El exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha ingresado este miércoles por la tarde en la prisión de Lledoners para cumplir con la pena de prisión impuesta en una de las piezas del caso de corrupción Mercurio, que acabó con su carrera política en el año 2012.

La Audiencia de Barcelona había dado en diciembre un mes a Bustos para escoger el centro penitenciario en el que ingresar para cumplir la condena de tres años de prisión y 16 de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias por haber acordado con los jefes de la policía local de Sabadell la retirada de multas de tráfico a su mujer y a sus hijos. El Tribunal Supremo había ratificado en marzo la sentencia de la Audiencia de Barcelona, abriendo así la puerta a su entrada en la cárcel. Era la tercera condena por corrupción de Bustos en el caso Mercurio.

Los magistrados confirmaron el ingreso en la cárcel del exalcalde de Sabadell al no apreciar “circunstancias excepcionales” que justificaran la suspensión de la pena de cárcel solicitada por Bustos. El exedil suma ya tres condenas por el caso Mercurio, y tiene otro juicio pendiente en el que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por corrupción.

La primera condena de Bustos fue por haber intercedido para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC. Logró no entrar en prisión a cambio de realizar un curso de prevención de la corrupción. La última condena no fue como autor de un delito, sino como beneficiario de la corrupción del consorcio de residuos de Sabadell, que le pagó un viaje al congreso del PSOE en 2012. Bustos devolvió el dinero.

Pero Bustos no ha podido orillar la cárcel y, casi nueve años después del estallido del caso Mercurio, ha ingresado en un centro penitenciario por la causa de la retirada de multas de tráfico. El ingreso en la cárcel de Bustos se produce pocas semanas después de que otro expolítico socialista condenado por una trama de corrupción, el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también entrara en prisión para cumplir condena.

La defensa de Bustos había alegado la poca cuantía (333,5 euros) de las multas y que había devuelto el dinero para considerar que no se trataba de un caso de corrupción. El tribunal discrepó y alertó de que no se podía “banalizar” el caso. “El beneficio económico fue nimio realmente, pero su actuación supuso un descrédito gratuito para la administración pública causado por la autoridad con más rango municipal como es el alcalde, que la utilizó en su propio beneficio”, resaltó la Sala.

La Justicia a veces es lenta, pero todo llega. La Audiencia de Barcelona ha denegado este jueves la petición del exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos para suspender la pena de tres años de cárcel impuesta en el caso de corrupción Mercurio. El tribunal da un mes al exedil para que escoja en qué centro penitenciario quiere ingresar.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo la condena de tres años de prisión y 16 de inhabilitación a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias por haber acordado con los jefes de la policía local de Sabadell la retirada de multas de tráfico a su mujer y a sus hijos. Los magistrados del Alto Tribunal ratificaron la sentencia de la Audiencia de Barcelona, abriendo así la puerta a su ingreso en prisión. Era la tercera condena por corrupción de Bustos en el caso Mercurio.

La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular del caso, se había opuesto a la petición de Bustos para suspender su ingreso en la cárcel. En un auto, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona confirma el ingreso en la cárcel del exalcalde porque no aprecia “circunstancias excepcionales” que justifiquen la suspensión de la pena de cárcel por unos hechos que, recalca el tribunal, “no son banales” sino que están enmarcados dentro de la corrupción política.

Bustos suma tres condenas por el caso Mercurio, y tiene otro juicio pendiente en el que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por corrupción. La primera condena del exedil fue por haber intercedido para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC. Logró no entrar en prisión a cambio de realizar un curso de prevención de la corrupción.

La última condena a Bustos no fue como autor de un delito, sino como beneficiario de la corrupción del consorcio de residuos de Sabadell, que le pagó un viaje al congreso del PSOE en 2012. Bustos devolvió el dinero.

Pero Bustos no ha podido orillar la cárcel y tendrá que entrar en un centro penitenciario por la causa de la retirada de multas de tráfico. La defensa había alegado la poca cuantía (333,5 euros) de las multas y que Bustos había devuelto el dinero para considerar que no se trataba de un caso de corrupción.

El tribunal discrepa y alerta de que no se puede “banalizar” el caso. “El beneficio económico fue nimio realmente, pero su actuación supuso un descrédito gratuito para la administración pública causado por la autoridad con más rango municipal como es el alcalde, que la utilizó en su propio beneficio”, resalta la Sala.

La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación de la pieza 31 del caso Mercurio, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación en varias administraciones públicas. El Ministerio Público pide 5 años de prisión para el entonces alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, y 3 más por el delito continuado de tráfico de influencias, además de multas de 205.500 euros y 5 y 7 años de inhabilitación, respectivamente. También se piden 5 años de prisión para su hermano Paco, 5 años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La información se hace pública una vez la titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, que instruye el caso Mercurio, ha dado por finalizada la instrucción de la pieza número 31 y ha dado traslado del escrito de acusación de la fiscalía anticorrupción. En él, solicita imponer las correspondientes penas a los acusados y solicita la apertura de juicio oral.

Concretamente, esta pieza investiga la contratación irregular de Marta Solé Costa y de la ex concejal socialista de Sabadell Anna Carrasco en el Consorcio por la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, y de Carmen Sendrós Díez en el área Metropolitana de Barcelona.

En su escrito, la fiscalía pide para Bustos 3 años de prisión, 7 de inhabilitación especial y una multa de 200.000 euros por el delito continuado de tráfico de influencias. Además, añade 5 años de prisión, 5 años de inhabilitación especial y multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Para su hermano Paco Bustos, que también fue edil en el Ayuntamiento de Sabadell por el PSC, pide 5 años de prisión y 5 de inhabilitación especial, con una multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía también hace una petición de 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa para quien entonces era gerente del Consorcio de Residuos, Paco Fernández Ortega.

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que el exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos entre en prisión por el caso Mercurio. El Alto Tribunal ha ratificado la condena de tres años de prisión y 16 de inhabilitación a Bustos por dos delitos de tráficos por haber acordado con los jefes de la policía local de Sabadell la retirada de multas de tráfico a su mujer y a sus hijos. Los magistrados confirman la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que será el tribunal que decida si Bustos pisa la cárcel. Es la tercera condena por corrupción de Bustos en el caso Mercurio.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal ratifica la condena a Bustos impuesta por la Audiencia de Barcelona y desestima todos los motivos esgrimidos por el exalcalde para reclamar la absolución. Hacía hincapié Bustos en la supuesta ilegalidad de los pinchazos telefónicos que fundamentaron su condena, pero el Supremo lo descarta al constatar que las conversaciones muestran “de forma evidente” que el exalcalde pidió al exintendente de la policía local de Sabadell que retirara las multas.

