Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

Este es el quinto episodio que dedicamos a la información exclusiva que ha publicado el elDiario.es junto a Univisión Noticias: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. En este episodio contamos una historia más de esta investigación: Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros.

Esta serie de episodios son parte de una investigación de elDiario.es realizada por Elena Cabrera junto a Ana Requena, con las que hablamos en este episodio. Han liderado esta investigación con la colaboración de María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez, Natalia Chientaroli y, en la redacción de Univision Noticias, Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho llegar elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

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La Inspección de Trabajo vasca ha detectado este año posibles irregularidades en 2.558 contratos de carácter temporal o fijo discontinuo, y que podrían suponer fraude laboral, lo que ha derivado en el envío de 1.281 comunicaciones a distintas empresas a las que se concede un plazo de un mes desde su recepción para regularizar la situación. Si transcurrido ese plazo no se han realizado las correcciones necesarias, se inicia la correspondiente actividad inspectora. 

Las presuntas irregularidades se han detectado gracias a la herramienta de lucha contra el fraude, un sistema que permite la colaboración entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo de Euskadi, pero cada vez tiene más importancia en la labor inspectora las denuncias anónimas que llegan a través del buzón antifraude. Las actuaciones de la inspección a través de esta vía, que se puso en marcha en 2018, se han duplicado este año: En 2023, la Inspección realizó por esta vía un total de 42 actuaciones, registró dos infracciones y seis requerimientos; en 2024, se realizaron 58 actuaciones, siete infracciones y 13 requerimientos; y en lo que va de año 2025, se han realizado ya 117 actuaciones, 11 infracciones y 30 requerimientos, según los datos que ha proporcionado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.

En cuanto a las empresas a las que se han mandado las cartas de preaviso por presuntas irregularidades, se han detectado casos de un “uso sistemático y reiterado” de distintas modalidades de contratación temporal -obra o servicio, eventual, interinidad, prácticas, formación o relevo- con el mismo personal, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo en un total de 867 empresas, que afectan a 1.778 personas trabajadoras en Euskadi. 134 de estas empresas son de Álava, 450 de Bizkaia y 283 de Gipuzkoa. 

Además, se ha comunicado a 156 empresas que se han detectado supuestas irregularidades en 211 contratos por superar los periodos máximos legales o convencionales en la utilización de contratos temporales, como por ejemplo, en los contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 48 meses; contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses; contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 36 meses; o el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses, directamente o a través de empresas de trabajo temporal (ETT), entre otros supuestos. Por territorios, 28 de estas empresas son de Álava, 75 de Bizkaia y 53 de Gipuzkoa. 

Por último, se han enviado cartas a 258 empresas por supuestas irregularidades en 569 contratos, al detectar que mantienen en alta a personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos que, en la práctica, prestan servicios de manera continuada o casi sin interrupción. Algo que no se ajusta a la legislación de este tipo de contratación que se corresponde a una actividad permanente y no intermitente.  En estos casos, las personas afectadas han permanecido en alta al menos 10 meses y medio durante los últimos 12 meses, ya sean contratadas directamente o a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que supone una vinculación del 87,5% del tiempo. Por territorios, 28 empresas son de Álava, 125 de Bizkaia y 105 de Gipuzkoa.

“Perder el miedo a denunciar”

La viceconsejera, que ha presentado el balance de la campaña contra el fraude laboral junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González, ha recordado la importancia de que los trabajadores sean conscientes de sus derechos y de la importancia de que se denuncien las posibles irregularidades. En este sentido, ha recordado que se disponen de “diversos canales oficiales para comunicar y denunciar posibles irregularidades o fraudes laborales en Euskadi”. Y, aunque la forma habitual es la denuncia oficial, realizada normalmente por los propios trabajadores o por los sindicatos, ha destacado la importancia de que existan canales anónimos para facilitar que cualquier trabajador que sufra una irregularidad “pueda informar de forma segura, sencilla y accesible, contribuyendo así a la prevención y detección del fraude laboral en el conjunto de la comunidad autónoma”.

Precisamente, para informar de la existencia de este canal anónimo, el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña para reforzar la confianza en Buzón del Fraude como “herramienta cien por cien anónima para denunciar irregularidades en materia laboral o de prevención de riesgos”.  La campaña se llevará a cabo bajo el lema 'Tienes derecho a trabajar. Trabajar con derechos. Defiéndelos'. Barredo ha señalado que se trata de ayudar a los trabajadores a “perder el miedo a denunciar”. Ha recordado que este canal “permite aportar información sin identificación” y aunque no garantiza una respuesta individual ni la apertura directa de una investigación, las comunicaciones recibidas pueden ser valoradas dentro de las actuaciones de planificación de la Inspección“.

En el resto de los canales de denuncia, para garantizar una adecuada valoración de los hechos, las personas que presenten una denuncia identificada deben facilitar nombre, apellidos, DNI y datos de contacto (dirección y teléfono). Aunque si así se solicita, la identidad puede quedar preservada durante la tramitación.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada principalmente en Palencia, que facilitaba trámites de extranjería de forma ilícita para que ciudadanos extranjeros en situación irregular fueran dados de alta en la Seguridad Social a cambio de entre 300 y 500 euros.

La operación ha culminado con la detención de nueve personas en las provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) y Baleares (1).

Según ha informado la Policía Nacional, el entramado, mayoritariamente de origen latinoamericano, habría logrado gestionar en 19 provincias más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), de las cuales al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.

Estas personas eran dadas de alta en empresas distribuidas por todo el territorio nacional, aprovechando una extensa red de colaboradores en distintos puntos del país.

A través de canales cerrados de comunicación, la red criminal ofertaba citas a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, lo que habría generado unos beneficios anuales de más de 300.000 euros.

La investigación policial se inició en agosto de 2024 cuando se detectó un aumento inusual en la asignación de citas de NIE para personas de origen latinoamericano, quienes en periodo de estancia solicitaban el correspondiente certificado para diversos trámites, como la apertura de cuentas bancarias, pudiéndose corroborar que atendían a las indicaciones dadas por la organización para no ser detectados.

Además, se han incautado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos informáticos y electrónicos, así como documentación que acredita la contabilidad ilícita de la red criminal.

Los responsables de la organización criminal podrían enfrentarse a una posible acumulación de penas privativas de libertad de hasta ocho años de prisión por estos hechos.

Esta semana, el Gobierno ha mandado al Parlamento una de sus leyes estrella: la reducción de la jornada laboral. La norma también contempla cambios muy relevantes en el registro horario, con la lógica de aumentar los controles y garantizar que se cumplen las jornadas de los trabajadores. Entre otros abusos, trata de combatir el fraude de las horas extraordinarias no pagadas, que alcanza a unas 400.000 personas asalariadas de manera bastante estable desde hace una década. Aunque están aumentando las horas pagadas, las ilegales retroceden muy poco, con un total de 2,6 millones de horas extra no remuneradas a la semana, mientras ha aumentado el número de trabajadores.

En España, un 5,1% de las personas asalariadas dicen realizar horas extraordinarias, según la Encuesta de Población Activa (EPA). De ellas, algo menos de la mitad, un 2,5%, unas 400.000 personas, responden que las realizan gratis: la empresa no las paga ni compensa en descanso, como marca la ley. En número de horas extra realizadas, los asalariados echan en total 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana, de las que casi la mitad (44%), las mencionadas 2,6 millones de horas a la semana, no se remuneran.

El gráfico muestra la evolución del número de horas extra realizadas en España, con un progresivo aumento de las horas extra pagadas desde el inicio de la recuperación económica tras la crisis financiera, a partir de 2014, temporalmente interrumpida con la pandemia. Las horas extra ilegales, por su parte, aumentaron durante la Gran Recesión y, aunque comenzaron a descender con la recuperación, desde 2018-2019 lo hacen muy lentamente, a pesar de que en 2019 se aprobó una norma expresamente para evitar los abusos horarios: el registro de la jornada laboral diaria, que ahora se pretende reforzar.

