La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la investigación que abrió contra Alberto Ruiz Gallardón por la compra de la sociedad Inassa a través del Canal de Isabel II, investigada dentro del caso Lezo. Anticorrupción insiste en que hubo delito en esa operación, pero exime al expresidente madrileño y a parte de su gobierno: “No ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos”.

En el escrito enviado a la Audiencia Nacional, la Fiscalía también pide que se archive la causa contra Ignacio González y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino. Eso sí, señala como responsables de esa compra fraudulenta a todo el Consejo de Administración del Canal y pide que se abra una pieza separada en la que se investigue un delito de malversación de caudales públicos agravado.

El primer presidente de los populares en Madrid emprendió la expansión internacional de la empresa publica Canal de Isabel II, una aventura en latinoamérica que después aprovechó Ignacio González para hacer negocio. González acabó en prisión provisional por presuntamente cobrar comisiones en una operación similar: la compra de la brasileña Emissao.

La Audiencia Nacional investigaba si ya en esa primera operación del Canal hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el “muerto” de su antecesor. Anticorrupción defendió en un primer momento que se había pagado un precio excesivo y apuntó al posible reparto de comisiones.

La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados han defendido que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que tenía en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. “Me duele que me lo pregunte”, respondió.

Desvío de los fondos públicos

La Fiscalía sostiene ahora que esa investigación ha llegado a término y exculpa a Gallardón. En su relato de hechos, apunta lo que ha sostenido durante todo el proceso: que la compra de Inassa estuvo plagada de “ilicitudes” y que se hizo a través de Aguas de América, participada por la sociedad dominicana Watco, lo que provocó “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido”.

Señala como precursores de esa operación a cinco trabajadores de Triple A que consiguieron que la empresas Agbar vendiese sus participaciones en Inassa. La Fiscalía utiliza esa operación para tasar el precio del 75% de Inassa, el porcentaje que más tarde compró el Canal: según Anticorrupción, era de 18,8 millones de dólares, muy por debajo de los 73 millones que pagó la empresa pública española.

Los trabajadores de Tripla A investigados iniciaron entonces el proceso de venta de Inassa al Canal de Isabel II a través de José Antonio de Cachavera Sánchez, director Económico y de Desarrollo Comercial del Canal, y Juan Pablo López Heras, subdirector de Nuevos Negocios.

Ambos “se dejaron convencer para que la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña y, por tanto, de forma distinta a la que después se autorizaría, anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores a los del ente público, al que se le causó un grave perjuicio”, dice Anticorrupción.

Ambos prepararon la documentación para que el Consejo de Administración del Canal aprobase la compra. Tasaron el precio del 75% de Inassa en entre 25 y 50 millones de dólares obviando numerosos riesgos en la compra. Finalmente el Canal pagó 73 millones, es decir, “un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23.000.000 y 35.485.981 dólares”.

El escrito señala también a Arturo Canalda, director gerente del Canal “facilitó su tramitación y la presentó a los Consejos de Administración correspondientes a fin de obtener la preceptiva autorización”. Acusa también a varios miembros del Consejo de Administración del Canal por autorizar la compra, entre los que destacan Pedro Calvo y Juan Bravo, que eran también consejeros de Gallardón.

Sin responsabilidad de Gallardón

La compra se llevó a cabo con el beneplácito del Gobierno autonómico. “De los fondos pagados una cantidad aproximada de 10.000.000 € se recibieron por los investigados ex trabajadores de AGBAR, desconociéndose el destino final dado al resto del precio abonado”, dice el escrito de la Fiscalía.

Sin embargo, Anticorrupción exculpa a buena parte de los hasta ahora investigados en este caso. Por ejemplo de Ignacio González, al que el juez del caso Lezo acusó de tapar los delitos de Gallardón, y de su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, “al no haber quedado acreditada suficientemente su participación en este proceso”.

También pide el archivo de la investigación contra Gallardón y parte de sus consejeros -Manuel Cobo, María de la Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral- a pesar de que aprobaron la compra, porque entiende que no está acreditado que conocieran los detalles de esta operación.

“No consta indiciariamente acreditado que ni el Presidente ni los Consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ‒salvo Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera‒ conocieran o dispusieran de ese dossier”, del que sí dispusieron los miembros del Consejo de Administración del Canal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Lezo', ha citado a declarar como investigados los próximos 11 y 12 de septiembre a seis exconsejeros de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón en relación a la compra supuestamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En una providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda citar a declarar al “resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 29 de noviembre de 2001” al tener en consideración un informe del Ministerio Público. Aunque ya se han practicado “la mayor parte de las diligencias probatorias”, dice el juez, procede llamar a comparecer a los exconsejeros para continuar esclareciendo los hechos relacionados con la compra de la mercantil colombiana “mediante la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal”, la panameña Aguas de América SA.

Estas declaraciones se unirán a la del propio Ruiz-Gallardón, que compareció ante el magistrado el pasado 7 de junio. También lo hicieron unos días antes el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.

El juez instructor acordó investigarles por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular, y que exculparon al expresidente regional.

El día 11 de septiembre, a partir de las 09.30 horas, deberán comparecer ante el magistrado los exconsejeros Paz González García (Justicia y Administraciones Públicas), Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica) y Luis Eduardo Cortés Muñoz (Obras Públicas, Urbanismo y Transporte). Un día después, y a la misma hora, acudirán a la Audiencia Nacional Alicia Moreno Espert (Artes), Pilar Martínez López (Servicios Sociales) y Luis Peral Guerra (Trabajo).

Ignacio Echaniz es el único exconsejero que no ha sido imputado. Actualmente es diputado del PP en el Congreso de los Diputados, así que tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo tras una exposición razonada. La Fiscalía ha preferido evitar este trámite.

“Cúmulo de irregularidades” en la adquisición de Inassa

El juez García Castellón decidió investigar a Ruiz-Gallardón y a los otros dos exconsjeros porque considera evidente que hubo un “cúmulo de irregularidades” durante el proceso de adquisición de la empresa colombiana. Por contra, durante su declaración el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia defendió la “legalidad” de la compra de Inassa y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.

Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación. Lo mismo manifestaron Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo.

Alberto Ruiz Gallardón ha respondido durante hora y media a preguntas sobre la compra de la empresa colombiana Inassa cuando él era presidente de la Comunidad de Madrid. Durante su declaración, ha negado haber cobrado comisiones derivadas de un supuesto sobreprecio en la compra, y le ha llegado a decir a la fiscal del caso que le dolía que le hiciese esa pregunta.

Así lo han explicado fuentes jurídicas al término de la declaración como imputado de Gallardón. El exministro de Justicia ha comparecido en el caso Lezo por la primera operación internacional del Canal de Isabel II en 2001, cuando estaba al frente del Gobierno regional.

La Fiscalía sospecha que en esa operación se pagó más de lo que costaba la empresa, y que se pudo producir un desvío de fondos públicos. Debido a sus similitudes con el pelotazo de Emissao que dio Ignacio González, Anticorrupción cree que en esta compra también pudieron pagarse comisiones a los implicados. Así se lo ha ido preguntando la fiscal Ana Cuenca al resto de investigados, hasta que le ha llegado el turno a Gallardón.

El expresidente regional ha dicho que comprendía la pregunta pero que le “dolía muchísimo” que se la hiciera, en tanto que ponía en tela de juicio su honestidad. ha contestado que no cobró comisiones y que tuvo conocimiento de esa y otras operaciones más tarde, cuando la prensa empezó a publicar informaciones sobre ellas.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Gallardón también ha dicho que ha tenido que acudir al sumario para conocer los detalles de la adquisición, que no conocía hasta ahora. De eso se ocupó el Canal y sus técnicos. No ha aportado documentación alguna durante su declaración, en la que ha contestado a todas las preguntas.

Una buena decisión por parte del Canal

A la salida del interrogatorio, Gallardón se ha parado frente a los periodistas para dar su versión sobre esa compra, que se realizó a través de una sociedad panameña.

Según ha explicado, la compra por 73 millones de dólares se hizo “con todos los informes jurídicos a favor” y con “el mejor y el más absoluto de los convencimiento de que era bueno para el Canal y para la Comunidad de Madrid”. “El tiempo ha demostrado que aquella fue una buena decisión por parte del Canal de Isabel II”, ha añadido.

Ha destacado que en el Consejo de Administración del Canal garantizaba una gestión profesional y “transparente, porque estaba compuesto por representantes de diversos partidos y sindicatos. ”En ese ámbito y en ese espíritu de transparencia“ es en el que se tomó la decisión de compra Inassa, la empresa que gestionaba el agua de la localidad colombiana de Barranquilla.

Gallardón ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional después de que ya hayan declarado como imputados algunos de sus más estrechos colaboradores. Este miércoles lo hizo Manuel Cobo, su mano derecha en el gobierno madrileño, y que defendió la gestión del expresidente. Además, aprovechó para cargar contra Ignacio González, a quien acusó de manipular informes para incriminarles.

