El Ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico y movilidad con motivo de la celebración del Corpus Christi. El operativo incluirá cortes de circulación, restricciones de acceso al Casco Histórico y servicios especiales de autobuses urbanos para facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia.

El dispositivo comenzará a funcionar este miércoles 3 de junio con motivo de la celebración de la tradicional Ofrenda Floral en la plaza del Ayuntamiento. Entre las 10:00 y las 12:30 horas se cortará el tráfico en la zona, incluida la carga y descarga, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, desde las 17:00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15:30 horas del jueves 4 de junio, se permanecerá cerrado el acceso desde la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover debido a los actos previos al Corpus y a la continuidad de las celebraciones.

Accesos excepcionales

Durante este periodo se permitirán cuatro accesos excepcionales para garantizar la movilidad de residentes, servicios y alojamientos hoteleros. Así, se permitirá el paso de taxis en el tramo comprendido entre la puerta de Bisagra, la bola del miradero y la calle Venancio González hasta la salida de la calle Núñez de Arce.

También podrán acceder los vecinos de la zona comprendida entre el Cristo de la Luz y el Cambrón, con el límite de la calle Alfileritos, así como los residentes de la calle Núñez de Arce y el callejón de San José, quienes deberán acceder en sentido inverso desde la calle Venancio González.

Igualmente, se facilitará el acceso a los hoteles Abad Toledo, Real, Puerta Bisagra, Arrabal y Virgen de la Estrella, mientras que el acceso a los hoteles Imperio y Centro se permitirá en función de las circunstancias del momento.

De manera excepcional, para acceder a la zona del Alcázar, Túnel de Sindicatos y Magdalena podrán circular taxis, vecinos acreditados, usuarios de garajes y clientes de hoteles autorizados, habilitándose el paso por la calle Unión en sentido inverso y por la calle Paz.

Restricciones por el recorrido de la procesión del Corpus

Las principales afecciones al tráfico llegarán con la procesión del Corpus Christi. Desde las 18:00 horas del miércoles y hasta las 15:00 horas del jueves se impedirá el acceso de vehículos a diferentes puntos del itinerario procesional.

Dichos cortes se realizarán en los siguientes puntos: San Juan de la Penitencia y plaza de San Justo hacia la calle Sixto Ramón Parro; se permite el acceso hasta San Justo exclusivamente a los vecinos; el jueves los vecinos deberán efectuar la salida en sentido inverso por San Juan de la Penitencia. La plaza del Ayuntamiento. Las calles Rojas y Ciudad, desde la plaza de El Salvador. La plaza de Tendillas, estará cortada hacia las calles Navarro Ledesma y Cardenal Lorenzana.

Se cortará el acceso a la plaza de Valdecaleros por Aljibillos, por lo que se aconseja a los vecinos que realicen la entrada y la salida por la calle San Román, San Clemente y San Pedro Mártir; y la salida en sentido inverso por San Clemente, Padilla, Santa Eulalia y seguir por la cuesta del Corchete. San Pedro Mártir se cortará en la salida por Alfonso XII; y se recomienda utilizar el mismo itinerario señalado.

La plaza y cobertizos de Santa Clara se cortará el tráfico hacia la calle Alfileritos. La entrada y salida de vecinos deberá realizarse en sentido inverso por el Cobertizo de Santa Clara, hacia Santo Domingo el Real. El Cristo de la Luz, excepto para vecinos que cuenten con garaje exclusivamente, que deberán realizar la salida en sentido inverso- La calle Matías Moreno será de paso exclusivo de vecinos, incluidos los de Valdecaleros; y se realizarán cortes en las calles Cardenal Siliceo y en Santa Eulalia.

Asimismo, el paseo de Recaredo registrará cortes puntuales en dirección a la puerta del Cambrón, aunque se permitirá el acceso a residentes acreditados y usuarios del aparcamiento de Recaredo.

A estas restricciones se sumará un corte específico en la calle Cervantes el jueves entre las 7:00 y las 15:00 horas. En este caso, únicamente podrán acceder taxis, vecinos acreditados, hoteles y garajes autorizados.

La terminal de autobuses se traslada al Granadal

Para facilitar los desplazamientos durante los días festivos, desde las 18:00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15:30 horas del jueves 4 de junio, la terminal provisional de autobuses urbanos se trasladará a las dársenas de la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico que conecta con el Paseo del Miradero.

El Ayuntamiento también pondrá en marcha servicios especiales de autobús entre Zocodover y el recinto ferial de La Peraleda los días 3, 4, 5 y 6 de junio, con salidas continuadas desde las 21:00 horas y servicio hasta la madrugada.

Además, se reforzará la conexión entre el barrio de Santa María de Benquerencia y La Peraleda durante las jornadas festivas y especialmente el 7 de junio, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto ferial desde uno de los barrios más poblados de la ciudad.

Recomendaciones para vecinos y visitantes

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal de movilidad durante los días de celebración del Corpus Christi.

El Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a licitación el nuevo contrato para prestar el servicio de Bilbobus, los autobuses urbanos, durante los próximos diez años. Suma un total de 538,84 millones de euros e incluye una cláusula que permite una revisión de precios en caso necesario a partir de los tres primeros años para intentar evitar conflictos como el ocurrido en 2024, cuando los trabajadores protagonizaron una huelga de 78 días sin que la empresa pudiera hacer frente a la subida de salarios que pedían los trabajadores por la subida del IPC con motivo de la guerra de Ucrania. El conflicto finalizó con la rescisión del contrato en vigor con la empresa concesionaria, Biobide, para poder abordar la mejora de las condiciones que se pactó con los trabajadores.

Biobide, una UTE entre Alsa y Transitia, aseguraba que no podía hacer frente a subidas salariales que reclaman los sindicatos con los 42 millones anuales de media que el Ayuntamiento pagaba según lo estipulado en el contrato anterior, y el Ayuntamiento también señalaba que tenía cerrada su capacidad de acción por el contrato. En la licitación actual se pagará una media anual de 53,8 millones, lo que supone ya un incremento importante. Además, el contrato, con una vigencia de diez años, y sin lugar a prórroga, incluye la flexibilización de que los pagos puedan elevarse en caso necesario y justificado. Una de las cláusulas un “mecanismo de actualización de los costes elegibles del servicio”, a través de una forma de actualización a partir de los tres años de vigencia, siempre que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato según presupuesto a fin de diciembre de 2028 y sólo durante el período de recuperación de la inversión del contrato. La fórmula matemática sobre la que se actualizarán los precios incluirá costes salariales, costes de carburantes, costes de energía eléctrica, o mantenimiento de los servicios de la flota o IPC, entre otros.

El valor del contrato actual, para el que las empresas tienen plazo de presentación de ofertas hasta el 20 de mayo, se ha calculado con unos gastos de personal que en el 2024 ascendieron para la actual concesionaria, Biobide, a alrededor de 44 millones de euros, incluidos los costes de Seguridad Social y cargas sociales. Además, tiene en cuenta el acuerdo entre la empresa y trabajadores el 5 de julio de 2025, que establece que entre 2025 y 2027 no estará ligada al IPC, sino al incremento que se fije para la función pública. Si el IPC es superior a esa subida se garantizará al menos el 0,7%. “Considerando el principio del acuerdo, para el periodo comprendido en el estudio desde 2028 hasta el final del contrato, se asimila el incremento salarial a la previsión del IPC”. En el presupuesto fija este coste de personal en 47,7 millones de euros.

