Viajar por Europa puede ser muy enriquecedor y una oportunidad para descubrir nuevas culturas, pero también exige tener en cuenta aspectos prácticos que a veces se olvidan hasta que surge un imprevisto. Uno de los más importantes es la cobertura sanitaria, porque una enfermedad o accidente inesperado puede complicar cualquier viaje. La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es un documento que permite recibir atención pública en otros países de la Unión Europea y Suiza, asegurando que el acceso a los servicios médicos sea equivalente al que tienen los residentes locales.

Aunque la TSE no reemplaza un seguro privado, facilita que los ciudadanos puedan recibir asistencia médica necesaria sin tener que asumir directamente los costes en el extranjero. La tarjeta es válida tanto para viajes turísticos como laborales o de estudios y ayuda a planificar con seguridad, dejando claro qué servicios estarán cubiertos y simplificando los trámites en hospitales o centros médicos de otro país.

Más allá de garantizar la atención médica, la tarjeta ayuda a evitar retrasos y a manejar mejor cualquier situación de salud que surja de manera imprevista. Su validez suele ser de dos años, por lo que es recomendable tramitar la renovación con tiempo para no quedarse sin cobertura durante futuros desplazamientos. Además, se emite de forma gratuita, asegurando que todos los ciudadanos que cumplan los requisitos puedan acceder a este derecho sin coste.

Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea y para qué sirve

El acceso a la Tarjeta Sanitaria Europea es un derecho que permite recibir atención médica pública durante estancias temporales en los países de la UE y en Suiza. Su objetivo es garantizar que cualquier asistencia necesaria se proporcione en igualdad de condiciones con los residentes locales, incluyendo consultas médicas, hospitalización y medicamentos relacionados con episodios de salud imprevistos. No cubre atención programada, servicios privados ni repatriaciones, por lo que quienes consideren que podrían necesitarlos deben complementarla con seguros adicionales.

Este documento está pensado para personas cubiertas por la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta propia o ajena, pensionistas y beneficiarios de prestaciones, así como sus familiares dependientes. La tarjeta acredita ante las autoridades sanitarias que el titular tiene derecho a recibir la asistencia pública necesaria, evitando demoras y simplificando la gestión en hospitales o centros médicos del país visitado. La cobertura se aplica a situaciones que requieren atención inmediata o imprescindible desde el punto de vista médico, como accidentes, enfermedades repentinas, agravamiento de condiciones crónicas o parto.

La TSE se emite de manera gratuita y su validez es limitada, por lo que conviene tener en cuenta la fecha de caducidad para planificar viajes futuros. Contar con ella permite organizar los desplazamientos con mayor seguridad y reduce los riesgos asociados a problemas médicos inesperados, especialmente cuando se visitan países con sistemas sanitarios diferentes al propio.

Guía para solicitar y renovar la Tarjeta Sanitaria Europea

Solicitar o renovar la TSE puede hacerse de varias formas, según los medios que tenga cada persona. Quienes cuenten con identificación electrónica pueden tramitarla a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del portal “Tu Seguridad Social”, usando Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN, DNI electrónico, certificado digital o vía SMS. En este último caso, es necesario que el número de teléfono esté registrado previamente en la base de datos de la Seguridad Social.

Para quienes no dispongan de sistemas electrónicos, la solicitud se puede realizar presencialmente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o por teléfono, llamando a los números habilitados por la administración. Se requiere aportar información básica, número de afiliación y dirección de contacto. Tras la verificación, la tarjeta se envía al domicilio del solicitante.

La renovación sigue los mismos pasos que la primera solicitud y debe gestionarse con tiempo suficiente antes del vencimiento. Esto garantiza que la tarjeta llegue antes de que caduque y que el viajero mantenga la cobertura durante cualquier desplazamiento planificado. Tanto la emisión inicial como la renovación o reposición son gratuitas, asegurando que todos los beneficiarios puedan seguir teniendo acceso a este derecho sin coste adicional.

En caso de pérdida, robo o deterioro, se puede pedir una reposición que mantiene la cobertura activa. La Tarjeta Sanitaria Europea, por tanto, no solo permite recibir atención pública durante estancias temporales, sino que también ayuda a organizar viajes y manejar posibles incidencias médicas, ofreciendo tranquilidad al desplazarse por otros países europeos.

Cuando el viaje está a la vuelta de la esquina y la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no llega a tiempo, existe un plan B eficaz pero poco conocido: el certificado provisional sustitutorio. Se trata de un documento que garantiza asistencia médica en el extranjero durante estancias temporales en países de la UE, el Espacio Económico Europeo, Reino Unido y Suiza, siempre que se trate de una urgencia sobrevenida. La gran ventaja es su inmediatez: puede descargarse en el momento desde la web de la Seguridad Social.

Así es el documento

Este certificado tiene validez legal equivalente a la TSE, pero su duración está limitada a un máximo de 90 días dentro de un mismo año. Está pensado para cubrir desplazamientos inminentes cuando no hay margen para esperar el envío postal de la tarjeta física. El trámite es gratuito, y se puede realizar tanto con certificado digital, Cl@ve, como a través de medios más accesibles como SMS o sin identificación electrónica en algunos supuestos.

En qué se diferencia de la TSE

A diferencia de la TSE, que tiene una vigencia general de dos a cuatro años y se emite en formato físico, el certificado es un documento digital en formato PDF. Aunque temporal, permite acreditar de inmediato el derecho a recibir asistencia sanitaria pública en el país de destino en igualdad de condiciones con sus ciudadanos. Eso sí, como ocurre con la TSE, no cubre la atención sanitaria privada, la repatriación ni los traslados por motivos médicos programados.

Según la Seguridad Social, el certificado también puede solicitarse para familiares a cargo o menores que viajan con el titular. Basta con tener actualizados los datos personales y seleccionar al beneficiario correspondiente en el formulario online. Este trámite es especialmente útil cuando se viaja en grupo familiar y uno o varios miembros no tienen aún su tarjeta sanitaria en vigor.

Solo cubre situaciones sobrevenidas

Es importante destacar que el certificado solo cubre situaciones sobrevenidas. En caso de necesitar tratamientos programados como quimioterapia, diálisis o controles periódicos por enfermedades crónicas, es necesario un acuerdo previo con el sistema sanitario del país de destino. Por ello, antes de viajar conviene consultar las condiciones específicas y posibles copagos que rigen en ese país, algo que se puede verificar en la web oficial de la Comisión Europea.

Otra limitación del certificado es que, al ser un documento digital, puede requerir su impresión física en algunos centros sanitarios del país visitado. Aunque en muchos casos basta con mostrarlo en el móvil, siempre es recomendable llevar una copia en papel para evitar problemas si se presenta una urgencia en zonas rurales o en instalaciones con requisitos administrativos más estrictos.

No sustituye a un seguro de viaje integral

El certificado provisional no sustituye a un seguro de viaje integral. Aunque permite acceder al sistema sanitario público, en muchos países europeos los ciudadanos locales deben asumir ciertos costes médicos, y lo mismo ocurre con quienes viajan con el certificado o con la TSE. Por eso, Sanidad recomienda, en cualquier caso, complementar la cobertura con un seguro adicional que incluya repatriación, asistencia privada o cancelaciones.

En plena temporada alta de viajes, conviene revisar con antelación si la TSE está en vigor. Si ha caducado o no se ha recibido a tiempo, el certificado provisional puede ser la única vía rápida para viajar con la tranquilidad de tener cubierta la asistencia médica. Un recurso poco mediático, pero que puede marcar la diferencia si la salud se complica lejos de casa.

Cada vez son más las personas que planifican sus vacaciones, estancias por estudios o desplazamientos laborales dentro del espacio europeo. Pero antes de hacer la maleta, hay una pregunta que puede ahorrar preocupaciones (y dinero) en caso de accidente o enfermedad: ¿tengo la Tarjeta Sanitaria Europea? Este documento gratuito puede marcar la diferencia si se necesita atención médica durante una estancia temporal en países de la Unión Europea, además de en Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Reino Unido.

¿Qué es y qué cubre?

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias desde un punto de vista médico durante una estancia temporal. La cobertura se limita a la atención que el sistema sanitario público del país de destino proporcione a sus ciudadanos, en igualdad de condiciones. Es decir, si se viaja a Italia o Alemania, el acceso a los servicios médicos será como el de cualquier residente local. Ahora bien, la TSE no es una carta blanca: no cubre tratamientos programados, traslados de residencia, ni viajes con el único objetivo de recibir atención médica.

Para casos excepcionales como tratamientos por enfermedades crónicas —diálisis, oxigenoterapia, quimioterapia, etc.— es necesario un acuerdo previo entre el asegurado y la unidad sanitaria del país al que se viaja. Además, no se incluye la asistencia en países como Andorra, que requieren un certificado específico (E-AND-111), disponible a través de la web de la Seguridad Social.

Cómo conseguirla

El proceso para obtener la TSE está bastante automatizado y puede realizarse de varias formas: por Internet, identificándose mediante Cl@ve, certificado electrónico o incluso vía SMS si el número está registrado en la base de datos de la Seguridad Social. También puede solicitarse en persona en los Centros de Atención e Información (CAISS), o llamando a los teléfonos habilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si la tarjeta no se emite a tiempo o el viaje es inminente, se puede pedir el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que ofrece la misma cobertura durante 90 días.

Una vez emitida, la tarjeta se envía por correo al domicilio indicado y suele tardar unos cinco días en llegar. Tiene una validez general de dos años, aunque en algunos colectivos como el de pensionistas puede extenderse hasta cuatro. En cualquier caso, la vigencia de la tarjeta no garantiza por sí sola el derecho a asistencia sanitaria: si el titular pierde la condición que dio origen a ese derecho, los gastos generados podrían considerarse indebidos y ser reclamados.

A tener en cuenta

Conviene tener en cuenta que, aunque la TSE garantiza el acceso al sistema público de salud del país de destino, eso no implica gratuidad total. En muchos países europeos, los ciudadanos deben asumir una parte del coste de medicamentos, consultas o ingresos hospitalarios. El titular de la tarjeta tendrá que pagar lo mismo que pagaría un residente en ese país, sin posibilidad de reembolso posterior. Por ello, es recomendable informarse bien antes de viajar sobre las condiciones sanitarias de cada destino.

Otro aspecto importante es que cada persona debe llevar su propia tarjeta. No se emite de forma automática para los familiares a cargo, por lo que si viajan menores, hijos o personas dependientes, hay que realizar una solicitud para cada beneficiario. Además, si se han cambiado recientemente el domicilio o los datos personales, es imprescindible actualizarlos para evitar demoras o errores en el envío.