Según ha dicho, tiene plena confianza en que cuando acabe la investigación se demuestra que “las cosas se hicieron bien y de acuerdo con la ley”. No ha querido entrar en los detalles sobre la compra a través de una empresa panameña, porque dice que eso le correspondía a otros de los investigados.

El expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja se pronunció ante el juez en el mismo sentido. Además, explicó que la expansión del Canal de Isabel II por Latinoamérica se diseñó antes de que llegase el PP al poder en la Comunidad de Madrid. Afirmó que Joaquín Leguina ya la había planificado, y que ellos se limitaron a concretarla y ejecutarla.

Esa expansión permitió luego a Ignacio González y Edmundo Rodríguez -que dirigía los negocios del Canal en Latinoamérica- diseñar y ejecutar la compra de la empresa brasileña Emissao. Según la investigación, pagaron más de lo que costaba realmente, y el sobreprecio se desvió a paraísos fiscales en forma de comisiones por la operación.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. Cuatro años después de dejar la política se enfrenta a una investigación judicial por su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, cuando la empresa pública Canal de Isabel II inició una expansión internacional que se convirtió en el caldo de cultivo para los negocios corruptos durante la etapa de Ignacio González. Los investigadores tratan de determinar si el sistema de pelotazos y comisiones se inauguró durante los años de Gallardón.

La parte de la investigación que lleva este martes al exministro ante el juez se centra en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. Las pesquisas se iniciaron cuando los investigadores del caso Lezo grabaron a González hablando con Eduardo Zaplana sobre esa operación. En ella, González decía haber tapado el “muerto” de su antecesor, una expresión que le valió que el juez le acusase de tapar los presuntos delitos de Gallardón.

“Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá”, explica en esa conversación. Anticorrupción tiró del hilo hasta sospechar que en la compra pudo darse un desvío de fondos públicos, con el consiguiente perjuicio a las cuentas madrileñas

En esta rama del caso primero declararon antes el juez los miembros del Consejo de Administración del Canal de hace 17 años. La mayoría tuvo problemas para recordar los detalles de la compra aunque la defendieron como una operación beneficiosa para el Canal. Sí que reconocieron que apenas tuvieron tiempo para leer la documentación antes de votar y que no sabían nada de una empresa en Panamá, país considerado entonces un paraíso fiscal.

Ese es uno de los puntos que más sorprendió a Anticorrupción y en el que se centraron muchos interrogatorios. Sin embargo, los antiguos responsables del gobierno regional, como el exconsejero de Economía Juan Bravo, siempre han sostenido que la interposición de esa empresa fue una exigencia de Inassa. Procedieron a disolverla, dijeron, en el mismo acto de compra.

Plusvalías de 41,8 millones de euros

El otro aspecto bajo sospecha son las valoraciones que se manejaron sobre el precio de Inassa. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.

“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”, sostiene la Fiscalía.

Sin embargo, los antiguos miembros del Consejo del Canal declararon que varias valoraciones estaban por encima del precio que se pagó finalmente. Ahora le ha tocado el turno de declarar a dos de los más estrechos colaboradores de Gallardón en la Comunidad de Madrid. El martes se sentó frente al juez Manuel García Castellón el exconsejero de Justicia y expresidente de Canal Carlos Mayor Oreja. Explicó durante dos horas que la compra fue legal y beneficiosa para el Canal de la que él no sacó ninguna comisión. Dijo desconocer si otros las cobraron.

Además justificó el inicio de la expansión por latinoamérica del Canal, ya planeada durante el Gobierno de Joaquín Leguina, aseguró. Lo que él hizo fue, ha relatado, encargar un informe a PWC que contenía un plan estratégico sobre la expansión en el extranjero. Ese informe dice, buscaba rejuvenecer y modernizar el Canal iniciando sus negocios fuera de España.

Su número 2 acusa a González

Este miércoles ha sido el turno de Manuel Cobo, número dos de Gallardón en el Gobierno regional. Como Mayor Oreja, ha defendido que la compra de Inassa reportó un beneficio de 200 millones de euros. Además, Cobo ha aprovechado para cargar contra González, a quien ha acusado de manipular un informe de Cuatrecasas para implicarle a él y a Gallardón.

El exministro, que según han declarado el resto de imputados estaba al tanto de los detalles de la operación, cierra la tanda de declaraciones. Ya tuvo que comparecer en la Asamblea de Madrid por este caso. “Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético”, dijo a preguntas de los diputados sobre la compra a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal.

“Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar” le dijo entonces a los diputados, antes de pronosticar que no sería imputado. Este jueves se sienta frente al juez en esa condición para responder sobre la compra de Inassa. Sobre si, como cree Anticorrupción fue un pelotazo similar al de Emissao, que llevó a prisión provisional a Ignacio González acusado de liderar una trama criminal para esquilmar el Canal.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo ha asegurado esta mañana que su declaración en Lezo responde a un informe manipulado sobre la compra de Inassa. Detrás de ese informe ha situado al expresidente madrileño Ignacio González, quien dice que planeó usarlo contra él y Alberto Ruiz Gallardón, del que Cobo era mano derecha.

Así lo ha dicho a las puertas de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado en el caso Lezo. En concreto, el juez Manuel García Castellón le citó por la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa. La compra, en 2001, se hizo con el gobierno de Gallardón con Cobo como número dos de ese Ejecutivo: “La gente que lo aprobó dependía en ese momento de un gran presidente”. Gallardón está citado este jueves por los mismos hechos.

Cobo ha explicado en declaraciones a los medios que esa operación nada tiene que ver con lo que vino después, en referencia a la compra de Emissao. “No hay nada delictivo en lo que se hizo, justo al contrario, los madrileños han ganado más de 200 millones de euros. Hubo personas, técnicos del Canal y de la Comunidad que fueron los que idearon esta operación”, ha dicho. Según ha relatado, esos técnicos abandonaron el Canal en la etapa de González “porque no les gustó lo que vieron”.

Ha negado que se usase un paraíso fiscal para hacer la compra de Inassa, y dice que la operación se canalizó a través de una empresa panameña porque era la propietaria de la colombiana: “la empresa panameña era la propietaria, en el mismo acto de compra, en el mismo notario, se procede a disolverla”. Cuando ellos estaban al frente del Canal, ha insistido, la empresa pública era un ejemplo de gestión, “técnicamente magnífica”.

En este punto, Cobo ha apuntado a González. Ha pedido que explique por qué en esta causa hay un documento de Cuatrecasas sobre esa operación que él encargó, que tiene 16 versiones y que en la primera dice “que está todo bien”. Luego se fueron haciendo modificaciones hasta que se obtuvo un documento que ha servido de base para abrir esta vía de la investigación, sostiene.

“En Cuatrecasas hay gente cabreada con lo que alguno de Cuatrecasas hizo, con los cambios, cuando se preguntó a los responsables dicen que no se enteraron de los cambios”, ha añadido. En su opinión, ese informe encargado por González era “un arma” contra Gallardón, su enemigo político dentro del PP. El informe “manipulado” ha quedado “sin ningún valor”, ha insistido.

Para concluir, ha insistido en que con la compra de Inassa hubo “dos pelotazos”. Uno, el que permitió prolongar la concesión del servicio de aguas en la localidad colombiana de Barranquilla, y otro “que los madrileños han ganado 200 millones de euros”.

Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que la compra de Inassa fue beneficiosa, legal y se hizo siempre con el conocimiento del entonces presidente regional. Ha negado haber cobrado comisiones por esa operación y ha dicho desconocer si alguien las cobró.

En su declaración como imputado ante Manuel García Castellón, juez del caso Lezo, Mayor Oreja ha respondido sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal en 2001. Ha dicho que recuerda pocos detalles de esa operación y se ha remitido constantemente al sumario del caso, según han explicado fuentes jurídicas.

Mayor Oreja ha relatado que la compra se votó a pesar de que ese día estaba fuera del orden del día del Consejo de Gobierno, aunque a nadie le llamó la atención. Ha explicado que no se adentraron en los pormenores de la operación porque tenían una confianza plena en los técnicos de la Comunidad de Madrid y del Canal. Gallardón, ha asegurado, era conocedor de la operación. Estaba informado de todo lo que ocurría. 

Ha insistido, como ya hizo durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, en que la compra fue legal y beneficiosa para el Canal. Según ha dicho, Inassa fue un negocio rentable que funcionó perfectamente como empresa. Ha remarcado que él no percibió ninguna comisión por la compra y ha dicho desconocer si otros las cobraron.

Ha negado también que Colombia fuese un país que presentase riesgos para la inversión. Según ha detallado, cuando se produjo la compra España ya era el según país extranjero por volumen de inversiones en Colombia, después de EEUU. Buena parte de las empresas del Ibex35 ya hacían negocios en ese país, ha añadido.

