Francisco González se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años en la pieza 9 de la macrocausa Tándem, también conocido como el caso BBVA. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara hace dos semanas el procesamiento de la entidad, del expresidente y de hasta doce personas más por delitos de cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos por contratar al comisario de la Policía José Manuel Villarejo y a su empresa Grupo Cenyt para encargos ilegales entre 2004 y 2016, hoy han trascendido detalles del escrito de acusación del Ministerio Público.

Según ha avanzado Expansión y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, el Ministerio Público interesa para González cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. Estas mismas fuentes señalan que ese sumatorio de penas se hace de esta forma porque el delito de revelación no admite continuidad delictiva, si bien advierten de que en todo caso el límite de cumplimiento de prisión es el triple de la pena más grave (el cohecho) por lo que el banquero nunca se enfrentaría a más de 15 años de cárcel.

En cuanto al BBVA, señalan que se pide una condena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros por día por el delito de cohecho mientras que por cada uno de los 48 delitos que le imputan de revelación de secretos se interesa una pena de multa de 2 años a razón de 5.000 euros por día. Eso haría ascender la multa al entorno de los 180 millones de euros para la entidad. La única que ha acabado siendo procesada en esta macrocausa a pesar de que también estuvo investigada La Caixa en otra de las ramas de Tándem.

Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicó en los autos por los que confirmaba el procesamiento que el sistema establecido por BBVA de prevención y control de delitos no era eficaz porque dejaba al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados”.

Para el tribunal, no era irrazonable concluir, como hace el instructor que “el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

Sobre González, la Sala apuntaba en línea con el instructor que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente de la entidad, “que ya sabía” de quién era ese conglomerado de empresas y sus métodos de investigación por contratos anteriores. “No es irrazonable concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt”, explicaba.

Cuando en 2020 el juez instructor del caso Villarejo, entonces Manuel García-Castellón, levantó el secreto que pesaba sobre esa pieza 9, cifraba en 10.284.689,30 euros los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas del policía. 

“Dichas contrataciones tendrían por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policía en activo”, afirmaba el juez.

La Audiencia Nacional ha decidido reducir la condena de Carlos Salamanca, excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, a 3 años y 3 meses de prisión en el marco del caso Villarejo. Salamanca estaba acusado de haber recibido regalos entre 2010 y 2015 de empresarios a cambio de dispensar un trato preferente a sus clientes y familiares cuando llegaran al aeródromo.

La rebaja de más de dos años en la pena se debe a que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han corregido “las contradicciones y la falta de claridad” que la Sala de Apelación achacó a la sentencia original. Por este motivo, dicha Sala decidió, el pasado 10 de julio, anular la condena —había sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel — y repetir de nuevo la sentencia. Ahora, los jueces han modificado la calificación de los delitos de cohecho pasivo, lo cual conlleva una reducción en la duración de la pena, según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press.

Por otro lado, el tribunal ha decidido mantener la pena de tres meses de prisión impuesta al abogado Francisco Menéndez, condenado por un delito continuado de cohecho activo cometido por particular, con la atenuante analógica de colaboración en grado de muy cualificada.

Ambos acusados han sido ratificados en su absolución por los delitos continuados agravados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal, así como del delito continuado de prevaricación administrativa.

Según los hechos probados, Salamanca recibió entre 2016 y 2017 diversos regalos de carácter “suntuario”, incluyendo “coches de alta gama”, “relojes de lujo”, dinero y viajes por un valor cercano a medio millón de euros, por parte de Menéndez. Estos obsequios tenían el propósito de obtener un trato preferente para el abogado, sus clientes ecuatoguineanos y sus familiares al llegar al aeropuerto de Madrid. No obstante, la sentencia señala que no consta que dicho trato preferente “se haya materializado en actos concretos que beneficiaran a estos pasajeros”.

La Audiencia Nacional ha anulado la condena de casi seis años de prisión del excomisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, impuesta por supuestamente cobrar dinero y recibir regalos de un empresario a cambio de favorecer a sus clientes en la frontera. Los jueces entienden que el tribunal debe repetir su sentencia ya que declaró probado que recibió, entre otras cosas, “coches de alta gama” o “relojes de lujo” a cambio de dar “el mejor trato y consideración a los clientes” sin luego especificar qué mejor trato fue ese.

El entonces comisario jefe del aeropuerto fue juzgado junto con un empresario, acusado de cobrar y recibir regalos y dinero a cambio de darle un trato de favor. Fue absuelto, eso sí, de la única acusación concreta en ese sentido: cobrar a cambio de dar un trato preferente a los clientes del empresario, por ejemplo, a la hora de saltarse controles de aduanas o de obtener visados de frontera.

Se queja ahora la sala de apelaciones de la Audiencia de que “no sabemos en qué consistió ese trato preferente. La sentencia no concreta en el relato de hechos de qué modo se realizaba ese mejor trato o trato preferente. Existe una falta de claridad en los hechos que la defensa alega como motivo de recurso”.

Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Madrid, había sido condenado a cinco años y ocho meses de presidio. Ahora la Audiencia Nacional debe repetir su sentencia pero subsanando sus “contradicciones” y la “falta de claridad” en el relato de hechos probados que, entienden los jueces, han llevado a su condena aunque sin reflejar algunas conductas delictivas concretas que le atribuyen.

Segunda sentencia anulada del caso Villarejo

Se trata de la segunda condena derivada del caso Tándem, la macrocausa que investiga la actividad del comisario jubilado José Manuel Villarejo en tres decenas de piezas separadas. El pasado mes de mayo, la misma sala anuló la condena de 19 años impuesta al policía por obtener y revelar secretos de personas y particulares, una sentencia que ponía el foco sobre el cohecho del que había sido absuelto.

En el caso de Carlos Salamanca, la sala de apelaciones de la Audiencia reprocha que la sentencia le atribuya haber cobrado y recibido regalos a cambio de favorecer a empresarios mientras “no se expresa comportamiento alguno que el comisario Salamanca llevase a cabo u ordenase realizar a favor de los clientes” de uno de ellos. “Se contradice con no estimar probadas las acusaciones que eran objeto de acusación por el Ministerio Fiscal”, explica.

La Audiencia Nacional no declaró probado ningún favor concreto, pero entendió que los regalos y su cuantía permitían deducir que se habían producido. “No puede concebirse que las entregas y correlativas recepciones de dinero y otros efectos se traten de meros regalos efectuados entre personas unidas por una relación de amistad, como pretende hacer ver el último de los acusados nombrados en su larga declaración”, dijo la sentencia que ahora debe ser repetida.

Se trata de una de las primeras patas de la investigación contra el excomisario jubilado José Manuel Villarejo que puso en marcha la Audiencia Nacional. El caso, incluso, llegó a ser archivado en 2018 pero fue reabierta a finales de ese año y juzgada recientemente.

La Audiencia Nacional ha anulado la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. La Sala de lo Penal recuerda al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que lleva cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía envíe datos del caso. Recientemente un imputado del caso Tsunami Democràtic se ha quejado ante el Supremo de que esta causa también se prorrogó de forma irregular al hacerlo el juez un día fuera de plazo.

La pieza número 14 del caso Tándem, bautizada como Proyecto Ámbar, lleva abierta desde septiembre de 2019 y en ella el juez García Castellón investiga si un empresario y dueño de un restaurante en Madrid pagó 300.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar a su expareja. Una causa en la que también se investiga si Carlos Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Barajas, disfrutó de viajes de lujo pagados por el empresario con dinero procedente de Suiza.

Las diligencias llevan abiertas desde septiembre de 2019 en el juzgado seis de la Audiencia Nacional y el instructor ha firmado hasta siete prórrogas de medio año en medio año. La última, a finales de enero, cuando Manuel García Castellón se apoyó en la Fiscalía y la acusación para explicar que necesitaban más tiempo para recibir información clave: que Rumanía explique si en 2012 Salamanca y el empresario fueron juntos de viaje a Bucarest, un posible delito de cohecho si todo estuviera conectado con el supuesto encargo a Villarejo.

El propio García Castellón explica en su último auto que la prórroga anterior, de julio de 2023, se pensó para poner en marcha esta diligencia, pero lamenta tambien que Rumanía no haya contestado todavía y que necesite seis meses más para recibir la respuesta. Y justificó esa prórroga en varias cuestiones: tener que esperar a la información de ese país pero también que, una vez analizada la información, podría necesitar poner más diligencias en marcha. La pieza 14 del caso Tándem, dijo el juez, es “dinámica, activa y compleja” y su prolongación por séptima vez está “más que justificada”.

Una opinión que no compartía ni la defensa de Carlos Salamanca, que recurrió, ni la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que acaba de estimar ese recurso y ha anulado la ampliación de la investigación en enero. Los jueces que supervisan la causa recuerdan a García Castellón que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la prolongación de las causas judiciales, tiene un artículo específico para este tipo de casos: si la diligencia se pidió en plazo, su resultado sigue siendo válido.

El instructor, sin embargo, no acordó ninguna diligencia nueva ni indicó que tuviera otras pendientes de poner en marcha. “La contestación de las autoridades de Rumania podrá ser valorada como realizada dentro del plazo de instrucción prorrogado”, dice la Sala. Pero intentar alargar la causa para poner en marcha hipotéticas diligencias, critican, se haría “contraviniéndose así la finalidad de acortar temporalmente las investigaciones de las causas penales”.

