Presentan una queja ante el Poder Judicial por el caso Ana Belén Pintado, la 'bebé robada' de Campo de Criptana

El caso Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana en Ciudad Real, como niña robada a principios de los años 70 del siglo XX a su familia biológica, sigue su curso ante los tribunales con novedades procesales tras la reactivación del caso a finales de 2025.

De la investigación abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo la adopción de Ana Belén se ha derivado la aparición de un documento que quizá permita tirar del hilo en un caso complejo, según ha confirmado la abogada de la querellante Itziar Bilbatua.

De forma reciente se ha detectado que el número de expediente de la adopción de Ana Belén anotado en el libro de registro del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid en el año 1973, “no existe”, señala la letrada. “Hemos pedido que nos trasladen copia de ese procedimiento y resulta que el número asignado corresponde a un procedimiento de reclamación de una cuantía, una letra de cambio, no a una adopción”.

“Se le dio, en aquel juzgado, un número de procedimiento que no tiene nada que ver con una adopción”, detalla Bilbatua, porque en realidad se refiere a un juicio cambiario, un proceso judicial por el que se reclama el pago de una deuda que tiene que ver con cheques, letras de cambio o similares.

Pese al hallazgo, lamenta la abogada, la jueza que instruye el caso no investigará este dato que “puede tener visos de supuesta falsedad”. No se ha estimado la solicitud de diligencias para citar a declarar a quienes dirigían aquel juzgado en la época “por si hubiera una presunta irregularidad”, así que la defensa de Ana Belén ha optado por interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. “Es como si no hubiera ganas de investigar. Hemos pedido que se localice el expediente y que se analice. Es posible que así podamos avalar nuestra hipótesis: que no hubo abandono ni adopción sino robo directamente de la niña”.

Hace algo más de tres meses el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid tomó declaración a su madre biológica Pilar Villora y también a una administrativa y dos matronas de la clínica María Cristina de Madrid donde nació Ana Belén.

Una de las matronas solicitó el archivo del procedimiento de instrucción del caso, pero su petición fue rechazada y la instrucción seguirá adelante, con una prórroga para completarla hasta el 8 de agosto. “Se sigue investigando pero se alimenta poco el derecho de defensa”, comenta la letrada, después que tampoco se admitiese el planteamiento para abordarlo como un presunto caso de desaparición forzada que además, esgrime la defensa, “no es el único” en España.

La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad. El caso ha sido archivado en dos ocasiones pero a comienzos de diciembre de 2025 se reabrió.

“Al día siguiente de nacer Ana Belén aparece el reconocimiento de la madre adoptiva como madre biológica. No hay documento de renuncia por parte de la madre biológica real. No hay nada. Incluso hay otro documento en el que los padres adoptivos - que ya fallecieron y que nunca le dijeron nada a Ana Belén- aparecen como 'poco promocionados'. Es decir estaban a la cola de la lista para adoptar”.

En este caso, todos los caminos siguen abiertos. “Documento a documento y paso a paso. No sabemos a dónde nos puede llevar”, asegura la abogada que confía también en que la Fiscalía sea “proactiva”, aunque sabe que no será sencillo. “Nos queda saber si la jueza considera o no que hay base para abrir juicio oral”.

Una ley estatal sobre 'bebés robados' estancada

Amnistía Internacional ha acompañado el caso durante estos meses. La organización humanitaria lleva años insistiendo en la necesidad de “investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad” sobre los casos de bebés robados que tildan de “violación de derechos humanos” y lamentan que su esclarecimiento se haya prolongado en el tiempo “por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda”.

Sobre la mesa del Congreso de los Diputados está lograr aprobar una norma estatal sobre 'bebés robados', cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 sin que se haya culminado hasta la fecha. Para Amnistía Internacional “es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva. En esas mismas fechas expertos de la ONU hicieron lo mismo.

La organización humanitaria considera que esta ley “debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda”.