Negocios en latinoamérica para modernizar el Canal

Mayor Oreja también ha dedicado parte de su declaración a justificar la expansión del Canal por latinoamérica, que más tarde se convirtió en foco de problemas para la empresa pública de aguas. Según su versión, esa expansión estaba permitida por la normativa que regula el Canal y se planeó ya en época de la presidencia de Joaquín Leguina.

Cuando él llegó al Canal ya existían negocios con Agbar a través de una sociedad llamada Hidroser, aunque no se había iniciado la expansión a latinoamérica, donde Agbar sí tenía ya varios negocios. Lo que él hizo fue, ha relatado, encargar un informe a PWC que contenía un plan estratégico sobre la expansión en el extranjero. Ese informe dice, buscaba rejuvenecer y modernizar el Canal.

En este rama del caso Lezo ya han declarado todos los integrantes del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, entre ellos Juan Bravo, consejero de Economía en la etapa de Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. Para mañana está citado Manuel Cobo y el jueves declarará como imputado el propio Gallardón.

Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa en 2001. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal. En precio total fue de 73 millones de dólares.

El juez Manuel García-Castellón y la fiscal Ana Cuenca se encuentra en Colombia, acompañados de un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para ahondar en la investigación de la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa en 2001, en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. 

Según fuentes próximas al caso, la comisión judicial trata de profundizar en la obtención de información solicitada a través de comisiones rogatorias pendientes. El viaje se extenderá a Panamá. En ese país se radicaba la sociedad a través de la que la empresa pública panameña adquirió la colombiana Triple A. En aquel momento, Panamá era reconocido como un paraíso fiscal. 

El Heraldo de Barranquilla publica en su edición digital fotografías de la visita de la comisión judicial española a la sede de Triple A. El periódico colombiano asegura que los investigadores españoles se encuentran en estos momentos con el secretario general de la sociedad, Galiano Franceschini.

En un escrito enviado al juez del caso Lezo el pasado diciembre, la fiscal Cuenca pidió que se imputara a los responsables de la empresa pública que aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa. En él, la Fiscalía aclara que si no pide ahora la declaración de Gallardón y el resto de miembros de su gobierno es porque no tiene en sus manos el acta del Consejo de Gobierno que autorizó la compra investigada.

Esa información “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron este acuerdo”, escribió entonces la fiscal. 

En las declaraciones consecuencia de aquella petición de Anticorrupción, el exconsejero de Hacienda Juan Bravo defendió la operación y aseguró que la empresa pública pagó por Inassa menos del precio que sugerían las valoraciones independientes.

Bravo aseguró que los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa estaban por debajo del precio que apuntaban las valoraciones que manejaron. Es el único consejero que se expresó en estos términos, porque el resto admitió que en los informes que estudiaron antes de la compra, la empresa colombiana estaba valorada en 25 o 50 millones.

Los investigadores españoles viajaron a Colombia por primera vez en junio de 2017. Durante la misión encontraron pruebas del desvío de fondos de otro pelotazo con el Canal, a través de la adquisición de una sociedad brasileña en 2013. En una casa del exgerente de la empresa pública madrileña Edmundo Rodríguez Sobrino hallaron 262.000 euros en metálico.

“He seguido el consejo de mi padre, que me dijo: Si te vas a dedicar a la política, rodéate de gente mejor que tú para que así tú puedas ser tan bueno como ellos.  Tengo tanta confianza en todos mis colaboradores que quiero terminar diciendo que asumo absolutamente la responsabilidad política de todo lo que haya podido hacer cualquier persona de mi equipo en los años que yo goberné la Comunidad de Madrid”.

Había trascurrido una hora y 26 minutos desde que comenzara su intervención cuando Alberto Ruiz-Gallardón aceptó el ofrecimiento de la presidenta para ejercer el último turno de palabra en la comisión de investigación de la corrupción en la Comunidad de Madrid, dedicada en su sesión del pasado 15 de diciembre a esclarecer el presunto primer pelotazo del Canal de Isabel II.

Siete días después de la declación de Gallardón, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho pública una nota en la que anuncia que ha solicitado la imputación de todo el Consejo de Adminsitración de la empresa pública de aguas en la época del compareciente como presidente de la Comunidad de Madrid, incluidos sus consejeros de Economía y Medio Ambiente, Juan Bravo y Pedro Calvo, respectivamente, éste último también presidente entonces del Canal.

En la Asamblea de Madrid, Ruiz-Gallardón se congratuló de la existencia de esa comisión de investigación porque había permitido que los técnicos del Canal y el resto de comparecientes hubieran podido enterrar la tesis de que la colombiana Inassa fue comprada en 2001 por un precio desorbitado y la sospecha de desvío de dinero que eso generaba, unido a que se utilizara una empresa vehicular radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá. “Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso”, afirmó rotundo el exministro de Justicia ante la comisión de investigación.

El Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación. 

La actual fiscal del caso, Ana Cuenca, confirma ahora los indicios que aportó a la causa su antecesor, Carlos Yáñez. En su petición de nuevas diligencias al juez Manuel García Castellón, Cuenca sostiene que la compra de Inassa presenta “un cúmulo de irregularidades” durante todo el proceso de adquisición. La fiscal ratifica que no había marco normativo en la Comunidad de Madrid para ejecutar la compra y que se aprobó uno con posterioridad a la operación de adquisición.

“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”.

La querella de Anticorrupción que dio origen al caso Lezo señalaba, tanto a esos miembros del Consejo de Administración del Canal como al Gobierno al completo de Gallardón que autorizaron la compra de Inassa. Para ello, el fiscal Yáñez solicitó una diligencia de ordenación contra el expresidente y todo su Ejecutivo para que la causa no quedara prescrita en noviembre del pasado año.

Su sustituta dice ahora que no puede decidir sobre la “declaración judicial” de Gallardón y su equipo porque no dispone del acta redactada en el Consejo de Gobierno que dio luz verde a la compra de Inassa, ni tampoco de la documentación que manejaron para adoptar esa decisión. Esa documentación, añade la fiscal, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron ese acuerdo”.

En su declaración ante la Asamblea de Madrid, Gallardón dijo hace ocho días que, si en el momento en que se aprobó la compra de Inassa, “hubiera tenido toda la información que han dado (exconsejeros y cargos del Canal en la comisión)”, él hubiera aprobado igualmente toda la operación.

Fiscalía opina diferente. Entre los que pide que sean citados a declarar como investigados, Anticorrupción señala a algunos de los que comparecieron antes del expresidente de la Comunidad y a los que éste se refería en su rotunda afirmación. Se trata del exgerente del Canal, Arturo Canalda (actual presidente de la Cámara de Cuentas); el exdirector Económico de la empresa pública, José Antonio Cachavera; y el que fuera subdirector de Nuevos Negocios, Juan Pablo López de las Heras.

Refuerzos para la UCO

La fiscal Cuenca asegura, en cualquier caso, que la investigación es muy compleja y que es necesario “impulsarla” por encontrarse en una fase “muy incipiente”. Para ello pide que se dote de refuerzos a los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La fiscal no hace referencia al posible desvío de los 25 millones de euros de las plusvalías que señala la Guardia Civil en sus informes. Anticorrupción solicitó en su momento al juez, y este aprobó, que fueran intervenidos correos electrónicos de Gallardón durante su época en la Presidencia de la Comunidad de Madrid y un rastreo del histórico de sus ingresos. El último escrito de la Fiscalía no hace referencia a este aspecto de la investigación.

Antes de despedirse de los diputados, Gallardón quiso el día 15 marcar diferencias con las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sin citarles. “No dejen ustedes de investigar porque la garantía para que aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, se les ha intentado meter en un corral que no era el suyo, en expresión de mi compañero Calvo, homologándose con conductas que nunca han tenido, despejen cualquier duda. Pero no solo por mis palabras; los hechos son tozudos y todo lo que se hizo en los años en los que he tenido responsiblidad en la Comunidad, se ha hecho de acuerdo a la Ley”.

Ignacio González ha vuelto a su celda de la prisión de Soto del Real tras declarar durante dos horas ante el nuevo juez instructor del caso Lezo. El expresidente madrileño, en prisión sin fianza desde hace tres meses, había pedido declarar voluntariamente.

Al final de esa declaración, González primero y su abogada después han pedido que se tenga en cuenta la situación penitenciaria del expresidente de la Comunidad de Madrid. Según fuentes de la Audiencia Nacional, no han hecho una petición expresa de que quede en libertad, sino que se han limitado a hacer una apreciación genérica sobre su situación de prisión.

Su defensa no descarta plantear en los próximos días un recurso para que González quede en libertad, o para que al menos se le imponga una fianza para salir de cárcel. Ante la mención a su situación de prisión, la Fiscalía no se ha pronunciando, manteniéndose así en su criterio de que debe continuar en prisión sin fianza.

González había pedido declarar voluntariamente después de que lo hiciera la ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond. Su testimonio ante el nuevo juez instructor del caso, Manuel García Castellón, le sirvió para conseguir una importante rebaja de su fianza -de cuatro millones de euros a 100.000- y salir así de prisión.