En las intervenciones telefónicas del caso se desveló que Bustos pidió al entonces intendente de la policía local de Sabadell –también condenado a 15 meses de cárcel– que se pusiera en contacto con su mujer para “arreglar el tema de los 200 euros” de multa. Un día después, el intendente le comunicó que el “servicio de reparación de errores” había resuelto el asunto.

El Supremo confirma que Bustos usó su influencia como alcalde para que el intendente retirara dos multas a familiares. La primera, de marzo de 2012 y por un importe de 200 euros, le fue impuesta a su mujer de aquella época por aparcar en una parada de autobús. La segunda, en el mes de junio del mismo año, sancionó también con 200 euros a uno de sus hijos por estacionar en una zona de carga y descarga.

Alegaba también Bustos que la sección 10a de la Audiencia de Barcelona no había fundamentado lo suficiente la condena. El Supremo niega la mayor y concluye que el tribunal realizó una “extensa, detallada y cuidada valoración de la prueba para alcanzar una convicción cierta de los hechos”. A la sección 10a de la Audiencia de Barcelona corresponde ahora decidir si Bustos tiene que ingresar en prisión para cumplir la pena a la que ha sido condenado.

En un comunicado, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular del caso Mercurio, ha avanzado que reclamará el ingreso en prisión de Bustos y Durán “como ejemplificación de que no puede haber ningún tipo de tolerancia en la lucha contra la corrupción y ante el riesgo de fuga y alarma social generada por los delitos cometidos”. La plataforma también ha solicitado al actual consistorio de Sabadell, en mano del PSC, que actúe “en consecuencia” contra las “prácticas corruptas”.

Bustos ya tenía una primera condena por corrupción en el caso Mercurio por haber intercedido para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le suspendió en 2016 el ingreso en prisión al carecer de antecedentes y a cambio de no delinquir hasta julio de 2021 y superar un cursillo a través de internet de 50 horas sobre cómo prevenir la corrupción. Bustos además tiene una tercera condena firme por el caso Mercurio, aunque no comportó pena de cárcel, porque el consorcio de residuos de Sabadell le pagó un viaje al congreso del PSOE. Y está pendiente de juicio por otras cuatro piezas separadas del caso Mercurio.

La juez del caso Mercurio, una trama de corrupción urbanística en la etapa de Manuel Bustos (PSC) como alcalde de Sabadell (Barcelona), ha dejado al exconcejal del PP Jordi Soriano a un paso de juicio con jurado popular, acusado de recibir dádivas de empresarios a cambio de adjudicaciones.

En un auto, la titular del Juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, que ha dirigido esta macrocausa destapada en 2012 que acabó costando la alcaldía a Bustos, ha concluido su investigación sobre la primera de las piezas separadas, centrada en la actividad supuestamente delictiva de Soriano, al que deja a las puertas de juicio junto a otros 21 acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, informa EFE.

Tras verse implicado en el caso Mercurio, Bustos –que ya acumula tres condenas por las primeras piezas separadas en las que ha sido juzgado– acusó a Soriano, supuesto cerebro de la red corrupta, de utilizar de forma reiterada su nombre como alcalde ante empresarios para simular una capacidad de influencia que no tenía.

Una vez finalizada su instrucción sobre la pieza separada en que el principal implicado es Soriano, la juez ha citado para el próximo 16 de febrero al exconcejal del PP y a los otros 21 investigados –en su mayoría empresarios–, así como a la Fiscalía y demás partes personadas, para concretar su imputación y que puedan solicitar el sobreseimiento de la causa o pedir nuevas diligencias, antes de enviar definitivamente el caso a juicio con jurado popular. Entre los imputados también figura la exconcejal del PP en Castellar del Vallès (Barcelona) Sandra Roig.

El 27 de noviembre de 2012, los Mossos d'Esquadra practicaron varias detenciones y registros por el caso Mercurio, una trama de supuesta corrupción urbanística con epicentro en Sabadell, que acabó con la carrera política de Bustos, uno de los alcaldes del PSC con mayor proyección en aquella época.

Las investigaciones se centraban inicialmente en una presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sabadell, pero las intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado destaparon otras supuestas irregularidades vinculadas al equipo de gobierno que derivaron en múltiples piezas separadas.

Según concluye la jueza, Soriano aprovechó su condición de concejal del ayuntamiento para, más allá de las tareas inherentes a su cargo, intermediar a favor de algunos empresarios en asuntos propios del consistorio obteniendo a cambio un beneficio económico ilícito. “Soriano actuó por motivos ajenos a su función pública, haciendo prevalecer intereses privados por encima de sus deberes derivados del cargo que ostentaba al tiempo de los hechos”, apunta la juez, que remarca que el exconcejal del PP recibió dádivas de manos de varios empresarios para la obtención de distintas adjudicaciones.

Soriano admitió en 2013 que, pese a que en su etapa como concejal estaba formalmente en la oposición, en realidad mantenía una especie de “pacto de gobierno encubierto” con el alcalde Bustos, por lo que tenía contactos frecuentes con empresarios de la construcción, pero nunca, según su versión, para cobrar sobornos.

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha admitido que el consorcio de gestión de residuos del Vallès Occidental le pagó el viaje al congreso del PSOE de 2012 con dinero público y ha devuelto los 326 euros que costó el desplazamiento. En una breve vista en la Audiencia de Barcelona, la tercera pieza del caso Mercurio se ha cerrado con un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas.

Al margen de Bustos, que ha sido considerado responsable civil por beneficiarse de la corrupción en el consorcio de residuos al viajar gratis al congreso de su antiguo partido, el exgerente del ente y de otros dos consorcios del Vallès Occidental, Francisco Fernández, ha aceptado tres años de cárcel y seis de inhabilitación por malversación y falsedad documental.

