El juez Peinado acumula damnificados en su causa contra Begoña Gómez

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes.