La travesía de la carretera LR-202 en Haro, coincidente con la Avenida Bretón de los Herreros, será objeto de un proyecto de mejora funcional, urbana y paisajística en el que el Gobierno de La Rioja invertirá 604.907,01 euros. La iniciativa ha sido presentada hoy, 22 de mayo, por el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y de la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández. El proyecto se licitará en las próximas semanas y se prevé que las obras, cuyo plazo de ejecución asciende a 5 meses, comiencen este otoño.

La actuación, que abarca del kilómetro 0,190 al 0,570, comprende la reordenación del espacio peatonal conforme a criterios de accesibilidad universal, la creación de un eje verde paralelo a la calzada, la adecuación de una zona estancial al final del tramo y la renovación del firme, así como de la señalización horizontal y vertical. “Con estas intervenciones se persigue incrementar la seguridad vial de vehículos y peatones, mejorar la funcionalidad del tramo urbano y favorecer su integración en el entorno urbano y paisajístico de Haro”, ha señalado el consejero durante la presentación del proyecto, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Haro.

Por su parte, la alcaldesa de Haro ha agradecido que el Gobierno regional “haga por fin realidad esta demanda histórica de los vecinos que va a suponer una ordenación y renaturalización de todo este entorno, y que asuma la totalidad de la financiación del proyecto, por lo que ni el Ayuntamiento de Haro ni los vecinos de esa calle van a tener que aportar ninguna cuantía económica”. La actuación principal se llevará a cabo en la margen derecha de la calle, en una franja actual de tierra de entre 6 y 7 metros de anchura que separa la zona residencial de la calzada. Se trata de un espacio desordenado y sin pavimentación que es utilizado como aparcamiento, dificultando y poniendo en riesgo el tránsito peatonal.

Por este motivo, se ejecutará una amplia acera peatonal, de entre 4,4 y 4,7 metros de anchura, a modo de nuevo itinerario seguro, cómodo y accesible para los viandantes. El pavimento estará compuesto de losas y adoquinado de diferentes tamaños y colores, y baldosa podotáctil en las zonas de pasos peatonales.

Este espacio peatonal estará separado de la calzada por un parterre ajardinado de 2 metros de anchura que albergará los árboles actuales, así como nuevas especies arbóreas y arbustivas, con lo que la ciudad ganará un vial verde en el que se plantarán 12 nuevos árboles. Asimismo, se sustituirán 5 árboles que se encuentran en muy mal estado fitosanitario y suponen un riesgo para la seguridad de las personas y del tráfico rodado por la caída de ramas.

Al final del tramo, a la altura del kilómetro 0,500, se habilitará una zona estancial conectada con un parque contiguo cercano a la cuenca del río Tirón. A lo largo del área peatonal se instalará mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente.

El proyecto incluye la redistribución de la calzada para conseguir 2 carriles de 3 metros de anchura cada uno y un arcén de 0,50 metros junto a la acera existente en la margen izquierda de la calle.  Esto implicará la renovación del firme mediante una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor. El refuerzo de la seguridad vial se completará con la instalación de nuevas señales y marcas viales, así como rigola para drenar el agua y bordillo para separar el tráfico rodado y peatonal.

Por último, se aprovechará la intervención para desplegar nuevas canalizaciones subterráneas de telecomunicaciones y electricidad para poder retirar en el futuro los tendidos aéreos.

Izquierda Unida ha reclamado este miércoles la declaración del municipio como zona tensionada y un refuerzo “decidido” de la vivienda pública en régimen de alquiler al alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), ante la “grave crisis” habitacional que atraviesa el municipio. Además, ha instado a penalizar fiscalmente a los grandes tenedores y a los contratos de temporada fraudulentos que encubren alquileres habituales, así como ejercer el derecho de tanteo y retracto en subastas o ventas de bloques completos para destinarlos a vivienda pública.

La formación ha denunciado que la principal respuesta del equipo de gobierno municipal se limita a permitir la transformación de locales comerciales en viviendas, una medida que IU considera “insuficiente y alejada” de soluciones estructurales para un problema que afecta de forma creciente a amplias capas de la población.

Según IU, la crisis de acceso a la vivienda en el municipio se refleja en datos “muy preocupantes”, con un precio de venta consolidado entre los 1.700 y 1.800 euros por metro cuadrado, un fuerte encarecimiento del alquiler y una oferta de vivienda para larga duración que se ha reducido a cifras “prácticamente testimoniales”, con menos de diez viviendas disponibles para alquiler estable, en los principales portales inmobiliarios.

“Dejar en manos privadas la solución de este auténtico problema social no puede hacer otra cosa que agravarlo. La máxima preocupación de Soberón son las fiestas y los actos para hacerse la foto”, ha cuestionado la coordinadora local de IU, Verónica C. Montero, quien ha subrayado que “si se compara el gasto en festejos por habitante con la inversión en vivienda, la primera gana por goleada”.

La coalición ha señalado que este déficit no responde a la falta de parque residencial, sino principalmente al trasvase de viviendas hacia el alquiler turístico y vacacional. A ello se suma, han añadido, el impacto de los elevados precios de la vivienda en Santander, que están expulsando a población trabajadora hacia otros municipios de la bahía, como Astillero o Camargo.

En este contexto, IU considera “especialmente preocupante” que la alternativa fundamental planteada por el equipo de gobierno sea legalizar la conversión de antiguos locales comerciales en viviendas de pequeño tamaño, en algunos casos de apenas 50 metros cuadrados, y advierten de que en los servicios técnicos municipales se acumulan ya numerosas solicitudes para este tipo de transformaciones.

Un antiguo supermercado como vivienda

Como ejemplo, IU ha citado lo que está ocurriendo en los números 2, 4 y 6 de la calle Doctor Madrazo, donde se está habilitando el local de un antiguo supermercado para su reconversión en viviendas. En este caso, afirman que las obras se están realizando con maquinaria pesada, “lo que ha generado miedo y malestar entre los vecinos tras haberse producido desperfectos relevantes en el propio edificio”.

Además, la coordinadora local ha instado al alcalde a apostar por la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, recordando que existen terrenos disponibles para este fin en zonas como Las Cacharras o Marqués de la Ensenada, además de edificios que, tras su rehabilitación, podrían ponerse al servicio del vecindario, como San Camilo o Ballestas.

La concejal tránsfuga renunció a intervenir en el primero de los debates del último pleno previo a la moción de censura. Trataba sobre reparos de intervención a algunos pagos a proveedores. Sí usó la palabra en el segundo, una iniciativa del PP para solicitar la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Lugo. La interrumpió el público presente en el salón de plenos del ayuntamiento. “Democracia sí / transfuguismo no”, corearon. El alcalde socialista intentó calmar los ánimos pero finalmente dio orden de desalojar la estancia. “Traidora”, “vergüenza” o “carroñeros” fueron algunos de los calificativos que dirigieron a María Reigosa, edil que tomó posesión tras la muerte de dos de sus compañeros en las listas del PSOE y que la semana pasada reveló que pasaba a apoyar a la derecha. Otros llegaron a lanzar algun moneda al suelo.

“Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”, afirmó desafiante Reigosa, leyendo su intervención, después de que se reanudase el pleno. Ese siguiente pleno, convocado para el próximo jueves, 7 de mayo, será en el que se vote la moción de censura presentada por la líder del PP, Elena Candia, con el apoyo de la edil tránsfuga. Si la operación transcurre según lo previsto por la derecha, Candia obtendrá una alcaldía que los populares no han obtenido en las elecciones de los últimos 27 años. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, la ha respaldado públicamente en numerosas ocasiones.