La Tarjeta Sanitaria Europea sigue siendo un recurso muy útil, pero no sustituye a un seguro de viaje completo. Los servicios de repatriación o la atención privada, por ejemplo, no están incluidos. Como recuerda la propia Seguridad Social, antes de cualquier viaje conviene verificar la validez de la TSE, sus limitaciones, y, si es necesario, reforzar la cobertura con un seguro adicional. En materia de salud, más vale planificar que improvisar.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es una de las misiones fundamentales de la Seguridad Social. Cuando es reconocido este derecho, los asegurados y sus beneficiarios tienen la posibilidad de solicitar su tarjeta sanitaria individual en el centro de salud correspondiente, pero ¿cómo se da de alta a un beneficiario? Actualmente, son muchos los trámites de la Seguridad Social que se gestionan de forma telemática y tantos procedimientos online pueden dificultar el proceso. Si necesitar dar de alta a un beneficiario o cambiarlo de un titular a otro, te explicamos cómo puedes hacerlo.

Cómo dar de alta a un beneficiario en la Seguridad Social

Cualquier titular de alta en la asistencia sanitaria puede solicitar el alta de un beneficiario, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Los casos más comunes suelen ser los descendientes. Sin embargo, hay otras situaciones que garantizan la situación del mismo. Si eres titular, puedes solicitar el alta de un beneficiario de asistencia sanitaria siempre que cumpla los siguientes requisitos:

La solicitud del alta se puede hacer tanto si se dispone de certificado digital como si no. Con identificación digital a través del certificado electrónico o clave, puedes hacerlo a través del portal Tu Seguridad Social (TUSS). Necesitarás identificarte con alguno de los métodos que mencionamos anteriormente. También existe la opción de hacerlo a través de un representante que también tenga certificado o cl@ve en el mismo portal.

Por otro lado, si no cuentas con ninguna de estas identificaciones, puedes hacerlo vía web si utilizas el Portal oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Solo necesitarás hacerte una fotografía para identificarte y subirla a la plataforma. Para solicitar la inclusión de beneficiarios, también se requiere tener acceso a un correo electrónico y hacerse una foto mostrando el DNI/NIE.

Además de cumplir estos pasos, para realizar la solicitud es obligatoria presentar una serie de documentos. Necesitarás tu documento de identidad y el de las personas beneficiarias, desde los 14 años si tienen nacionalidad española y desde los seis meses si tienen nacionalidad extranjera. Es también esencial acreditar la relación familiar o la situación de acogimiento o tutela con la persona beneficiaria.

En el caso de que el beneficiario sea descendiente mayor de tres meses, es obligatorio presentar el libro de familia o el certificado de nacimiento que acredite su relación con la persona asegurada. Para hijos menores de esta edad no es necesaria esta documentación debido a que el Registro Civil envía estos datos automáticamente al INSS. Además de esto, hay que presentar el certificado de discapacidad si es mayor de 26 años.

Cómo cambiar el beneficiario de asistencia sanitaria de un titular a otro

Por si necesitar cambiar el titular del beneficiario, puedes hacerlo de manera presencial en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) con cita previa. Puedes solicitarla con INSS por teléfono durante las 24 horas del día a través de los teléfonos 91 541 25 30 o 901 10 65 70. 

Si necesita cambiar el titular por el que tiene derecho a la asistencia sanitaria un beneficiario, puede hacerlo de manera telemática (con y sin certificado digital) o presencialmente con cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Un consejo útil es tener a mano tus datos de identificación y tu código postal al realizar la llamada. Cuando te den la cita, se te proporcionará un localizdor que te servirá para cambiar o eliminarla. Si decides conseguir tu cita previa por Internet, puedes hacerlo tanto con certificado digital como sin él.

La segunda vía con la que puedes cambiar el beneficiario de un titular a otro es de manera telemática con y sin certificado. Con certificado digital o cl@ve puede hacerlo en su nombre o mediante representante o apoderado a través del portal Tu Seguridad Social sin tener que adjuntar la solicitud.

Si no dispones de estas herramientas de identificación, utilice el Portal oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. A través de este enlace accederás al formulario on line de solicitud de la asistencia sanitaria desde donde deberá tramitar este cambio. No necesitarás presentar el modelo de solicitud, pero deberás rellenar los campos marcados. En el formulario es obligatorio completar los datos del beneficiario y los tuyos como titular. Hay que tener en cuenta que cuando el cambio sea de un beneficiario menor de 18 años, la solicitud la hará el nuevo titular y tendrá que acreditarse el consentimiento firmado del titular actual.

En cuanto a la documentación necesaria, el propio modelo de la solicitud incluye instrucciones sobre los documentos a presentar en cada supuesto. Para el cambio en la asistencia sanitaria del beneficiario tiene que quedar acreditado el parentesco con el libro de familia, pero también puede demostrarse con el certificado de nacimiento u otro documento donde figure el parentesco con el solicitante. Con cualquiera de estos documentos y el acreditativo de identidad del nuevo titular.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es un documento esencial para los ciudadanos de la Unión Europea que viajan a otros países miembros. Facilita el acceso a la atención médica en caso de enfermedad o accidente, garantizando la cobertura de los gastos de salud en condiciones similares a los ciudadanos del país al que se desplace. Para obtenerla, los ciudadanos deben seguir unos simples pasos, y es igualmente sencillo renovarla cuando se acerque su fecha de caducidad.

¿Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea?

La TSE es una herramienta que permite a los ciudadanos de los países de la UE recibir atención médica de urgencia en otros países de la comunidad, cubriendo los mismos derechos que los nacionales de esa nación. No es un seguro médico privado, sino un derecho derivado de la legislación de la UE que facilita la asistencia sanitaria cuando se viaja o reside temporalmente en otro Estado miembro.

¿Para qué es necesaria la Tarjeta Sanitaria Europea?

La Tarjeta Sanitaria Europea cubre los gastos médicos derivados de problemas de salud que surjan durante un viaje, tales como accidentes, enfermedades súbitas, exacerbaciones de condiciones crónicas o parto. Permite recibir atención sanitaria pública en los mismos términos que los residentes del país, incluyendo consultas médicas, hospitalización y medicamentos. Sin embargo, no cubre asistencia sanitaria privada ni casos de repatriación o salvamento, y tiene restricciones en algunos países fuera de la UE.

¿Cómo solicitar o renovar la Tarjeta Sanitaria Europea?

Solicitar o renovar la Tarjeta Sanitaria Europea es un proceso sencillo que se puede realizar de diversas maneras. Para hacerlo sin sistemas de identificación electrónica, se puede realizar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, por teléfono llamando a los números 901 16 65 65 o 91 542 11 76, o de manera presencial en los Centros de Atención e Información (CAISS) de la Seguridad Social.

Si se dispone de sistemas de identificación electrónica, también se puede hacer a través de la Sede Electrónica o el portal Tu Seguridad Social, donde es necesario identificarse mediante Cl@ve Permanente, Clave PIN, DNIe, certificado electrónico o vía SMS. En caso de optar por SMS, se debe tener el número de teléfono registrado en la base de datos de la Seguridad Social.

¿La tarjeta sanitaria europea tiene algún coste?

La emisión de la Tarjeta Sanitaria Europea es gratuita en España. No tiene ningún coste asociado para los asegurados del sistema de la Seguridad Social que la soliciten, ya sea para ellos mismos o para los beneficiarios registrados.

Requisitos para obtener la Tarjeta Sanitaria Europea

Pueden solicitar la tarjeta las personas aseguradas en el sistema de la Seguridad Social, tanto para ellas mismas como para los beneficiarios dados de alta. Es necesario tener a mano un DNI o NIE y el número de la Seguridad Social. Además, cada persona que viaje, ya sea asegurada o beneficiaria, debe contar con su propia tarjeta para poder recibir atención médica en el extranjero.

La Tarjeta Sanitaria Europea es un documento que acredita el derecho a recibir prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal en los veintisiete países miembros de la Unión Europea Solicitarla y renovarla es un proceso sencillo, ya sea a través de la web, por teléfono o de manera presencial. Mantener la TSE vigente garantiza que los ciudadanos puedan recibir atención médica urgente sin preocupaciones, lo que hace de este trámite una herramienta esencial para quienes viajan fuera de su país de residencia.

Los padres y tutores legales pueden descargar ya en Euskadi la tarjeta individual sanitaria (TIS) digital de sus hijos en el móvil. Está pensada para menores de 16 años y es necesario tener permiso para acceder a su carpeta de salud. Según los datos ofrecidos por el Departamento de Salud del Gobierno vasco, se han hecho ya 150.513 descargas en total de la tarjeta individual sanitaria en formato digital, y 911 de ellas han sido progenitores que se han descargado la de su hijo para tenerla a mano. Desde este semana, los progenitores y tutores que cumplan con las condiciones comenzarán a recibir una notificación para descargarse la tarjeta, que puede utilizarse tanto en la mayor parte de los servicios de Osakidetza como en las farmacias que dispensan los medicamentos que allá se receten.

¿Cuáles son los requisitos?

La posibilidad de descargar la tarjeta está pensada para progenitores y tutores legales con hijos de menos de 16 años a cargo. Han de disponer, además, de autorización de acceso a la carpeta de salud de estos menores.

¿Cómo se descarga?

Hay dos supuestos. En caso de tener ya instalada en el móvil y actualizada la aplicación 'NIK Patrika Digitala', llegará un mensaje a través de ella invitando a descargar la tarjeta individual sanitaria de los hijos o menores tutelados. Si no se tiene la aplicación actualizada o ni siquiera se tiene descargada, lo que llegará será un SMS al móvil con la invitación a hacerlo.

¿Para qué sirve?

La TIS digital sirve para Osakidetza y también para las farmacias en las que se dispensa medicación, y facilita el proceso porque basta con enseñar el móvil. En cualquier caso, se ha de conservar la TIS de plástico, porque puede haber algunos supuestos en los que no baste con la digital.

¿La gente ya la usa?

Si bien acaba de habilitarse la posibilidad de descargar la tarjeta de los hijos, antes de extenderla a la ciudadanía en general se probó en un proyecto piloto en el centro de salud de Lakuabizkarra, en Vitoria, y en toda la OSI Araba y tuvo buena acogida: hasta un 38% de los progenitores y tutores legales con autorización se la descargaron.

¿Tienes más dudas?

Tienes más información sobre la TIS digital general en este enlace y para más dudas dispones, asimismo, del Centro de Atención a Usuarios, con el que se puede contactar por teléfono en el 945 016 295.

