El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.

Obras desde febrero

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.

Resolución judicial inminente

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

“Es el mayor proyecto urbanístico que hoy por hoy amenaza al litoral andaluz”. La sentencia es de Luis Domínguez, coordinador en Huelva de Ecologistas en Acción, organización que lleva un par de años batallando contra la megaurbanización de lujo Sagitta, en El Rompido, núcleo costero del municipio de Cartaya. En segunda línea de playa, en lo que hoy es una enorme masa forestal, está prevista la construcción de un proyecto que ha hibernado durante más de una década y que prevé un millar de viviendas (la promotora apunta a un mínimo de 800), tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento.

La constructora –Loiola, que no ha querido hacer valoraciones a este periódico– ha empezado ya la comercialización de las primeras 150 casas de lo que será un enorme resort de lujo que se extenderá sobre una superficie aproximada de 1,3 millones de metros cuadrados. La compañía cuenta con el permiso urbanístico del Ayuntamiento de Cartaya (que tampoco ha querido hacer comentarios) y ha recibido del Gobierno andaluz la necesaria autorización ambiental unificada, que reconoce la existencia de especies vegetales protegidas en el entorno pero da por buenas las medidas correctoras que propone la promotora.

Todo ello, además, pese a que Ecologistas en Acción (una de las entidades que presentó alegaciones al proyecto) considera que todavía no se ha resuelto el trámite administrativo, ya que la Junta ha desestimado el recurso de alzada presentado en su día pero todavía no lo ha comunicado oficialmente. Y también pese a que el Juzgado de lo Contencioso 2 de Huelva ha aceptado el recurso de reposición contra la aprobación municipal del proyecto de urbanización, una judicialización sobre la que los conservacionistas aseguran que hay obligación de informar a los posibles compradores de estas casas.

El proyecto de urbanización que se pretende tumbar lo ratificó la junta de gobierno cartayera el pasado mayo, bendiciendo así un plan parcial para esta zona (Nuevo Rompido Este) que se aprobó definitivamente en 2012, tras un dictamen ambiental positivo que se remonta a 2007 y avalado por la autorización ambiental unificada que concedió la Consejería de Medio Ambiente hace un año. “Este proyecto no se aprobaría con la legislación de hoy”, señala Luis Domínguez, que recuerda que hace un año empezaron en la zona movimientos de tierra que se atribuyeron a catas arqueológicas por el Ayuntamiento, gobernado hoy por el PP pero por el PSOE cuando se acometió la operación urbanística.

Campos de golf en los alrededores

La gran urbanización se ha bautizado como Sagitta (flecha, en latín) por la singularidad de un enclave único en Andalucía, la Flecha del Rompido, una lengua de arena de más de una decena de kilómetros que discurre paralela a la línea de costa y que separa el río Piedras del Atlántico. La zona tiene una población estable de unas 2.000 personas, que se multiplica exponencialmente en verano gracias a que acoge numerosas zonas residenciales.

El caso es uno más de los que salpican diferentes puntos del litoral andaluz, enormes complejos de viviendas en zonas vírgenes cerca de la playa –la primera línea ya está colmatada– que se articulan alrededor de hoteles y un campo de golf. En este entorno, de hecho, ya existen dos instalaciones de este tipo, uno con 18 hoyos y otro enorme con 36.

Ecologistas en Acción basa su oposición al proyecto en que viene a complicar aún más la situación en una zona turísticamente ya saturada y, sobre todo, en que en el espacio en el que se va a levantar hay 14 tipos de plantas con distintos niveles de protección, algo que la propia autorización ambiental reconoce pero considera que la cuestión queda resuelta porque el diseño urbanístico las ubica en los espacios libres de la megaurbanización. La zona cuenta con un extenso sabinar, pero el foco se pone en los enebros costeros, sobre los que se apunta que aunque se conserven in situ “existe una afectación del hábitat, pudiendo haber un empeoramiento de su estado de conservación si no se acometen una serie de medidas”.

“Sostenibilidad ambiental, social y económica”

Es más, sobre la población de estos árboles se apunta que “la reducción del hábitat y el aumento de la presión antrópica que se prevé en el futuro hace necesario mejorar el estado de conservación de esta zona”, imponiendo una serie de requisitos que incluyen un refuerzo poblacional para lo que incluso habrá que recolectar semillas en los alrededores. En el caso de otra planta, la Loeflingia baetica, el informe señala que “no se debe alterar el estado actual de las zonas identificadas como hábitat de esta especie”, pero la autoridad ambiental da por bueno enmarcar estas poblaciones en las zonas libres porque así “su gestión es compatible con el proyecto de urbanización”.

El análisis también admite la cercanía de la urbanización a dos espacios protegidos, el estuario del río Piedras y el paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. El propio proyecto constructivo reconoce que tendrá repercusiones indirectas sobre el medio atmosférico, suelo, vegetación, fauna y hábitats de interés comunitario, pero concluye que no es previsible que estos impactos sean incompatibles con estas zonas “siempre que se apliquen las medidas minimizadoras previstas”.

Loiola, por su parte, promociona Sagitta como un proyecto basado en la “sostenibilidad ambiental, social y económica”, subrayando su compromiso con “la adaptación al cambio climático, la preservación del entorno natural y el bienestar de sus habitantes”. Así, y adoptando “los principales estándares de sostenibilidad en construcción y urbanismo”, la compañía asegura también que minimizará las huellas de carbono e hídrica.

La cuestión del agua y de la depuración

La cuestión del agua es otra que pone en el punto de mira Ecologistas en Acción. “Al margen del gravísimo impacto ambiental del proyecto”, resalta Luis Domínguez, que considera que no están garantizados ni los recursos hídricos ni la depuración de las aguas residuales. La actual depuradora, insiste, ya no puede dar servicio a las miles de personas que se concentran en verano, y menos podrá hacerlo con una promoción que supone casi duplicar la actual extensión urbanizada de El Rompido.

La promotora prevé lanzar inicialmente dos complejos residenciales, Sagitta Silva (con 128 casas) y Sagitta Navis, un conjunto exclusivo de 18 viviendas. El resto se irá completando con el paso del tiempo para conformar Sagitta El Rompido Living Club, que según la publicidad de la propia empresa es “uno de los principales desarrollos urbanísticos de Andalucía”, un polo residencial y de ocio “en uno de los enclaves naturales más singulares del Atlántico andaluz”.

Con una superficie de 130 hectáreas, el número de viviendas oscilará entre 800 y 1.000, tanto plurifamiliares como villas y adosados, “con acceso a beach club, campo de golf, plazas hoteleras, piscinas, zona wellness, una selecta oferta gastronómica y espacios de shopping”. “Todo ello junto a los pinares de Cartaya, una extensión de 12.000 hectáreas para disfrutar de la naturaleza”, remacha la promoción.

“Este proyecto fomenta un modelo turístico basado en un exceso de presión humana y urbanización en zonas de alto valor ecológico y paisajístico como El Rompido, generando elevados beneficios económicos a corto plazo para empresas del sector inmobiliario y también elevados impactos negativos en una zona donde la capacidad de carga del territorio ya está sobrepasada durante los meses de verano”, defendían las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y ratifica Luis Domínguez. Una megaurbanización que ha esperado su momento durante una década larga, “porque durante unos años el ladrillo no era negocio pero ahora vuelve a serlo”.

Ciudadanos no entrará finalmente en el equipo de Gobierno tripartito del Ayuntamiento de Cartaya. A pesar de que este partido había aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense, finalmente, por sorpresa, esta mañana su único concejal, Israel Medina, ha renunciado a las competencias que el alcalde había comunicado por decreto.