Tras las protestas y el desalojo de los que protestaban, el pleno continuó con un rumor de fondo, el de los cientos de personas que, a las puertas del ayuntamiento, expresaban su indignación contra la moción de censura y el transfuguismo. Las alusiones se sucedieron a lo largo de la tarde. La nacionalista Maite Ferreiro, cuya formación, el BNG, forma parte del actual gobierno local en pacto con los socialistas, dio la bienvenida al pleno a una nueva edil del PSdeG, Eugenia Iglesias, y expresó su deseo de que prevalezcan “la decencia y la dignidad”. Elena Candia incluso se permitió una frase que atribuyó a Sócrates -la autoría de la misma no está clara- y que no venía exactamente a cuento: “Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor”. Si se refería a la moción de censura del próximo 7 de mayo, el debate todavía no se ha producido. Porque la iniciativa sobre la Semana Santa sí salió adelante con respaldo de los demás grupos.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, en sesión en pleno extraordinario, un Plan Económico-Financiero para el cumplimiento de la regla de gasto y el equilibrio presupuestario del Consistorio en los ejercicio 2026 y 2027. Una medida obligatoria del Ministerio de Hacienda, tras haberse incumplido la regla de gasto en 2025, con un exceso de un 2,5 por ciento sobre el límite marcado de 3,2%, a la que se ha dado el visto bueno con los votos a favor de PP, Podemos y Partido Riojano, y la abstención de PSOE y VOX.

Como ha explicado el concejal de Hacienda Francisco Iglesias, “se trata del último paso del Presupuesto del ejercicio 2025”, tras la liquidación de estas cuentas, aprobada en el pleno del pasado día 9 de abril, en el que “se volvió de nuevo a cumplir los parámetros de las reglas fiscales”. En concreto, de acuerdo con el informe presentado en la sesión, se ha cumplido en el pasado ejercicio la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la morosidad comercial “pero se incumplen los objetivos de la regla de gasto”.

En palabras de edil, esta regla de gasto no se cumplió “al haberse gastado una cantidad mayor que el porcentaje marcado en los capítulos 1 al 7 del presupuesto”, lo que “obliga a rendir cuentas con este plan”. Así, ha detallado que el límite de gasto para el pasado ejercicio estaba marcado en 144,8 millones, cuando el gasto real del Ayuntamiento logroñés fue de 148,57 millones, “es decir, 3,6 millones más”. En porcentaje, lo marcado era un 3,2%, mientras que el Consistorio capitalino llegó al 5,82%, es decir, “un 2,54% por encima del límite”.

A ello ha sumado Iglesias “que también ha habido incumplimiento de la regla de gasto en Logroño Deporte”, en un 0,27% en términos porcentuales, en la realidad, algo más de 14.100 euros. Estas cifras suponen, ha recalcado el concejal, “que hay que presentar este Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2026-2027”, con el objetivo de cumplir la regla de gasto “y para corregir ese desvío que se ha dado”.

El plan se elaborará “siguiendo las directrices” marcadas por el organismo competente del Ministerio de Hacienda; luego, se presentará al Gobierno de La Rioja, “lo que se hará hoy mismo, tras su aprobación en este pleno”; tras ello, toda la documentación se trasladará al Ministerio; y, finalmente, a partir de ahí, el Ejecutivo regional irá controlando el cumplimiento “con informes periódicos”.

“Es un plan meramente formal -ha afirmado Francisco Iglesias- sin medidas que aplicar y que se corrige ya con las cuentas de 2026 y con el de 2027, que cuentan y contarán con equilibrio presupuestario. El impacto presupuestario del plan, por tanto, es cero, ya que no hay medidas económicas concretas”. Con todo, a juicio del edil, “es un escalón que nos viene bien subir, porque este Ayuntamiento ha tenido unos gastos importantes en los capítulos 1 al 7 de sus cuentas, que han llevado lejos de la regla de gasto”.

“Hemos cerrado un año 2025 complicado de gestionar, pero del que se ha salido con números correctos, sin que un solo servicio se haya perdido ni se haya dejado de prestar”, ha subrayado Iglesias, quien ha concluido resaltando que el plan “no impactará económicamente en nada en 2026 y 2027, y permitirá ir cumpliendo con la regla de gasto”.

La respuesta de la oposición

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas, pese a reseñar su voto favorable, ha criticado que “han tenido que recortar, entre otras cosas, de Servicios Sociales para cuadrar las cuentas, por lo que ha afeado que ”no hay nada en el tema presupuestario que este Gobierno y este alcalde no esté incumpliendo“.

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro, “es increíble que, para este Gobierno y para este Partido Popular, todo lo malo que ocurre es culpa de Pedro Sánchez”, por lo que ha pedido al Ejecutivo local y al partido que lo sustenta “un poco de coherencia y de asumir sus responsabilidades”.

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha lamentado que “no estamos ante una simple formalidad técnica, sino ante una forma de gobernar irresponsable”, criticando que “la regla de gasto se ha incumplido por una voluntad política, de gastar más de lo debido, echando mano de los remanentes sin atender a las necesidades reales de los logroñeses”.

A juicio del portavoz del PSOE, Luis Alonso, “es maravilloso, que todo sea culpa del Gobierno de Pedro Sánchez”, y eso, ha lamentado, “pese a que se ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con unas aportaciones del Estado que han sido de récord”. “Y ahora nos vienen a decir que el Gobierno central les está asfixiando, no tiene ningún sentido”, ha finalizado Alonso, quien ha aprovechado para preguntar al Ejecutivo municipal, y, en concreto, al alcalde Conrado Escobar que “ha subido la presión fiscal un 2,4%, ¿pero no dijo que la iba a bajar un 10%? ¿dónde está?”

Por parte del Grupo Popular, la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz ha llamado a la tranquilidad de los logroñeses “porque lo que se plantea en este plan ya está resuelto, con un presupuesto para 2026 que se ha aprobado ya con equilibrio presupuestario”. “Es una medida ficticia impuesta por el Ministerio”, ha asegurado Sanz, quien, para finalizar, ha achacado buena parte de la situación a que la regla de gasto “no se aprobó por parte del Gobierno central hasta marzo del año pasado”, a lo que ha sumado que “no tenemos PGE desde hace años, están asfixiando a los españoles y a los ayuntamientos”.

PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13. El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda “alguna relación” con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la “concejala tránsfuga”, lo que, a su juicio, “incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública”.

¿Optará a dicha plaza?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones. En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de “garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de “extrema gravedad” que podría ser interpretada como “contraria a los principios éticos y democráticos”.

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general. Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán “vigilantes” ante la evolución de este asunto y no descartan “emprender acciones legales” si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.

El PP gallego, incluido el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, ya ha mostrado su apoyo a una operación que, según denuncian los socialistas, “aprovecha la muerte de tres concejales del PSOE” (Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Rocamonde) para acceder a la alcadía, dado que la edila tránsfuga solo entró en la corporación tras el fallecimiento de Permuy.

Las discrepancias internas en el Partido Riojano tras el cambio de dirección y la incorporación de miembros del partido Vinea, pertenecientes antes a Vox, continúan provocando una brecha. Entre las bajas del partido alrededor de la celebración del congreso el pasado mes de diciembre, había un alcalde y tres concejales a los que ahora se les ha notificado en una carta su “expulsión”, aunque ya se habían dado de baja y se les ha reclamado la entrega del acta, que no van a aceptar y aseguran que seguirán trabando en sus ayuntamientos.

En el caso de Nájera, el Partido Riojano, que en las anteriores elecciones se presentó a las elecciones en coalición con la España Vaciada, tiene dos concejales, Sergio Díez y Juanjo Morgado, que se presentaron en 2023, como todos los miembros de la lista, como independientes. “De cara al congreso nos reclamaron la afiliación y así lo hacemos los dos concejales electos, pero no compartimos la nueva deriva que ha tomado el partido con la integración con Vinea y decidimos apartarnos y darnos de baja”, explica Díez, sorprendido de la carta en la que se le expulsa: “No te pueden expulsar cuando no estás”.