La Junta de Castilla y León ha anunciado este viernes que facilitará la obtención de la tarjeta sanitaria a los castellanoleoneses en el exterior que tengan estancias temporales en la Comunidad, sin necesidad de renovarla cada vez que vuelvan.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido hoy a agilizar los trámites para que estas personas “puedan obtener la tarjeta sanitaria y accedan a los servicios de salud de la comunidad” en la inauguración del II Congreso Internacional de Centros de Castilla y León en el Exterior, celebrado en Salamanca.

Mañueco ha anunciado asimismo el aumento de un 50% en la financiación destinada a las 139 casas y centros de la comunidad en el exterior, 107 en España y en Europa y 32 en el continente americano.

En el marco de estas medidas para beneficiar a los castellanoleoneses que viven fuera de la comunidad, la Junta extenderá el Carnet Joven Europeo a todos los jóvenes en el exterior.

Asimismo, creará una plataforma por internet que servirá como herramienta de comunicación tanto con Castilla y León como para facilitar la gestión interna de las casas y sus trámites con la Junta, y también pondrá en marcha el nuevo Centro Virtual de las Migraciones de Castilla y León.

Por otro lado, se crearán unos Premios de la Junta de Castilla y León para los ciudadanos residentes en el exterior, que reconocerán a personas y grupos destacados por la promoción de la imagen de la comunidad y la atención a las personas.

Mañueco también ha recordado los programas que ya tiene en marcha la Junta para “facilitar el derecho a regresar y trabajar en la comunidad”, como el “Pasaporte de Vuelta”, con ayudas de 6.600 euros para facilitar el retorno desde fuera de España.

Nuevo decreto de las familias numerosas

Un carné individual y título en vigor hasta que el menor de los hijos cumpla los 26 años son algunas de las mejoras de las que se beneficiarán las 34.139 familias de numerosas acreditadas en Castilla y León a final del 2022, 4.621 de categoría especial, esto es con cinco o más vástagos, según recoge el nuevo decreto que tramita la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En un comunicado, la Consejería ha detallado con este nuevo decreto las familias numerosas ya no tendrán que renovar su condición cada cinco años, tal y como establece la regulación actual.

El decreto que tramita regula el procedimiento de la condición de familia numerosa y la expedición del título, así como la obtención del carné individual en Castilla y León.

Una de las principales novedades es que en lugar de solicitar el reconocimiento por sistema una vez transcurrido ese periodo, el carácter de familia numerosa será determinado por las características propias de cada núcleo.

Ello implica que, de no variar la situación, podrá mantenerse en vigor hasta que el hijo menor cumpla los 26 años, por lo que no se precisaría de renovaciones. Además, establece supuestos especiales con periodos de vigencia más reducidos o sometidos al cumplimiento de ciertos requisitos.

Por ejemplo, para los nacionales de terceros países −sin contar los ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo− se tendrá en cuenta el plazo de vigencia de residencia legal en España de todos los miembros que den derecho al reconocimiento de la condición.

Cuando la categoría especial de familia numerosa venga determinada por los ingresos anuales, se revisará anualmente.

Y, el periodo de los cinco años se mantendrá para aquellos núcleos familiares en los que permanezcan únicamente hijos o hermanos con discapacidad permanente o incapacidad para trabajar.

La segunda novedad consiste en la modernización del procedimiento que, frente al establecido en el anterior Decreto de 2011, será electrónico en todas sus fases.

Para ello, la Consejería desarrollará una aplicación informática específica, con el objetivo de simplificar la gestión del procedimiento y así evitar que las familias realicen trámites innecesarios. Esto permitirá que la Administración pueda comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.

El Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición del título, así como la obtención del carné individual, ya se pueden consultar en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y el plazo de presentación de alegaciones se extiende hasta el 21 de octubre de 2023.

34.139 familias se beneficiarán de la medida

Un total de 34.139 familias se verán beneficiadas por este Decreto, que son las que, a fecha de 31 de diciembre de 2022, tenían dicha condición en Castilla y León. De ellas, 29.518 se incluyen en la categoría general y 4.621 en la especial.

Se entiende por familia numerosa aquella integrada por al menos un ascendiente y tres hijos o más, aunque se equipara a la condición de numerosa los casos de familias formadas por uno o dos ascendientes y dos hijos, siempre y cuando uno de ellos tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 % o esté incapacitado para trabajar.

También aquellas familias integradas por dos hijos y dos ascendientes, si estos últimos tienen ambos una discapacidad reconocida del 33 %, estén incapacitados para trabajar o la discapacidad de uno de ellos iguale o supere el 65 %.

Y los supuestos de padres o madres separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares y estén bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el mismo domicilio conyugal, también ostentan tal condición.

También sucede con aquellas familias integradas por dos o más hermanos huérfanos de padre y madre y estén sometidos a tutela, acogimiento o guardia, cuando convivan con el tutor, acogedor o guardador y no sean dependientes de ellos. Otro supuesto es el de las familias de tres o más huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos huérfanos si uno de ellos tiene reconocida discapacidad igual o superior al 33 %, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

Y, por último, el padre o la madre con dos hijos siempre y cuando haya fallecido el otro progenitor.

Existen dos categorías distintas de familias numerosas, cuya división la marca el número de hijos: con cinco o más, serán de categoría especial. El resto de familias entrarán en la categoría general.

Sin embargo, existe un conjunto de situaciones que, aun no cumpliendo el requisito de los cinco hijos, se integran en la categoría especial.

Son los casos de unidades familiares con cuatro hijos si al menos tres proceden de parto múltiple, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiple, así como con aquellas también con cuatro hijos si sus ingresos anuales, divididos por el número de miembros, no superen en cómputo anual el 75 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), incluida las pagas extraordinarias.

Y para otorgar el título de familia numerosa, cada hijo con discapacidad igual o superior al 33 % o incapacitado para trabajar computa como dos para determinar la categoría en la que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.E

El Servicio Cántabro de Salud ha puesto en funcionamiento este miércoles, 7 de diciembre, la nueva aplicación móvil del paciente 'MiSalud@SCS', que incluye la tarjeta sanitaria virtual y la consulta de la lista de espera quirúrgica, entre sus principales novedades. Esta herramienta, a la que se incorporarán nuevas prestaciones a medida que se desarrolle, cuenta en un primer momento con servicios de citación, resultados de laboratorio de pruebas COVID, informes clínicos -altas hospitalarias y Urgencias- y receta electrónica para la dispensación de productos farmacéuticos.

También dispone de otro apartado con información de interés como las farmacias de guardia en tiempo real, la ubicación de los centros de salud, soporte técnico online, otros teléfonos de interés y preguntas frecuentes. Además, integra el Certificado COVID Digital y la autocita de vacunación.

Asimismo, se prevé incorporar posteriormente otros servicios como el resto de pruebas de laboratorio -análisis de sangre-, videoconsultas, la cancelación o la modificación de citas con especialistas, o la citación con matronas y fisioterapeutas. Así lo han avanzado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera; y el director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, Santiago García.

Ambos han subrayado la “comodidad” que supone esta aplicación para los usuarios, que ya no tienen que llevar la tarjeta sanitaria en el bolsillo, optimiza los sistemas de información sanitaria, recuerda las citas, y evita visitas innecesarias al médico.

Asimismo, han destacado que la comunidad autónoma es una de las primeras en disponer de la tarjeta sanitaria virtual, que funcionará a través de un código QR, teniendo acceso al sistema de 'Pase y espera' de los hospitales “sin necesidad de llevar encima la tarjeta sanitaria de plástico”. En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, han explicado que la información estará “personalizada” e indicará una fecha de intervención estimada.

La aplicación está disponible a partir de este miércoles para móviles Android y Apple, y el objetivo es lanzar la versión web a lo largo del mes de diciembre. Los pacientes que estén interesados en obtener la aplicación deberán actualizar su número de teléfono móvil en su centro de salud correspondiente.

Esta aplicación sustituye y “mejora” la anterior, es sencilla de usar, incorpora una interfaz muy visual y es accesible tanto a las funcionalidades anteriores como a varias nuevas. Así, cuenta con la autenticación biométrica (Face ID, huella dactilar). Para validar su diseño y funcionalidad, se ha contado con la colaboración del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y de la Escuela Cántabra de Salud en las pruebas de usabilidad llevadas a cabo con pacientes reales.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta de EH Bildu que, efectivamente, en las más recientes tarjetas de Osakidetza (TIS) se ha incorporado una nueva palabra, “España”. En los nuevos contratos de suministros, según se detalla, ya se añade como característica obligatoria que ha de constar, junto al logotipo y nombre del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el rótulo “Sistema Nacional de Salud de España” en lugar del anterior “Sistema Nacional de Salud”, a secas. En un ejemplar recién emitido, el que acompaña a esta información, esa inscripción aparece en letras negras sobre un fondo azul oscuro, menos visible que el azul sobre fondo blanco de Osakidetza. Se repite también el cambio en euskera, ya que es un servicio enteramente bilingüe.

En realidad, el cambio tiene su origen en una medida aplicada años atrás por el Gobierno de Mariano Rajoy. El 4 de octubre de 2013, con Ana Mato de ministra de Sanidad, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un real decreto que modificaba las características de las TIS de todos los servicios autonómicos, reguladas por una norma anterior, de 2004, de la etapa de José María Aznar. Euskadi interpuso un contencioso-administrativo con esta disposición porque “regulaba en exceso las características” de los carnés. Dejaba “vacías de contenido las competencias” de las comunidades para “diseño, edición, distribución y gestión integral de las tarjetas sanitarias individuales que acreditan los datos de los titulares del derecho de acceso a las prestaciones del sistema sanitario de Euskadi”. Es más, recuerda que se pedía incluso que la frase apareciera a la derecha, en mayúsculas, en negrita y en “Arial Narrow” de 9 puntos.

La respuesta de Sagardui a la petición de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera señala que el recurso se centraba precisamente en el “inciso” que añadía “de España” al “Sistema Nacional de Salud”. La batalla jurídica fue resuelta por el Tribunal Supremo el 2 de febrero de 2015, que dio la razón al Estado por tener las competencias generales de establecer las líneas básicas de la política sanitaria. “Por lo tanto, a partir de la firmeza del citado pronunciamiento judicial, procede el cumplimiento en todos sus términos del real decreto 702/2013”, asume la actual titular de Salud vasca. Menciona incluso que en 2016 se preparó ya un contrato de suministro con los nuevos rótulos, lo mismo que ha ocurrido en años más recientes cuando se han ido necesitando.

