concedidos a dedo y por vía de urgencia gracias a esa gestión de la Generalitat Valenciana que tan orgullosamente sigues en tiempo real. Si hay problemas con el ticket de una comida, imagínate la que se puede liar con tanto ticket pendiente. Feliz aninovo para todas e todos.

Lo primero y más urgente pasa por equilibrar el fiel de la balanza de los pactos post 28M, para que no sigan inclinando el campo hacia el lado del PP de una forma tan descarada. Que no le cuelen el timo de estampita y pretendan hacerle pasar estampitas de la Virgen por auténtico sentido de Estado. El PP no entrega a los socialistas las alcaldías de Vitoria para parar a Bildu y Barcelona para impedir que gobierne el independentismo. Las cede porque no le queda otro remedio. No hacerlo habría sido pegarse un tiro en el pie. 

Al PP no le quedaba otro remedio que dejar hacer, una vez que el PNV y el PSOE había pactado gobernar juntos y una vez que los Comunes y Ada Colau había renunciado a entrar en el gobierno local y votar a Collboni ¿Qué otra opción tenía el PP el sábado en la constitución de los ayuntamientos? Ninguna. Votarse a sí mismos y facilitar gobiernos de los mismos radicales y extremistas que le reprochan a Sánchez como compañía habría sido imposible de explicar, sobre todo cuando se trata de las listas más votadas y existe acuerdo entre los demás para presentar una alternativa. No quedaba nadie a quien echarle la culpa. Si alguien ha de recibir algún mérito por su sentido de Estado serán el PNV y los Comunes, no un PP que se resistió hasta que no le quedó otro remedio.

Hay más trucos en este contador de pactos amañado que la derecha ha manipulado toda la legislatura. Al parecer, la heroica decisión del PP de dejar gobernar a los socialistas en algunos ayuntamientos porque no le quedaba más remedio, compensa su decisión de pactar con la ultraderecha su entrada en las instituciones con paseíllo, dos orejas, rabo y vuelta al ruedo. No parece una equivalencia debidamente proporcionada. Puestos a buscar equivalencias más ajustadas, en todo caso, se igualaría a la decisión de los socialistas de permitir que sea UPN quien gobierne en Pamplona, con la diferencia de que los populares no se jugaban nada, ni en Vitoria, ni en Barcelona, solo controlar daños; mientras que los socialistas arriesgan el gobierno de la Comunidad Foral.

A pesar de tanto esfuerzo dedicado a impedir que así fuese, en la izquierda se va haciendo la paz y van funcionando los acuerdos. El ruido se ha pasado ahora a la derecha y no cesa. Escuchar a los populares jurar que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, como si no supieran que están pactando con un partido que ha hecho bandera precisamente de dar esos pasos atrás, resulta tan chocante como haber escuchado a Pedro Sánchez confesar que no podría dormir si pactase con Unidas Podemos. 

Hasta ayer, decir que no querías pactar con alguien y hacerlo a los dos días era “hacerse un Pedro Sánchez”. Desde hoy, proclamar que no quieres pactar con populistas y ultras y hacerlo al día siguiente y en dos horas es “hacerse un Feijóo”. El gran argumento de la campaña popular el 28M, y que claramente piensa reutilizar para el 23J, ha quedado desactivado. 

No esperen encontrar en estas líneas indignación porque la llamada clase política se vaya de vacaciones sin haber resuelto la cuestión de la falta de gobierno, esa misma que, hasta ayer, había que despejar con urgencia porque “España no puede permitirse un minuto más de incertidumbre” y “el futuro no espera a que nos pongamos de acuerdo”. A diferencia de Santiago Abascal, no les voy a exigir que renuncien a cobrar su sueldo por no hacer el único trabajo que ha tenido el líder de Vox donde, al menos, sabemos en qué consiste y qué tiene que hacer. En lo que a mí respecta, honestamente, creo que deberían haberse ido antes. Todos necesitamos un descanso, sobre todo nosotros, los votantes.

Cuanto más lejos se vayan de la nube tóxica de rencor de telenovela, maquiavelismo de puticlub y oportunismo de garrafón en que se ha convertido la política en la capital, mejor para la gobernabilidad de un país que no puede permitirse el lujo de desgastar más a sus instituciones.

Cuanto más desconecten y se olviden de los retuits que seguramente da alguien en Lituania, los likes a tanto el kilo, los grupos de desocupados con demasiados gigas y tiempo libre y las stories de arte y ensayo de las redes sociales, más cerca estaremos de deshacer este bloqueo que ya nos está quedando demasiado largo.

Cuanto menos hablen y se comuniquen con esos asesores y gurús que siempre ven ganadas las elecciones a las que nunca se presentan, más posibilidades habrá de encontrar una salida y un gobierno y poder volver a ocuparnos de las cosas que realmente nos importan y nos afectan.

Cuanto más se alejen de la versión cañí de House of Cards, en la que todos han decidido instalarse, y más se acerquen a la gente que les vota, no únicamente a aquella que cobra por estar cerca de ellos, más oportunidades tendrán para encontrar respuestas a la pregunta que más debiera inquietarles a todos: por qué la política y los políticos se han convertido en el segundo problema más grave para cuatro de cada diez españolas y españoles; sólo superado por el paro.

Dicen que la distancia es el olvido y si algo necesita la política española para salir del día de la marmota y ponerse en marcha, es bastante distancia y mucho olvido. Distancia para no convertir todo en un melodrama donde todos compitan contra todos por ver quién se hace con la plaza de Drama Queen residente. Olvido para no entender la política como un interminable ajuste de cuentas donde no se halla reposo ni consuelo hasta que el otro muerda el polvo.

Hace unos años Gemma Nierga se hizo perfil falso en Twitter para seguir como espectadora a las cuentas que más le interesan, pero evitando así exponerse al ruido de esta red social. “Me afectaría mucho la crítica”, admite. “¡Pero si es lo más divertido! ¡Los trolls!”, le responde Anton Losada, entre las risas de la audiencia. Dos comunicadores de perfil muy distinto pero de consolidada trayectoria –una periodista y un profesor de ciencia política y tertuliano– se han citado este jueves en la tercera edición del ciclo 'Diàlegs al Palau Robert' que organiza eldiario.es y modera su directora adjunta, Neus Tomàs, para departir sobre el periodismo, las redes sociales y la actualidad política, que pasa ahora por las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.

Tanto Losada como Nierga han coincidido en su decepción sobre la falta de acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos para ser investido presidente. “La gente habló claro: gobierno de izquierdas con apoyo de los nacionalistas. Punto. ¿Dónde se ha liado todo?” se preguntaba Losada. “No acabas de entender qué es parte del juego y qué escenificación, partiendo de la base de que hay un bien superior en juego”, añadía el profesor universitario ante la posibilidad de repetición de elecciones.

“No ha habido una negociación política en serio entre PSOE y Podemos”, concluía entonces Nierga a partir de las palabras de Losada, que le daba la razón. “Del 28A por primera vez salía una cosa clara, diáfana. ¿Por qué que haya ministros de Podemos ha de ser un problema?”, se preguntaba el profesor universitario, pocas horas antes de que el propio Sánchez se abriese por primera vez a esta posibilidad. “Su trabajo es arreglar esto y no pasarse las horas replicando que el otro es muy malo”, concluía sobre ambas formaciones.

El periodismo, en cuestión

¿Deben los periodistas buscarse la vida al margen de los grandes medios de comunicación? Con esta pregunta arrancaba Neus Tomàs la conversación entre dos profesionales referentes en el sector del periodismo en España. Nierga, como conductora de programas como La Ventana y Hoy por Hoy de la Cadena SER durante años, y Losada, como colaborador y analista de varios medios, entre ellos eldiario.es. “Cuando terminé la carrera me decían que no encontraría trabajo, hace 30 años anunciaban un apocalipsis y es verdad que ahora soy yo la que les diría que es complicado trabajar en medios tradicionales”, apuntaba Nierga sobre un oficio, el de periodismo, que parece siempre ha estado en crisis.

Que las empresas hayan reducido la figura del periodista a “mero testigo” de la actualidad y por lo tanto reemplazable –según Losada– o que algunos profesionales hayan “dilapidado su credibilidad” paseando su opinión por las tertulias –según Nierga– son algunos de los factores que han lastrado la confianza en los medios de comunicación. Tampoco ha ayudado sobredimensionar las informaciones de sucesos o adelgazar las redacciones debido a la crisis, según han coincidido ambos durante el debate.

La evolución de los medios ha tenido que adaptarse además al auge de las redes sociales, que han empujado a simplificar algunos mensaje para adaptarlo a su formato. “Las reglas de juego están cambiando: si quieres colocar tu mensaje como estratega político necesitas que tu candidato concentre un mensaje de 30 segundos para que te de para Twitter e Instagram”, apuntaba Losada, que reconocía por otra parte el beneficio de las redes para favorecer el 'feedback' directo entre lectores y medios.

Los medios y el conflicto catalán

Una de las cuestiones de actualidad que más han puesto en el foco a los medios de comunicación ha sido el procés en Catalunya. Sobre el papel del periodismo en su cobertura, Nierga se ha mostrado muy crítica. “Han contado el conflicto con demasiadas vísceras y estómago y poca reflexión y racionalidad”, expresaba. Y añadía sobre algunos periodistas, que “han creído que lo más normal era atrincherarse a un lado u otro”. “El procés se los ha llevado por delante”, sentenciaba.