Todo ello tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad.

En el Pleno de esta mañana se iba a aprobar el documento del reparto de competencias, en el que Polo sería a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estaría el único edil de Cs, Israel Medina. Finalmente, en su primera intervención, Medina ha dicho que renuncia “a todo” lo que se iba a aprobar para él.

El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está, y ha sido determinante para que Medina tome esta decisión.

De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Renuncia por sorpresa

Hasta anoche, Medina iba a ser, como se refleja en el decreto de alcaldía al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, delegado de Turismo, Innovación y Desarrollo, Educación, Deportes y Juventud. “Asimismo se delega la competencia para coordinar las concejalías integradas en el área de Urbanismo e Infraestructuras”, según cita el documento.

Sin embargo, la dirección regional de Ciudadanos, que ya le advirtió de que en la sesión de investidura no debía apoyar a Polo (que tiene cinco concejales por tres del alcalde elegido finalmente), ha podido más que la oferta del alcalde, y finalmente será edil de la oposición.

No obstante, el acuerdo firmado entre el tripartito que llevó a Barroso a la alcaldía contempla que cada 16 meses se alternarán en la alcaldía los cabezas de lista de los partidos firmantes. Para que ese acuerdo se cumpla y Ciudadanos apoye a Polo en su hipotética investidura o es desimputado o los independientes ponen a otra persona en su sillón.

Precisamente, esas dos condiciones son las que Medina puso para aceptar hoy las competencias que se le iban a designar. Al no ser cumplidas ninguna de ellas, seguirá -de momento- en la oposición.

Ciudadanos ha aceptado formar parte del gobierno municipal de la localidad onubense de Cartaya tras un pacto alcanzado con el PP y el partido Independientes de Cartaya (ICA), uno de cuyos ediles, Juan Polo, está siendo investigado por varios delitos al haber edificado en un terreno presuntamente no urbanizable de su propiedad. Polo será a partir de ahora primer teniente de alcalde en un equipo liderado por Manuel Barroso, del PP, y en el que también estará el único edil de Cs, Israel Medina. 

El caso no llamaría la atención si no fuera porque una de las premisas del Código Ético del partido de Rivera es no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está. 

De hecho, tiene que responder por un presunto delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero. Según el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, Polo está siendo investigado por  edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias, como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Aunque en un principio el acuerdo firmado por los tres partidos iba encaminado a que Polo repitiera en la alcaldía -ya fue alcalde de Cartaya anteriormente, pero nunca en mayoría absoluta-, Ciudadanos no quiso apoyar que el edil independiente se hiciera de nuevo con el bastón de mando alegando precisamente su imputación, y finalmente salió elegido el presidente del PP local, Manuel Barroso.  

Todo se precipitó en horas, ya que el 14 de junio Polo se acostó alcalde, pero a primera hora de la mañana del sábado 15, horas antes del Pleno de investidura, Ciudadanos decidió modificar su voto, haciendo alcalde al candidato del PP, que sólo tiene 3 de los 17 concejales de Cartaya.

Pero según el decreto municipal que se acaba de publicar con el organigrama del Gobierno municipal, Barroso ha decidido colocar como primer teniente de alcalde a Polo (ICAR). El equipo de Gobierno estará además formado por Israel Medina Pereles (Ciudadanos);  Eva Olimpia Moya (ICAR);  Rocío Cárdenas (ICAR) y José María Brito Carro (PP).

En su toma de posesión, Barroso presumió de que con su mandato comienza una “nueva etapa” en la que apostará por “una gestión pública honesta, desde el trabajo incansable, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos, que son los pilares de nuestro cometido en el Ayuntamiento”.

En aquella sesión, además de Barroso, se postularon otros dos candidatos a la alcaldía: David Domingo Fernández (IU), y Aleix Antonio Landero (PSOE), partido que ganó las elecciones en Cartaya, aunque por mayoría simple, igual que pasó en esta localidad onubense en las elecciones municipales de 2015. El dirigente del PP obtuvo el respaldo de los cinco concejales de ICAR, los tres del PP, y el único concejal de Ciudadanos, Israel Medina, que compartirá Gobierno con un imputado.

“Sólo se me imputa un delito”

A pesar de que el auto judicial cita claramente que está imputado por tres delitos, Polo ha emitido un comunicado en el que niega la mayor, para indicar que “sólo sigue en curso el presunto delito de prevaricación por omisión derivada de un procedimiento administrativo sancionador que, según el denunciante, se debería haber iniciado y no se hizo”.

“Tal procedimiento nunca se llegó a iniciar por asesoramiento técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento pues existía un proceso de regularización en curso que afectaba a casi un millar de edificaciones en el campo”, explica.

En el comunicado da cuenta de los procesos ya archivados, y destaca que “la última resolución del juzgado notificada con fecha 17 de junio de 2019 ha sido recurrida por un error manifiesto de la misma así como por la vulneración de diversos preceptos de la Ley reguladora de Procedimiento Penal, porque se le siguen imputando ”presuntos delitos que ya fueron archivados por las resoluciones anteriormente citadas“.

Cita por último, que “toda esta causa judicial fue abierta tras la denuncia presentada por un conocido militante y exconcejal del PSOE”, llevando el asunto judicial a una hipotética motivación política, además de decir que muchas personas se pueden ver perjudicadas si es condenado, porque “todo esto podría desembocar en el derribo del millar de edificaciones en el campo de cartayeros y cartayeras que se verían afectadas”.

El pasado sábado, el independiente Juan Polo se iba a convertir en alcalde de Cartaya (Huelva), localidad de casi 20.000 habitantes en la que el PSOE ha ganado sus dos últimas elecciones, pero por mayoría simple. Polo tenía el apoyo del PP, igual que en la última legislatura, y del único concejal de Ciudadanos. Sin embargo, en el Pleno fue elegido alcalde Manuel Barroso, con sólo tres concejales, por uno de Polo.

El cambio de rumbo en el imprescindible apoyo de Ciudadanos estaba destinado a “disfrazar” su apoyo a Polo, ya que con el acuerdo firmado sus responsables supieron que estaba imputado en una causa judicial que al final se ha sabido que se traduce en tres acusaciones distintas.

Será enjuiciado, según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Se le acusado de levantar distintas construcciones en una finca de su propiedad y no atender a los requerimientos que le hizo la Fiscalía en su momento.

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ayamonte ordena continuar la causa por procedimiento abreviado, y pone en una difícil situación a Ciudadanos, ya que el acuerdo en Cartaya conlleva que Barroso sólo será alcalde 16 meses, por 16 los independientes y 16 el partido de Rivera.

Por encima de la paradoja de que un pueblo de 20.000 habitantes lo gobierne un alcalde con un solo concejal, él mismo, fuentes de Independientes de Cartaya indican que se plantean la posibilidad de que Polo dimita y deje su acta cuanto antes, para que, cuando llegue el momento, Ciudadanos no se niegue a apoyar a un candidato imputado para ser alcalde.

El juez espeta al investigado que “a sabiendas de su injusticia, dejó de promover el inicio de las medidas pertinentes en vía administrativa para la restauración de la legalidad urbanística, o en su caso, expediente sancionador, en relación con las obras realizadas por él o personas de su entorno, sin licencia”, en una finca de su propiedad ubicada en el paraje Valle de las Yeguas de Cartaya.