Efectivamente, en 2016, la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmó la adjudicación a la empresa Intaremit, S.A. para la compra de nuevas unidades. Se pagan a 0,245 euros cada una y se entregan en 24 horas. El presupuesto habilitado (casi 60.000 euros) suponía la previsión de necesitar más de 200.000 nuevas tarjetas para renovaciones o nuevos asegurados. La realidad es que, aunque algunas TIS tengan fecha de caducidad, no pierden en ningún momento su utilidad y la emisión de material nuevo es más por extravíos o robos, así para personas de fuera o recién nacidos.

Eso implica que convivan varios modelos antiguos de tarjeta junto con la reglamentaria del “Sistema Nacional de Salud de España”. Por ejemplo, quedan aún unidades de la denominada tarjeta ONA, impulsada en tiempos del lehendakari Juan José Ibarretxe como alternativa a la TIS pero, a la vez, como una suerte de DNI vasco. Además, ofrecía otros servicios electrónicos para hacer trámites con Hacienda o incluso sacar libros en préstamo de las bibliotecas. Se empezó a emitir en 2007 hasta que Patxi López la canceló en 2010. El proceso de implantación supuso 11 millones de euros, según publicó 'El Correo' hace una década. Ese carné es dorado y no del color azul corporativo de Osakidetza y recoge, en la parte trasera, que “esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud” en los dos idiomas oficiales. En el frontal, en cambio, solamente consta la inscripción ONA, Osasun Nortasun Agiria.

La Junta de Andalucía acaba de mover ficha para vacunar a personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España. El proceso va a ser muy similar al establecido con las personas sin hogar al tratarse de personas que no disponen de tarjeta sanitaria ya que sus datos no están en el sistema y los centros de salud no pueden llamarles para cerrar una cita para la administración de la dosis de Jannsen. Este mismo martes, y a través de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que agrupa a una decena de organizaciones representativas de los derechos sociales en la comunidad autónoma y donde se ha centralizado de nuevo el primer paso de este proceso especial de vacunación, ha dado comienzo el procedimiento para vacunar a inmigrantes sin documentación reglada y que, por tanto, no están dentro del sistema público de salud y, en muchos casos, no estar empadronados siquiera.

Fuentes de la Consejería de Salud y Familias se limitan a explicar que se está avanzando en ese trabajo porque la intención es “vacunar a todo el mundo” pero que se está organizando con la Mesa del Tercer Sector “de la manera más conjunta posible”. En ese sentido, fuentes de la Mesa apuntan que este martes empezaron a “recoger los datos para hacer lo mismo que las personas sin hogar”. También se prevé la próxima localización de personas que se alojan en asentamientos chabolistas para proceder a su vacunación también, añaden las mismas fuentes. En la próxima Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía, el consejero Jesús Aguirre deberá ofrecer más detalles al responder a una pregunta de la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora.

Después de que la semana anterior trascendiera que sería la vacuna de Janssen, la única monodosis ante el virus, la que se administraría a colectivos vulnerables como personas en situación de calle o inmigrantes con situación administrativa irregular, entendiendo que sería más difícil la pauta de dos dosis, la organización sería similar en el caso de inmigrantes o integrantes de asentamientos. Respecto al primer grupo había quedado establecido que, una vez la Junta determine el momento y protocolo oportuno, se volverá a contactar con algunas entidades sociales para que sean los técnicos de las mismas los que acompañen a esas personas a los centros de vacunación que la Consejería de Salud y Familias determine para ellas.

“Hay muchos migrantes sin documentación”

“Hay muchos migrantes sin documentación en Andalucía, y muchos de ellos trabajando en nuestros campos”, apuntan fuentes de las asociaciones. La última cifra en ese ese sentido la aportó Vox cuando, recién constituido el nuevo Gobierno de Andalucía, en enero de 2019, pidió a la Junta que colaborara en la deportación de 52.000 “inmigrantes ilegales”, si bien aquel dato procedía de un sindicato policial y era relativo a personas en situación irregular con tarjeta sanitaria. Las fuentes consultadas dudan de cómo será el proceso para su localización y vacunación porque “las personas sin hogar están empadronadas o tienen servicios sociales que les atienden en la calle, pero los inmigrantes sin tarjeta ni documentación es otra cosa”.

Como ya informó este medio, aunque el plan de vacunación nacional incluye a todos los residentes en España, independientemente de su nacionalidad y tipo de seguro, la falta de un plan estatal, el retraso de la activación de medidas regionales claras para llegar a estas personas y la escasez de información pública al respecto no pone fácil el acceso a la inmunización de quienes no tienen tarjeta sanitaria. Ante esta situación, algunas comunidades autónomas han impulsado medidas para que los residentes que no están dados de alta en el sistema de salud público puedan ser citados. Sin embargo, no todos los procedimientos son claros y accesibles, y la Junta ha optado por este sistema de localización a través de la Mesa del Tercer Sector.

Hace ya mes y medio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pedía que se articularan planes y mecanismos para asegurar la inclusión de todas las personas en situación administrativa irregular que carezcan de tarjeta sanitaria en la estrategia de vacunación, solicitando al Gobierno andaluz “la adopción de los mecanismos precisos que aseguren el acceso a la vacuna, haciendo especial esfuerzo en garantizar la vacunación de aquellas personas en situación irregular que carezcan de tarjeta sanitaria”.

PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid han acordado en su programa conjunto de gobierno impulsar una medida creada hace 14 años y cuya última actualización data de 2013: la tarjeta sanitaria al que le ponen el apellido de “única”.

Fue una de las propuestas aireadas por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate electoral televisivo del 23 de abril donde mostró un modelo en el que la mayoría de la superficie de la tarjeta estaba cubierta por los colores de la bandera de España. Sin embargo, el Real Decreto que regula la “tarjeta sanitaria individual” en todo el Estado es de 2005. En esa primera versión, revisada hace seis años, ya se introdujo la leyenda: “Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud.”

El punto 3 del acuerdo entre Ciudadanos y PP en Madrid dice: “Apoyaremos la creación de una Tarjeta Sanitaria Única para que los madrileños tengan los mismos derechos en el acceso a la atención sanitaria en toda España”.  La norma, según su modificación de 2013 que ya la regula, explica que se crea para “disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuaria del Sistema Nacional de Salud” con independencia de la administración que la emita.

Y especifica que ese documento incorporará “los rótulos de Sistema Nacional de Salud de España” además de que obliga a las autoridades sanitarias encargadas del servicio a que sus modelos “deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado”

Las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que gestionan los centros de salud o los hospitales además de contratar el personal sanitario. El beneficiario del sistema con una tarjeta de Andalucía o Castilla-La Mancha no tiene que obtener otra tarjeta para ser atendido en Madrid o Castilla y León aunque conlleve procedimientos burocráticos para que las administraciones hagan un balance de gastos entre ellas. 

La explicación de esta medida (que por otra parte no está en la mano del Ejecutivo de Madrid si se aspira a convertirlo en estatal) es la siguiente: “Ningún español debería ser considerado un desplazado dentro de su propio país, menos aún en relación con un derecho fundamental como es la salud”.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid que gobierna el Partido Popular ininterrumpidamente desde 1995 y con un acuerdo de investidura con Ciudadanos durante la última legislatura, la Consejería de Sanidad tiene activado el Documento de Asistencia a Desplazados de otras Comunidades Autónomas. Se trata de una especie de alta en el sistema regional de personas con tarjeta de otra administración que residen temporalmente fuera: un trámite para ingresar en el circuito ordinario de citas de Atención Primaria, por ejemplo, mientras se pasa una temporada en esta comunidad autónoma. No se refiere a una atención puntual urgente. 

Además del proyecto de tarjeta, el acuerdo entre las formaciones toca otros aspectos del sistema sanitario madrileño.

Listas de espera

El plan sanitario que los dos partidos han firmado lanza sospechas sobre la gestión de la lista de espera quirúrgica tal y como se viene haciendo hasta ahora ya que, en lo que denominan Plan de Choque para reducirlas, incorporan el compromiso de “publicación de todos los datos reales sobre las listas de espera”.

Entre sus soluciones, vuelven a sacar una medida clásica: la “ampliación de funcionamiento programado de los centros hospitalarios, habilitando la apertura de quirófanos en jornada de tarde y fines de semana”. 

Lo cierto es que esa “actividad extraordinaria” ya está operativa mediante los denominados contratos-programa que el Servicio Regional de Salud firma con distintos centros hospitalarios: “Con motivo de la participación en los objetivos de reducción de listas de espera” que se traduce en la asignación de fondos que organiza la dirección del hospital.  

Infraestructuras

En cuanto a infraestructuras, el acuerdo repite que acometerá “una reforma integral de mayor calado” en los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús. Ese proyecto, con los mismos centros nombrados, fue anunciado por la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, el 21 de febrero de 2018. Aunque lento, incluso algunos gastos se han comprometido ya: en enero pasado, la Comunidad de Madrid adjudicó por 4,5 millones de euros la redacción del proyecto de remodelación intregral del 12 de Octubre en un proyecto anunciado en septiembre de 2018 por el entonces presidente regional Ángel Garrido. El de La Paz se publicitó en marzo de 2018 por 359 millones de euros –para abril de 2019 había pasado a 504,5–. A esto se le une un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020‐2024, con actuaciones en más de 30 Centros de Salud, pero sin esbozar cuántos fondos pueden ser precisos.

Rehabilitación sin edificios

El documento contiene algunos otros puntos como el que asegura que crearán “la Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación Funcional de la Comunidad de Madrid”. Hoy hay dos centros con unidades específicas de Recuperación Funcional: el de la Fuenfría y Guadarrama.

Al hablar de esa futura nueva red, ambos partidos echan mano de un centro que no es propiedad de la Comunidad: el hospital militar de Moncloa que pertenece al Ministerio de Defensa (“que se incorporará a la red pública tras las negociaciones que mantendremos con el Ministerio de Defensa”, apostillan).

Y le añaden al proyecto el antiguo hospital Puerta de Hierro cuyo edificio lleva abandonado y en pésimo estado desde que la Comunidad de Madrid trasladó el servicio en 2008 al municipio de Majadahonda. Allí aplicaron el modelo PFI: una empresa construyó el edificio y gestiona la parte no sanitaria a cambio de un canon anual público durante 30 años.

El antiguo Puerta de Hierro es propiedad de la Seguridad Social (es decir, del Estado) aunque estaba cedido a la Comunidad de Madrid. En caso de devolución, el convenio exigía que las instalaciones estuvieran en buen estado. Ante el gasto que suponía rehabilitar el edificio (unos 75 millones de euros), el Gobierno del PP de Cristina Cifuentes decidió reabrirlo tras convertirlo en centro de media estancia. En 2017 anunció las obras para 2019.