En los pliegos de contratación se argumenta que el contrato sea a diez años porque la empresa debe realizar inversiones que se amortizan a largo plazo, como la renovación de la flota del servicio, así como de ciertos medios municipales existentes, como las cocheras de Elorrieta, que “suponen un importante esfuerzo financiero por parte de la contratista y consecuentemente una menor atractividad del contrato que implica un riesgo de concurrencia que según traslado el mercado se amortigua en la establecida ofrecida a un contratista con un mayor plazo de contrato”.

En concreto, la adjudicataria deberá asumir la compra de vehículos para garantizar que el servicio cuenta con una flota de 141 autobuses. Teniendo en cuenta que la vida útil de los autobuses es de 12 años y la de los microbuses de 14, el plan de compra de los autobuses que establece el pliego de contratación deberá ser de un total de 126 autobuses: siete en 2027, seis en 2028, cinco en 2029, seis en 2030, 34 en 2031, y 31, 25, y 12 en los tres años siguientes, hasta 2034. En los años 2035 y 2036 no será necesario hacer nuevas compras. Los vehículos deberán ser eléctricos, que tienen un coste entre 299.000 euros en el caso de un microbús, hasta más de 629.000 eros en el caso de los autobuses de 13 metros. Además, se debe implantar en los autobuses un sistema de videovigilancia con una inversión por un importe total de 605.260 euros y un sistema de conteo de pasajeros con técnicas de inteligencia artificial con una inversión de 352.500 euros.

Por otra parte, la adjudicataria asumirá la mejora y modernización de las infraestructuras existentes en las cocheras de Elorrieta, y de su ampliación con una inversión de 1,3 millones de euros. También, derivado de la ampliación de la flota de autobuses eléctricos, se prevé una ampliación de la acometida eléctrica del suministro del Metro de Bilbao, comercializado por Medusa, que actualmente cuenta con una potencia contratada de 1MW. En total, los pliegos de contratación estiman que la inversión que deberá acometer la empresa en el plazo de contrato asciende a 98,86 millones de euros.

Por su parte, los ingresos que se prevén, al margen de los pagos por parte del Ayuntamiento, provienen de la venta de títulos de transporte público, la publicidad en vehículos de la flota del servicio y la reventa de vehículos superada la vida útil. En lo que se refiere al número de viajeros, estima que el número de viajeros se mantendrá estable a lo largo del contrato, entorno a los 27,3 millones de viajeros anuales. En cuanto a la publicidad se considera una capacidad publicitaria de la marca de hasta 700.000 euros anuales mediante la explotación publicitaria de los espacios disponibles o a través del patrocinio, “práctica cada vez más habitual en el sector de los servicios de transporte y especialmente en el ámbito urbano”.

Por otra parte, recuerda que si bien la edad de vida útil de los vehículos se establece en doce años en el caso de los autobuses y en dieciséis años en el caso de los microbuses, “eso no significa que los mismos carecen de valor alguno, ya que del mercado se conoce la existencia de un mercado de recompra de autobuses con destino a chatarra, fabricantes de vehículos o servicios con edades máxima de flota superiores a pesar del mayor coste de mantenimiento, como es el caso de Europa del Este, principalmente. ”Si bien el valor de venta de cada vehículo resultará del proceso de venta del mismo que se realice en cada momento, se considera de cara al estudio económico un valor de venta medio por autobús de 15.000 euros, a razón de un 100% para la empresa contratista, reduciendo de ese modo la necesidad de aportación municipal“.

Hace justo 19 años Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre se montaban juntos en el primer vagón del Metro de Madrid que llegaba hasta la Terminal 4 de Barajas. Gallardón había impulsado el trayecto de la línea rosa del suburbano para conectar el centro con el aeropuerto, durante su época como presidente regional. Aguirre, que le sucedió en el cargo, había encargado las obras hasta la T4, privatizándolas mediante la fórmula de concesión.

La ampliación de la línea 8 llegó con polémica, porque el Gobierno de Aguirre quería que el Ministerio de Transportes —por entonces en manos de Magdalena Álvarez (PSOE)— fuera el que asumiera el coste por conectar una infraestructura del Estado gracias al suburbano. Pero la responsabilidad regional de toda la red de Metro pesó más en la discusión y la mandataria del PP acabó asumiendo las obras, aunque optó por la privatización para no tener que cargar su coste al presupuesto regional.

La obra supuso una subida de tarifas para todos los viajeros que salían o entraban en la red metropolitana desde la T4. La Comunidad de Madrid estableció un suplemento de 2 euros (luego llegó a los 3 euros actuales) para compensar las obras que alcanzarían en transporte público la entonces nueva terminal, excavando 2,5 kilómetros de túnel. Aprovechando ese momento, también estableció el mismo suplemento para la parada Aeropuerto T1-T2-T3, que ya estaba construida desde el año 1999.

Las obras para llegar a la T4 habían arrancado en mayo de 2006 y las ejecutaba una empresa creada por FCC y Caja Madrid para explotar esta concesión, que asumió el coste de los trabajos, unos 58,5 millones de euros. Así se completaba un trazado de 13,8 kilómetros y seis estaciones que —en palabras del propio Gallardón— “contribuía eficazmente al despegue económico de la ciudad”. Aguirre iba más allá y el día de su inauguración definitiva colocaba a la capital de España al nivel de Londres. “Con la nueva estación de Metro, el aeropuerto de Madrid se pone a la altura de Heathrow, el único europeo que tiene dos estaciones de Metro convencional”, aseveró entonces.

El nombre de la empresa que obtuvo la concesión era Metro Barajas SA y el plazo para rentabilizar la inversión alcanzaba los 20 años, a contar desde el inicio de la construcción. Fue en mayo de 2006, hace justo ahora dos décadas. Aunque la propiedad pertenecía a FCC y Caja Madrid (al 50%), su empresa matriz se llamaba Globalvia, una compañía que obtuvo otras concesiones de Aguirre como la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey y varias líneas de Metro Ligero.

El capital de Globalvia era inicialmente español, pero la empresa cambió de manos de forma progresiva a partir del año 2013, cuando FCC y Bankia —la evolución de Caja Madrid— dieron entrada a varios capitales extranjeros, que en 2016 acabaron haciéndose con todo su accionariado. Actualmente está operada por los fondos OPTrust, PGGM y USS, que gestionan inversiones procedentes principalmente de pensiones.

El dato de cuánto ha recaudado Metro de Barajas SA con este suplemento durante los últimos veinte años no se ha hecho público. Antes de su lanzamiento el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) aseguró que abonaría importes en función del nivel efectivo de demanda de viajeros que emplearan el billete con suplemento. Habría también deducciones fijadas por determinados estándares de calidad, aseguraba la nota de prensa de la concesión. Los usuarios del abono de transportes están exentos de su pago, así como los trabajadores de Barajas.