Bustos no ha sido condenado a penas de prisión en esta pieza pero sí está pendiente de entrar en la cárcel. El Tribunal Supremo tiene que decidir si ratifica su segunda condena por el caso Mercurio. La Audiencia de Barcelona lo condenó a tres años de cárcel por instar a que la Policía Local perdonara multas de tráfico a su mujer y a su hijo. Con su primera condena logró esquivar la cárcel a cambio de un curso sobre prevención de la corrupción.

Fernández ha reconocido haber desviado fraudulentamente 32.877 euros entre el 2011 y el 2012. A cambio la Fiscalía ha pedido la suspensión del ingreso en prisión si no delinque en cinco años y hace dos años de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de ética y moral en los negocios. El Consejo Comarcal del Vallès Occidental y la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejercen las acusaciones particular y popular, han aceptado la pena, pero se oponen a la suspensión de la prisión.

Según se considera probado y constará en la sentencia, Fernández “abusó de su posición” y utilizó las tarjetas de los consorcios públicos que presidía para hacer cientos de pagos no relacionados con el trabajo y cobró indebidamente cientos de dietas: cobró más de 17.000 euros del consorcio de residuos por decenas de viajes no realizados en Madrid, Valencia, Asturias o Bilbao, que justificaba con documentos falsos firmados por él. Con la tarjeta Teletac del mismo consorcio pagó 174 euros en peajes de autopistas por trayectos particulares, muchos de ellos en fin de semana.

Fernández llegó a duplicar e incluso triplicar la compensación económica que le correspondía por kilometraje con vehículo propio y manutención, ya que la reclamaba además de dos consorcios simultáneamente. Con este sistema cobró indebidamente más de 7.100 euros en total de los tres consorcios.

También pagó con dinero público gasolina, chicles, preservativos, carbón, aparcamientos, manutención y pan. En total se gastó 1.752 euros de los consorcios de turismo y residuos. También reclamó y cobró 135 euros de alguno de los consorcios para actividades organizadas y pagadas por otro de los consorcios que dirigía. Por último, reclamó por kilometraje distancias superiores a las que realmente había hecho, sobre todo por el consorcio de residuos. Al menos cobró indebidamente 5.000 euros por esta vía.

Además, autorizó el pago a través del consorcio de residuos de sus gastos de vuelos, alojamiento, restauración y aparcamiento para asistir a un congreso federal del PSOE en Andalucía en enero de 2012 con fondos del consorcio de residuos. Él se benefició de 684 euros, y autorizó el pago de gastos por el mismo congreso en Bustos, 326 euros, y Gallardo, 508 euros.

La jueza que instruye el caso Mercurio, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell bajo los mandatos del socialista Manuel Bustos, ha suspendido la ronda de declaraciones de imputados y testigos de esta semana porque la Generalitat no arregla la refrigeración de los juzgados, lo que provoca que se superen temperaturas de 28 grados en las salas de vistas.

En una providencia, la jueza en sustitución Yolanda Pardo expone que los técnicos han informado de que “no es previsible solucionar en breve” la avería en el aire acondicionado que afecta a la sede judicial desde hace un mes. En consecuencia, y para no perjudicar a las partes por las altas temperaturas del juzgado, la jueza ha procedido a suspender las declaraciones de testigos –entre ellos la actual alcaldesa, Marta Farrés– y del exalcalde Joan Carles Sánchez y otros cinco imputados. 

Las declaraciones de esta semana se enmarcaban en la línea de investigación que afecta los viajes institucionales que pagó la empresa de servicios de limpieza SMATSA a distintos integrantes de los gobiernos de Bustos, entre ellos Farrés, la actual alcaldesa. Farrés ha negado que los viajes estuvieran vinculados a la concesión del contrato a SMATSA y ha recordado que ella siempre creyó que lo pagaba el Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) reclamó el pasado 3 al departamento de Justicia de la Generalitat –que tiene la competencia en el mantenimiento e infraestructura de las sedes judiciales– que adoptara las “medidas oportunas” para reducir la temperatura en el interior del edificio de los juzgados de Sabadell y Gavà. Casi un mes después, el calor y las altas temperaturas persisten en la sede judicial de la cocapital del Vallès Occidental.

Por su lado, el Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) ha pedido la dimisión de la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, por la “inacción” de su departamento para garantizar la correcta climatización de las dependencias judiciales de la ciudad. El Colegio ha considerado la situación del “todo inadmisible” y ha subrayado que es “inexplicable” que el sistema de climatización de un edificio público no se pueda reparar de forma definitiva durante un mes.

Segunda condena por corrupción contra el exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos. La Audiencia de Barcelona ha condenado a Bustos a tres años de prisión por dos delitos de tráfico de influencias por haber acordado con los jefes de la policía local de Sabadell la retirada de multas de tráfico a su mujer y a sus hijos.

El fallo deja a Bustos a un paso de tener que entrar en prisión, al tratarse de su segunda condena por corrupción derivada del macrocaso Mercurio, que acumula una decena de piezas separadas abiertas. Y es que Bustos ya está condenado en firme también por tráfico de influencias por haber intercedido para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC.

La sentencia del caso de las multas considera probado que Bustos usó su influencia como alcalde para que un intendente de la policía local de Sabadell retirara dos multas a familiares. La primera, de marzo de 2012 y por un importe de 200 euros, le fue impuesta a su mujer de aquella época por aparcar en una parada de autobús. La segunda, en el mes de junio del mismo año, sancionó también con 200 euros a uno de sus hijos por estacionar en una zona de carga y descarga.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona avala los pinchazos telefónicos autorizados por el juez que investiga el caso Mercurio, en el que se oye al exalcalde pedir al intendente Josep Miquel D.M. que se ponga en contacto con su mujer para “arreglar el tema de los 200 euros” de multa. Un día después, el intendente le comunica que el “servicio de reparación de errores” ha resuelto el asunto.

En su sentencia, el tribunal condena además a 15 meses y un día de cárcel y a 11 años y medio de inhabilitación para cargo público a Josep Miquel D., el exintendente de la Policía Local que anuló las multas, por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación administrativa.

Por el contrario, absuelve a Xavier I., excoordinador de Espacio Público de Sabadell del delito de malversación del que se le acusaba, al no haber podido probar que pagara una de las multas con dinero público, como el propio procesado explicó a Bustos en una conversación telefónica intervenida.