Otros puntos que los aspirantes a regir la Comunidad han redactado en su acuerdo en materia sanitaria han sido la “humanización de los servicios sanitarios”, un “Plan de Atención Integral en longevidad, fragilidad y soledad que incluirá dos proyectos novedosos en la atención sanitaria y social: Proyecto para la prevención de la fragilidad y la Estrategia regional de la soledad”, según su texto. Y un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2020‐2023 (con aumento de plazas para la especialidad infanto-juvenil). El plan en vigor caduca el año que viene.

El calvario burocrático habitual por el que pasa un migrante a la hora de hacer diferentes trámites, como por ejemplo la obtención de la tarjeta sanitaria del Servicio Catalán de la Salud, se añade en el caso de los refugiados que llegan a Catalunya a una travesía previa a menudo poco fácil, marcada por la búsqueda forzada de una protección que sus países de origen no les pueden garantizar.

En España las personas solicitantes de asilo tienen derecho a una asistencia sanitaria gratuita de acuerdo con lo estipulado en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. Con todo, algunas se encuentran con diversas barreras que les impiden ejercer este derecho. “Es cada vez menos frecuente, pero a veces el desconocimiento por parte de los agentes de salud y los administrativos de los centros sanitarios sobre el asilo puede generar dificultades para acceder a la tarjeta sanitaria”, explica a este medio Pascale Coissard, de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR).

Mejorar la formación en materia de asilo

Precisamente hace sólo unas semanas la CCAR, la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (PASUCat), SOS Racismo y la Plataforma STOP Mare Mortum denunciaban el caso de una persona que había acudido al Centro de Atención Primaria de Santa Coloma de Gramanet para tramitar la tarjeta sanitaria mediante la tarjeta de solicitante de asilo. “A pesar de que el derecho a la atención sanitaria de las personas refugiadas comienza en el mismo momento en que la solicitud es admitida a trámite, le informaron que no le podían tramitar la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) si no llevaba un número de asegurado expedido por la Seguridad Social”, explican desde las entidades. El número que le pedían se adjudica después de seis meses de la admisión a trámite de la solicitud de asilo, o antes si se resuelve y se acepta la solicitud. Durante todo este tiempo la persona afectada habría estado desatendida si no hubiera sido por la intervención de las entidades.

“También ha pasado en algún caso que el hospital haya pedido un importe para atender a una persona en esta situación administrativa en Urgencias, cuando toda persona debe tener garantizada la asistencia urgente gratuita”, comenta Coissard. “Aunque son casos puntuales, ha pasado”, añade.

Según ella uno de los aspectos en los que es necesario que la administración trabaje es mejorar la formación de los agentes de salud y otras personas que pueden atender un usuario en esta situación ya que muchos desconocen los protocolos, la normativa, el documento de solicitante de asilo y lo que ello implica. Asimismo también apunta a un refuerzo de la formación de los agentes de las oficinas de atención ciudadana (OAC), ya que en Catalunya el padrón -que se gestiona desde estas oficinas- es condición para la atención sanitaria especializada (no urgente) si se trata de personas en situación irregular. “Si las personas tienen dificultades para empadronarse significa que tendrán dificultades para obtener la tarjeta sanitaria”, dice Coissard.

Reforzar la especialización en salud mental

A menudo las personas refugiadas e inmigrantes pueden estar afectadas por múltiples pérdidas y están en proceso de de duelo por lo que han dejado atrás. “La acogida de personas que han sufrido un trauma complejo, el exilio y la llegada a un país que no les esperaba genera fácilmente una frustración”, explica Bernat Aviñoa, trabajador social y coordinador de Exil, una O.N.G. centrada en la atención terapéutica médico-psico-social a personas traumatizadas por diferentes tipos de violaciones de los Derechos Humanos.

Nuria Serre, médica de la Unidad de Salud Internacional Drassanes-Vall d'Hebron, asegura que puede que en algunos casos la ansiedad o la frustración pueden aparecer más tarde, no en los primeros meses de acogida. A menudo es en una segunda fase, pasados los primeros seis meses de entrar en el programa estatal de acogida, cuando tienen que encontrar un trabajo o un lugar donde vivir, explica, que empiezan a aparecer problemas. Por su parte, Aviñoa apunta que es muy importante encontrar herramientas de integración.

Identificar posibles problemas de salud mental o eventos potencialmente traumáticos (en el país de origen, durante el viaje de tránsito o en el país de acogida) no es tarea fácil. Es por ello que desde el 2015 Catalunya cuenta con un protocolo en atención a la salud mental de las personas refugiadas con el objetivo de dotar a los profesionales de herramientas para ofrecer una atención adecuada y no hacer un abordaje psiquiátrico innecesario ni medicalizar innecesariamente las personas refugiadas.

Entre otras cosas, el protocolo establece que “es muy necesario que los profesionales que realizan las diferentes intervenciones dispongan de una formación adecuada en competencia intercultural y que puedan disponer de la ayuda de mediadores interculturales”. Bernat Aviñoa recuerda que también es importante la formación a los trabajadores sociales y no sólo a los agentes de salud o los psicólogos. Sobre este punto del protocolo Núria Serre va más allá y asegura que sería muy conveniente que se contara con agentes de salud de la propia comunidad y comenta que en muchos centros de atención primaria no hay ninguna figura de este tipo.

Pascale Coissard, de CCAR, asegura que a nivel de salud mental hay pocos recursos especializados. “Cuando nos encontramos con alguna situación grave nos tenemos pocos recursos para derivar a la persona a un hospital psiquiátrico”, explica. Aviñoa recuerda que si bien han aumentado mucho el número de personas refugiadas del aumento de la ayuda ha sido “relativo”. En 2015 en Catalunya había 1.302 solicitantes de asilo, casi el doble que el año anterior cuando eran 786.

Más coordinación entre administración y entidades

La semana pasada tuvo lugar el primer encuentro entre la Cruz Roja, que gestiona el programa estatal de acogida e integración, y responsables territoriales de la Conselleria de Salud. Precisamente en esta reunión una de las conclusiones fue mejorar la coordinación entre la entidad y los servicios territoriales de salud, especialmente cuando las personas se trasladan de municipio.

Además también se ha detectado la necesidad de reforzar los servicios de traducción en los centros sanitarios públicos y explicar a refugiados cómo funciona el circuito de los servicios públicos de salud en Catalunya. En la reunión se acordó que a partir de ahora la reunión se haga dos veces al año.

En los meses de 2012 que Fadoul estuvo fuera de España, nuestro país pasó a tener una Ley más y él un derecho menos. Cuando el joven marroquí consiguió volver a Melilla –donde había sido tratado de tuberculosis antes de ser deportado–, los brazos de los que le recibían en el hospital ya no estaban abiertos. Le denegaron el tratamiento.

Aquel 1 de septiembre había entrado en vigor la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles debido al Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), que arrebató este documento a más de 800.000 extranjeros residentes en España. A día de hoy, como en el caso de Fadoul, los principales afectados viven en Melilla. El alto porcentaje de población migrante, la aplicación más estricta posible del RDL y el gran número de personas viviendo en la calle (debido a la saturación de los centros de atención) hacen que esta ciudad autónoma encabece el ranking del drama de la exclusión sanitaria en nuestro país.

Según el último informe de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), entre abril y julio de 2016 se han detectado 388 casos de vulneraciones del derecho a la salud, con las que suman un total 2.496 desde la creación del colectivo hace dos años. Con frecuencia se detectan en Castilla y León, La Rioja, Ceuta y Melilla, las pocas regiones autónomas que no aprobaron medidas para contrarrestar la reforma.

En esta última ciudad preocupa especialmente la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que viven en la calle debido a la saturación de los centros de acogida o, como ellos mismos han explicado, al miedo a ser agredidos en algunos de ellos. “Cuando acuden al hospital, se niegan a proporcionarles asistencia hasta que no llegue la policía local. Esto genera miedo en los niños y provoca que, en numerosas ocasiones, los menores terminen por escapar sin haber recibido la atención debida”, relata el informe.

Samir también vive en la calle, aunque ya es mayor de edad. Tiene 21 años y un sueño que espera cumplir: ser cantante de rap. La escayola de su brazo señala las agresiones que, dice, le provocó la Guardia Civil en una de las redadas de Melilla, donde sobrevive mientras se prepara para intentar alcanzar la Península. “Fui al hospital y no me atendieron por no tener papeles. No pude más que echarme a llorar”, recuerda.

Médicos del Mundo consiguió que finalmente le atendieran, pero no recibe ningún seguimiento médico desde entonces. “No sé qué va a pasar con mi brazo, ni si se curará bien o no”, explica. Tiene miedo de que le queden secuelas en la mano y en el oído, mientras ve pasar los días sin que sepa quién o cuándo le quitarán el yeso y la venda.

Al margen de la Ley

La de Samir es una de las consecuencias de la ausencia de protocolos de actuación definidos y la desinformación que se vive en los centros de salud desde la entrada en vigor del decreto, por las que el personal deniega en múltiples ocasiones la asistencia aún en las excepciones que contempla la Ley. Esto sucede hasta en una quinta parte de los casos de este año que recoge el informe: en urgencias (20), a menores (35) y embarazadas (14).

Los otros grandes afectados son las personas que llegaron a España por procesos de reagrupación familiar, en su mayoría ancianos que a menudo sufren enfermedades crónicas que requieren un seguimiento constante. Fue el caso del padre de Natalia, a quien denegaron la tarjeta sanitaria cuando se trasladaron a vivir a León.

“Cuando llegamos no estaba tan mal, pero al no tener un seguimiento médico mi papá se deterioró a pasos agigantados”, recuerda esta argentina nacionalizada en España. Vio morir a su padre porque el país en el que ella reside desde hace 14 años “le dejó completamente desatendido”.

Castilla y León tampoco realizó modificaciones particulares para tratar de paliar las consecuencias del RDL, por lo que las posibilidades de ahondar en vacíos o excepciones legales, en su caso, eran mínimas. “Ellos, con la Ley en la mano, tienen razón. Pero es un ser humano”, dice aún con impotencia.

El pasado mes de julio el colectivo Yo Sí Sanidad Universal denunciaba también casos en los que la Seguridad Social había privado de asistencia a personas sin tarjeta sanitaria incluso en centros de salud y hospitales de Comunidades como Madrid, Valencia o Jaén, donde sí existen leyes o instrucciones para evitar la exclusión. “Lo único que puede acabar con esta exclusión es la derogación del decreto”, recordaba el colectivo.

Promesas incumplidas

El real decreto llegó casi de repente, sin un debate social previo y sin apenas discusiones en el Parlamento, bajo el argumento de que peligraba la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Cuatro años después y tras casi 2.500 casos documentados de personas excluidas del sistema de Salud Público por REDER, el Gobierno no ha presentado aún ningún informe económico que respalde las medidas adoptadas.