Por el camino, el CRTM tuvo que abonar también una indemnización a la concesionaria porque la EMT de Madrid arrancó en el año 2010 un servicio de autobús directo hasta el aeropuerto, no previsto inicialmente en el contrato de concesión y considerado competencia directa. Desde entonces se han desembolsado más de 5,2 millones de euros, ya que solo en el año 2024 hasta 589.628 pasajeros del bus se subieron o bajaron en la T4.

Dos conexiones más con la T4

La Comunidad de Madrid no ha explicado qué va a hacer con el tramo hasta la T4 coincidiendo con el fin de la concesión, o incluso si levantará el suplemento actual de tres euros, que fue implantado para pagar las obras, ya amortizadas. A preguntas de este medio, la Consejería de Transportes guarda silencio.

El Gobierno de Ayuso apuesta actualmente por multiplicar las conexiones con el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Previsiblemente tendrá listo en los próximos meses otro enlace a través de la línea 5, alargando el túnel desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3. Será la tercera vía férrea en llegar a la Barajas después de la citada línea 8, que alcanzó la T4 en 2007, y el Cercanías de Madrid, que apareció allí en septiembre de 2011, esta vez sin suplemento adicional al haber asumido el coste de estas obras el Ministerio de Transportes.

La cuarta conexión llegará con la ampliación de la línea 11 de Metro por Valdebebas, cuyo proyecto informativo incluye otra parada más en la T4, dentro de las siete estaciones que prevé esta extensión. Y también está en proyecto un quinto enlace, con la red de AVE, ya anunciada por el Ministerio de Transportes.

Facua, una organización que defiende los derechos de los consumidores, le ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que retire diez unidades de autobuses urbanos que adolecen de “graves problemas” y suponen un “peligro para la seguridad”. Conductores de la sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) venían quejándose de que la flota cuenta con un modelo fabricado por la empresa Vectia que “se apaga” cuando hay algún problema electrónico, lo que les deja sin asistencia de frenado ni dirección. La compañía, que ya ha confirmado a este periódico la existencia de estas incidencias en otras ocasiones, subraya, sin embargo, que los vehículos están “debidamente homologados”.

Las unidades, con matrículas de la K, datan de 2018 y 2019. “En ciertas circunstancias, de estar en curvas o entrando en marquesinas, sí es peligroso. Al estar entrando a una parada, te apoyas en esos sistemas de frenada y dirección parra hacer una aproximación correcta. Si de repente, y de repente es de repente, sin ningún tipo de aviso, se apaga, ese frenado con el que contabas desaparece de golpe y se convierte en un problemón”, explicaba a este periódico Asier López de Sabando, conductor y miembro del comité de empresa. Los trabajadores han dado repetidos partes de estas incidencias y aseguran que, en la práctica, se está evitando sacar estas unidades durante los fines de semana. En recientes fechas festivas, con menos frecuencia en las líneas, se han podido ver también otros modelos más antiguos cubriendo los trayectos que habitualmente hacen los Vectia.

Facua ha instado al Consitorio, gobernado por una coalición de PSE-EE y PNV, que “tome de manera urgente las medidas que sean necesarias para retirar de la circulación los vehículos afectados hasta que sus problemas de funcionamiento sean solucionados y ya no supongan un peligro para los usuarios del transporte de autobús urbano de la ciudad y para la seguridad vial en general”.

Tuvisa ya había respondido al escrito de Facua antes de que la organización lo hiciera público este jueves. En su respuesta, Tuvisa subraya que los autobuses Vectia, como todos los demás, son “debidamente homologados y sometidos a todos los mantenimientos e inspecciones periódicas correspondientes, incluidas las Inspecciones Técnicas de Vehículos”. “En dichas inspecciones se realizan, entre otras pruebas, ensayos específicos del sistema de frenado que implican la retirada de aire y la ejecución de dos frenadas de emergencia, lo que permite verificar que, incluso en situaciones de desconexión, el vehículo mantiene en todo momento su capacidad de frenado”, abunda.

Explica Tuvisa en ese escrito también que, a lo largo de los años, ha tomado diversas medidas relacionadas con el funcionamiento de estas unidades concretas. Ha brindado a todos los conductores información sobre su comportamiento, los ha puesto en contacto con personal de Vectia, ha llevado a cabo auditorías de los vehículos y ha emitido recordatorios informativos, entre otras acciones que enumera.

Facua subraya que “el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera”.

Sobre el funcionamiento de estos autobuses, Tuvisa ha explicado en otras ocasiones que todo en estos autobuses está “conectado a través de una red de comunicación”. “Si alguno de los módulos deja de comunicarse o hay una señal incorrecta, la unidad electrónica puede deshabilitarse para proteger el sistema y evitar daños mayores o un comportamiento imprevisible”, ha señalado, preguntada por este periódico. Se debe, abunda la sociedad municipal, a que estos vehículos híbridos están equipados con baterías que funcionan a “tensiones elevadas”, por lo que una anomalía podría generar “daños en componentes o generar un riesgo en la seguridad operacional”. “En absoluto”, defienden, significa esto que el autobús pierda la dirección.

Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, viernes 1 de mayo, entre las 12:00 y las 15:30 horas, debido a manifestaciones programadas con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

De 12:00 a 13:30 horas

Línea 2

Línea 5

Línea 9

Línea 10

De 13:30 a 15:30 horas

Línea 2

Línea 5

Línea 9

Línea 10

El sindicato USO en el servicio de Transportes Urbanos de Santander (USO) ha pedido al Ayuntamiento que revise los protocolos de seguridad y de gestión de recursos tras lo ocurrido en Burgos, donde un incendio calcinó la nave de los autobuses urbanos y dejó al servicio sin la mitad de unidades.

En un comunicado, el sindicato ha trasladado la “preocupación” en el TUS tras lo ocurrido en Burgos y, sobre todo, en relación al protocolo contra incendios dentro de la nave de los autobuses urbanos de Santander. Según USO, las puertas del acceso tienen un gálibo inferior a la altura de un camión de bomberos y eso “podría dificultar o, incluso, impedir la entrada de los servicios de emergencia en caso de siniestro”, con el “riesgo significativo” que eso conlleva.

Un autobús municipal en un local de 'paintball' en Ruiloba

Sobre la no posibilidad de haber desplazado unidades del TUS a Burgos, donde la mitad de los autobuses quedaron calcinados e inutilizados, USO ha denunciado que el autobús número 68 de Santander estaba en un recinto privado destinado a actividades de 'paintball' en Ruiloba, “lo que ha generado aún más desconcierto”.

“Se desconoce el procedimiento mediante el cual dicho vehículo ha sido destinado a este uso, así como los criterios que lo han permitido, especialmente en un contexto donde se afirma la imposibilidad de colaborar con otras ciudades en situaciones de emergencia, ya que al igual que este autobús, otros se han entregado de manera solidaria, nadie garantiza que no terminen en otra empresa privada”, ha añadido USO.

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado en nota de prensa que “estos vehículos siguen un procedimiento reglado, que incluye su baja en el inventario municipal y su tratamiento conforme a la normativa medioambiental en centros autorizados”. Una vez completado este proceso, el Ayuntamiento “deja de tener vinculación con dichos vehículos”. En todo caso, el Consistorio ha añadido que “se contactará con la empresa a la que alude el sindicato para solicitar que elimine el logo del TUS de ese vehículo”.