Sin llevarle la contraria, Losada añadía sin embargo que su impresión es que este fenómeno ha sido más pronunciado en los medios madrileños que en la catalanes. “La prensa de Madrid a la hora de analizar el tema catalán está más ideologizada y hace más opinión que la de aquí”, consideraba.

El protagonismo del final del debate ha sido para alguien ya alejado de la vida pública: Mariano Rajoy. “¿Qué estará pensando el expresidente ahora?”, se preguntaba Tomàs. Losada, autor de Código Mariano, respondía: “En su haber tiene que es el primero que entendió cómo era la derecha. Es fácil decirle a alguien que tiene que acercarse [a las demandas catalanas], pero cuando tienes lo que tienes en casa... Ahora estamos descubriendo a la derecha española. Él lo hizo antes”.

Aunque les parezca inverosímil, hay algo en común entre todos los escenarios e hipótesis de pactos postelectorales con los que tanto se nos marea estos días con pactómetros y realidades aumentadas. A derecha y a izquierda, rural o urbano, costa o interior; en todas las situaciones los pactos se plantean, preferentemente, contra alguien. En la política española los acuerdos a favor de algo o alguien se antojan más raros que aquel famoso perro verde.

En Madrid se hacen contra Manuela Carmena o contra Ángel Gabilondo. En Barcelona iban a ser contra Ada Colau pero ahora se arman contra Ernest Maragall. La derecha quiere pactar contra los populismos y los independentistas, aunque para ello tenga que abrazarse a la derecha xenófoba y preconstitucional. La izquierda ofrece pactar contra la derecha extrema, aunque sea a base de entregarle la presidencia o la alcaldía a esa derecha a quien lo único que le molesta de pactar con la derecha extrema, es que se sepa.

Aunque a la izquierda le cueste creerlo, en este juego perverso de pactar contra alguien, la derecha lleva todas las de ganar. Lo juega mejor y sabe cómo hacer que la izquierda compita fatal. Para empezar, han conseguido equiparar los pactos con la derecha extrema y los acuerdos con el nacionalismo democrático; como si fueran o constituyeran una misma amenaza para nuestra convivencia o nuestra democracia. Para acabar, se ha hecho con el monopolio del relato que legitima o deslegitima los acuerdos políticos. Aquí parece que solo valen los pactos que dice la derecha que valen.

El marcador no engaña. Allí donde le conviene a la derecha, ha pactado o va a pactar con la derecha extrema sin pedir perdón y sin disculparse ante nada ni nadie. Allí donde lo necesita, la izquierda no va pactar con el nacionalismo y tienen pinta de ir a pasarse toda la legislatura pidiendo perdón por haberlo pensado siquiera.

No se me ocurre mejor ni mayor ventaja para la derecha en cualquier juego: concederle el derecho a decir qué resultados cuentan y cuáles no, qué se puede pactar y con quién para que cuente. Lo más triste es pensar en lo fácil que sería pactar y acordar en la política española; bastaría con liberarse del relato impuesto por la derecha, dejar de pedirles permiso y empezar a acordar a favor de políticas y candidatos del futuro, no contra de políticas y candidatos del pasado.

Las elecciones generales de 2019 marcarán para la historia la peculiaridad de ser las únicas en las que los principales candidatos habrán tenido que pasar por dos debates consecutivos en televisión en los últimos días de la campaña. El primero de esos cara a cara entre los aspirantes coincide este lunes con la fecha límite marcada por ley para la publicación de encuestas, por lo que nada de lo que suceda en esas citas televisivas se verá reflejado en la publicación de sondeos. Hasta el día de las elecciones no se conocerá la influencia de los debates en unas elecciones con las tasas de indecisión más altas de la historia, que se sitúa por encima de un 20% según varios sondeos. 

La ley que regula el funcionamiento electoral da por hecho que las encuestas tienen un efecto en el voto y por eso prohíbe su publicación en los cinco días previos a las votaciones. Se trata de una prevención sobre la que algunos sociólogos como el presidente de Gad3, Narciso Michavila, se muestran escépticos. Michavila segura que “cuanta más información tenga el elector mejor podrá decidir su voto”. 

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalan que una parte importante de los votantes decide su opción con una mirada en los sondeos. Según el estudio postelectoral realizado por el CIS en Andalucía, el 10% de los encuestados declararon que su voto estuvo muy o bastante condicionado por los estudios demoscópicos“. En la postelectoral del CIS tras las elecciones de 2016, un 8% se manifestaba en los mismos términos. 

El politólogo Antón Losada cree que la influencia de las encuestas sobre el voto “no se limita a las encuestas en sí”, ya que éstas traen consigo un efecto arrastre con enfoques informativos, artículos de opinión y la propia reacción de los partidos aludidos. Losada asegura que “tenemos abundantes evidencias de que las encuestas han sido utilizadas para influir en el electorado” por lo que propone revisar la regulación para que los criterios técnicos de estos estudios estén garantizados: “No podemos seguir tolerando que se publiquen encuestas sin ficha técnica o en malas condiciones”, asegura. 

Uno de los principales efectos sobre los que reflexionan los sociólogos es el que genera la condición de favorito, que en estas elecciones es patrimonio del PSOE. El consultor político norteamericano Joseph Napolitan (1929-2013), que participó en un centenar de campañas electorales, concluyó en sus publicaciones que el “voto al ganador” no opera en las decisiones de sufragio. El presidente de Gad3, Narciso Michavila, comparte esta convicción y señala que la existencia de esa ventaja “es un falso mito”. A pesar de ello, los partidos políticos españoles “siempre se preocupan porque sus siglas aparezcan las primeras en los pronósticos”, tal y como asegura José Ramón Lorente, director de Celeste-Tel. Para este sociólogo, “la posición de favorito es la preferida por todas las formaciones políticas en nuestro país”. 

La limitación sobre encuestas que marca la legislación española solo hace referencia a su publicación pero no impide que estas se sigan realizando durante toda la campaña. Los partidos manejan sondeos hasta el mismo día de las votaciones. Como cuenta Lorente, “las encuestas de los últimos días cada vez son más importantes, a causa de la importante masa de indecisos. La última semana de campaña tenemos encargos de trackings para entregar cada 24, 48 o 72 horas, según el cliente”. 

Debates en la sombra

En esta campaña se da la paradoja de que el momento clave no será medido de forma pública: no habrá ninguna encuesta que analice la influencia que los debates podrían tener entre indecisos o abstencionistas. 

El sociólogo Antón Losada reflexiona sobre los efectos del apagón demoscópico en una recta final de campaña con dos citas televisadas para los candidatos: “Al que le haya ido bien en el debate, le perjudicará que no haya encuestas que refrenden ese éxito”. Narciso Michavila cree que ese apagón le pone las cosas más difíciles al votante: “Han metido los debates cuando no se puede medir el impacto de los debates. Esto lo pone más difícil para que la gente sepa lo que va a pasar”. 

Hasta el domingo de elecciones no tendremos una medición clara de qué cosas han cambiado con respecto a lo que dicen las encuestas que ya conocemos y que podrían haberse convertido en papel mojado en cuestión de días. Todos los que trabajan en el mundo de las encuestas advierten de la dificultad añadida que supone realizar previsiones acertadas ante un nuevo fenómeno que parece haberse instalado en la política española: cada vez los electores deciden más tarde. Según la encuesta postelectoral elaborada por el CIS tras las Andaluzas, dos de cada diez votantes tomaron su decisión unos días antes de las votaciones. El 10% lo hizo de camino al colegio electoral.   

Es hora de reformar la Constitución. Así lo plantean el constitucionalista Javier Pérez Royo y el politólogo Antón Losada en su libro Constitución: la reforma inevitable. Ambos se han reunido este lunes en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla en un encuentro con eldiario.es Andalucía moderado por su directora, Lucrecia Hevia.

Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha subrayado que la reforma “es desde siempre la asignatura pendiente de la sociedad española, a pesar de que todo el ordenamiento jurídico descansa en la reforma de la Constitución. Si quitas la reforma de la Constitución, los derechos dejan de ser derechos fundamentales y las instituciones que no se reforman terminan saltando por los aires”.

Antón Losada ha puesto el acento en la reticencias históricas del Partido Popular para reformar la carta magna. En cambio, en estos momentos, con el reto territorial sobre la mesa, “la Constitución del 78 se la ha quedado la derecha. Ciudadanos y el PP manifiestan qué es constitucional y qué no, qué es leal y qué no”. Eso sí,  “la derecha se ha partido en dos y por primera vez en veinte años, se puede reformar la constitución con una parte de la derecha dentro y otra, fuera”.

“¿Cuál es un buen paso para que se dé la reforma?”, ha planteado Lucrecia Hevia, directora de eldiario.es Andalucía. Según Antón Losada, que ningún partido obtenga una mayoría absoluta tras unas elecciones generales. Dicho de otra manera: “que después de unas elecciones generales, ningún partido tenga lo que tenía el Partido Popular. Tres de los cuatro partidos llevarán la necesidad de reformar la Constitución en su programa político. Mientras haya un actor capaz de vetar el juego negociador, que es la reforma constitucional, es inviable. Y va a comenzar con la cuestión territorial, que está abierta en canal sobre la mesa”.