El gráfico ilustra una media móvil de horas extra que tiene en cuenta los datos de los dos últimos años, para mostrar resultados más robustos y evitar los vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de cada trimestre. Por ejemplo, el último dato que muestra la media, de 2,61 millones de horas no pagadas, es la media realizada en los dos últimos años. Los puntos del gráfico aportan los datos absolutos de la EPA de cada trimestre. Los datos son brutos, no relativos, por lo que hay que contextualizarlos en un mercado laboral con más trabajadores.

Además, hay que tener en cuenta que las cifras anteriores son conservadoras ya que solo contabilizan el tiempo que los trabajadores identifican explícitamente como horas extra, pero no, por ejemplo, las horas que se hacen por costumbre fuera del horario laboral. Según datos de CCOO, “más de 1 millón de personas asalariadas a jornada completa trabaja habitualmente más horas de las que tiene pactada en contrato”.

“Las horas extra no pagadas no han desaparecido. Antes de que entrase en vigor el registro de jornada, ya estaban en estos niveles unos 2,7 millones, no se ve un cambio de tendencia claro como sí ha ocurrido con la temporalidad tras la reforma laboral”, considera Luiz Zarapuz, economista del gabinete económico de Comisiones Obreras. “Obviamente, el registro de jornada no ha funcionado”, afirma Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, que considera “necesario que la ley de reducción de la jornada contenga un registro de jornada honesto, para las personas trabajadoras y las empresas contra la competencia desleal”,

El gabinete de estudios de CCOO calcula que los trabajadores que realizan horas extra no pagadas trabajan de media “6,3 horas” extras gratis a la semana, “lo que le supone que deja de percibir de media 141 euros a la semana de coste laboral (salarios y cotizaciones)”, de los que “los empleadores se apropian”, advierte el sindicato, mermando los ingresos de sus empleados y también de las arcas públicas, en impuestos y cotizaciones sociales. En UGT estiman en “2.600 millones de euros al año en salarios” que los trabajadores dejan de recibir, “que las empresas están hurtando a sus trabajadores por las horas trabajadas”, destaca Fernando Luján.

Zarapuz destaca también otra lectura del abuso de las horas extra: la merma de contratación de otras personas que podrían ocuparse del excedente de actividad. En CCOO apuestan, incluso respecto a las horas extra pagadas, por un mercado laboral que no se apoye tanto en estos excesos de jornada (que deberían ser, como su nombre indica, extraordinarios) y que las empresas refuercen sus plantillas. El gabinete de estudios estima que el volumen de horas extra trabajadas equivaldría a crear unos 180.000 empleos a jornada completa.

Con mirada de género, las horas extraordinarias acrecientan varias desigualdades. Explican en parte la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque esta se alimente mucho más de otros elementos (como los complementos salariales). Sin embargo, hay varios datos clave: entre los hombres, hay más trabajadores realizando horas pagadas (54%) que gratis, mientras que en las mujeres son una minoría (43%) las que las cobran. En número de horas, ellos realizan más horas extra pagadas y además el descenso de las no pagadas de los últimos años es mayor entre los asalariados que entre las empleadas. “Es muestra de una evidente discriminación de género”, considera Luján.

Esta brecha se explica por varias desigualdades, como a nivel ocupacional, con sectores masculinizadas como la construcción y la industria que remuneran más las horas extra que otras actividades feminizadas, como el comercio. Además, la realización mayoritaria de horas extra por parte de hombres también les resta tiempo en favor de los cuidados familiares y la corresponsabilidad en el hogar, por ejemplo, que suelen recaer en manos de las mujeres.

Empuje de las horas extra pagadas por los indefinidos

Aunque las horas extra ilegales estén algo estancadas, las pagadas sí están aumentando y se está ampliando la brecha entre ambas. ¿Por qué? Luis Zarapuz explica que, cuando se observa la serie histórica, se constata que las horas extra no pagadas aumentan en momentos de crisis, pero que en la recuperación no descienden tanto, “tienen una salud de hierro” y “no bajan de las 2,5 millones de horas a la semana”. En cambio, las horas extra pagadas sí aumentan y disminuyen más según el ciclo económico.

Zarapuz explica que las horas extraordinarias remuneradas aumentan en momentos de bonanza económica por varios motivos. Por un lado, hay más trabajadores, hay más actividad y, por otro, los empleados tienen más capacidad de exigir que se les remuneren estas horas cuando tienen más opciones de empleo (y el contexto no es de crisis o altas tasas de paro, cuando proliferan más los abusos).

La EPA refleja además una particularidad en el aumento de las horas pagadas en los últimos años: se deben más a los contratos indefinidos, que han aumentado mucho a raíz de la reforma laboral. Si bien este incremento de trabajadores más estables podría reflejar un alza de las horas extra totales realizadas por este colectivo, pagadas y no pagadas, solo sucede con las remuneradas, como muestra el anterior gráfico.

Luiz Zarapuz considera que este resultado puede reflejar que “los trabajadores indefinidos estén más en disposición de ejercer sus derechos que los temporales”. Coincide Fernando Luján, que destaca que “cuando las personas trabajadoras tienen más derechos, están más protegidas y tienen más presencia sindical, se recupera el carácter voluntario de las horas extraordinarias y la gente no las hace si no se les paga”.

Por sectores, hay algunas particularidades. Tradicionalmente, sectores con más tradición sindical, como la industria y la construcción, se han inclinado por las horas extra pagadas, mientras que otros con menor fuerza de las plantillas, como el comercio y la hostelería, han tenido mucho más abuso de las horas ilegales. Por otro lado, hay otro perfil de “cuello blanco” o de profesional liberal que también ha extendido muchas su jornada de forma gratuita, sin remuneración alguna, como ocurre en la banca, la comunicación y la ciencia, entre otros.

En cuanto a los últimos años, destaca la evolución en la educación, un sector en el que predomina, a mucha distancia, la realización de horas extra no pagadas, que suelen plasmar el trabajo en casa de miles de profesores y profesoras, pero que a partir de la pandemia se dispararon mucho más. Aunque se han reducido algo después, se mantienen en niveles mucho más altos que antes de la COVID. “Pasamos de unas 270.000 horas extras no pagadas a la semana a unas 450.000”, subrayan en CCOO.

A falta de un análisis sobre las causas, la pandemia supuso para muchos colegios e institutos un antes y un después en digitalización, con el inicio del uso de portales web y una mayor comunicación con las familias a través de plataformas y correo electrónico. “Podría haber un tema de desconexión digital, de aumento de tareas, pero habría que analizarlo”, dice con cautela Zarapuz, que cree interesante analizar si estos excesos de jornada se dan en centros públicos o privados.

El transporte también destaca por un gran auge de las horas extra realizadas, sobre todo pagadas, pero también de las no remuneradas. En CCOO consideran que en este sector puede haber “tensiones” de empleo, ante el aumento de su actividad y en ocasiones la falta de trabajadores con las actuales condiciones que ofrecen las empresas. Esto parece estar llevando a una sobrecarga en horas extra de los trabajadores existentes, en un sector que también está cambiando en los últimos años, con un aumento de nuevos perfiles de transportistas de mercancías (repartidores de comercio online), por ejemplo.

Las Administraciones Públicas también sobresalen por un gran aumento de las horas extra pagadas, que en CCOO vinculan a las “estrecheces de personal” y la necesidad de atender ciertas tareas ineludibles. Un reflejo de que los procesos de contratación no están mostrando la capacidad “de captar el suficiente personal y talento al ritmo que lo necesita” la Administración, indica Zarapuz.