“Todo lo contrario. Retirando la asistencia están generando un sistema sanitario más caro, porque la gente llega con enfermedades más avanzadas. Eso es más caro económicamente y también en términos de salud”, explicaba a eldiario.es Marta Malo, integrante de Yo Sí Sanidad Universal. La ONG, junto con otros colectivos sociales y defensores de derechos humanos, lleva años denunciando la vulneración de los derechos de los afectados.

Pero no basta. Pese a que la presión llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a asegurar en marzo de 2015 que empezaría a levantar las restricciones para garantizar la atención primaria a personas sin permiso de residencia (aunque sin devolverles la tarjeta sanitaria), un año y medio más tarde aún no se ha cumplido. El consenso y las conversaciones con las comunidades autónomas para acordar un documento común de atención no existe y regiones en manos del PP, como Melilla, siguen aplicando el decreto de la manera más restrictiva posible, denuncia el informe.

“Yo cuento todo esto porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie”, dice Natalia, quien confiesa que le cuesta compartir su caso. En su particular lucha contra la Ley la última losa cayó en julio, cuando el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia el Real Decreto 16/2012 por no considerar inconstitucional el recurso que había presentado el Parlamento de Navarra. Mientras, REDER continúa denunciando que las historias de Natalia y su padre, Fadoul o Samir, “seguirán siendo una realidad hasta que la Ley no se derogue”.

Su 'error' fue pedir la tarjeta sanitaria. Los ascendientes, en su mayoría ancianos, reagrupados por sus familiares en España se enfrentan a la siguiente situación: la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Además, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública. Es lo que le pasó al padre de Flor, de 82 años, al que han extinguido sus papeles. “No me lo puedo creer”, dice la hija.

Flor Ángela Jaimes, nacida en Colombia, vino a España en 2000 y vive en el país en situación regular. También tiene la nacionalidad española, tras los años pasados aquí. “Mis dos hermanas también la tienen, una vive en Madrid y la otra, en Pamplona. Y mi hermano tiene la nacionalidad en trámite”, explica la mujer. “Los hijos estamos aquí y los abuelitos estaban solos. Me los tenía que traer, mi madre había dejado de comer”. En 2013, presentaron toda la documentación requerida y la Administración española aprobó la reagrupación de los dos ancianos, de 82 y 84 años.

Cuando llegaron los padres, la familia pidió la tarjeta sanitaria para los recién llegados y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegó con el criterio que mantiene en estos casos: el organismo rechaza su acceso normalizado a la sanidad pública porque considera que los ascendientes reagrupados deben presentar un seguro médico para conseguir los papeles, según establece este trámite sobre el papel. En la práctica, ni a los padres de Flor ni a muchos otros afectados se lo pidieron nunca. Le ocurrió lo mismo al padre de Annie, a la madre de Claudia, y a la suegra de Nuria, entre otros afectados.

Estos rechazos de tarjetas sanitarias comenzaron con la reforma sanitaria de 2012, por la que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el acceso a sistema de salud público. Entre los cientos de miles de personas que perdieron el acceso a la tarjeta sanitaria, destacaron en las denuncias públicas dos grupos: los inmigrantes sin permiso de residencia y los españoles que salen más de 90 días consecutivos del país.

En la estacada se quedaron también, aunque sin tanta visibilidad, los ascendientes reagrupados legalmente, que no trabajan ni cotizan en el país. El Gobierno reitera que para venir a España les deberían haber exigido un seguro sanitario, pero no se lo pidieron y tienen sus papeles, que les deberían garantizar su acceso normalizado a la sanidad pública.

La Justicia da la razón a las familias

Una de las particularidades de este colectivo es que la Justicia ha dado la razón a las familias que han acudido a los tribunales. “Los casos que he llevado los hemos ganado pero la Administración siempre recurre, hasta el Tribunal Supremo. Ahí ya no presenta recurso, puede que por temor a que se cree jurisprudencia”, explica el abogado Gorka Vellé Bergado, que defiende a los padres de Flor. Los fallos de la Justicia apuntan siempre en el mismo sentido: los afectados tienen derecho a la tarjeta sanitaria mientras estén en vigor sus permisos de residencia. El lNSS no puede excluirlos por un seguro que les deberían haber pedido pero que nadie les requirió.

Hasta el momento, al menos hay sentencias en contra de la Seguridad Social en los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Madrid, Cantabria y Cataluña. Gorka Vellé y el abogado experto en Derecho de Extranjería Francisco Solans afirman que la Administración pública debería modificar su criterio, que mantiene según han confirmado desde el Ministerio a este medio. “Sobre todo si hay sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de una Comunidad Autónoma, ahí es vinculante, no se entiende que en esa región sigan sin aplicar lo que ha dicho el tribunal”, critica Solans.

La Seguridad Social ha seguido aplicando su criterio y “además, desde hace un tiempo lo que hemos advertido es que avisa a Extranjería de estos casos para que revise sus expedientes, algo que en casos anteriores no habíamos visto”, afirma Vellé, que ha colaborado con Médicos del Mundo. Uno de los casos que defendió con la organización, el de Estela (argentina de 87 años), la mujer recibió la notificación de la Delegación del Gobierno de Madrid para extinguir su permiso de residencia por no tener seguro. La mujer había recurrido a los tribunales el rechazo de la tarjeta sanitaria y ganó. Todavía sigue envuelta en causas ante los tribunales contra los agentes públicos.

Lo mismo le ha sucedido a los padres de Flor: los dos denunciaron y la Justicia les reconoce el derecho a la sanidad pública. “En el caso de papá nos enteramos de que habían extinguido su permiso de residencia, pero lo estamos intentando solucionar”, sostiene la hija, que no le ha contado nada a sus padres para no preocuparles. El hombre, además, tiene el seguro público creado en la etapa de la ministra de Sanidad Ana Mato, pero no pudo justificarlo ante Extranjería porque les mandaron la carta a su anterior domicilio.

El protocolo de la Seguridad Social descolocó a Flor: “Ya no solo por mis padres, sino por todo el mundo. Yo sentí que no podía ser, que estábamos pidiendo algo a lo que sabemos que tenemos derecho y que por eso nos atropellan de esta manera. Es como un castigo”. Solans es más contundente: “Denota un espíritu de persecución por utilizar la sanidad pública”.

En la Seguridad Social explican a este medio que la comunicación de estos casos a Extranjería es un práctica automática, normal dentro de las obligaciones de la comunicación interministerial si detectan algún posible fallo o fraude. No siempre las autoridades tienen la obligación de delatar a los extranjeros con posibles irregularidades en su situación administrativa. Cuando el Gobierno anunció la creación de un documento especial para el acceso a la atención primaria de los inmigrantes sin papeles, Sanidad aseguró que no se informaría al Ministerio del Interior sobre el estatus legal de estas personas.

Solans critica por “abusivo” el procedimiento que está aplicando Extranjería para extinguir las tarjetas de residencia a los ancianos reagrupados. “Están utilizando el procedimiento de extinción, que es más corto y menos complejo que el de la declaración de lesividad”, sostiene el especialista.

Vulnerabilidad de las personas mayores

Los ancianos reagrupados se suelen quedar en total desprotección con la respuesta de la Seguridad Social. Las aseguradoras privadas no los aceptan como clientes, dada su avanzada edad, y el convenio que creó el Ministerio de Sanidad como 'seguro público' solo se puede solicitar pasado un año de residencia.

Es lo que acabó contratando Flor para sus padres, después de un año en España: “Un seguro de 157 euros al mes en el que no entran los medicamentos. Lo pago con mucho esfuerzo porque no quiero que mis padres se queden desprotegidos, nunca lo han estado. No saben lo que es sentir que les puede pasar algo con la edad que tienen”, dice Flor. Abona antes el seguro de sus padres que el alquiler.

El primer año de los ancianos en España, Flor lo vivió en vilo. Cuenta que en una ocasión tuvo que pagar 3.500 euros por el ingreso de su madre durante unos días en un hospital público. “Menos mal que mi jefe es una buenísima persona, que me ha apoyado mucho y me ayudó, porque no tenía esa cantidad”, dice Flor. Después de tantos esfuerzos económicos y desvelos por la preocupación, la mujer y su familia han logrado ante los tribunales una primera victoria.

El triunfo es agridulce porque tienen que seguir luchando, ahora para solucionar los problemas con la residencia. “Yo estoy aterrorizada. Cada vez que veo la cara a mi padre, me quiero echar a llorar. Yo he seguido todos los cauces, he intentado hacer todo bien y me responden así... Esto en mi tierra se llama 'pagar para quedar debajo”.

“No somos nosotros que lo pedimos, es que nuestro hijo nos lo pedía”, así explica David Tello por qué solicitó que en la tarjeta sanitaria de su hijo de ocho años transexual conste el nombre sentido: Dani. David Tello es el presidente de la delegación en Catalunya de la entidad Chrysalis, creada por padres y madres de menores transexuales y en funcionamiento ya en el ámbito estatal desde el 2013. En Catalunya la delegación se creó hace cerca de un mes y las catorce familias que forman parte de ésta ya empiezan a ver algunas de las metas conseguidas.

Esta semana familias de la entidad han podido recoger la tarjeta sanitaria de sus hijos, esta vez ya con el nombre sentido. El trámite, desde el punto de vista administrativo puede no tener relevancia pero sí la tiene para los nueve niños y adolescentes que han recibido la nueva tarjeta. “Imagínate cuando vas a urgencias o al pediatra con el hijo y lo llaman por un nombre que no se le siente suyo, la cara que hace”, explica David a este medio.

Hace casi un mes, justo cuando se acababa de crear la entidad, el Departament de Salut ya reconoció en una primera ocasión la transexualidad de una niña de diez años en su tarjeta sanitaria, cambiando el nombre. Enseguida, sin embargo, se vio que la demanda era más amplia y algunas familias más lo solicitaron. De momento hasta un total de diez menores y adolescentes transexuales disponen de la tarjeta con el nombre sentido.

La petición la recogió el Área para la Igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI del Departamento de Benestar Social i Família de la Generalitat, quien ha instado al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a hacer el trámite administrativo. David se muestra contento con la actuación por parte de Benestar Social i Família y reconoce que es un primer paso de reconocimiento de los menores transexuales en el ámbito de la sanidad pero advierte que todavía hay trabajo pendiente. “Queremos que se implemente un protocolo de actuación para que por ejemplo el pediatra sepa donde derivarte, que los niños no tengan que pasar por un psicólogo obligatoriamente o que la transexualidad no sea considerada una patología”, recuerda.