La sala ha impuesto a Manuel Bustos la condena por tráfico de influencias en su mitad superior, al considerar el delito agravado, puesto que el exalcalde “consiguió el propósito buscado”, que era que se anularan las multas a sus familiares. Para el tribunal, la conducta de Bustos “supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública”, cuando como alcalde tenía “una obligación mayor de proteger el interés público, al haber sido elegido por la generalidad de las personas para salvaguardar dicho interés”.

La sentencia reconoce que el intendente asintió a las indicaciones de Bustos, asegurándole que “como siempre tenía la razón” y, “prevaliéndose de su situación de superioridad jerárquica, dio la órdenes correspondientes” para que la sanción no prosperara.

Respecto a la segunda multa, el tribunal concluye que la grúa municipal se llevó el vehículo que los dos hijos de Bustos habían dejado estacionado en una zona de carga y descarga, debidamente señalizada, de Sabadell. Luego, el exalcalde indicó a sus hijos que fueran a la Jefatura de la Policía Local para que los atendiera el intendente, donde un agente se encargó de formalizar los trámites necesarios para sacar el vehículo del depósito municipal.

Para hacerlo, añade la sala, el intendente pagó la tasa de la grúa, que costó 133 euros, sin que esté acreditado que la suma procediera de la caja de anticipos de titularidad pública, que estaba bajo su custodia.

Poco después, el intendente garantizó a Bustos en una conversación telefónica que “todo estaba arreglado” y que interpondrían un recurso para que los hijos del exalcalde no tuvieran que pagar cantidad alguna por el incidente de la grúa. El intendente, en consecuencia, elaboró un informe con unas alegaciones a la sanción impuesta, lo que motivó que el 2 de agosto de 2012 el servicio de multas de Sabadell anulara la multa, mantiene la Audiencia de Barcelona.

Tras analizar las conversaciones telefónicas intervenidas, el tribunal concluye en su sentencia que Bustos “no tenía ningún reparo” en llamar al intendente para que anulara las sanciones a sus hijos y que el exalcalde “usaba y abusaba esa situación de superioridad jerárquica”, sin que su subalterno alegara “una sola excusa”.

Nueva imputación para el exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos. La titular del juzgado de instrucción 1 de Sabadell ha imputado al exalcalde, su hermano y a otras 16 personas por conformar una trama que arreglaba concursos públicos a empresas en una pieza del llamado 'caso Mercurio' de corrupción bajo el mandato de Bustos en Sabadell.

En un auto, la jueza indica que investiga en la pieza número 28 las presuntas irregularidades producidas en la adjudicación del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria por parte del Ayuntamiento de Sabadell a la empresa SMATSA, del Grupo Vendex, de ámbito estatal, ha informado la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular del caso.

La jueza sospecha de un amaño en el contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Sabadell a favor de la empresa SMATSA, fruto de una maniobra planificada, organizada y dirigida por empresarios y políticos. A cambio de obtener el contrato, SMATSA habría pagado viajes a políticos y funcionarios de Sabadell y habría financiado con 100.000 un acto de campaña de Bustos en 2011. También se investigan anulaciones de multas y colocación de personal.

La organización favorecía, facilitaba o garantizaba, según el auto, la adjudicación de servicios públicos a empresas del Grupo Vendex desde el Ayuntamiento de Sabadell o desde otros organismos o consistorios gobernados por el PSC. Todo ello podría constituir los presuntos delitos contra la administración pública, tráfico de influencias, prevaricación, de infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, cohecho, falsificación documental, fraude electoral y blanqueo de capitales. Todos ellos cometidos, según todos los indicios, por organización o grupo criminal.

Las pesquisas, prosigue la jueza, han permitido apreciar que, al menos entre los años 2009 y 2012, altos cargos del Ayuntamiento de Sabadell, junto al grupo empresarial Vendex, constituían un grupo perfectamente organizado y concertado para llevar a cabo actividades ilícitas con el fin de obtener beneficios económicos.

Las investigaciones judiciales y policiales, iniciadas en enero de 2013, se basan en las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente –que la defensa de Bustos ha intentado anular sin éxito en los dos juicios contra el exalcalde–, documentación obtenida y en las declaraciones de los testigos.

Cabe recordar que Bustos espera sentencia por retirar multas a familiares y está condenado en firme por impulsar el 'enchufe' de una simpatizante del PSC en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach. En conjunto, el caso Mercurio llegó a tener una treintena treintena de piezas, aunque una decena ya se han archivado.

Primera jornada del juicio contra el exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, por haber retirado dos multas de tráfico a su mujer y sus hijos en 2012. El exalcalde ha demostrado en su declaración como acusado que mantiene el estilo con el que gobernó la ciudad con aplastantes mayorías absolutas durante más de una década: directo, populista y, a veces, desafiante. “Llevo seis años pagando esta condena”, ha lanzado a la fiscal Teresa Duerto tras negar las acusaciones de Anticorrupción, que pide para él cuatro años de cárcel por tráfico de influencias.

El caso que se juzga en la sección 10 de la Audiencia de Barcelona es una de la treintena de piezas del caso Mercurio. Lo que empezó siendo un presunto gran caso de corrupción socialista se ha ido desinflando con el tiempo: una decena de casos se han archivado. Bustos está condenado en la primera de las piezas de Mercurio que se ha juzgado por promover el enchufe de una militante socialista en el Ayuntamiento de Montcada. En la pieza principal del caso, ni siquiera está imputado. Sí lo está en piezas separadas como esta, la segunda que llega a juicio y que, para sus detractores, muestra el caciquismo con el que comandó Sabadell, el llamado 'estilo Bustos'.

Anticorrupción acusa al exalcalde de usar su influencia como alcalde para que un intendente de la policía local de Sabadell y el excoordinador de espacio público del consistorio retiraran dos multas a familiares. La primera, de marzo de 2012, impuesto a su mujer de aquella época por aparcar en una parada de autobús. La segunda, en el mes de junio del mismo año, que sancionó a uno de sus hijos por estacionar en una zona de carga y descarga.

