El exalcalde socialista de Santa Coloma condenado por el caso Pretoria entra en prisión

Muñoz, a su entrada en la Audiencia Nacional durante el juicio

El exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ingresó el pasado domingo en la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) para cumplir la condena de cinco años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional en la trama de corrupción Pretoria, han informado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso. La entrada en prisión se produce doce años después del estallido de la causa.

Muñoz se convirtió en el condenado por el caso Pretoria con la pena más alta después de que el Supremo se la rebajara al exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi', cerebro de la trama de corrupción urbanística que urdieron excargos socialistas y convergentes a cambio de comisiones. De siete años y un mes de cárcel pasó a una pena de cuatro años y tres meses. Su ingreso en prisión se encuentra suspendido.

La Audiencia Nacional condenó en 2018 a Muñoz, García, y a los exaltos cargos pujolistas Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por llevar a cabo operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona que fueron manipuladas para embolsarse comisiones bien directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

En lugar de favorecer el interés público, las operaciones “buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares”, sentenciaron los jueces. Los beneficios para los constructores llegaron a superar los 4 millones de euros.

Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo rechazaron que las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar durante la investigación fueran ilegales. Los pinchazos fueron una de las principales pruebas que llevaron a la Audiencia Nacional a la “inequívoca conclusión” de que se modificaron contratos y planes urbanísticos “bajo una falsa apariencia de legalidad”, con “informes complacientes, carentes de rigor y de objetividad” con el propósito del enriquecimiento de los implicados.

La Audiencia Nacional aplicó a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud con la que el caso llegó a juicio: pasaron 8 años y 8 meses desde que se produjo la operación Pretoria hasta la sentencia. Tres años y tres meses después se consuma el ingreso en prisión de uno de los condenados por la trama.

Prenafeta y Alavedra pactaron con la Fiscalía una rebaja de pena que implicaba evitar la prisión y no recurrieron al Supremo. Sí lo hicieron los dos exaltos cargos socialistas, principales condenados del caso, el empresario Josep Singla y el hombre de confianza de 'Luigi', Manuel Valera. El Supremo solo mantuvo la pena a Muñoz y las rebajó a los otros tres condenados.

En el caso de 'Luigi', el Supremo lo absolvió del delito de falsedad documental al que fue condenado a un año y seis meses de cárcel por la Audiencia Nacional y rebajó un año y cinco meses de prisión la pena por el delito de cohecho por dilaciones indebidas en el caso, que estalló en 2009 en una operación ordenada por el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. De esta forma, 'Luigi' pasó de una condena de siete años y dos meses de cárcel a cuatro años y tres meses.

Los magistrados destacaron que 'Luigi', tanto antes como después de su paso por el Parlament como diputado del PSC, “mantuvo fluidas relaciones personales y profesionales con diversos cargos públicos”, que le permitieron actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario” de Pretoria en favor de los promotores condenados. Después, se concertó con Muñoz y otros cargos socialistas para llevar a cabo las operaciones. A cambio, recibieron “cuantiosos rendimientos y comisiones” que ocultó a través de sociedades interpuestas.

Por su lado, Prenafeta y Alavedra, “sabedores de los contactos e influencias” de 'Luigi', se concertaron con el exdiputado del PSC para desarrollar las operaciones urbanísticas. Esto les permitió “recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial”, y que fueron pagadas por los empresarios que lograron obtener “cuantiosos beneficios derivados de las adjudicaciones y operaciones inmobiliarias especulativas” auspiciadas por los políticos.

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