Además, asegura que no dejarán sus actas y que van a seguir trabajando “de forma autónoma por Nájera”, ya que el “acta es personal”. Por otro lado, la dirección del PR+ ha solicitado al Ayuntamiento de Nájera que elimine el grupo municipal del PR, de lo que se han enterado por el orden del día y que se trata de un trámite que no requiere votación. No obstante, los concejales van a recurrir esta decisión porque creen que “no son las formas”: “El PR+ se presentó en coalición con España Vaciada y solo lo ha solicitado uno y los grupos municipales son autónomos, si queremos salir lo tenemos que decidir nosotros o en todo caso el pleno de la corporación”.

“Los concejales seguimos unidos, seguimos pensando lo mismo y seguimos trabajando por las cosas que consideramos buenas para Nájera, por lo que creo que es más ruido que otra cosa”, concluye Sergio Díez. El concejal najerino afea las formas a la nueva dirección y denuncia que los miembros de Vinea entraran como afiliados sin la aprobación de la Comisión de Garantías. “Son personas que fundaron Vox en algunos municipios, ¿quieren quitar las autonomías y entran en un partido regionalista?”, señala con ironía.

El caso de Viniegra de Abajo es diferente. Víctor Grandes se presentó bajo las siglas del PR y fue elegido alcalde. De la misma manera que a los concejales de Nájera, le llegó la carta de expulsión estando ya fuera del partido. Además, en su pueblo las elecciones se realizan con listas abiertas, por lo que si dejaría el acta, no entraría otro del PR sino el siguiente más votado en este caso de Por La Rioja. Sin embargo, Grandes confirma que va a seguir al frente del Ayuntamiento: “Voy a seguir trabajando y cumplir el compromiso que hice con los vecinos de Viniegra de Abajo”.

También se muestra decepcionado con el viraje de la dirección y las formas que han tomado en esta ocasión. “El partido sufre una variación ideológica clara y no me siento representando”, explica sobre su salida. Y añade contundente: “Como no pueden convencer, imponen; es una actitud muy dictatorial, como quiere que sea el nuevo Partido Riojano”.

De la misma manera, el concejal de Estollo, Francisco Rodríguez, ya ha solicitado a su Ayuntamiento la salida del grupo del PR y para pasar al grupo mixto o como concejal no adscrito, según le indique el secretario y cree que esta carta que han recibido es una “pataleta” de la presidenta. “De lo que era el Partido Riojano, no queda nada. Vinea ha cambiado el nombre por el de Partido Riojano, las personas son las mismas”.

Telmo Martín, alcalde de la turística localidad de Sanxenxo (Pontevedra) por el Partido Popular, asumirá Urbanismo y Vivienda tras la dimisión de una edil y reordena su gabinete. Según ha informado el propio Ayuntamiento, a la salida de María Deza, que en octubre se incorporó a la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), se suma ahora, la de Paula Martínez, que ha entregado este mismo miércoles, “por motivos personales”, el acta de concejala. El equipo de gobierno agradece la labor y dedicación de Martínez durante estos años al frente del área de Hacienda, Economía y Personal.

A partir de ahora, el alcalde, Telmo Martín, asumirá la competencia de Planificación Urbanística y Vivienda, y la concejalía de Hacienda, Economía y Personal será ocupada por Arabela Deza que se pone el frente de Hacienda y Óscar Vilar, que entrará en el grupo de gobierno tras la salida de Martínez, para asumir Economía y Personal. Otro de los cambios en las áreas de trabajo será el de Elena Torres que pasará a ocupar la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Xoán Pérez, que asumirá la de Cultura y Eventos.

Por otro lado, el edil de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, ocupará la primera Tenencia de Alcaldía; la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, será la nueva portavoz del gobierno y la segunda teniente de alcalde, y el concejal de Turismo, Juan Deza, será el tercer teniente de alcalde. Natividad Parada se mantiene al frente de Educación y Yago Torres, en Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente.

La independencia de Bellaterra y su ansiada anexión a la vecina Sant Cugat del Vallès (Barcelona) presiden estos días todas las conversaciones entre los vecinos de esta urbanización, una de las más adineradas de Catalunya. “Sentimos abandono”, resumía este miércoles Chus Cornellana. Ella es una de las principales activistas por la separación de este vecindario del municipio al que pertenecen, Cerdanyola del Vallès, a quienes acusan de darles la espalda.

El proceso lleva años abierto, pero estos días ha escalado hasta incendiar la política local. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha acusado al Ayuntamiento de Sant Cugat de maniobrar de forma “desleal” para anexionarse Bellaterra, cuyos habitantes son mayoritariamente partidarios de cambiar de municipio.

Los residentes esgrimen razones de cercanía geográfica, movilidad y de falta de inversiones, pero desde el gobierno municipal de Cerdanyola denuncian que existe un sesgo de clase social: Bellaterra, la urbanización con más poder adquisitivo de la localidad, quiere unirse a Sant Cugat, uno de los municipios con mayor renta de Catalunya. “Puede que no lo digan, pero es el motivo más evidente y claro”, expresa sin ambages Cordón (PSC).

Desde el consistorio de Sant Cugat del Vallès responden, visiblemente molestos, que ellos no han intervenido en la vida política de Bellaterra. Y que se limitan a constatar la “viabilidad” de su integración en un informe encargado precisamente por Cerdanyola del Vallès, obligada por la Justicia a abrir un expediente de segregación después de que sus vecinos lograran las firmas necesarias en 2019. “Nosotros hemos sido respetuosos no, lo siguiente”, defiende Jordi Puigneró (Junts), teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales de Sant Cugat.

Con 3.037 habitantes, Bellaterra es una apacible urbanización fundada en 1929 que se extiende al norte de la Sierra de Collserola. Desde 2010, su estatus es de Entidad Municipal Descentralizada (EMD), una forma semiautónoma de gobierno dentro de Cerdanyola. Pero de la ciudad a la que pertenecen la separan 5 kilómetros, con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la autopista AP-7 y la carretera C-58 de por medio. La continuidad urbana sí existe en cambio con Sant Cugat, lo que hace que sus vecinos se sientan más integrados en la vida diaria de la localidad a la que ahora quieren sumarse. 

La plaza del Pi, al lado de la estación, concentra los pocos comercios del pueblo y ejerce como punto de encuentro diario para los vecinos. En la única cafetería, la Bonaparte, Elisenda, Chus y Desveus debaten sobre la posible anexión. Las dos primeras forman parte de Comisión Bellaterra És Sant Cugat. Su primer argumento es que la distancia física y la falta de conexiones de movilidad “no permiten” una buena gobernanza de la urbanización. 

“En 10 minutos llegas a Sant Cugat con los ferrocarriles, que además pasan cada 15 minutos, mientras que para ir a Cerdanyola los buses pasan con poca frecuencia, no ofrecen servicios los fines de semana y la escasez de paradas obliga a caminar largas distancias”, lamenta Chus. Un estudio de hábitos de consumo realizado por la EMD constató que un 60% de los habitantes de Bellaterra realizan la mayor parte de sus tareas diarias en Sant Cugat y que solo un 9% lo hace en Cerdanyola.

La cercanía y los transportes no son el único motivo. También aducen falta de inversiones por parte del consistorio, y en ese punto donde emergen los recelos sobre el poder adquisitivo de sus habitantes. Con una renta bruta per cápita de 45.599 y 50.459 euros (en sus dos secciones censales), están dentro del 1% más rico de España, y más cerca los 34.785 de Sant Cugat que de los 22.963 de Cerdanyola. 

Los vecinos niegan que sea la riqueza de Sant Cugat lo que les mueve. “El argumento sociodemográfico se utiliza de forma interesada. El Ayuntamiento de Cerdanyola nunca ha considerado a Bellaterra como una prioridad y ha usado la excusa de las rentas altas para no invertir en el municipio”, defiende Elisenda.

La opinión la comparten algunos de los jóvenes que han crecido en la localidad. “Las calles de la parte alta están dejadas, con los impuestos que pagamos deberíamos tener algo mejor”, afirma Jan, de 21 años, que opina sobre la anexión: “Peor que ahora no será”. 