La principal prueba de cargo de las acusaciones son los pinchazos telefónicos autorizados por el juez que investiga el caso Mercurio, en el que se oye al exalcalde pedir al intendente Josep Miquel D.M. que se ponga en contacto con su mujer para “arreglar el tema de los 200 euros” de multa. Un día después, el intendente le comunica que el “servicio de reparación de errores” ha resuelto el asunto.

A lo largo de la hora y media que ha durado el minucioso interrogatorio de Duerto, Bustos ha mezclado las alegaciones de carácter familiar con otras explicaciones relacionadas con las normativas de Sabadell. Tampoco han faltado ataques velados a la fiscal: “Usted sabe que soy locuaz, que me ha escuchado mucho, pero en ningún caso he dado instrucciones para cometer una ilegalidad ni ningún caso me he aprovechado de mi condición de alcalde”.

Respecto a la primera multa, impuesta a las 17: 46h., Bustos ha alegado una supuesta orden informal –pues ha reconocido que no había ninguna ordenanza escrita– para que la policía no multara a los coches durante los horarios de entrada y salida de los colegios así como en los eventos deportivos de Sabadell. “Si usted va hoy a Sabadell, verá que hay tolerancia para facilitar las cosas a los colegios”, ha dicho a la fiscal.

No ha negado la llamada con el intendente, pero ha rechazado que quisiera influirle para retirar la sanción. Sí ha dicho que llamó movido la “indignación personal” de haber sufrido una “sanción injusta”. Ha enmarcado la conversación en un recordatorio sobre la instrucción para no multar a los coches en horario de recogida de niños de centros escolares, pues en ese momento Bustos estaba dentro de una guardería municipal. “Si hubiera querido usar mi influencia de alcalde hubiera salido a la calle en el mismo momento”, ha aseverado.

Sobre la segunda sanción, Bustos ha alegado que las llamadas fueron para interesarse por el estado de uno de sus hijos, que padecía un cáncer en los testículos y tiene una minusvalía psíquica. La grúa, ha explicado, se llevó el coche cuando su hermano lo acompañaba a hacerse una prueba médica. “Mi preocupación era cómo estaban ellos”, ha afirmado. Con los ojos llorosos, ha añadido que no quería que sus detractores hicieran daño a sus hijos. “Hay gente que me odia”, ha zanjado Bustos.

Para la Fiscalía, los hijos del exalcalde telefonearon a su padre, que de forma inmediata llamó al exintendente acusado para pedirle que “solucionara” el asunto y también al excoordinador de Espacio Público de Sabadell y amigo de la familia, Xavier I., para que acudiera a la Jefatura de la Policía Local a ayudar a su familia. El propio exintendente habría cogido el dinero (133,5 euros) para pagar la sanción de la caja de seguridad de la comisaría. Después Josep Miquel D.M. habría confeccionado un informe falso para anular la multa.

“Aunque usted no se lo crea, yo llamé a personas que creía que podrían ayudar a mi hijo, y les dije que no quería ningún lío”, ha lanzado Bustos a la fiscal. El juicio se alargará hasta el jueves.

La jutgessa que investiga el cas Mercuri de presumpta corrupció a l'Ajuntament de Sabadell sota el mandat de Manuel Bustos (PSC) ha ordenat desimputar el socialista Jaume Collboni, segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. La magistrada, a petició de la Fiscalia, ha arxivat la peça 29 del cas Mercuri en que estava imputat Collboni per presumpte tràfic d'influències juntament amb l'exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, també exculpat.

En la seva declaració com a imputat el desembre de 2015, Collboni va negar davant la jutgessa que interferís per beneficiar l'empresari i fundador del Canal Català, Nicola Pedrazzoli, per obtenir una nova freqüència de televisió a suggeriment de Bustos, en el marc del cas Mercuri. “No tinc res a veure amb tot aquest assumpte”, va declarar. La versió de Collboni estava reforçada per l'informe dels Mossos i la declaració del propi Bustos, que l'excloïen de qualsevol implicació en el cas.

Les imputacions de regidor socialista i de l'empresari audiovisual, propietari del Canal Català, es van produir en el marc de la investigació de la peça 29 del cas Mercuri, on la jutgessa tractava d'aclarir la concessió de canals de TDT. Segons una conversa enregistrada per la policia a l'exalcalde Bustos, aquest li hauria promès a Pedrazzoli intercedir per ell perquè pogués aconseguir una llicència de televisió d'àmbit autonòmic.

En el seu escrit, la jutgessa conclou que, malgrat que els investigats van contactar entre ells telefònicament i es van interessar per l'assumpte, no s'ha acreditat que realitzessin cap tipus de “pressió” per beneficiar l'empresari televisiu a la concessió de llicències del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).

La peça ara arxivada recollia la petició que va fer Bustos, en dues trucades telefòniques a Collboni, perquè aquest fes una mediació al CAC per la concessió d'una llicència de televisió que, segons Collboni, mai va arribar a realitzar .

Per la seva banda, Bustos va fer constar davant la jutgessa que Collboni mai va fer cas a les seves peticions i el mateix informe policial dels Mossos deixa clar que Collboni va fer cas omís a les peticions de l'exalcalde de Sabadell. Segons les converses gravades a Bustos que figuren en el sumari, l'exalcalde explica que “jo ja amb Collboni no parlo” i que “veig que Collboni no m'ho resol”.

La jueza que investiga el caso Mercurio de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell bajo el mandato de Manuel Bustos (PSC) ha ordenado desimputar al socialista Jaume Collboni, segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. La magistrada, a petición de la Fiscalía, ha archivado la pieza 29 del caso Mercurio en la que estaba imputado Collboni por presunto tráfico de influencias junto con el exprimer secretario del PSC, Pere Navarro, también exculpado.

En su declaración como imputado en diciembre de 2015, Collboni negó ante la jueza que interfiriese para beneficiar al empresario y fundador del Canal Català, Nicola Pedrazzoli, para obtener una nueva frecuencia de televisión a sugerencia de Bustos, en el marco del caso Mercurio. “No tengo nada que ver con todo este asunto”, declaró. La versión de Collboni estaba reforzada por el informe de los Mossos y la declaración del propio Bustos, que le excluían de cualquier implicación en el caso.