En su recurso, el comisario Carlos Salamanca –juzgado recientemente en otra de las piezas del caso Villarejo– se quejaba que en los últimos años el juez apenas ha practicado “una decena de diligencias, siendo el resultado de todas ellas más que infructuoso”. La decisión de la Sala, en la práctica, permite a García Castellón contar con todo el material que haya recabado desde septiembre desde 2019 hasta la fecha, incluyendo la información que remitan las autoridades de Rumanía sobre ese viaje, pero no puede solicitar más diligencias sobre el caso. Tendrá que decidir si lo manda así a juicio.

Los plazos del caso Tsunami

La séptima prórroga de esta pieza separada del caso Tándem, una de las menos conocidas y con menos proyección pública de las varias decenas que brotaron de la detención de José Manuel Villarejo en 2017, no pasa el filtro de la Sala de lo Penal no por un incumplimiento de los plazos, sino por un incumplimiento de las previsiones legales para poder firmarla. Otra de sus prórrogas también ha sido recientemente cuestionada ante el Tribunal Supremo: la del caso Tsunami Democràtic.

Las defensas de varios acusados, entre ellas la de Marta Rovira, Oriol Soler o Xavier Vendrell, se suman a la crítica que ya hizo otro imputado, Josep Lluís Alay, y focalizan sus alegaciones en una fecha: el 30 de julio de 2021. Ese día, según sus escritos que por ahora no han recibido respuesta, Manuel García Castellón prolongó la investigación de la causa, una de tantas veces dentro de su desarrollo. El problema es que, según estos recursos, para entonces ya había entrado en vigor la reforma del artículo 324 del Código Penal que le hubiera obligado a hacerlo 24 horas antes. El 29 de julio de 2021.

Está por ver la respuesta que esta alegación tiene tanto por parte de la Audiencia Nacional como por parte del Tribunal Supremo. Los imputados entienden que este supuesto desliz de un día de Manuel García Castellón puede llevarse por delante los últimos dos años y medio de investigación, incluyendo por tanto algunos de sus puntos clave más recientes.

En contacto con elDiario.es, el catedrático de Derecho Procesal, Juan Luis Gómez Colomer, explica que este es un caso “complejo y defendible” y que “en ningún caso se produce la nulidad automática”. El Supremo tiene dicho, afirma el jurista, que aunque se anulen las diligencias acordadas fuera de plazo, el procedimiento “sigue y puede ser válida una condena” en base a otras pruebas que sí sean válidas.

También explica que, en el caso de Tsunami, la reforma de 2020 sobre los plazos procesales entró en vigor en plena investigación. “Hablamos de investigaciones que estaban sometidas a un plazo que ha sido modificado, pero primero hay que cumplir ese plazo. Y, cuando acabe, entonces ya se aplicará el plazo de la nueva ley”. No significa, según su criterio, que en 2020 empezara a correr el plazo de un año si ya existía uno anterior: “Si estaba concedido tres años y no han acabado los tres, ese año solamente será posible cuando acaben los tres”, afirma.

Jordi Nieva Fenoll, también catedrático de Derecho Procesal, rechaza que una posible estimación pueda llevar a la anulación de toda la causa y entiende que la reforma de 2020 buscaba evitar, precisamente, que “una investigación muriera simplemente porque se hubiera pasado el plazo”. “La ley fue reformada para que no ocurriera eso. Tal y como está escrito, es una especie de plazo orientativo, tampoco es absolutamente evidente que si no lo haces no tengas manera de continuar investigando”, explica a este periódico. “¿Que podría interpretarse lo contrario? Por supuesto. Pero no era la intención del legislador”, añade. El Tribunal Supremo, considera, podría poner encima “argumentos de eficacia de las investigaciones” para rechazar la alegación.

El caso Tsunami está en manos del Tribunal Supremo desde que hace unos días la Sala de lo Penal decidiera admitir la exposición razonada de García Castellón y abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, ambos acusados de jugar un papel protagonista en el nacimiento y funcionamiento de la plataforma que impulsó las manifestaciones masivas contra la sentencia del procés en 2019.

La Justicia ha declarado firme la absolución del comisario jubilado José Manuel Villarejo, su esposa Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier en el caso de la grabación a miembros del Centro Nacional de Inteligencia. La Audiencia de Madrid comunicó a los tres absueltos el carácter definitivo de su exoneración después de que ni la Fiscalía ni ninguna acusación presentara recurso contra la sentencia que declaró probado que alguien registró de forma irregular una reunión entre miembros del CNI y la Policía en el marco de la investigación al pequeño Nicolás, pero que no hay pruebas de que Villarejo estuviera detrás de la grabación o su posterior difusión.

La Fiscalía, que llegó a pedir cuatro años de cárcel para el principal imputado del caso Tándem y tres para los otros dos acusados, renunció a llevar el caso ante instancias superiores sin que la Abogacía del Estado, Podemos o el resto de acusaciones presentaran algún recurso contra la exoneración de los tres, acusados en su momento de revelación de secretos oficiales. La firmeza fue declarada a finales de febrero pero no ha sido notificada hasta pasada la mitad del mes de marzo.

Los tres se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de preparar y ejecutar la grabación de un encuentro confidencial entre espías del CNI y miembros de la comisión judicial que investigaba el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias con el objetivo de difundirla y provocar la nulidad de al menos parte del caso. La reunión tuvo lugar a finales de 2014, fue grabada y su contenido difundido por varios medios de comunicación.

La sentencia absolutoria, ahora declarada firme según ha sabido elDiario.es, entendió que ninguna prueba permitía vincular esta grabación con Villarejo y su esposa, que entonces estaba al frente de una página web llamada Información Sensible vinculada al comisario y donde trabajaba el periodista Carlos Mier, el primer medio de comunicación que se hizo eco de la detención del joven Gómez Iglesias.

Según la Fiscalía y las acusaciones, el periodista hizo una llamada a uno de los mandos policiales presentes en la reunión, lo que activó algún tipo de software que permitió grabar la conversación. La sentencia, sin embargo, dejó por escrito que “subsisten dudas no explicadas respecto de cómo se realizó la grabación y respecto del contenido de la llamada” que hizo el periodista al mando policial, unas dudas que “introducen alternativas no irrazonables a la tesis de la acusación”.

La firmeza de esta sentencia absolutoria llega después de que el año pasado un juzgado de lo penal de la capital decidiera absolver a José Manuel Villarejo de las acusaciones del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, de injurias y denuncia falsa. También llega después de que el pasado mes de septiembre su primer gran juicio en el marco del caso Tándem quedara visto para sentencia en la Audiencia Nacional.

Un triple juicio en el que el comisario jubilado es acusado en tres de las piezas principales del caso que arrancó con su detención y encarcelamiento en noviembre de 2017. Un proceso que duró un año en los salones de la Sala de lo Penal y en el que Villarejo está acusado de usar su posición y contactos en la Policía para cobrar encargos privados de empresarios para espiar a rivales. La Fiscalía, en total, pide 80 años de cárcel por su supuesta participación en los proyectos conocidos como Iron, Land y Pintor.

La primera pieza investigó si Villarejo fue contratado por un bufete de abogados para espiar a un despacho rival. La segunda, el papel que jugó en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda. La tercera, el encargo reconocido por el propio Juan Muñoz Tamara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, para obtener datos de un antiguo socio que le debía dinero. Quedan todavía más de 30 piezas en fase de instrucción y pendientes de juicio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el conocido como caso Cuarteles, la investigación judicial en torno a una supuesta trama de corrupción en el seno de la Guardia Civil y la adjudicación irregular de contratos de obras. Una comparecencia en la que ha atribuido este caso a la etapa dirigida por el Partido Popular y en la que también ha recordado el caso de corrupción policial de la operación Kitchen: “Durante los gobiernos del PP se utilizaron de forma inadmisible los recursos públicos”, ha recordado.

El titular de la cartera de Interior ha recordado el desarrollo del caso, en el que permanece imputado entre otros el teniente general Pedro Vázquez Jarava por el supuesto cobro de regalos y dádivas por parte de contratistas que optaban a contratos para obras y mantenimiento en una docena de comandancias de la guardia Civil en todo el país.

La investigación, ha recordado Grande-Marlaska, arrancó en 2016. “Es un caso, uno más de tantos casos de corrupción, que se dan con el Partido Popular en el Gobierno y con sus responsables en el Ministerio del Interior”. ha explicado. Fue la Guardia Civil en un Gobierno del PP, ha añadido, la que puso en marcha una investigación en Asuntos Internos del cuerpo y la que archivó esa información: “Insisto. Ustedes lo paran y lo mandan archivar”, ha reprochado a los representantes del partido de Alberto Núñez-Feijóo en la comisión. El caso se judicializó, ha añadido, años más tarde ya con el PSOE en el Gobierno.

“Asistimos a un ejemplo de mal gobierno”, ha explicado antes de atribuir “autoritarismo, corrupción y chapuza” a la gestión del PP en el Ministerio del Interior entre 2011 y 2018. En esos años, ha acusado, “los gobiernos del Partido Popular se utilizaron de forma inadmisible los recursos públicos y los medios, que deberían haberse destinado a la seguridad de todos y todas, con fines partidistas y espurios de una manera inaceptable en una democracia”. 

Ha citado entonces a la “policía patriótica”, altos mandos de la Policía Nacional como Eugenio Pino o José Manuel Villarejo investigados en la Audiencia Nacional por usar medios policiales para, entre otras cosas, favorecer al Partido Popular. “El intento de elaborar pruebas claramente falsas contra la oposición política para desactivar su labor de control y alternativa frente a recortes, políticas antisociales o casos de corrupción”, ha dicho.