Josep Maria Riba, presidente de la EMD, es más comedido, pero coincide al afirmar que faltan equipamientos y autogobierno. En el último informe sobre la separación que remitió a Cerdanyola, resumía las razones geográficas, administrativas, de movilidad y económicas. “El desconocimiento del grado de solidaridad económica de Bellaterra hacia el resto de Cerdanyola, unido a una carencia histórica de inversiones, favorece una percepción generalizada de que el retorno de los impuestos y tasas que se pagan es bajo”, reza el documento.

Del proceso histórico a las acusaciones políticas

Los vecinos de Bellaterra hace décadas que quieren dejar de pertenecer a Cerdanyola. Los primeros intentos de independizarse fueron en los 90, y la propia creación de la EMD, en 2010, fue un intento de acomodar sus aspiraciones de autogobierno. En 2015 celebraron una consulta ciudadana para separarse y el sí superó el 90%, pero la Generalitat lo rechazó e instó a que negociaran un nuevo convenio de autogobierno. Años después, a falta de que este se materializase, un grupo de vecinos volvió a la carga, pero esta vez para integrarse en Sant Cugat. 

Una campaña de recogida de firmas en 2019 logró que más del 60% del censo apoyara el cambio de municipio. Cerdanyola lo rechazó, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a Bellaterra y obligó al ayuntamiento a abrir un expediente de segregación, que es el que se está tramitando actualmente.

En este marco, Cerdanyola encargó un informe a Sant Cugat y a otras administraciones implicadas (la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona o el Consejo Comarcal) sobre si la anexión cumple los requisitos necesarios en materia urbanística, demográfica, económica o jurídica. La conclusión es que sí, que no habría impedimentos técnicos, aunque algunos entes como la Diputación recomiendan que se lleve a cabo por consenso.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Cerdanyola debe cerrar el expediente, llevarlo a votación en el pleno y elevarlo a la Dirección General de la Administración Local, de la Generalitat, en seis meses para analizarlo todo. Finalmente, sería el Govern que preside Salvador Illa el que debería aprobarlo. 

Mientras tanto, la presentación en rueda de prensa del informe de Sant Cugat, donde gobierna Junts con ERC, ha desatado las quejas en la ciudad vecina, cuyo alcalde es del PSC. “Lo que criticamos es que ellos no van de cara, no nos quieren decir nada, y luego el 6 de enero por la noche su alcalde me manda un WhatsApp informándome de que van a aprobar el informe donde se avala la integración”, lamenta Cordón, que acusa al gobierno municipal vecino de “trabajar activamente” para anexionarse Bellaterra con reuniones con sus vecinos y asistiendo a sus plenos.

Puigneró, por su parte, insiste en que se han limitado a elaborar un informe encargado por Cerdanyola, y que la relación con los vecinos de Bellaterra era necesaria para ello. El teniente de alcaldía argumenta que deben ser los residentes en Bellaterra quienes decidan su futuro, y acusa a Cerdanyola de querer evitar una segregación que ya parece inevitable. “Si no quieren que se vayan, lo que deben hacer es arreglar sus problemas. ¿Por qué hace 25 años que se quieren ir? ¿Quizás porque hace 25 años que los maltratan?”, cuestiona Puigneró. 

Desde Cerdanyola, sin embargo, argumentan que la anexión abriría un “precedente” de desigualdad territorial. “Que núcleos con más poder adquisitivo se vayan juntando supone dejar de lado el modelo de igualdad y la sociedad de la redistribución que nos caracteriza”, expone el alcalde Cordón. 

Con unanimidad de todo el pleno de Cerdanyola en contra de este proceso, falta por ver cuáles serán las conclusiones del informe que su consistorio debe cerrar en las próximas semanas.

Uno de los puntos que pueden hacer descarrilar la anexión es el futuro de la EMD. “Perderla supondría la pérdida del acceso a subvenciones y de capacidad de gestión local”, advierte su presidente, Josep Maria Riba. Sin embargo, Cornellana y otros vecinos opinan que las consecuencias serían “prácticamente irrelevantes” por las “pocas competencias” de la entidad. Si consuman la separación, esto desaparecería, porque forma parte de un convenio con el Ayuntamiento de Cerdanyola. Sant Cugat podría plantearlo, pero el problema es que desde 2013 la reforma de la administración local del PP dificulta mucho más su creación. 

El PP de Ribeira ha presentado una moción de censura en el consistorio de la localidad coruñesa junto a cuatro concejales del Partido Barbanza Independente (PBBI) que devolverá a los populares a la Alcaldía, que desde los comicios municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Luis Pérez Barral con el apoyo del PSOE y del PBBI.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la moción está firmada por los 10 ediles del PP y cuatro de los cinco que los independientes tienen en la corporación.

De prosperar, la nueva alcaldesa de la localidad de O Barbanza será la popular Mariola Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado. Está previsto que esta tarde ofrezca una rueda de prensa para explicar el acuerdo y los motivos de esta moción de censura.

Ribeira es el décimo ayuntamiento de la provincia de A Coruña por población, con casi 27.000 habitantes.

En un plazo de tres semanas, van a ser cuatro las alcaldías que cambien de manos en Galicia con el voto de un edil tránsfuga. Dos de las mociones de censura presentadas han prosperado ya. Son las de Forcarei (Pontevedra), en donde el PP se ha hecho con el bastón de mando, y la de Noia (A Coruña), en donde el nuevo regidor es el socialista Francisco Pérez Caamaño. Este martes se debate la que más suspicacias ha levantado, la de Touro (A Coruña), que implica un cambio de postura en el PP sobre un proyecto minero. El 19 será el turno de la de Fisterra, que también colocará como alcalde a un miembro de la formación conservadora.

Todas estas mociones incluyen a un edil tránsfuga. Lo hacen tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado mes de junio que modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de alguien que había concurrido a las elecciones en la misma lista que el alcalde al que se pretende sustituir. El efecto fue inmediato en el mapa local gallego, con cuatro movimientos que implican el apoyo de tránsfugas. Tres de ellos dan la alcaldía al PP y uno, al PSOE.

El presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha defendido estas mociones. “Hubo una sentencia que cambió las reglas del juego. Lo que antes no era viable, ahora sí, y esto podía producir movimientos”, defendió tras la última reunión de su gabinete antes del parón estival. Dirigió también unas palabras a los socialistas: “Lo que no voy a hacer es criticar que otros utilicen lo que nosotros estamos utilizando”.

Solo mes y medio después del aval del Constitucional, la primera de estas cuatro mociones de censura provocó un cambio en la Alcaldía de Forcarei el 31 de julio. Belén Cachafeiro, del PP, volvió al cargo con el apoyo de Rafael Fiestras, un concejal que fue elegido por el PSOE en 2023, aunque después fue expulsado del gobierno local, dirigido estos dos años por la socialista Verónica Pichel.

También prosperó la moción presentada en Noia. Este lunes, el socialista Francisco Pérez Caamaño fue elegido alcalde en sustitución de Santiago Freire (PP). Lo hizo gracias al apoyo del BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos. Freire gobernaba en minoría junto al partido N.O.I.A. desde que Alamancos salió del grupo del PP, el partido con el que había concurrido a las municipales de 2023.

Otra alcaldía para el PP, pero con “cambio de enfoque”

La moción de censura planteada en Touro es la que ha levantado más polvareda. En este municipio coruñés gobierna Movemento Veciñal con el apoyo del único edil de Partido Galego. Y va a ser un concejal no adscrito, Darío Rey, que formó parte del gobierno de Movemento Veciñal, el que dé ahora la alcaldía al PP. A cambio de su voto, Rey, que rechaza entrar en el nuevo gobierno, pidió a los populares una serie de compromisos sobre la mina que la empresa Cobre San Rafael quiere reactivar en el municipio.

