La Diputación Provincial de Huesca (DPH) va a facilitar la contratación de personal a los ayuntamientos, que recibirán cerca de 1,4 millones de euros para hacer frente a estos gastos. Pasado el trámite de la modificación presupuestaria y con su aprobación inicial, este Plan provincial de concertación económica para el fomento del empleo ha sido uno de los principales asuntos de la sesión de un recién comenzado mandato, donde también se avanza en el Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, dando luz verde a la licitación del sistema común de radiocomunicaciones.

El montante económico del plan de empleo, 1.374.864 euros, se compromete para financiar el personal o empresas que realicen labores de mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales, excepto el relacionado con las instalaciones eléctricas incluido ya en un plan anterior. Con esta medida, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, habla de incentivar un año más la creación de empleo y “volvemos a dedicar remanentes económicos para apoyar financieramente al mundo local y aliviar a los ayuntamientos en el pago de nóminas, es una manera de que estos recursos puedan dedicarlos a otros temas”.

El Plan llegará a la práctica totalidad de la provincia, 195 municipios con más de 85.000 habitantes y de los que dependen unos 480 núcleos de población. En concreto, las ayudas están dirigidas a todos los municipios de la provincia de Huesca con una población inferior a los 5.000 habitantes y se distribuyen en función de tres criterios: por municipio reciben una cantidad fija de 4.000 euros, lo que supone 780.000 euros del presupuesto; por número de habitantes se repartirán 377.284; mientras que por entidades singulares de población se distribuirá lo restante, es decir, 217.580 euros.

Gracia ha aludido al hecho de que “la mayor parte de los ayuntamientos se lanzan a contratar autónomos o empresas para diferentes servicios porque existe este plan”. Así, la DPH transferirá a las entidades locales beneficiarias el importe de la financiación provincial una vez aprobado definitivamente, que se prevé para el mes de septiembre.

Este nuevo plan de concertación económica puede entenderse como el complemento o una segunda parte del aprobado a comienzos de año, con 2,5 millones de euros, para aliviar en el gasto corriente, en este caso de los que conlleva el suministro de energía eléctrica, al que en el mes de mayo se sumaba el destinado a inversiones financieramente sostenibles, entre las que se incluyen un buen número de actuaciones como son el abastecimiento, alcantarillados, recursos hidráulicos, vías públicas, caminos vecinales, mejora de estructuras agropecuarias o funcionamiento de centros educativos.

Lo señaló en su mensaje de investidura el presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia: redoblar la apuesta por el medio rural y luchar contra la despoblación serán los ejes sobre los que girará la nueva legislatura. Cuatro años con el PSOE con mayoría absoluta, 13 de los 25 diputados, y la reivindicación de “una legislación ad hoc para el territorio y su gente, y también para los pequeños ayuntamientos que disponen de menos recursos económicos, humanos y técnicos. En pos de ”la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano“, la DPH se marca varios retos relacionados con el salto tecnológico y la atracción a nuevos pobladores.

Así, se van a destinar 6,5 millones de euros para reducir la brecha digital y ofrecer a los vecinos del medio rural igualdad de oportunidades en el acceso a internet. El proyecto proveerá de banda ancha de 30 Mbps a 322 localidades enmarcadas en las definidas como “zonas blancas” por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Con esta iniciativa, la DPH quiere ofrecer a los habitantes del medio rural los recursos de las grandes urbes, así como potenciar las actividades socioeconómicas de la zona y facilitar el uso de la administración electrónica.

Este proyecto se desarrolla como el fruto de un convenio de colaboración firmado con el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón y que posibilita acceder a ser financiado al 50 % por fondos europeos FEDER. Mientras tanto, la Diputación de Huesca adelantará toda la inversión necesaria para llevarlo a cabo. El objetivo es llegar a aquellos núcleos de más de 20 habitantes en los que no operaban ni las operadoras privadas (hay 27 núcleos) ni los incluidos en el plan de banda ancha Conecta Aragón.

La DPH mantendrá la convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos destinada a favorecer el desarrollo de actividades económicas. Se trata de actuaciones adaptadas a cada una de las localidades del Alto Aragón y que favorecen el desarrollo de nuevas actividades económicas, según las necesidades de cada uno de los municipios. Estas subvenciones se pusieron en marcha en el año 2000, y hasta la actualidad se han llevado a cabo más de 200 proyectos, con una inversión que en total supera los 6 millones de euros y que han permitido diversificar las economías del medio rural.

Ya en 2001 se estableció una línea de ayudas encaminadas a favorecer el asentamiento de nuevos vecinos en localidades de menos de 500 habitantes. Estas actuaciones, dentro del Plan de Impulso Demográfico, consisten en la concesión de subvenciones para la conservación y rehabilitación de viviendas que faciliten a los posibles nuevos residentes un lugar digno en el que vivir. “Nuestro objetivo es luchar contra la despoblación y favorecer la instalación de nuevos vecinos en nuestro medio rural”, indican desde la institución.

Los ayuntamientos han mostrado “una buena respuesta e interés” y los resultados en los expedientes tramitados en los últimos años muestran nuevos empadronamientos en las localidades donde se ha actuado. Con el ánimo de seguir avanzando en este proyecto, hasta el momento el número de actuaciones realizadas es de 143 con una inversión de más de 5 millones de euros.