Ha aludido en este punto a la operación Kitchen, el operativo policial ilegal utilizado para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, e intentar robarle pruebas y grabaciones que obraban en su poder y que perjudicarían al partido. “No dudaron en hacer que agentes y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya finalidad era proteger nuestras calles, velar por la seguridad en el medio rural, defender nuestras fronteras o luchar contra el terrorismo o la violencia de género, abandonasen sus funciones y se tuviesen que dedicar a labores relacionadas con tapar sus escándalos de corrupción”, ha dicho.

El excomisario José Manuel Villarejo amenazó en 2012 al entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, con pruebas de la implicación de la cúpula del Ministerio en la llamada 'Operación Cataluña': la elaboración en pleno ascenso del independentismo de informes policiales con información comprometedora de dirigentes políticos catalanes, aunque fuera falsa.

El policía estaba enfadado porque Interior dio instrucciones de suspender –“meter en la nevera”– durante tres meses esa operación, para la que además había adelantado dinero de su propio bolsillo como pago al empresario Javier de la Rosa, encargado de presentar las denuncias contra los políticos catalanes y contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident.

Las grabaciones, difundidas hoy por el diario El País y Fuentes Informadas, están incluidas en un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al juez Manuel García Castellón. Se trata de una larga conversación mantenida el 29 de noviembre de 2012 entre el policía corrupto y el Jefe de Gabinete de Interior en el bar Tomate, cercano al Ministerio.

Villarejo quería que la 'Operación Cataluña' siguiera adelante, contra el criterio del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que quería suspenderla. Esta es la transcripción de la conversación cuando el policía corrupto recibe por boca de Francisco Martínez la noticia de la suspensión de la operación:

Villarejo: “Te digo lo que he hecho. He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo, está depositado”.

Martínez: “¿Qué tipo de pruebas?”

Villarejo: “Pues que demuestran que todos estabais en esta movida”.

Finalmente, ese mismo día Martínez da luz verde a Villarejo para que prosiga, pero advirtiéndole de que había un problema con el dinero para pagar a De la Rosa, el empresario que debía denunciar las corruptelas.

Villarejo asegura que él ha adelanto ese dinero y tranquiliza a Martínez sobre los pagos: “Qué tiene que ver que me paguen o no me paguen con meter en la nevera tres meses una información…”, dice Villarejo. El número dos de Interior afirma más adelante: “Si a ti no te preocupa la pasta, sigue adelante, como hablamos”.

Villarejo: “Qué tiene que ver que me paguen o no me paguen con meter en la nevera tres meses una información…”

Martínez: “Olvídate de la nevera. Olvídate”.

Villarejo: “Es que esa es la clave. Lo de meter en la nevera tres meses la información es la clave de todo”.

Martínez: “Mírame. ¿Y qué quieres que te diga?”

Villarejo: “¿Que te has equivocado al decirme lo de los tres meses en la nevera?”

Martínez: “Sí, sí”.

(…)

Martínez: “Mi única preocupación en este momento es...”

Villarejo: “Es la pasta”.

Martínez: “Si a ti no te preocupa la pasta, sigue adelante, como hablamos”.

Villarejo: “Me ha dicho María Dolores [de Cospedal]: ”¿Cuánto has puesto de pasta?“. [Y yo le dije]: ”Quería poner mañana unos 100, más otros 40 o 50, 150“. Y dice: ”No te preocupes, que la pasta te la garantizo“”.

(…)

Martínez: “¿Me dejas hablar? No hay problema con judicializarlo cuanto antes. No hay ningún problema. Y si te has lanzado tú a la guerra...”

Villarejo: “No, no, no. No me he lanzado a la guerra, perdona. [...] Yo puedo comer con un fiscal y con un juez, porque yo como habitualmente. Voy a cenar. Entonces, de lo que yo haga o no haga esta noche a la hora de cenar, por tanto, dependerá de si se admite o no se admite la denuncia, y de si no hay ningún problema. Y ahí yo consideraré que todo va de puta madre”.

Una vez que el excomisario sabe que la operación sigue adelante, tranquiliza a Martínez sobre la posible difusión de la implicación de la cúpula de Interior en la trama:

Villarejo: “Nadie, nadie, nadie puede relacionarte ni a ti ni al ministro con esto. Por lo tanto, tenéis que tener tranquilidad absoluta. [...] Yo soy el único que aguanta…”

A continuación, Villarejo recrea una supuesta conversación entre él y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con motivo de la falta de fondos de Interior para reembolsar al excomisario los presuntos pagos adelantados por él al informante De la Rosa:

Villarejo: “A mí me gustaría que me pagaran pero, vamos, que no es un asunto ahora mismo prioritario. Por cierto, me dijo María Dolores [de Cospedal]: ”¿Qué te han dicho, que no tienen dinero? Qué poca vergüenza. Ya hablaré yo con Jorgito [Fernández Díaz, ministro del Interior]“. Cuando ella utiliza términos pequeños es porque está mosqueada. Cuando dice: ”Jorgito, Jorgito, ya hablaré yo con Jorgito“. Otro regalo que te doy para que se lo digas al 'número uno'. Qué poca vergüenza. ¿O sea que te han dicho que no hay dinero en Interior? Joder”.

Martínez: “Es que no lo sabe, no lo sabe...”

Villarejo: “¿Cómo que no lo sabe? Perdóname, ¿una operación de este calado y el ministro no tiene preparada pasta y no habla con quien coño haga falta para que yo no tenga que pasar la vergüenza de pedir a mi gente que me prepare 100.000 euros?”.

Aunque no ha quedado acreditado si De la Rosa efectivamente recibió fondos de Interior a cambio de denunciar al expresident Pujol y a su sucesor, Artur Mas, las grabaciones recogen también una conversación de ese mismo 29 de noviembre entre Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, el propio De la Rosa y el excomisario:

Rafael Redondo: “¿Cuántos sobres quieres, 10 o 15?”.

De la Rosa: “Pues me parece que eran 12 o algo así”.

Villarejo: “No, no. Haz una relación de las cosas y llamas a Isabel, que venga y se lleve el dinero a otro despacho. Y que lo ponga y lo distribuya en los sobres y ya está”.

(...)

De la Rosa: “No, si no son cantidades cerradas. Pero bueno, tengo que hacerlo así, tengo que pagar a los médicos”.

Villarejo: “Apunta, apunta. Apúntate, Rafa”.

De la Rosa: “Uno con 36.000”.

Villarejo: “¿Perdona? 36.000 un sobre”.

De la Rosa: “Otro con 20.000”.

Villarejo: “Joder, macho, ¡qué médicos más caros tienes!”.

El Juzgado Central de Instrucción Nº6 ha pedido al medio digital Moncloa.com los documentos sobre la información publicada este martes respecto a un presunto trabajo encargado por interés del entonces presidente del BBVA Francisco González y realizado por el excomisario José Manuel Villarejo para la destrucción de documentos del banco, que estaban en manos de la auditora Deloitte en el edificio Windsor en Madrid.

En el requerimiento, el juez solicita la entrega de la documentación sobre la contratación de BBVA al grupo Cenyt (de José Manuel Villarejo) “en tanto está siendo objeto de investigación” en el marco de la pieza secreta número 9 de la Operación Tándem.

La “acción final”

La información de Moncloa.com apunta la existencia de unos documentos en los que Villarejó anotó una “acción final” supuestamente realizada para el BBVA con la frase: “Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL”. La auditora tenía sus oficinas en el edificio Windsor, que ardió por completo en febrero de 2005.

“Todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste al medio en orden a la protección de la fuente de obtención del material, tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación”, precisa el juez.

El diario digital Moncloa.com asegura que entregará al magistrado los documentos que solicita este mismo martes, “tan pronto como le sea posible”.

El aun juez del caso Villarejo, Diego de Egea, ha dictado una providencia en la que da cinco días al comisario para que solicite retirar el material que considere afecta a su intimidad antes de que el resto de las partes tengan acceso a él.

La decisión se produce doce días después de que la Sala de lo Penal corrigiera en parte la decisión tomada por el juez el verano pasado de levantar todo el secreto del sumario y la Sección Tercera lo restringiera al material en papel que guarda el juzgado y también para el que estuviera en formato digital y no encriptado. La Fiscalía recurrió aquella decisión. 

El juez establece ahora que el comisario debe determinar “concreta y motivadamente qué información pueda afectar directamente a su privacidad y cuyo acceso no esté justificado por el derecho a la tutela judicial efectiva”. Una vez solicitado el expurgo, De Egea consultará a la Fiscalía y adoptará una decisión. La providencia es del pasado día 12, pero ha sido notificada a las partes este mismo lunes.  

Al levantar el secreto sobre la partes del sumario aludida, el juez establecía varias restricciones. Entre ellas, que las partes consultaran toda la documentación en sede judicial, sin poder retirar copias, y sin poder reproducirlas a través de medio digital alguno.

El partido político Podemos, que ejerce la acusación popular, se quejó: “La obstaculización a la justicia es el grave problema al que a menudo nos enfrentamos a la hora de preparar casos tan relevantes y graves como es Tándem (Villarejo). Nos dan 90 días para examinar 20 terabytes de información, anotando lo que nos interesa a papel y lápiz”.

Además, el juez estableció que la Unidad de Asuntos Internos debe elaborar un in forme para separar también archivos que afecten a la seguridad del Estado. Ya están retirados de forma expresa, y según esto, lo relativo a la Operación Kitchen o la pieza denominada Carol, en referencia a la antigua amiga del rey Corinna Larsen, que fue archivada.  

eldiario.es reveló que la documentación incautada al comisario Villarejo incluye un material comprometedor para quien trató con él y que es distinto de las temidas grabaciones que el policía acumuló durante décadas. Se trata de una suerte de diario manuscrito donde Villarejo apuntaba las citas que tenía y a las que añadía luego comentarios. Esa especie de cuaderno de bitácora está repartido en varias libretas y es parte de la documentación sobre la que la Audiencia Nacional levantó el secreto.