El proyecto fue tumbado en 2020 por la Xunta, en medio de una fuerte contestación social, por no superar el trámite ambiental. La empresa reformuló su iniciativa y volvió a tramitarla. En 2024 el Gobierno gallego, dirigido por Alfonso Rueda (PP), la declaró proyecto industrial estratégico.

El acuerdo firmado para el cambio de alcaldía en Touro, al que ha tenido acceso esta redacción, establece que, en un plazo de dos meses, el Ayuntamiento se va a personar en todos los procesos judiciales relacionados con la mina. En una de las causas, la Fiscalía pide para los dueños de los terrenos dos años de cárcel por vertidos contaminantes. También indica que se contratará a una consultora para que elabore informes para aportarlos tanto a las causas judiciales como a posibles recursos administrativos.

Rey, activista contra la mina, justifica su apoyo a que gobierne el PP por estos compromisos que, sostiene, había adquirido el actual alcalde, Roberto Castro, pero no cumplió. El edil no adscrito acusa al regidor de inacción y pasividad, en especial, en lo que se refiere al proyecto extractivo.

El documento pactado con el PP califica de “cambio de enfoque” la postura del futuro gobierno con respecto a los anteriores. Recoge que el Ayuntamiento “no manifestará apoyo institucional al proyecto minero” en los dos años que faltan hasta las próximas elecciones locales. Tampoco firmará “convenios, acuerdos de colaboración ni compromisos económicos o institucionales con las empresas promotoras del proyecto minero”. Otro de los acuerdos es crear una comisión de medio ambiente, que presidirá Rey y en la que el PP se compromete a “no obstaculizar” las iniciativas que se presenten.

Fisterra

La lista de mociones de censura se cierra con la registrada en Fisterra (A Coruña) por los cinco concejales del PP, con el apoyo del edil díscolo de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez Traba, para apartar de la alcaldía a Áurea Domínguez Sisto (AV). Será el popular Luis Insua quien se haga con el bastón de mando en el pleno convocado para el 19 de agosto.

La actividad concentrada en estas tres semanas estivales contrasta con el ritmo de presentación de mociones de censura en los dos años transcurridos de mandato desde las elecciones locales de 2023. En ese periodo se registraron en Galicia un total de cinco, dos de ellas en el municipio ourensano de O Irixo, que arrancó el mandato bajo los mandos del PP, pasó a tener una alcaldesa independiente y ahora está gobernado por el PSOE. En las de Outes (A Coruña) y Viveiro (Lugo) fue el PP quien se hizo con el bastón de mando, mientras que en Muxía (A Coruña) el alcalde es el independiente Javier Sar, elegido en una moción contra el PSOE que apoyaron PP y BNG.

El presidente Gonzalo Capellán ha informado este viernes un aumento del 3,11 por ciento en la partida global del Fondo de Cooperación Local destinada en 2025 a municipios de más de 5.000 habitantes (Lardero y Villamediana de Iregua) y a las once localidades riojanas con más de 2.000 habitantes (Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanueva de Ebro, Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Navarrete, Pradejón, Quel y Rincón de Soto).

Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha firmado esta mañana, en el Palacio de Gobierno de La Rioja, los convenios de cooperación local de 2025 con Isabel Barceló (Lardero), Rubén Gutiérrez (Villamediana de Iregua), Esperanza García (Alberite), Catalina Bastida (Autol), Eduardo del Campo (Cenicero), Diego Bengoa (Ezcaray), Alberto Peso (Fuenmayor), José María Pastor (Navarrete), Alfonso Pousada (Pradejón), Víctor Rada (Quel), Javier Martínez (Rincón de Soto) y Sergio Ochagavía (Albelda de Iregua). El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro suscribirá el acuerdo de manera telemática.

En concreto, Lardero y Villamediana de Iregua recibirán este ejercicio un total de 835.017 euros, 25.186 euros más que en 2024, lo que supone un incremento del 3,11%. Por su parte, los once municipios riojanos con más de 2.000 habitantes suman una inyección económica de 1.264.607 euros a través de esta herramienta, 38.143 euros más que el pasado año, lo que permite un aumento de la financiación del 3,11%. Así, la partida del Fondo de Cooperación Local para estas trece localidades aumenta en 63.329 euros con respecto a 2024, hasta alcanzar un total de 2.099.624 euros.

En este sentido, Capellán ha asegurado que “la calidad de vida de los ciudadanos se debe a los servicios directos e inmediatos que prestan siempre, sobre el terreno, los 174 municipios de La Rioja, tengan más o menos habitantes”. Por ello, ha incidido en que es fundamental “el apoyo y la financiación a los municipios”, lo que “demuestra la apuesta verdadera por colaborar y ayudar a la administración local desde la cooperación autonómica”.

Respecto a los nuevos convenios de cooperación local firmadoseste viernes, ha reconocido que “nos gustaría tener recursos infinitos, pero este ejercicio podemos incrementar este apoyo, alcanzando un total de 2,1 millones de euros, un aumento superior al 3 por ciento respecto al año anterior, donde también se produjo un incremento respecto al ejercicio anterior”.

“Entre todos hacemos La Rioja”

A través de esta partida, Capellán ha avanzado que “los ayuntamientos tendrán más recursos para que puedan desarrollar sus competencias y acciones desde la plena confianza” y también ha recordado que “este convenio marco no es óbice de otras colaboraciones puntuales que permiten desarrollar innumerables proyectos, como sanitarios, deportivos, culturales e infraestructuras, entre otros”. Por último, ha subrayado que “esta colaboración es necesaria porque entre todos hacemos La Rioja, ya que La Rioja es todos y cada uno de sus municipios”.

Por su parte, la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, ha agradecido al Ejecutivo regional su ayuda y colaboración con los consistorios y ha reconocido que “tener un Gobierno municipalista es lo mejor que nos puede pasar a todos los ayuntamientos para poder prestar servicios a los ciudadanos”. También ha recalcado que “este convenio es un impulso a la gestión municipal para poder sacar adelante todos los servicios que suministramos y atender todas las demandas ciudadanas”.

El alcalde de Albelda de Iregua, Sergio Ochagavía, ha ratificado las palabras de la alcaldesa de Autol y ha explicado que, en el caso de su municipio que “año tras año fija población y continúa creciendo, este convenio nos permite adaptar las infraestructuras y poder dar los mejores servicios a los vecinos”.

Las cuantías y los municipios

Municipios más de 5.000 habitantes

Población (2024)

2025 (€)

2024 (€)

Lardero

11.658

451.282

438.178

Villamediana de Iregua

9.207

383.735

371.653

Total

20.865

835.017

809.831

Municipios más de 2.000 habitantes

Población (2024)

2025 (€)

2024 (€)

Albelda de Iregua

3.855

137.123

130.473

Alberite

2.674

100.629

96.183

Aldeanueva de Ebro

2.691

101.154

99.210

Autol

4.875

168.642

164.329

Cenicero

2.091

82.615

78.853

Ezcaray

2.098

82.830

79.254

Fuenmayor

3.278

119.293

115.676

Navarrete

3.038

111.877

108.910

Pradejón

3.754

134.002

132.913

Quel

2.139

84.097

81.448

Rincón de Soto

4.024

142.345

139.215

Total

34.517

1.264.607

1.168.061

Estas cantidades se calculan con la aplicación de una fórmula de reparto que tiene en cuenta una parte fija y otra variable en función de la población. Tal y como figura en el texto del convenio, cada Ayuntamiento destinará los recursos procedentes de esta participación en el Fondo de Cooperación Local de La Rioja a financiar operaciones corrientes y de capital vinculadas a la prestación de los servicios reconocidos como competencias propias de los municipios, unos gastos que deberán imputarse obligatoriamente al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.

Estas cuantías deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio, apunta una de las cláusulas del acuerdo, de que se financien todas las actividades ejecutadas desde el 1 de enero de 2025.