“La dinamización del mundo rural es básica en una provincia como el Alto Aragón, donde eminentemente gran parte de la población vive en este entorno. Somos conscientes y por esa razón venimos trabajando en esta dinámica desde hace años”, añaden desde la DPH. Por ello, desde 2009 se han aportado más de 20 millones de euros en proyectos dentro del programa Leader de la Unión Europea con el fin de impulsar proyectos de revitalización del medio rural. Se seguirán realizando reformas en residencias para personas mayores, construyendo escuelas infantiles y ludotecas, rehabilitando antiguos espacios para transformarlos en telecentros, bibliotecas o espacios de ocio juvenil y recuperando monumentos históricos.

Entre los desafíos principales para estos próximos cuatro años se halla la puesta en marcha del servicio provincial de bomberos, en pleno paréntesis después de que se suspendieran judicialmente las oposiciones previstas. El traspaso de los parques de las comarcas deberá esperar, al menos, al 1 de junio de 2020 y los bomberos han reclamado ya la creación de una bolsa de trabajo además de la selección definitiva de las 54 plazas convocadas por oposición.

Miguel Gracia, presidente en funciones de la Diputación de Huesca, ha renunciado este miércoles a su acta de diputado en las Cortes de Aragón. Gracia fue el número 3 del PSOE por Huesca en las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo, donde los socialistas obtuvieron siete diputados.

Gracia, ha asegurado a eldiario.es, prefiere centrarse únicamente en la Presidencia de la Diputación Provincial, que espera renovar “si el partido así lo estima conveniente”. El PSOE tiene mayoría en esta institución con 13 de los 25 diputados. Es una de las diez provincias españolas en las que se da esta circunstancia.

El presidente en funciones ha señalado que, “aunque sea legal, pienso que éticamente no debo hacerlo”. Por ello, ha decidido renunciar a su acta como diputado y no compatibilizar ambos cargos.

Migue Gracia, además, es alcalde de Arén desde 1997, y será, de nuevo, investido el próximo sábado. Es miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE y, desde 2015, presidente de la Diputación de Huesca, cargo en el que sustituyó a Antonio Cosculluela.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha aprobado financiar los dos proyectos de empleo y autoempleo presentados por la Diputación de Huesca (DPH) y que prevén beneficiar a 125 personas que residan -o tengan previsto instalarse- en alguno de los 195 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia, o superando esta cifra, hasta los 10.000, que tengan un saldo vegetativo negativo.

Las ayudas forman parte de la convocatoria de subvenciones recogida en el Real Decreto 1234/2018 para financiar proyectos que aumenten el empleo y el emprendimiento de jóvenes en el medio rural, financiados con cargo al Fondo Social Europeo, y que suman 80 millones de euros. Todo ello se enmarcó en las acciones impulsadas por Isaura Leal y su equipo en el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.

La Diputación Provincial de Huesca podrá publicar hasta cuatro convocatorias (dos en el segundo semestre de 2019 y dos en el primer semestre del año 2020) con sendas líneas de subvenciones para fomentar el autoempleo entre jóvenes o impulsar entre las empresas la contratación indefinida de jóvenes. Estas ayudas serán posibles gracias al respaldo del Gobierno central a los dos proyectos que la DPH presentó a la convocatoria de subvenciones para financiar, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento juvenil.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha comunicado a la Diputación de Huesca que financiará las subvenciones solicitadas: un total de 578.166 euros, que suponen más del 90 % del total del presupuesto (629.194 euros). Los resultados, han explicado desde la institución provincial, “se traducirán en creación directa de empleo en el territorio, ya que se prevé que 125 personas puedan beneficiarse de estas convocatorias. Los proyectos suponen una acción integradora ya que se llevarán a cabo con la implicación de los agentes locales del territorio (Grupos de Acción Local, Comarcas y Agentes de Desarrollo)”.

“Este tipo de acciones son el ejemplo del compromiso adquirido por quien ha sido en los últimos meses la Comisionada del Gobierno central frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, y su equipo, con el medio rural más despoblado de nuestro país; han sentado las bases de una acción que no debe parar y ha de retomarse en el nuevo mandato”, ha valorado Miguel Gracia, presidente de la DPH, “que reconoce que es la primera vez que se desarrollan acciones de este tipo en este ámbito estatal”.

Uno de los proyectos que va a recibir la ayuda es el dirigido a empresas con centro de trabajo en el territorio (o que apuesten por el teletrabajo en los lugares susceptibles de ser beneficiarios de la ayuda) para la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este caso, el total del gasto supera los 397.000 euros, de los cuales el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, subvencionará más de 365.000 euros. La previsión es poder contratar hasta 90 personas (45 mujeres y otros tantos hombres).

El otro proyecto presentado por la Diputación de Huesca y que se llevará a cabo gracias a la ayuda concedida dispone de un presupuesto de 231.808 euros, de los cuales el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha aprobado conceder más de 213.000 euros. Gracias a esta subvención se beneficiarán 35 personas de entre 16 y 30 años y que hayan presentado proyectos de autoempleo o de generación de empleo a través del emprendimiento.

Dentro del frente común y reivindicaciones que plantean los municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, la provincia de Huesca está liderando una serie de iniciativas que este miércoles ha explicado el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ante representantes de estos municipios.

Lo ha hecho en el consejo general de la Federación que los agrupa, durante el cual se han abordado otros temas que les afectan, como las posibilidades de uso lúdico de los embalses, la caducidad de las concesiones hidroeléctricas y posicionamiento de la Federación al respecto, o la actividad jurídica en las valoraciones de los BICES.