Si bien en octubre de 2014 el Parlament de Catalunya aprobó una ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, ésta se aprobó sin presupuesto y ha permanecido parado hasta ahora, comenta David.

Otros ámbitos en los que la delegación en Catalunya de Chrysalis tiene previsto trabajar son en el educativo, donde esperan que se introduzca un protocolo y que se enseñe la diversidad, o el legal, para que se les facilite el nombre de cambio a los menores en el registro. En cuanto al cambio de nombre en la tarjeta sanitaria Benestar indica que cualquier persona que quiera disponer de una nueva identificación de acuerdo con el género sentido se puede poner en contacto con el Área para la Igualdad de trato y no discriminación de personas LGTB para llevar a cabo las gestiones correspondientes.

“Como padres lo único que hacemos es acompañar a nuestros hijos, escuchar, observar y prestar atención”, asegura David, que insiste en que no son los niños los que nacen en un cuerpo equivocado sino que forma parte de la diversidad. “'Papá, mamá, soy un niño', nos dijo un día nuestro hijo. Te dicen frases de una madurez espectacular a pesar de ser muy pequeños”, recuerda.

Los madrileños que han solicitado un duplicado de tarjeta sanitaria por robo, pérdida o deterioro desde el mes de agosto se están encontrando con que la nueva identificación no está llegando a su domicilio.

Este jueves el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que a partir del 2016 iba a dejar de cobrar por la renovación de la tarjeta la tasa de 10,20 euros, aprobada por el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre. Sin embargo, desde agosto el duplicado ya se gestiona de forma gratuita. Esta medida ha provocado desconcierto en los centros de salud ya que todas las peticiones de renovación de tarjeta, que se han realizado desde entonces, están paralizadas. No se van a fabricar las nuevas identificaciones hasta que no entre en vigor la Ley de acompañamiento de los presupuestos del 2016, la normativa que deroga la tasa y recoge una partida presupuestaria para elaborarlas.

La Consejería de Sanidad ha confirmado a esta redacción que todas las solicitudes gratuitas emitidas desde agosto se comenzarán a gestionar a partir de 2016. Sin embargo, cuando el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, anunció que la derogación de la tasa era “una prioridad” para su departamento, no explicó el parche temporal que su departamento había improvisado durante el 2015.

En los centros de salud las administrativas no saben explicar por qué las tarjetas no están llegando en un par de semanas a los domicilios de los solicitantes, como sucedía cuando se abonaba la tasa. El 24 de agosto recibieron la orden de dejar de cobrar por los duplicados, pero desde entonces no han obtenido más información con la que poder explicar por qué está paralizada la fabricación de estas identificaciones.

Un volante temporal

A la espera de que lleguen las tarjetas a los domicilios, en los centros de salud expiden a los solicitantes un volante temporal, que garantiza la asistencia sanitaria durante los tres meses siguientes. “Si el papel caduca, el paciente tiene que acudir al centro de salud para renovarlo por otros tres meses más”, señala un portavoz de la Consejería.

Las administrativas consultadas por este diario advierten de que con este documento la receta electrónica desaparece y añaden que como consecuencia aumenta la asistencia a los centros de salud. “Como en el papel que les damos no hay banda magnética, las consultas se saturan, ya que cada mes tienen que venir a recoger una receta de papel con la medicación”, explica Elisa (nombre ficticio), administrativa en un centro de la capital.

Según la Memoria del Servicio Madrileño de Salud, durante el 2014 se solicitaron 10.922 tarjetas de media al mes. Si el ritmo de peticiones ha sido parecido durante este año, más de 20.000 solicitudes podrían estar paralizadas. Desde la Consejería aseguran que la decisión de anular la tasa antes de poder suministrar las tarjetas de forma gratuita “beneficia al ciudadano”. Asimismo no consideran que el anuncio haya sido apresurado: “Es un periodo transitorio, ya que nos tenemos que adaptar a los plazos legales”.

Además, desde el departamento de Sánchez Martos explican que, a pesar del anuncio del consejero, “si el titular de la tarjeta quiere recibir el documento de plástico, lo puede obtener abonando los 10,20 euros”. Una opción que las administrativas no contemplan: “Va en contra de la única instrucción que hemos recibido, que nos obliga a dejar de cobrar por el duplicado de las tarjetas”.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, intentaba este martes contradecir a Xavier García Albiol a cuenta de su negativa a que los inmigrantes sin papeles reciban atención médica primaria sin tener que acudir necesariamente a urgencias. La propuesta de su compañero de partido y nuevo candidato a la Generalitat ha irrumpido en el debate justo cuando el Gobierno ha asumido la necesidad de dar marcha atrás en la exclusión sanitaria en vista de la insumisión de las Comunidades Autónomas. Pero la proximidad de las elecciones catalanas impide desautorizar explícitamente a García Albiol, que presume de tener “perfil propio” y mantiene el discurso más duro del PP en materia de inmigración.

En conversación en los pasillos del Congreso, Alonso repetía el mensaje de la no exclusión y explicaba que su ministerio trabaja en el borrador que fijará “una norma armonizada”. La retirada de la tarjeta sanitaria la decidió el Gobierno de Rajoy al principio de la legislatura y entró en vigor en agosto de 2012. La ministra era entonces Ana Mato. Alonso anunció la rectificación en marzo de este año. Dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el responsable de dulcificar la imagen del Gobierno y ser su “rostro social”, adelantó la medida y habló de sustituir la tarjeta sanitaria por otro tipo de documento y un registro de inscripción previo. 

Cristina Cifuentes ya ha aprovechado para adelantarse y adoptar esta nueva política en la Comunidad de Madrid. Justo después, el candidato en Cataluña proponía todo lo contrario. García Albiol mantiene que los inmigrantes irregulares deben pasar por urgencias y no ir al médico de cabecera “porque no pueden disfrutar de las mismas prestaciones que los catalanes que pagan impuestos”.

“Yo no soy García Albiol” negaba con vehemencia Alonso. Cuando se le preguntaba si el PP y el Gobierno miran para otro lado para dejar que el catalán tenga su propia estrategia electoral, el ministro evitaba contestar. Más allá de poner cara de resignación. Tampoco aclaró por qué en el PP defienden que hay que tener en cuenta que la inmigración en Cataluña “es de carácter islámico” y que eso repercute en el sistema sanitario. Insistió en que “vengan de donde vengan, el Gobierno no hará distinciones y que el criterio será exclusivamente médico a la hora de derivar a los pacientes de la primaria a la especializada”, insistió. 

La secretaria autonómica y exconsejera de Sanidad del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este martes que en el sistema sanitario público de Cantabria “se ha atendido y se atiende a todo aquel que lo necesita, cualquiera que sea su origen, su procedencia o su situación”. Al respecto, Sáenz de Buruaga ha añadido que “nadie se ha visto privado de la atención sanitaria que requería y ninguna persona, ningún extranjero en situación irregular, ha recibido una factura por esa atención que le ha sido prestada”.

La secretaria autonómica del PP responde así a las manifestaciones realizadas este lunes por la actual vicepresidenta del Gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos, a la que Buruaga ha reprochado sus declaraciones diciendo que “mal empezamos, en un asunto tan vital y tan sensible como la política sanitaria, cuando este Gobierno tiene que recurrir a la manipulación y a la mentira para dar por cumplidos sus compromisos con los ciudadanos”.

Según ha explicado María José Sáenz de Buruaga, en virtud de una normativa de obligado cumplimiento, en 2012 se procedió a dejar sin efecto la tarjeta sanitaria a los extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, sin embargo, ha añadido, “todos ellos han seguido recibiendo la atención sanitaria que requerían, tanto en atención primaria como en atención especializada”.

“De hecho, y son datos que obran en nuestros sistemas de información sanitaria, el promedio en asistencias mensuales ha venido siendo de 421 asistencias en atención primaria, y el promedio de extranjeros en situación irregular ha venido siendo de 262 pacientes asistidos”, ha subrayado.

Sáenz de Buruga ha calificado como “bochornoso y preocupante” que quien ejerce una responsabilidad como la que ostenta la vicepresidenta en el nuevo Gobierno “desconozca la situación del sistema de salud, desconozca los datos actuales y hable de oídas, cuando debiera conocer la información oficial que obra en el Servicio Cántabro de Salud”. En este sentido ha señalado que más del 50% de las 4.810 personas afectadas inicialmente “han regularizado su situación en nuestra comunidad autónoma y se encuentran por lo tanto aseguradas y están recibiendo asistencia sanitaria en condiciones de normalidad, mientras que el resto es presumible que hayan retornado a su país de origen”.

Sáenz de Buruaga ha considerado que en las declaraciones realizadas por Díaz Tezanos “existe el ánimo de negar la existencia del Programa de Protección Social de la Salud Pública que puso en marcha y fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2013. En negar el hecho de que Cantabria es una comunidad autónoma pionera y referente en atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular, que garantiza la gratuidad de la atención”.

En este sentido ha explicado que se trata de un programa puesto en marcha por el Gobierno del PP en colaboración con la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria, “que modificamos de la mano de esta plataforma para facilitar su acceso y eliminar la burocracia, que hemos difundido entre todos los afectados y los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y al que se han acogido desde su existencia 290 extranjeros en situación irregular, contando en este momento con algo más de un centenar de beneficiarios, más 22 personas que están pendientes de aportar la documentación que se les ha requerido”.

Según los datos aportados por Buruaga, se trata de más de un centenar de beneficiarios que reciben un documento acreditativo que “es el que garantiza el acceso, la atención y la gratuidad”. Por tanto, un documento que, en su opinión, es “sin duda la tarjeta sanitaria de la que habla la vicepresidenta y la única que van a poder recibir si residen en ese momento en nuestra comunidad autónoma”.

“No está devolviendo ningún derecho”

La secretaria autonómica del PP ha querido “dejar meridianamente claro” que en Cantabria ya existe un programa que garantiza el acceso a la atención y su gratuidad para los extranjeros en situación irregular. “El programa creado y puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular”, ha señalado.

Según ha indicado, los centros y los profesionales de Cantabria “ya tienen y vienen cumpliendo las instrucciones que han recibido del Servicio de Salud, que son instrucciones claras y que son conformes al ordenamiento jurídico, garantizando la atención a estas personas en situación irregular”.

Para concluir, Sáenz de Buruaga ha dicho que el actual Gobierno de Cantabria “no está devolviendo la tarjeta, no está devolviendo ningún derecho a los inmigrantes” porque no tiene competencias para hacerlo, ya que es algo que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. “Lo único que está haciendo es aplicar el programa que implantó y puso en marcha el Gobierno del Partido Popular”, ha subrayado.