Lo grave es que el suelo está clasificado como no urbanizable, y especialmente protegido por legislación específica de protección de cauces “y suelo no urbanizable de carácter natural o rural”, y señala que Polo, “en su condición de alcalde del municipio de Cartaya, pudo influir en los funcionarios prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo y de la situación derivada de su relación personal o jerárquica”.

El auto fue emitido por el juez el 7 de mayo. Salvo problemas con la notificación, las tres partes lo conocían cuando se comenzó a negociar la alcaldía de Cartaya.

Polo, que llegó a la política con el PSOE y fue mano derecha del alcalde socialista de Cartaya, Juan Antonio Millán, durante varios años, es uno de los precursores de que su partido Independiente tenga ramificaciones en varios pueblos de la provincia de Huelva.

El acuerdo alcanzado la noche del pasado viernes fue comunicado en Facebook por Manuel Barroso. Dando detalles de la negociación. Desde Ciudadanos se apresuraban a decir que el acuerdo estaba alcanzado “pero se sigue negociando”. El post fue borrado poco después.

El sábado por la mañana, Ciudadanos no quiso valorar la situación, remitiéndose a un comunicado en el que se limitaba a decir que “ha alcanzado un acuerdo de investidura con el PP en el marco del acuerdo programático existente entre los dos partidos en Andalucía”. Ni una mención ni a la imputación del candidato que iba a apoyar y que terminarían apoyando en 16 meses.

El candidato del partido Independientes por Cartaya (ICAR) será de nuevo alcalde de la localidad onubense, en unas condiciones similares a cuando tomó el bastón de mando en 2015: tras ganas las elecciones el PSOE y firmar un tripartito para hacerse con la alcaldía.

En esta ocasión, el asunto tiene más matices, ya que Polo, uno de los precursores de que su partido Independiente tenga ramificaciones en varios pueblos de la provincia de Huelva, se ha acogido a un pacto con el PP -él fue primer teniente de alcalde varios años con el PSOE- y el concejal que le falta se lo dará Ciudadanos.

Hasta ahí, lo normal, pero el caso chirría en tanto que Ciudadanos tiene en su código étixo, al menos así lo proclaman en público, no pactar con cargos electos imputados, y Polo lo está.

Prevaricación

El primer edil tiene que responder por un presunto contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, que habría cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero.

Se le acusa de edificar dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, desde que el juzgado ordenó una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Alternancia en la alcaldía

A pesar de esa imputación, Ciudadanos dará su único concejal a Polo para ser alcalde, en unas condiciones que, además, llaman bastante la atención, ya que contemplan, entre otras cosas, que cada 16 meses se alternarán en la alcaldía.

Sin haber precedente sobre algo así, aparte de ese acuerdo de alternancia, también resulta llamativo que Israel Medina, el candidato y único concejal de Ciudadanos, será alcalde durante un tiempo de una ciudad de casi 20.000 habitantes tras obtener sólo 534 votos. El PSOE obtuvo 3.120 y se queda en la oposición.

El resto del relato es para contar la forma en la que se ha sabido del acuerdo: mediante un post en Facebook del presidente del PP local, Manuel Barroso, en el que daba detalles de la negociación. Desde Ciudadanos se apresuraban a decir que el acuerdo estaba alcanzado “pero se sigue negociando”. El post fue borrado poco después.

Manuel Barroso se jactaba de haber alcanzando el acuerdo “después de tres semanas de intensas negociaciones” para buscar “el beneficio” del pueblo y en el que “solo hay un único ganador, que es Cartaya”, y señalaba que “quedan por delante cuatro años de intenso trabajo y mucha ilusión por seguir avanzando en la mejora de nuestro pueblo y en el bienestar de los ciudadanos”. Para el dirigente popular, “ha llegado el momento de gobernar”.

El anterior mandato también tuvo al frente de la Alcaldía de Cartaya al cabeza de lista de la formación independiente (con cinco ediles), que llegó a un acuerdo con el Partido Popular, que entonces obtuvo también tres representantes, y con el ya desaparecido Partido Andalucista (PA) que logró un concejal.

Sobre la alternancia en el bastón de mando, las fuentes consultadas no precisan si tiene que ver con la posibilidad de que el proceso contra Juan Polo avance hasta el punto de ser condenado. Por el momento, el antiguo teniente de alcalde socialista será alcalde este sábado. aún siendo imputado. Después, se verá.

Vuelta al cole en un prostíbulo y con fotos de mujeres que simulan ser colegialas. La llamativa campaña que ha puesto en marcha un club de alterne de la localidad onubense de Cartaya no ha pasado desapercibida y ha sido objeto de una denuncia, de momento, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), por la clara motivación a la pedofilia que se extrae de los carteles que se pueden ver por varios puntos de la comarca, en la costa occidental de la provincia.

Este organismo de la Junta ha denunciado la campaña al Observatorio andaluz de la publicidad tras recibir el aviso por parte del Movimiento Feminista de la provincia, que la había advertido en varios puntos estratégicos de la zona, con mensajes alusivos, entre otras cosas, a conseguir un bono de 300 euros para consumir en “servicios” del local.

Todo en torno a un conocido local que se encuentra funcionando desde hace varios años al pie de la Nacional 431, entre los municipios de Cartaya y Gibraleón. Allí, cerca de una rotonda para entrar en la autopista, y con una valla que protege de miradas desde la carretera las matrículas de los coches aparcados, sus gestores han decidido tirar del recurso de la vuelta a los colegios para captar clientela, pero el asunto se les puede volver en contra.

La coordinadora del IAM en Huelva, Eva Salazar, ha mostrado su “rechazo absoluto” a esta campaña, señalando que ·aunque no tenemos competencias para regular su actividad, si podemos controlar su publicidad, y es muy importante hacer una llamada a la ciudadanía, especialmente a los hombres, con campañas como estas“.

Para Salazar, los hombres, “como principales consumidores, tienen que saber que las mujeres no pueden estar en el mercado como material de consumo y si se hace uso de ellas lo que se fomenta es la trata y la explotación, que eso sí es un delito, además de que muchos estudios demuestran que no existe la prostitución voluntaria sin una situación de vulnerabilidad previa”.

“Es una campaña que incita indiscutiblemente a la pedofilia, usando uniformes de niñas en colegios que incitan a eso”, ha sentenciado.

Dos carteles distintos

La campaña se basa en dos carteles distintos, con fotos de mujeres con uniformes escolares “con el pecho casi a la vista y las piernas abiertas, mientras que el hombre que sale en la foto está perfectamente vestido, con su corbata y todo”. Quien lo explica es Laura Limón, en nombre del Movimiento Feminista de Huelva, que ayer se puso en contacto con el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Cartaya.

“Allí, me dijeron que están al tanto del asunto y lo sabe también el concejal de Seguridad, ”de cara a saber qué se va a hacer para tomar las medidas pertinentes“, sobre todo pendientes de saber la decisión que toma el Observatorio a raíz de la denuncia del IAM.

Limón es contundente: “Se pretende jugar con la pedofilia, intentando normalizar la atracción hacia los cuerpos no adultos, con un chico bien vestido y una chica casi con los pechos al aire”, para lamentar que “se ha puesto por todo el pueblo como si fuese una fiesta de colegio, lo que no es admisible, ni siquiera si fuese un instituto, porque también son menores sus alumnos”, recordando que “siempre es la mujer la que aparece como objeto”.

De esta forma, Limón ha dicho que el Movimiento Feminista estará pendiente del recorrido que tome este tema, con el fin último de que la campaña sea retirada, aunque la fiesta está anunciada, precisamente, para este viernes.