Gracia ha intervenido en el punto sobre las propuestas legislativas respecto al uso y reserva de la energía en las concesiones administrativas por el uso de agua para actividades de producción de energía hidroeléctrica.

Se ha referido a la actividad que lidera la provincia de Huesca en esta materia y en concreto a la iniciativa parlamentaria que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno una reforma legal sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos de manera que se favorezca a los municipios y su gestión pública. “Esta iniciativa recoge las reivindicaciones que la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) había trasladado con el objetivo de promover cambios legislativos en la reversión al Estado de las centrales hidroeléctricas y reclamar beneficios para los territorios afectados”, ha argumentado-

“El actual marco legislativo en esta materia no deja margen de actuación a los territorios afectados y desde la provincia de Huesca, tanto a través de ADELPA como a través de la Diputación de Huesca, siempre hemos reivindicado que los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinen a la restitución económica y social del territorio, entre otras necesidades”, ha dicho Miguel Gracia.

Ha recordado igualmente que, en julio de 2017 se constituyó un grupo de trabajo técnico para el estudio de cuestiones de relevancia para el territorio en relación a la existencia de las centrales hidroeléctricas, líneas de transporte de energía, sanciones de la CHE por vertidos, o aprovechamientos hidroeléctricos y sus reversiones con las implicaciones en los municipios.

Desde este grupo de trabajo se siguen haciendo hincapié en lograr que esa mayoría parlamentaria que aprobó la iniciativa se traduzca en que el Gobierno central modifique la legislación, tal y como se insta en dicha propuesta legislativa. Asimismo, se pide que el Gobierno autonómico regule y cambie todo lo que afecta a los Montes de Utilidad Pública por done discurren algunas instalaciones hidroeléctricas.

“La colaboración y coordinación de este grupo de trabajo está permitiendo avanzar ya que se cuenta con la implicación y trabajo tanto de técnicos de Asesoría Jurídica, de Intervención y de Recaudación, como de colectivos como ADELPA, de ayuntamientos como el de Tella-Sin, así como con la participación de la Federación Nacional de Asociaciones de Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses”, ha explicado el presidente de DPH.

La construcción de una variante que evite el paso de las decenas de camiones y otros vehículos que atraviesan el casco urbano de Castillonroy por la carretera A-2218 será una realidad en poco más de un año. La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha invertido más de 1 millón de euros para la construcción de una vía adaptada a las necesidades de este tipo de tráfico y que conectará las carreteras N-230 y la A-2218.

La DPH ha licitado este proyecto y el próximo lunes 11 de marzo concluye el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas. La adjudicataria dispondrá de 10 meses para ejecutar esta obra, que consiste en el acondicionamiento y conversión en vía de un camino que discurre por el noroeste de Castillonroy. El nuevo eje tendrá una longitud de casi 2 kilómetros, con una plataforma de 6,50 metros de ancho, que permitirá dos carriles de tres metros y dos arcenes de 0,25 metros cada uno.

Se trata de una de las actuaciones más destacadas del último año de la DPH en materia de carreteras y que viene a completar, explican desde la institución provincial, “otras que han propiciado la mejora de las vías de comunicación en el medio rural”. El presidente de la DPH, Miguel Gracia, se ha referido a “la rentabilidad medida en términos no económicos sino sociales y de seguridad para los usuarios y vecinos”. “Por una parte, se trata de atender directamente al medio rural, contribuyendo a su vertebración con infraestructuras; y, por otra, se propicia mayor seguridad vial para los usuarios de estas vías de comunicación, se disminuyen las situaciones de riesgo tanto para los vecinos de las localidades afectadas, que tienen que convivir con el tráfico pesado día a día como para los conductores”, ha añadido.

El alcalde de Castillonroy, Francisco Rivas, ha reconocido la labor de la DPH. “En julio de 2017, en una visita del presidente a esta zona, el Ayuntamiento de Castillonroy y el de Baldellou explicamos la necesidad de llevar a cabo esta circunvalación y hoy vemos que está empezando a ser una realidad”, ha dicho.

El proyecto de la DPH contempla la situación actual: la carretera autonómica A-2218, de Saganta a Castillonroy, que une este municipio con Baldellou, cruza el casco urbano de Castillonroy, en una estrecha travesía donde se ocasionan numerosos problemas cuando circulan camiones y vehículos pesadas que incluso deben detenerse y maniobrar una precaución para evitar colisionar con balcones y aleros de viviendas.

“La solución aprovecha el camino que enlaza la N-230 con la autonómica y que ya lo usan vehículos para evitar atravesar Castillonroy, aunque no cuenta con las condiciones adecuadas para dar servicio a los camiones, que es lo que vamos a conseguir con esta nueva vía”, ha explicado Rivas.

David Grau, primer edil de Baldellou, ha reconocido la implicación directa de la DPH en un proyecto “que nosotros como ayuntamientos no podemos ejecutar”. “Somos dos localidades ubicadas muy próximas y sin lugar a duda este tipo de actuaciones nos benefician a las dos, así como a todos quienes transcurren por este territorio con sus vehículos”, ha añadido.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, participó este viernes en una visita a los equipamientos que mejoran la calidad del agua de Zaidín. Repasó la realidad de la situación que atraviesa la administración local, que “tiene que dar respuesta a las necesidades de las personas que viven en el medio rural, pese a contar con una legislación y normativa que se dicta desde las grandes ciudades y no da respuesta a las demandas del día a día de los pueblos”.

En este sentido, se ha referido a la normativa de la PAC, que “en zonas como esta ha de servir para generar oportunidades”.