Los sectores que más abusan: financiero, educación y científicos

La imagen final de los sectores que más abusan de las horas extra gratis de sus trabajadores son: las actividades financieras y de seguros, la educación y las actividades científicas y técnicas. “Es algo inaceptable desde todas las perspectivas”, denuncian en UGT, que consideran que no solo es ilegal, sino también inmoral al hurtar el tiempo de vida y la remuneración de los empleados por parte de las empresas.

Los sindicatos consideran que es necesario un registro de jornada efectivo, que se demuestre como una herramienta real de control y que haya más vigilancia de estos resultados por parte de la autoridad laboral. En este contexto, el Ministerio de Trabajo destacaba esta semana que el proyecto de ley aprobado “pivota sobre un registro de jornada fiable e interoperable”, con acceso en remoto y tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo, “instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho”, sostienen en el departamento de Yolanda Díaz.

Por Comunidades Autónomas, en todas prevalecen las horas extra pagadas sobre las no pagadas, aunque Madrid acaba de alcanzar este resultado, con datos muy elevados de horas ilegales, y en Euskadi han pasado a liderar las horas no pagadas. En general, la tendencia es bastante similar, de aumento de las horas extra remuneradas en los últimos años y de ampliación de la brecha con las no pagadas, una situación que destaca especialmente en regiones como Canarias y Navarra, con un importante descenso de las horas ilegales.

La jueza que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha citado a declarar como testigos a una exdirectiva y a un abogado externo de la compañía. A petición de la Fiscalía, la magistrada quiere que ambos testigos respondan sobre la presunta falta de regularización como empleados de los repartidores que operaban como falsos autónomos.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada de Barcelona que mantiene imputado a Pierre ha citado a los dos nuevos testigos del caso el próximo 19 de mayo. La exdirectora asociada en materia laboral de Glovo y el abogado externo son las dos personas que contestaron a los requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre la regularización de falsos autónomos y que, según han declarado los inspectores, fueron ignorados en su mayoría.

Este miércoles han comparecido ante la magistrada los responsables de la Inspección de Trabajo que realizaron el informe que se derivó a la Fiscalía y que ha terminado con la imputación de Pierre. Tal y como hicieron sus compañeras hace dos semanas, los inspectores jefe han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La versión de los inspectores de Trabajo es que Glovo no regularizó a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, uno de los inspectores ha mantenido este miércoles que la compañía “se resistió” a contratar como empleados a los riders, pese a las sentencias judiciales a su favor.

Por el contrario, la defensa de Pierre alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

La defensa de Pierre aduce además que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.

El pasado septiembre, la Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional haber aplicado un ERTE injustificado a 300 empleados, como publicó elDiario.es. Los responsables de la entidad sin ánimo de lucro, que acumula contratos públicos millonarios en multitud de servicios para colectivos vulnerables, evitó así ir a juicio a través de un acuerdo en sede judicial con los sindicatos por el que debía abonar a los trabajadores los salarios no percibidos entre noviembre y enero. Sin embargo, “no han pagado absolutamente nada”, denuncian en CCOO y UGT. No es la única irregularidad: la Administración lleva meses instándole a que presente las cuentas anuales como exige la ley, sin éxito.

La perplejidad de los sindicatos es total. Después de la conciliación en sede judicial, “no han pagado a ningún trabajador”, critica Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos. El acta firmada en sede judicial recogía la obligación de la entidad presidida por Carlos González-Escalada Álvarez de abonar el 30% de las remuneraciones hasta el 30 de noviembre y el 70% restante, hasta el 31 de enero. Además, debía devolver al SEPE las prestaciones de desempleo cobradas por la plantilla durante el ERTE.

“En noviembre, se excusaron en que algunos trabajadores no habían firmado un escrito con las prestaciones por desempleo recibidas”, explica Mora, que destaca que no se pagó a ningún empleado, tampoco los que sí lo habían formalizado. “Como lo ponían como excusa, se le entregaron esas autorizaciones a la fundación, que las entregamos también en la Audiencia Nacional, y aun así después nos vimos en la misma situación en enero. No han pagado nada”, denuncia Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza privada y Servicios socioeducativos de CCOO.

Los sindicatos afirman que la entidad ya no da “ninguna explicación” a los impagos. Mientras, en estos meses la Fundación SAMU ha seguido sumando nuevas adjudicaciones públicas. Una de las últimas, el pasado 30 de enero, con un contrato de más de 6,7 millones de euros del Consell d’Eivissa para el acogimiento residencial de 32 menores migrantes en los próximos dos años.

Como viene sucediendo en Canarias, donde la Fundación SAMU es una de las ONG y entidades que más contratos públicos recibe en la atención a menores migrantes, la concesión pública en Ibiza es fruto de un proceso “negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia”, recoge la licitación.

Los sindicatos temen que la fundación SAMU tampoco haya devuelto al SEPE el dinero público cobrado en el ERTE irregular, sobre el que la Inspección de Trabajo constató que no se había presentado “la documentación legalmente establecida” para ejecutar las suspensiones de contratos. “A los trabajadores al menos no les ha llegado ninguna comunicación del SEPE”, advierte la representante de UGT.

Como consecuencia, los representantes de los trabajadores han acudido de nuevo a los tribunales para forzar la ejecución del acuerdo judicial. La Audiencia Nacional ha citado a la entidad el próximo 26 de marzo. elDiario.es intentó el viernes recabar la versión de la Fundación SAMU, sin obtener respuesta.

De unas cuentas con “defectos” al silencio ante la Administración

Con el lema “nos encanta salvar vidas”, la Fundación SAMU es una entidad del tercer sector con sede en Sevilla, fundada en 1998 por el coronel médico Carlos Álvarez Leiva, que había creado unos años antes una empresa de cobertura médica y ambulancias. Cuarenta años después de la primera piedra del hoy Grupo SAMU, “la aventura de una familia”, varias empresas rodean a la fundación, que ha crecido mucho y ha ido diversificando sus actividades.

Esta metamorfosis ha sido impulsada sobre todo por uno de los hijos del fundador, Carlos González-Escalada Álvarez, que preside en la actualidad el grupo SAMU, como él mismo destaca. Además de las ambulancias, prestan otros muchos servicios, principalmente a través de licitaciones públicas, que atienden a personas con discapacidad, con problemas de salud mental, de acogimiento de menores y, en los últimos años, un gran crecimiento de menores migrantes no acompañados, entre otros.

“En 2010, un año antes de mi ascenso a director general, SAMU facturó 8,4 millones”, indicaba Carlos González-Escalada Álvarez el año pasado, según una crónica publicada por la Fundación SAMU. “Hoy, cuando dejo mi puesto ejecutivo, la marca SAMU factura cerca de 100 millones de euros, tiene más de 120 centros de trabajo y presencia en seis países”, añadió.

Sin embargo, las últimas cuentas de la fundación SAMU –correspondientes a 2023– no se conocen formalmente porque la entidad no ha cumplido con otro mandato legal, esencial para la transparencia de este tipo de entidades sin ánimo de lucro: la presentación de estados financieros anuales ante el Protectorado de Fundaciones, tal y como exige la ley.

Según ha podido saber este medio, la Fundación SAMU presentó unas cuentas de 2023, pero contenían varios errores, por lo que el Protectorado de Fundaciones de Andalucía le requirió a finales de septiembre que los subsanaran y las volvieran a enviar. Después de meses de insistencia, la fundación no ha respondido al requerimiento de la Administración.

Finalmente, “se dictó Resolución de desistimiento con fecha 24 de febrero de 2025 por no subsanarse los defectos observados en el examen de dichas cuentas anuales”, indica el Protectorado de Andalucía a una solicitud de información pública cursada. El órgano ha “instado nuevamente a la presentación de unas nuevas cuentas anuales del ejercicio 2023”, añade.