USO cuenta con tres representantes en el comité de empresa del TUS, mientras que CCOO tiene 4, UGT 3, y CSIF, SCAT y SIEP uno cada uno.

TUS cuenta con todo lo necesario, según el Ayuntamiento

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha asegurado que las instalaciones del TUS cuentan con todos los sistemas y protocolos necesarios para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la flota.

Navarro ha destacado que el TUS dispone de un Plan de Autoprotección y respuesta ante emergencias plenamente operativo, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud, que establece procedimientos claros de actuación en caso de incendio o cualquier otra incidencia. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de octubre se llevó a cabo un simulacro con la participación de los Bomberos municipales, que permitió comprobar la eficacia de los protocolos existentes.

Asimismo, ha puesto en valor que las cocheras están dotadas de medidas de prevención avanzadas, entre ellas, un tanque de agua de 280 metros cúbicos ubicado en la zona de aparcamiento de autobuses, incorporado a petición de los propios bomberos durante la ejecución del proyecto. El concejal ha explicado que estos sistemas se someten a revisiones periódicas trimestrales, en las que se evalúa su estado y se programan las actuaciones necesarias.

Cinco líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, martes 28 de abril, entre las 12:00 y las 13:30 horas y entre las 18:30 y las 20:00 horas, con motivo de dos concentraciones programadas.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 2

Línea 5

Línea 7

Línea 9

Línea 10

El Ayuntamiento de Logroño continúa trabajando en nuevas acciones para el autobús urbano, como una nueva red que permitirá la recarga de las tarjetas vía web y app, que estará en marcha antes del verano, o la integración de los datos del servicio de autobús urbano en Ciudades Conectadas y en Smart City. Así lo ha informado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha presentado las novedades del servicio junto al concejal de movilidad, Ángel Andrés, el director de Centro Empresas de CaixaBank en La Rioja, Diego Saugar, y José Ignacio Jiménez, CEO de la empresa Autobuses Jiménez.

Logroño forma parte de la Agrupación de Ciudades Conectadas junto con Valladolid, Vitoria, Valencia, Fuenlabrada y Gijón, iniciativa que cuenta con financiación de Fondos Europeos. Indra es la empresa tecnológica responsable del proyecto, financiado con Fondos Europeos. El primer edil ha destacado que las medidas puestas en marcha por parte del Ejecutivo municipal han buscado en “primer lugar atender las demandas de los usuarios, escuchando sus requerimientos y atendiéndolos, y en segundo lugar dar un paso más en la informatización y digitalización, en pro de la optimización del sistema y una mayor conectividad”.

Esta nueva web y app permitirán al usuario hacer un seguimiento en tiempo real de las líneas, paradas, horarios, estimación de tiempos de paso por parada, la ubicación de los vehículos, así como cambios en el recorrido en tiempo real. Estas cuestiones ya estaban disponibles en la web actual, pero la nueva web y nueva app permitirán también, como se apuntaba con anterioridad, la recarga de tarjetas, así como la consulta de histórico de viajes y la compra de billetes sueltos en formato código QR. Se mantienen, no obstante, los espacios físicos de compra de tarjetas de transporte, así como la red de puntos de recarga físicos que existen en 40 enclaves de la ciudad.

Tal y como ha destacado el alcalde, “desde el Ejecutivo local apostamos de manera decidida por impulsar la utilización del transporte público y en esta línea estamos trabajando tanto en el autobús urbano, en el servicio bicilog, en el taxi y en otras medidas como la reciente línea de autobús de conexión con el aeropuerto de Agoncillo”.

Balance de actuaciones

El objetivo principal de las medidas llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento en materia de movilidad tenía al usuario como eje central, poniendo el foco en las necesidades de este. “Por ello, todas las medidas que se han llevado a cabo responden a las demandas y solicitudes de la ciudadanía, que pedía, por ejemplo, la posibilidad del pago con tarjeta en todas las líneas del servicio. Esto es hoy una realidad, igual que la instalación de 42 pantallas informativas en marquesinas, 26 de esas 42 ya están funcionando. Son pantallas TFT más modernas y visuales que las de led que había anteriormente en 20 marquesinas. Estas pantallas muestran las estimaciones de tiempos de llegadas y una información del servicio mucho más actualizada y completa” ha apuntado Escobar. Estas pantallas disponen de un sistema Ciberpass para información a invidentes, homologado por la ONCE. 

Asimismo, toda la flota de autobuses municipales cuenta con un equipamiento embarcado SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) que facilita información de interés del servicio por megafonía en puerta y en el interior del bus, como la estimación de tiempos de llegada, entre otras cuestiones.

El alcalde de la ciudad ha destacado que “la seguridad de los usuarios es fundamental y por ello se han instalado un sistema avanzado de ayuda a la conducción en los autobuses. Se trata de un sistema de seguridad a bordo a través de cámaras inteligentes de visión artificial que monitorean los puntos ciegos de los vehículos. Esto facilita a los conductores advertencias cuando haya peatones o ciclistas en puntos de peligro, disminuyendo así los riesgos de accidente y aumentando la seguridad de los ciudadanos, tanto de dentro como de fuera del autobús”. 

En cuanto a la venta de billetes en el propio autobús, el nuevo equipamiento embarcado de ticketing permite la venta de billetes, la validación de la tarjeta sin contacto y la gestión de transbordos, además del pago a través de tarjeta de crédito.

En cuanto a la optimización del sistema, su digitalización e interconexión, el alcalde ha subrayado que el equipamiento embarcado SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) “permite también al autobús conectar con el sistema de servidores central para planificar y monitorizar todos los servicios y sistemas de información. Esto permite llevar un seguimiento de la flota, así como la gestión y explotación de los datos el servicio, los desvíos y emergencias y la supervisión de cumplimiento del servicio o la mensajería a conductores entre otros usos”. El sistema ofrece también un circuito cerrado más moderno de televisión y cámaras internas dentro de los vehículos.

Seis líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, sábado 11, y el domingo 12 de abril con motivo de dos concentraciones programadas, la ‘Carrera Campus’ de la Universidad de La Rioja y la ‘Plantà i Cremà d'una Falla’, incluida dentro del programa de actos organizados este fin de semana en la ciudad por la asociación Fallers pel Món.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Sábado 11 (de 11:30 a 15:00 y de 20:00 a 21:30 horas) y domingo 12 (de 11:15 a 14:30 horas)

Línea 2

Línea 5

Línea 9

Línea 10

Domingo 12 (de 8:00 a 13:00 horas)

Línea 1

Las paradas ‘Martín Ballesteros’, ‘Científico Tecnológico’, ‘La Fombera’, y ‘Palacio de Congresos’ (margen norte) quedarán fuera de servicio. 

Línea 4

Las paradas, ‘Magisterio’ (margen este), ‘Politécnico’, y ‘Martín Ballesteros’ (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Línea 5

La parada ‘Fermín Gurbindo’ ubicada en la calle San Millán será de forma provisional cabecera y final de línea. Las paradas ‘Martín Ballesteros’, ‘Magisterio’, ‘Politécnico’, y ‘Palacio de Congresos’ quedarán fuera de servicio.