El partido político Vinea ha anunciado la decisión de romper el pacto con el que gobernaban con el PP en el Ayuntamiento de Cervera. Con ello, los concejales dimiten también de sus cargos en el Equipo de Gobierno, que hasta ahora eran la Concejalía de Educación y Juventud, el cargo de Segundo Teniente de Alcalde y la Alcaldía Pedánea de Ventas del Baño y dejar de apoyar al PP en el ayuntamiento desde hoy mismo.

Sobre las razones, han justificado que se ha “incumplido de forma reiterada los acuerdos pactados para los presupuestos de los dos primeros años de legislatura”. Reconocen que “no es una decisión fácil” aunque dicen verse “obligados” a tomarla “por sentido común y coherencia con nuestros principios”.

“Nuestro compromiso con la ciudadanía exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento, y estos valores no se han respetado por parte del actual alcalde. Escasas semanas después de la investidura del alcalde, éste fue nombrado subdirector general del Instituto de Estadística en el Gobierno de La Rioja, hecho que comprometía seriamente su presencia en Cervera y creaba dudas en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento y de la gestión diaria”, añaden.

VINEA mantuvo el apoyo al Partido Popular con el compromiso de frmar parte de la gestión diaria y estar informados de la situación del Ayuntamiento, cosa que, aseguran, “sí sucedió durante los primeros meses de legislatura pero que dejó de darse con el único fin de intentar eclipsar a VINEA, pensando en intereses electorales en vez de en el beneficio de nuestro municipio”.

“No es responsable seguir formando parte de un equipo de gobierno cuando no se nos informa de la situación del Ayuntamiento y se están tomando decisiones por vía unilateral y sin contar con nuestra opinión, sea o no imprescindible”, consideran desde esta formación. Además, dicen que “no se están llevando a cabo las medidas acordadas y firmadas por el alcalde ni se están atendiendo nuestras peticiones actuales de subsanar las deficiencias que comunican los vecinos de Cervera”.

“En materias de educación y juventud no se nos está teniendo en cuenta para ninguna decisión; y en cuanto al cargo de segundo teniente de alcalde no se le ha permitido gestionar la brigada del Ayuntamiento cuando fue la única función que se le atribuyó en un principio, con el fin de mejorar su gestión”, concretan desde Vinea, que aseguran haberse sentido “sistemáticamente desplazados y engañados en muchos momentos de la legislatura, silenciados y sin margen de maniobra”.

“Nuestra voluntad de trabajar de forma constructiva por nuestros pueblos ha sido ignorada. Especialmente grave nos parece la exclusión y ocultismo en decisiones clave para nuestro municipio, como puedan ser los temas relacionados con la situación de Plaza Chica y la viabilidad de la fábrica conservera, que a día de hoy seguimos sin saber cuáles fueron las negociaciones que se mantuvieron con los nuevos gerentes y qué facilidades se les ha dado para retener el cierre de esta fábrica”.

“Nuestra responsabilidad es con los vecinos, no con los intereses partidistas. Por ello, damos este paso con la convicción de que Cervera y su comarca merece una gestión más transparente, honesta, participativa y comprometida. En el próximo pleno del día 9 de mayo expondremos con más detalle los motivos por los que nos hemos visto obligados a tener que tomar esta decisión. Seguiremos defendiendo los intereses de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, haciendo una oposición responsable, sin bloquear nada de cuanto consideremos beneficioso para Cervera y trasmitiendo nuestras demandas a través del Ayuntamiento y en los plenos mediante mociones”, finalizan.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local, la contratación de un préstamo a largo plazo por 9 millones de euros para inversiones, según ha detallado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias.

Iglesias ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado 20 de diciembre un Presupuesto municipal para 2025, que asciende a 200.931.000 euros. En su apartado de gastos, el documento contempla unos importes totales de 21,5 millones de euros en los capítulos inversores (VI y VII).

Dentro de este programa municipal de inversiones, ha explicado el concejal, se consignan diversos proyectos de gasto financiados, entre otros, con recursos procedentes de operaciones de crédito. Por ello, la Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana el expediente para la contratación de un préstamo a largo plazo por un importe máximo de 9 millones de euros, así como el inicio del procedimiento abierto para la selección de la entidad financiera contratista.

La contratación de dicho préstamo, ha explicado Iglesias, permitirá financiar total o parcialmente hasta 43 inversiones con importes que van desde los 6.611,01 euros hasta 1.155.646.80 euros.

Inversiones

Entre las inversiones más destacadas en términos cuantitativos, cabe destacar, además de la continuidad en el desarrollo del nuevo sistema de administración electrónica para la gestión tributaria (1.155.646,80 euros) la reurbanización de las calles Lardero y Vitoria (1.050.000 euros), la subestación eléctrica de Cascajos (879.204,08 euros), la rehabilitación de la antigua estación de autobuses (660.000 euros).

También la urbanización de la calle Miguel Delibes (500.000 euros), las subvenciones a obras en edificios catalogados y en el Centro Histórico (500.000 euros), la glorieta de Vara de Rey (400.000 euros) o el convenio para la ampliación del Teatro Bretón (374.000 euros).

Con cargo al préstamo aprobado esta mañana se financiarán también hasta cinco inversiones incluidas en el PERTE de digitalización del Ciclo del Agua por un total de 579.000 euro, así como diversas actuaciones en instalaciones deportivas (300.000 euros). También se incluyen la urbanización de la calle Beti Jai (250.000 euros), los trabajos de urbanización incluidos en el Acuerdo Marco de Obras (200.000 euro), o las subvenciones para obras de accesibilidad universal (200.000 euros), entre otras cuya relación completa se detalla en documento anexo.

“Esto ha sido siempre”

Por otra parte, Iglesias, preguntado por los periodistas por el hecho de que se haya tenido que pedir dicho préstamo, ha justificado que “esto ha sido siempre”, ya que “en el Ayuntamiento de Logroño las inversiones no son gasto corriente, con lo cual no tienen los recursos necesarios desde siempre para poder realizarlas”.

Por ello, las inversiones en la ciudad se financian de dos maneras, “con los préstamos, en este caso con este, o con el dinero que pueda tener en caja el Ayuntamiento fruto de enajenaciones del patrimonio municipal, venta de parcelas, aparcamientos, pisos, etcétera”.

En este último caso, ha señalado que las enajenaciones “no son suficientes para cubrir, en ningún caso, el completo de la inversión, con lo cual se acude siempre a una financiación externa”. El Equipo de Gobierno ha apuntado que “lo tiene tasado y normalmente viene a ser entre 8 y 9 millones de euros la capacidad inversora que puede tener el Ayuntamiento de Logroño en cuanto a esa financiación externa para no incurrir en desequilibrios financieros en cuanto a la deuda municipal”.

En este caso, ha añadido Iglesias “está ajustada a los términos municipales, el informe de intervención es favorable a esta cantidad, está dentro de lo que el Ayuntamiento puede luego afrontar en pagos anuales, y a partir de ahí se acude siempre a financiación externa para cubrir las carencias de financiación que tiene en este caso el Ayuntamiento en el apartado de inversión”.

En gasto corriente “todo viene a través de la financiación propia del Ayuntamiento, o la que llega fruto de convenios o acuerdos nacionales del Gobierno de España o del Gobierno de La Rioja, ya esa es más concreta para convenios específicos o el convenio de capitalidad”.

Finalmente, ha insistido en que “en este caso de inversiones, inversiones propias del Ayuntamiento de Logroño siempre se hacen a través del préstamo y otra parte de enajenaciones”, para concluir, reiterando que “es una actuación normal que se hace siempre y se destina siempre a este préstamo, nunca a servicios básicos, nunca a servicios corrientes, sino siempre a inversiones o a actuaciones nuevas en la ciudad”.

“Informe es favorable por parte del interventor”

Por otra parte, el concejal ha contestado a otra pregunta de los periodistas acerca de la situación financiera, indicando que en cuanto a la deuda el Ayuntamiento “cumple estrictamente los parámetros que marca la ley”.