Entre otras reacciones, el PSOE de Cartaya ha pedido al equipo de Gobierno de la localidad que “actúe con contundencia y le exija al club de alterne instalado la retirada inmediata de la publicidad”. A juicio de la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Conso Benítez, “es inadmisible que en pleno siglo XXI y en un municipio avanzado como Cartaya se permita este tipo de publicidad que denigra la imagen de la mujer convirtiéndola en un mero objeto sexual. No podemos permitir este tipo de barbaridades ni que el nombre de Cartaya se relaciones con estos temas y, mucho menos, cuando se usa a mujeres con vestimenta de niñas, por el componente pedófilo que puede tener esta publicidad”.

Por eso, “esperemos que con la misma diligencia con la que ha actuado el IAM para denunciar esta publicidad, le pedimos al Ayuntamiento que también actúe exigiendo al local que retire este anuncio publicitario”.

Precedente en Cartaya

No es la primera vez que el municipio cartayero se enfrenta a una cuestión como esta, debido a su ubicación estratégica en la costa onubense, además de estar enclavado en un núcleo de pueblos (Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte), que supera los 80.000 habitantes.

El 19 de junio de 2010, el Ayuntamiento abría un expediente informativo a los clubes de alterne 'Harén' y 'Copas' por la colocación de cientos de carteles de forma indiscriminada en distintos puntos, como los alrededores de los centros educativos y edificios de carácter social.

El consistorio señalaba entonces que se trataba de un asunto que estaba deteriorando la imagen, el buen gusto “y la estética de pueblo andaluz de que goza la localidad”, por lo que se comunicó directamente a los propietarios y responsables de la empresa o empresas que gestionan ambos clubes de alterne “el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos de Cartaya” que estaba provocando dicha campaña publicitaria, exigiéndoles por ello la inmediata retirada de todos los carteles.

Los carteles fueron retirados por el Ayuntamiento, imputándose a ambas empresas el coste que supuso para las arcas municipales.

Los militantes del Partido Popular de Cartaya, localidad onubense que roza los 20.000 habitantes, se han rebelado contra la designación por parte de su partido del candidato a la alcaldía en las elecciones del próximo 15 de mayo. Y lo han hecho por escrito. En una carta que firman 180 de los 240 militantes cartayeros, en torno a dos tercios de la agrupación local, estos se muestran en contra del fondo y la forma en que el actual concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Cartaya y presidente de dicha formación en la localidad, Manuel Barroso, ha sido designado, y piden que no se presente a las elecciones representándoles. Así de claros y concisos.

Barroso fue elegido por su partido hace menos de un mes para encabezar la candidatura a la Alcaldía del municipio costero en las elecciones municipales de mayo de 2015, pero sus compañeros de partido en mayoría han presentado este martes ante la Dirección Provincial del Partido Popular el escrito en el que solicitan la impugnación del acuerdo de la junta ejecutiva local celebrada el pasado 29 de septiembre.

En esa reunión, Barroso fue elegido con 14 votos a favor frente a tres en contra y tres abstenciones. Pero los militantes no tuvieron voz en la votación, y aseguran en el escrito que están en desacuerdo “no solo con la designación del candidato, sino también por la forma en que se ha llevado a cabo, porque ha hurtando la decisión de la mayoría de los militantes”.

Pero además, en el mismo escrito, aluden a “defectos de forma” en la votación, como “haberse permitido votar a miembros del comité ejecutivo local colocados directamente” y de forma personal por el ‘autoproclamado’ candidato. Esto es que habría habido un inflado del censo para que ganase la votación. “Algunos era la primera vez que pisaban la sede del partido”.

“Hay un descontento generalizado con la forma de dirigir el partido que se ha implantado en Cartaya, y el partido está profundamente fracturado tras la dimisión de varios de sus miembros -en referencia a su dirección-, ya que el vicepresidente se ha dado de baja del partido, y hay otros que abiertamente manifiestan su malestar y disconformidad”.

“Ha impuesto su autoproclamación”

Las quejas van directamente al mismo Manuel Barroso, del que dicen que los militantes “no se merecen el comportamiento mostrado por el actual presidente local, Manuel Barroso, que impone su ‘autoproclamación’, sin contar con el respaldo y la aquiescencia del resto de militantes”.

El propio Barroso parece tomarse con filosofía el asunto. A pesar de que es un activo usuario de facebook, ha preferido no referirse a ello, al menos directamente, aunque no parece haberle gustado el tratamiento que se ha dado en algunos medios a este tema, concretamente en el grupo Publicaciones del Sur: “Buenos días, por favor, Jordi Landero -periodista de este grupo- cuando quieras machacarme en prensa pideme una foto, hijo, que las tengo mejores. Menos mal que me he puesto a régimen .Gracias”.

Más en serio se lo ha tomado la dirección provincial de su partido, que ha admitido haber recibido dicha petición, lo cual “ha generado a su vez una petición de información y documentación a la dirección local del partido”, aunque han asegurado que “a priori”, la petición de impugnación “no tiene visos de prosperar”, por lo que “se mantiene firme” la decisión del comité ejecutivo local de designar a Barroso candidato a la Alcaldía de Cartaya por dicha formación.

“Trabajador y con carisma”

El Partido Popular ha tenido en cuenta muchas variables a la hora de mantenerse firme, de momento, en su designación. Barroso es un hombre joven y con cierto carisma entre sus vecinos. Los que lo conocen de cerca lo definen como “un trabajador nato”, y ha sabido mantenerse al margen de las polémicas suscitadas en torno al pacto de gobierno en su ayuntamiento, donde gobiernan los independientes del alcalde, Juan Polo, en coalición con el PP y el PA, aunque este último partido dejó el pacto hace un mes.

Con estos condicionantes, se considera que puede ser clave su cara en el cartel para que el PP pueda gobernar el Ayuntamiento cartayero, y pelear en igualdad con Alexis Landero, el candidato del PSOE. Este último, a pesar de estar en la oposición, barrió en las elecciones europeas en su pueblo, y el PP no quiere arriesgar poniendo en el cartel a alguien que, al menos, no pelee con él en igualdad de condiciones.

Con todo ello, el escrito de los militantes del PP cartayero se puede quedar en papel mojado, aunque los que lo firman no parece que se vayan a conformar con quedarse en la gestión provincial si su petición es rechazada. El problema puede caer en las manos de Juan Manuel Moreno Bonilla, y ahí la gestión podría ser distinta.

La Policía Local de Cartaya, municipio que roza en su padrón los 18.000 habitantes, lleva un mes reivindicando una serie de mejoras para el cuerpo pero, a cambio, el Ayuntamiento, gobernado por una coalicióin Independientes-PP-PA, le ha comprado a los agentes una serie de herramientas, entre las que se encuentran un martillo y unas tenazas, lo que ha sido calificado por los agentes como “una burla”.

Tras un mes de conflicto, que el alcalde, Juan Polo (Independiente), asegura que se debe “solo a motivos económicos”. Este es el material que han recibido los policías, una situación que el sindicato CSIF califica de “irrisoria y vergonzosa”.

La Central Sindical considera “una falta de consideración y un menosprecio al trabajo de los agentes” que la corporación haya adquirido un martillo, tenazas, una segueta, alicantes y un rollo de cuerda ante las denuncias que viene realizando este colectivo por las “graves carencias e irregularidades” en las dotaciones. “No se están tomando en serio nuestras reivindicaciones centradas en la necesidad de contar con medios que cumplan la legalidad para poder

desempeñar nuestro trabajo de manera digna y garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud“, explican fuentes del sindicato, que convoca regularmente concentraciones a las diez de la mañana en la puerta principal del Ayuntamiento. En la última, acusaron al alcalde de ”orquestar una campaña de desprestigio contra la Policía Local mintiendo sobre las peticiones de este colectivo“.