El contenido de esas anotaciones parece tener una finalidad distinta a las de las grabaciones que  mantienen atemorizada a la élite política, empresarial y judicialdel país. El comisario incluye “reflexiones”, según las fuentes consultadas, y se expresa de un modo un tanto críptico, como si él fuera el único destinatario de esos escritos. La afición a bautizar sus dosieres con nombres originales, que aludieran de algún modo a los encargos que recibía, también aparece en este diario. Es frecuente, afirma quien lo ha visto, que utilice “motes” para referirse a las personas.

La Audiencia Nacional ha vuelto a imputar a Carlos Salamanca, uno de los comisarios del clan Villarejo. El anterior juez del caso, Diego de Egea, había archivado la causa para el que fuera jefe de la Unidad Central de Fronteras, acusado de permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos a cambio de comisiones.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y esta le ha dado la razón y ha revocado ese archivo. Salamanca fue detenido el pasado 3 de noviembre junto a José Manuel Villarejo durante la Operación Tándem.

Fue arrestado en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en el centro de Madrid, por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Salamanca estaba acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros.

La Fiscalía emitió un informe en el que relataba las actividades de Salamanca y de otro investigado entre los años 2012 y 2015, cuando supuestamente recibían dinero y regalos como relojes y coches de lujo a cambio de dejar que entraran ciudadanos de Guinea en España por el aeropuerto de Barajas. Salamanca era entonces el comisario jefe del aeropuerto.

Según sostenía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, “especialmente sensibles para la seguridad nacional”, para recibir “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos”.

El juez de la Audiencia Nacional sobreseyó de oficio las imputaciones contra Salamanca el 18 de julio pasado, sin contar con Anticorrupción, al no apreciar delito. Los jueces de la Sección Tercera establecen que De Egea se excedió al archivar “encontrándose aún en fase de diligencias previas, sin estar basado el mismo (archivo) en la ausencia de autor”. “Tal resolución ha de estimarse procesalmente no ajustada a Derecho”, dice el auto de la Sala, por el que vuelven a estar imputados también dos hijos del comisario.

La Fiscalía recurrió directamente la decisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su recurso, los fiscales incluían nuevos descubrimientos, como una grabación que evidencia el conocimiento de los presuntos delitos en la trama de los guineanos que realizaba Villarejo y con los que él colaboraba supuestamente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en los próximos días si renueva por otros seis meses la comisión de servicio en la Audiencia Nacional a Diego de Egea, el juez que instruye el caso Villarejo. La decisión del Poder Judicial llegará en un punto álgido de la instrucción, con el juez favorable a rebajar las medidas cautelares contra el comisario, lo que abriría la puerta a su excarcelación, y con el conflicto entre el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción muy agudizado, después de que De Egea acusara en un auto a los dos representantes del Ministerio Público de realizar una investigación “prospectiva” en una de las piezas separadas. La Audiencia Nacional ha informado a favor de la renovación.

La Operación Tándem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializó la investigación al comisario, hace más de un año, se han visto afectados el rey emérito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la cúpula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa está en parte secreta y parece esconder otras 'bombas' entre el ingente material incautado al policía jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jurídico entre el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.

Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el comisario Salamanca. También solicitaron sin éxito la prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido por orden de la Fiscalía, después de que el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no sería arrestado. De Egea decidió que la investigación se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A García Castaño, El Gordo, se le atribuye organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Se trata del comisario que habría vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.

Fuentes jurídicas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que García Castaño habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a éste, donde aparecen presuntas gestiones de “Big”, el alias que utilizaba para su compañero. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vendía a sus clientes a precios estratosféricos. 

Por otra parte, Anticorrupción se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correría la investigación si quedaba libre. El socio del comisario terminó por salir de prisión en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidió levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como había acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscalía para hacer frente a las principales decisiones del juez.

El diario El Mundo publicó el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisión provisional de Villarejo por la imposición de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estaría limitada por una pulsera telemática. El magistrado insistiría así en una posibilidad que rechazó hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En España, el control telemático está limitado a los condenados en sentencia firme.

Este lunes, elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevaría medidas inéditas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al día para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet “mediante métodos tecnológicos”.

A la Audiencia Nacional por decisión de Lesmes

Así las cosas, la comisión permanente del CGPJ tiene en su mano renovar o no a De Egea. El juez llegó a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye Púnica y Lezo. Su anterior instructor, Eloy Velasco, tuvo la ayuda de un magistrado de apoyo, pero el CGPJ terminó por retirarlo al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces cambió de opinión cuando a Velasco le sustituyó Manuel García Castellón, el titular de la plaza que gozaba de uno de los destinos más ansiados en la judicatura, magistrado de enlace en Roma.

Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones y García Castellón decidió volver a un juzgado saturado de trabajo con dos de los casos más graves en torno al PP. Pidió un refuerzo y el CGPJ le concedió a De Egea, una decisión adoptada en pleno mes de agosto. Los vocales de la comisión permanente se dividieron entre los que preferían al anterior juez de refuerzo en el Juzgado 6, Alejandro Abascal, y los que optaron por De Egea. El voto de calidad del presidente Lesmes decantó la decisión hacia éste último. Diego de Egea se encargaría de todas las causas nuevas que entrasen en el juzgado, como ocurrió con la Operación Tándem.

El CGPJ decide sobre las comisiones de servicio de la Audiencia Nacional previo informe de su Sala de Gobierno y otro de la Inspección del propio Poder Judicial. El pasado 22 de octubre, la Sala de Gobierno votó de forma unánime a favor de prolongar la estancia de De Egea en el Juzgado de Instrucción número 6. En su acuerdo, valora que se dan “las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial” y que “persisten las razones que originaron su nombramiento, debiéndose verificar a la mayor urgencia”.

Fuentes del tribunal especial explican que para adoptar esa decisión se preguntó al juez titular sobre la conveniencia de que continuara el refuerzo, a lo que el magistrado respondió afirrmativamente. La consulta a García Castellón se realizó hace tres meses, a principios de septiembre. Inspección del CGPJ debe emitir todavía un informe sobre la situación del Juzgado 6 y la contribución de De Egea para aliviar la carga de trabajo.

La Comisión Permanente que decidirá sobre el futuro de De Egea está presidida por Carlos Lesmes y reúne a los siete vocales con dedicación exclusiva. El presidente y cuatro de ellos son conservadores y los otros tres progresistas. Recienteente, De Egea aspiró a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, pero no obtuvo ningún voto. En un enfrentamiento total en el seno del Consejo, los magistrados conservadores impusieron su mayoría votando en bloque a Juan Pablo González, recusado de Gürtel por su proximidad al PP, mientras que los progresistas apoyaron todos a Mercedes del Molino.

La documentación incautada al comisario Villarejo incluye un material comprometedor para quien trató con él y que es distinto de las temidas grabaciones que el policía acumuló durante décadas. Se trata de una suerte de diario manuscrito donde Villarejo apuntaba las citas que tenía y a las que añadía luego comentarios. Esa especie de cuaderno de bitácora está repartido en varias libretas y es parte de la documentación sobre la que la Audiencia Nacional acaba de levantar, con algunas restricciones, el secreto del sumario, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

El contenido de esas anotaciones parece tener una finalidad distinta a las de las grabaciones que mantienen atemorizada a la élite política, empresarial y judicial del país. El comisario incluye “reflexiones”, según las fuentes consultadas, y se expresa de un modo un tanto críptico, como si él fuera el único destinatario de esos escritos. La afición a bautizar sus dosieres con nombres originales, que aludieran de algún modo a los encargos que recibía, también aparece en este diario. Es frecuente, afirma quien lo ha visto, que utilice “motes” para referirse a las personas.

La posibilidad de que esos cuadernos fueran de uso interno no elimina el riesgo para aquellos que aparecen mencionados en él. La presunta organización criminal que lideraba el comisario, ahora jubilado, recurría con frecuencia a la vida íntima de los objetivos a desacreditar o chantajear. El policía y sus colaboradores también procuraban tener información de este tipo de cualquier otra persona, susceptible de poder sacarle rendimiento en el futuro. 

El contenido de ese diario corre el riesgo de ser conocido próximamente, después de que la Audiencia Nacional levantara el pasado miércoles el secreto sobre la documentación incautada a Villarejo que no está recogida en soporte digital encriptado. De otras grabaciones de audio o vídeo dice la Sala de lo Penal que puede levantarse el secreto porque no han dado pie desde el pasado junio a la apertura de nuevas vías de investigación, vía pieza separada.

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, acordó levantar el secreto de toda la documentación el pasado 10 de agosto, pero la Fiscalía recurrió y el instructor dejó en suspenso su decisión hasta que la Sala de lo Penal resolviera. La Sección Tercera acaba de decidir que las partes tengan acceso a los papeles de Villarejo previo expurgo de aquella documentación que pudiera afectar a las piezas secretas de investigación, “la intimidad de las víctimas y de terceros no intervinientes”. También aluden los jueces de la Sección Tercera a la “protección a la Seguridad del Estado” que esgrimieron los fiscales y que, sin embargo, “hasta la fecha de hoy” no se ha visto afectada, según la sección presidida por Alfonso Guevara.