“No puede haber una minoría de bloqueo”

Pérez Royo se muestra de acuerdo: “no puede haber una minoría de bloqueo”. Para hacer una reforma de la Constitución, es necesario los partidos estén dispuestos a entablar un diálogo de buena fe y diagnosticar qué es lo que se debe hacer. ¿Hay altura política? Ahí tengo mis dudas. Se hace cuando no hay más remedio y en circunstancias excepcionales“. Según el constitucionalista, el PSOE sigue siendo reformista, el PP siempre se ha cerrado y Ciudadanos es una incógnita para mí”.

Pérez Royo ha puesto como ejemplo positivo a Alemania, que ha reformado su Constitución en numerosas ocasiones, pues se creó tras el nazismo y bajo la estricta mirada de Estados Unidos, que ocupó el país en la posguerra. “Ese déficit de Constitución debía sustituirse con reformas. Lo han hecho en 62 ocasiones. En lugar de buscar un apaño, como hacemos nosotros, se van a la Constitución”, ha sostenido. 

Antón Losada, cree que parte del problema que sectores e instituciones como la Monarquía que no quieren la reforma, porque “lo único que garantiza su supervivencia es que no se abra un debate de reforma constitucional en profundidad, que llevaría a un debate sobre la monarquía”.

Pasados 40 años de la aprobación de la Constitución, es momento de reformarla. Es la idea de partida que comparten el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo. Con esa premisa comenzaron a debatir sobre la forma de abordar esa reforma, qué elementos que perviven del franquismo en la carta magna hay que eliminar, o sobre el papel de la monarquía en el sistema parlamentario. Ese debate lo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable'.

En este entrevista con eldiario.es admiten coincidencias en el libro, pero también discrepancias. Por ejemplo, cómo enfrentarse al problema territorial a través de una reforma de la Constitución. O sobre si el escenario político actual permite realmente cambiar la norma fundamental: Losada lo ve posible, Pérez Royo es pesimista.

Defienden que la Constitución, que ahora cumple 40 años, se ha quedado obsoleta en algunos aspectos, ¿por qué? ¿Estaba mal hecha? ¿Se pensó para un momento político concreto?

Javier Pérez Royo: Bueno, 40 años son muchos años.

Losada: Ninguna lavadora dura 40 años, ni ningún frigorífico.

Pérez Royo: Especialmente para una Constitución que venía después de una Guerra Civil y de 40 años de un régimen como el de Franco. Y que se sale de ese régimen de la forma en la que se salió, a través de unos compromisos, de pactos, no de un ruptura clara, de una ruptura nítida, con muchas hipotecas que quedan del pasado. Eso exigía que se hubieran ido haciendo reformas para haber creado una democracia de calidad.

La Constitución se hace, pero se queda como un punto de llegada, no como un punto  de partida para ir haciendo las reformas, e ir haciendo modificaciones. Eso ha conducido a que con el paso del tiempo la Constitución haya claramente quedado más que obsoleta, en cierta medida paralizada. No es un marco de referencia para que la complejidad de la sociedad española pueda expresarse políticamente.

Losada: Si ningún televisor ni ninguna lavadora dura 40 años, una constitución no tiene por qué durar más. A eso hay que añadir que mientras Alemania y Francia han reformado su constitución varias decenas de veces en los últimos 40 años, nosotros solo hemos hecho una reforma por la puerta de atrás. Pero yo creo que hay un problema añadido a todo esto, que es que yo creo que la Constitución del 78 es el resultado de un pacto implícito, no verbalizado pero que existía, que es que una parte de los que firmaron ese pacto consideraron que era un punto de partida, sobre todo la izquierda y el nacionalismo, mientras que otra parte, la derecha, consideraban que era un punto de llegada.

Eso era una situación ambigua que se ha podido mantener durante el proceso de modernización del Estado español, y de consolidación de la democracia, porque a nadie le interesaba explicitar esa contradicción, pero hemos llegado a un punto en el que somos una democracia europea en el siglo XXI, uno de las cuatro países eje de la Unión Europea, ya nos podemos plantear eso.

Estamos viendo el conflicto que se empezó a visualizar en la segunda legislatura de José María Aznar, que yo creo que fue la primera vez que la derecha dijo “no, de punto de partida nada, esto es un punto de llegada”. Esa es la gran novedad que introduce Aznar, hasta ese momento la derecha, frente a un discurso de la izquierda y buena parte del nacionalismo de que el 78 es un punto de partida, vamos a desarrollarlo, etc...aparece una derecha que dice 'no, el 78 es un punto de llegada'. Eso es lo que hace que la Constitución del 78 se haya quedado fatigada, que es que ya los que veían en ella un punto de partida ya no ven un punto de partida, porque una parte te dice que no, y los que veían un punto de llegada la han convertido en una barrera. Y son los que se han quedado con la Constitución del 78, en este momento es un artefacto que maneja la derecha española.

Ustedes afirman en el libro que hay varios elementos del franquismo que perviven en la Constitución. Más allá de la monarquía, ¿cuáles son esos elementos?

Pérez Royo: Para mí, lo más importante que queda es la Ley para la Reforma Política, que es la última de las leyes fundamentales del general Franco, que se hace después de su muerte por el gobierno de Suárez. Ponen en marcha el transito de las leyes fundamentales a lo que acabaría siendo la Constitución, y ahí hay una ley, que es la última de las leyes fundamentales, que es la Ley para la Reforma Política, y ahí se fija la composición del Congreso de los Diputados, del Senado, y después se hace el Real Decreto Ley de normas electorales. Esas tres normas, la composición de las cortes, el órgano representativo del pueblo español, y la legislación electoral, son preconstitucionales y pasan tal cual a la Constitución del 78.

Es decir, el núcleo duro, la monarquía y las cortes generales, no ha sido definidos en el proceso constituyente propiamente dicho, sino que se definieron por las cortes del general Franco y por el gobierno de Suárez, antes de que se abrieran las cortes constituyentes. Eso queda, y ese principio monárquico combinado con esa forma de expresión del principio de legitimad democrática es lo que queda del pasado en la Constitución, y es lo que impide que se hagan reformas. En España no se puede hacer porque queda ese resto del pasado que está condicionando la vigencia de la Constitución.

Losada: Como en las películas de terror, hay un fantasma que sobrevive, que es una visión muy centralizada y jerarquizada de lo que es el Estado Español. Sobre ese fantasma que queda, de España es un Estado central de mando y control que se llama Madrid y a partir de ahí el poder se desparrama hacia abajo, se superpone la estructura del Estado de la Autonomías. Lo estamos viendo todos los días. ¿Qué sobrevive del franquismo? El trabajo que le cuesta a mucha gente entender que las autonomías son Estado, que se hable de los parlamentos, un parlamento catalán, el vasco, el parlamento gallego, de un parlamento regional. No son parlamentos regionales, son otra cosa.

Además de lo que ha dicho Javier, lo que pervive es una determinada concepción del Estado, que hemos adaptado, porque estamos en 1978, viene la moda de la democracia y la descentralización, pues bueno solo damos una capa de chapa y pintura sobre una concepción que sigue siendo básicamente la misma: España es un Estado que tiene un punto central de mando y control que se llama Madrid. Desde ahí lo que hacemos es devolver poder a puntos periféricos y si esos puntos periféricos se comportan bien se lo dejamos, pero si se comportan mal se lo podemos retirar en cualquier momento.

Pérez Royo: Y un Poder Judicial, que no es cosa menor. Un Tribunal Supremo y una Audiencia Nacional, dos órganos de centralización del Poder Judicial que tiene un peso brutal.

Losada: Sobre todo que son excepcionales, una juridcicción como la de la Audiencia Nacional es incompatible...

Pérez Royo: Sin embargo, se ha convertido en una pieza clave para controlar a la sociedad.

Losada: Algo que nace como una excepción. Es decir, lo que era una excepción por una circunstancias muy específicas, el terrorismo, se ha convertido en una pieza central del sistema. Es una anormalidad que no existe en ningún país.

Hablando de la centralización... ¿se puede solucionar un problema territorial con una reforma constitucional?

Losada: Solo se puede resolver así.

Pérez Royo: Jurídicamente el Estado de las autonomías está intacto. Está la Constitución y están todos lo estatutos de autonomía. Jurídicamente no hay ningún problema, el problema está en que en Catalunya la mayoría de la población no acepta que la Constitución y el estatuto de autonomía tal como quedó después de la sentencia del Constitucional sea la norma en base a la cual ellos pueden ejercer sus derechos de autonomía.

Entonces, es un estatuto de autonomía que no tiene la adhesión de la ciudadanía. Y un estatuto sin la adhesión de la ciudadanía es una norma estéril, ese es el problema que hay en Catalunya. Dada la posición estratégica que tiene Catalunya en el ejercicio del derecho de autonomía, se convierte en un problema general de la Constitución española y no solo de la Constitución para Catalunya. Entonces, ¿Cómo se puede resolver eso? La verdad es que no lo sabemos.

Losada: Los momentos de máxima tensión en el libro se han dado sobre este tema, ahí no estamos de acuerdo.

Pérez Royo: Idealmente, debería hacerse una revisión de la Constitución en la cual se pactara la cuestión territorial. Se dijera, hemos tenido esta experiencia de centralización política que ha funcionado durante cuarenta y tantos años, hemos aprendido de esta experiencia muchas cosas, pero aquí ahora mismo nos encontramos con que tenemos un problema que no lo podemos resolver nada más que pactando nuevamente. Diciendo, cuál es el pacto territorial que habría que hacer, que Constitución territorial habría que pactar para que fuera aceptable de una manera inmensamente mayoritaria en todo el territorio.