Las imputaciones del edil socialista y del empresario audiovisual, propietario del Canal Català, se produjeron en el marco de la investigación de la pieza 29 del caso Mercurio, donde la jueza trataba de esclarecer la concesión de canales de TDT. Según una conversación registrada por la policía al exalcalde Bustos, éste le habría prometido a Pedrazzoli interceder por él para que pudiera conseguir una licencia de televisión de ámbito autonómico.

En su escrito, la jueza concluye que, pese a que los investigados contactaron entre ellos telefónicamente y se interesaron por el asunto, no se ha acreditado que realizaran ningún tipo de “presión” para beneficiar al empresario televisivo en la concesión de licencias del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC).

La pieza ahora archivada recogía la petición que hizo Bustos, en dos llamadas telefónicas a Collboni, para que éste hiciera una mediación en el CAC para la concesión de una licencia de televisión que, según Collboni, nunca llegó a realizar.

Por su lado, Bustos hizo constar ante la jueza que Collboni jamás hizo caso a sus peticiones y el propio informe policial de lo Mossos deja claro que Collboni hizo caso omiso a las peticiones del exalcalde de Sabadell. Según las conversaciones grabadas a Bustos que figuran en el sumario, el exalcalde explica que “yo ya con Collboni no hablo” y que “veo que Collboni no me lo resuelve”.

Los Mossos d'Esquadra se han personado este miércoles en la sede del PSC en Barcelona para solicitar documentación sobre la financiación de la campaña de las elecciones municipales de 2011 en Sabadell (Barcelona), las últimas que ganó el exalcalde Manuel Bustos, investigado en la macrocausa del caso Mercurio.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los agentes de la policía catalana han acudido a la sede de los socialistas catalanes, en la calle Nicaragua de Barcelona, para solicitar los datos contables sobre la financiación de la campaña de las municipales en Sabadell en el año 2011.

Bustos dimitió como alcalde de Sabadell en febrero de 2013 -cargo que ostentaba desde 1999- a raíz de la investigación por el caso “Mercurio”, una macrocausa dividida en 35 piezas sobre supuesta corrupción con epicentro en la localidad.

En una de las piezas del caso, Bustos fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y cuatro meses de cárcel y 60.000 euros de multa, en un fallo ratificado por el Supremo por tráfico de influencia por interceder en el fichaje a dedo de una exalto cargo del tripartito en el ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona).

La Fiscalia demana quatre anys de presó i dotze d'inhabilitació per a l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos (PSC) per ordenar presumptament que la Policia Local retirés multes de trànsit que havia imposat a la seva dona i als seus fills el 2012, quan governava el municipi.

En el seu escrit de qualificació, la Fiscalia Anticorrupció demana a més una condemna de sis anys i mig de presó per a un exintendent de la Policia Local de Sabadell que suposadament va portar a terme les gestions per retirar les multes als familiars de Bustos i una multa de 1.800 euros a l'excoordinador d'Espai Públic de l'Ajuntament del municipi.

La Fiscalia acusa Bustos de dos delictes de tràfic d'influències, pels quals també li demana 800 euros de multa, mentre que a l'exintendent li atribueix a més falsetat documental i malversació, atès que presumptament va pagar amb fons de la Policia Local la suma necessària per a que els fills de Bustos recuperessin el seu vehicle, després que li portés la grua.

En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic sosté que Bustos va telefonar el 28 de març de 2012 al llavors intendent de la Policia Local Josep Miquel D.M. per demanar-li que “arreglés” la multa que un inspector del servei municipal de grua va imposar al vehicle de la seva esposa per estar estacionat en una parada de transport públic.

Segons la fiscal, Teresa Duerto, Bustos va explicar per telèfon a l'exintendent l'incident ocorregut al vehicle de la seva esposa “en un to distès, afable i amigable”, i després li va demanar que l'endemà es posés en contacte amb ella per “arreglar el tema”, suggerint-fins i tot la forma en que ho havia de fer.

La Fiscalia sosté que una situació similar va passar mesos més tard, al juny de 2012, quan la grua municipal es va emportar el cotxe que utilitzaven dos fills de Manuel Bustos perquè estava estacionat en una zona de càrrega i descàrrega de Sabadell.

Segons manté el ministeri públic, els fills de l'exalcalde van telefonar el seu pare, que de forma immediata va trucar l'exintendente acusat per demanar-li que “solucionés” l'assumpte i també l'excoordinador d'Espai Públic de Sabadell i amic de la família, Xavier I., perquè acudís a la Prefectura de la Policia Local a ajudar la seva família

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos (PSC) por ordenar presuntamente que la Policía Local retirara multas de tráfico que había impuesto a su esposa y a sus hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio.

En su escrito de calificación, la Fiscalía Anticorrupción pide además una condena de seis años y medio de cárcel para un exintendente de la Policía Local de Sabadell que supuestamente llevó a cabo las gestiones para retirar las multas a los familiares de Bustos y una multa de 1.800 euros al excoordinador de Espacio Público del Ayuntamiento del municipio.

La Fiscalía acusa a Bustos de dos delitos de tráfico de influencias, por los que también le pide 800 euros de multa, mientras que al exintendente le atribuye además falsead documental y malversación, dado que presuntamente pagó con fondos de la Policía Local la suma necesaria para que los hijos de Bustos recuperaran su vehículo, después de que se lo llevara la grúa.

En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que Bustos telefoneó el 28 de marzo de 2012 al entonces intendente de la Policía Local Josep Miquel D.M. para pedirle que “arreglara” la multa que un inspector del servicio municipal de grúa impuso al vehículo de su esposa por estar estacionada en una parada de transporte público.

Según la fiscal, Teresa Duerto, Bustos contó por teléfono al exintendente el incidente acaecido al vehículo de su esposa “en un tono distendido, afable y amigable”, tras lo que le pidió que al día siguiente se pusiera en contacto con ella para “arreglar el tema”, sugiriéndole incluso la forma en que debía hacerlo.

La Fiscalía sostiene que una situación similar ocurrió meses más tarde, en junio de 2012, cuando la grúa municipal se llevó el coche que utilizaban dos hijos de Manuel Bustos porque estaba estacionado en una zona de carga y descarga de Sabadell.