Por decisión del juez De Egea

El juez De Egea razonó su petición el pasado verano en que Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, llevaban meses en prisión provisional sin conocer toda la documentación sobre la que pesaba la acusación contra ellos. Redondo salió de prisión el pasado mes de septiembre después de que el juez hubiera sustituido la medida de prisión incondicional por el pago de una fianza de un millón y luego la rebajara a 100.000 euros, con la oposición de Anticorrupción y Podemos, que ejerce la acusación popular. Ambas partes querían que el socio de Villarejo siguieran en la cárcel por el riesgo que aprecian de que obstruya la investigación o se fugue.

La documentación incautada a Villarejo viene protagonizando la actualidad nacional desde que comenzaran a conocerse el contenido de sus grabaciones, ya fuera por el levantamiento del secreto de las piezas separadas en las que habían sido incluidas o por que distintos medios de comunicación hayan publicado otras, con independencia de que fueran o no objeto de investigación judicial. 

Ocurrió con las conversaciones que el comisario mantuvo en 2015 con la antigua amiga del rey Corinna Larsen, que difundió okdiario.com y elespanol.com, o con la comida homenaje a Villarejo en la que participó la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y que publicó moncloa.com. Este medio digital también reveló las conversaciones del comisario en 2009 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Estas últimas grabaciones acaban de ser reclamadas por el juez de la caja B, José de la Mata, por su presunta relación con la financiación irregular del Partido Popular.

Las cerca de 400 carpetas que quedan por desencriptar del archivo digital de Villarejo son un quebradero de cabeza para la élite empresarial, política y judicial del país. La investigación viene acreditando que el comisario lideró un grupo que ofertaba un servicio integral a sus clientes y para los que no dudaban en cometer, entre otros, cohecho, blanqueo de capitales, extorsión o revelación de secretos. El policía se servía de su condición de funcionario público, destinado en la cúpula de la seguridad pública, para acceder a documentación que luego utilizaba para elaborar dosieres que vendía a un alto precio.

La Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía tuvo problemas desde el principio para acceder al contenido de esos archivos y las 7 piezas con las que cuenta la Operación Tándem o caso Villarejo se han abierto con documentación que estaba accesible.

Un año después de que fuera detenido el comisario, el juez De Egea ha remitido al Insituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, las “carátulas” de esas carpetas para intentar encontrar las claves de acceso a su contenido. El Incibe ha recibido el material en los últimos días. En el caso de que fracase, la Audiencia Nacional valora remitir la misma documentación al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que cuenta con otra metodología. El temor de los investigadores es que la encriptación “militar” de los documentos provoque su autodestrucción al utilizarse determinadas vías para el acceso a los mismos.

El juez del caso Tándem, Diego de Egea, afirma en un auto que la Fiscalía Anticorrupción está haciendo una investigación de “carácter prospectivo” en relación a un bufete que contrató al excomisario José Villarejo, cuyos miembros, reitera, no sabían que la información que les daba la obtenía de forma ilegal.

En un auto al que ha tenido acceso Efe en el que confirma el levantamiento de la imputación de cuatro socios y directores del despacho de abogados Herrero & Asociados que contrataron en 2013 a Villarejo para investigar a un bufete de la competencia, el juez critica la investigación que hace la Fiscalía en esta pieza del caso, llamada Iron.

De Egea pone como “ejemplo sintomático” del “carácter prospectivo de la investigación dirigida por la Fiscalía” unos pagos internacionales que hizo el bufete y que los fiscales, cuando pidieron al juez el registro al despacho, sospechaban que podían responder realmente a abonos al excomisario.

A este respecto, el magistrado indica que ha quedado “sobradamente documentado” que estos pagos “responden obviamente al giro o tráfico de una empresa dedicada al registro internacional de patentes y nada tienen que ver” con Villarejo.

“Lo lamentable del caso -prosigue el juez criticando a la Fiscalía- es la situación de sospecha en un periodo tan prolongado de tiempo y con tan escaso material probatorio para comprometer tan gravemente la actividad de una empresa asentada desde hace más de 30 años en el sector y con una reputación intachable, sin el mas mínimo indicio de una actividad delictiva más que solo el del destino de los pagos realizados”.

El magistrado, que también archivó el caso para el excomisario de Barajas Carlos Salamanca, imputado en otra pieza, insiste en que no existen “unos mínimos indicios racionales y objetivos” contra los cuatro miembros del bufete que contrataron a Villarejo.

La Fiscalía recurrió todos estos archivos, pendientes de decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque este auto del juez, fechado el pasado martes, no contesta al ministerio fiscal sino a un recurso del bufete investigado por Villarejo por encargo de Herrero & Asociados.

Este despacho rival alegó que de las grabaciones y otros archivos intervenidos a Villarejo se extrae que los miembros de Herrero & Asociados “conocían la doble condición de funcionario público” del excomisario metido a detective privado y por eso pagaron “cantidades exorbitantes que demostraban la opacidad de los trabajos encargados”.

Los abogados “desconocían los medios” de Villarejo

En una de esas grabaciones, el propio Villarejo alardeó con una socia del despacho de su condición: “Yo soy comisario de Policía, pero hombre, me siguen llamando, pero los cabrones de los gobiernos pagan poco, me piden ayuda... a cambio de eso yo cuando necesito un dato delicado me lo dan ...”.

Sin embargo, para el magistrado estas cuatro personas “desconocían los medios que se utilizarían por parte de la agencia de Villarejo, por entender, por lugar común, que aquellos tenían las herramientas y métodos necesarios para hacer una completa y exhaustiva investigación”

El juez pone el foco en que “no consta acreditado que los investigados solicitasen la contratación de actuaciones ilícitas”, aunque reconoce que los informes que les daba Villarejo “podrían ser indicios de la irregularidad de la actuación de Cenyt”, la agencia de detectives del excomisario.

Pero, insiste, “lo que no consta en ningún caso es que estos servicios respondieron a lo realmente requerido y contratado, ni que satisficieran sus necesidades”.

“A lo más”, insiste, “acreditarían el conocimiento del carácter de la información reservada que se facilitaba, pero no existe un nexo de causalidad con el contenido de la prestación convenida”.

Respecto al “carácter exorbitante” de lo pagado a Villarejo (625.000 euros presupuestados, aunque presumiblemente pagaron la mitad a cuatro empresas del excomisario), el juez cree que hay otros trabajos que realizó para Herrero & Asociados que pueden justificar el dinero, como un informe de seguridad informática de la empresa o la reordenación de su red informática interna. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado en parte el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el levantamiento del secreto de la pieza principal que había dictado el juez del caso Villarejo, Diego de Egea. Así, los archivos digitales -grabaciones y vídeos- incautados a José Manuel Villarejo seguirán bajo secreto y por tanto las partes personadas no tendrán acceso a ellos.

Sin embargo, sí que dispondrán de los documentos en soporte papel que se le requisaron al comisario. El auto que resuelve el recurso de Anticorrupción va firmado por el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, y las magistradas Ángeles Barreiro y Clara Bayarri.

La decisión, por tanto, no afecta a los 40 terabytes en soporte digital que le fueron incautados al comisario en su detención hace un año. Esa documentación contiene cerca de 400 carpetas encriptadas que el juez ha ordenado intente abrir un centro especializado dependiente del Ministerio de Economía.

La Sección Tercera insta al juez del caso a que de la documentación sobre la que orden alevantar el secreto mantenga “las cautelas de reserva” con lo que tenga que ver con las piezas separadas del caso Villarejo que siguen bajo secreto, para la protección a la intimidad de las víctimas y de terceros, así como para “la protección de la seguridad del Estado”.

El comisario José Manuel Villarejo guardaba sus audios y vídeos en carpetas que luego bautizaba con nombres relacionados con los protagonistas de las conversaciones. De acuerdo con los dosieres a los que se ha podido acceder por ahora, la mayoría son encargos de clientes que pagaban por la información que les vendía el policía a precios estratosféricos.

El comisario Villarejo está en prisión provisional acusado de varios delitos, entre ellos liderar una organización criminal que se servía del destino en las altas esferas de la seguridad del Estado del policía hoy encarcalado.

El juez Diego de Egea tiene previsto solicitar al Consejo de Ministros la autorización pertinente para que varios acusados en el caso Villarejo puedan revelar ante él secretos oficiales, informan fuentes jurídicas. Al menos unos de ellos, el comisario Enrique García Castaño, asegura que debe hablar de material clasificado para poder defenderse, según adelantó eldiario.es.

García Castaño, imputado por vender datos confidenciales a su compañero José Manuel Villarejo, ha alegado ante el juez que necesita aludir a identidades secretas, operaciones encubiertas y manejo de fondos reservados para defenderse de la acusación por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales que pesa sobre él en el marco de la Operación Tándem.

La tesis de la defensa de García Castaño es que toda la acusación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en las grabaciones que Villarejo realizó sin su permiso de conversaciones mantenidas entre ambos. Esas conversaciones, alega el comisario, se produjeron en el marco de investigaciones policiales y no de los hechos delictivos que se le atribuyen.

La ley que rige los secretos oficiales data de 1968. En su punto cuarto recoge que la calificación como tal corresponde “exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”. Una ley de la época de Felipe González, la 11/1995 regula los fondos reservados, pero remite a la anterior, del régimen franquista, para determinar quién puede conceder o retirar la clasificación de secreto a esta materia. Un protocolo reservado, y redactado en Interior a raíz de la promulgación de esa ley, desarrolla el uso de los fondos reservados.

El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’ y al que defiende el despacho de Baltasar Garzón, reiteró su petición para revelar secretos oficiales después de que aparecieran las primeras noticias que le vinculan con el pago de fondos reservados al chófer de los Bárcenas.