Losada: Hay algo que no se acaba de entender de lo que está pasando en Catalunya, sobre todo desde fuera. Hay mucha tendencia a decir que es un problema de dinero, de transferencias, de financiación y que hay un problema político, y se equiparan las dos cosas, como si el problema político fuera un problema de financiación. ¿Es un problema de financiación? Sí. ¿Es un problema de competencias? Sí. ¿Es un problema de que en Catalunya quieren tener más autogobierno? Sí. Pero sobre todo es un problema político, me refiero al problema de los símbolos, del reconocimiento. ¿Que hay en este momento en Catalunya? Hay una mayoría social que quiere ser reconocida como nación. No como autonomía, no como nacionalidad histórica, no, “Yo soy una nación y quiero ser reconocida como tal”.

Eso se resuelve de dos maneras: separándose, si usted no me reconoce me voy y ya me reconocerán fuera, o buscando un encaje Constitucional donde se pueda reconocer que usted es una nación y simbólicamente significa esto, que tiene su himno, su lengua oficial, su propio diseño constitucional, y al mismo tiempo eso tiene una traducción en financiación, en competencias...que eso es le problema que no resuelve la Constitución del 78, que es el problema que hablábamos al principio, hay dos millones y pico de catalanes que dicen que el 78 era un punto de partida y nosotros queremos seguir avanzando con más competencias, mejor financiación pero sobre todo, 'reconózcame como nación'. Y eso tiene que tener una traducción.

En el libro hacen mucho énfasis en la monarquía, en la celebración de un referéndum sobre esa institución. ¿Creen que es el momento para convocar una consulta sobre la corona?

Losada: Es el momento de romper una oferta pack que nos hicieron a los españoles en el 78 y que tenía trampa, y es que monarquía es igual a democracia. Entonces, si quieres democracia tiene que comprar monarquía. Que fue lo que nos colaron.

Ya hemos pasado la situación de excepcionalidad, ya no estamos en el 78, ya somos una democracia europea, estamos en el núcleo duro de la Unión Europea, es el momento de que podamos decidir cuál es la forma de nuestro estado y que no se nos presente esta elección tramposa de que sin monarquía no hay democracia, cuando en mi opinión si hay algo contradictorio con la democracia es la propia idea de la monarquía.

Pérez Royo: Aquí hubo una restauración de la monarquía. Y es esa monarquía restaurada la que dirige el tránsito de las leyes fundamentales a la constitución del 78. La monarquía se restaura en 1947 con la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Ahí es donde se produce la restauración, que se reafirma en 1958 en la ley de principios del movimiento nacional y después en la ley orgánica del Estado en la que ya se habla del príncipe heredero y se contempla la posibilidad de que el príncipe sustituya al general franco en caso de enfermedad de este, algo que se produjo durante un tiempo breve.

Después, muerto Franco ,el rey Juan Carlos accede a la condición de rey y entonces él es el que primero mantiene a Arias Navarro, después fuerza su dimisión, nombra a Suárez y entre los dos dirigen el proceso a través del cual se pasa de las leyes fundamentales a la Constitución. Entonces, el principio monárquico es el primero, el principio democrático y las instituciones se incorporan después de que se haya producido la restauración de la monarquía.

Esto es lo que se nos ha dicho, que la monarquía ha traído la democracia. El 23F viene ser a la confirmación, el bautismo es este momento y después viene la confirmación que es el 23F. Ahí tenemos un principio monárquico que se convierte en un principio indisponible para el principio democrático. Cuando se hace la Constitución esto no se puede disponer, la monarquía no se puede tocar, sino que tiene que aceptarse sin más, y por lo tanto el principio monárquico es previo e indisponible al principio democrático y condiciona el desarrollo y el desenlace de los principios democráticos, y nace con un handicap, nace enjaulado, y no tiene capacidad de reproducción. Por eso en España no se producen reformas de la Constitución, porque el principio de legitimación democrática está condicionado por el principio monárquico.

Losada: Aquí se juntan dos elementos, por un lado la lógica jurídica y democrática y después la lógica biológica. Siempre pongo el ejemplo de mi hija de 17 años, que no entiende el concepto de monarquía, lo entiende en las películas de Disney pero no lo entiende en la vida real. Ese pack en el que tenemos que comprar monarquía y democracia, que en el 78 era creíble para mucha gente, ya no es creíble. Ya sabemos que la democracia no necesita realmente a la monarquía, es más, que hay cierta contradicción. Yo creo que hay generaciones que ya ni siquiera entienden el concepto, y a eso tenemos que sumar errores estratégicos absolutamente insubsanables como la locución del 3 de octubre de Felipe Vi, cuando decide convertirse en rey de dos millones de catalanes y contra otros dos millones de catalanes.

Pérez Royo: La Constitución del 78 es la primera donde el principio de legitimidad propio del Estado constitucional y el principio monárquico, figuran en la Constitución. Hasta ahora, o había principio monárquico o había el de legitimidad propio del estado constitucional, pero no había convivencia de ambos. La convivencia de ambos principios no había ocurrido nunca hasta la del 78. Es la restauración de la monarquía la que trae la democracia, sin embargo en la Constitución se pone al revés, el [artículo] 1.2 (sobre la soberanía nacional) va delante del 1.3 (la monarquía parlamentaria). Entonces es una monarquía parlamentaria limitada por un principio de legitimidad democrática. Y así es como funciona básicamente el sistema político español.

No es totalmente falso, no es totalmente ficticio lo de la monarquía parlamentaria, pero en los momentos decisivos, como el 1-O o el 3-O, el 1.3 pasa por delante del 1.2. Y el rey se pone por delante y dice “aquí estoy yo”, y se dirige a la nación. Eso es lo que no es posible. La reina de Inglaterra no habría podido erigirse nunca con el Brexit, no puede ser. Eso es lo que hace que en España formalmente se dice que es una monarquía parlamentaria, pero materialmente no lo es. Lo importante no es la existencia de un monarca en la jefatura del Estado, lo importante es que pueda existir un principio que compita con el de legitimidad democrática. Y eso es lo que se produce en España y de ahí vienen todas nuestras dificultades de renovación del sistema político.

La última vez que se hablado de reformar la Constitución ha sido con la propuesta de limitar los aforamientos. Cada partido se abrió a debatir pero planteando sus condiciones, qué era lo que querían cambiar sí o sí en la constitución. ¿Sería viable plantear una reforma de la Constitución? ¿O se bloquearía porque cada partido querría meter sus reclamaciones?

Pérez Royo: Nosotros no sabemos cómo hacer una reforma de la Constitución. No se sabe cómo hacer una reforma de la Constitución. Una reforma exige que se esté dispuesto por parte de los partidos políticos a entrar en una negociación de buena fe para hacer un diagnóstico de a qué extremos tendría que dirigirse la reforma, qué es lo que habría que reformar y ver de qué manera se puede construir un consenso para conseguir la mayoría necesaria.

Lo primero es una discusión de buena fe para compartir un diagnóstico, eso es lo que no se ha hecho en España, y tal como está el patio no se prevé que se pueda hacer. Las dos cosas que se han hecho, lo ha hecho Zapatero y lo va a hacer Sánchez, decirle al Consejo de Estado 'haga usted la propuesta'. Eso es una barbaridad, no sirve para nada. El Consejo de Estado no sirve para ser un órgano que haga una propuesta de reforma de la Constitución. Es un órgano consultivo para que el Gobierno le consulte los proyectos de ley, los reglamentos. Para una reforma, tienen que ser partidos que se pongan de acuerdo a debatir entre ellos de buena fe para ver exactamente lo que se tiene que hacer. Eso no lo hemos hecho nunca y es que no lo sabemos hacer.

Losada: Es una de las muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Yo sí creo que es posible una reforma de la Constitución, no ahora cuando estamos a meses o un año de elecciones generales, sino en la siguiente legislatura. No creo que sea tanto un problema de buena fe, o un problema de que no sepamos hacerla. Yo creo que lo que bloqueaba realmente una reforma constitucional es que había un actor político que tenía algo que los demás no tenían, que es el poder de veto.

La reforma es un juego de negociación y hasta ahora en España había un jugador que era la derecha, el PP, que tenía poder de veto. Porque tenía el monopolio de la representación de la derecha y sin su voto era imposible. No puedes reformar la Constitución contra toda la derecha. El PP tenía un poder de veto que le permitía bloquear cualquier iniciativa y le ha facilitado su estrategia de apropiarse de la Constitución del 78 y los valores que representa esa Constitución. Bueno, eso ha desaparecido, la derecha se ha dividido y es posible un escenario que hasta hace un año era impensable, que se puede hacer una reforma constitucional donde entre una parte de la derecha.