Desde el 28 de marzo y hasta el próximo 6 de abril, coincidiendo con los días de Semana Santa, los trenes de la C-5 de Cercanías entre Móstoles y Humanes iniciarán y concluirán todos sus trayectos en la estación de Atocha. Esta es una de las líneas de la red más utilizadas en todo el país, con una afluencia de unos 72 millones de viajeros al año. La modificación que comenzará el sábado se produce por obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías.

Los trabajos pretenden ampliar la capacidad de la ruta en un 60% más de viajeros, con idea de que se lleguen a registrar hasta 100 millones anuales gracias a nuevos trenes y una extrensión previa de los andenes, cuyo presupuesto total de inversión ronda los 1.300 millones de euros. Según Renfe, esto también traerá beneficios a otras líneas como la C-3 y la C-4, que conectan con la C-5.

De este modo, durante esos diez días los trenes de la C-5 con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán servicio en Atocha. Así, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C- 5 en esta estación. Desde la compañía ferroviaria se ha apuntado que se ha elegido las fechas de Semana Santa para que la afectación a los viajeros sea la menor posible ya que se prevé una menor afluencia de viajeros.

De forma paralela, por obras en la infraestructura, el 29 de marzo los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares sentido Atocha no efectuarán parada en las estaciones de Santa Eugenia y Vallecas hasta las 8.15 horas. Los viajeros que deseen apearse en esas estaciones pueden bajarse en El Pozo y hacer el trayecto inverso, sentido Alcalá/Guadalajara, donde los trenes sí paran en Vallecas y Santa Eugenia.

Según las previsiones iniciales, las actuaciones en la C-5 se alargarán durante cinco años, habiendo comenzado ya con intervenciones que no interrumpen el servicio (como la modernización de las estaciones de Doce de Octubre y Puente Alcócer) y extendiéndose hasta 2031. Un año antes entrarán en servicio los nuevos trenes, con mayor capacidad y conducción automática. 15 de las 28 actuaciones previstas no suponen alteración del servicio, caso de la reforma de estaciones en superficie como Las Retamas o San José de Valderas.

Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40% los vuelos de negocios y dar gratuidad en el transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Medio.

Estas medidas “de emergencia”, que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, se asegura en un informe publicado este viernes por la AIE.

“El conflicto en Oriente Medio ha provocado la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, debido a la parálisis casi total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz”, constata la agencia.

Según la AIE, unos 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de productos petrolíferos atravesaban el estrecho de Ormuz cada día, lo que equivale aproximadamente al 20% del consumo mundial de petróleo, pero esos flujos “se han reducido a cuentagotas”.

A pesar del esfuerzo inaudito de liberación de reservas por parte de países de la AIE (426.000 barriles), la agencia considera “crucial” trabajar en el lado de la demanda debido a que los precios del crudo ya superan los 100 dólares el barril.

“Crece la preocupación por el impacto de estos altos precios en los hogares, las empresas y la economía en general”, alerta la institución.

En ese contexto, la AIE publica un decálogo de medidas con el que estima que se podrán ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles de crudo al día.

Reducir el límite de velocidad

Entre ellas, recomienda bajar, al menos, 10 km/h el límite en autopistas, cuyo objetivo es reducir “entre un 5% y un 10% del combustible por vehículo”.

El fomento del transporte público, llegando a plantear su gratuidad; compartir desplazamientos en coches y la restricción del tráfico en las grandes urbes (por un sistema de alternancia de matrículas, par/impar) constan también dentro del decálogo.

Asimismo, “ante la escasez” del gas licuado de petróleo, la AIE pide “fomentar el uso de placas de inducción o estufas eléctricas para evitar el desabastecimiento en hogares”. A pesar de estas recomendaciones, el director de la AIE, Fatih Birol, asume que las medidas de ahorro no serán suficientes.

“La reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz es la acción individual más importante para recuperar la estabilidad de los flujos de petróleo y gas y reducir la presión sobre los mercados y los precios”, reconoce.

La AIE diferencia en su análisis entre el último choque petrolero por la invasión rusa en Ucrania y el actual, que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Como se vio en 2022, los gobiernos pueden intervenir con medidas para ayudar a los consumidores con sus facturas energéticas durante los picos de precios. Sin embargo, los recursos fiscales son limitados y es vital que las medidas se dirijan a quienes más lo necesitan”, defiende.

La empresa pública Sagulpa ha incorporado 70 nuevas bicicletas eléctricas al sistema público Sítycleta en Las Palmas de Gran Canaria, duplicando su flota hasta alcanzar las 140 unidades eléctricas en circulación. 

Esta ampliación, impulsada junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, mejora la disponibilidad del servicio, refuerza su cobertura y consolida la bicicleta pública como una alternativa real para los desplazamientos cotidianos en la ciudad, según ha explicado Sagulpa.

El crecimiento se percibe en su expansión, pero sobre todo es notable en su uso diario: Sítycleta ha alcanzado su récord histórico con 1.438 alquileres en un solo día, y ya un 21% de los trayectos se realizan en bicicletas eléctricas, ampliando su alcance hacia zonas como Ciudad Alta, un ámbito clave para seguir avanzando en la equidad territorial y facilitar una movilidad más accesible, eficiente y sostenible para la ciudadanía, destaca.

Con esta ampliación, el sistema alcanza una disponibilidad diaria de entre 380 y 400 bicicletas, mejorando la cobertura, la rotación y la experiencia de uso en toda la red.

Cinco líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, viernes 20 de marzo, entre las 19:00 y las 20:30 horas, con motivo de una concentración programada.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

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Toledo entre eslóganes, promesas y una realidad cada vez más difícil de explicar transcurrió la pasada campaña electoral del año 2023.

Hoy estamos a menos de un año de las próximas elecciones municipales y los ciudadanos debemos ser conscientes de las gestiones que se han realizado durante esta legislatura.

Hace no tanto, en plena campaña electoral, el Partido Popular de Toledo decidió presentarse ante la ciudad con un lema aparentemente ingenioso: “Hechos, no milagros”. Un juego de palabras que apuntaba con cierta ironía a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón. Una frase breve, fácil de recordar y perfecta para resumir la promesa de una nueva etapa basada en la gestión.

La política municipal, sin embargo, tiene una particularidad: el tiempo pasa rápido, pero la memoria de las ciudades es más larga de lo que algunos creen.

Hace apenas unas semanas hablaba de cómo una ciudad puede terminar olvidándose de su propio deporte. No era una exageración literaria ni una licencia retórica. Era el reflejo de una realidad que conocen bien clubes, deportistas y usuarios de instalaciones públicas.

Porque sí, Toledo logró algo que sobre el papel sonaba magnífico así como a la vez vaciaba el pírrico presupuesto para la actividad física en la ciudad: la llamada Ciudad del Deporte. El problema es que ese logro ha terminado traduciéndose en accesos complicados, instalaciones que distan mucho de lo prometido y clubes que, como tantas veces ocurre, han tenido que adaptarse a decisiones tomadas lejos del día a día del deporte base.

En paralelo, Toledo también se embarcó en otro gran proyecto: la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura. Una iniciativa que movilizó ilusión, influencia institucional y una considerable cantidad de recursos públicos.