También habló sobre cuestiones concretas como la nueva normativa en contratación pública, “que condiciona y limita las posibilidades de la administración local o la exigencia de desarrollar una administración electrónica sin tener en muchas ocasiones los medios técnicos y humanos suficientes”. Incluso, afirmó, “ni nos dejan invertir el dinero que tenemos disponible por condicionantes legislativos que nos obligan a dejar el dinero en los bancos”.

400.000 euros de inversión

Las obras realizadas en Zaidín han supuesto una inversión de más de 400.000 euros, de los cuales el 50 % ha sido financiado por la DPH, y sirven, explican desde la institución provincial, “para mejoran la captación, almacenaje y tratamiento de agua potable de la localidad”.

La primera actuación que se llevó a cabo durante 2017 es el depósito para almacenar agua potabilizada, una infraestructura que permite a la localidad entre 2 y 8 días de autonomía en el suministro de agua, dependiendo de la estación del año, y que además evita episodios de turbidez en el agua de boca.

Tiene una capacidad de 1.200.000 litros y en su construcción se invirtieron 259.000 euros. En este depósito se almacena agua potabilizada antes de verterla a la red de abastecimiento de agua potable de la localidad. Zaidín carecía de este tipo de infraestructuras.

Posteriormente, se remodeló la estación de tratamiento de agua potable con una inversión de más de 160.000 euros, “que ha permitido reforzar la del depósito de almacenaje”. La obra ha consistido en instalar dos nuevos filtros con sus respectivas bombas de limpieza y un grupo de presión para las piscinas municipales próximas a esta estación, una sala específica para almacenar productos químicos y el sistema de automatización de telegestión y telecontrol.

La nueva planta tiene una capacidad máxima de tratamiento de 1.000 metros cúbicos por día que permiten hacer frente a mayor población de la actual.

“Dar visibilidad a los pueblos y a la realidad rural en un mundo cada vez más urbanizado, que concentra en las grandes ciudades y cabeceras de comarca servicios, infraestructuras y equipamientos” es el reto de la Cátedra del Reto Demográfico que el pasado martes, 4 de diciembre, presentó en Madrid el Centro de Educación Superior Next.

En la presentación se ha hecho hincapié en la necesidad de medidas concretas que aborden la brecha que hay entre el medio rural y el urbano. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, se refirió a dos en concreto: “Actuar sobre la vivienda y acciones en materia de trabajo”. En lo segundo, ha puesto como ejemplo el servicio de banda ancha que la Diputación de Huesca va a extender en más de 320 localidades de la provincia. A esto también se ha referido el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Ramón Millán, que pidió “banda ancha para toda la provincia”.

Gracia, además, reivindicó “la acción de todas y cada una de las administraciones que mantienen un discurso unánime frente a la despoblación”, y puso como ejemplo “el compromiso del actual Gobierno central”, que próximamente presentará la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico impulsada por la actual Comisionada para esta acción, Isaura Leal, “a través de un trabajo de coordinación y colaboración entre diferentes administraciones, de la mano de la FEMP y con el asesoramiento de profesionales y técnicos conocedores de esta realidad”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, detalló elementos que considera “clave” para asentar población, como puede ser la tecnología, el agua con los regadíos, la incorporación de la mujer al mundo laboral en el medio rural y unos criterios “justos y adaptados de la Política Agraria Común”, que, como recordó, supone más del 60 % del dinero de la Unión Europea que llega a España en materia de ayudas.

Grupo de periodistas del medio rural

Previamente a la presentación de la Cátedra, se han sentado las bases para poder impulsar un grupo de presión formado por periodistas del medio rural de todo el país. Se ha planteado la creación de un Gabinete Ejecutivo de Comunicación que, “además de generar noticias atractivas de los estudios sobre el Reto Demográfico, sirviera para presionar, influenciar y dar visibilidad a la realidad rural que, en definitiva, es la verdadera vertebración del territorio”.

Se ha incidido en la importancia de incorporar este punto al currículo educativo, en la realización campañas de comunicación y en que los medios de comunicación “concedan al medio rural el espacio que se merece”.

La extensión de la banda ancha en la comunidad aragonesa ha tenido un importante impulso en la actual legislatura. En 2015 había 100 entidades singulares de población con esta conexión (hay 1.538 en total en Aragón) y en la actualidad ya llega a más de 900. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad singular de población es “cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión”.

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha estado este lunes en Borau (Huesca), donde la Diputación Provincial de Huesca (DPH) comienza la extensión de banda ancha “en un proyecto sin precedentes a nivel nacional”. “Hoy Aragón es un ejemplo para España”, ha indicado Alegría, que considera que este plan “nos hace más iguales y más libres vivamos donde vivamos”.

El proyecto de banda ancha de la DPH va a llevar el servicio a 321 localidades y cuenta con fondos FEDER del Gobierno de Aragón. La implantación se realizará en menos de dos años y será Embou quién la realice, llevando 100 megas en cascos urbanos y más de 30 en zonas diseminadas.

Alegría ha incidido en la labor que se está realizando “a favor de la igualdad de oportunidades”. Ha destacado el trabajo realizado para ejecutar el plan ConectAragón, la creación del Plan TODOS y las clausulas sociales introducidas en el acuerdo marco de telecomunicaciones que contemplan la llegada de la banda ancha a 194 localidades aragonesas.