Fuentes del caso recelan de lo que consideran una maniobra para distraer los indicios contra él, pero la autorización de revelar secretos oficiales también se extenderá a otros implicados en el caso que sí podrían aportar información relevante para la causa.

La Fiscalía pide imputar a Pino

La fiscalía Anticorrupción ha solicitado varias diligencias al juez en la pieza secreta 7, que investiga la Operación Kitchen. Entre ellas está las declaraciones como imputados del chófer, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, y del que fuera número dos de la Policía, Eugenio Pino. Este comisario, artífice de la brigada política de la Policía en tiempos del PP, acaba de ser procesado por haber intentado colar presuntamente información robada en la causa contra los Pujol que investiga la Audiencia Nacional.

Otro juez, el del caso de la caja B, ya se ha dirigido a Interior solicitando material qu cuenta con la clasificación de secreto, referente a los pagos al chófer con los fondos reservados. Los pide porque investiga la financiación irregular del PP y, según informaciones periodísticas, Ríos habría sustraído información al respecto del domicilio de los Bárcenas para entregársela al comisario Villlarejo. En ese caso, el Gobierno también tendrá que decidir si levanta el secreto de la documentación que guarda Interior sobre los pagos.

La grabación de una discusión mantenida por teléfono en 2005 entre los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos poderosos mandos policiales en la época y actualmente imputados por graves delitos, pone de manifiesto las precauciones que tomaban en sus comunicaciones con el objetivo de no ser descubiertos. En uno de los informes incorporados al sumario de la Operación Tándem, Asuntos Internos mantiene que esta prevención evidencia que el agente era consciente de la “ilicitud de sus negocios”. 

En el audio, al que ha tenido acceso eldiario.es, García Castaño reprocha de manera acalorada a Villarejo que le hubiera enviado una información a su cuenta oficial de correo electrónico. “¡No me mandes correos electrónicos! ¡No me seas gilipollas, tronco!”, le espeta. “¡Que tiene rastreador, coño!”, añade antes de decirle que no sea “pardillo” y que, si a él le ordenaran investigarle, lo pillaría “en tres minutos”. “Es que no entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han pillao nunca”, insiste minutos después. 

Villarejo, por su parte, se defiende diciendo que se ha comunicado desde una dirección que no tiene “nada que ver” con él y que sólo era una información que había salido publicada en la agencia Europa Press dos semanas antes. “Es que le das demasiada importancia”, le dice en otro momento.  

La discusión tuvo lugar el 17 de octubre de 2005. Entonces, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, donde ejercía como una suerte de liberado al servicio de la cúpula del Cuerpo. García Castaño, por su parte, era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía, y encargada de colocar los sistemas de escucha y rastreo y de captar fuentes de información y de pagarlas, entre otros cometidos. Este último dirigió la UCAO entre 1994 y 2017, con una interrupción de un año en 2005 por la destitución que ordenó el comisario general Telesforo Rubio.

La grabación está incorporada a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra García Castaño por revelación de secretos, cohecho, blanqueo y pertenencia a organización criminal, y que el juez Diego de Egea separó del caso en el que Villarejo es el principal imputado. Este último permanece recluido en la cárcel madrileña de Estremera desde noviembre del año pasado acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo, utilizando las ventajas de su condición de funcionario público (placa, pistola...). 

En otra parte de la conversación, que tiene una duración de cinco minutos, García Castaño insta a Villarejo a tener cuidado con los teléfonos móviles, a los que también se refiere como “canutos”. “¡Joder con el puto teléfono, los putos teléfonos móviles, joder, hostias! ¡Hazme caso, joder!”, grita. Y añade: “¡Es que me ponéis de los nervios, joder! Porque no sois profesionales, ¡cojones! (...) Hay que trabajar como un profesional, tronco, porque no se puede trabajar como un pardillo”. 

Villarejo procura quitarle importancia al incidente. Le dice que no se preocupe, que es una “chorrada”. Pero García Castaño no parece estar muy convencido de ello. E insiste en que este tipo de cosas son “malas” para el “trabajo operativo”. “Es que no entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han pillao nunca. ¡Yo no lo entiendo, macho!”, añade. “Será porque no soy tan malo como tú crees”, intenta entonces zanjar Villarejo. A continuación, ambos quedan para verse el día siguiente y “matizar” todas las cosas.   

Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos forman parte de un “clan policial mafioso” en el que Villarejo, acusado de montar una estructura paralela desde la que ofrecía todo tipo de servicios a la élite empresarial (informes para desacreditar a adversarios, extorsiones, chantajes...), actuaba como líder. García Castaño, por su parte, está acusado de suministrarle información confidencial y reservada para que éste elaborara los documentos que luego Villarejo vendía a precios desorbitados. 

Una conversación en 2005 entre los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos mandos de unidades especiales de la Policía en ese momento, extiende la sospecha de las presuntas actividades criminales en el seno del Cuerpo a agentes de la escala básica, de los que tienen encomendado el trato directo con los ciudadanos. En la grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los dos comisarios –imputados hoy por graves delitos– planean que agentes de la comisaría de Vallecas cobren 3.000 euros por desalojar con violencia el solar de un empresario amigo suyo.

El encuentro entre ambos comisarios se produjo el 19 de mayo de 2005 en el coche de Villarejo. En ese momento, Villarejo es agente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, una suerte de liberado al servicio de la cúpula del Cuerpo. García Castaño era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía pero que facilita medios de escucha y seguimiento, así como captación de información en fuentes, a otros agentes antiterroristas y también a otros dedicados a combatir el crimen organizado o la corrupción.

En un momento de la charla, Villarejo le recuerda a García Castaño algo que, según apunta la conversación incorporada al sumario de la Operación Tándem, ya le había avanzado con anterioridad. Un constructor amigo suyo tenía una propiedad en Vallecas que unas personas habían ocupado. El jefe de la UCAO le propone decírselo a policías conocidos que trabajan en Vallecas y darles 3.000 euros por que echen a los okupas a “hostias”. García Castaño recomienda que lo hagan agentes “básicos”, en alusión a policías de la escala básica. A Villarejo le parece una buena idea. Él quería tener “un detalle” con los policías que agredieran a los okupas, pero el empresario, un tal “Felisón”, estaba empeñado en pagar.

Otra grabación de cinco meses después, concretamente del 12 de octubre de 2005, revela que los planes siguieron adelante. En ese audio, García Castaño asegura que su conductor Pedro, al que refiere como Pedrito, ha estado en el solar y que “ve muy fácil hacer una perrería”. Y añade que “no hay ningún problema con montar una bronca” y que “lo ve chupao”. Ambos comisarios acuerdan que el día que los policías vayan a sacar por la fuerza a los okupas tiene que haber máquinas cerca para derribar la casa y dos vigilantes jurado preparados para custodiar la demolición. 

La grabación, cuya transcripción fue adelantada por El Español, está incorporada a la causa que se sigue contra García Castaño por revelación de secretos, cohecho, blanqueo y pertenencia a organización criminal, y que el juez Diego de Egea desgajó del caso en el que Villarejo es el principal imputado. De momento, los comentarios referidos no son objeto de investigación, según han confirmado fuentes jurídicas. Los posibles delitos que se podrían haber llegado a producir estarían, en cualquier caso, prescritos, añaden.

Los desalojados iban a ser “tres o cuatro okupas”, unos “piojosetes”, según la descripción que hace Villarejo, quien lleva once meses en prisión provisional imputado por organización criminal, cohecho, blanqueo y revelación de secretos, entre otros delitos. Entre esa charla y su detención pasan doce años, tiempo en el que Villarejo fue condecorado por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy con sendas medallas pensionadas.

Villarejo explica a García Castaño que el empresario quiere deshacerse de los okupas sin esperar a una sentencia judicial, que puede demorarse “tres o cuatro años”. “Son jovencitos, deben ser españoles, se han metido y no hay manera”, explica el primero. Enrique García Castaño, conocido como ‘El Gordo’ en la Policía, cree que hay quien puede hacerlo: “Un coleguilla de esos guarros sí lo hace, básicos, básicos…”, en referencia a miembros de la escala básica, esto es, policías y oficiales. Un agente que tiene asignado como conductor, un tal Pedro, vive en Vallecas y puede conocer a los policías que se encargarían, cuenta. “Les dices que se llevan 3.000 euros y lo hacen que te cagas”.

La Fiscalía Anticorrupción cree que ha dado en la Operación Tándem con un “clan policial mafioso” en cuya cúpula estaría el comisario José Manuel Villarejo Pérez, jubilado en agosto de 2016 tras 33 años en la Policía. Villarejo habría utilizado su condición de funcionario público para montar una estructura empresarial paralela desde la que ofrecía todo tipo de servicios a personas acaudaladas, desde dosieres para desacreditar a adversarios, extorsiones, chantajes… García Castaño está acusado de suminitrar información confidencial y reservada a Villarejo para que él elaborara los dosieres que luego vendía a la élite empresarial a precios desorbitados. Todas las piezas abiertas por la Operación Tándem salpican a empresarios.

La disciplina con la que el comisario José Manuel Villarejo grababa a sus interlocutores ha acabado por incriminar también a sus colaboradores. El último ejemplo es el de su amigo Carlos Salamanca, el excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuya causa fue archivada por el juez de la Operación Tándem el pasado julio. La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar la reapertura aportando el contenido de una conversación recientemente localizada por la Unidad de Asuntos Internos entre el archivo secreto del comisario Villarejo.