El desenlace es conocido: Toledo no lo consiguió.

Y cuando una ciudad invierte ilusión, tiempo y dinero en un objetivo que finalmente no llega, lo mínimo que cabe esperar es una reflexión honesta sobre lo ocurrido. Porque la ilusión colectiva no es un recurso infinito, y gastar la energía de una ciudad entera debería servir al menos para algo más que para llenar unas cuantas presentaciones institucionales.

Pero quizá lo más llamativo esté llegando ahora.

El último debate municipal gira en torno al transporte urbano. Y la solución que parece haberse encontrado consiste en aplicar descuentos vinculados al empadronamiento. Es decir, convertir el acceso al transporte público en una especie de sistema selectivo donde unos pagan menos y otros pagan más dependiendo de si su nombre figura o no en el padrón municipal.

Puede que desde un despacho la idea parezca razonable. Pero desde la calle resulta difícil no verlo como algo bastante más sencillo de explicar: una forma de convertir el transporte público en un privilegio administrativo en lugar de una herramienta de movilidad para todos.

Lo curioso es que esta medida convive con un discurso oficial que insiste en presentar Toledo como una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria.

Una ciudad abierta, sin embargo, no suele empezar poniendo condiciones para subirse a un autobús.

Y una ciudad que aspira a ser sostenible suele intentar exactamente lo contrario: facilitar que más gente utilice el transporte público, no restringirlo mediante pequeños filtros burocráticos.

Quizá el problema de Toledo no sea la falta de ideas.

Quizá el problema sea que demasiadas decisiones parecen pensadas para el titular del día siguiente y no para la ciudad de dentro de diez años.

Así que, cuando uno vuelve a recordar aquel lema de campaña —“Hechos, no milagros”— es inevitable preguntarse si el problema nunca estuvo en elegir entre milagros o hechos.

Porque Toledo, a estas alturas de legislatura, empieza a tener la sensación de haberse quedado justo en medio.

Ni milagros que transformen la ciudad.

Ni hechos que realmente la impulsen.

Y cuando eso ocurre, lo que queda ya no es política.

Quizá el problema nunca fue elegir entre milagros o hechos.

El problema es que Toledo empieza a acostumbrarse peligrosamente a otra cosa: a la política de los anuncios, de las promesas bien envueltas y de las decisiones que siempre parecen tener explicación, pero rara vez resultados.

Porque cuando una ciudad pierde oportunidades, desgasta la ilusión de su gente y empieza a convertir lo público en algo cada vez menos accesible, lo que falla no es el eslogan.

Lo que falla es la gestión.

Y a un año de elecciones, la pregunta que muchos toledanos empiezan a hacerse es bastante sencilla: si esto eran los hechos… ¿Cómo habrían sido los milagros?

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza para modificar los límites de renta exigidos a las personas jubiladas para acceder a la bonificación del transporte público urbano. La propuesta, que se debatirá en el próximo Pleno municipal, plantea que durante 2026 puedan beneficiarse de la bonificación completa quienes tengan ingresos hasta una vez el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 en 14 pagas, y que en 2027 el límite se sitúe en 1,5 veces el SMI de ese año.

“Que el coste de la vida ha subido más que el aumento de los salarios o de las pensiones, es una realidad que no admite discusión”, ha subrayado la portavoz de la formación, Elena Tomás. ZeC alerta de que los casos de pensionistas afectados “ha aumentado” en los últimos años, debido a que la pensión media de jubilación en España ha crecido aproximadamente un 33% desde 2018 hasta 2025, superando la evolución salarial y los límites establecidos para las bonificaciones. La pensión media del sistema ha superado los 1.350 euros mensuales a principios de 2026, mientras que las pensiones mínimas y de viudedad han recibido incrementos significativos con el objetivo de equipararse al SMI.

La situación que motiva esta iniciativa se refleja en el caso de María Ángeles Colungo, una jubilada zaragozana cuya pensión ha aumentado apenas 30 euros al mes y, aun así, ha quedado fuera de la tarjeta gratuita de transporte, según adelanto este diario. Con la última revalorización, su pensión alcanza los 1.124 euros mensuales, suficiente para superar el límite de ingresos establecido por el Ayuntamiento y aplicado por la concesionaria Avanza Zaragoza, fijado en 15.453 euros brutos al año para personas solas.

El mismo día en que María Ángeles solicitó la renovación de su tarjeta en la galería comercial ‘El Caracol’ del Paseo Independencia, varias personas que estaban delante de ella en la fila recibieron la misma negativa, entre la sorpresa y la indignación. Su caso evidencia cómo la congelación de los parámetros desde 2018 genera disfunciones con respecto a la evolución de las pensiones, incluso tras los incrementos históricos de los últimos años: 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,7% en 2026.

La situación es especialmente delicada para quienes dependen del transporte público para cuestiones esenciales. María Ángeles se desplaza varias veces por semana desde su barrio en San José al Hospital Miguel Servet para someterse a pruebas médicas debido a una enfermedad crónica. “Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, explica.

Actualmente, el acceso a la tarjeta gratuita de transporte está limitado a pensionistas que no superen ciertos ingresos y a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%. En caso de personas solas, el límite de ingresos se mantiene en 15.453 euros brutos anuales, mientras que para unidades familiares de dos miembros asciende a 30.907 euros, cifras que no se han actualizado desde 2018.

“Con el presupuesto más grande de la historia, con bonificaciones a quienes heredan una segunda vivienda, garaje o trastero, y ayudas a familias que cobran hasta 67.200 euros, parece de justicia actualizar estos parámetros”, ha señalado Elena Tomás. La propuesta de ZeC busca que las personas jubiladas con pensiones bajas puedan acceder al 100% de la bonificación, evitando que pequeñas mejoras en sus ingresos les penalicen y asegurando la equidad con quienes tienen menos recursos.

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que, en Aragón, el IPC ha subido un 6,1% desde 2023, mientras que el precio del transporte público ha subido un 10%. La congelación de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen sin cambios desde 2018, es otro factor que deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que dependen de estas ayudas para su movilidad diaria.

Un total de siete líneas de autobús urbano de Logroño desviarán mañana su itinerario con motivo de la concentración del Día Internacional de las Mujeres. Serán, en concreto, las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, que variarán su trayecto a lo largo de la mañana.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

El itinerario habitual se irá recuperando conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Mientras tanto, se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

De 11 a 12,30 horas, aproximadamente, variarán:

LÍNEA 2: Yagüe - Varea: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I. Varea - Yagüe: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

LÍNEA 3: Villamediana - El Campillo: c/ Estambrera - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

LÍNEA 4: Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

LÍNEA 6: Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ Gral. Urrutia.

LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: c/ Muro del Carmen - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

De 12,30 a 14,30 horas, aproximadamente, la variación será:

LÍNEA 2: Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

LÍNEA 5: Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

LÍNEA 9: Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.

LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

La actualización de su pensión –apenas 30 euros más al mes– ha dejado a una jubilada zaragozana sin la tarjeta gratuita de autobús. Con la última revalorización, su prestación alcanza los 1.124 euros mensuales. Esa mejora mínima ha sido suficiente para superar el límite de ingresos exigido por el Ayuntamiento y que aplica la concesionaria del transporte urbano, Avanza Zaragoza, con el tope en 15.453 euros brutos al año.