Tanto la consejera como el presidente de la DPH, Miguel Gracia, han señalado que “tras un complejo trabajo administrativo, este proyecto sitúa a Huesca como pionera en España y permitirá que el 99 % de su población esté conectada a alta velocidad”. Pilar Alegría ha insistido en que “hoy hacemos real el trabajo por mejorar la igualdad de oportunidades y la libertad de las personas que eligen vivir en el medio rural y que deben contar con los mismos derechos que los ciudadanos que residen en las ciudades”.

Antes de la presentación se han conocido varios casos reales de usuarios de banda ancha, como casas de turismo rural, empresas de turismo de aventura y también servicios municipales como el centro médico, el centro cultural o el Ayuntamiento. En el acto también ha participado el alcalde de Borau, Daniel López, que señalaba las oportunidades para la economía local y el responsable de Embou, Jorge Blasco, que ha mostrado el compromiso de la compañía con el asentamiento de población en los núcleos rurales.

La Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA) ha emitido un nuevo comunicado denunciando, en este caso, que la ciudad de Huesca se quedó durante más de tres horas y media sin servicio de bomberos. Sucedió en la madrugada del pasado jueves, cuando el personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Huesca acudió al rescate de una víctima atrapada por maquinaria agrícola pesada en Gurrea de Gállego, la cual terminó falleciendo.

De nuevo, dicen, “y por enésima vez, la ciudad de Huesca quedó desatendida ante cualquier posible emergencia durante más de tres horas y media, al haber tan solo un efectivo de guardia”. Una vez más, continúan, los bomberos dependientes del Consistorio oscense “salen fuera de su término municipal para atender siniestros que son competencia de la Diputación Provincial de Huesca (DPH)”.

Recuerdan que ha pasado un año desde que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sentenció la obligación de la DPH de crear el servicio provincial de bomberos y, “a día de hoy, no hay absolutamente nada materializado”. Acusan al presidente de la DPH, Miguel Gracia, de incurrir en la “inoperancia, la desidia y el abandono al ciudadano”.

Una guerra abierta

El enfrentamiento entre los bomberos y la DPH es una guerra abierta cuya intensidad no se atempera ni con los teóricos avances: el pasado 7 de junio, el Pleno de la institución aprobó, por unanimidad, la creación de un Servicio Provincial de Bomberos. A partir de este momento, dijo Gracia, “se pondrán en marcha las comisiones de transferencias entre comarcas y diputación provincial donde se evaluará la situación del personal que se pueda transferir, así como las infraestructuras y materiales que se transferirán”.

En esa misma sesión se dio luz verde a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Huesca, por valor de 200.000 euros, con el objetivo de cubrir las salidas que los bomberos de Huesca hicieran fuera de su término municipal en lo que queda de año.

Durante el Pleno, las protestas de los bomberos se sucedieron. Denunciaron que las promesas de la DPH acumulan ya un “grave retraso” y pidieron con urgencia la creación de 65 plazas profesionales.

Un punto de vista que rechazó Gracia, quien, tras la aprobación del reglamento y la memoria técnica y la presentación de alegaciones, se mostraba “tranquilo porque se han cumplido los plazos que anunciamos, pero todo el mundo tiene derecho a manifestarse y expresarse”.

La DPH espera tener los efectivos suficientes para poner en marcha el servicio durante 2018. Contando con los bomberos y operarios de Protección Civil de las comarcas y los 36 profesionales del Ayuntamiento de Huesca serían unas 65 plazas, cifra que coincide con las demandas de la ABPA.

Desde la asociación, sin embargo, son menos optimistas con los plazos. Su portavoz, Daniel Robles, criticó que la DPH aprobara antes una plaza de inspector jefe y otra de inspector con unos sueldos, en su opinión, “altísimos”: 64.457 y 43.415 euros brutos al año, respectivamente.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia (PSOE), estuvo el pasado viernes en la jornada inaugural de la 33 edición del certamen ferial FEMOGA. Además, participó en la clausura de la Semana Agraria que UAGA celebra, desde hace 10 años, en el contexto de esta feria.

Allí, Gracia llamó la atención sobre la necesidad de modificar y simplificar la Política Agraria Común (PAC), para “incluir el incremento del porcentaje de la misma que se controla directamente desde la comunidad autónoma, y así adaptarse a la realidad del medio rural y sus vecinos. También destacó ”el papel fundamental que la agricultura y ganadería tienen como elementos que propician la sostenibilidad ambiental del territorio“.

La falta de gente en un amplio territorio del interior de España, dijo, “es el primer problema de este país y con el fin de hacer frente a esta situación se plantea partir del diseño y desarrollo de un mapa de la despoblación que defina las zonas, descendiendo incluso a los núcleos”, explicó.

Para él, “es necesaria la complicidad de las grandes ciudades, que sus habitantes, usuarios y quienes disfrutan del medio natural, entiendan que los habitantes de los pueblos son quienes más contribuyen a la sostenibilidad ambiental, social, cultural y patrimonial”.

En este sentido, dijo, “han de establecerse ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones diferentes, como por ejemplo el pago a los municipios del medio rural por servicios ambientales, pues en sus territorios soportan figuras de protección de la naturaleza, tanto territoriales como de floras y faunas, asimismo son generadores de recursos que en muchos casos sus beneficios están en zonas alejadas”.