Posible causa judicial y otras dudas

Que una fundación no responda a los requerimientos de la Administración “no es nada habitual”, afirma José Pedreira Menéndez, director del área de entidades no lucrativas del bufete Garrido. “Lo normal es que los patronos respondan a los requerimientos de subsanación de las cuentas, porque se exponen a una causa judicializada. Puede haber responsabilidades personales para ellos”, explica el abogado, que destaca que las fundaciones suelen ser bastante transparentes.

Pedreira explica que, en estos casos de falta de respuesta, la Administración puede acudir a un juzgado para exigir a la fundación que cumpla con el mandato de presentar las cuentas anuales. “Si los patronos se niegan a entregar la documentación, el juez puede imponer multas coercitivas, por ejemplo 300 euros por cada día de retraso, e incluso puede remover de su puesto a los patronos”, explica el abogado.

No presentar las cuentas anuales “tiene además consecuencias fiscales” para las fundaciones, añade Pedreira, ya que es un requisito para el tratamiento especial por el que no pagan el Impuesto de Sociedades y tampoco tributan las donaciones que reciben. “Si no presentas las cuentas, pierdes automáticamente el régimen fiscal especial”, advierte el abogado.

El sindicato CCOO fue el primero en poner la lupa sobre las cuentas de la Fundación SAMU, e indicar ciertas sospechas sobre ellas, debido al estudio de las cifras provisionales que la entidad presentó para justificar el ERTE. La fundación argumentó la necesidad de aplicar las suspensiones de contratos debido a causas económicas, por supuestas pérdidas en 2023. Después, en el pacto en sede judicial, SAMU reconoció que el ERTE estaba “injustificado”.

“La negativa de la empresa a facilitar documentación adicional que permitiese verificar el registro de determinadas transacciones económicas con empresas del grupo era sinónimo de que Fundación SAMU continuó generando beneficios económicos durante 2023, y no pérdidas, como pretendían hacer creer”, apuntaron en CCOO con la retirada del ERTE.

Las transacciones económicas entre empresas del grupo y entidades vinculadas son un punto dudoso en las cuentas de la fundación desde hace años. En las de los últimos ejercicios, 2022 y 2021, que ha consultado este medio, el auditor firma una opinión “con salvedades” precisamente por este motivo. Indica que la fundación mantiene transacciones significativas con partes vinculadas y que no ofrece la documentación necesaria para comprobar su correcta valoración. En 2022, las transacciones con empresas vinculadas a la fundación ascendieron a 2,9 millones de euros.

El fundador de Glovo, Oscar Pierre, encausado por lo penal por el modelo de riders sancionado por la Inspección de Trabajo ha afirmado que el anunciado cambio a la laboralización de sus repartidores se debe a la “presión” del proceso penal en su contra y a las multas de la autoridad laboral por el uso de falsos autónomos. “La caja no te da para operar”, ha afirmado en una entrevista en El Periódico.

El empresario catalán ha afirmado que fue una “mala coincidencia” el anuncio de la transición al modelo laboral un día antes de que declarara ante la jueza. “Fue casualidad, no tenía ninguna lógica anunciarlo justo un día antes porque no nos favorecía ni a nivel reputacional, ni a mi proceso. Entiendo que dio un mensaje a la gente de 'Mira, son culpables y se están rindiendo”, ha afirmado.

Pierre sigue insistiendo que el modelo de funcionamiento de Glovo “es legal”, pero sostiene en la entrevista que la multinacional optó por abandonar el modelo de autónomos que pretende combatir la Ley Rider tras la apertura del juicio penal en su contra y ante la “presión económica” de las sanciones de la Inspección de Trabajo por el uso de falsos autónomos.

“Entonces, cuando ves la vía penal, por un lado, y a nivel económico que tienes que poner todo ese ‘cash’ y congelarlo llega un punto que no puedes más”, ha afirmado.

Temor de más directivos: “Hoy he pillado yo”

El jefe de Glovo sostiene que el inicio del proceso penal en su contra fue un importante detonante para el tránsito al modelo laboral. “El inicio del caso criminal fue bastante bestia. Cuando cambiaron el código penal ya intuíamos algo, pero hasta que no te ves delante del toro no te das cuenta de la gravedad del asunto”, ha dicho.

Además, ese temor al proceso penal se extiende a más directivos. “De la parte penal, la ley está escrita en un sentido muy amplio y habla de directivos. Hoy he ‘pillado’ yo, pero hablo con todo mi equipo y saben que ellos también están acusados. El CEO de Delivery Hero entiendo que también podría ‘pillar’ de alguna manera”, indica a El Periódico.

El fundador de Glovo considera que el Ministerio de Trabajo les puso en “el ojo del huracán” con un trato diferencial respecto a Uber Eats, que también opera con autónomos. “Entiendo que somos los más grandes, que la Inspección tiene recursos limitados y los tiempos de la Administración son los que son… pero que a nuestro competidor le inspeccionen con dos o tres años de retraso le da una ventaja competitiva bestia y ya no te digo reputacional”, indica Pierre. 

Aún a la espera del anunciado cambio laboral

Aunque Glovo difundió el cambio laboral el 2 de diciembre, fruto de la “mala coincidencia” que menciona su fundador Oscar Pierre, todavía no se ha ejecutado más de dos meses después y, por sus declaraciones, parece que aún quedan varios meses más para que sea efectivo.

Pierre dice que aún no sabe cuántos riders exactamente repartirán con Glovo, ya que están “empezando este proceso” de conversión, pero estima que “entre 10.000 y 15.000” y que se compaginará un modelo de contratación directa y otro de flotas subcontratadas.

De hecho, el empresario anima a la gente a que cree flotas, ya que la multinacional “no está preparada” para crear esos mismos puestos de trabajo en medio año. “Hemos tenido trabajadores de la oficina que han decidido dejarlo para montar una. No sé si lo estamos promoviendo activamente, pero nosotros no estamos preparados para internalizar a 12.000 o 13.000 personas en seis meses, así que todas las flotas que se creen, mejor”, dice.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros reducir la jornada laboral semanal a 37 horas y media. Lo ha hecho por el trámite de urgencia y después de un acuerdo entre los ministerios de Economía y de Trabajo, que han estado enfrentados en los últimos meses por esta medida

Decimos que el Gobierno aprueba pero es una de esas veces en las que un titular periodístico puede confundir: el Gobierno aprueba la nueva jornada laboral, pero eso no significa que la nueva jornada laboral esté ya aprobada, en vigor, que la semana que viene vayamos a trabajar menos. No es así. Lo que toca ahora es un largo debate en el Congreso, y ya sabemos lo complicadas que están las mayorías parlamentarias, donde la ley puede ser modificada, mejorada o empeorada. ¿Cuánto quedará de esta ley al final del camino? 

Lo hablamos con la periodista de elDiario.es especializada en información laboral Laura Olías. 

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Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla que asciende a casi un millón de euros. Los administradores de las empresas investigadas eran responsables de un impago sistemático de cotizaciones, causando un perjuicio económico de más de 990.000 euros, según ha informado la Policía en una nota de prensa. El modus operandi consistía en la creación sucesiva de sociedades de varios sectores, utilizando testaferros y ocultando los bienes para eludir los pagos a la entidad pública.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha revelado la existencia de tramas fraudulentas en las que se han visto involucradas un total de 15 empresas. Además han sido detenidas seis personas, y otras seis han sido investigadas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

El modus operandi consistía en la creación sucesiva de sociedades, la utilización de testaferros y la ocultación de bienes para evitar el pago de las cotizaciones. Los investigadores comprobaron que los administradores de las empresas, vinculadas a diferentes sectores como el inmobiliario, estaciones de servicio, instalaciones eléctricas y de paquetería, utilizaron la creación de varias mercantiles de forma sucesiva para continuar con la actividad, eludiendo el pago de las deudas acumuladas con la Seguridad Social. Esto incluía el uso de testaferros y la transferencia de trabajadores entre las distintas empresas para evitar responsabilidades fiscales y ocultar sus activos impidiendo así su previsible embargo.