Dicha cantidad, fijada como requisito para ser beneficiaria de la tarjeta gratuita, no se ha modificado desde 2018, lo que genera disfunciones con respecto a la subida de las pensiones. El mismo día que ella demandó la renovación de la tarjeta ante la ventanilla de Avanza en la galería comercial de ‘El Caracol, en el Paseo Independencia, María Ángeles Colungo no era la única que recibía la negativa. Recuerda que dos personas por delante de ella en la fila recibieron la misma respuesta entre la sorpresa y la indignación.

Un desplazamiento imprescindible

La situación resulta especialmente delicada por el uso que hace del transporte público.

Desde hace dos años, se desplaza desde el barrio San José, donde reside, al Hospital Miguel Servet, donde tiene que acudir frecuentemente para someterse a pruebas y revisiones. “Tengo una enfermedad crónica y día sí, día también tengo que acudir al hospital. Básicamente uso la tarjeta para eso”, explica María Ángeles, que hace varios desplazamientos semanales.“Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi de ida y vuelta, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, añade.

Paradójicamente, su pensión –1.124 euros al mes– sigue siendo inferior al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, fijado en 1.221 euros. Aun así, supera por escaso margen el umbral que permite acceder a la gratuidad del transporte.

A sus 66 años, María Ángeles Colungo se pregunta si es razonable que los baremos no se hayan revisado desde hace ocho años. “Aunque nos suban la pensión, seguimos teniendo dificultades con la cesta de la compra”, resume.

Penalización de jubilaciones anticipadas

Su pensión ya estaba marcada por una reducción previa. Se jubiló de forma anticipada e involuntaria a los 63 años, tras agotar la prestación por desempleo al cerrar su empresa en la pandemia. La alternativa era acogerse a la ayuda de 490 euros para mayores de 52 años durante dos años, una cantidad insuficiente para subsistir.

Había cotizado más de 40 años, pero la anticipación le supuso una penalización del 15% sobre su base reguladora. De una base de 1.080 euros, con ese porcentaje su pensión se redujo a 800 euros mensuales. Con la subida histórica del 8,5% aplicada en 2023, la cuantía pasó a 1.019 euros.

Aun así, se considera “afortunada”. En otros casos, la penalización puede alcanzar el 24% cuando la jubilación se adelanta dos años respecto a la edad legal, un recorte que se mantiene de por vida.

Esta situación ha dado lugar a la plataforma Asjubi40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), que reclama la eliminación de coeficientes reductores para quienes han cotizado más de cuatro décadas. Según sus datos, alrededor de 900.000 personas en España se encuentran en esta situación pese a su larga vida laboral. Sus reivindicaciones han llegado al Congreso y también han despertado interés en instancias europeas.

Pensiones al alza

Desde enero de 2026, las pensiones contributivas han subido un 2,7%, lo que supone unos 35 euros más al mes de media y cerca de 490 euros anuales en 14 pagas para una pensión media del sistema, que se situó el pasado mes en 1.316 euros.

En 2024 la revalorización fue del 3,8%, y en 2023 se produjo el mayor incremento reciente en las pensiones contributivas: un 8,5%, para compensar la elevada inflación de 2022.

En el caso de esta pensionista, la evolución ha sido progresiva: de 1.019 euros en 2023 a los actuales 1.124 en 2026. Sin embargo, el incremento acumulado ha terminado situándola fuera del umbral exigido para acceder a la tarjeta gratuita.

Transporte más caro

La tarjeta gratuita de transporte en Zaragoza está destinada a mayores de 60 años sin ingresos o pensionistas por jubilación, así como a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%.

Los requisitos establecen que las personas solas –solteras, viudas, separadas o divorciadas– deben acreditar ingresos brutos inferiores a 15.453 euros anuales. En el caso de parejas, el límite asciende a 30.907 euros.

María Ángeles Colungo viaja ahora con un bonobús por el que tiene que pagar. El precio del billete de autobús y tranvía ha aumentado durante los últimos años. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que el transporte público haya encadenado subidas en tres ejercicios consecutivos.

Con las nuevas tarifas de 2026, el billete sencillo cuesta 1,70 euros, cinco céntimos más que en 2025, mientras que el viaje con tarjeta-bus cuesta 0,55 euros, un céntimo más que hace un año.

El concejal socialista Chema Giral recordaba que en Aragón el IPC, desde 2023 hasta la actualidad, ha subido un 6,1%, mientras que el PP ha subido el precio del transporte un 10%.

Además, el Consistorio mantiene pendiente la revisión de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen congeladas desde 2018. Esa falta de actualización es, precisamente, la que hoy deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que, pese a las subidas nominales, siguen moviéndose en márgenes económicos ajustados.

Barcelona sigue tratando de llevar a cabo una transformación profunda de su movilidad urbana para reducir el impacto ambiental, de ahí que el consistorio haya anunciado una ayuda directa de 600 euros para sus ciudadanos, subvención dirigida concretamente a quienes sustituyan su ciclomotor de combustión por uno totalmente eléctrico. La medida busca incentivar la compra de vehículos de cero emisiones en toda la ciudad condal. Se trata de un movimiento estratégico liderado por el ayuntamiento de la capital catalana para fomentar la sostenibilidad vial diaria. Esta convocatoria es una de las apuestas más potentes para renovar el parque de motocicletas actual. Los beneficiarios podrán solicitar este importe único para facilitar la adquisición de nueva tecnología limpia, una oportunidad para modernizar el transporte privado motorizado dentro del entorno urbano barcelonés.

Esta iniciativa se integra plenamente dentro del marco estratégico definido por el denominado Plan Clima. El objetivo principal es lograr la descarbonización efectiva de la ciudad en los próximos diez años. Actualmente, los ciclomotores de gasolina son responsables de emitir unas 3.000 toneladas de CO2 anuales. Reducir este impacto ambiental es una prioridad absoluta para el gobierno municipal de Barcelona hoy en día. Con la sustitución de estos vehículos, se espera una mejora significativa en la calidad del aire, gracias a un plan que contempla una inversión masiva para mitigar los efectos negativos del cambio climático global. Se busca situar la salud de la ciudadanía en el centro de todas las políticas públicas locales, una transición energética vital para cumplir con los compromisos de sostenibilidad urbana de futuro.

El horizonte temporal fijado por el ayuntamiento barcelonés para esta gran transformación es el año 2030. Para esa fecha, la meta es alcanzar un parque de ciclomotores que sea 100% eléctrico. El presupuesto inicial destinado a estas subvenciones asciende a un total de 15 millones de euros. Con esta partida, se prevé incentivar la compra de hasta 24.000 nuevos vehículos eléctricos urbanos. Es un paso adelante muy ambicioso para abordar un segmento que solía quedar fuera de ayudas. La ciudad cuenta actualmente con unos 32.000 ciclomotores censados en sus registros municipales de tráfico. De ellos, aproximadamente 24.000 todavía funcionan mediante motores de combustión interna tradicionales. La intención es que todos estos vehículos desaparezcan progresivamente de las calles de la ciudad.