Ya no hay ningún actor, ni Podemos ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos, tienen poder de veto. Porque nadie puede decir “si yo me quedo fuera se queda fuera la mitad del país”. Yo creo que eso sí abre un escenario de oportunidad para una reforma constitucional. Otra cosa es, y es una discusión muy diferente, qué alcance puede llegar a tener, si será o no lo suficientemente ambiciosa, si será limitada o será más amplia, ese es otro debate. Yo sí creo que es inevitable, porque el bloqueo que impedía jugar a reforma la Constitución ya no existe. Ya nadie puede decir esto del anuncio, “o aceptáis pulpo como animal de compañía o me llevo el Scattergories”. Ahora PSOE, Podemos y el PP, o PSOE, Podemos y Ciudadanos y los nacionalistas pueden pactar una reforma Constitucional que deje fuera a una parte de la derecha, pero que tenga una mayoría más que suficiente para que se considere una reforma legítima y perfectamente democrática.

La Constitución del 1978 fue válida para un momento histórico concreto, pero ahora se ha quedado anticuada y es el momento de cambiarla: “Una constitución que no se reforma acaba muriendo”. Esa es la tesis principal que el politólogo Antón Losada y el constitucionalista Javier Pérez Royo han plasmado en el libro 'Constitución: la reforma inevitable', en el que conversan sobre la necesidad de cambiar la carta magna, discrepando en los detalles.

Los dos autores han presentado su libro en un debate moderado por Raquel Ejerique, redactora jefa de Política Social en eldiario.es. En él han coincidido en que hay que abordar una reforma de la constitución, pero mientras Losada es optimista en este sentido, Pérez Royo se muestra mucho más pesimista: “veo más verosímil una tercera república que una reforma de la Constitución”.

“Las monarquías que no son parlamentarias, y la española no lo es, es una monarquía parlamentaria a medias, no saben hacer reformas de la constitución”, ha dicho el catedrático de Derecho Constitucional. Ha puesto como ejemplos los países nórdicos, donde las monarquías parlamentarias sí que ha sabido reformar sus normas fundamentales sin mayor trauma.

Losada, por su parte, cree que con tres partidos dispuestos a hacer cambios en la Constitución -PSOE, Podemos y Ciudadanos- lo que está por ver no es si se hará la reforma, sino en qué sentido. Así, alerta de que puede darse un cambio en la carta magna para “expandir derechos, libertades y autogobierno”, o para recortar esos derechos y recentralizar.

El politólogo cree que el principal cambio que permite ahora hablar de un cambio constitucional es el PP ya no tiene poder de veto. “Reformar la Constitución es un problema estratégico, es una cuestión cultural, de procedimiento y, de sumar votos necesarios”, y en este último es donde el PP ha levantado siempre un muro porque esto le proporcionaba “réditos políticos enormes, aparentando ser el guardián de la Constitución”.

“Tengo muchas dudas, me gustaría que pasara lo que dice Antón, pero soy muy escéptico de que eso vaya a ocurrir”, ha dicho Pérez Royo, que a pesar de ello cree imprescindible este trámite: “No somos capaces de reformarla, está envejeciendo, los defectos le están saliendo, es la gran patología que tiene la Constitución española”. 

La monarquía, el gran consenso

Aunque difieren en muchos puntos, Losada y Pérez Royo coinciden en que es necesario plantear un referéndum acerca de la monarquía. “La monarquía es incompatible con la democracia, la única forma de hacerla compatible es un referéndum”, ha dicho el politólogo.

Losada ha señalado que en su momento, la monarquía se presentó en un pack indivisible con la democracia, y los españoles votaron democracia “con buen criterio”. Pero ahora debe replantearse esa cuestión, separando monarquía y democracia: “es el momento de que votemos sin esa limitación, puede haber democracia sin monarquía”.

“Los órganos claves, la monarquía y las cortes están definidas preconstitucionalmente, sin modificación”, ha señalado Pérez Royo. El constitucionalista ha apuntado que la monarquía “se disfraza” durante la Transición para hacerla pasar por una institución democrática, pero sin la posibilidad de que durante ese periodo se debatiese sobre ella.

Este es uno de los pocos puntos en los que ambos han coincidido en la presentación, y en el propio libro, donde abordan también si una reforma de la Constitución puede dar respuesta al problema territorial. En concreto, sobre Catalunya los autores defienden posturas enfrentadas, que desarrollan en uno de los capítulos del libro que han presentado este martes.

El ruedo de la fortuna de la España política y mediática ha vuelto a girar. Como cada semana, lo ha hecho de manera caprichosa y tornadiza. Hace apenas siete días, oráculos y gurús daban por muerto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, fatalmente herido por los playbacks que el comisario Villarejo le había sampleado a la ministra Dolores Delgado y la astronomía inmobiliaria del ministro Pedro Duque. El Gobierno central era un juguete en manos del destino y los malvados separatistas catalanes, dispuestos a cobrar integro el rescate en cualquier momento. La convocatoria de comicios se pronosticaba tan segura como las espantadas de Esperanza Aguirre cuando le preguntas lo que no debes. Sólo quedaba por resolver el delicado encaje con las elecciones andaluzas, convocadas ya tantas veces y con tantas fechas que empiezan a parecer una de esas bodas vendidas en exclusiva a la prensa del corazón.

Hoy, en cambio, quien realmente tiene los días contados es el president Torra y su alegre y bullicioso Govern. Desarmados por la implacable Inés Arrimadas y su bandera mágica, enfrentados por la eterna lucha por el poder que, al parecer, explica todo cuanto pasa sólo en Cataluña, su aparente unidad ha saltado al fin por los aires, dejando al descubierto la farsa que todos conocían pero se callaban por educación. El Gobierno de España puede respirar tranquilo. Ahora es en Cataluña donde la legislatura parece amortizada y el adelanto electoral está en el aire, como el amor.

Hay que reconocerle al nacionalismo catalán que, para tratarse de unos chantajistas tan desorganizados y mal avenidos, la efectividad en el chantaje que les atribuyen desde el PP o Cs resulta notable. Si llegan a llevarse bien y actuar organizados, España estaría hecha añicos hace años, al menos para la derecha patria. Pero no se preocupen, contradicciones aparte, el ruedo ibérico de la fortuna política volverá a girar enseguida. No descarten que, para el día del Pilar, la Virgen también esté contra las cuerdas y no le quede otro remedio que convocar elecciones.

Mientras todo esto sucede en la España trivial, en la substancial las cosas siguen más o menos igual. La derecha sabe que tiene una mayoría más fácil de conseguir al alcance de las urnas y por eso no parará hasta forzar una elecciones, Pedro Sánchez sabe que existe una mayoría social deseando que su gobierno salga bien pero duda que eso sea lo mismo que votar al PSOE y, en Cataluña, por mucho que se peleen, ERC y JxCat saben que les une el miedo a unas bases que castigarán a quien facilite un gobierno de Ciudadanos; todo lo demás apenas son variaciones sobre estos tres clásicos.

Los barones ya no controlan sus territorios como antes. Es la evidencia más clara que ha dejado la primera vuelta de las primarias populares. Ninguno estaba en condiciones de garantizar con su apoyo una victoria aplastante en su baronía, ni siquiera Núñez Feijóo en Galicia. Ninguno parece estar tampoco en condiciones de garantizar el control de sus compromisarios territoriales durante el congreso de julio. Todo está abierto. Los porcentajes obtenidos por los diferentes candidatos ni pueden ni van a traducirse en porcentajes simétricos de compromisarios. Ambos supervivientes, Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pueden ganar y cada uno tiene sus posibilidades.

De aquí al congreso popular arranca una segunda vuelta donde la aparente igualdad de fuerzas y posibilidades entre ambos aspirantes puede tentar a no pocos compromisarios a buscar negociar particularmente el sentido de su voto, conscientes de que ha multiplicado exponencialmente su valor porque ahora sí puede resultar decisivo y liberados por la división y la falta de control del aparato.

Qué votarán los compromisarios no electos, los cargos y miembros del aparato, tampoco parece una incógnita fácil de despejar, especialmente cuando no se anticipa un ganador claro y posicionarse implica asumir el riesgo de perder el cargo o la jerarquía en el aparato si se elige mal y se apuesta por el candidato perdedor.

Sáenz de Santamaría arranca con las ventajas de haber ganado la votación entre la militancia, aunque fuera por mil quinientos votos, y las sombras del currículo académico de su oponente, una herida mal cerrada que puede reabrirse con un par de golpes medidos. Pablo Casado parte con la ventaja de disponer de más espacio para tejer alianzas; no necesita convencer para sumar, le basta con utilizar el reclamo de construir un frente antiSoraya. Ambos aspirantes afrontan, sin embargo, un riesgo común. Tras las dos décadas de cainismo y fracturas que costó alcanzar la unidad de la derecha, nada se castiga tanto en el PP como la división interna; quién la provoca o parezca provocarla acaba pagando por ello y muy caro.

Sáenz de Santamaría lo entendió la misma noche de las primarias y ya ha empezado a hacerle el traje de culpable a su rival, con su hábil oferta de integración y su envenenada apelación a la doctrina de dejar gobernar al más votado y no cambiar en los despachos lo decidido por las urnas. Casado ha respondido atolondradamente apelando a las reglas de juego y presentando su acercamiento a María Dolores de Cospedal, la clave de bóveda de cualquier integración, como un paso hacia el deseado reencuentro entre militancia y aparato en una nueva etapa y nueva mayoría que solo obstaculizaría la ambición de su rival. El juego solo acaba de empezar.