Salamanca estuvo imputado por organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delito contra los ciudadanos extranjeros. Fue detenido el 3 de noviembre de 2017 en el despacho de su último destino, la jefatura de una unidad central de Extranjería, y excarcelado cuatro meses después con la oposición de la Fiscalía. Anticorrupción cree que cobró dádivas a cambio de introducir irregularmente a ciudadanos guineanos y fondos por el aeropuerto de Barajas y que participó, junto a Villarejo, en el dosier para desprestigiar a Gabriel Obiang, uno de los hijos del dictador guineano, por encargo de otro de sus vástagos. El juez Diego de Egea concluyó en julio que “no existe un mínimo indicio revelador” de todo ello.

La investigación a Villarejo parte de la denuncia de Francisco Menéndez Rubio, El Pagafantas, empresario que actuaba como representante de los guineanos. Menéndez había entablado a finales de 2011 relación con Salamanca, al que colmaba de prebendas a cambio de favores, según la Fiscalía; simples regalos entre amigos, para el juez De Egea.

El 3 de mayo se 2012 se reúnen Villarejo, su socio Rafael Redondo y el empresario Menéndez. Los tres hablan del viaje que éste último ha realizado a Londres junto a Carlos Salamanca, las esposas de ambos y otra pareja. Todo el viaje lo pagó una empresa controlada por Menéndez, por la que fluían los fondos procedentes de Guinea, según Anticorrupción. Una prueba del delito de cohecho que atribuyen a Menéndez y al comisario Salamanca.

Menéndez se queja en la grabación de que ha estado “presionado todo el tiempo” que ha pasado en Londres (del 28 de abril al 1 de mayo de 2012) por parte de los clientes guineanos y que al final tuvo que tratar directamente con ellos el comisario Salamanca. Para los fiscales es el indicio definitivo de que Salamanca participó en la actividad criminal.

Menéndez: He estado presionando todo el tiempo. Carlos se tuvo que poner al teléfono.

Villarejo: ¿Ah, sí?

Menéndez: Y le estuvo contando la parábola del cochinillo cuando se hace…

(Risas de Villarejo y Rafael Redondo)

Menéndez: … esto, Billy (alias para Crispín Edu Tomo Maye)... para que lo entiendas, es como un cochinillo. Tú lo compras, pero no te lo puedes comer. Tienes que asarlo, condimentarlo, esto lleva tiempo y tal. A ver si me entiendes.

Villarejo: sí, sí.

Menéndez: Pues no lo entienden.

A juicio de los fiscales, esta conversación “pone de manifiesto el conocimiento que Carlos Salamanca disponía en relación al encargo del Proyecto King, así como la función de intermediario entre Villarejo y sus clientes”. Esos clientes directos son el citado Crispín Edu Tomo Maye, ‘Billy’, y Cándido Nsue Okomo. El juez basaba su archivo en que solo tenía una declaración con lagunas del empresario Menéndez que no podía corroborar con ninguna otra fuente de prueba.

En su auto, el juez alegó que “no existe un mínimo indicio revelador” contra el comisario, su esposa y uno de sus hijos, éstos igualmente imputados. No consta, añadía, la identidad de ninguno de los ciudadanos extranjeros que pudieron haberse visto beneficiados por en las concesiones de visados, ni tampoco prueba documental sobre la expedición irregular de esos. Tampoco se conoce quién puedo introducir fondos de origen desconocido.

El juez no descarta que Salamanca recibiese “dádivas”, pero señalaba que no existen elementos suficientes como para considerar que lo fueran por su función policial o para que este comisario realizara un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.

Menéndez: Joé, macho, estuve en Londres en el hotel, justo al lado de la embajada de Guinea (ininteligible).

Villarejo: ¿Qué hotel era?

Menéndez: Saint James and Clark.

Villarejo: ¿Ah, precioso hotel! Muy bonito. Es un hotel boutique de esos...

Menéndez: Sí... (ininteligible)... conoce. Es que...

Rafael Redondo: Lo sabe todo.

Menéndez: Es como Mario Conde. Se lo sabe todo.

Villarejo: ¿Eh?

Rafael: Mario Conde, no. No, no compares.

Villarejo: Precioso.

Menéndez: Yo flipé. Al lado de la embajada de Guinea. Arrían bandera, y salíamos, y dábamos...

Villarejo: Qué te dije, has visto Carlitos qué divertido es para viajar con él. Es muy buena gente y además es un tío mu... Palomita (apelativo para referirse a la mujer de Salamanca) es muy buena gente.

Menéndez: Sí, muy buena gente. Lo pasamos muy bien. Se pasaron los días rápido.

En el escrito que presentan ahora los fiscales insisten en sus argumentos del recurso de julio contra el cierre de la causa. Así, los fiscales aseguran que en la documentación puesta a disposición de la Audiencia Nacional por Francisco Menéndez hay “plena coincidencia, no solo con la relación al objetivo del Proyecto y sus intervinientes -Villarejo, Cándido, Redondo, Crispín y, como intermediador, Carlos Salamanca-, sino también en lo que se refiere al pago inicial del proyecto, 1.675.000 euros de los 1.700.000 inicialmente pactados, lo que parece indicar la existencia de una comisión de 25.000 euros para algún interviniente en el negocio”.

Menéndez: Me llamó allí el Billy... Oye, es que me han llamado, eh... que están presionando, que... que... que a ver cuando se acaba... y le digo: mira, estoy en ello; y Carlos, Carlos me escucho y dice, déjamelos, pásamelos...

Villarejo: Pero vamos a ver...

Menéndez: Y le estuvo explicando la parábola...

Rafael: Pero nunca nos contratasteis para, o sea, inicialmente nuestro trabajo no era parar aquello, aunque yo, macho...

Reproches al juez De Egea

La petición de reapertura está repleta de reproches a la actuación del juez. Entre ellas, que el magistrado De Egea aún no ha resuelto la petición de la Fiscalía del mantenimiento de las medidas cautelares contra Salamanca que le plantearon el 23 de julio. Aquel archivo fue, aseguran, un “cierre en falso de la investigación” ya que entonces estaban pendientes “importantes diligencias de investigación, principalmente el análisis del material incautado”, del que se había analizado “un porcentaje muy escaso” cuando el magistrado decidió archivar la causa.

“Los nuevos hallazgos -añaden- colman la exigencia del instructor sobre la necesidad de corroboración objetiva y externa de las manifestaciones de Francisco Menéndez Rubio, sin que sus manifestaciones puedan seguir tachándose de contradictorias, ni inverosímiles, ni insuficientes”.

Ante la afirmación del juez de que Menéndez no había aportado nombres de guineanos beneficiados por la actuación de Salamanca en el aeropuerto de Barajas, dicen: “Lo que obvió el instructor de forma ostentosa fue que dicho investigado sí había aportado nombres muy concretos de ciudadanos ecuatoguineanos beneficiados por Salamanca Vilches”.

Los fiscales, además, no se explican cómo se puede haber exonerado del cohecho impropio a Salamanca, por recibir regalos, y no a quien los realizaba, en referencia al empresario, que sigue imputado. “Resulta de una soberana incoherencia”, llegan a decir.

El comisario José Manuel Villarejo guardaba sus audios en carpetas que luego bautizaba con nombres relacionados con los protagonistas de las conversaciones. De acuerdo con los dosieres a los que se ha podido acceder por ahora, la mayoría son encargos de clientes que pagaban por la información que les vendía el policía a precios estratosféricos. El número de carpetas que le fueron incautadas en la Operación Tándem a Villarejo ronda las 400, según han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.

Encriptadas en su mayoría, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, recibió hace dos semanas el encargo del juez para descifrar los códigos que abren esas carpetas. King, Iron, Land, Pit, Carol, Pintor y Big son los nombres de piezas abiertas a raíz de otros tantos dosieres. Todas respetan los nombres con los que Villarejo bautizó esas carpetas, a excepción de Pintor. Los investigadores acordaron cambiar el nombre original, “AR”, para evitar el escarnio a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, amiga del policía, pero ajena a una investigación que va dirigida contra su marido y el hermano de éste por haber contratado supuestamente los servicios de Villarejo para cobrar una deuda.

Los límites para que esos 400 dosieres se conviertan en otras tantas investigaciones son tres. En primer lugar, que los especialistas del Instituto Nacional de Seguridad superen la encriptación. El segundo, que una vez analizado su contenido, éste contenga indicios de delito por Villarejo. El tercero, que esos delitos no estén prescritos.

Aun así, el volumen de la información almacenada por Villarejo, casi 40 terabytes, amenaza con desbordar la capacidad del Juzgado de Instrucción número 6 y de toda la Audiencia Nacional. Hasta ahora, se han abierto piezas separadas por cada dosier, con la excepción de la carpeta Big, convertidas en diligencias separadas por decisión del juez Diego de Egea.

Big es el nombre que Villarejo dio a la carpeta donde archivó sus negocios con el también comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo. Éste habría suministrado información reservada a Villarejo con la que el policía jubilado elaboró informes que vendió a sus clientes. García Castaño está imputado por organización criminal, revelación de secretos, cohecho y blanqueo. La defensa de El Gordo acaba de solicitar al juez que le facilite la autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos de Estado de los últimos 30 años que explicarían que las conversaciones grabadas con Villarejo no versan sobre una práctica delictiva sino sobre operaciones secretas de la Policía.

Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que una avalancha de nuevas investigaciones que surjan de las carpetas cifradas provoque que el magistrado intente que sean repartidas por los distintos juzgados de la Audiencia Nacional. Por otra parte, El País publicó que el comisario guarda tres copias de su archivo en distintos puntos del extranjero.