Para poder acceder a esta ayuda económica, existen ciertos requisitos indispensables que deben cumplirse siempre. El más importante es que el solicitante debe desguazar obligatoriamente un ciclomotor de combustión previa. Solo los ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos entran dentro de esta categoría de la ayuda. Además, es necesario que la persona interesada esté debidamente empadronada en el municipio de Barcelona. Las empresas que tengan su sede principal en la capital también pueden beneficiarse de este plan. El objetivo es que ningún sector que utilice este tipo de transporte quede excluido del programa. La entrega del certificado oficial de destrucción del vehículo antiguo es un paso totalmente obligatorio. Sin este documento, no será posible completar el proceso administrativo para recibir el pago prometido.

Desde el punto de vista económico, los 600 euros representan un apoyo financiero de gran relevancia. Según los precios de mercado actuales, esta cifra cubre entre el 16% y el 40% del coste. Esto supone un incentivo real para aquellos que dudaban en realizar la inversión en tecnología eléctrica. El consistorio define este plan como una medida socialmente justa para facilitar la renovación vehicular. El ahorro para el bolsillo del ciudadano se complementa con la gratuidad de ciertos trámites legales. Es la primera vez que se lanza un programa de estas características específicas para ciclomotores urbanos. La cuantía fija permite que el proceso sea transparente y equitativo para todos los posibles beneficiarios. Así, se reduce la barrera de entrada al mercado de las motos eléctricas de baja cilindrada.

Burocracia simplificada

El calendario de este programa de ayudas ya está definido y comenzará de forma inmediata. Se podrán beneficiar de la subvención todas las compras realizadas a partir del 1 de marzo. Aunque la convocatoria oficial se publicará en otoño, las facturas actuales serán válidas para el proceso. El ayuntamiento ha prometido simplificar al máximo los trámites burocráticos para evitar cualquier tipo de demora, de ahí que solo serán necesarios dos documentos: el justificante de compra y el certificado de desguace del vehículo. Para facilitar esta tarea, los depósitos de Barcelona de Serveis Municipals ofrecen el desguace gratuito. Ellos mismos se encargarán de entregar el certificado oficial necesario para solicitar la ayuda económica municipal. De esta manera, el ciudadano no tendrá que preocuparse por costes adicionales en la gestión.

El foco principal de estas ayudas son los jóvenes. Este colectivo suele utilizar con mayor frecuencia los vehículos de baja cilindrada para sus desplazamientos. Al tener sueldos generalmente más bajos, a menudo encuentran dificultades para acceder a vehículos eléctricos nuevos. Con estos 600 euros, se pretende eliminar ese obstáculo financiero y promover una movilidad juvenil limpia. No obstante, el plan no se limita solo a particulares, sino que incluye a las empresas locales. Las compañías con flotas de reparto o servicios también podrán renovar sus ciclomotores de forma subvencionada. Barcelona refuerza así su identidad como “ciudad motera” adaptada a las nuevas exigencias de este siglo. El apoyo institucional busca que la electrificación llegue a todos los estratos de la sociedad barcelonesa.

Como complemento a las ayudas directas, se impulsará una red de intercambio de baterías en la ciudad. El consistorio destinará tres millones de euros adicionales para crear infraestructuras de recarga más eficientes. Se prevé la instalación de al menos 64 nuevos puntos estratégicos en aparcamientos y estaciones de servicio. Estas estaciones permitirán que los usuarios intercambien sus baterías agotadas por otras cargadas en pocos segundos. Esta tecnología es ideal para ciclomotores cuyas baterías son más ligeras y fáciles de manipular hoy. Las ayudas para la instalación de estos centros podrán alcanzar hasta los 45.000 euros por operador. El objetivo es que la infraestructura de carga crezca siempre por encima de la demanda de vehículos. Así se garantiza que la autonomía no sea un problema para quienes opten por el anhelado cambio eléctrico.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.

Un mismo autobús diésel de comienzos de 2006, matrícula 9565 DVJ, ha sido visto este lunes cubriendo las dos líneas “electrificadas” de Vitoria. En torno a las 13:00, este periódico ha podido ver el vehículo, modelo Mercedes-Benz Citaro O 530, en la línea BEI, acrónimo de 'bus eléctrico inteligente', concretamente en el sentido B, el que sigue las agujas del reloj. Poco más de una hora después, alrededor de las 14:15, ese mismo autobús, de color gris, rotulado para brindar la línea 4, que une los barrios de Lakua y Mariturri. Este autobús, que entró en servicio en enero de 2006, hace más de veinte años, ostenta junto a otras tres unidades el título de más antiguo de todos los que componen la flota de Tuvisa, la sociedad municipal de autobuses de la capital alavesa.

De esta remesa, la más antigua de toda la flota de Tuvisa, quedan cuatro vehículos, todos ellos matriculados el 17 de enero de 2006 y todos de la serie de matrículas DVJ: el 9488, el 9514, el 9545 y el 9565, este último el que ha sido visto en las líneas BEI y 4 este lunes. Superan en antigüedad, por dos meses, a dos unidades en activo de otra marca, MAN, de matrícula DYG, de marzo de ese mismo 2006. Se da la circunstancia de que, con el tiempo, se han retirado unidades —algunas con placa DXR, por ejemplo— más jóvenes que este autobús al que se está recurriendo para líneas electrificadas.

El uso de unidades diésel con dos décadas de recorridos en el cuentakilómetros es práctica habitual en la línea BEI, la más concurrida de la ciudad, desde su estreno en 2022. Pero esta circunstancia se ha seguido registrando a pesar de que otras líneas ordinarias llevan ya un tiempo empleando autobuses eléctricos de reciente adquisición, algunos de ellos matriculados a finales de 2024 y otros ya en 2025. Son similares a los del BEI, del modelo ie Tram de la empresa Irizar, aunque con un diseño algo diferente. Además, existen también autocares híbridos Vectia, aunque los conductores han señalado que existe con ellos un problema electrónico que provoca que “se apaguen”, dejándoles sin dirección ni frenado asistidos. Tuvisa, por el contrario, defiende que se trata de una respuesta “correcta” en la que prima “la seguridad sobre el confort”.

Los nuevos autobuses 100% eléctricos de Irizar, que se incorporaron a la flota cuando en el BEI se seguían haciendo turnos con autobuses diésel, comenzaron entonces a prestar servicio en la línea 4, que atraviesa puntos céntricos de la ciudad. La alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, remarcó su objetivo de “ofrecer la mejor versión del transporte público” y aseguró entonces que estos diez vehículos —que describió como “eléctricos, accesibles, silenciosos”— seguían “la estela del BEI” y afianzaban “el proceso de modernización de la flota”. “Este es un ejemplo claro de la apuesta de este Gobierno por la sostenibilidad y la tecnología avanzada”, remachó.

En cualquier caso, hay conductores de Tuvisa que se quejan de que estos modelos eléctricos de Irizar no son los más apropiados para líneas que no sean la del BEI. Al tener que “callejear” y no disponer de un circuito segregado como el del bus eléctrico inteligente, que apenas tiene que sortear unas pocas rotondas en todo su recorrido, se complica la visibilidad, dicen. Dado que tienen los mástiles delanteros más anchos, aseveran los conductores, el ángulo muerto “se multiplica” y ha habido ya algún atropello.