Ha estado declarando unas dos horas en presencia de la fiscal Carmen García Cerdá y el nuevo juez instructor, Manuel García Castellón, que se hizo cargo de la causa tras el ascenso de Eloy Velasco. González lleva en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril.

Los indicios del caso Lezo colocan a Ignacio González. Además, un informe reciente elaborado por el Canal de Isabel II le sitúa tras el pelotazo de Brasil que comandó su testaferro, Edmundo Rodríguez.

Según la Guardia Civil, el expresidente madrileño podría haber lucrado a través de sus familiares por la construcción del campo de Golf del Canal. El sumario recoge también sus maniobras para influir en la Justicia y cómo activó su maquinaria de blanqueo de dinero cuando se vio sin liquidez para sus gastos diarios.

Ignacio González se enfrenta a la complicada tarea de convencer al juez del caso Lezo de que le deje salir en libertad bajo fianza. Los indicios le colocan en la cúspide de una trama corrupta dedicada al pillaje de fondos públicos en beneficio propio y del PP y ahora, un informe del Canal de Isabel II le vincula directamente con el pelotazo de Emissao. En el sumario del caso aparece su socio Edmundo Rodríguez como la persona que comandó esa operación, pero la investigación interna de la empresa pública concluye que González fue informado de todos sus pasos.

Ese documento de 28 páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, complica las aspiraciones de libertad del expresidente madrileño. González pidió declarar voluntariamente después de que lo hiciera la ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond. Su testimonio ante el nuevo juez instructor del caso, Manuel García Castellón, le sirvió para conseguir una importante rebaja de su fianza -de cuatro millones de euros a 100.000- y salir así de prisión.

El informe, que ha sido ya entregado al juez y cuyo contenido adelantó la Cadena SER, describe paso a paso la compra de Emissao y asegura que Rodríguez, gerente de Inassa y como tal responsable de los negocios de canal en Latinoamérica, mantuvo siempre informado a González. Despachaba “directamente” con el expresidente madrileño, concluye la investigación interna.

Esa investigación también ha detectado la presencia durante toda la operación de un asesor externo. Francisco Ruiz Muñoz, dueño de la consultora Cetus, elaboró un estudio de mercado sobre Brasil a pesar de que no consta su experiencia en ese ámbito -se dedicaba al asesoramiento inmobiliario y “en la compra, venta y alquiler de muebles”-, su empresa no tenía trabajadores y el año anterior a ser contratado había facturado tan sólo 12.000 euros.

El motivo de la contratación, según confesó Richmond a un alto cargo de Inassa, fue que estaba “recomendado” por Ignacio González. Ese aval le permitió ser conocedor de todas las negociaciones para la compra de la empresa brasileña. Así, el expresidente madrileño habría estado informado de cada paso gracias a su presunto testaferro, Edmundo Rodríguez, y a otro hombre confianza que situó él mismo.

Descontrol de los fondos del Canal

La investigación que ha realizado el Canal también reúne indicios delictivos contra Richmond, responsable de sus finanzas durante la compra de Emissao, y contra Adrián Martín, gerente de la empresa pública. Ambos, recoge el documento, autorizaron los pagos de la operación a sabiendas que el dinero iba a acabar en cuentas Suizas, lo que impedía conocer su destino final.

Además, durante el proceso, Richmond autorizó los movimientos de Rodríguez para reunir los fondos para la compra, sabiendo que esas operaciones provocarían que el Canal perdiera el control del dinero. Martín, por su parte, no informó al Consejo de Administración del Canal de los detalles de la compra.

La adquisición de Emissao en 2013 fue denunciada por los responsables del Canal en 2016 como una operación ruinosa que les supuso un agujero en sus cuentas. La empresa pública compró la sociedad brasileña a través de otra empresa interpuesta, con base en Uruguay. El dinero de la operación acabó en Suiza tras un intrincado sistema de transferencias entre las filiales del Canal y los responsables de Emissao.

La compra fue un fraude. La empresa brasileña estaba cerca de la quiebra y su valor se desplomó un 75% un año después de la operación. Los argumentos para comprarla a través de una sociedad uruguaya interpuesta se han demostrado falsos. La investigación del caso Lezo ha destapado que Edmundo Rodríguez y el abogado Ignasi Maestre pusieron los cimientos para el pelotazo en 2008 y lo ejecutaron cinco años más tarde gracias al despliegue de datos falsos del expresidente de Inassa. El informe del Canal confirma esos indicios.

Se ocultó el pago de comisiones

El sumario de la causa recoge que Rodríguez infló los datos de la cuenta de resultados de Emissao después de recibir un informe de la consultora KPMG que alertaba sobre su futura quiebra. Ese documento también mencionaba que la empresa brasileña había normalizado el pago de comisiones a cargos públicos a cambio de concesiones, sobornos que luego camuflaba mediante un sistema de facturas falsas. La investigación interna del Canal llama la atención sobre la ocultación de estas prácticas corruptas al Consejo de Administración.

La compra se concretó entre noviembre de 2013 y enero de 2014. En esos meses se produjeron cinco movimientos de dinero para abonar los 21 millones que costaba Emissao, una intrincada operativa mediante una empresa pantalla que acabó con los fondos depositados en bancos suizos. Para los investigadores del caso, una estrategia de Rodríguez para lograr “el desvío de fondos públicos en beneficio de sus intereses particulares”. Los fiscales y agentes de la UCO encontraron en su casa de Barranquilla (Colombia) recibos de esos movimientos de dinero y 260.000 euros en efectivo.

Esta operación y sus movimientos para ocultar su vasto patrimonio llevaron a Velasco a decretar el ingreso de Rodríguez en prisión sin fianza. Al igual que González, pidió declarar voluntariamente, pero no ha conseguido que el nuevo juez le rebaje sus condiciones penitenciarias. Volvió a ingresar en prisión sin posibilidad de abonar una cantidad para salir libre, aunque fue trasladado a un centro distinto, a la cárcel de Estremera, lo que implica que no podrá comunicarse con su antiguo socio, preso en Soto del Real.

Edmundo Rodríguez encontró una auténtica mina en el Canal de Isabel II. Su puesto de gerente en Inassa, la filial que controlaba los negocios en latinoamérica, le garantizaba unos ingresos de 30.000 euros mensuales. La Guardia Civil ha detectado también que el testaferro de Ignacio González facturó al Canal a través de su despacho de abogados por importe de más de 800.000 euros. Los agentes investigan si cobró esas cantidades por trabajos reales o se trata de una facturación ficticia mientras rastrean el pelotazo que dio con la compra de Emissao.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó sus ingresos y encontró movimientos de dinero sospechosos. Así lo hizo constar en el informe de casi 500 páginas que entregaron al juez Eloy Velasco. Los indicios delictivos sobre el hombre del Canal en América Latina obligaron al juez a enviarle a prisión sin fianza y a tirar del hilo sobre su patrimonio y sus negocios en Colombia, que llevaron a descubrir 260.000 euros en efectivo en su casa de Barranquilla.

Durante las escuchas que realizaron durante meses, los agentes captaron una conversación en la que Rodríguez comenta los generosos ingresos que percibía en su etapa al frente de Inassa. En una de las grabaciones, habla sobre su sustituto en el puesto de gerente, Alberto Muguiro, y comenta que le deben estar pagando lo mismo que a él, algo más de 25.000 euros al mes. En otra conversación en la que se refiere a la indemnización que recibirá tras el despido, eleva esa cifra hasta los 30.000 euros mensuales.

En esa grabación, Rodríguez comenta que está pensando pedir una compensación al Canal por su despido tras la información de sus sociedades off shore. Calculó que iba a pedir entre 600.000 o 700.000 euros por lo que restaba de contrato, que se acababa a finales de 2017, pero la Operación Lezo trastocó sus planes. Tras su despido, se conoció que su sueldo exacto era de 29.000 euros al mes.

De forma paralela, la Guardia Civil localizó otros ingresos que percibió por parte del Canal. Entre 2005 y 2009, cobró a través de su despacho de abogados un total de 720.000 euros. Los pagos anuales van de los 30.000 euros hasta los 189.000 en algunos ejercicios. Durante esos años, su bufete solo facturó a la empresa pública madrileña. Los agentes no saben a qué obedecen esos pagos, que comienzan antes de que fuese nombrado gerente de Inassa.

Rodríguez comenzó su andadura en esa filial en el año 2006 y desde ese año los agentes solo han encontrado un pago por parte de Inassa de 81.694 euros. No hay pagos mensuales a su bufete de abogados, a través del que facturaba su servicios, tan solo ese pago puntual. En total, más de 800.000 euros facturados al Canal y a Inassa través de su bufete, que no se corresponden con su sueldo, y sobre los que los agentes no encuentran justificación.

