Los cabecillas de Lezo aprovechan el relevo del juez Velasco para intentar salir de la cárcel

La salida del juez Eloy Velasco del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha dado esperanzas a los principales cabecillas del caso Lezo. Encarcelados desde mediados del mes de abril, han pedido declarar voluntariamente ante el nuevo juez instructor, Manuel García Castellón, con la esperanza de que este les rebaje o, en su caso, imponga una fianza que puedan asumir para salir de prisión.

La exdirectora financiera del Canal, Maria Fernanda Richmond ya lo ha conseguido, y los dos principales implicados, Edmundo Rodríguez e Ignacio González, quieren seguir sus pasos.

García Castellón se reincorporó a su plaza a comienzos de junio, tras más de 16 años fuera de la Audiencia Nacional. Desde el año 2000 había ejercido como juez de enlace, primero en Francia y luego en Italia. Cuando Velasco consiguió una plaza en la recién creada Sala de Apelaciones, en un concurso impugnado por sus compañeros, este juez decidió volver a su plaza. De lo contrario, se habría hecho un concurso para elegir a su sustituto.

Velasco dejó su juzgado con la trama Púnica casi cerrada, pero con el caso Lezo aún incipiente. Tomó declaración a los principales cabecillas, pero dejó para después del verano el grueso de las comparecencias. Todavía tienen que desfilar ante el juez más de 50 acusados de haber tenido algún tipo de papel en los negocios del clan González y de su hombre en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez.

Con el relevo ya consagrado y tras un margen prudencial para que García Castellón se haya aclimatado al trabajo que abandonó hace más de una década, han empezado los movimientos entre los acusados que siguen en prisión. María Fernanda Richmond, quien fue directora del Canal de Isabel II entre 2012 y 2016, solicitó la semana pasada declarar voluntariamente. Lo había hecho ya tras su detención en abril, cuando fue enviada a prisión bajo una fianza de cuatro millones de euros a la que no pudo hacer frente.

Richmond se desligó ante el nuevo juez del caso de las irregularidades del Canal durante su época, como la compra de Emissao por cuatro veces más de lo que costaba. Pidió a García Castellón una reducción de las medidas cautelares para poder defenderse “en libertad” y este accedió: rebajó su fianza de cuatro millones de euros a 100.000. Richmond tardó dos días en reunir esa cantidad para abandonar Soto del Real.

Rodríguez, en el centro de la trama

Edmundo Rodríguez será el siguiente. Pidió declarar voluntariamente hace unos días y el juez le había citado inicialmente para este martes, aunque ha retrasado su comparecencia sin fecha. Su intención es la misma que la de Richmond: conseguir que el juez afloje la situación de prisión sin fianza por la que lleva encarcelado desde el pasado 19 de abril. En su caso, tendrá más dificultades para desligarse de la operación de Emissao, porque los investigadores le otorgan en esa trama un papel protagonista.

Rodríguez había pilotado esa operación desde el principio, plantando sus cimientos años antes de que se llevase a cabo. Con ayuda del abogado Ignasi Maestre, constituyó una empresa pantalla en Uruguay para comprar Emissao por 21 millones de euros, cuando su precio real no superaba los cinco. Los investigadores creen que parte de los fondos, que acabaron en Suiza, volvieron luego a los bolsillos de Rodríguez.

De hecho, los fiscales del caso y agentes de la Guardia Civil localizaron en su piso de Barranquilla (Colombia) 260.000 euros en efectivo y pruebas del desvío de dinero hacia sus sociedades. El sumario del caso recoge también que Rodríguez ha tratado de ocultar su elevado patrimonio -una parte se encuentra a nombre de su hija Patricia- tras saber que estaba siendo investigado. Ese patrimonio, integrado por casas de lujo en Londres, Colombia o República Dominicana, fue esgrimido por la Audiencia Nacional a principios de junio para denegarle la puesta en libertad que había pedido.

Tras Rodríguez será previsiblemente el turno de Ignacio González. El presunto cabecilla de esta trama también ha pedido declarar ante el nuevo juez para intentar conseguir una rebaja de las medidas cautelares. Fue detenido el pasado 19 y desde entonces comparte celda en Soto del Real con su hermano Pablo, que tiene impuesta una fianza de cuatro millones de euros.

González volverá a responder por los hechos que le llevaron a prisión, que ya negó en abril, y su defensa no ha anunciado que vaya a aportar nueva información o asumir algunas de las acusaciones. Además de la compra de Emissao, que se produjo durante su presidencia de la Comunidad de Madrid, González está acusado de financiar ilegalmente al PP con ayuda de empresas públicas y privadas. La Guardia Civil también sostiene que su familia se lucró con el amaño en la construcción del Campo de Golf del Canal.

“Me las apañaré con el titular, ¡coño!”

En la declaración de González hay una circunstancia añadida. El expresidente madrileño fue grabado hablando sobre el juez ante el que ahora quiere declarar, cuando los agentes de la Guardia Civil le pincharon el teléfono y colocaron micrófonos en su despacho durante la investigación del caso. Fue una conversación con Eduardo Zaplana, el exministro de Trabajo, con quien trataba a menudo el curso de sus problemas judiciales.

El pasado 22 de noviembre de 2016, en la misma conversación en la que comenta lo buen fiscal Anticorrupción que sería Manuel Moix, González expresaba su deseo que Velasco fuera apartado en favor de García Castellón: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, ¡coño!”.

Velasco ha sido ascendido y el titular ha vuelto. González se podrá “apañárselas” con él previsiblemente en los próximos días. Primero será el turno de su testaferro en Latinoamérica y el resultado de esa declaración dará pistas sobre si el expresidente madrileño tiene posibilidades de conseguir una rebaja de sus condiciones penitenciarias.