Todos los barones y jerarcas populares que aún tienen voz y cierta apariencia de control sobre sus territorios han comenzado a desfilar para pedir lo mismo: integración y unidad, que los aspirantes se esfuercen por presentar una única lista. Pero también van aprovechando para lanzar un aviso: desde hoy todos se van a pensar qué hacer con su voto. La traducción del mensaje para Sáenz de Santamaría y Pablo Casado no puede ser más clara: resuélvannos el problema de a quién tenemos que votar buscando la integración, no nos lo compliquen más forzándonos a elegir porque no queremos hacerlo. Quién se quede la bandera de la integración, ganará. Quién parezca que únicamente le vale imponerse a cualquier precio, lo acabará pagando.

Mientras Albert Rivera y Mariano Rajoy corren a ponerse en el viento de cola que empuja a Enmanuel Macron e intentan apuntarse su victoria como otro logro del centro liberal y reformista que ambos proclaman representar y su franquicia como signo de los triunfos electorales que les aguardan, el PSOE y Podemos se imputan mutuamente el desastre del Partido Socialista francés o la polémica ambigüedad de Jean-Luc Mélenchon con su decisión de no apoyar expresamente al candidato ganador frente a la derecha extrema de Marine Le Pen. Unos se disputan la victoria y el gobierno mientras los otros compiten por explicar la derrota y el liderazgo de la oposición. Nada nuevo bajo el sol desde hace ya más de dos legislaturas en España.

Los datos que acaba de publicar el CIS resumen la causa y el efecto de semejante dinámica. El PP saca 11 puntos de ventaja a los segundos. La suma de las derechas obtiene cinco puntos de ventaja sobre la suma de las izquierdas. Si hacemos caso a quienes sitúan al PSOE fuera de la izquierda, la ventaja se dispara a 25 puntos. La revisión de los porcentajes de intención directa de voto para evitar la cocina reduce levemente esas diferencias pero no altera las posiciones y confirma que el nivel de indecisión no parece especialmente elevado. La gran mayoría de los españoles parece tener muy decidido su voto y la lectura de sus intenciones indica que, a día de hoy, sólo parece viable un gobierno de derechas en España.

En Francia Macron ha ganado sumando dos millones de votos más que François Hollande en su día, papeletas que recogió provenientes de electores que en la primera vuelta optaron por el republicano François Fillon. El nuevo presidente de la República mantuvo intacto el voto de izquierda que había derrotado a Nicolas Sarkozy en 2012 y logró ampliar sus apoyos pescando en el centro derecha.

El éxito logrado por Mélenchon y su llamada a no elegir entre Macron y Le Pen, elevando el voto en blanco o nulo hasta un 12%, se queda en una victoria pírrica que no oculta cómo la mayoría de sus votantes eligieron parar al Frente Nacional. Puede sucederle otra vez en las legislativas de junio si buena parte de sus electores vuelven a concluir que la no definición conduce irremediablemente a la irrelevancia.

En Portugal el partido conservador fue es el más votado pero gobierna el innovador entendimiento entre tres fuerzas de izquierda tan alejadas y distintas como, por ejemplo, sucede en España. El Bloque de Izquierda y el Partido Comunista apoyan un Gobierno minoritario de los socialistas lusos con António Costa a la cabeza. Los tres actores de la izquierda lusa han sabido decidir y elegir cuándo tenían que competir y cuándo debían cooperar y llegar a acuerdos y compromisos para lograr el gobierno y ejercerlo de manera efectiva.

Han aprendido a negociar y renunciar a posiciones y elementos de sus respecticos programas para construir un programa de gobierno y un espacio común de colaboración que va poniendo fin a las políticas de recortes y ha empezado a recuperar derechos y programas sociales. Las lecciones no pueden estar más claras.

Resulta desconcertante la contundencia de las conclusiones de muchos de los análisis provocados por la primera vuelta de las presidenciales francesas comparada con la complejidad que arrojan los resultados. Así se presenta a Francia como el ejemplo definitivo de la onda que recorre Europa derrumbando a los viejos partidos que construyeron la UE y empujando el ascenso de las fuerzas de derecha extrema. Pero paradójicamente en Alemania está sucediendo exactamente lo contrario: la ultraderecha se desmorona y la vieja socialdemocracia y la vieja democracia cristiana compiten en régimen de oligopolio por la victoria electoral a la vuelta del verano.

Con la base de los desastrosos resultados del Partido Socialista y la triste tercera plaza de los Republicanos de François Fillon, se apunta al colapso de los partidos tradicionales franceses. Pero paradójicamente uno de los grandes triunfadores ha sido el Frente Nacional de Marine Le Pen, tan viejo partido y tan del viejo régimen que parte de su éxito se debe a su capacidad para “desdiabolizarse” y haberse convertido en una organización política tan reconocible y homologable como socialistas y republicanos. Los partidos ya no son importantes, se afirma, pero paradójicamente tener un partido de siempre organizado detrás supone la mayor ventaja de la candidata Le Pen para la segunda vuelta y para las legislativas de junio.

Los socialistas se derrumban y nadie quiere tener a menos de cincuenta metros a François Hollande, pero el vencedor de la primera vuelta, Enmanuelle Macron, era su antiguo ministro de Economía estrella y ha ganado prometiendo hacer las mismas políticas económicas de apertura y liberalización que Hollande ha dejado a medio hacer o dejó a medio rectificar. El Gobierno del actual presidente de la República es castigado sin piedad pero sus políticas resultan paradójicamente recompensadas.

Presentar las elecciones francesas como un duelo entre xenófobos extremistas y centristas reformistas ofrece una simplificación cómoda y útil para fabricar discursos y titulares, pero la realidad resulta bastante más desesperante y paradójica.

Muchos de los votantes de Le Pen ni son xenófobos ni son racistas, pero sí son gente convencida de que están pagando una crisis que no provocaron y la única salida que ven pasa por hacérsela pagar a otros; a pesar de la veces que les han dicho lo mismo, les han señalado a otros culpables y les han engañado.

Muchos de los votantes de Macron ni son centristas ni son reformistas, pero sí son gente que sigue creyendo que es posible encontrar por las buenas un equilibrio decente entre globalización, acumulación y redistribución de la riqueza, a pesar de las veces que lo hemos intentado y hemos fracasado estrepitosamente. Porque de eso estamos hablando cuando hablamos de política en los tiempos que corren: cómo se crea la riqueza, si hay que repartirla y cómo se debe repartir.

Dice la UCO que Rodrigo Rato facturó más de ochenta millones de euros a las empresas que privatizó siendo vicepresidente económico del Gobierno de Aznar. Buena parte de tal facturación se habría generado siendo aún máximo responsable de política económica. Veinte años después por fin estamos a punto de saber qué era exactamente aquello que Aznar y Rato llamaban “capitalismo popular”.

Nos lo vendieron como la posibilidad de que millones de españoles se convirtieran en accionistas de grandes empresas y corporaciones públicas puestas a la venta en el mercado. Pero eso solo fue una coartada y ni siquiera era verdad: en las veinticinco privatizaciones más importantes de la era Aznar, sólo en ocho se recurrió a la Oferta Pública de Venta con tramo minorista y siempre en porcentajes marginales sobre el total de la propiedad.

Repsol, Telefónica, Endesa, Argentaria o Tabacalera se vendieron en los despachos, a compradores seleccionados, a través de procesos oscuros y opacos, marcados por las comisiones, el tráfico de influencias, el clientelismo, la proximidad ideológica y la discrecionalidad más arbitraria. La lista de los propietarios finales lo dice todo: BBV, Santander, Merryll Lynch, Goldam Sachs o La Caixa, la institución donde se había formado y trabajaba el ministro de industria, Josep Piqué, y la plana mayor del equipo directivo que lideró la privatización.

Gracias a los negocios de Robin Rato puede que nos sea revelada la verdadera naturaleza de aquel casi mágico “capitalismo popular”: vender aquello que era de todos para quedárselo ellos. Rodrigo Rato encarnaría así la versión neoliberal de Robin Hood. Si el arquero de Sherwood robaba a los ricos para dárselo en los pobres, Robin Rato privatizaba lo que era de todos para quedárselo él.

Entre 1996 y 2004, los gobiernos Aznar privatizaron la gran mayoría de las industrias y monopolios públicos. Fue un negocio ruinoso, uno de los episodios más devastadores de corrupción y mal gobierno en nuestra democracia y una historia que todavía está esperando a ser contada como fue. El Estado ingresó poco más de 30.000 millones de euros gracias a las privatizaciones. No supone ni una décima parte de cuanto vale hoy sólo Telefónica.

Entonces se dijo que Europa obligaba a privatizar. Otra mentira. La UE reclamaba la liberalización de mercados y servicios para abrirlos a la competencia, pero no rematar y liquidar todas las grandes empresas públicas. De hecho, países como Alemania, Francia o Italia mantuvieron y mantienen una presencia determinante de lo público en sus grandes operadores y corporaciones estratégicas. Sólo en España se liquidó totalmente la presencia pública en nuestros mercados más críticos.

Aún hoy muchos sostienen que gracias a esas privatizaciones nuestros mercados e industrias se hicieron mejores y más competitivos. Más mentiras. Los países de nuestro entorno que mantuvieron la presencia pública disfrutan hoy de mercados de comunicaciones, energía o transportes mucho más competitivos y eficientes que las farsas que padecemos en España, donde todos somos rehenes de los grandes oligopolios privados que sucedieron a los viejos monopolios públicos.