Sociedades en Hong Kong y Panamá

Rodríguez tenía toda una red de empresas en España y el extranjero que los agentes localizaron durante su investigación. En nuestro país creó primero Rodríguez Sobrino Abogados Asociados en 1998 y Rodríguez Sobrino Abogados en 2006, empresa que cerró el año pasado. Fue con estas dos sociedades con las que facturaba sus servicios al Canal de Isabel II.

También controlaba Iberoamericana de Inversiones y Proyectos, una empresa dedicada a la compraventa de inmuebles, a través de la que participaba en Audiovisual 2000 Española, la empresa editora del periódico La Razón, de la que tiene el 23,90% de las acciones. Entre 1997 y 2006 también fue representante de la sociedad Rochester Ibérica 2000.

Fuera de nuestro país, los agentes hacen constar que Rodríguez posee las sociedades que aparecieron en los Papeles de Panamá y que le costaron el cargo al frente de Inassa: Idra Drilling Equipment, Asia Drilling Equipment y Luntam, las tres con sede en Hong Kong. Los agentes comprobaron esa información gracias a una carta que Rodríguez envió a su socio Ignasi Maestre y que los agentes intervinieron. Maestre era quien le gestionaba esas sociedades y con quien dio el pelotazo de Emissao.

Durante la investigación se ha revelado la existencia de otras sociedades que la Guardia Civil no localizó en un primer momento, como Amalfi, radicada en Panamá. Esta sociedad es fundamental en la operación de la compra de Emissao, en la que el juez y los fiscales creen que se desvió dinero pagando un precio inflado por la compañía, al borde de la quiebra. Los agentes que se desplazaron a Colombia encontraron documentación sobre transferencias desde Suiza, el país en el que se abonó el pelotazo de Brasil, a las cuentas de Amalfi en Panamá de las que Rodríguez es titular.

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública, la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.

Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de abril, los fiscales del caso recogen que, “presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González”

Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica

La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851. Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que “el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.

Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y 1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países de Argentina y Perú.

El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977. Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por entonces lejos.

2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después

El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.

Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.

En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en cualquier territorio)”.

3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal

La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo.

Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al Banco Ganadero de Colombia.

Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la Comunidad de Madrid.

Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.

Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía & García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.

“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.

“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se encontraban realmente tras esa sociedad”.

4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas

Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

“¿Cuánto le entraba al Canal?”, pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: “A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao” (…) “A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10”.

Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25 millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión incondicional.

Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, “sin cortarse”, le dijo: “Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero”. “Delante de cinco o seis personas”, añade Zaplana, quien apostilla: “Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo”.

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González. Zaplana se extraña de que “Alberto” no hubiera vendido en su época el Canal a los “Buines” (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). “Claro, no se atrevía”, afirma González. “Le faltaron cojones”, se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: “No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”.

González añade: “No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar”.

Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la adquisición de Inassa en 2001.

En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el 15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”, dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es donde realmente hubo“, añade más adelante.

5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza

Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.

“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”.

La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.

A comienzos de los años 90, las empresas de servicios públicos de Barranquilla (Colombia) se encontraban en quiebra. Durante las tres décadas anteriores a la privatización de 1993, habían sido administradas por los políticos de los partidos conservador y liberal, que se habían alternado en el poder gobernando a la ciudad a su antojo. Barranquilla vivía por entonces en medio de un paradójico auge, aupada por el dinero negro producto del floreciente negocio del tráfico de marihuana y una quiebra institucional provocada por la corrupción política.

Al mismo tiempo, en Colombia, después de haber vivido varios años de guerra con el narcotráfico encabezado por Pablo Escobar, en el año 1991 entraba en vigencia una nueva constitución política. En esa atmósfera de tensiones y con nuevo marco constitucional, empezó el proceso de elección popular de alcaldes en 1990 y de gobernadores en 1993.

Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, es la sede principal de Interamericana de Servicios S.A. (INASSA), sociedad que controla a la Triple A, empresa que presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Es la ciudad más poblada de la región Caribe (1,2 millones de habitantes) conformada por siete departamentos, donde también tiene sus inversiones -y un conflicto por resolver- la multinacional Gas Natural-Fenosa, propietaria de la infraestructura eléctrica de estos departamentos con una población aproximada de 10 millones de habitantes.

La privatización del agua de Barranquilla

Ante la crisis de las empresas que prestaban los servicios públicos, el distrito de Barranquilla decidió privatizarlos en 1993, como una forma de sacudirse el manejo clientelista que le habían dado los políticos.

El sistema de acueducto en una ciudad de más de un millón de habitantes estaba obsoleto. Los habitantes recogían agua de lluvia que almacenaban en tanques elevados o subterráneos y completaban la infraestructura con motobombas para impulsar el agua. La cobertura de acueducto y alcantarillado era del 50%, a las residencias que estaban conectadas a las redes el agua les llegaba algunas horas al día y en los barrios más pobres el agua era distribuida por carro-tanques.

Es oportuno aclarar que Barranquilla está a orillas del río Magdalena, la principal arteria fluvial de Colombia, que atraviesa 17 departamentos desde el sur del país, y cuenta con un caudal promedio de 14.000 centímetros cúbicos por segundos. La falta de agua no es por inexistencia de fuentes de abastecimiento, sino por mala gestión de quienes administraron el sistema.

Sin embargo, una vez privatizada Triple A, no se consiguieron socios inversionistas. En el año 1993 llegó a la alcaldía Bernardo Hoyos Montoya, un sacerdote Salesiano, que era rector de un colegio en la zona suroccidental de la ciudad, donde era notoria la ausencia de los servicios públicos, donde la violencia intrafamiliar, la presencia de pandillas barriales, el embarazo adolescente, el incesto y la pobreza pintaban una ciudad sin futuro. Fue el padre Hoyos quien puso en marcha la Triple A dándole autonomía.

Hoyos llegó a la alcaldía con un discurso contestatario contra la clase dirigente que, a pesar de haber fracasado en el gobierno de la ciudad, permanecían en sus curules en todos los órganos de representación política, desde el concejo distrital hasta el congreso, y hacían alianzas entre sí para elegir alcaldes y gobernadores.

Bernardo Hoyos Montoya fue elegido como representante de un Movimiento Cívico, no pertenecía a ningún partido o movimiento político, y logró, gracias a su liderazgo, administrar la ciudad durante tres legislaturas consecutivas. Al terminar su primer gobierno logró elegir un sucesor de su grupo, Edgar George González (entre 1995 y 1997), y luego volvió él a la alcaldía para el periodo hasta el año 2000. Es decir, entre 1993 y el año 2000, los alcaldes de Barranquilla tenían la impronta del Movimiento Cívico liderado por el sacerdote salesiano. Un cuarto alcalde de este movimiento sería elegido para el periodo 2004-2007.

La gran paradoja del Movimiento Cívico, integrado por dirigentes de izquierda, es que durante sus tres gobiernos consecutivos fueron privatizando todos los servicios públicos, en especial agua, alcantarillado, aseo y recaudo de impuestos.

La oportunidad para Inassa

En 1996 y ante la inoperatividad de la empresa, el alcalde Edgar George, del Movimiento Cívico, suscribió un contrato con Inassa, consistente en que esta empresa constituida por la Sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y la Fiduciaria Ganadera (Fidugan), serían los socios operadores con el 14% en la Triple A y una remuneración del 4,5% de los ingresos netos de la empresa.

Su primera tarea era construir un sistema de gestión comercial para recaudar por lo menos el servicio que prestaban, porque la gente no pagaba, adulteraban los contadores o ejercían con sus influencias excepciones de pago. Eso se acabó y las facturas comenzaron a llegar, la recaudación comenzó a mejorar y la empresa empezó a tener mejores ingresos y liquidez para operar.

Pero la empresa se encontraba en una situación económico crítica, se necesitaban inversiones para ampliar la cobertura, mejorar las redes y capitalizar la empresa. Fue así como durante los años 1996 y 1997, los socios privados fundadores de Inassa, encabezados por Agbar y Fidugan, afirman haber invertido 15 millones de dólares en la Triple A (30.000 millones de pesos), recursos que habrían ingresado a la empresa de acuerdo con informaciones que se han comenzado a conocer recientemente a raíz de la divulgación de las versiones según las cuales Canal de Isabel II, a través de Canal Extensia, habría pagado 10 veces el valor de la compañía en 2001.

Después de esta capitalización Barranquilla perdió el control de la Triple A, quedando a partir de entonces como el socio minoritario. En 1997 el distrito de Barranquilla pasó de tener el 84% de la Triple A, a tener el 32.64%, mientras INASSA pasó a tener el 62,36%.

Lo que no tienen claro los barranquilleros es en qué se ese dinero, porque a comienzos de la década el distrito había invertido 30.000 millones en la ampliación de las redes en el norte de la ciudad y las inversiones en la adecuación de la planta de tratamiento se habría realizado con recursos de la nación. Ni el sector público ni los inversores privados han explicado de dónde surgieron los recursos y en qué se invirtieron.