En este sentido, Iglesias ha afirmado que “la ley de bases de régimen local dice que el Ayuntamiento de Logroño es libre de poder contratar, siempre y cuando su deuda su ratio de deuda viva, es decir, lo que se debe a los bancos, esté entre el 60 y el 75 por ciento de la capacidad de financiación que pueda tener el Ayuntamiento de Logroño”.

En este caso, ha añadido, que “a la hora de realizar este expediente, el informe de intervención nos dice que ese ratio está en el 50 por ciento, con lo cual estamos muy lejos de cualquier problema a la hora de crediticio, y entonces el informe es favorable por parte del interventor”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado la política local como la “más importante” y lo ha hecho desde la pequeña localidad de Montesclaros -menos de 400 habitantes-, en el límite con Castilla y León. Pero no solo eso: también ha insistido en que es la “parte esencial” de la política, especialmente, en relación a la “imagen desastrosa” que hay actualmente, en una situación “tan degradada”.

“No creo que haya un cargo más importante que ser alcalde de tu pueblo. Yo lo he sido y lo llevo a sangre. Es la parte esencial de la política, ahora que está todo tan revuelto”, reflexionaba Page en la inauguración de una vivienda de mayores en la localidad. “No creo que haya una época en todo lo que llevamos de democracia, donde ha estado tan distante la política de verdad que se practican los pueblos con la política que vemos en la televisión de Madrid”, lamentaba. “Muchas veces pienso que en Madrid están hablando, diciendo cosas, pegándose todo el día, pero no hablan para nada de los problemas de la gente y, por supuesto, no buscan soluciones a los problemas”, remataba.

A esto añadía que la política nacional se ha “convertido en una cosa bastante depredadora y, sobre todo, muy estéril”. Y ante este panorama, ha reivindicado a los alcaldes y concejales que “dan la cara” y “sacando adelante” los problemas, “venciendo las crisis”. “Realmente los problemas no los puede evitar el que tiene que dar la cara y en un pueblo hay que dar la cara siempre”.

La de los pueblos es la “política en estado puro”, insistió García-Page, la “noble”, en la que “siempre hay dificultades”. “Esta es la política que a uno le reconcilia con el servicio público”, aseveraba García-Page.

Sanidad en el límite con Castilla y León

Montesclaros está muy cerca de Ávila, en Castilla y León, y por ello, García-Page resaltó que se está “colaborando” con la comunidad autónoma en el servicio sanitario, “sin cobrar” en un convenio que se va a ampliar próximamente. “Es llamativo que muchísimos pueblos del sur de la provincia de Ávila lo que estén exigiendo es que Castilla-La Mancha les preste todo el servicio sanitario, cosa que no se puede sin desatender el de aquí”, recalcó.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha afirmado este miércoles que ha reclamado “por escrito, verbal y ahora públicamente” a Eva Loza que entregue su acta de concejal en el Consistorio logroñés.

Loza anunció ayer por sorpresa su baja del partido -que, como ha dicho hoy Alonso, ya ha sido cursada- “por razones políticas”, según señaló en declaraciones a Europa Press, sin que llegara a aclarar si continuará o no como edil.

En palabras de Alonso, “es una decisión libre y muy respetable”, aunque ha criticado las formas, señalando que “ha sido un procedimiento raro” y que “las cosas hay que hacerlas de otra manera”. Eso sí, el portavoz socialista ha querido dejar claro que esta situación, si bien ha sido “inesperada”, “no causa ninguna crisis en el partido” ni en el Grupo.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado de forma definitiva un total de siete inmuebles -en seis lotes y para cinco licitadores- en el Casco Antiguo, correspondientes a la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda. Se han adjudicado por un precio de casi 172.800 euros.

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño sacó a la venta el pasado mes de julio 15 viviendas de propiedad municipal ubicadas en el Casco Antiguo de la cuidad por un valor total de 507.307,08 euros.

Estos inmuebles, ha recordado, “constituyen la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda a partir de recursos propios”, con el que se prevé la puesta a disposición de en torno a 400 viviendas en Logroño. En la primera se sacó a licitación parcelas que eran titularidad proindiviso del ayuntamiento y en esta segunda fase se sacaron a licitación las viviendas que eran titularidad del Ayuntamiento.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta mañana, de forma definitiva, los siete inmuebles (en seis lotes) a cinco licitadores por una cuantía total de 172.776,68 euros.

Los pisos adjudicados son, en concreto, dos viviendas en el número 1 de la calle Albornoz; una más en el número 10 de la calle Laurel; otra en el 14 de la calle El Cristo; ota en la calle San Juan 32; y las dos últimas, ubicadas en el número 3 de Hospital Viejo.

Respecto a los lotes que no han sido adjudicados bien porque no se ha presentado ninguna oferta o porque las ofertas no han sido adecuadas, Sanz ha apuntado que “el Ayuntamiento podrá enajenarlas mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente”.

El objetivo de la enajenación de estas propiedades municipales es favorecer que los ciudadanos logroñeses puedan residir en el Centro Histórico de la ciudad y, con ello, contribuir a revitalizar dicha zona. “La mayor parte de dichos inmuebles tendrán que ser objeto de una rehabilitación posterior, motivo por el cual su precio de salida ha sido más asequible”, ha dicho la portavoz.

Además, ha resaltado que “dada su ubicación y características, son bienes susceptibles de acogerse a la línea de subvención para la rehabilitación que convoca anualmente el Ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria”.

La finalidad de esta actuación es la gestión del patrimonio municipal del suelo, que se incorporen recursos económicos y que ahorre costes al propio Ayuntamiento que asume en la actualidad por el mantenimiento de estos inmuebles.

Estos inmuebles no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a la actividad de apartamentos turísticos, debido a que el destino principal de dicho patrimonio es facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, a la par que revitalizar el Casco Antiguo.

El Partido Riojano reclamará en el pleno del Ayuntamiento de Logroño la devolución del importe concedido al proyecto ganador del concurso de ideas para rehabilitar el edificio de la antigua estación de autobuses al “haber quedado constatado que la propuesta es irrealizable”. El proyecto ‘Urbis’ recibió en abril de 2024 una gratificación de 15.125 euros tras obtener la mayor puntuación (86 puntos) por parte del jurado que valoró, entre otras cuestiones, su calidad arquitectónica, adecuación funcional, sostenibilidad y viabilidad técnica y económica.

Este proyecto se impuso el resto de propuestas porque planteaba la excavación de la zona de las dársenas para hacer un jardín a la altura de los locales de la planta sótano, que quedaban a doble altura con la eliminación de los forjados. Sin embargo, según ha advertido Antoñanzas, “cuando se encargó la redacción del proyecto a parte del equipo ganador del concurso de ideas se advirtió que no se habían tramitado los permisos con la comunidad de propietarios para poder actuar en los elementos estructurales de los inmuebles afectados, por lo que se tuvo que replantear el diseño con un jardín a cota cero”.

Antoñanzas ha recordado también que al concurso de ideas se presentaron una veintena de propuestas, muchas de ellas realizadas por estudios de arquitectura riojanos, con diseños más ajustados a la realidad técnica y económica, ya que mantenían intacta la estructura y la rasante de la planta baja. 

“Desde el Partido Riojano entendemos que el proyecto ganador se ha desvirtuado totalmente, se ha causado un grave perjuicio al resto de participantes, que han participado con proyectos realizables, y a la imagen de la ciudad de Logroño”, ha considerado el portavoz regionalista.

Asimismo, ha indicado que el pasado mes de enero, el propio equipo redactor del proyecto reconocía ante la opinión pública que la propuesta que les había hecho valedores del primer premio no se podía ejecutar. “Reconocen que presentaron una propuesta irrealizable, por lo que han incumplido las bases del concurso de ideas que planteaban que fuese un proyecto realizable”, ha dicho.  Por ello, el edil considera que “el equipo de Gobierno tiene que reclamar por medio de los Servicios Jurídicos la devolución del premio porque no se ejecutarán los elementos que hicieron ganador al proyecto ‘Urbis’”.