Juan Villalonga en Telefónica, Cesar Alierta en Tabacalera y Telefónica, Francisco González en Argentaria, Manuel Pizarro en las CECA, Miguel Blesa en Caja Madrid, Martin Villa en Endesa, Alfonso Cortina en Repsol... Esos son los verdaderos ganadores de las privatizaciones españolas. Grises corredores y agentes de bolsa, oscuros funcionarios y empresarios de atrezo nombrados en su día principalmente por su amistad y proximidad al ejecutivo Aznar y convertidos hoy en grandes empresarios con el patrimonio que nos pertenecía a todos. Capitalismo popular del bueno: privatizar lo de todos a beneficio de unos pocos.

Llámenme conformista, pero a mí la sentencia del caso Nóos no me parece ni tan mala, ni tan liviana. No se me ocurre mejor indicador del grado de deterioro de la Casa Real que alguien como Miquel Roca haya de salir a vender el fallo con el entusiasmo de un comercial telefónico, intentando convencernos de cuánto le hace levitar que sólo condenen a la infanta Cristina de Borbón por ser participe a título lucrativo y beneficiarse del delito porque se ha librado de la condena penal.

La buena noticia habría sido que la hubieran absuelto de todas la imputaciones. Cuando el fiscal ha actuado como su abogado defensor, la Hacienda pública ha dado por buenas facturas que si las presenta Cristina Pérez Pérez le habrían costado media docena de multas y la Casa Real se ha limitado a no invitarla a sus fiestas, que la condenen aunque sea por lo civil es un desastre y una humillación.

Sólo la absolución resultaba buena para Iñaki Urdangarin y la Casa Real. Una sentencia liviana para Urdangarin habría sido que le condenasen por debajo de los seis años. La inevitable cárcel supone una mala noticia, para él y para la Casa Real. Si se compara con fallos que condenan a un pobre desgraciado a tres años por robar dos botellas de vino no puedo estar más de acuerdo respecto a su injusticia, pero quién la sufre es el ladrón de las botellas, no el marido de la Infanta.

La propaganda y el ruido a veces aturden y nos distraen con facilidad de lo relevante. Discutir si está bien o mal que al socio de Urdagarin le caigan dos años más, si la absolución penal de la infanta benefició también a la esposa de Diego Torres, si se puede comprender o no que la sentencia rebaje la cuantía del enriquecimiento de la Infanta, o sí había o no pruebas para juzgar la llamada trama valenciana tiene su interés. Pero más relevante y oportuno me parece discutir la evidencia más sustancial y de mayores consecuencias aportada por la sentencia y que parece ese elefante en la sala del cual nadie quiere hablar.

La sentencia confirma en sede judicial que al amparo de la “proximidad” de la jefatura del Estado se gestó y funcionó una trama corrupta dedicada al saqueo de los recursos públicos mediante la “presión moral” y la comisión de un amplio catálogo de delitos. La justicia ha hablado y ha condenado. Ahora debe hablar la Casa Real porque nos debe una explicación y la han de pagar. Un comunicado declarando su respeto a la Justicia ni se acerca.

La Casa Real debe explicar cómo fue posible que una banda de delincuentes se instalará y operar en sus pistas de pádel durante años sin que nadie se enterase, qué controles fallaron y quién falló en la jefatura del Estado, quién y por qué decidió enviar a los ya condenados a un exilio dorado en USA cuando el escandalo empezó a trascender, qué reformas y medidas de control se ha implementado para que esto no vuelva a suceder a la sombra de la jefatura del Estado, cuánto tiempo más va a tardar la Casa Real en asumir que debe ser la primera institución sometida al las leyes de transparencia y a la jurisdicción de todos los organismos de control, o cuánto tiempo más van a seguir los condenados en la línea de sucesión a la corona. Y cuando haya terminado de rendir todas estas explicaciones, alguien deberá asumir las consecuencias y pagar por sus responsabilidades.

Podemos comenzó la campaña de las elecciones de junio de 2016 con un millón de votos desmovilizados y decididos a quedarse en su casa. Es una evidencia que ya nadie discute. Hay dos teorías para explicar semejante desgaste sufrido en apenas tres meses.

La primera establece que Podemos había generado desconcierto y desencanto entre su electorado al buscar un perfil más socialdemócrata en sus propuestas, más institucional en sus formas y más amable en su discurso. Obviamente, de acuerdo con ese diagnóstico, la solución pasaba por recuperar una propuesta programática más reconocible como puramente de izquierdas, reactivar el activismo y la movilización en la calle como herramientas de acción política y endurecer el tono del discurso.

La segunda teoría sostiene que Podemos, con la inestimable colaboración del PSOE, había generado confusión y desilusión entre una parte de su electorado al votar 'no' a la investidura de Pedro Sánchez y justificarlo con episodios tan broncos como a famosa cal viva en el Congreso. Tampoco habrían ayudado los vaivenes programáticos de un Pablo Iglesias que se declaraba socialdemócrata un par de años después proclamarse en la tertulias orgulloso comunista. Obviamente, la solución pasaba por clarificar el giro ideológico y discursivo y el tipo de alianzas y colaboraciones que se estaba realmente dispuesto a construir con el inevitable socio socialista.

En Vistalegre 2 se ha impuesto con nitidez la primera tesis. La dirección y la mayoría de los militantes de Podemos están convencidos de que ese millón de votantes se perdieron porque demandaban un programa más nítidamente de izquierdas, echaban de menos la movilización ciudadana frente a la parsimonia institucional y querían más caña y mas leña en general. La decisión de votar 'no' al candidato Sánchez y la falta de acuerdo con los socialistas no tuvo nada que ver; seguramente la única cosa en la que estarán de acuerdo con los socialistas: ambos creen firmemente que su incapacidad para ponerse de acuerdo únicamente genera costes para el otro.

Solo el tiempo dará y quitará razones. Pablo Iglesias ha tenido un éxito incuestionable en su estrategia de convertir la asamblea de Podemos en un plebiscito sobre su persona, antes que en una decisión sobre las razones de la decepción electoral de junio o la estrategia de futuro. Los resultados de las siguientes elecciones dirán el coste exacto y cómo se amortiza una victoria lograda sobre una exposición personal eficaz a corto plazo, pero potencialmente abrasiva a medio plazo. Ha ganado y ahora le corresponde asumir todo el poder y toda la responsabilidad.

A Íñigo, permítanme que le llame así en esta tradición tan de izquierdas de llamarse por el nombre de pila entre puñalada y puñalada, le corresponde decidir si se aparta y deja el camino libre al líder poniéndose a su entera disposición o se dedica a una soterrada guerra de guerrillas, buscando preservar cuanto pueda en territorio y recursos organizativos.

La lealtad y la inteligencia política deberían a llevarle a apostar por pasar y ver pues el tiempo corre a su favor. Los intereses a corto plazo y la urgencias del momento pueden tentarle a embarcarse en la opción guerrillera. Una elección que antes o después se acaba pagando; igual que ganar las asambleas avisando de que si pierdes, te vas.

No se dejen engatusar por la poderosa máquina propagandística de la industria del cine norteamericana. El lugar donde la cruda realidad se ve reemplazada por la magia y la imaginación más desbordantes, el territorio donde de verdad está permitido soñar y el auténtico reino de la ilusión no reside en Hollywood; está en España. Aunque igualen el récord de nominaciones de Titanic no pueden competir con nosotros: ellos solo tienen una ciudad de la estrellas, nosotros tenemos un país entero.

Si alguien merecía de verdad una declaración de amor como la película de Damien Chazelle no es el cine o el musical, sino las administraciones públicas, las eléctricas y las grandes constructoras españolas. Se han ganado a pulso un sentido homenaje por los inolvidables momentos que nos ha hecho y nos hacen vivir. Qué guiones, qué efectos especiales, qué ritmo, qué narrativas, qué derroches de ingenio y creatividad; sus superproducciones representan mejor que nada el triunfo definitivo del arte y el talento.

No hay actores en Hollywood que puedan acercarse siquiera al nivel de perfección que demuestran el ministro de energía, Álvaro Nadal, o los portavoces de las eléctricas cuando salen a explicarnos que resulta perfectamente normal que paguemos la electricidad más cara de Europa 15 años después de la liberalización, que ha sido voluntad de Eolo, Dios de viento, que los precios más altos coincidan con la mayor ola frío, o que la mano invisible del mercado maneja las subastas y por eso da igual el método empleado porque las eléctricas siempre ganan.

No existen guionistas en Hollywood capaces de idear y resolver una trama ni la mitad de complicada que la que ha rodeado al famoso decreto de las cláusulas suelo. Los giros y sorpresas del guión resultan simplemente insuperables y han logrado que, a día de hoy, nadie sepa exactamente cómo se reclama o a qué se comprometen las entidades financieras. No se quedan tampoco atrás las extraordinarias actuaciones del ministro Luis de Guindos o los jefazos de la banca, explicándonos lo bueno que es para nosotros un decreto donde todo lo decide el banco y si no te gusta, te jodes o demandas.

No hay superproducción de catástrofes de Hollywood que pueda competir con los fenomenales desastres coproducidos por el Ministerio de Fomento y las grandes constructoras de infraestructuras públicas cuando nieva, arrecia el temporal, llueve mucho o sopla fuerte el viento. Entonces lucen en todo su esplendor los millones de euros pagados en dinero público para que mantengan y conserven nuestra red de comunicaciones. Nadie puede dejar tirados a más conductores y viajeros con tanto dinero.