Facturación cruzada y testaferros

Durante la investigación, se centró la atención en cuatro empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción. Los administradores de estas empresas dirigían las actividades y controlaban los trámites, compartiendo domicilios, personal y recursos. Realizaban una facturación cruzada y con la participación de un testaferro trataban de obstruir las previsibles consecuencias de la Seguridad Social.

Entre 2022 y 2023, las empresas acumularon deudas significativas con el ente público pese a su notable crecimiento en facturación y contratación. Una de las empresas presentaba menor deuda, siendo utilizada para facturar con otros proveedores, una estrategia común en este tipo de delitos, para no acumular deudas en la empresa que factura y así poder seguir con su actividad.

De este modo, se determinó que los administradores de las empresas investigadas son presuntamente responsables de un impago sistemático de cotizaciones, así como de dificultar la iniciación de procedimientos para evitar el cobro a la Seguridad Social, causando un perjuicio económico total a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 990.000 euros.

Esta semana, Glovo anunció que cambiará su modelo de riders, para pasar a los contratos laborales de sus repartidores. Tras una larga batalla, de años, con numerosas condenas sobre el uso de falsos autónomos, hasta del Tribunal Supremo, la multinacional dice que se adaptará al modelo laboral que exige la Ley Rider desde 2021. Lo ha hecho justo un día antes de que su jefe, Oscar Pierre, se sentara ante una magistrada imputado en la justicia penal, una imagen muy poco común en los abusos laborales y que en Trabajo impulsaron por la insumisión de la multinacional.

La decisión de Glovo de acatar el modelo laboral para sus riders se espera desde hace años, tras multitud de intentos y la pelea de muchas personas. Desde los repartidores que se organizaron en torno a RidersXDerechos para denunciar que repartían como falsos autónomos, las primeras denuncias de riders contra la multinacional, las numerosas actas de la Inspección de Trabajo concluyendo que Glovo utilizaba falsos autónomos, las demandas colectivas en los tribunales de los sindicatos mayoritarios y el empeño del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz.

Muchos pensaron que Glovo contrataría a los repartidores tras la sentencia del Tribunal Supremo, que concluyó que su modelo de negocio se basaba en falsos autónomos en 2020, tras varios años de litigios. Pero no ocurrió. Glovo aseguró que el sistema juzgado era anterior y que los cambios implementados en su relación con los riders garantizaba su autonomía. Es el argumento que ha utilizado siempre, en todos los intentos para que la multinacional contratara laboralmente a sus repartidores.

El Ministerio de Trabajo aprobó incluso una ley específica, la llamada Ley Rider, para que quedara explicitada esa necesaria contratación laboral de los riders en las plataformas digitales. Pero Glovo tampoco acató este mandato. De nuevo, justificó que adaptó su app y que cumplía la ley. La empresa volvió a ser sancionada por la Inspección de Trabajo, con multas millonarias por falsos autónomos y por emplear a riders sin papeles, y por incumplir la nueva Ley Rider, pero la compañía dirigida por Oscar Pierre tampoco se movió de sus postulados.

Directivos ante la justicia penal

En ese momento, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

Se trata de un paso poco habitual en la mayoría de abusos laborales en España. “Frecuente no es, pero sí hay un caso en el que ocurre bastante, con más precedentes, que es en los accidentes laborales”, explica Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.

“Cuando hay un fallecimiento de un trabajador, por ejemplo, y faltan medidas de prevención, ahí sí que la Fiscalía suele imputar o investigar a los empresarios y puede haber condena penal. Aunque muchas veces se queda en sanción económica”, añade Todolí.

En materia de prevención y salud laboral tenemos otro ejemplo relevante reciente, también contra una gran multinacional: Cosentino. De nuevo, tras años y años de pelea de muchos trabajadores enfermos por silicosis, se alcanzó un acuerdo en un juzgado de Vigo que reconocía la responsabilidad de la empresa cuando se imputó por lo penal a la dirección de la multinacional.

La persecución de abusos laborales por lo penal también es más común en casos de “explotación de trabajadores extranjeros”, añade por su parte Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Barcelona, casos en los que interviene la Inspección de Trabajo y la Policía.

Eduardo Rojo explica que en general “es difícil llegar a la justicia penal” en el fraude laboral, porque es “la última ratio”, de gran gravedad, y suele ser complicado reunir las pruebas de la existencia de un delito.

Ojo a otros abusos laborales

Ante la insumisión de Glovo, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores. Tras ello, y ya con una primera demanda por lo penal de riders presentada, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, el pasado verano.

Con una redacción muy pensada para el abuso continuado de los falsos autónomos, la modificación legislativa del Código Penal pone en la diana no obstante a los empresarios que persisten en otros abusos laborales. Desde los falsos becarios o voluntarios a las cooperativas ficticias y las horas extra ilegales, entre otros, según los expertos consultados en Derecho Laboral. Los delitos pueden ser castigados con penas de prisión de hasta seis años.

Finalmente, este último capítulo frente la justicia penal, y a un día de que Oscar Pierre declarara ante la jueza, Glovo ha cambiado de posición sobre su modelo de negocio. Aunque en RidersXDerechos son cautos y esperan a que las palabras se concreten en hechos.

Para muchos, el cambio de Glovo supone un precedente de qué implica perseguir a los directivos y responsables de la toma de decisiones en las empresas cuando persisten en saltarse la ley. Para Glovo, es una coincidencia. La empresa ha asegurado que no se trata de una “estrategia de defensa”, ya que Glovo cumple la ley, dicen. Simplemente, la multinacional quiere evitar “nuevas” discusiones con la Inspección de Trabajo.

“El peso de la ley caerá sobre quienes hoy están poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras en nuestro país”. Con esta advertencia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisaba el miércoles desde el Congreso de los Diputados de que su Ministerio estaba actuando ya contra empresas que estaban “incumpliendo” la obligación de proteger a sus empleados frente a los riesgos por la DANA. En concreto, la Inspección de Trabajo ha recibido alrededor de 80 denuncias de abusos empresariales en la Comunitat Valenciana.

Se trata de denuncias formales y de comunicaciones al Buzón de Lucha contra el Fraude del organismo público vigilante de la legalidad laboral. En total, recopilan “unas 80 presuntas irregularidades en la Comunidad Valenciana”, responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es.

Yolanda Díaz ha insistido este jueves en que la Inspección de Trabajo “está actuando con contundencia”. “Es muy grave que empresas estén dispuestas a poner en riesgo la vida de sus trabajadores no sé con qué objetivo”, ha denunciado.

“Da igual el tamaño de la empresa o la fuerza de la empresa”, ha sostenido la vicepresidenta segunda, que ha subrayado que el Ministerio de Trabajo “ha demostrado que la legalidad se cumple y se respeta en nuestro país”.

Multas que pueden rozar el millón de euros

Las empresas tienen la obligación de proteger a las personas trabajadoras ante los riesgos que puedan enfrentar en el desempeño de su actividad laboral, como pueden ser los fenómenos meteorológicos adversos como la DANA que está afectando a varias regiones del país.

Tras la catástrofe del 29 de octubre, con al menos 216 personas fallecidas en la Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) volvía a lanzar esta semana varios avisos rojos, de “riesgo extremo” por lluvias, en puntos de Andalucía, Catalunya y la Comunitat Valenciana.

Ante la alerta roja, Yolanda Díaz ha destacado que “se puede no acudir al puesto de trabajo” si está en riesgo la salud. A las empresas, el Ministerio de Trabajo les recordaba que debían suspender la actividad o adaptarla cuando no fuera seguro que sus empleados se desplazaran para prestar sus servicios. Y mandaba un mensaje a las plantillas en caso de falta de medidas preventivas en sus centros de trabajo: “Si tu empresa no respeta los derechos, denuncia”.