Para Antoñanzas, también resulta “inadmisible” que en los ocho meses que transcurrieron entre que se designó al ganador y se encargó la redacción del proyecto el Ayuntamiento de Logroño, como promotor, no tramitara los permisos con la comunidad de propietarios.  “Hemos perdido tiempo, dinero y recursos públicos por la desidia de un gobierno que ha demorado de forma innecesaria un proyecto que tiene que estar terminado en marzo de 2026 y que cuenta con 2,6 millones de financiación europea”, ha afirmado. 

No obstante, portavoz del Partido Riojano ha vuelto a insistir en que no pedirá la anulación del concurso ni que se ejecute el segundo proyecto “por responsabilidad no vamos porque sería imposible cumplir los plazos que marca Europa”. “Nos sigue pareciendo una barbaridad que finalmente nos gastemos 3 millones de euros en hacer un parque a cota cero. Mejor eso que permitir que la zona se degrade o se quede como está actualmente, en un simple aparcamiento”, ha finalizado Antoñanzas.

El Gobierno de La Rioja invertirá un total de 303.129 euros en las obras de estabilización de la Peña bajo el Castillo de Arnedo, un compromiso plasmado este lunes, 23 de diciembre, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, con el alcalde de la localidad, Javier García, a través de la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones por el que se establecen las bases de financiación de este proyecto. En la rúbrica, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la localidad, también ha estado presente el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

La aportación del Ejecutivo regional supone el 70% del presupuesto de ejecución, que asciende a un total de 433.041 euros. La empresa CINTEC es la encargada de la redacción de este proyecto que ha promovido el Ayuntamiento de Arnedo. Las obras, que cuentan con un plazo previsto de tres meses, contemplan la colocación de una malla sobre una superficie total de 11.460 metros cuadrados de talud. 

“El objetivo de esta actuación es proteger a los viandantes y vehículos, así como a las edificaciones cercanas, frente a posibles desprendimientos, deslizamientos o caída de material rocoso”, ha señalado Osés, quien ha enmarcado esta importante inversión dentro “del firme compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de la calidad de vida de los arnedanos, así como con el futuro de la localidad”.

Esta malla se colocará sobre la existente en la actualidad, que se encuentra en avanzado estado de deterioro debido al desgaste sufrido desde su instalación hace 40 años y a la caída de bloques que han producido diferentes aberturas. 

El motivo de mantener la antigua malla es que servirá como refuerzo de contención, además de ser menos costoso que retirarla. Previamente, la malla actual será acondicionada y fijada al terreno, y se retirará la vegetación y anclajes, entre otras actuaciones. Los problemas que padece la malla existente, junto con las apreciaciones realizadas del estado del talud y sus propiedades geomecánicas, evidencian la existencia de riesgo alto de caída de bloques y deslizamientos de bloques de cierto tamaño.

El cerro del Castillo de Arnedo está formado por materiales correspondientes a la unidad superior de la formación de Arnedo. Esta unidad está compuesta fundamentalmente por capas de areniscas que se alternan con capas de limos rojizos, apareciendo en menor medida y sobre todo en la parte posterior del cerro los conglomerados masivos. 

Las obras de ensanche y mejora de la carretera autonómica LR-259 en el tramo entre el enlace de la N-232 en Ausejo a la intersección con la LR-260 en Alcanadre contarán con una inversión de 5.269.241,53 euros, que ha autorizado hoy el Consejo de Gobierno a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación. El objetivo es reducir de forma notable el riesgo de accidentes en el acceso a esta localidad.  

Este tramo de la LR-259 constituye un itinerario alternativo al de la carretera LR-260, cuya principal utilidad es la de facilitar el acceso a la localidad de Alcanadre, además de a la Comunidad Foral de Navarra. Sin embargo, la LR-259 no cuenta en este ramal con las características geométricas necesarias para el tráfico actual, a pesar de su mejor conexión con la N-232. 

El proyecto redactado pretende adecuar su trazado y ampliar su plataforma, y de esta manera disminuir los problemas de accidentalidad existentes en la carretera nacional, materializando un itinerario más cómodo y seguro para los usuarios de esta vía. Así, se prevé que tras el acondicionamiento de la LR-259 se producirá una reordenación del tráfico, lo que disminuirá de forma notable el riesgo de accidentes en el acceso a Alcanadre.

El plazo de ejecución del contrato propuesto es de 18 meses y el presupuesto de distribuirá en dos anualidades: 

Fondos europeos para mejorar el Camino de Santiago en Logroño y Nájera

También en el Consejo de Gobierno se han dado a conocer dos convenios suscritos por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud con los Ayuntamientos de Logroño y Nájera para la ejecución del ‘Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago en La Rioja’, financiados con Fondos Europeos Next Generation, en el marco del ‘Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021’. Ambos acuerdos movilizan un total de 1.792.672 euros.

En el caso de Logroño, ciudad en la que confluyen dos rutas -camino francés y camino jacobeo del Ebro- la inversión global asciende a 991.334 euros, y el objetivo es acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en el ámbito de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística. Las actuaciones concretas son la reducción del desperdicio de agua en los albergues municipales; la dotación ecoeficiente del Cubo del Revellín, el espacio recreativo de La Grajera y de la caseta de arbitrios del puente de piedra, y la adquisición y digitalización de exposición fotográfica del Centro Cultural del Rioja (CCR).

En el de Nájera, la aportación asciende a 801.338 euros dirigida a la mejora energética del albergue de peregrinos, la renovación de las instalaciones de alumbrado e iluminación exterior de la localidad, la instalación de módulos solares en infraestructuras municipales en la ciudad, así como las mejoras de la pavimentación y de eficiencia energética por cambio de luminarias a led en la plaza de España.

Ajamil de Cameros ha completado las obras de urbanización de la calle Parra, que han contado con una inversión del Gobierno de La Rioja de 43.411 euros. Esta cuantía, que supone el noventa por ciento del presupuesto de la actuación (48.234 euros), ha sido sufragada a través del bienio 2023-2024 del Plan de Obras y Servicios Locales del Ejecutivo riojano. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado este miércoles la localidad.

Junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el alcalde de Ajamil, Eduardo García, Osés ha recorrido esta céntrica vía de la localidad que ha visto renovado tanto su pavimento como las redes de saneamiento y distribución de aguas. Los trabajos se han acometido desde la confluencia con la calle Real hasta la antigua escuela del municipio, que hoy es un centro social. 

“Se trata de una actuación que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y que refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los ayuntamientos, así como con la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación en el medio rural riojano”, ha señalado el consejero.

El nuevo pavimento consiste en un solado de piedra con encintado de dibujos de piedra y cenefas de hormigón, habitual en la mayoría de los pueblos de la sierra. Se ha añadido una rigola de hormigón en el eje de la calle a modo de canalillo central por donde discurre el agua. Esta rigola incorpora dos sumideros sifónicos para la recogida de aguas pluviales y encauzamiento al colector general de saneamiento existente. 

Además, se ha instalado un nuevo colector de PVC y una red de distribución de aguas de polietileno de nueva generación. Asimismo, el proyecto ha incluido la colocación de nuevas acometidas de agua, renovando igualmente las bocas de riego, así como las válvulas de corte.

La actuación fue impulsada por el Ayuntamiento debido a que el pavimento anterior estaba levantado o hundido en muchas zonas, presentado además muchos baches e irregularidades en el firme. Esto dificultaba enormemente el tráfico peatonal y rodado, llegando incluso a producirse accidentes de viandantes por caídas o resbalones. 

Por otro lado, la tubería de la red de saneamiento se encontraba en un estado importante de descomposición y degradación, lo que había empezado a generar problemas a los vecinos. Además, existía una demanda de las personas que viven en la zona de la necesidad de mejorar la estética de esta calle, muy concurrida y transitada debido a su cercanía al centro del municipio, en el lado noroeste.