Concienciar desde el mundo rural al urbano. Necesidad de un trabajo coordinado y transversal. Medidas efectivas y menos burocracia. Estas y otras conclusiones se expusieron hace unos días en la Diputación Provincial de Huesca (DPH), dentro de una jornada sobre despoblación rural organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Fue, además, una de las primeras comparecencias públicas de la nueva comisionada del Gobierno central para el Reto Demográfico, Isaura Leal, que aseguró que este órgano va a trabajar para que la estrategia contra la despoblación sea “una herramienta de trabajo en la que prime la cooperación y que ayude a igualar el acceso a las oportunidades del medio rural con respecto al urbano”.

“El reto demográfico es uno de los principales problemas de este gobierno para hacer frente desde las políticas públicas y el compromiso es hacerlo en cooperación con todas las administraciones”, añadió. Leal recordó que “el 53 % del territorio nacional está afectado por la despoblación y las políticas públicas han de ser realizadas desde diferentes frentes: el marco normativo y una línea específica de la Unión Europea”. Entre los objetivos preferentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez figura el compromiso, que no concretó el anterior, de elaborar una estrategia nacional contra la despoblación.

Para ello, se ha de contar con el apoyo de “fondos europeos específicos que incluyan este concepto como un criterio a tomar en cuenta en el reparto”. Y la estrategia ha de fundamentarse en la colaboración y cooperación y en la “participación activa” de las instituciones. “El abandono del medio rural en España es un fenómeno sin parangón en países de nuestro entorno y se debe a la desigualdad existente entre las condiciones de vida y derechos de los habitantes del medio rural respecto a los de las ciudades”, diagnosticó la comisionada.

El objetivo del Gobierno socialista es, así, “conseguir que las condiciones de vida sean las mismas en todo el territorio del país, y para eso hay que mejorar la vida de los pueblos y de sus habitantes”, para lo que resultarán imprescindibles “cambios legislativos necesarios para impulsar una política de Estado” que, una vez aprobada, deberán “ir dotadas con recursos económicos suficientes para llevarlas a cabo”.

La “soledad” de la administración local

La principal demanda durante el desarrollo de esta jornada en Huesca fue una legislación ad hoc, transversal a todas las materias, y con aplicación y desarrollo real en el medio rural. Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca, se refirió a la “soledad” de la administración local. “Muchas veces, los pequeños ayuntamientos, las diputaciones provinciales, nos sentimos muy solos para poder desarrollar acciones que sostengan población en el medio rural, que en realidad es lo que hacemos en el día a día, y es la que directamente actúa para posibilitar la vida en los pueblos, pero ni podemos legislar ni nos dejan invertir nuestros propios recursos”, lamentó.

Para Gracia, “la despoblación es el mayor problema territorial, incluso más allá de los conflictos con la periferia”, y recordó que el Pirineo aragonés es la zona más despoblada de Aragón según el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural “pese a ser un territorio con una gran cantidad de recursos propios, como el agua, la energía, e incluso el medio rural es el sumidero del CO que se emite desde el medio urbano y se oxigena gracias a las masas forestales del medio rural, un medio rural que a pesar de esto, está despoblado”.

Por su parte, Ramón Camp i Batalla explicó la función de la Fundación Democracia y Gobierno Local, de cuyo patronato forma parte la Diputación de Huesca, y se refirió a las diferentes acciones en las que trabaja esta entidad para “dar voz a las administraciones locales y la oportunidad de poder celebrar en Huesca una jornada de trabajo sobre despoblación”. Aludió a la importancia de “un cambio de mentalidad de toda la ciudadanía con respecto al medio rural, ya que al final, la concentración urbana es una cara de la moneda y la despoblación rural es otra cara de la misma moneda”.

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, participó en la jornada y reivindicó el papel que realizan las mancomunidades integrales y recalcó el “gran servicio” que prestan al medio rural. “Los municipios de mayor población tienden a tener mayor autonomía mientras que para los más pequeños las mancomunidades suponen una garantía de prestación de servicios básicos locales”, concluyó.

Las posturas enfrentadas entre los bomberos y las instituciones se siguen afilando pese a avances como el que ha dado la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que en su último pleno ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha del servicio provincial. Para los profesionales no es suficiente, ni en el fondo ni en las formas. Reclaman medidas más profundas, más personal y, sobre todo, reivindican que no hay tiempo que perder para evitar futuros problemas. La ‘guerra’ sigue desgranando capítulos con más dosis de tensión que de consenso y lejos de una paz satisfactoria para las dos partes.

En torno a un centenar de bomberos protestó el pasado jueves ante la sede de la DPH, ataviados con sus uniformes y con consignas como “¡Miguel Gracia, dimisión!”, al ritmo de gaitas y bocinas. Buena parte de ellos procedentes de parques de la provincia y apoyados por compañeros de Zaragoza. Denuncian que las promesas de la institución acumulan ya un “grave retraso” y piden con urgencia la creación de 65 plazas profesionales.

Un punto de vista que rechaza Gracia, presidente de la DPH, quien alude a los plazos previstos desde un primer momento y con los que se están cubriendo las diferentes etapas normativas. Tras la aprobación del reglamento y la memoria técnica y la presentación de alegaciones se mostraba “tranquilo porque se han cumplido los plazos que anunciamos, pero todo el mundo tiene derecho a manifestarse y expresarse”.

La DPH contempla que este mismo año se cuente con una plantilla con los efectivos suficientes para la puesta en marcha durante 2018. Contando con los bomberos y operarios de Protección Civil de las comarcas y los 36 profesionales del Ayuntamiento de Huesca serían unas 65 plazas, cifra que coincide con las demandas de la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA).