Según mantiene el ministerio público, los hijos del exalcalde telefonearon a su padre, que de forma inmediata llamó al exintendente acusado para pedirle que “solucionara” el asunto y también al excoordinador de Espacio Público de Sabadell y amigo de la familia, Xavier I., para que acudiera a la Jefatura de la Policía Local a ayudar a su familia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido durante cinco años la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSC, Daniel Fernández; del exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos; y de su hermano y exconcejal, Francisco Bustos. Los tres fueron condenados a un año y cuatro meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias al interceder para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC y exalto cargo del Govern tripartito.

Si los tres condenados en esta pieza separada del caso Mercurio no cometen ningún delito durante estos cinco años, no entrarán en prisión,  según ha informado este viernes el TSJC.

Además, la resolución de la Sala Civil y Penal del TSJC establece una posibilidad para reducir a dos años este tiempo de suspensión: que los condenados presenten un plan de formación en relación con los buenos fines que debe guiar la actuaciones de la administración pública y los principios que deben guiar el acceso de los ciudadanos a los cargos y empleos públicos.

Si lo presentan, este plan de formación lo tendría que aprobar el tribunal y debe cursarse en un centro de referencia (Universidad o Escuela de Administración pública de Catalunya), según el TSJC.

Respecto a la multa de 60.000 euros impuesta, el tribunal ha acordado el fraccionamiento de su pago en 22 cuotas (de 2.727 euros cada una), que quedaría liquidada en abril de 2018. También se les condenó a una pena de inhabilitación que ya están cumpliendo.

El cas Mercuri, que ha posat a la picota la gestió de l'exsocialista Manuel Bustos al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell, sembla no tenir fi. Aquest divendres la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular del cas, ha informat que la jutgessa ha citat a declarar com a imputat –investigat, segons la nova denominació– Bustos en dues peces méx.

Es tracta de les peces 25 i la 31, que investiguen les possibles col·locacions irregulars de persones al Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), el Consorci de Residus i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d'una banda, i si Bustos hauria facturat al Consell Comarcal un viatge al congrés del PSOE de 2012. D'aquesta manera, Bustos acumula un total de nou imputacions en aquest procés judicial, corresponents a les peces nombre 5, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31 i 33.

En el primer dels casos, la jutgessa del cas Mercuri considera que Bustos hauria realitzat les accions oportunes per a col·locar persones de la seva confiança en diferents àmbits del Consell Comarcal i del Consorci de Residus del Vallès Occidental, així com l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB ). L'exalcalde Bustos declararà com a investigat per un delicte de tràfic d'influències per les presumptes col·locacions.

“Hi ha converses on Bustos comenta amb el seu germà Paco que han de parlar amb Antonio Balmón –alcalde de Cornellà i vicepresident de la AMB– per col·locar una treballadora a l'ens supramunicipal, cosa que al final va succeir”, ha explicat l'advocat de la Plataforma, Raul Garcia Barroso. Per aquest motiu, la jutgessa ha citat a declarar Balmón en qualitat de testimoni el proper 9 de juny.

D'altra banda, la magistrada ha enviat a un jutjat de Terrassa la informació, perquè investigui si Bustos va facturar al Consell Comarcal del Vallès Occidental el cost d'un allotjament a Sevilla entre el 3 i el 5 de febrer de 2012, quan es va celebrar un congrés del PSOE. El jutjat ha citat a declarar l'exalcalde de Sabadell per un presumpte delicte de malversació dimarts que ve.

Juntament amb Bustos estan citats, per a aquest dimarts i pel mateix motiu, la membre del consell nacional del PSC, Magdalena Gallardo, actualment treballadora del CCVOC, i que va viatjar i es va allotjar a Madrid l'1 i 2 d'octubre de 2011 i en Almeria el 6 i 7 de gener de 2012, igual que Montserrat Montiel (PSC) que també va estar a Madrid per les mateixes dates i Marta Picañol, interventora del Consorci de Residus, “l'encarregada de vetllar perquè no succeïssin aquestes pràctiques” i que haurà donar explicacions, ha explicat el lletrat.

Així mateix, l'ex gerent del Consorci, Francisco Fernàndez Ortega -també investigat en la peça 31-, per presumpta malversació de cabals públics i que després dels atestats dels Mossos d'Esquadra es desprèn una “possible participació d'un delicte de malversació de fons públics i de falsedat en document públic ”, amb 43 desplaçaments i dietes per Espanya no realitzades, cobrament il·lícit per duplicat i triplicat de quilometratge i dietes i disposició de diners en metàl·lic a través de caixers, entre d'altres conceptes entre 2011 i 2012, que ascendeixen a un total de 38.926,14 euros.

Si bé aquestes peces del cas Mercuri romanen obertes, altres ja s'han tancat. De fet, Bustos i l'exsecretari d'organització del PSC, Dani Fernández, van ser condemnats a un any i 4 mesos de presó i una multa de 60.000 euros per un delicte de tràfic d'influències a intercedir perquè s'atorgués un lloc directiu per concurs públic a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) a una persona afí al PSC.

El caso Mercurio, que ha puesto en la picota la gestión del exsocialista Manuel Bustos al frente del Ayuntamiento de Sabadell, parece no tener fin. Este viernes la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce de acusación popular del caso, ha informado que la jueza ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– a Bustos en otras dos piezas.

Se trata de las piezas 25 y la 31, que investigan las posibles colocaciones irregulares de personas en el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), el Consorcio de Residuos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por un lado, y si Bustos habría facturado al Consell Comarcal un viaje al congreso del PSOE de 2012. De esta forma, Bustos acumula un total de nueve imputaciones en este proceso judicial, correspondientes a las piezas número 5, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31 y 33.

En el primero de los casos, la jueza del caso Mercurio considera que Bustos habría realizado las acciones oportunas para colocar personas de su confianza en diferentes ámbitos del Consejo Comarcal y del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental, así como del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El exalcalde Bustos declarará como investigado por un delito de tráfico de influencias por las presuntas colocaciones.

“Existen conversaciones donde Bustos comenta con su hermano Paco que deben hablar con Antoni Balmón –alcalde de Cornellà y vicepresidente de la AMB– para colocar a una trabajadora en el ente supramunicipal, lo que al final sucedió”, ha explicado el abogado de la Plataforma, Raul Garcia Barroso. Por este motivo, la jueza ha citado a declarar Balmón en calidad de testigo el próximo 9 de junio.