Y lo mejor de todo es que, al igual que en ese buen cine clásico que inspira 'La La Land', siempre llega un final feliz al que agarrarse. Luego de tanta desgracia, desencuentro y suspense, los responsables de las diferentes administraciones públicas que permiten que todo eso pase una y otra vez lo arreglan todo pidiendo perdón, diciendo que lo sienten y recordándonos que podemos encontrar toda la información en su pagina web.

Con los deseos de año nuevo siempre me ha parecido que pasa lo mismo que con las etiquetas y galas que la gente se viste para recibirlo. O van a la basura o van a la tintorería, sin excepciones. No sé ustedes pero yo ya estoy viejo para tanto buenísimo. Digámoslo desde el primer día. Tiene mala pinta y existen muchas probabilidades de que acabemos echando de menos al 2016.

El mundo queda en manos de dos tarados convencidos de que la gloria se construye sobre el sufrimiento de los demás y la grandeza se puede pesar en dientes de oro y cadenas de plata. Donald Trump y Vladimir Putin representan la prueba viviente de que Groucho Marx tenía razón y el hombre es el único animal que, saliendo de la más absoluta nada, ha llegado a las más altas cotas de la miseria.

Para ambos el mundo estaba bien como estaba antes de los ochenta, con la guerra fría, el equilibro nuclear y el Muro de Berlín. Entonces estaba claro quiénes eran los malos: los que no éramos nosotros. Allí quieren volver ellos y sus millones de votantes, hartos de un mundo cruel y violento, lleno de grises y dónde nunca hay nadie en blanco y negro a quien echarle la culpa.

En medio, Europa afronta su año más oscuro. Los mismos miedos que impulsaron la construcción de la Unión Europea han vuelto ahora más fuertes, pero para detenerla. El mayor intento de cooperación entre naciones en la Historia para hacer avanzar la democracia y el bienestar se tambalea, zarandeado por una manada de oportunistas y ultras que se burlan de unos estados y unos gobernantes que primero los alimentaron para mantener el orden y ahora no saben cómo parar tanto desorden.

En España estamos mucho mejor. Dónde va a parar. Tenemos estabilidad y hasta hemos podido escoger “populismo” como palabra del año. Podrían haber elegido “corrupción”, o “desigualdad”, o “desahucio”, o “pobreza” o incluso “cambio”; pero no, ha ganado “populismo”. Ya lo decía Michel Foucault: las palabras nunca son neutrales.

Mariano Rajoy completará el primer año de su segundo mandato rodeado, de nuevo, de una multitud de compañeros de partido, líderes rivales o periodistas supercool que se creen mucho más listos que él y, otro año más, le perdonarán la vida y le volverán a dejar ganar por aburrimiento, por resistencia o porque “me coge de buen humor que si no se iba a enterar ese provinciano”. Mientras, la izquierda naufragará en un mar de cinismo, abrazos y vídeos ñoños para ver quién queda mejor. Lo peor de cuánto está sucediendo en el PSOE o en Podemos no son los líos sino esa falsedad de compañeros de pandilla peleados por elegir al más popular que exhiben como si fuera el colmo de la estrategia y el maquiavelismo.

Váyanse preparando. Esto es sólo el comienzo. Aunque tampoco me hagan mucho caso. Casi nunca acierto.También estaba convencido de que habría gobierno del cambio y miren dónde hemos acabado.

Acabamos el año algo cortos de líderes. Hay que reconocerlo. Como en la canción de REM, el mundo se aproxima a su final, tal y como lo conocemos, y va a pillar a demasiados en la cola para comprar ese liderazgo que asegure la mejor relación calidad/precio.

Los medios ya no saben dónde hurgar para alargar el culebrón en Podemos. Estamos a segundos de verles empezar a registrar la basura de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón para poder publicar cómo crecen las desavenencias en la formación morada, porque uno se decanta más por comprar productos frescos mientras el otro tira más de congelados y grasas saturadas.

Nunca dejará de asombrarme la capacidad de la prensa española para convertir cualquier debate político, por complejo o profundo que pueda ser, en una mezcla grosera entre Sálvame, Barrio Sésamo y un programa de riesgo y aventura presentado por Calleja. Desde su primer día de vida, se ha diseñado un final para Podemos que consiste en demostrar que son y se comportan igual que los demás partidos. Y no pararán hasta escribirlo. Reducir a una morbosa pelea de machos alfa un debate ideológico y estratégico de primer orden sobre qué camino debería seguir una fuerza emergente para convertirse en partido de gobierno solo es otro capítulo en este serial de la vulgarización de Podemos.

En el PSOE tienen que tirar de stock y José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a la vida para salir de gira como los Rolling Stones tras su enésimo lavado de sangre. Pedro Sánchez aparece y desaparece al compás de una táctica de guerrilla que cuesta trabajo seguir. Susana Díaz convoca acto tras acto para anunciar lo que nunca se decide a anunciar, dejando siempre a sus seguidores al borde del éxtasis. A este paso, cuando llegue su Congreso y los socialistas elijan de verdad a su nuevo mandamás, estaremos todos tan hartos y tan cansados de sus líos que ya nos dará igual.

La crisis general de liderazgo alcanza tal gravedad que estalla donde menos cabe esperarlo. En Ciudadanos se aburrían tanto haciendo de followers de Albert Rivera y amigos invisibles del gobierno, que han tenido tiempo hasta para armar una corriente crítica que ha durado, exactamente, dos días y una rueda de prensa.

Hasta en la santa madre Iglesia andan cortos de jefaturas. El Papa cumple ochenta años y todo el mundo se pregunta quién podría ser ese sucesor que ya se debería estar preparando. El Opus Dei también busca desesperadamente un nuevo pastor y lleva camino de acabar poniendo un anuncio en la prensa solicitando currículos.

Entre tanta incertidumbre y desasosiego sólo queda un lugar donde todo está en calma y sólo se respira paz y tranquilidad bajo un mandatario tan amable como seguro. Sí amigos, ya lo habréis adivinado. Es el Partido Popular que gobierna bajo la guía sabia y paciente de Mariano Rajoy. El líder tranquilo… o eso cuentan en la prensa ¿Es o no es un mundo maravilloso?

Tras la abstención que acabó con la dimisión del diputado Pedro Sánchez, los socialistas parecen haber optado directamente por la evasión

En un partido lleno de aspirantes a dirigirlo nadie quiere asumir el coste de ser el líder que permite gobernar al PP

En apenas una semana han muerto Rita Barberá, Fidel Castro y, según cuentan, el siglo XX. A poco que se empeñe la actual gestora, el siguiente puede ser el PSOE. Quienes no quisieron lamentar la muerte de Rita Barberá lloran ahora la del comandante y quienes les echaron en cara su falta de humanidad celebran ahora con euforia el fallecimiento de Fidel; efectivamente la muerte no es el final… del sectarismo. La pregunta ahora bien podría ser si quedaría alguien para llorar el adiós del puño y la rosa. Lo único que abunda hoy es gente para redactar su esquela.

Tras el pronunciamiento de los barones en el “comité federal-happening” que acabó con la dimisión del secretario general Pedro Sánchez, el partido socialista se embarcó en una huida hacia adelante de excusas, contradicciones y medias verdades que todos sabíamos acababa inexorablemente en una abstención ante Mariano Rajoy. Una gestora presidida por Javier Fernández, un hombre dotado con ese rostro acostumbrado a dar malas noticias tan propio de un director de recursos humanos, suponía probablemente la mejor opción.

Tras la abstención que acabó con la dimisión del diputado Pedro Sánchez, los socialistas parecen haber optado directamente por la evasión. Ante la evidencia de una organización fracturada entre militancia y cuadros, arrastrada por una imparable decadencia electoral, sin otra respuesta que una colección de vaguedades y lugares comunes ante muchos de los problemas afrontados por la sociedad española y con una gestora y un liderazgo en comisión de servicios, han decidido que pueden esperar hasta julio, o incluso hasta septiembre, para afrontar su cruda realidad y decidir qué hacer con su vida. En un partido lleno de aspirantes a dirigirlo nadie quiere asumir el coste de ser el líder que permite gobernar al PP.

El problema de las evasiones reside en que la realidad siempre corre más rápido. La carrera por la secretaría general ya se ha desatado. La gestora y muchos socialistas creen que pueden soportar semejante sobreexposición durante casi un año mientras Rajoy aprueba leyes y presupuestos. Pero también quienes obligaron a retractarse a Galileo estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo.

Susana Díaz busca firmar la paz con los barones que no la apoyaron en noviembre y ha empezado por lo más difícil: el PSC. Pedro Sánchez ha iniciado con buen pie su tour para mantener viva la llama de la militancia que proclama portar. Tiene razón Pedro Sánchez cuando le dice a la gestora que su tiempo ha terminado y Susana Díaz lo sabe.

La presidenta andaluza corre con todo a su favor. Su única debilidad reside paradójicamente en una de sus fortalezas: hay demasiadas cosas y políticas que un líder del PSOE debe defender pero una presidenta andaluza no puede o no debe. El anterior secretario general corre contrareloj y con la urgencia de recomponer un relato que él mismo tiró a la basura. Pero ambos correrán lo más rápido que puedan para llegar cuanto antes a una meta que ninguno tiene asegurada.