Las multas en incumplimientos de prevención de riesgos laborales se sancionan con “entre 2.451 euros y 49.180 euros” en el caso de las infracciones graves, mientras que las muy graves pueden rozar el millón de euros, con “entre 49.181 y 983.736 euros”, recuerdan en el Ministerio de Trabajo.

Choque con el Gobierno de Mazón

Este jueves el Ministerio de Trabajo ha cargado también contra la Generalitat Valenciana por autorizar el desplazamiento de trabajadores de supermercados pese a haberse decretado la alerta roja de la AEMET. El Gobierno de Carlos Mazón incluyó esta actividad, “la distribución de alimentos”, como uno de los “servicios esenciales” que podían exceptuar las restricciones de movilidad decretadas por la propia Comunitat.

Trabajo ha mostrado su “profundo rechazo” a esta orden de la Generalitat y ha destacado que no debería aplicarse, puesto que debe prevalecer la legalidad laboral estatal. “No hay ninguna orden que puedan impedir el respeto de los derechos laborales de nuestro país. Quiero ser clara: ninguna orden de ninguna administración pública puede contrarrestar los derechos que están instalados en la legislación española en el artículo 21 y artículo 14 [de la Ley de Prevención de riesgos laborales]”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha anunciado una “orden interpretativa” sobre este asunto.

“El Ministerio de Trabajo lamenta que la Generalitat desconozca la normativa de prevención de riesgos laborales, asumiendo el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras puedan sufrir daños al incumplirse una normativa estatal. Asimismo, destaca que en un momento tan delicado se genere confusión entre la ciudadanía por entender que deben ser empresas privadas las que distribuyan alimentos cuando están desplegados los servicios de emergencia y el Ejército en situaciones de alerta roja y naranja”, ha condenado el departamento de Díaz.

Nueva campaña contra la contratación temporal y de fijos discontinuos en fraude. La Inspección de Trabajo ha enviado casi 40.000 cartas a empresas para que regularicen y hagan indefinidas a “86.903 personas trabajadoras” con contratos temporales y fijos discontinuos en los que el organismo ha detectado presuntas irregularidades, según ha informado este jueves el organismo.

Se trata de la puesta en marcha del segundo “Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal” de 2024. En lo que va de año, ya se han transfomado “95.000” contratos a indefinidos tras la actuación de la Inspección de Trabajo. De ellos, más de 43.000 eran contratos temporales y casi 52.000 eran fijos discontinuos fraudulentos, explican desde el organismo.

En concreto, la autoridad laboral ha mandado “39.116” comunicaciones a compañías en esta segunda fase del Plan de choque, en las que ha detectado presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos.

La contratación temporal y la fija discontinua está asociada a necesidades específicamente temporales o permanentes pero intermitentes, respectivamente, “y no a cubrir puestos de trabajo estructurales y ordinarios”, recuerdan en Trabajo, “lo que puede derivar en una contratación injustificada y en fraude de ley”.

Cartas que destapan el fraude laboral

Los planes de choque de la Inspección de Trabajo contra la contratación temporal irregular son una estrategia que el Ministerio inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

El organismo primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección actúan para investigar a las empresas formalmente.

El primer plan lanzado este año tuvo como consencuencia “alrededor de 50.000” conversiones de contratos temporales y fijos discontinuos a indefinidos, informa la Inspección de Trabajo. El resto –hasta los 95.000 anunciados– son fruto de otras actuaciones del organismo público.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo, tras las sospechas de la Administración sobre consultas de expedientes. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos, uno del SEPE y otros tres del Servicio de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, además de cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo.

En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Una estructura con reparto de funciones en cinco eslabones

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.

En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización. Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina.

En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores. Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos –uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid–, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.

A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.

Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios

En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.

Un total de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid

La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.

Máximo en multas de la Inspección de Trabajo a raíz de su buzón anónimo de colaboración ciudadana. El cuerpo encargado de velar por la legalidad laboral impuso en un año casi 17 millones de euros en multas a empresas por las irregularidades detectadas en inspecciones tras los avisos a través del 'Buzón de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social' (ITSS). Se trata del dato de 2022, el último publicado, y el más elevado registrado en los informes anuales hasta la fecha.

El Buzón de la ITSS, lanzado en 2013 como 'Buzón de Lucha contra el Fraude' y adaptado en 2018 al formato actual, supuso una nueva vía de comunicación de irregularidades totalmente anónima ante la Inspección de Trabajo.

Se sumó al procedimiento formal de denuncia, en el que el ciudadano se tiene que identificar ante la Inspección, aunque los inspectores tienen la obligación de guardar secreto sobre el origen de la investigación ante la empresa y mantener al denunciante en el anonimato. “La empresa no va a saber si vamos porque alguien ha denunciado o porque es una campaña, tenemos el deber de sigilo, la gente debe estar tranquila también cuando denuncia”, explica Mª José Díaz, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

La novedad del Buzón de la ITSS radicó en que los ciudadanos pueden comunicar una infracción de la que tengan constancia desde el total anonimato. Es decir, no tienen que desvelar su nombre ni ningún dato personal. “Al tener el trabajador la certeza absoluta del anonimato, porque no ha dado ni su nombre, la gente denuncia más”, apunta Mª José Díaz.

Eso sí, si el aviso se realiza a través del buzón el ciudadano no recibe información a posteriori sobre las investigaciones de los inspectores ni pueden ser parte interesada del proceso, como sí sucede en las denuncias formales.

Un 87% más en multas y 3.500 infracciones

Las comunicaciones al Buzón de la ITSS dieron lugar a 10.223 inspecciones iniciadas en 2022, que derivaron en casi 26.000 actuaciones de los profesionales de la Inspección. Puede haber varias actuaciones en una misma inspección, por ejemplo en materia de alta a la Seguridad Social de trabajadores sin contrato, en relación al tiempo de trabajo por la falta de registros de jornada, y en prevención de riesgos laborales, por la carencia de medidas de seguridad.

“Lo que más se denuncia son temas de economía sumergida, como trabajadores que no están dados de alta, y también sobre tiempo de trabajo, como horas extra sin pagar”, explica de su experiencia como inspectora Mª José Díaz. Ubicada en Andalucía, afirma que también reciben “muchos avisos sobre el calor, tanto en el exterior como en interior”, detalla.

Gracias a la información del buzón, se detectaron 3.520 infracciones en 2022, muchas más que el año precedente (1.890). Los fraudes más numerosos corresponden a infracciones relacionadas con la Seguridad Social (2.234), seguidas de las que afectan a las relaciones laborales (1.084) y, en tercer lugar, las irregularidades en seguridad y salud de los trabajadores (172).

Debido a estas infracciones, la Inspección de Trabajo abrió expedientes sancionadores con multas por valor de casi 17 millones de euros (16,87 millones), que supone un 87% más respecto a los nueve millones de 2021. El dato es el más elevado de los registrados hasta la fecha, que no habían superado los 10 millones anuales en multas ningún año desde que se lanzó el buzón en 2013.

3.000 empleos aflorados, el doble del año anterior

Otro de los registros que mejoró mucho en 2022 es el de “empleo aflorado” gracias al buzón. Bajo este título se incluye el descubrimiento de trabajo que se mantenía en la economía sumergida. En total, 3.056 empleos aflorados, casi el doble que el año anterior (1.608).

Los avisos a través del buzón consisten en un breve formulario en el que se debe aportar datos sobre la empresa y se puede seleccionar entre varios tipos de fraude, como “trabajadores sin contrato y falsos autónomos”, “pago de cantidades que no figuran en nómina y no declaradas a la seguridad social (En ”B“)” y “trabajadores con contratos temporales irregulares”, entre otros.