Juan Polo, por su parte, ha escenificado la respuesta municipal en las nuevas instalaciones de la Policía Local, un edificio nuevo de dos plantas que enseñó a la prensa antes de dirigirse a ella para asegurar que “la Policía Local no cuenta ni con peores ni con menos medios de los que tenía cuando comenzó la legislatura; es más, ahora cuenta con un nuevo edificio, moderno, funcional, que duplica el espacio del anterior y que supone una mejora considerable con respecto al que tenían cuando llegó este Equipo de Gobierno”. En los últimos meses, insiste, “hemos ido dando respuesta a algunas de sus demandas de medios, con nuevos uniformes y armeros, que simplemente debido a la situación económica del Consistorio no habían podido satisfacerse, muchas de ellas carencias que se arrastraban incluso desde los tiempos en los que este Ayuntamiento tenía bonanza económica”.

De hecho, sostiene que en breve llegará un nuevo vehículo para el uso de los agentes, y sostiene que “algunas de las reivindicaciones se caen por su propio peso, ya que, por ejemplo en el caso de las armas, son las herramientas de trabajo de los agentes y son ellos los que deben velar porque se cumplan las revisiones de las licencias en tiempo y forma. Tampoco me parece lógico que sea el alcalde, que las firma una vez cada tres años, quien tenga que recordar los plazos”. Añade al respecto que “es una auténtica casualidad que se acuerden de que no pasaron la última revisión, casi un año después, y saquen el tema a relucir cuando no hay acuerdo económico con el Consistorio”.

Vuelta la pelota al tejado del sindicato, éste asegura que “las demandas de la plantilla no tienen ninguna vinculación con temas salariales, y tanto en las demandas como en las protestas sólo se alude a la falta de medios y al incumplimiento de la legalidad de las dotaciones, y en ningún momento se ha pedido ningún tipo de recurso económico”.

CSIF asegura, por ello, que el primer edil “está echando balones fuera, no asume su responsabilidad e intenta desacreditar a los agentes con ataques personales y el argumento fácil de acusarlos de pedir subidas de sueldo en vez de proporcionarles los medios necesarios para desempeñar su trabajo y garantizar, así, la seguridad de los ciudadanos que en los últimos meses están sufriendo una oleada de robos con fuerza en sus vehículos”.

Agentes amordazados

Una situación que ha hecho que los agentes agudicen el ingenio a la hora de poner sobre la mesa sus quejas, hasta tal punto de que acudieron amordazados al último Pleno municipal, donde escenificaron el enfado que tienen con el equipo de Gobierno, sobre todo porque “se menosprecian las demandas de los agentes comprando cuerda y herramientas cuando la verdadera gravedad de la situación es que no tenemos coches patrulla, no contamos con armero que cumpla la ley (a día de hoy las pistolas y la munición siguen en buzones de correo), los uniformes no se renuevan en su totalidad desde hace años, la antigüedad de la uniformidad de motorista -guantes, cascos, botas y protecciones- pone en riesgo la seguridad e integridad física de los agentes que son obligados a utilizar las motocicletas con más de 14 años, no tenemos el equipo básico reglamentario, no ofrecen la posibilidad de realizar prácticas de tiro obligatorias y se incumple la normativa de prevención de riesgos laborales tanto en la Jefatura como en los reconocimientos médicos de los agentes”.

Polo, sin embargo, vuelve al matiz económico, y emplaza a los representantes sindicales del colectivo a “dejar de mentir a los ciudadanos sobre materias tan importantes y delicadas como la seguridad ciudadana, que no corre peligro en la localidad, y a informar de los verdaderos motivos que dificultan la falta de acuerdo”. Así, y según detalla, “durante años sólo la relación de horas extraordinarias de la Policía Local de Cartaya se ha ido hasta cerca de los 300.000 euros por año, esto implica que cada agente ha cobrado unos 10.000 euros de sobresueldo anual solo por concepto de horas extra. Un turno de 8 horas extras de un policía cuesta al Ayuntamiento, y por tanto, a los ciudadanos, casi 400 euros; si además coincide con los días señalados como festivos según su convenio, cada hora extra se paga a razón de 50 euros por agente”.

Por ello, añade, “si alguien piensa que el Ayuntamiento, con la deuda de 45 millones de euros que arrastra, puede permitirse pagar estas cantidades, se equivoca totalmente, además por una cuestión de responsabilidad hacia los ciudadanos que son, al fin y al cabo, los que pagan con sus impuestos y son ante quienes tenemos que rendir cuentas”.

Mientras las partes se aclaran, todas las deficiencias, junto a otras muchas que ha venido denunciado el sindicato, siguen su curso ante la Subdelegación del Gobierno, la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía. En este último caso, CSIF recuerda que el alcalde desde que entró a gobernar está contratando a empresas de seguridad privada externas al Ayuntamiento para realizar funciones propias de la Policía Local y cubrir eventos como la feria de Cartaya y de El Rompido o la romería, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de funciones.

A mediados del año 2006 se terminaban de colocar los últimos ladrillos en una inacabada obra en la localidad onubense de Cartaya. Los trabajos, como la mayoría, estaban apoyados desde el aire por una enorme grúa pluma que, según los vecinos de la calle La Noria del municipio, les ha impedido conciliar el sueño ante la posibilidad de que se derrumbe sobre sus casas. Hasta ahora, que ha sido retirada tras numerosas movilizaciones y escritos dirigidos al Ayuntamiento.

Han sido siete años de temores, asegura una portavoz de los afectados, que recalca que finalmente decidieron dejarse de formalidades e iniciaron movilizaciones que, al final, es lo que ha funcionado. Curiosamente, era la única grúa de tipo torre que seguía en pie en todo el municipio cartayero, de casi 20.000 habitantes, en espera de que pasara la crisis económica.

Los afectados lamentaban que la obra se había parado hace siete años “y desde entonces nadie ha pasado por aquí a comprobar el estado de la grúa”. Por este motivo hicieron sus propias averiguaciones y comprobaron que una instalación de esas características y dimensiones tiene la obligación de ser sometida a una revisión cada año “y aquí nadie ha venido nunca a revisar y darnos, al menos, tranquilidad”.

El primer escrito ante el Ayuntamiento fue presentado hace más de tres años, concretamente ante la Policía Local del municipio, sin respuesta, lo mismo que el segundo. Por eso decidieron cambiar de forma de actuar y el tercer escrito, elevado a público el pasado 25 de septiembre, estaba acompañado de las firmas de los 25 afectados.

Viviendas ocupadas

En dicho escrito se ponía de manifiesto que junto a las viviendas en la calle Noria se encuentra “una promoción de viviendas a medio construir que está abandonada, con una grúa de grandes dimensiones totalmente paralizada desde hace varios años, la cual por efecto del viento se mueve situándose uno de los extremos sobre nuestros tejados, y esto provoca intranquilidad y miedo entre algunos vecinos porque es peligroso, y pedimos que desde el Ayuntamiento se pongan las medidas necesarias para solventar este problema”“.