Esta es menos optimista con los plazos. El portavoz de la ABPA, Daniel Robles, critica que la Diputación haya aprobado antes una plaza de inspector jefe y otra de inspector con unos sueldos “altísimos”, en su opinión (64.457 y 43.415 euros brutos al año, respectivamente). El servicio “no viene acompañado de la creación de una oferta de empleo público ni de una adecuada transferencia del personal”. Robles juzga que se está alargando el proceso “para sacar rédito político, lo que conlleva un perjuicio para el ciudadano. Estamos hablando de inseguridad ciudadana y el bombero profesional, de parques de comarcas con un solo bombero profesional y voluntarios. Cualquier día puede pasar algo gordo”, lamenta Robles.

“Sentamos unas bases”

La creación de este servicio “sienta unas bases para seguir dando pasos en este sentido”, añade Miguel Gracia. A partir de este momento se pondrán en marcha las comisiones de transferencias entre las comarcas y la Diputación Provincial, “donde se evaluará la situación del personal que se puede transferir, así como las infraestructuras y materiales que se transferirán”.

De forma paralela, se creará también un grupo de trabajo con los responsables de los parques actuales, que serán los encargados de coordinar y valorar la cuestión de los materiales y la distribución de efectivos en la situación actual, teniendo en cuenta que se tienen que cumplir los tiempos que establece la tramitación administrativa y con la previsión de que se contará con todos los efectivos que en la actualidad tienen los parques comarcales.

“Se ha organizado el servicio interno de la Diputación de Huesca, con jefaturas de servicio y mandos porque en esta cuestión teníamos en la actualidad posibilidades tanto por masa salarial como por tasa de reposición”, añade el presidente de la DPH. Posteriormente, y según marque el plan director que se apruebe en breve, “se planteará la modificación de la relación de puestos de trabajo de forma que se prevea la dotación de efectivos que marque ese plan director, una cuestión que habrá de dotarse de presupuesto con las correspondientes modificaciones y tramitaciones”.

En este sentido, se ha dado luz verde a una modificación de crédito que permitirá la firma de un convenio de colaboración por 200.000 euros con el Ayuntamiento de Huesca y que ayudará a cubrir las salidas que los bomberos de la capital oscense hagan fuera de su término municipal en lo que queda de año.

Los ganaderos y los sindicatos se afanan en recoger los apoyos de las instituciones para acabar con el problema de la presencia del lobo en Aragón. Uaga y Asaja se han reunido en las últimas fechas con la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que en su último Pleno aprobó una propuesta de apoyo a la ganadería extensiva. Se trata de un primer paso para que cambie la normativa que impide la extracción de esta especie protegida. La sintonía entre los sindicatos y la Diputación deja satisfechas a todas las partes. PSOE y PP como partidos mayoritarios de esta institución, y también el PAR, mostraron su respaldo a la situación de los ganaderos respecto a los ataques de los últimos meses.

Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón, entiende que hay que actuar ya. “La reunión se planteaba a través de los ganadores para instar a los partidos políticos a que tomen conciencia del problema de la reintroducción del lobo con la convivencia imposible con la ganadería extensiva. Hemos encontrado una buena sensibilidad y aplaudimos el apoyo conjunto de los partidos mayoritarios en apoyo de la ganadería extensiva y sobre todo del medio rural”, señala.

Samper reivindica que “somos los primeros preservadores del medio ambiente y el hombre rural hace posibles los encargos europeos del cuidado del medio ambiente. Con el lobo tenemos un problema, somos la parte más frágil. Miguel Gracia, presidente de la DPH, así lo ha entendido, y queremos que no haya un marco regulatorio que permita la reintroducción de una especie que se va a cargar a otra que cumple un papel primordial en el cuidado de la flora y el paisaje”. Ha recordado que “en Aragón había 2,4 millones de ovejas hace 15 años y ahora queda un millón”. Desde su sindicato se expresa el deseo de que se capture al lobo y se lleve a otra zona; de lo contrario, “nos estamos cargando la ganadería extensiva. No puede haber un marco regulatorio que establezca una convivencia que es imposible”.

“Que Olona tome cartas en el asunto”

José María Alcubierre, responsable comarcal de Uaga Monegros, expresa su confianza en que la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, con Joaquín Olona al frente, “tome cartas en el asunto y vea la situación que se está generando. Todo el mundo se llena la boca con las bondades de la ganadería extensiva pero no vemos que ese apoyo sea real. Los ganaderos están con una preocupación elevada, hay un miedo atroz a los ataques. Si dejamos de lado la ganadería extensiva tendremos un problema grave”.

Alcubierre lamenta la “falta de sensibilidad” de Olona. “Se está poniendo de perfil y no lo afronta como debe, tendría que apoyar la ganadería extensiva y buscar alternativas como llevar al animal a su hábitat. Aquí no puede hablarse de biodiversidad; es un lobo. Y aquí no hay fauna silvestre: ni corzos, ni sarrios, solo ovejas. Genera problemas y estrés en los ganaderos e incluso despoblación”.

“En el pleno del jueves pasado, Cambiar Huesca pidió la votación separada de los cinco puntos de la moción y apoyó los dos primeros, referidos al protocolo y la asunción de costes para que se resuelvan los expedientes en menos de tres meses”. El presidente de la DPH, Miguel Gracia, juzga que el lobo supone un “elemento de distorsión” y afecta a un sector “que pasa muchas dificultades y está haciendo un trabajo tremendo en mantener un territorio afectado por la despoblación, los incendios o la propia naturaleza salvaje”. La provincia, “ha sabido mantener este territorio y este entorno y necesitamos seguir haciéndolo. El hombre es la primera especie a proteger en nuestro territorio y este hábitat y es fundamental que nos los creamos”.