Cuando comenzó el segundo gobierno de Bernardo Hoyos Montoya, se tenía proyectada la inversión para la zona sur occidental, un vasto sector de la ciudad con redes obsoletas o simplemente sin redes de ningún servicio. En una declaración reciente, a propósito de por qué Barranquilla perdió la mayoría del accionariado en la Triple A, el padre Hoyos afirmó que en ese entonces, 1998, el gobierno nacional había enviado para ese proyecto 70.000 millones de pesos y que los directivos de Triple A tenían el dinero en los bancos ganando intereses. La única forma de hacer que iniciaran los trabajos fue armándoles un escándalo.

Esa inversión entre 1998 y 2000 aumentó el número de clientes, lo que también contribuyó a nutrir la caja de la Triple A. Pero los socios mayoritarios en Inassa le pidieron al distrito que capitalizara los dividendos que por decisión de la asamblea se aprobasen con cargo a las utilidades del año 1998, y también renunció al canon a la que tenía derecho por el uso que la empresa hacía de las redes, que son de propiedad de la ciudad.

¿A cambio de qué el distrito de Barranquilla renunció a al dinero que le correspondía por el uso de las redes durante 13 años? Peor aún, en 2006 el distrito desminuyó nuevamente su participación accionaria del 32% al 14,6%, porcentaje que detenta actualmente, porque no tuvo recursos para pagar los bonos emitidos por la Triple A en 2003 para las inversiones de construcción de las redes de acueducto y alcantarillado entre 1999 y 2001, ¿de qué le sirvió Barranquilla renunciar a ese canon?

Agbar se desentiende de Inassa y entra el Canal

Habían transcurrido apenas tres años desde el ingreso de Agbar como socio operador de la Triple A, cuando a mediados de 1999 en Panamá, los socios colombianos adquirieron las acciones de esta multinacional española que en 1995 había llegado a Colombia como socio de Aguas de Cartagena, ciudad vecina de Barranquilla a sólo 110 kilómetros de distancia.

Aunque los directivos de la Triple A y de Inassa han sostenido que la salida de Agbar fue por discrepancias irreconciliables con los socios colombianos, en Barranquilla ha existido la versión desde 2001 que entre los colombianos y unos directivos españoles encabezados por Francisco Olmos Fernández-Courugedo, le dieron un golpe societario a Agbar creando unas sociedades offshore en el paraíso fiscal de Panamá y comprándole sus derechos societarios en Inassa. ¿Por qué no hicieron el negocio en Colombia, si Agbar y la Fidugan habían constituido Inassa en Barranquilla? ¿Para evadir impuestos? ¿Una empresa pública evadiendo impuestos en un paraíso fiscal?

Esas sociedades fueron Sociedad Americana de Aguas, que adquirió el 75%, de Inassa y Latinoamericana de Aguas y Servicios, SLASA, con el 25%. Ambas sociedades quedaron bajo el control del grupo de empresarios colombianos encabezados por Enrique Gerlein Echeverría, su hijo del mismo nombre, y sus socios Luis Cárdenas Gerlein, Luis Nicolella de Caro, Marco Royo Anaya, Julio Jácome de la Peña y un grupo de directivos españoles que –según el bufete Cuatrecasas- fueron desleales e incurrieron en conflicto de interés al propiciar la salida de Agbar y luego como socios de Canal Extensia (dependiente del Canal de Isabel II) a través de Tecvasa, participar en la compra de las acciones de Inassa.

La llegada de Edmundo Rodríguez Sobrino

El Canal de Isabel II y Técnicas Valencianas del Agua, empresas socias de Canal Extensia, pagaron un precio total de 76,7 millones de dólares por el 75% que la Sociedad Americana de Aguas había adquirido. La operación con sobreprecio se aprobó en un consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero no fue lo único que pagó Canal de Isabel II por las acciones de Inassa. En su calidad de socio mayoritario se vio en la necesidad de pagar en el año 2006 la suma de 20 millones de dólares adicionales ante un requerimiento del International Finance Corporation (IFC), del Banco Mundial, exigiendo el cumplimiento del pago de unos bonos expedidos por la Triple A para respaldar un crédito que habría sido empleado en la construcción del acueducto y alcantarillado de la zona suroccidental de Barranquilla.

Con el ingreso de Canal de Isabel II a través de Canal Extensia en 2002 comienza una nueva etapa para la Triple A. En los dos primeros años hubo un gerente dejado por Francisco Olmos con un contrato a dos años y una cláusula de permanencia que generó incomodidad en el Canal como accionista mayoritario.

Esta etapa está marcada por el ingreso de Edmundo Rodríguez Sobrino en 2006 como presidente de Inassa. El testaferro de Ignacio González se hizo con el control de los negocios del Canal en latinoamérica y desde ese puesto pilotó la compra de Emissao. Al igual que con Inassa, se pagó más de lo que valía (cuatro veces más) y se interpuso otra sociedad, esta vez en Uruguay.

Operación Acordeón y Lezo

Esta semana, y como consecuencia de las grabaciones a Ignacio González y a su círculo de familiares y amigos, en las que se referían a la compra de Inassa como un verdadero pelotazo, se realizó un registro en la sede de Inassa en Barranquilla en la que participaron fiscales e investigadores españoles y colombianos, quienes buscan evidencias de la negociación realizada en 2001 con ocasión de la compra de Inassa.

Durante los 15 años de participación de Canal en Inassa, la Triple A ha mejorado sus índices de prestación del servicio, aumentando la cobertura, la calidad del agua y la recolección de las basuras. Barranquilla no es la ciudad de finales de los años 80 cuando la gente recogía agua para bañarse o las basuras permanecían en las calles durante varios días. Las cosas han mejorado notablemente y en eso contribuyeron tanto Agbar y el Canal como los socios operadores.

Pero esa era su obligación y no puede ser una excusa para encubrir si la compra fue desventajosa para una o para las dos partes. Para los españoles es importante aclarar por qué su dinero atravesó el Atlántico para comprar una sociedad en un paraíso fiscal, un tercer país, cuando el negocio debió hacerlo directamente con Colombia y posiblemente pagaron más de lo que valía la empresa. Y para los barranquilleros es importante saber no sólo cómo se administró durante estos años la empresa pública más valiosa de la ciudad, sino por qué perdieron la mayoría de las acciones.

Deberán aclarar, entre otras, las operaciones realizadas durante los años 2002, 2006 y 2012, cuando se capitalizaba la compañía mediante una revalorización del patrimonio. Disminuían el patrimonio de Inassa para distribuir unas utilidades provenientes de la Triple A y luego, semanas después, aumentando el número de las acciones y el valor, revalorizaban patrimonialmente a la empresa. A eso es lo que los fiscales de Colombia llaman Operación Acordeón, y enlaza con la Operación Lezo de España, y que promete ser una especie de Caja de Pandora de la aventura de Canal de Isabel II en el siglo XXI.

La comisión judicial española que se encuentra en Colombia ha encontrado en la residencia de Edmundo Rodríguez Sobrino documentación que acredita una serie de transferencias de una cuenta en Suiza a sociedades tras las que se esconde el testaferro de Ignacio González, han informado a eldiario.es fuentes del caso. De un análisis inicial de esa documentación, los investigadores deducen que se trata de pagos derivados del pelotazo que los imputados dieron con la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao en 2013.

El viaje de los funcionarios españoles a Colombia está resultando vital para la investigación. El hallazgo de la documentación sobre las transferencias desde Suiza se ha producido en el apartamento de Rodríguez Sobrino en la ciudad de Barranquilla. El expresidente de Inassa, la filial con la que el Canal controla sus negocios en América Latina, también escondía 262.000 euros en metálico en su residencia colombiana.

Entre la documentación encontrada en el apartamento de Barranquilla aparecen papeles de la sociedad panameña Amalfi, detrás de las que se esconde Rodríguez Sobrino. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil encontraron el primer rastro de Amalfi en el registro que practicaron en la vivienda que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene en Denia.

El exconsejero de La Razón permanece en prisión incondicional desde su detención el 19 de abril. Este jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de su defensa contra la decisión del juez Eloy Velasco de mantenerlo en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal.

Un pelotazo pagado en Suiza

Anticorrupción y la Guardia Civil buscan pruebas en Colombia de los dos pelotazos del Canal. El primero, la compra de Inassa, fue autorizado por el gobierno regional que presidía Alberto Ruiz-Gallardón en 2001. El Canal compró esa compañía pagando por sus acciones un sobreprecio que, según los investigadores, acabó en bolsillos privados. “Se robaron 25 millones de euros”, resumió Rodríguez en una conversación grabada por los agentes de la Guardia Civil.

Inassa se ocupó del segundo pelotazo, la compra de la empresa brasileña Emissao en el año 2013. Rodríguez pilotó una operación en la que interpuso una sociedad uruguaya para comprar el 75% de esa compañía, que abría al Canal las puertas del mercado brasileño. Su socio I.M. constituyó esa empresa uruguaya, Soluciones Andinas de Agua, una sociedad pantalla a la que dió apariencia de compañía especializada en el tratamientos de aguas.