Los vecinos llegaron a documentarse y en el escrito reflejaron precedentes de grúas que se han venido abajo en otros puntos de España por su abandono, como es el caso de los 40 vecinos de El Vendrell (Tarragona), que tuvieron que ser desalojados de sus casas en noviembre de 2010 tras caerse la pluma de una grúa de 30 metros sobre dos edificios de dicha ciudad. “Esta grúa solo llevaba un año abandonada, pero los bomberos de la Generalitat tuvieron que desalojar a unas 40 de personas tras el accidente, al parecer provocado por el fuerte viento reinante”, añadieron al escrito.

Pero no solo la grúa preocupaba a los vecinos, aunque fuese su principal dolor de cabeza, ya que las casas, aunque inacabadas, no están vacías. Hace unos meses comenzaron a ser ocupadas a pesar de que, evidentemente, carecen de todo lo necesario para vivir con un mínimo de cobertura de las necesidades básicas. Así, “se hacen sus necesidades en los sótanos de las viviendas a medio construir y en los jardines del barrio, a veces mirando a nuestras casas, incluso a los niños, y nos provocan demasiada inseguridad”, explica la misma afectada, que añade que“”tienen luz eléctrica, aunque no tenemos ni idea de donde la sacan, y han llegado a encender fuego en el interior de la obra“. De momento, el dolor inicial de cabeza de los vecinos parece que se ha solventado.

La “presión” municipal, clave según el alcalde

El Ayuntamiento de Cartaya, por su parte, asegura que ha tenido que presionar a varias instancias, incluida la Junta de Andalucía, para que esto se solucione. La retirada se ha producido, según explica el alcalde, Juan Pol (Independiente), “después de que el Consistorio remitiera un escrito presionando a la Consejería, que es la administración competente en lo relativo a la concesión de permisos para este tipo de instalaciones y también en lo referente a determinar si generan inseguridad o no”.

La presión municipal solicitando una visita de inspección, a la que se han unido las quejas de los vecinos solicitando una solución, ha hecho posible, según el primer edil, que la Consejería haya procedido a su retirada. En este sentido, el alcalde recuerda que “desde hace más de un año, este equipo de gobierno está haciendo gestiones para encontrar una solución al problema de los vecinos, aunque nos encontrábamos atados de pies y manos, puesto que no podíamos, en ningún caso, actuar directamente para retirarla, ya que se trata de una propiedad privada, a la que no podemos acceder sin la orden de un juez”.

Después de reclamar una solución al propietario en varias ocasiones, y teniendo en cuenta la dificultad de la situación, puesto que la empresa se encuentra en fase concursal, “hemos exigido la intervención de la Consejería, que es quien concede la autorización para su instalación y quien debe velar porque este tipo de estructuras cumplan con la normativa”.

El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Polo (Independiente en coalición con PP-PA), construyó en 2004 un almacén como complemento a una casa en su finca de la localidad que no contaba con la pertinente licencia de obras, un asunto que ya ha hecho que el PSOE, expartido por cierto del edil, anuncie que va a investigar a fondo para determinar si lo lleva a los tribunales, en función de si es un delito que ya ha prescrito.

Un asunto adelantado por el diario Huelva Información, que tiene su origen en el año 1997, cuando levantó una vivienda de 168 metros cuadrados en una finca de su propiedad, concretamente en una finca de 6.647 metros cuadrados en el mismo municipio cartayero, en un paraje llamado 'La Vasca'.

El terreno no era urbanizable, pero entonces no existía la normativa actual amparada en la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), que entró en vigor en 2002. Dos años después de su entrada en vigor fue cuando levantó el polémico almacén, cuando, a diferencia de la obra original, ya era miembro del equipo de gobierno municipal del PSOE, del que se fue para formar un grupo independiente.

El asunto, como lo define el propio alcalde a eldiario.es/andalucia, es “alegal”, y se basa para ello en que abonó las tasas correspondientes para levantar el almacén. La curiosidad del caso riza el rizo en el momento en que fue el propio Juan Polo (Teniente de Alcalde) el que notificó a Juan Polo (vecino de Cartaya) las irregularidades que habría cometido. Pero no hubo modificación, y el caso prescribió administrativamente en 2008.

Ahora, esa construcción, definida como “almacén de aperos de labranza” está a la espera de ser regularizada por completo. La clave es que el almacén en ningún momento se dio de alta como residencia, sino como lugar para guardar útiles del campo, lo que el edil justificó, entre otras cosas, con sus escasas dimensiones: 67 metros cuadrados.

Entre los trámites que siguió, pagó 486,46 euros de tasas de obras, en una actuación que presupuestó en 8.838,78 euros, y una vez sellada comenzó a construir. Pero el pago de esa tasa no eximió al ya entonces Teniente de Alcalde de ser objeto de un informe desfavorable de un vigilante municipal, que citó en su informe que, a diferencia de la “obra menor” que se reflejaba en la licencia de obras, había levantado “una obra mayor, al afectar a la estructura del edificio”, en referencia a la vivienda original junto a la que se encuentra.

El Ayuntamiento le requirió para modificarlo, en base, por ejemplo, a un informe favorable del Colegio de Arquitectos, que nunca llegó, pero la obra se terminó sin problemas.

Una situación que ha hecho que el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, haya anunciado que los servicios jurídicos del PSOE van a estudiar las posibles consecuencias legales, ya que se quiere profundizar en que “si ha prescrito el delito administrativo y penal (...) nos podemos llevar una sorpresa con lo que puede hacer ahora que es alcalde”.

Para Ferrera, el anterior alcalde, Juan Antonio Millán (del que Polo era Teniente de Alcalde) “no habría consentido esto”, de modo que ha asegurado que fue una actuación por libre del actual primer edil que el PSOE entiende que tiene que explicar.

“Una auténtica cacería política”

Juan Polo, sin embargo, ha asegurado que el asunto se trata de una “auténtica cacería política sin fundamento alguno y con el único interés de sembrar la duda para desprestigiar y hacer daño político” la denuncia anónima en la que se pone en duda la legalidad de las construcciones que el primer edil posee en el campo.

En este sentido califica como “tremendamente significativo” el hecho de que en 2012 se presentaran dos denuncias anónimas referidas a las citadas construcciones, ante el Seprona y ante la Fiscalía, que dictó auto de archivo “por no ver indicio alguno de ilegalidad en los expedientes, después de analizarlos con detalle y de exigir los pertinentes informes técnicos de los funcionarios públicos”.

El primer edil asegura que “nunca he tenido nada que esconder, ni antes de ser alcalde ni ahora que lo soy, y tengo todos mis papeles en regla, especialmente el de mi vivienda y el del almacén de aperos al que hace referencia la acusación, por el que aboné las correspondientes tasas y he pagado todos los impuestos que me corresponden”.

Polo insiste en señalar que “se encuentran en la misma situación de alegalidad o de irregularidad administrativa en la que se encuentran las construcciones en el campo de la localidad, puesto que en todos los casos se ha seguido siempre el mismo proceso, y en el resto de Andalucía, por el vacío legal que existía al respecto, pero se trata de una situación totalmente regularizable al amparo del Decreto 2/2012 que sacó la Junta de Andalucía precisamente para normalizar la situación de este tipo de edificaciones”.

En este sentido, el Ayuntamiento en la actualidad se encuentra tramitando los expedientes pendientes de este tipo de viviendas en la localidad, que ronda el millar de casos, “para proceder a la regularización de todas las construcciones en el campo, que se encuentran en la misma situación”.

