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Cinco magistrados de la Audiencia Nacional recurren el concurso que permite a Velasco dejar su juzgado

El juez de Púnica y Enrique López obtuvieron la especialidad en penal exigida ahora por el Gobierno para la nueva Sala de Apelaciones en una oposición menor hace más de veinte años

Los recurrentes alegan que ellos superaron una prueba más exigente en 2011, anulada en parte por el Supremo, y que el CGPJ no ha convocado una nueva como prevé la ley

La Sala que revisará todas las sentencias de la Audiencia Nacional estará integrado por Eloy Velasco, con apenas experiencia en poner sentencias, y Enrique López, recusado por su proximidad al PP

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco EFE

Cinco magistrados de la Audiencia Nacional presentaron el mes pasado un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial contra la convocatoria que han ganado este miércoles Eloy Velasco y Enrique López y que les convierte en miembros de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La elección de Velasco aparta al magistrado de los dos casos más graves de corrupción entorno al Partido Popular de cuantos se encuentran en fase de Instrucción, Púnica y Lezo, y le ubica en la instancia que tendrá capacidad para revisar todas las sentencias que dicten sus compañeros de la Sala de lo Penal.

La Sala de Apelaciones es un proyecto aprobado por el Gobierno de José María Aznar al final de su mandato. Responde a los reiterados llamamientos de las instancias europeas acerca de la inexistencia de una segunda instancia real para las condenas de la Audiencia Nacional. Los fallos del Tribunal Supremo ante recursos de casación están limitados de tal forma que no pueden entrar a revisar, por ejemplo, los hechos que la Audiencia Nacional ha considerado probados en una sentencia.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno retomó el proyecto de la Sala de Apelaciones, en un cajón desde 2003. El Consejo de Ministros de ese viernes aprobó la creación de 16 plazas de magistrado, tres de ellas para la Sala de Apelaciones. El acuerdo posterior del Consejo General del Poder Judicial, de 11 de abril de 2017, especificaba que, a igualdad de méritos de antigüedad, el concurso se resolvería a favor de quién ostentase esa especialidad. Y es aquí donde radica la polémica.

Desde ese momento, Enrique López y Eloy Velasco entraron en la quiniela por ser magistrados de la Audiencia Nacional con una especialización en derecho penal que pocos detentan. Velasco instruía desde hacía meses la pieza secreta del caso Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid y, bajo secreto en ese momento pero víctima de varios chivatazos, el caso Lezo, que mantiene a día de hoy a Ignacio González en prisión provisional.

El Gobierno ya había puesto un puente de plata a Velasco para incorporarse a un puesto de cooperación internacional al que el propio magistrado dejó de aspirar cuando se rebajó su dotación económica. Con el nombramiento de este miércoles, Velasco obtiene una plaza muy deseada, gana más dinero y abandona el intenso trabajo de un Juzgado de Instrucción para ceñirse a revisar sentencias. En una entrevista a El Mundo, Velasco aseguró recientemente que con los medios que tiene en su juzgado no puede enfrentarse a la corrupción.  

Los magistrados recurrentes alegan en su escrito del pasado 21 de abril que superaron unas pruebas de especialización convocadas por el CGPJ en 2011 que luego anuló el Tribunal Supremo. En su fallo, el Alto Tribunal especificaba que, en cualquier caso, la superación de esas pruebas, muy exigentes y a las que se concurría de forma anónima, serían tenidas en cuenta como mérito para la promoción futura en la carrera judicial. Después, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015 aprobó que el CGPJ convocara nuevas pruebas de especialización. Pero el actual Poder Judicial nunca ha llegado a hacerlo.

Una oposición sencilla hace veinte años

La consecuencia es que a aquellos magistrados que superaron unas pruebas tan exigentes han quedado descartados para la Sala de Apelaciones por no detentar una especialización que López y Velasco obtuvieron hace más de veinte años. Ambos figuran entre los que completaron entonces un curso que les permitía pasar de juez a magistrado entre uno y dos años antes que sus compañeros de promoción. La oposición se ceñía unos setenta temas, un temario considerado menor en la carrera judicial, e incluía convertirse en especialista de penal y civil.

Los magistrados Ángel Hurtado, Manuela Fernández de Prada, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarrri firman el recurso ante el CGPJ que, de ser rechazado, será analizado en última instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Hasta que haya fallo del Alto Tribunal, Velasco y López se incorporarán a la Sala de Apelaciones. Al primero fuentes jurídicas le critican llegar a tan selecto puesto sin apenas haber puesto sentencias; y al segundo ser uno de los dos magistrados recusados por sus compañeros de la Sala de lo Penal en el caso Gürtel por su proximidad al Partido Popular. Junto al presidente del tribunal, que será designado proximamente por el CGPJ, revisarán los fallos más relevantes en España en materia de corrupción, entre otras. 

En el caso de que el Tribunal Supremo de la razón a los cinco jueces que han recurrido, Velasco y López dejarían la Sala de Apelaciones y quedarían adscritos a la Audiencia Nacional, pero nunca recuperarían sus antiguos puestos. El CGPJ también ha convocado este miércoles la plaza que Velasco ocupaba de forma interina en el Juzgado de Instrucción número 6. El elegido será el más antiguo de cuantos magistrados se presenten. Según fuentes jurídicas, el sustituto de Velasco no tardará más de un mes y medio en ser elegido. Eloy Velasco puede solicitar permanecer en el juzgado hasta ese momento.

Otros magistrados que han quedado fuera y que aspiraban a la Sala de Apelaciones son el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el conservador Carlos Valle, ambos mucho más antiguos en la carrera que López y Velasco pero sin la especialización en penal. También se presentaron Fernando Grande Marlaska, Fernando Andreu, Carmen Lamela y el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.

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