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El juez encarcela a Ignacio González por sacar un millón de euros de la Comunidad "para sanear" las cuentas del PP

El juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de  Navalcarnero y la distracción de dinero de las filiales del Canal en Latinoamérica

Ignacio González está acusado de trasvasar fondos desde las empresas públicas a las arcas del partido en 2011 cuando accedió a la secretaría general en sustitución de Granados

Velasco envía a prisión a la mano derecha del Ignacio Gonzalez en el Canal e impone una fianza de cuatro millones a su hermano Pablo, para evitar la cárcel

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El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llega a su despacho escoltado por agentes de la Guardia Civil tras su detención

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llega a su despacho escoltado por agentes de la Guardia Civil tras su detención EFE/Ballesteros

El juez Eloy Velasco ha mandado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su mano derecha en el Canal de Isabel II Edmundo Rodríguez Sobrino. Para ellos no existe la posibilidad de pagar una fianza para evitar la prisión. El magistrado de la Audiencia Nacional que ha instruido este sumario desde 2015 los señala como los dos cerebros de una red que distrajo millones de euros de diferentes empresas públicas de la Administración madrileña.

Velasco atiende así el criterio de los fiscales de la Operación Lezo, que habían pedido prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid y también para su enlace para los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Al hombre que lo fue todo en los Gobiernos de Madrid desde hace más de una década Eloy Velasco lo acusa de sacar un millón de euros de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, una empresa pública que ha llegado a manejar presupuestos superiores a los 200 millones de euros anuales, "para sanear" las cuentas del Partido Popular. Sucedió, según fuentes de la investigación, a finales de 2011 cuando González llegó a la secretaría general del PP madrileño en sustitución de su enemigo interno, Francisco Granados. Se habían celebrado las elecciones municipales y autonómicas y el partido no disponía de dinero en la caja. La hipótesis que figura en el sumario es que González utilizó a las empresas públicas más pujantes de la Administración para desviar fondos hacia el partido y pidió a sus responsables inflar contratos para lograr ese dinero.

El sumario Lezo apunta a que en la Agencia Informática se hincharon las facturas de Indra, uno de sus principales proveedores y que organizaba el recuento de las jornadas electorales también y la base de datos de la red hospitalaria, y de la consultora Price Waterhose, otra adjudicataria habitual de la empresa pública.

Ninguna de esas prácticas resultan extrañas para el juez Eloy Velasco, que ya constató hechos parecidos en el sumario Púnica con los mismos protagonistas: la Agencia Informática y su cliente Indra, una multinacional cuya sede en Madrid recibió la visita en los últimos días de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que practicó registros e hizo acopio de abundante documentación.  

Los investigadores también vinculan a González con la compra, a través de una filial del Canal de Isabel II, de una sociedad de ingeniería en Brasil por 21 millones de euros. Solo unos meses después, la empresa tenía un valor contable de cinco millones. Por el camino una parte de de ese dinero acabó en una cuenta suiza. El intermediario de la operación fue detenido esta semana al otro lado del charco. La sospecha del juez, los fiscales y la Guardia Civil es que González y su entorno distrajeron un porcentaje del dinero. La ingeniería contable se la atribuyen los investigadores a Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González y también su acompañante en un viaje a Cartagena de Indias donde ambos fueron espiados y grabados en vídeo con unas bolsas de plástico sospechosas. 

Pero las acusaciones contra Gónzález en la Operación Lezo no se acaban ahí.  Según fuentes de la investigación, el magistrado Eloy Velasco le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros procedentes de la empresa OHL, propiedad del exministro Juan Miguel Villar Mir. La mordida se pagó para que la constructora se hiciera con la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero, un proyecto fallido.

El representante de OHL, Miguel López Madrid, también está acusado de graves delitos, aunque después de declarar ha logrado evitar la prisión siempre que abone 100.000 euros de fianza antes del próximo 28 de abril. 

En las acusaciones que pesan contra González,  el todopoderoso sucesor de Esperanza Aguirre, presidente regional entre 2012 y 2015,  se le atribuyen también irregularidades en la concesión del campo de golf a una sociedad vinculada a su famila en el barrio de Chamberí, la participación en una trama de facturación ficticia y el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo.

González se ha sentado ante el juez a las 18.00 horas de este viernes y ha estado declarando hata las 20:45. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente madrileño ha negado todos los hechos de los que se le acusa y ha intentado revestir de legalidad todos sus actos como presidente del Canal primero y del Gobierno de Madrid después. Durante sus casi tres horas de testimonio ha tenido que escuchar algunos de los pinchazos telefónicos que le hicieron los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Fuentes de la investigación aseguran que no han conseguido averiguar durante las declaraciones de este viernes quién dio a los acusados el chivatazo de que estaban siendo escuchados por la Guardia Civil.

Prisión para el hermano y el cuñado de González

A última hora del viernes, estaba previsto que González y Rodríguez Sobrino fuesen conducidos desde los calabozos de la Audiencia Nacional a la cárcel de Soto del Real, donde ingresarán en el módulo de admisiones. El mismo camino recorrerá Pablo González, hermano del expresidente Madrileño, a quien el juez ha impuesto prisión bajo fianza de cuatro millones de euros.

El ya exdirectivo de Mercasa se ha negado a responder a las preguntas del juez Velasco y los fiscales del caso. Este viernes se ha conocido un auto del magistrado que le acusa de aprovechar la influencia de su hermano en el Gobierno de Madrid para lucrarse con negocios personales en tres continentes. El escrito recoge también que llegó a pagar comisiones al Gobierno bolivariano de Venezuela a cambio de contratos en aquel país.

El cuñado de Ignacio González, José Juan Caballero, ha optado por la misma estrategia y no ha dicho una palabra en el interrogatorio. A Caballero se le considera un integrante más del entramado familiar que se habría servido de la cercanía con Ignacio González y su influencia política para enriquecerse. En su caso, gracias a la construcción del Campo de Golf de Chamberí. El juez ha decidido enviar a prisión a Caballero con una fianza de 100.000 euros.

El primero en comparecer en la Audiencia Nacional durante la mañana del viernes había sido Edmundo Rodríguez Sobrino, el enlace de la trama con latinoamérica. El juez le adjudica  un papel fundamental en las irregularidades que investiga este voluminoso sumario. Como responsable de Inassa, la filial del Canal en latinoamérica, impulsó la compra de una empresa brasileña  por cuatro veces más de lo que costaba realmente. Su secretaria, Clarisa Guerra, ha quedado en libertad tras la declaración y solo tendrá que comparecer mensualmente.

Libertad para el exresponsable de la Agencia Informática

El antiguo responsable de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, ha sido el último en declarar ante el juez Velasco y lo ha hecho durante aproximadamente una hora. La Fiscalía ha pedido que entre en prisión sin fianza, pero el juez ha acordado dejarlo en libertad. Eso sí, entrará en prisión si no abona 100.000 euros antes del día 28 de este mes. El instructor de la causa sostiene que fue él, siguiendo órdenes de González, quien engordó facturas de la empresa pública para que Indra y otras adjudicatarias de contratos operasen como una caja B para el PP madrileño. 

El ex director general del Canal de Isabel II, Adrián Martín, y la anterior responsable de finanzas, María Fernández Richmond, declararon a última hora del jueves. El primero ha presentado ya el aval de 100.000 euros que le ha impuesto el juez para salir de prisión. La segunda deberá reunir cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. Richmond además de alto cargo en el Canal es la pareja de Javier de Andrés, el consejero delegado de Indra, también imputado en la trama Púnica.

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