“El problema no solo lo causa el animal”

Cambiar Huesca brindó su respaldo a algunos de los puntos de la moción, pero el diputado Luis Arduña entiende que “no pueden adjudicarse solamente al lobo los problemas que están teniendo los ganaderos; los últimos ataques fueron obra de perros asilvestrados y no hay que olvidar los daños ocasionados por la presencia de jabalíes”.

“Desenfocan el problema y generan una situación que no es la que se reflejaba en el texto de la moción -añade-”. Su formación sí que se adhiere a la concreción de un protocolo de actuación ante este problema y a que los ganaderos cobren las ayudas “lo antes posible”. La popular Obdulia Gracia desea “la supervivencia de los ganaderos. No se trata de acabar con el lobo, pero que lo recojan y lleven a su hábitat, algún sitio donde esté protegido y no asustando a los ganaderos”.

Hoy es el día. La Diputación Provincial de Huesca ha sacado esta mañana a información pública su propio servicio provincial de Bomberos. Se trata de la fórmula por la que se ha decantado en detrimento de otras opciones como el consorcio de administraciones y gracias a la cual espera dar respuesta a las demandas del territorio tras décadas de una gestión insuficiente y con lagunas, como ha denunciado una y otra vez la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA). Además, la DPH se ciñe así al cumplimiento de la conocida como Ley del Fuego y cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a asumir esta responsabilidad.

La comisión de expertos formada para este cometido, y tras unas semanas de estudios y deliberaciones, ha concluido que la asunción del servicio de manera directa es la manera más eficaz de poner solución al problema, pues de este modo se evita el paso por intermediarios y se gana en agilidad y rapidez de respuesta antes las actuaciones urgentes. Algo de lo que, precisamente, se ha carecido hasta el momento con los parques dependientes de las comarcas que debían coordinarse, a menudo, para emprender actuaciones muy lejos de su ámbito habitual de acción.

El consorcio hubiera incluido a Diputación, Gobierno de Aragón, comarcas y ayuntamientos y se ha optado por la fórmula que, además, reivindicaba la ABPA. Los Bomberos asumen que de esta manera se ofrecerá “un servicio profesional” después de que mediante las anteriores maneras de proceder se incluyese en los parques a “voluntarios que realizaban esta misma tarea de manera irregular”.

“El del consorcio -señalan- no es el camino a seguir. La profesionalización debe garantizar la respuesta inmediata, así como la calidad en la intervención y las medidas de seguridad de los intervinientes y de los ciudadanos, y esto no se logra contando con personal que no es profesional, que no hace guardia presencial en el parque de bomberos y que no ostenta la condición de agente de la autoridad. Que la DPH lo asuma supone un gran paso adelante”.

“Coordinar, asesorar o movilizar efectivos”

Eso sí, en este nuevo escenario lo ideal será que el órgano de coordinación de la DPH esté formado por “técnicos cualificados y pertenecientes a servicios de bomberos reales, y no por responsables de servicios de Protección Civil de las comarcas y servicios de emergencias de ayuntamientos que ni tienen competencia en la materia ni la capacitación necesaria para coordinar, asesorar o movilizar efectivos; que no tienen capacidad operativa pues en la mayoría de los casos son personal no profesional, sin dedicación exclusiva y sin condición, lo que supone una desprotección y riesgo inadmisibles”.

Tras los encuentros con las instituciones aragonesas, la Diputación aprobará el primer paso para la concepción del servicio en el Pleno ordinario que se desarrollará esta mañana a partir de las 11:00 horas. El equipo de gobierno socialista que encabeza Miguel Gracia se ha reunido con el resto de grupos (PP, PAR y Cambiar Huesca) para explicarles los detalles de la propuesta y halla el mayor consenso posible de cara a su salida adelante. A continuación, se abrirá un periodo de un mes de exposición pública para presentarse alegaciones, y en torno al mes de junio se habrían abrochado todos los pasos jurídicos para la creación del servicio provincial de bomberos.

Mientras se resuelven las cuestiones de ‘papeleo’ se trabajará en la dotación de personal, equipamiento e infraestructuras, donde la DPH ya sabe que ha de hilar muy fino. Para ello se creará una comisión mixta de transferencias entre la Diputación y las comarcas para valorar con quiénes se cuenta en cada parcela. El servicio cubrirá toda la provincia y, por ley, solo puede absorberse a los bomberos profesionales en detrimento de las brigadas de voluntarios.

Integración de las comarcas

Cada administración comarcal tendrá, en principio, la posibilidad de seguir trabajando de manera autónoma si bien el escenario ideal apunta hacia una integración de las comarcas y los ayuntamientos con el nuevo ente de la DPH. La excepción a la regla la aportarán los 36 profesionales del parque de la capital oscense, aunque tampoco se descarta una futura integración.

De momento, entre el resto de parques altoaragoneses suman unos 30 bomberos que cumplirían los requisitos y con los que se pondrá en marcha el servicio. La DPH entiende que se trata de un número insuficiente y alude a las trabas para la incorporación de personal marcadas por la Ley de Presupuestos Generales, que impide tener masa salarial y tasa de reposición. La DPH es partidaria de dividir la provincia en cuatro zonas de intervención atendidas por 16 parques, cuatro principales y 12 secundarios.