Finalmente, el alcalde insta al autor o autores de estas denuncias y acusaciones anónimas a que “en vez de acudir a los periódicos, con el objetivo de difamar para que quede la duda y el daño, ejerzan las pertinentes acusaciones legales en el juzgado, que es donde hay que demostrar lo que se dice, y donde yo ya he demostrado que siempre me he ajustado a la legalidad vigente y estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces sean necesarias”. Para el primer edil es “tremendamente significativo que se acuse de forma anónima, y de una manera tan mezquina y con tan mala fe, y solo con el objetivo de hacer daño político”.

La cabalgata de Reyes de la localidad onubense de Cartaya está siendo, sin duda, la más comentada de las que se celebraron el pasado domingo en los 9.000 municipios españoles, y sigue trayendo cola la queja de una vecina del municipio tras ser alcanzada en la cabeza por una peonza que, según la denuncia, habría sido lanzada desde la carroza del rey Baltasar, encarnado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Manuel Barroso, del Partido Popular.

A pesar de que el alcalde, Juan Polo (Independiente-ICAR), sostuvo este lunes que en la cabalgata sólo se lanzaron trompos o peonzas, varios vecinos del municipio han recurrido a las redes sociales para dar su opinión sobre lo ocurrido, y en sus comentarios especifican que los magos cartayeros fueron generosos en exceso, con regalos que salen de la versión oficial.

Concretamente, el concejal de Ferias, Pedro José Benítez (PA), aseguraba en Facebook: “Pedazo de Reyes y Papá Noel que tenemos en Cartaya. Eso sí que es tirar caramelos, no como en otros sitios”, a lo que una vecina, Cristina Mora, contestaba: “Mis peques vienen alucinados con chuches, pelotas, juguetitos, bolígrafos, y mi sobri hasta un trompo”.

Otra vecina, Ana Zamorano, que defendía que la noticia no debería tener tanta repercusión, señala: “Pues resulta que a mi novio también le han herido viendo la cabalgata. Tiraron, quien sea, una caja de lápices y le hirieron en la cabeza y la nariz, y no se ha ido a quejar a nadie”, mientras que Antonia Santos, además de recriminar al periodista Jordi Landero que recalcase que se trataba del Rey Baltasar, espeta: “Por cierto, se tiraron trompos”.

Aunque para llamativo, el de una tuitera, Pilar Franco -@bolitadreams-, escribía el domingo por la mañana, antes de la cabalgata, en contestación a un seguidor: “Luego te diré como están los de Cartaya -los Reyes-, pero ya me han dicho que se lanzarán trompos, pelotas, paragüas...”.

Así, eldiario.es/andalucia ha preguntado al alcalde si es posible que alguna de las empresas patrocinadoras que apoyaron el recorrido de la cabalgata hubiesen aportado algún regalo fuera de control, y la respuesta ha sido tajante: “No. Las empresas que han colaborado solo lo han hecho con caramelos”.

Con todo, el aludido en este caso, aunque la denuncia no se dirige a él sino a la carroza que ocupaba, Manuel Barroso, ha roto el silencio que mantenía desde el pasado domingo, ya que todas las manifestaciones sobre el tema las había realizado el primer edil.

A través de manifestaciones en su perfil personal de Facebook, Barroso carga contra uno de los periodistas que ha publicado la noticia, Jordi Landero -sin citar su nombre, y vincula que se haya hecho público con el hecho de que es hermano del actual portavoz socialista en el Ayuntamiento.

“Qué casualidad que el rey Baltasar era yo ¿no? Qué casualidad que el periodista que difunde la noticia es quien es y hermano de quin es ¿no?”, señala Barroso, para criticar que “estoy cansado de que echen por tierra mi trabajo. Con toda mi ilusión salí de rey mago para repartir ilusión a los niños de mi pueblo pero, como todos me daban la enhorabuena, dicho periodista tenía que manchar mi reputación y sobre todo el Rey al cual yo representaba. Qué casualidad”.

Añade que nada más conocer la publicación de la noticia “llamé a dicho periodista para preguntar por dicha mujer y su estado y este me contesta que no quiere darme dicho teléfono, que me busque la vida, y por fin está tarde -por el lunes- pude hablar con la afectada para preguntarle por su estado y para decirle que en ningún momento mi carroza llevaba trompos. Mi factura especifica los artículos que tiré siendo Rey. Gracias a Dios la mujer está bien y lo único que quiero es su bienestar”.

Por último, además de ofrecerse a hacer pública una información sobre un viaje de mayores a Mallorca “y dónde fue a parar el dinero”, termina diciendo que “me parece muy fuerte que utilice el nombre de Cartaya y su cabalgata de reyes para politizarla”.

Barroso, por cierto, no fue Rey Baltasar el domingo por casualidad. Su participación fue esencial para que la cabalgata se llevase a cabo. En Cartaya existía antaño una lista de espera de años para salir de Rey Mago, con la condición de que los reyes sufragaran parte de los gastos. Esa lista se ha recortado por la crisis, y este año la corona de Baltasar estaba vacante, por lo que el concejal se ofreció a ocupar la corona para que la carroza no se quedase sin salir.

Una vecina de la localidad onubense de Cartaya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra el Rey Baltasar de la cabalgata de su pueblo tras sufrir un traumatismo craneal debido, según su relato, al lanzamiento de una peonza desde su carroza que le impactó directamente en la cabeza en la tarde del pasado domingo.

Poco antes de las 20 horas del pasado día 5, y según su relato, A.M. se encontraba en la calle junto a su marido viendo al cabalgata local, y sintió “un fortísimo dolor en la cabeza” que le provocó que se desvaneciese. Mientras su marido la agarraba para impedir que cayese al suelo, agarró también una peonza, el objeto que había golpeado a su mujer, y que, según consta en la denuncia, había sido lanzado desde la carroza del Rey Mago que cerraba el cortejo.

A.M. fue llevada inicialmente al centro de salud de la localidad cartayera y posteriormente al servicio de urgencias del Hospital Infanta Elena de la capital onubense. Allí le fue extendido un parte médico que especifica que sufría “traumatismo craneal, ataque de ansiedad, hipotensión, escalofríos y mareos”. Tras cuatro horas en el centro hospitalario fue dada de alta, aunque al día siguiente tuvo que ser atendida de nuevo, ya que no le remitían los dolores de cabeza y tenía zumbidos constantes en los oídos.

El asunto hizo que nada más conocerse saltasen las alarmas en el Ayuntamiento cartayero, que organiza la cabalgata junto a una asociación local. El alcalde, Juan Polo, ha asegurado a eldiario.es/andalucia que es “imposible” que algo así haya pasado, ya que no consta en ningún documento –facturas de compra- que se lanzasen peonzas desde las carrozas a la calle durante el recorrido.

Y es que quien llevaba la corona de Rey en la carroza de Baltasar no es otro que el concejal de Deportes, Manuel Barroso, que no se ha pronunciado sobre el tema, aunque el alcalde pone el acento en que “en dicha carroza había, junto a Barroso, otras quince o veinte personas, y el concejal ”puede demostrar que no ha tirado peonzas, que sólo lanzó caramelos y pelotas como demuestran las facturas de compra“.

Una situación que el primer edil ha calificado de “lamentable”, al tiempo que ha precisado que si se hubieran “dado cuenta de que se estaban lanzando trompos desde las carrozas se hubieran prohibido inmediatamente, precisamente, porque pueden lesionar a la gente, porque es una irresponsabilidad”. “Si se hubiesen tirado trompos desde las carrozas, habrían sido balas que habrían herido a más gente”, precisa el alcalde, que espera que todo quede en un suceso “en el que lo más importante es que la mujer –que además es trabajadora municipal- se encuentra mejor y no le van a quedar secuelas”.