Sin embargo, durante el proceso Rodríguez obvió que varios informes alertaban de la mala situación financiera de Emissao. Se abonaron por ella 21 millones de euros, pero al poco tiempo su valoración cayó hasta los cinco. La consultora KPGM advirtió en la due dilligence que elaboró antes de la compra de que la empresa brasileña no había aportado toda la información que le pidieron. Tenían dudas de que la operación fuese rentable.

La investigación de la Comunidad de Madrid sobre ese pelotazo se encontró con que el dinero de la operación había acabado en cuentas suizas. Los 21 millones que pagó el Canal por Emissao se ingresaron en el país helvético a nombre de Sebastiao Cristovam, propietario de la mayoría de las acciones de Emissao, e investigado en el caso Lezo, según recoge la denuncia de la Comunidad de Madrid y distintos informes de la Guardia Civil aportados al sumario.

Desde entonces, Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean esos fondos porque sospechan que viajaron desde Suiza a las cuentas de Rodríguez y sus socios. Por eso, el juez Eloy Velasco cursó Audiencia una comisión rogatoria a las autoridades suizas solicitando información bancaria. Con los datos que ofrezca el país helvético se podrá comprobar quién es el titular o titulares de la cuenta donde acabó el dinero de la compra de Emissao y confirmar si las transferencias a Edmundo Rodríguez Sobrino proceden de ella.

En el escrito de oposición a la libertad de Rodríguez Sobrino, los fiscales Anticorrupción apuntan directamente a que el hombre de González en Latinoamérica consiguió “elevadas ganancias ilícitas” con los negocios del Canal. Con ellas compró inmuebles que puso a nombre de su hija en Colombia, Panamá o Londres. Además, tiene una red de cuentas bancarias en los paraísos fiscales de la Isla de Jersey, en Panamá -a través de la sociedad Amalfi- y en Suiza.

La Fiscalía de Colombia ha decomisado 262.000 euros que encontró en el apartamento de expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. El testaferro de Ignacio González, que actuaba como su enlace en latinoamérica, escondía ese dinero en su piso de la localidad colombiana de Barranquilla.

El hallazgo se hizo como parte de una operación de registro en esa ciudad colombiana, donde tiene su sede Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública Canal de Isabel II. Las autoridades colombianas colaboran con las españolas en la búsqueda de documentación en el marco del caso Lezo.

El registro se inició ayer por las autoridades colombianas en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España. “El dinero en efectivo fue encontrado en un apartamento que ocupaba Edmundo Rodríguez Sobrino y que estaba cerrado hace más de dos meses”, dijo a Efe una fuente de la Fiscalía.

Rodríguez Sobrino estaba considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fue destituido de su cargo en Inassa en abril del año pasado, después de que su nombre apareciese en los “papeles de Panamá” vinculado a tres empresas en Hong Kong. Los investigadores le sitúan en el centro del pelotazo del Canal en Brasil, con la compra de Emissao.

En 2001, Canal de Isabel II compró el 75 % de Inassa, con lo cual se convirtió en socio mayoritario de Triple A, empresa que opera el acueducto y alcantarillado de Barranquilla y otras 14 poblaciones cercanas de la costa atlántica colombiana.

A raíz del estallido de la operación Lezo, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas de Colombia abrieron investigaciones sobre Inassa. Los fiscales de Anticorrupción Carlos Yáñez y Carmen García se han desplazado hasta Barranquilla junto con agentes de la Guardia Civil.

“Estamos estudiando la utilización de una sociedad uruguaya para operar en Brasil”. Ese email, fechado el 15 de agosto de 2008, daba inicio a una operación de ingeniería empresarial para que el Canal de Isabel II comprase una empresa brasileña. Por medio, su filial en latinoamérica, una empresa panameña y un despacho de abogados de Uruguay. El pelotazo del Canal que propició Edmundo Rodríguez, enlace en latinoamérica de Ignacio González, se gestó durante cinco años para dar apariencia de legalidad a una operación que solo buscaba el beneficio personal de quienes estuvieron implicados en ella.

Así lo revela la nueva documentación que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción, y que le han entregado los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid. Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos creen que esa información demuestra que la compra de Emissao fue “premeditada”, y que comenzó mucho antes de lo que se pensaba. Se empezó a gestar en 2008 gracias a las maniobras de I. M., que colaboró con Rodríguez en una operación que se cerró en 2013.

En la documentación constan varios correos entre I. M., abogado experto en ayudar a grandes fortunas a evadir impuestos, y los responsables del bufete de abogados de Uruguay Algorta & Asociados. Esos correos, a los que ha tenido acceso eldiario.es, revelan que años antes de la compra de la empresa Brasileña Emissao se creó una sociedad uruguaya desde cero, a la que se dio apariencia de empresa que se ocupaba del negocio del agua, cuando en realidad estaba controlada por un socio de fRodríguez desde el principio.

El auto del juez Eloy Velasco que envió a prisión a los principales cabecillas del caso Lezo explica la operativa que se siguió para comprar Emissao por un 75% más de lo que valía inicialmente para “desviar fondos públicos”. El expresidente madrileño conocía “absolutamente” los detalles de la compra inflada, sostiene el juez, que no hace referencia en su escrito a la operativa desarrollada en Uruguay, pero sí señala que todo lo gestionó Ignacio Rodríguez sirviéndose de I. M..

En el mail de agosto de 2008, I. M., propietario de la empresa andorrana Igmasa Managment, pregunta al bufete uruguayo Algorta & Asociados sobre las posibilidades de operar en Brasil con una sociedad radicada en Uruguay. I. M., socio de Rodríguez, empezaba así a preparar el terreno para el pelotazo. La legislación brasileña es muy restrictiva para los inversores extranjeros, así que ambos decidieron operar a través de Uruguay porque los dos países tienen acuerdos comerciales.

Tras varios correos entre ellos con más detalles sobre lo que quería hacer I. M. -que deja claro en varias ocasiones que trabaja a las órdenes de un tercero-, el empresario, que tenía otra sociedad en panamá especializada en evadir impuestos, propone varios nombres para su nueva compañía. El definitivo fue Turman Investments SRL.

I. M. pide que se constituya con el menor capital permitido por la ley y que se haga en forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) porque era la más beneficiosa. Necesitaba de poco capital -el bufete le recomienda que empiece con unos 50.000 dólares- y sus limitaciones para operar no les iban a afectar, porque se trataba únicamente de un vehículo para entrar en Brasil. Para ello también contaron con ayuda de unos abogados brasileños que les asesoraron en el proceso.

I. M. empieza a impacientarse

Un mes después de iniciar esos contactos, I. M. empieza a mostrarse impaciente. Envía un email el 14 de septiembre en el que pide “facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”. “Esta ganancia de tiempo no es vital”, apremia al bufete uruguayo, que constituirá la empresa para luego vendérsela a a I. M..

Dos socios del bufete constituyen la sociedad a finales de septiembre. José Miguel Algorta se queda con el 99% de las participaciones, y otra socia, María Esther Campa, con un 1%. La publicación de su creación en el Diario Oficial de Uruguay deja claro que no tiene nada que ver con la gestión del agua, sino que se dedicará a “todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.

Ya en febrero de 2009, comienza el cambio de titularidad de Turman, del bufete a la empresa de I. M.. Se lleva a cabo a través de otras sociedades interpuestas que el empresario controlada desde paraísos fiscales -Yavango Investments y Fundación Himalaya-. La cesión se lleva a cabo el 13 de mayo de ese año, y desde entonces el bufete uruguayo deja de tener control sobre Turman. Los abogados de ese despacho han entregado esta documentación a la Asamblea de Madrid para dejar claro que ellos no hicieron nada ilegal, y que se limitaron a seguir las instrucciones de I. M..

El resto de documentación que obra ya en poder de la Fiscalía refleja cómo I. M. transformó esa sociedad que había creado en una especie de empresa dedicada a la gestión del agua. Así lo refleja el Diario Oficial de Uruguay el 22 de agosto de 2013: Turman será en lo sucesivo Soluciones Andinas de Agua. No hay referencia a que cambie su objeto social, sino que únicamente se trató de un cambio de nombre para dar apariencia de que el Canal comparaba una empresa que tenía que ver con su mismo negocio.

A partir de ahí, la historia viene ya relatada en el auto que envía a prisión a Edmundo Rodríguez e Ignacio González, y en el que se indica que hay sospechas de que el primero compró una empresa brasileña a través del Canal por mucho más de lo que valía. El sobreprecio, sospechan los investigadores, fue a parar a los bolsillos de los implicados.