Además, los ciudadanos pueden añadir un comentario para concretar la irregularidad detectada. Uno de los problemas de los avisos a través del Buzón es la falta de información o de concreción, que en ocasiones impide poder investigar el abuso denunciado. Por ejemplo, porque no se puede identificar con exactitud dónde se produce la irregularidad, “porque no ponen el centro de trabajo concreto en una gran empresa, con muchos centros”, explica la portavoz de UPIT.

Mientras que en la denuncia formal los inspectores pueden contactar al denunciante para ampliar la información o aclarar dudas, en este caso no es posible. No obstante, Mª José Díaz considera que el buzón está “ayudando” a la Inspección a que los fraudes salgan a la luz, porque ha aumentado el número de avisos que les llegan.

La Inspección de Trabajo convirtió “más de 55.000 contratos fijos discontinuos” en indefinidos ordinarios hasta octubre, anunció hace unos días el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. De estos, gran parte fueron objeto del Plan de Choque lanzado por el organismo público este año, consistente en el envío masivo de cartas a empresas ante presuntos incumplimientos detectados por el cruce masivo de datos. Presuntos que se confirmaron en muchos casos: la mitad de los contratos investigados se saldaron con regularizaciones, “44.284 contratos”.

La detección de fraude a través de estas campañas masivas de cartas sigue obteniendo altos ratios de detección de irregularidades, como ha ocurrido con las que se han centrado en la contratación temporal fraudulenta, iniciadas en 2018. “En este Plan de Choque se enviaron 26.667 cartas que afectan a casi 90.200 relaciones laborales”, responden en el Ministerio de Trabajo. “Por esa vía se han regularizado 44.284 contratos”, añaden, es decir, el 49% del total analizados.

Además, por la actuación ordinaria de la Inspección se han convertido en indefinidos ordinarios “otros 11.149 contratos” fijos discontinuos, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. En total, esas más de 55.000 conversiones entre enero y octubre.

469.000 euros en multas

Las multas a las empresas por estos contratos fijos discontinuos irregulares alcanzan “cerca de 469.000 euros” en 2023, responden en Trabajo, “que se enmarcan dentro de la actuación ordinaria”. En el Plan de Choque, las empresas no son multadas de inicio, sino que la Inspección da una oportunidad a las empresas de regularizar “de manera voluntaria” a través de este primer aviso con cartas informativas.

“No podemos hablar de un fraude generalizado”, precisó no obstante el secretario de Estado de Empleo, que afirmó que “en términos generales este contrato se está usando para lo que se tenía que usar”. Se trata de un contrato que hasta hace un año era bastante desconocido, utilizado principalmente en actividades turísticas muy estacionales, pero que se ha extendido fruto de la reforma laboral de la pasada legislatura.

De los 16,4 millones de personas asalariadas de alta en el Régimen General el pasado mes de octubre, unos 9,4 millones tenían contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo, otros 2,4 millones eran indefinidos a tiempo parcial y algo más de un millón estaban activos con contratos fijos discontinuos.

Contrato impulsado por la reforma laboral

La reforma laboral fomentó el uso de los contratos fijos discontinuos con el objetivo de que se desplegaran en los puestos estacionales y de temporada, hasta entonces ocupados con temporales y con una alta rotación de personal. Se trata de una modalidad de contrato indefinido, aunque intermitente: está pensada para sectores en las que no hay trabajo de manera continuada durante todo el año, pero en el momento que hay actividad, la empresa debe 'activar' a estos empleados.

Además, la reforma laboral abrió dos puertas más a la firma de contratos fijos discontinuos. En primer lugar, a las subcontratas: “Podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa”, recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Y, en segundo lugar, también habilitó su firma a las empresas de trabajo temporal (ETT) “para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales” de sus empresas usuarias. De hecho, con la restricción de los contratos temporales, los fijos discontinuos han pasado a ocupar gran parte del negocio de las ETT. En lo que va de año, suponen más de un tercio (37%) de los contratos de puesta a disposición suscritos.

Dentro del Plan de Choque que se ha saldado con la conversión de “44.284 contratos”, en Trabajo confirman que se encuadran las cartas mandadas a ETT, que anunció el departamento de Yolanda Díaz el pasado marzo, “pero no únicamente”. Fuentes del Ministerio apuntan que aún no han desglosado los datos con más detalle, por lo que no pueden ofrecer datos sobre cuántas regularizaciones corresponden a estas empresas o qué sectores de actividad se han visto más afectados por las irregularidades.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al asesor de una empresa, e investigado a la responsable de la misma, por presentar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social un acta de conciliación falsificada. El documento, que resolvía una disputa laboral a favor de una empleada, fue modificado con la intención de eludir las posibles consecuencias administrativas que tendría que enfrentar la empresa.

La investigación se inició cuando la trabajadora de dicha empresa alertó a la Policía Nacional de una posible irregularidad. La denunciante sospechaba que se podría haber manipulado el acta de conciliación emitida por el Juzgado de lo Social resolviendo a su favor una disputa laboral con su jefa.

Este documento falsificado, habría sido posteriormente presentado ante al Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, provocando que se archivase el procedimiento que este organismo tenía abierto y que podría tener consecuencias sobre la empresa. Los agentes confirmaron que este documento había sido alterado parcialmente, insertando un párrafo en el que la denunciante supuestamente renunciaba a cualquier tipo de acción, incluida la administrativa.

Este documento fue presuntamente manipulado por el asesor de la empresa y presentado ante la Inspección de Trabajo por la responsable de la misma, por lo que él ha sido detenido y ella investigada como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

La Policía Nacional recuerda que cualquier alteración, simulación, modificación o falsificación de todo o parte de un documento emitido legalmente, supone la comisión de un delito contemplado en el Código Penal, que conlleva penas de prisión, multa e incluso inhabilitación.

La Inspección de Trabajo de A Coruña ha abierto un procedimiento de sanción a la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) por dos infracciones empresariales graves en materia de relaciones laborales. El inspector considera que la corporación cometió “fraude” al utilizar un contrato de actividades artísticas para establecer una relación laboral con el sustituto del presentador de uno de los programas estrella de la Radio Galega, Pensando en ti, saltándose en el proceso las listas de contratación. La sanción económica por cada uno de estos incumplimientos va de los 750 a los 7.500 euros. La decisión puede ser recurrida ante la Consellería de Traballo.

Marcial Mouzo es una de las voces -y de los rostros, ya que también es habitual en la TVG- más populares de los medios públicos gallegos. Su nombre está ligado a Pensando en ti, histórico espacio nocturno que suma decenas de miles de oyentes y que, incluso, llegó a ser líder de audiencia en su franja en Galicia a principios de esta década. En verano de 2022, la dirección de la radio pensó en sustituirlo durante sus vacaciones por otro clásico de los medios públicos: el humorista José Manuel Rodríguez Puente, Isi. Sin embargo, en lugar de ficharlo a través del habitual contrato laboral, sujeto al convenio de la CRTVG, la corporación optó por otra fórmula: un contrato artístico. Eso es lo que Isi hubiese tenido que firmar para actuar de forma puntual en algún programa de la parrilla, pero no para ejercer como locutor sustituto, tal y como concluyó la inspección tras la denuncia del comité de empresa.

Presentar un programa no es “expresar belleza”

El informe del inspector comienza el relato de los hechos constatados recordando que el presentador fue contratado “bajo un contrato de actividades artísticas sin cumplir el requisito de prestar una actividad artística, puesto que, conforme a su sentido propio, teniendo en cuenta las definiciones dadas en el Diccionario de la Real Academia Española, la interpretación común que ha de darse a prestar una actividad artística es ejercitar un arte bella, esto es expresar belleza, o bien actuar en un espectáculo, no pudiéndose considerar que el trabajo que desarrolla el mencionado trabajador en dichos programas entre dentro de dicha definición”. Las cursivas son del autor.