“La mujer me ha asegurado que hubo mucha gente que cogió esas peonzas durante la cabalgata, aunque no ha habido nadie más que se haya quejado”, dice el edil, que niega que entre las empresas que han colaborado con la cabalgata haya habido alguna que haya dado peonzas para regalar sin que lo sepa el Ayuntamiento.

Un precedente similar en 2010

Curiosamente, hay pocos precedentes de algo similar, aunque el último se encuentra también en Huelva, donde en diciembre de 2010 un juez archivó una denuncia que había presentado una vecina de la capital contra el Rey Baltasar tras ser golpeada y herida en un ojo por un caramelo que éste lanzó en la Cabalgata de los Reyes Magos de ese mismo año.

El magistrado justificó su decisión en que la participación en ese festejo supone asumir determinados riesgos, y señalaba la existencia de una posible causa de abstención para juzgar al Rey Baltasar, al indicar que “sin poder ciertamente afirmar que existe una amistad con el denunciado”, éste, en concurso con los Reyes Melchor y Gaspar, le ha venido ofreciendo “anhelados presentes cada 6 de enero desde que tenía uso de razón”.

En un auto lleno de ironía, el juez entendió que “la persona denunciada no sea en realidad el propio rey Baltasar, sino otra, pues alguna duda puede suscitar a este respecto la denuncia cuando, tras resaltar en letra de gran tamaño y negrita que se dirige la acción penal contra el rey mago Baltasar, indica que se refiere a la persona que representa al mismo en la cabalgata del día 5 de enero”, por lo que sostuvo que habría de “determinarse la nacionalidad de su Majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, hace más de 2.000 años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen”.

Curiosamente, aunque el rey Baltasar suele ser encarnado por una persona de raza blanca con la cara tiznada, en esta ocasión no era así, y se trataba de Mustafá Gadiaga, un inmigrante senegalés afincado en la capital onubense.

Los vecinos tendrán que pagar 5 euros mensuales para acceder a los campos de la localidad

El alcalde sostiene que no se cobra ni impuesto ni tasa a los ciudadanos por el hecho de recoger leña en el monte, sino que "se emite una autorización con el objetivo de regularizar la situación de aquellas personas que deseen hacerlo, sobre todo, para que puedan acreditarse ante los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente".

La oposición asegura que esta nueva tasa se suma a otras medidas similares aprobadas por la coalición de gobierno, como los 250 euros que se tienen que pagar por casarse en el Ayuntamiento.

Cuenta la metáfora, para referirse a algo casi imposible, que no pueden poner puertas al campo, aunque en Cartaya, localidad onubense de casi 18.000 habitantes, parecen haber encontrado una forma de cobrar para acceder a él. Lo denuncia el Partido Socialista de la localidad, cuyo portavoz, Alexis Landero, asegura que la coalición que gobierna en el Ayuntamiento desde 2011 (Independientes-PP-PA), ha instaurado una tasa que grava con 5 euros mensuales el acceso a los troncos y ramas de las encinas para llevarlos a las chimeneas cartayeras.

El alcalde, Juan Polo, que fue durante muchos años la mano derecha del primer edil socialista, Juan Antonio Millán, abandonó el PSOE hace cuatro años, y formó ICAR -Independientes de Cartaya-, con el que consiguió arrebatar la mayoría absoluta al PSOE. Eso, y un posterior pacto a tres bandas fueron suficientes para que ahora gobierne, y haya podido sacar adelante “un nuevo impuesto que se han inventado a pesar de que la recogida de leña contribuye a la limpieza de nuestro bosque y a la prevención de incendios”.

Quien lo denuncia es el portavoz del PSOE, Alexis Landero, que aporta además una de las cartas de pago, y que lamenta que “la recogida de leña es una práctica habitual entre los cartayeros, sobre todo, entre personas mayores y jubilados, cuando bajan las temperaturas, por lo que este impuesto lo pagará uno de los sectores más castigados por la crisis y por medidas del Gobierno del PP como el copago en medicamentos o la bajada de las pensiones, mientras muchos de ellos están manteniendo al resto de miembros de sus familias que no tienen recursos”.

Pero Landero asegura que esta nueva tasa se suma a otras medidas similares aprobadas por la coalición de gobierno, como la subida del 10% del IBI a pesar de la promesa de reducirlo esa misma cantidad, el incremento de más de un 30% de las tasas de veladores y terrazas, que también dijeron que lo reducirían un 50% durante la campaña electoral o la subida de un 100% de los precios de las escuelas deportivas y academias culturales municipales.

“Lo que se emite es la acreditación de la delegación de medio ambiente”

Por su parte, el alcalde desmiente la mayor, y acusa a Landero de “mentir descaradamente y utilizar a la opinión pública y los medios de comunicación para verter continuamente falsedades, a sabiendas de que no son ciertas, y generar confusión de forma malintencionada”.

Así, sostiene que no se cobra ni impuesto ni tasa a los ciudadanos por el hecho de recoger leña en el monte, sino que “se emite una autorización con el objetivo de regularizar la situación de aquellas personas que deseen hacerlo, sobre todo, para que puedan acreditarse ante los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente, encargados de velar para que no se produzca robo de leña en el monte público”. Es decir, según el alcalde, lo que se cobra “es una autorización que se expide durante la temporada de recogida. Lo que el ciudadano abona es la tasa municipal por expedición de documento público, porque su emisión requiere una tramitación administrativa concreta, como es el caso de otros muchos documentos oficiales”.

A Alexis Landero afirma que el Ayuntamiento ya cobra un euro por dar un certificado de empadronamiento, o 250 a las parejas que se quieran casar en el consistorio cartayero. Lo peor, dice, es que la gente sigue yendo a coger leña, “pero este año hay menos leña que nunca, así que se está pagando por nada”, además de que “es algo que jamás se ha cobrado, simplemente se ha dado el papel”.

Una medida que, además, el Ayuntamiento justifica en una cifra: 45,3 millones de euros. Esa es la cifra, según Polo, del déficit que encontró cuando hace algo más de dos años llegó a la alcaldía. El pasado mes de abril el Ayuntamiento hizo público el informe económico-financiero resultante del plan de ajuste local, y sin dar la cifra de la reducción conseguida, sí aseguró el portavoz del Equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, que se ha frenado la deuda: “Se ha reducido la deuda con los proveedores, obteniendo un periodo medio de pago a proveedores de 171 días frente a los 404 días del año 2011”. Hasta entonces, asegura Maestre, el Ayuntamiento generaba 500.000 euros mensuales de deuda, y se quiere reducir, aunque, según Landero, sea a base de “hachazos”.

PSOE e IU han manifestado su rechazo a la "privatización" de servicios

El pleno del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) aborda este viernes en sesión plenaria la aprobación definitiva de la concesión del servicio de agua y la recogida de residuos en la localidad.

Se trata de un aspecto que no cuenta con el respaldo de PSOE e IULV-CA, que han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la “privatización” de ambos servicios. Por su parte, el equipo de gobierno, formado por ICAR, PP y PA, lleva a pleno la privatización de estos servicios, en el caso del agua por un total de 25 años y en el de la recogida de residuos por doce.

De este modo, el servicio de agua se ha adjudicado a Aqualia y el de basura a la empresa Recolte. Este asunto se debate en el pleno de este viernes que tendrá lugar a partir de las 17.00 horas.

Además, la plataforma 'Cartaya Pública' ha convocado una concentración a las puertas del Consistorio media hora antes del pleno para expresar su rechazo a este medida y para ello hay que recordar que han recogido un total de 4.300 firmas.