Por otra parte, la magistrada ha enviado a un juzgado de Terrassa la información, para que investigue si Bustos facturó al Consell Comarcal del Vallès Occidental el coste de un alojamiento en Sevilla entre el 3 y el 5 de febrero de 2012, cuando se celebró un congreso del PSOE. El juzgado ha citado a declarar el exalcalde de Sabadell por un presunto delito de malversación el próximo martes.

Juntamente con Bustos están citados, para este martes y por el mismo motivo, la miembro del consejo nacional del PSC, Magdalena Gallardo, actualmente trabajadora del CCVOC, y que viajó y se alojó en Madrid el 1 y 2 de octubre de 2011 y en Almería el 6 y 7 de enero de 2012, igual que Montserrat Montiel (PSC) que también estuvo en Madrid por las mismas fechas y Marta Picañol, interventora del Consorcio de Residuos, “la encargada de velar para que no sucedieran estas prácticas” y que deberá dar explicaciones, ha explicado el letrado.

Asimismo, el ex gerente del Consorcio, Francisco Fernàndez Ortega -también investigado en la pieza 31-, por presunta malversación de cabales públicos y que tras los atestados de los Mossos d'Esquadra se desprende una “posible participación de un delito de malversación de fondos públicos y de falsedad en documento público”, con 43 desplazamientos y dietas por España no realizadas, cobro ilícito por duplicado y triplicado de kilometraje y dietas y disposición de dineros en metálico a través de cajeros, entre otros conceptos entre 2011 y 2012, que ascienden a un total de 38.926,14 euros.

Si bien estas piezas del caso Mercurio permanecen abiertas, otras ya se han cerrado. De hecho, Bustos y el exsecretario de organización del PSC, Dani Fernández, fueron condenados a un año y 4 meses de cárcel y una multa de 60.000 euros por un delito de tráfico de influencias al interceder para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC.

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimecres les condemnes d'un any i 4 mesos de presó i d'una multa de 60.000 euros a l'exsecretari d'organització del PSC, Daniel Fernández, i l'exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, per un delicte de tràfic d'influències per intercedir perquè s'atorgués un lloc directiu per concurs públic a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) a una persona afí al partit.

Els fets es remunten a 2012, quan Bustos i Fernández van convèncer l'alcaldessa del municipi, María Elena Pérez (PSC), de situar com a arquitecta municipal a Carmina Llumà (exsecretària general del departament de Política Territorial durant el tripartit), en contra l'informe que van fer els consultors de l'Ajuntament de Montcada.

La confirmació de la condemna imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel mateix delicte afecta també a Francisco Bustos, germà de Manuel i, en el moment dels fets, primer secretari de l'Agrupació del Vallès Occidental Sud del PSC.

A l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, se li imposa una pena de 7 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, en considerar provat que per satisfer els desitjos de Fernández i Bustos va nomenar per al lloc a la persona que li havien plantejat, que era Carmina Llumà, parella sentimental d'un estret col·laborador de Manuel Bustos i que havia ocupat ja llocs rellevants en administracions públiques afins al PSC.

Per nomenar aquesta persona, segons els fets provats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ara confirmada, l'exalcaldessa va convèncer als consultors que havien fet les proves del concurs públic perquè canviessin el seu informe inicial, que assenyalava que Llumà no era apta per al lloc i que l'única apta era una altra candidata.

La resolució avala els raonaments del TSJC per fonamentar les condemnes, en particular pel que fa a les proves documentals, inclòs l'expedient municipal sobre el procés de selecció qüestionat, i al contingut de les intervencions telefòniques a Fernández i els germans Bustos. En concret, l'alt tribunal les qualifica “d'una expressivitat inqüestionable, per la qualitat dels seus protagonistes, de moment i la cadència temporal amb que es van produir i pel seu contingut”.

Aquesta confirmació de condemna suposa el tancament de la peça Montcada del cas Mercuri, que investiga la corrupció de Bustos durant la seva etapa al capdavant de Sabadell. El cas ha derivat en l'obertura d'una vintena de peces, una de les quals afecta l'exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, i al líder socialista a Barcelona, Jaume Collboni.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles las condenas de un año y 4 meses de cárcel y una multa de 60.000 euros al exsecretario de organización del PSC, Daniel Fernández, y al exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, por un delito de tráfico de influencias al intercedir para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al partido.

Los hechos se remontan a 2012, cuando Bustos y Fernández convencieron a la alcaldesa del municipio, María Elena Pérez (PSC), y situar como arquitecta municipal a Carmina Llumà (exsecretaria general del departamento de Política Territorial durante el tripartito), en contra del informe que hicieron los consultores del Ayuntamiento de Montcada.

La confirmación de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el mismo delito afecta también a Francisco Bustos, hermano de Manuel y, en el momento de los hechos, primer secretario de la Agrupación del Vallés Occidental Sud del PSC.

Ala exalcaldesa de Montcada y Reixac, María Elena Pérez, se le impone una pena de 7 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, al considerarse probado que para satisfacer los deseos de Fernández y Bustos nombró para el puesto a la persona que le habían planteado, que era Carmina Llumà, pareja sentimental de un estrecho colaborador de Manuel Bustos y que había ocupado ya puestos relevantes en administraciones públicas afines al PSC.

Para nombrar a esta persona, según los hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ahora confirmada, la exalcaldesa convenció a los consultores que habían hecho las pruebas del concurso público para que cambiaran su informe inicial, que señalaba que LLumà no era apta para el puesto y que la única apta era otra candidata.

La resolución avala los razonamientos del TSJC para fundar las condenas, en particular lo relativo a las pruebas documentales, incluido el expediente municipal sobre el proceso de selección cuestionado, y al contenido de las intervenciones telefónicas a Fernández y los hermanos Bustos.. En concreto, el alto tribunal las califica “de una expresividad incuestionable, por la calidad de sus protagonistas, por el momento y la cadencia temporal con que se produjeron y por su contenido”.

Esta confirmación de condena supone el cierre de la pieza Montcada del caso Mercuri, que investiga la corrupción de Bustos durante su etapa al frente de Sabadell. El caso ha derivado en la apertura de una veintena de piezas, una de las cuales afecta al exprimer secretario del PSC, Pere Navarro, y al líder socialista en Barcelona, Jaume Collboni.