Considera que Rodríguez “conduce, dirige y presenta los espacios radiofónicos indicados, realizando entrevistas” como también hacían Marcial Mouzo y otra de sus sustitutas, Jovita González. De ambos señala que son “trabajadores de la empresa indefinidos pertenecientes al grupo profesional de locutores de radio” y que su actividad “no puede ser calificada como artística”. “Don José Manuel presenta un espacio radiofónico, pero en ningún caso representa una creación artística. La circunstancia de que don José Manuel haya transmitido información o realizado entrevistas de una forma más o menos amena es algo que queda comprendido en su quehacer profesional de comunicador y no le convierte en artista”.

Por tanto, que “excepcionalmente”, durante las cinco horas del programa “le dedique unos pocos minutos a realizar, además, actividades que sí podrían considerarse artísticas no justifica el uso de dicha modalidad contractual”. Esto supone “la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales” realizada “en fraude de ley”.

El comité de empresa recuerda que advirtió a la dirección de recursos humanos de la “irregularidad” en la que incurría pero la dirección, “lejos de desistir, defendió su legalidad e incluso contrató a otras dos personas como artistas para la conducción del mismo programa el verano siguiente y a una tercera persona en otoño”.

Los sindicatos recuerdan que el fraude en la contratación generó en los últimos años “más de 400 condenas por cesión ilegal o uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal” y urgen a no repetir “una práctica ilegal que consideraban superada”.

Jesús Albiol, el diputado autonómico de Vox y concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Borriana que celebró la censura de varias publicaciones en valenciano (Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional) en la localidad castellonense con la expresión “Misión cumplida, al carrer!” –una decisión que provocó una multitudinaria protesta en el municipio–, fue denunciado por la compañía de seguridad en la que trabajaba el pasado mes de febrero por destrucción de material de la empresa.

Como se lee en la denuncia presentada por el representante de la empresa ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el pasado 17 de febrero, Albiol –que llevaba unos tres años trabajando para esta compañía– presentó su baja laboral y se marchó a su casa llevándose el vehículo, el móvil y el ordenador portátil de la empresa. Ante esta circunstancia, un representante de la compañía se presentó en el domicilio del diputado autonómico para recoger el coche, las herramientas y los dispositivos electrónicos cedidos por la empresa al trabajador.

Según la denuncia, después de varias llamadas telefónicas y al timbre, el empleado salió del piso y “corriendo” se dirigió al vehículo para coger el teléfono móvil y el ordenador portátil de la empresa, “y tras esto se encerró en su casa”. Posteriormente, “tras varios intentos para que abriera”, el representante de la compañía llamó a la Policía Local de Borriana, que intercedió para que Albiol bajara, “alegando que estaba borrando 'cosas personales' de los dispositivos, a sabiendas de que estos son de uso exclusivo profesional, más aun siendo una empresa de seguridad”.

Precisamente, tal y como apuntan desde la compañía, al dedicarse a la seguridad hay datos “confidenciales”, incluida información de clientes: “Ahora el ordenador se encuentra inaccesible e inutilizable, sin saber qué tenía y qué ha borrado, y el dispositivo móvil lo ha formateado completamente, borrando así todos los datos, archivos, etc. de la empresa”. Por ello, la compañía solicitó que se investigara si existía la posibilidad de revisar ambos equipos electrónicos para ver si se puede recuperar lo borrado, así como “el porqué de tanto interés en borrar dichos archivos” y averiguar si Albiol se quedó con documentación o información de carácter confidencial. La denuncia presentada ante la Guardia Civil fue ratificada por el representante de la empresa de seguridad ante el juez el pasado 27 de junio.

De baja laboral, trabajando en el Ayuntamiento y en campaña

El entonces concejal de Vox en la oposición en el Ayuntamiento de Borriana cogió la baja de “incapacidad temporal por enfermedad común” el 17 de febrero. Sin embargo, tal y como indicaban desde la compañía, Albiol acudía con total normalidad a las comisiones y plenos del Consistorio en el que era regidor, por lo que solicitó a la Inspección Médica que valorara la “compatibilidad de la situación médica” del trabajador con su actividad como representante municipal.

El 14 de junio, el regidor ultra envió un burofax a la empresa para comunicarle que, después de salir elegido diputado autonómico, solicitaba la excedencia forzosa por la designación de cargo público a partir del día siguiente (15 de junio). Albiol recibió el alta médica el pasado 23 de junio, apenas tres días antes de recoger el acta de parlamentario autonómico –tomó posesión del cargo el día 26 del mes pasado–.

Desde la empresa de seguridad en la que trabajaba el concejal de Borriana, también le recriminaron que cobrara íntegramente su salario cuando también percibía retribuciones por asistencia a plenos y comisiones municipales por su condición de concejal en horario laboral. Así, le reclamaron que justificara las cantidades percibidas y las horas empleadas por este concepto. Según recuerdan, tal y como refleja el Estatuto de los Trabajadores, si el trabajador percibe alguna indemnización de la Corporación local, “la empresa descontará el salario devengado en la empresa por dicho permiso si la indemnización percibida es superior”.

Ante estas peticiones, Albiol remitió otro burofax a la compañía para pedirle: “Cesen de hostigarme y presionarme cuando estoy de baja por IT [incapacidad temporal] a consecuencia del trabajo que he venido desarrollando [...], de ahí que las comunicaciones que me remiten me están impidiendo la recuperación con las garantías constitucionales que tengo derecho, y más si cabe cuando los facultativos que me atienden me han indicado que mientras esté de baja por enfermedad cese cualquier tipo de comunicación con la empresa, y que haga una vida lo más normal posible y que sea ajena a mi relación laboral con ustedes para poder recuperarme cuanto antes, lo cual están impidiendo con sus mails de amenazas, recortes salariales, etc. y que están afectando negativamente a mi salud”.

Por este motivo, comunicaba que no atendería ninguna comunicación recibida: “No voy a tener más comunicación con vds desde este momento hasta que los médicos que me atienden me den el alta”. En este sentido, calificaba de “represalia” la “presión” con la que se le venía “hostigando de forma consciente y premeditada” para “socavar mi salud, para provocar mi salida de la empresa”.

Puestos en contacto con Vox para intentar conocer de primera mano la versión de Jesús Albiol, elDiario.es no ha recibido respuesta.

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, ha desmantelado una red para la contratación fraudulenta de trabajadores con el objetivo de que estos accedieran a subvenciones públicas y subsidios, e incluso obtuvieran irregularmente derechos en materia de extranjería.

En esta operación, denominada 'Centauro', se ha detenido a cuatro personas, tres de ellas en Ciudad Real y una en Murcia, como máximos responsables de esta red.

Tres de los detenidos, dos hombres y una mujer, estaban a cargo de una empresa de Ciudad Real desde la que habían dado de alta, de manera fraudulenta, a distintos trabajadores para que estos accedieran de manera indebida a subvenciones, prestaciones públicas y subsidios, según ha informado la policía.

Incluso se pudo comprobar que uno de estos supuestos trabajadores había utilizado el alta en la empresa para obtener derechos en materia de extranjería.

El cuarto detenido operaba desde Murcia y se le imputan delitos contra la Seguridad Social, ya que habría facilitado contratos ficticios a dos personas que también fueron detenidas por haber utilizado dichos contratos de manera fraudulenta.

La suma total del dinero defraudado a las arcas públicas mediante la obtención fraudulenta de prestaciones por los supuestos trabajadores asciende a un total de 9.606 euros.

La operación 'Centauro' se inició en la Comisaría Provincial de Ciudad Real y contó con la colaboración de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Posteriormente, las pesquisas policiales permitieron determinar que uno de los implicados operaba desde Murcia, por lo que colaboraron en la investigación efectivos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.