Soluciones Andinas de Agua, la empresa que creó I. M., fue clave en ese pelotazo. Inassa, la filial latinoamericana del Canal controlada por Rodríguez, la compró en agosto de 2014. Con ella compró Emissao sirviéndose de la colaboración económica que mantenían Brasil y Uruguay. La empresa pública Canal de Isabel II pagó 21 millones de euros por esa operación, pero la empresa adquirida solo valía cinco millones. La operación se pagó en bancos suizos, donde se perdió el rastro del dinero.

Un informe de Garrigues y dos de Cuatrecasas alertaron de que el Canal de Isabel II estaba cometiendo irregularidades en sus negocios de latinoamérica. Entre 2001 y 2009 estos despachos de abogados enviaron documentación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la vicepresidente, Ignacio González, de que la empresa pública estaba comprando sociedades por un importe que superaba con creces su valor real.

Así lo publica este jueves OK Diario, que desgrana los informes sobre la compra de Inassa en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. González confesó las irregularidades de esa operación al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en una conversación incorporada al sumario del caso Lezo. Presumió de haber tapado el “muerto” heredado de Gallardón.

El expresidente madrileño asegura que Gallardón compró por 100 millones de euros una empresa que no valía ni 30 y que lo hizo saltándose el acuerdo del Consejo de Gobierno, que según González, facultaba a comprar una empresa en Colombia y la que adquirieron estaba en Panamá. En esa charla, cuando González ya sabía que se le estaba investigando por las operaciones de su época del Canal de Isabel II, el presidente madrileño presume de haber soterrado “el escandalazo” de Gallardón.

Esa empresa es Inassa. Cuando se produjo la adquisición, Garrigues desaconsejó la operación porque tenía que hacerse mediante una offshore radicada en Panamá. El proceso es similar al que se siguió años más tarde para la compra de Emissao. Para la compra se constituyó la compañía Extensia, que compró por 73 millones de dólares una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América (SAA), para adquirir indirectamente Inassa.

Uno de los informes de Cuatrecasas elaborado y enviado a los responsables de la Comunidad de Madrid se basaba en otro anterior de Garrigues de 2001, que ya desaconsejaba la compra por las implicaciones fiscales que suponía hacerlo a través de Panamá.

El despacho Cuatrecasas certificó más tarde que esa operación había sido lesiva para los intereses de la empresa pública. Además, señalan que su análisis ha descubierto “la existencia de una serie de circunstancias que llaman la atención y que merecen, al menos, la calificación de inhabituales, cuando no de irregularidades”.

Entre ellas citan que la valoración de la empresa se disparase enormemente en apenas unos años, o que los contratos ganados por Inassa no estaban completamente asegurados. “Las condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador”, concluyen.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presumió en una conversación con su amigo el exministro Eduardo Zaplana de haber tapado el “muerto” heredado de los tiempos en que Alberto Ruiz Gallardón dirigía el Gobierno madrileño. González aludió en ese diálogo el 11 de noviembre del año pasado a un informe del bufete Cuatrecasas que analizaba la compra de la filial del Canal de Isabel II, Inassa.

El expresidente, hoy en prisión por la Operación Lezo, asegura entonces a Zaplana que Gallardón compró por 100 millones de euros una empresa que no valía ni 30 y que lo hizo saltándose el acuerdo del Consejo de Gobierno, que según González, facultaba a comprar una empresa en Colombia y la que adquirieron estaba en Panamá.

En esa charla, cuando González ya sabía que se le estaba investigando por las operaciones de su época del Canal de Isabel II, el presidente madrileño presume de haber soterrado “el escandalazo” de Gallardón. Y confronta su actitud con lo que hizo su sucesora, Cristina Cifuentes, a la que tilda de “gilipollas” por presentar la documentación que se encontró al llegar al poder de las empresas públicas a la Fiscalía Anticorrupción, que ya investigaba desde antes las operaciones en el Canal de Isabel II.

Los hechos a los que alude ese diálogo son parte de la investigación que lleva a cabo el juez Eloy Velasco en la Operación Lezo en la que de momento no ha sido citado ni como imputado ni siquiera como testigo el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón. El entorno del exministro de Justicia ha asegurado a La Sexta, la cadena que ha reproducido la conversación, que no existió ninguna irregularidad en la compra de Inassa.

La sede de esta filial fue registrada por agentes de la Guardia Civil el mismo día en que fue detenido Ignacio González, pese a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, trató de evitarlo alegando que eran hechos demasiado lejanos en el tiempo. Los fiscales del caso invocaron entonces el artículo 25 de su estatuto y en votación la práctica mayoría de los fiscales de anticorrupción vieron pertinente esa diligencia. Fue la primera derrota del cuestionado Manuel Moix, el jefe de Anticorrupción, que según otras conversaciones incorporadas al sumario era el hombre que Ignacio González quería en ese puesto para aliviar sus problemas judiciales.

Lo que sigue es la charla interceptada por la Guardia Civil a Zaplana e Ignacio González el pasado 11 de noviembre, tal y como ha sido extractada por el programa Al Rojo Vivo de La Sexta:

Eduardo Zaplana. “O sea que no me extraña nada de lo de… Lo raro es que no les vendiera el Canal en su época Alberto a los Buines (fonético)”.

Ignacio González. Claro. Es que no se atrevía.

Zaplana. No se atrevió le faltaron cojones.

González. No se atrevía porque Alberto, Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II.

[...]

González. Estoy en un… no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y tenemos dos. O Reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo.

[...]

González. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar.

El Partido Popular ha utilizado el reglamento de la Asamblea de Madrid para frenar el envió a la Fiscalía del informe de la comisión que está analizando la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçoes por parte de la entidad Inassa, compañía filial del Canal de Isabel II.

El reglamento de la cámara autonómica dictamina que solo se puede proceder a la votación de informes de la comisión al final de los trabajos parlamentarios. El análisis de la operación de compra de la empresa pública se está llevando a cabo en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, a la que todavía le restan varias sesiones.

Ciudadanos, Podemos y PSOE han acordado que enviarán el informe el próximo lunes a la Fiscalía de manera individual, tras añadirle algunos puntos por parte de Podemos.

Esta comisión está investigando las presuntas irregularidades cometidas por la compra por 21 millones de la empresa brasileña de ingeniería Emissao, a través de una compañía uruguaya Soluciones Andinas de Aguas, por parte de la filial Inassa del Canal de Isabel II.

La compra de esta empresa está siendo investigada por Anticorrupción. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha remitido un informe a la Fiscalía sobre la operación, que no ha querido trasladar a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid en lo que ha sido calificado como una muestra más de opacidad.

La compra de la empresa brasileña se dio bajo la presidencia de Inassa de Edmundo Rodríguez Sobrino, que aparece en los Papeles de Panamá por ocupar diferentes cargos en sociedades opacas radicadas en diferentes paraísos fiscales. Rodríguez Sobrino era el hombre de confianza en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad Ignacio González.

La diputada de Ciudadanos, Dolores González Pastor, ha recordado como tras la compra de la empresa brasileña por 21 millones de euros “a los dos años ya había perdido el 75% de su valor”. Además, se ha preguntado “cómo es posible que la auditora KPMG no hubiera detectado ninguna irregularidad en esta operación, cuando reconoció que la empresa necesitaba un préstamo del Canal para declarar un mínimo de solvencia para contratar con el Estado brasileño pero no advirtieron la devaluación patrimonial de la compañía”.

La diputada del PSOE, Mercedes Gallizo, ha señalado que “no se ha explicado por qué compraron una empresa de ingenieria y obras que no tenia nada que ver con la actividad de Canal Isabel II. Todavía no se sabe con qué finalidad”. En la operación “se hicieron ingresos a través de un banco suizo pero no sabemos quién fue el destinatario final de los ingresos que se hicieron”.

Eduardo Gutiérrez, parlamentario de Podemos, ha explicado como se dio la “actitud poco diligente de las instituciones que tendrían que haber tutelado que estas operaciones hubieran tenido lugar como es el comité de auditoría del Canal Isabel II, al Cámara de cuentas o los auditores de KPMG, que han incurrido en negligencia de sus obligaciones legales ”. Gutiérrez también ha recordado que “los accionistas de estas empresas en Latinoamérica eran reconocidos por ser especialistas en tramas de blanqueo de capitales y operaciones con paraísos fiscales”.

“El Gobierno de Cristina Cifuentes estaba al corriente de estas operaciones dado que cuando se aprueban las cuentas económicas consolidadas se toma la decisión, cuando Ángel Garrido es consejero de Justicia y presidente de Canal Isabel II, de capitalizar los préstamos que se habían dado a una de las empresas instrumentales que había en Uruguay y se utilizaron para la compra de esta empresa brasileña”, ha añadido el diputado de Podemos.

El Canal Isabel II ya había solicitado al empresario dominicano Ángel Rondón su salida como copresidente de la filial AAA Dominicana, ya que está siendo investigado por los tribunales de este país por supuestamente recibir 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht con los que presuntamente se pagaron sobornos a funcionarios dominicanos.