El juez rechaza reabrir la investigación contra Carlos Salamanca y clientes de Villarejo que pedía Anticorrupción
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha rechazado este miércoles reabrir la investigación contra el ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca y clientes del comisario jubilado José Manuel Villarejo implicados en las piezas 'Land' y 'Iron' de la conocida como 'operación Tándem', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las tres investigaciones fueron archivadas el pasado mes de julio por el juez, pero la Fiscalía Anticorrupción se mostró en contra en todas ellas, por lo que recurrió y solicitó la reapertura aportando el contenido de una conversación localizada por la Unidad de Asuntos Internos entre el archivo secreto del comisario Villarejo. Ahora, De Egea se ha negado, aunque aún queda que se pronuncie la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Fue el 18 de julio cuando el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó el sobreseimiento de la parte de la causa sobre Villarejo que afectaba a Salamanca, su mujer y su hijo por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y contra los ciudadanos extranjeros.
De Egea argumentó que la imputación de Salamanca en la pieza 1 de la causa se sostenía en una “leve cimentación” y que la amistad con otro investigado, Francisco Menéndez Rubio, podía justificar las dádivas o regalos que habría recibido el ex comisario jefe de Barajas, al que se acusaba de conceder “favores fronterizos” en el aeropuerto, concretamente visados a ciudadanos extranjeros, a cambio de contraprestaciones.
Los fiscales del caso no estuvieron de acuerdo y recurrieron el archivo directamente ante la Sala de lo Penal, que aún no se ha pronunciado, así que a principios de octubre decidieron pedir al juez la reapertura con respecto al ex comisario jefe de Barajas. De este modo, alegaron que el cierre había sido “precipitado” y que se habían hallado “nuevos elementos incriminatorios contra Carlos Salamanca que serían constitutivos de los delitos de cohecho y de prevaricación administrativa”.
Los visados los autorizaba el comisario general
Sin embargo, ahora el magistrado vuelve a insistir en que en el aeropuerto de Madrid se realizan “numerosos visados con la aplicación de su correspondiente protocolo”, siendo los visados de frontera “muy específicos” y los trámites de expedición “muy reglados”. Así, la autorización final correspondía al comisario general, superior en rango a Salamanca. Y además, no cree que se haya aportado ningún elemento documental o de carácter testifical que contradiga esto.
Por tanto, el juez afirma en su auto que no existen “elementos racionales de imputación que determinen que las potenciales dádivas o regalos entregados a Carlos Salamanca” lo fueran para la realización de algún “acto contrario a los deberes inherentes a su cargo”.
De Egea habla, en concreto, de uno de esos posibles regalos que habría recibido el ex comisario jefe, un vehículo de marca Porche. Según el juez, el coche “nunca fue de titularidad” de Salamanca, ya que siempre lo fue de Francisco Menéndez Rubio. Sí es cierto, admite, que el policía abonó en efectivo una anualidad del seguro porque figuraba en el mismo como conductor habitual, pero que no consta que nadie le entregara previamente ese dinero, como asegura Anticorrupción.
De este modo, y a diferencia de lo que opina el Ministerio Público, el magistrado de refuerzo considera que no se han encontrado “nuevos indicios incriminatorios objetivos y racionales de imputación” sobre el ex comisario jefe de Barajas y que los fiscales se basan en “proyecciones especulativas sobre los hechos” para solicitar la reapertura de la investigación.
Aseguran que no conocían los métodos de Villarejo
También en julio, el magistrado archivó otras dos investigaciones dentro de la 'operación Tándem', las que concernían a clientes de Villarejo y que estaban imputados en las piezas 2 y 3 de la causa, denominadas 'Iron' y 'Land', respectivamente. En esas dos piezas, el comisario jubilado continúa investigado.
En el caso de 'Iron', De Egea cerró la investigación contra cuatro directivos del despacho de abogados Herrero y Asociados que contrataron presuntamente los servicios del expolicía para hacer un informe de seguimiento de varios antiguos socios. El juez entendió que no existían unos “mínimos indicios racionales y objetivos” de su participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que atribuía la Fiscalía.
La pieza 'Land', por su lado, investigaba también la contratación como detectives privados del Grupo Cenyt, el entramado empresarial propiedad de Villarejo, por parte de los promotores de la urbanización madrileña de La Finca.
En ambos casos, el magistrado rechaza reabrir las dos investigaciones porque insiste en que los clientes “no conocían los medios que iban a ser utilizados por parte de la agencia de detectives privados, al estimar que tenían las herramientas y métodos necesarios para hacer más completa y exhaustiva dicha investigación privada”.
Tanto en el caso del despacho de abogados como de los promotores de la urbanización madrileña, los contratos con Villarejo se hicieron de manera verbal, pero De Egea considera que esta circunstancia “no desvirtúa la falta de conocimiento” por parte de los clientes “de la utilización de las técnicas de investigación que se utilizaron” así como del hecho de que el Grupo Cenyt no disponía de la “preceptiva habilitación legal para el desarrollo de su actividad”.
Sobre las conversaciones intervenidas en las que, según el Ministerio Público, se deja constancia de que los clientes de Villarejo conocían su condición de policía y sus métodos, el juez las descarta como prueba, ya que indica que los fiscales del caso no han tenido en cuenta “el conjunto de la conversación” ni el “contexto”.
Además, subraya que los pagos de los clientes al comisario jubilado siempre fueron por transferencia bancaria, un método con el que, a su juicio, “la opacidad desaparece” y se transforma en “transparencia”.