“Inhumano”. Así califica Nuria el proceder del Gobierno con su familia. Hace tres años, esta española y su marido, argentino, trajeron a la madre de éste a España gracias a un permiso de residencia por ser familiar de un ciudadano comunitario. Cuando llegó la anciana, que ahora tiene 86 años, la Seguridad Social le negó la tarjeta sanitaria porque considera que debería haber venido con un seguro privado, algo que no le exigieron para darle los papeles. La familia recurrió la negativa, como han hecho con éxito otros afectados en Cataluña, Castilla y León y Madrid, pero antes de recibir una respuesta llegó otra comunicación de la Administración: el Gobierno les notificaba que ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de la anciana por carecer de cobertura sanitaria. Lo mismo le ha ocurrido a Santos Blasina Rodriguez Solorzano, hondureña de 81 años.

“Más que una cuestión de dinero, es de derechos humanos, de justicia. Lo que está pasando es inhumano. Que vayan a expulsar a una persona de 86 años, que tiene a toda su familia aquí...”, cuenta al otro lado del teléfono Nuria (que prefiere guardar su verdadero nombre y el de su suegra en el anonimato).

Su familia vive con temor desde que en mayo recogieron la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid –a la que ha tenido acceso eldiario.es–, entregada por dos policías en la casa donde reside la anciana. “Menos mal que Estela (nombre ficticio) estaba dormida y la cogió uno de sus nietos”, dice Nuria. De momento, no le han contado nada a la mujer para que no se ponga nerviosa: “Su hijo está preocupadísimo y sus nietos también. Es muy duro vivir día a día con esa incertidumbre”.

Recurrieron la notificación, gracias al asesoramiento de Médicos del Mundo, y este mes han recibido la resolución del Gobierno en la que reitera su postura: Estela no tiene derecho a la tarjeta de residencia –que está expedida hasta diciembre de 2017– por no tener un seguro médico.

Santos Blasina Rodriguez Solorzano aún se encuentra en el primer paso, “en la primera notificación”, cuentan en el colectivo Yo Sí, Sanidad Universal. Este martes, su hija y miembros de la plataforma en contra de la reforma sanitaria del Gobierno de 2012 –que retiró la tarjeta sanitara a 800.000 personas de un día para otro– entregarán una demanda a la Seguridad Social para luchar por el derecho a la sanidad pública de la mujer, enferma de Parkinson.

Debido a la reforma sanitaria, el Ejecutivo entiende que estas personas, que no han cotizado antes en España, no tienen derecho a la sanidad pública porque no pueden suponer “una carga” para el Estado.

Gorka Vellé, abogado y voluntario en Médicos del Mundo se ocupa del caso de Estela y defendió también al padre de Annie, que ya ha ganado un juicio a la Administración. Otras familias en Barcelona y Castilla y León también obtuvieron sentencias que reconocían el derecho a la atención pública de los ancianos. La justicia hasta el momento ha considerado que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia.

Sin opción a la sanidad privada

Una de las claves, además, de la desprotección a la que se ven expuestas los ancianos radica en que la mayoría de aseguradoras no aceptan a las personas mayores entre sus clientes porque no son rentables. Y el Gobierno quiere expulsarlas porque no contratan una privada: algo casi imposible. “Entendemos que la obligación de seguro médico, en personas que no se lo pueden permitir y a las que las aseguradores no cubren, vulnera el derecho de estas personas a la reagrupación”, indica Gorka Vellé.

Nuria estuvo mirando con su pareja las opciones que tenían en varias entidades privadas: “Ninguna aceptaba, excepto Sanitas que nos dijo que antes no lo hacían pero que desde un tiempo a esta parte sí. Les pregunté si recibían muchas llamadas como las de mi suegra y me dijeron que sí”. El precio: “Unos 4.000 euros al año”. Estela lleva tres años, con los problemas habituales de la edad (“de huesos, algunas pérdidas de memoria y sus pastillas”), en los que solo la atienden algunos amigos de su hijo, que son médicos. “Por suerte”, indica su nuera.

En Yo Sí, Sanidad Universal recuerdan que la ley (real decreto 1192/2012, de 3 de agosto) contempla que “las personas con permiso de residencia y pocos ingresos tienen derecho a la tarjeta como asegurados”, apunta Cristina Castañeda. Tras varias sentencias desfavorables a la Administración, el Gobierno ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de estas dos mujeres.

eldiario.es ha preguntado a la Delegación del Gobierno en Madrid cuántos expedientes se están revisando por este motivo pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Para el especialista en Derecho de Extranjería, Francisco Solans, la Administración “está abusando de la figura de la extinción”. Solans indica que, aunque se tratara de un error al haber otorgado los permisos, “es muy discutible que se extingan las tarjetas de residencia. La Administración puede revocar una sanción o una multa, pero cuando su acto es declarativo de derechos, que reconoce derechos a una persona, no lo puede revocar así como así según marca la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”, indica.

En Médicos del Mundo y Yo Sí coinciden en el efecto de esta medida: el miedo. “Nos da la impresión de que la medida es casi más de amenaza. Como ha habido sentencias a favor de las personas a las que han negado las tarjetas sanitarias, van directamente al origen”, indica Gorka Vellé.

Nuria puede hablar del miedo. Es lo que ve a diario en su casa, al mirar a su pareja. Temor a que un día vuelva a sonar el timbre y sea la Policía para llevarse a Estela. “No tiene a nadie en Argentina”. De momento, han presentado un recurso de alzada. “Queremos luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir que la ley sea justa, más humana, y que nadie tenga que pasar por esta situación tan difícil”, concluye Nuria.

“La Sanidad en España hoy es pública, universal y gratuita.” Esto es lo que repiten una y otra vez el Gobierno y los líderes del Partido Popular, incluso tras el anuncio de la modificación administrativa por la que supuestamente la población excluida va a tener acceso circunstancial a la Atención Primaria, sin tarjeta sanitaria y después de las elecciones de mayo.

Nos gustaría aclarar algunos aspectos y desmontar así las mentiras del Gobierno español.

La reforma que introduce el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012) supone un cambio radical del modelo de sistema sanitario en España, que pasa de ser un modelo basado en el derecho a la salud a un modelo de aseguramiento, en el que hay personas aseguradas y otras no aseguradas. El derecho a la asistencia sanitaria se vincula con determinados requisitos administrativos, el más importante es de carácter laboral. En función de tu relación con la Seguridad Social (INSS) tendrás o no derecho a la asistencia sanitaria: el derecho a la salud depende ahora de tener un trabajo. 

Desde el año 1999 la sanidad no se financia mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, sino exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos directos e indirectos que pagan todas las personas residentes en el estado español, al margen de su situación administrativa o laboral. Las personas migrantes financiamos el sistema de sanidad pública a través de impuestos indirectos, y paradójicamente,  lo han convertido en un sistema sanitario que no podemos utilizar de forma normalizada.

El derecho a la salud sólo es un derecho en tanto que es universal, ya que la salud es un bien común. La transformación de nuestro sistema sanitario en un modelo de aseguramiento individual ataca este derecho según una lógica de mercado rentable para las empresas privadas que gestionan lo público y en cooperación con el mercado de seguros privados de salud. La salud es ahora un privilegio que depende de la situación administrativa individual y quedan excluidas de ese derecho las personas que no cumplan con los requisitos que el sistema impone. 

Este modelo de aseguramiento fragmenta a la sociedad en estratos dependiendo de su nivel adquisitivo: personas que tienen derecho a todo, personas que tienen derecho a algunas cosas, personas que no tienen derecho... Pero, sobre todo, abre la puerta a que cada vez más gente pueda quedar excluida del sistema sanitario: basta con cambiar cualquier requisito en la legislación de la Seguridad Social. Así ocurrió en diciembre de 2013 con las personas españolas emigradas al extranjero. Una disposición adicional en el BOE, la sexagésimo quinta, estableció que “los españoles que salgan del país más de 90 días pierden la residencia a efectos de la Seguridad Social”, y con ello, el derecho a la asistencia sanitaria normalizada.

Según el INE, más de 2 millones de personas hemos emigrado del estado español entre los años 2008 y 2014, de las cuales, más de 250.000 personas teníamos nacionalidad española. En realidad es imposible saber cuántas personas hemos emigrado y se calcula que somos muchas más de lo que dicen las estadísticas oficiales, hasta 700.000 de nacionalidad española emigramos entre 2008 y 2012.

La mayoría de quienes emigramos de España no lo hacemos por  “impulso aventurero”, como dice el Gobierno, sino que nos vemos obligados a ello debido a las nefastas políticas laborales del mismo. El paro, la precariedad laboral y la falta de una expectativa de futuro es lo que motiva  a la mayoría a salir del país. Con 4 millones y medio de personas sin trabajo, un 50% de paro juvenil y una desigualdad social cada vez mayor, emigrar es la única alternativa que nos brinda el Gobierno de España. Y ya no sólo el Gobierno, sino también el nuevo Rey de España lo afirma.

“Las aventuras” se convierten fácilmente en pesadillas para muchos de los españoles emigrados si en el extranjero se nos ocurre ponernos enfermos. Con el fin de ayudarnos entre nosotros, el grupo de Sanidad de Marea Granate estamos recogiendo en una guía la información de carácter sanitario que el emigrante pueda necesitar, guía colaborativa y abierta que iremos completando con las aportaciones de todas.

España era un país que estaba dotado de un sistema sanitario público universal, a un coste económico inferior al del resto de los países europeos con sistemas sanitarios similares y con unos resultados de salud excelentes. El trabajo de erosión e integración de este sistema sanitario al mercado que está llevando a cabo el Gobierno va dejando fuera cada vez a más personas, y para ello no duda en propagar infundios y mentiras (muchos de ellos típicamente xenófobos) como que el sistema sanitario no es sostenible, que las personas inmigrantes no contribuyen económicamente y que colapsan los servicios de Urgencias, o que las personas que emigramos de España no hemos sido excluidas del mismo. Siguiendo la lógica del Gobierno español de que las personas emigradas somos un colectivo débil y fácilmente atacable, no es raro que los emigrantes hayamos sido también excluidos del derecho a votar.

Por todas estas razones, Yo Sí Sanidad Universal y Marea Granate vamos a trabajar juntos para denunciar públicamente la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Para ello lanzaremos una campaña el día 24 de abril, para lograr la recuperación y mantenimiento del sistema sanitario público, universal y gratuito en el momento de uso por el que lucharon quienes nos precedían y al que tenemos derecho todas las personas. Esta campaña, entre otros, también irá dirigida al actual Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que, al igual que el resto de líderes del Partido Popular, tienen una visión muy particular de lo que significa “sanidad universal”.