Mientras tanto, un nuevo actor se ha visto implicado en los negocios de Villarejo. Según elindependiente.com, el BBVA pagó cinco millones de euros por trabajos a las sociedades del comisario entre 2012 y 2017, mientras Villarejo se encontraba en activo en la Policía. El jefe de seguridad del BBVA durante esos pagos fue Julio Corrochano, alto mando de la Policía antes de pasar a la empresa privada. El banco ha reconocido los pagos y ha añadido que obligaba a su proveedor a “cumplir la Ley”.

Entre la alta sociedad

Las revelaciones del archivo de Villarejo señalan que sus clientes son miembros de la alta sociedad. Los socios del bufete de abogados Herrero y Asociados contrataron los servicios de Villarejo para atacar a otro despacho de antiguos socios, de los que sospechaban que estaban practicando competencia desleal. Villarejo abrió el dosier Iron y pidió a los letrados 600.000 euros, de los que se llegaron a abonar la mitad, según creen los investigadores. Herrero y Asociados son un exclusivo bufete del madrileño barrio de Salamanca especializado en patentes y marcas.

Otro cliente de Villarejo resultó ser la dueña de La Finca, la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, donde viven las grandes estrellas del fútbol y otras de las rentas más altas de la capital. Susana García Cereceda y un socio contrataron los servicios del policía en 2013 para conocer los movimientos e intimidades de su hermana Yolanda y de otros miembros de la familia con los que estaban enfrentados por la herencia familiar. Villarejo les facilitó el resultado de seguimientos y tráfico de llamadas. Anticorrupción cree que cobró por eso 362.082 euros.

La pieza Pit se mantiene secreta y alude al encargo del empresario Ángel Pérez Maura el pasado año para evitar su extradición a Guatemala por un presunto soborno millonario al expresidente del país Otto Pérez, a cambio de una gran obra. La existencia de la pieza y la posible participación en los hechos de la ministra Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional fueron desveladas por elconfidencial.com. Anticorrupción asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito en la actuación de Delgado, que habría sido circunstancial -en sustitución del fiscal del caso- en los trámites en los que la Fiscalía rechazó que Pérez Maura fuera entregado al país centroamericano.

La ministra aparece también en otra pieza separada de Tándem, la que abrió el juez para determinar el origen de las grabaciones publicadas por moncloa.com sobre una comida en 2009 donde Dolores Delgado comparte mesa con Baltasar Garzón y varios mandos policiales. Los comentarios homófobos de la ministra y la confesión que le hace Villarejo sobre una falsa agencia de modelos que había creado, y que en realidad era un prostíbulo para recabar información, han puesto en el disparadero a Delgado, que ha sido reprobada tanto en el Congreso como en el Senado.

La grabación de la comida de la ministra podría haber sido filtrada por personas ajenas al entorno de Villarejo a cambio de dinero, sospechan fuentes del caso. La defensa del comisario niega que éste o sus allegados estén detrás de la difusión, que perjudicaría su estrategia de defensa. La sospecha de que hay otra trama, ajena en la actualidad al policía, en posesión de grabaciones realizadas en el pasado por Villarejo, ha encendido la alarma en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

A principios de 2017, los hermanos Fernando y Juan Muñoz, éste último marido de Ana Rosa Quintana, habrían recurrido al comisario para cobrar una deuda que tenía con ellos Mateo Martín Navarro, al que se referían como El Pintor, de ahí el nombre de la pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Permanece como un misterio por qué Villarejo llamó Carol al dosier que guardaba las conversaciones con Corinna Larsen, la antigua amante del rey, en Londres, en presencia del expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Por el contenido de esa grabación, la Fiscalía Anticorrupción estudió si solicitar la imputación del rey emérito, al que la aristócrata alemana acusaba de prácticas que podían incurrir en varios delitos.

La falta de indicios solidos y la inviolabilidad del rey hasta 2014 provocaron que la Fiscalía pidiera muy pronto el archivo de la causa, reservándonse la apertura de una pieza aparte por unas comisiones que, en principio, no salpicarían a Juan Carlos I. El juez acordó finalmente archivar la pieza Carol.

La defensa del comisario Enrique García Castaño ha solicitado a la Audiencia Nacional que le facilite la autorización necesaria para poder revelar información reservada que ha manejado “durante más de treinta años”. García Castaño, imputado por vender datos confidenciales a su compañero José Manuel Villarejo, alega que necesita aludir a identidades secretas, operaciones encubiertas y manejo de fondos reservados para defenderse de la acusación por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales que pesa sobre él en el marco de la Operación Tándem.

La tesis de la defensa de García Castaño es que toda la acusación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en las grabaciones que Villarejo realizó sin su permiso de conversaciones mantenidas entre ambos. Esas conversaciones, alega el comisario, se produjeron en el marco de investigaciones policiales y no de los hechos delictivos que se le atribuyen. La Ley de Secretos Oficiales solo permitiría al comisario aludir a esa información en sede judicial previa autorización del Consejo de Ministros, según expone su defensa.

Las referencias a los secretos oficiales son necesarias para formar un “relato explicativo” y que el juez Diego de Egea entienda el verdadero significado de las grabaciones, añade la defensa de García Castaño, que ejerce el despacho de Baltasar Garzón. Fuentes del caso advierten de una posible maniobra para, una vez se le deniegue el permiso para hablar de asuntos confidenciales, el comisario alegue indefensión y vulneración del derecho a la defensa.

‘El Gordo’, como se conoce a García Castaño en la Policía, ingresó en el Cuerpo en el mes de junio de 1975 y enseguida fue destinado al Servicio de Información, al principio al seguimiento de las tramas involucionistas (contrarias al nuevo régimen democrático) por su conocimiento de los ambientes ultras.

El grueso de la carrera de García Castaño se ha desarrollado, sin embargo, en la lucha antiterrorista. La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, le calificó como “uno de los principales expertos españoles en materia de terrorismo yihadista y de ETA” al aludir a su presencia en la comida de homenaje a Villarejo a la que ella también asisitió en 2005 y cuya grabación ha sido publicada por moncloa.com.

García Castaño dirigió la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) entre 1994 y 2017, con una interrupción de un año por la destitución que ordenó el comisario general Telesforo Rubio en 2005. La UCAO es la unidad que se encarga de colocar los sistemas de escucha y rastreo y de captar fuentes de información y de pagarlas, entre otros cometidos. Está enmarcada en la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía, pero, como se encarga de recordar el comisario en su escrito al juzgado, participa también en operaciones contra la corrupción y el narcotráfico. ‘El Gordo’ no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas las importantes.

“En el corazón de los secretos”

“Desde este momento, el señor García Castaño anuncia que esa declaración o declaraciones afectarían a personas concretas cuya identidad deberá ser protegida por las autoridades competentes, afectando igualmente a operaciones policiales precisas relacionadas con la seguridad del Estado y a sistemas operativos en la investigación del terrorismo, la corrupción y el crimen organizado”, advierte la defensa en el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.  “La UCAO está en el corazón de los secretos dispuestos por el Consejo de Ministros”, dice el letrado sobre la unidad que mandó su cliente.

El comisario García Castaño fue detenido el 11 de julio pasado por la Unidad de Asuntos Internos con una orden de la Fiscalía Anticorrupción que no respaldó el juez. Tras declarar ante el magistrado De Egea, el instructor de la Operación Tándem lo puso en libertad con medidas cautelares. Anticorrupción había solicitado su ingreso en prisión incondicional.

Durante su declaración, desvelada por Abc, el comisario aseguró que Villarejo le adelantaba dinero para pagar confidentes y que colaboró con él en relevantes operaciones, siempre con el conocimiento de los comisarios generales de Información y de los directores adjuntos operativos de la Policía. La Fiscalía, sin embargo, considera que García Castaño utilizaba su cargo para acceder a datos confidenciales y vendérselos a Villarejo. Éste habría utilizado esos datos para vender dosieres a sus clientes por cientos de miles o millones de euros.

En la citada declaración como imputado, García Castaño ya dejó claro al juez y los fiscales el tipo de información que atesora. Ocurrió cuando, por iniciativa propia, le explicó a uno de los fiscales que él obtenía la identidad de titulares de números de teléfono sin autorización judicial, a través de sus “amigos” en las compañías telefónicas. Y añadió que a esa práctica le instaban los propios jueces de “esta casa”, en referencia a la Audiencia Nacional, para asombro del fiscal. El juez De Egea consideró que ese comentario trascendía el objeto de la investigación y ordenó continuar el interrogatorio con otra cuestión.   

Ahora, García Castaño pretende “desplegar en toda su extensión su derecho a la defensa, junto a una irrestricta y abierta colaboración con la justicia”. Para ello, añade su abogado, debe “poder relatar en detalle los pormenores de esas conversaciones como evidencia de descaga penal, con la única finalidad de contribuir al esclarecimiento de la verdad”.

La defensa de Villarejo alude a tres acuerdos del Consejo de Ministros de 1986, 1996 y 2010 que establecen como información “secreta” todo lo relativo a las operaciones de los “servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”, además de las estructuras que los componen.

“En las conversaciones intervenidas y transcritas por la Unidad de Asuntos Internos, el Ministerio Público hace alusión repetidamente a diversos pasajes en los que se habla de cantidades que, si bien el señor García Castaño debe garantizar el secreto, dichas cantidades podrían estar vinculados al uso y destino de gastos o fondos reservados”, advierte. La Ley de Gastos Reservados ubica a los mismos en la categoría de “secreto oficial”, añade.